ARIT-LPZ-RA-1288-2019 Se confirma Resolución Determinativa. El contribuyente solicita prescripción, alegando que las modificaciones en el Código Tributario no rigen de manera retroactiva. La Administración tributaria señala que, aplicaría la interpretación del contribuyente si se hubiera consolidado la prescripción antes de la modificación.

ARIT-LPZ-RA-1288-2019

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1288/2019 

Recurrente: 

Universidad Privada Franz Tamayo S.A., *** legalmente representada por Oscar Abel Agreda

Nogales

Administración Recurrida: 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Celideth Ochoa Castro

Acto Impugnado: 

Resolución Determinativa N° 171929000721 (SIN/GGLPZIDFISVI/RD/00678/2019). 

Expediente: 

ARIT-LPZ-0732/2019 

Lugar y Fecha: 

La Paz, 25 de noviembre de 2019 

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VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ No 1288/2019 de 21 de noviembre de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

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  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Determinativa N° 1 71929000721 (SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/00678/2019) de 5 de junio de 2019, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió determinar de oficio por conocimiento de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente Universidad Privada Franz Tamayo S.A. con NIT 1020233028 que asciende a 107.054 UFV’s por tributo omitido más intereses y sanción por omisión de pago por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y

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Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

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diciembre de 2011, cálculo efectuado en aplicación de la Ley 2492 y 812; se estableció también una sanción por incumplimiento a deberes formales de 1.000 UFV’s.

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 11.1. Argumentos del Recurrente Universidad Privada Franz Tamayo S.A, legalmente representada por Oscar Abel Agreda Nogales conforme se acredita del Testimonio Poder N° 0434/2014 de 23 de abril de 2014; mediante nota presentada el 8 de julio de 2019, cursante a fojas 58-67 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

Los cargos determinados en el acto administrativo impugnado se encuentran prescritos debido a que transcurrieron más de 7 años, a partir del 1 de enero del 2012 hasta el 19 de junio de 2019, fecha de notificación con la Resolución Determinativa objeto del presente recurso, aspecto por el cual las facultades de la Administración Tributaria para la determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones, prescribieron hace más de 3 años atrás. Aclara que la prescripción denunciada es sobre el impuesto y sus accesorios; es decir, mantenimiento de valor e intereses y también por la omisión de pago; asimismo, la Administración Tributaria en el acto impugnado establece que las modificaciones al régimen de prescripción realizadas por las Leyes 291, 317 y. 812, son aplicables en el presente caso, al estar los periodos de la fiscalización comprendidos dentro de estas modificaciones; sin embargo, en la Resolución Determinativa impugnada, sin ninguna razón se omiten los antecedentes de la fiscalización, que son importantes al demostrar la responsabilidad del Ente Fiscal respecto a su inactividad y que ocasionó la prescripción.

La fiscalización se inició el 3 de abril de 2014, mediante la notificación de la Orden de Fiscalización N° 001401102564, hace más de cinco años; en ese sentido, todo el tiempo transcurrido desde el hecho imponible y el vencimiento para el pago del tributo es de entera responsabilidad de la Administración Tributaria, incluido el transcurso de sustanciación de los recurso de impugnación. El primer proceso recursivo concluyó con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0623/2017, que declaró la nulidad de la Vista de Cargo 32-0088-2016 de 17 de junio de 2016. El segundo proceso recursivo concluyó con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2457/2018 que declaró la nulidad de la Resolución Determinativa N° 171829000198.

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II 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

Por lo mencionado, por efecto jurídico de la nulidad declarada dos veces de los actos

administrativos emitidos por el Ente Fiscal, legalmente todo el tiempo transcurrido desde el 1 de enero del año siguiente al vencimiento del impuesto fiscalizado, hasta la fecha de notificación del 19 de junio de 2019 con la actual Resolución ahora impugnada, es plenamente computable sin interrupciones ni suspensiones, transcurriendo más de siete años, con lo cual el tiempo de 4 años previsto en la Ley vigente en el momento de ocurrir el hecho imponible fue abundantemente sobre pasado. Desde la Resolución Determinativa N° 170712-2016, anulada por vicios cometidos por el Fisco, las facultades de la Administración Tributaria ya estaban prescritas, por lo cual tomar en cuenta el tiempo de impugnación de los procesos recursivos es diferente. Siendo que la determinación se tomó más de cinco años desde el inicio de la fiscalización el 3 de abril de 2014, la responsabilidad de todo este tiempo, es única y exclusivamente del Ente Fiscal: Lamentablemente este tema (responsabilidad de la Administración Tributaria respecto a las nulidades declaradas y aceptadas y sus efectos jurídicos) no se analizan en la actual Resolución Determinativa, hecho que vicia nuevamente el acto administrativo de nulidad de pleno derecho

  1. 3.

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Las modificaciones a la Ley 2492, no son aplicables al presente caso, al ser posteriores a los hechos imponibles ocurridos el 2011, en ese sentido, aceptar la aplicación de las Leyes 291, 317 y 812,-implicaría la retroactividad de la norma; el criterio adoptado por la Administración Tributaria vulneró el principio tempus comissi delicti que rige para la Ley sustantiva, al igual que el principio de seguridad jurídica, legalidad, jerarquía e irretroactividad, además corresponde considerar lo previsto en el artículo 150 de la Ley 2492; al efecto, cita las Sentencias Constitucionales 1362/2004-R de 17 de agosto de 2004 y 1169/2016 de 26 de octubre de 2016, siendo importante tomar en cuenta que son de carácter vinculante y general en virtud el artículo 203 de la Constitución Política del Estado y del artículo 15 parágrafo II del Código Procesal Constitucional, aspecto por el cual pretender aplicar las Leyes 291 y 317 a periodos fiscales anteriores a su promulgación vulnera lo establecido en los artículos 123 de la Constitución Política del Estado y 150 de la Ley 2492.

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Cita la Sentencia No 21/2017 de 16 de febrero de 2017, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, señalando que se trata de un caso similar y que la pretensión de aplicar la

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norma vigente a momento de la notificación con la Resolución Determinativa se constituye en una violación a la Constitución Política del Estado, en ese sentido, solicita se declare la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria sobre los cargos pretendidos en el acto impugnado.

Las nulidades declaradas por las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0623/2017 y 2457/2018, ambas aceptadas por la Administración Tributaria al no impugnarlas, son de plena responsabilidad del Fisco, por ello la actual Resolución Determinativa, contraviene lo previsto en el artículo 99 de la Ley 2492, al determinar intereses improcedentes. La Vista de Cargo N° 32-0088-2016 (anulada) de 17 de junio de 2016, fue notificada el 6 de julio de 2016, es decir, el plazo para presentación de descargos fue hasta el 5 de agosto de 2016 y los 60 días para la emisión y notificación de la Resolución Determinativa fue hasta el 5 de octubre de 2016, fecha desde la cual ya no corren intereses, debido a que la primera Resolución Determinativa 17-0712 2016 no cuenta, al haber sido anulada no tiene ningún valor legal y mucho menos efectos jurídicos; en ese sentido, el actual acto impugnado contiene en exceso el cálculo de intereses contados desde el 5 de octubre de 2016 hasta el 19 de junio de 2019, que representa más de dos años y ocho meses sobre los cuales no corresponde calcular intereses.

En la Resolución Determinativa ahora impugnada, se expone diversos códigos que son variaciones de una misma observación como ser: Observaciones a la dosificación de la factura con los literales “a”, “p” y “o”; al respecto, en sus descargos señaló que como contribuyente no tiene la posibilidad de fiscalizar ni hacer controles a los proveedores, asimismo, en su condición de comprador y contratante no se le puede pedir que pague nuevamente el tributo, menos que sea responsable por incumplimientos del emisor/vendedor. El pago del débito fiscal IVA por parte del vendedor, es una obligación unilateral y directa que tiene con el Fisco, conforme lo establece el artículo 25 de la Ley 2492.

Observaciones al medio de pago con los literales “e”, “f”, “g”, “K”, “I”, “m”, “n” y “z“, el motivo de esta observación es que el medio de pago no fue mediante medio bancario, asumiéndose que la factura no demuestra la transacción, en el expediente no consta ninguna documentación que acredite que el registro del proveedor es el correcto. La

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AUTORİDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

Administración Tributaria debe explicar exactamente porque asume que los proveedores no emitieron la factura observada, así como demostró el recurrente en sus descargos, en relación a que la nota fiscal no fue emitida por el proveedor, aseveración que no es verdadera, siendo imposible que pueda efectuar el control impositivo de sus proveedores. En el caso de la observación relacionada a la factura registrada como anulada en el libro de ventas, queda claro que no existe otra observación sino únicamente a la documentación del proveedor.

Observaciones que en los hechos asume (presume) que la factura no fue emitida por el proveedor con los literales “b”, “c”, “d”, “s”, “x” e “y”, al respecto, se observa el medio de pago, siendo que no estaba vigente para esa gestión las normas de bancarización, asumiendo que la factura no demuestra la transacción, en el expediente no consta documentación que acredite que el registro del proveedor es el correcto, correspondía a la Administración Tributaria explique exactamente porque asume que los proveedores no emitieron la factura observada y justifique porqué presume que es el proveedor que registró correctamente la venta.

Respecto a las observaciones a la vinculación del gasto con los literales “j”.y “t”, señala que las compras corresponden a la adquisición de materiales de construcción en los — edificios de la empresa, los cuales son gastos vinculados, toda vez que sin infraestructura es imposible su actividad, correspondía que el Ente Fiscal explique ::. porque las construcciones son consideradas como gastos no vinculados, de igual modo los gastos de hospedaje, característicos de las actividades empresariales. Los pagos parciales fueron realizados con Caja, registrados en los comprobantes Contables y Recibos de recepción del pago por parte de los proveedores. La exigencia de requisitos de respaldo para compras mayores, por importes que no alcanzan a Bs50.000.- y la exigencia de medios fehacientes de pago con participación de entidades financieras, no es para todas las compras, razón por la cual la normativa

afao legal invocada por el sujeto activo es inaplicable a las facturas observadas. Asimismo, aclara para evitar cualquier confusión que los códigos que establecen que el crédito fiscal es válido, no. generó cargos, es decir, no se constituyen en observación y son los literales “h”, “”, “q”, “V” y “w”.

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La calificación de su conducta como Omisión de Pago es incorrecta, toda vez que demostró que no existe ningún pago de menos del tributo, debido a que las observaciones son improcedentes. En el caso de sanciones, la ley aplicable es la vigente en el momento de la supuesta comisión del ilícito, en el presente caso, la Ley 2492.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente o anular. la Resolución Determinativa N° 171929000721 (SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/00678/2019) de 5 de junio de 2019.

II.2 Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por la Universidad Privada Franz Tamayo S.A., representada legalmente por Oscar Abel Agreda Nogales, fue admitido mediante Auto de 12 de julio de 2019, notificado mediante cédula a la Administración Tributaria y de la misma manera al recurrente, el 25 de julio de 2019; cursante a fojas 68-76 de obrados.

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Celideth Ochoa Castro conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia No 031900000094 de 1 de febrero de 2019, por memorial presentado el 9 de agosto de 2019, cursante a fojas 79-86 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

El derecho que tiene el contribuyente a la prescripción netamente es expectaticio y no un derecho adquirido; en el presente caso, corresponde la aplicación de las Leyes 291, 317 y 812, respecto a la redacción final del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, en ese sentido, las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar deuda tributaria e imponer sanciones por los periodos fiscales de enero a diciembre 2011, se sujetan a los dispuesto en la Ley 812, es decir, las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años.

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Los periodos sujetos a verificación se encuentran por demás comprendidos dentro del plazo para el proceso de determinación de la deuda tributaria, la interpretación del sujeto pasivo respecto a la aplicación de la Ley 2492 sin modificaciones, sería correcto siempre y cuando el derecho de prescripción se hubiese consolidado con anterioridad a la vigencia de las Leyes 291; 317. y. 812, es decir, que existiría una aplicación retroactiva de la Ley siempre y cuando a la entrada en vigencia de las precitadas leyes se afecten los derechos adquiridos del contribuyente. En resumen, el derecho adquirido se incorpora de modo definitivo al patrimonio de su titular y queda cubierto de cualquier acto oficial que pretenda desconocerlo, no ocurre lo mismo con los derechos expectativos, que en general carecen de relevancia jurídica y puede ser modificada por el legislador.

El sujeto pasivo no realizó una correcta interpretación de las disposiciones legales relacionadas a la prescripción, siendo que el Ente Fiscal, está plenamente facultado para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas en aplicación de la Ley 2492, asimismo, se debe tener en cuenta que el artículo 62 de la citada Ley, el curso de la prescripción, se suspende con la notificación respectiva por seis (6) meses, más la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente, desde la presentación del recurso hasta la recepción formal del expediente por la Administración. Tributaria para la ejecución del respectivo fallo, causales que concurrieron en el presente caso y refuerzan que la prescripción referida por el recurrente no es procedente.

En relación con las Sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia citadas por el recurrente, estas no se constituyen en fuente del Derecho Tributario, conforme lo determina el artículo 5 de la Ley 2492, no correspondiendo su análisis, además, tienen sus propias características devienen de una problemática individual, en este sentido, no son iguales o de similares circunstancias como en el presente caso. Sobre la Sentencia 1169/2016-S3 citada por el recurrente, no puede ser aplicada como precedente jurisprudencial, toda vez que el análisis se fundamenta en la normativa relacionada a la prescripción de las facultades de ejecución de sanciones otorgadas a la Administración Aduanera y no así sobre las facultades para controlar, investigar,

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verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria y aplicar

sanciones como en el presente caso.

Sobre lo señalado por el recurrente respecto a que el acto impugnado contiene un tiempo en exceso en el cálculo de intereses contados desde el 5 de octubre de 2016 hasta el 19 de junio de 2019 fecha de su notificación, se debe tener presente que como efecto de la impugnación realizada por el sujeto pasivo, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2457/2018, dispuso que el sujeto activo emita una nueva Resolución Determinativa que contenga la valoración de la totalidad de argumentos y descargos presentados por el contribuyente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 99 de la Ley 2492 y 19 de su reglamento, asimismo, establece como requisito la especificación sobre la deuda tributaria: origen, concepto y determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 del Código Tributario.

El artículo 47 de la Ley 2492, establece que la deuda tributaria, está compuesta por el tributo omitido expresado en UFV más intereses que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria, asimismo, establece que la deuda tributaria expresada en UFV, al momento del pago deberá ser convertida en moneda nacional, utilizando la UFV de la fecha de pago, adicionalmente, la RND 10-0032-16 en sus artículos 6 y 7 establece que la vista de Cargo y la Resolución Determinativa contendrán la liquidación del adeudo a la fecha de emisión de cada acto, por impuesto, periodo y/o gestión fiscal, en ese sentido, la liquidación expuesta en la Resolución Determinativa impugnada, fue realizada de acuerdo a lo establecido en la normativa antes citada, al tratarse de una deuda que a la fecha no fue pagada por el sujeto pasivo, por tanto el recurrente al no sustentar legalmente la supuesta nulidad, corresponde desestimar los argumentos del recurrente

La Vista de Cargo y la Resolución Determinativa establecen que las facturas observadas: no fueron dosificadas ni autorizadas por la Administración Tributaria; no fueron emitidas o declaradas por el proveedor, son duplicadas; no presentó medios de pago verificables, por lo que no cumplen con los requisitos de validez de imputación del crédito fiscal IVA, establecidos en normativa legal. La depuración del crédito fiscal se centra en que el contribuyente no demostró la efectiva realización de las

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13..

(AIT. 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

transacciones, de acuerdo a la verificación se evidenció que corresponde a un crédito fiscal sin que se haya producido ni materializado el hecho generador de la obligación tributaria, además, no demostró la vinculación de las compras con la actividad gravada, ni demostró la procedencia y cuantía del crédito impositivo.

La eficacia probatoria de la factura dependerá de la factura dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez en las leyes y resoluciones administrativas referidas al efecto, en este sentido, la RND 10.0016.07 en su artículo 41, parágrafo I, numeral 2, establece que las facturas cumplan con los siguientes requisitos: haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, consignando el NIT del sujeto pasivo emisor, el número de factura y el número de autorización; sin embargo, las facturas presentadas por el contribuyente como respaldo al crédito fiscal IVA declarado en la gestión 2011, no cumplen con requisitos establecidos en la citada norma, careciendo de valor y eficacia jurídica, sin que corresponda se consideren como documentos válidos para generar crédito fiscal, ya que no fueron autorizadas por la Administración Tributaria.

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Queda claro que el contribuyente para beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal sobre las transacciones que declara, debe cumplir con tres requisitos: Estar respaldado con la factura original, que se encuentre vinculado con la actividad gravada y que la transacción se hubiera realizado efectivamente, en ese sentido, cita lo establecido en el Auto Supremo 477 de 22 de noviembre de 2012 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0232/2009 de 9 de marzo de 2009.

Es claramente verificable que las facturas observadas, además de no haber sido autorizadas por la Administración Tributaria, ser duplicadas o no haber sido declaradas como ventas por el proveedor, no se demostró que la transacción hubiese sido efectivamente realizada, situación que debe demostrarse con un medio de pago fidedigno, documentos contables que registre las operaciones comerciales de la empresa y otros que aseguren la realización efectiva del gasto. Asimismo, cita lo establecido en los artículos 36, 37 y 44 del Código de Comercio y en el inciso a) del artículo 8 de la Ley 843.

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En conclusión es insuficiente presentar la factura, el instrumento que dio nacimiento al hecho generador debe ser respaldado contablemente, como lo establecen los Códigos Tributario y de Comercio. La realización efectiva de la transacción deberá estar materialmente documentada, el cómputo del crédito fiscal IVA está condicionado a la existencia real de una operación, así como los documentos que respalden fehacientemente la realidad económica y verdad material de dichas transacciones, señalando los numerales 4 y 5 del artículo 70 y el artículo 76 de la Ley 2492 y cita las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0868/2018 y 1516/2015.

De la verificación de los hechos, actos, datos y elementos se evidenció que el contribuyente se apropió indebidamente de crédito fiscal, declarando incorrectamente las declaraciones juradas del IVA en los periodos observados, no liquidando ni pagando correctamente el citado impuesto, incumpliendo lo dispuesto en la Ley 843, el DS 21530 y disposiciones reglamentarias conexas. Emergente del comportamiento descrito y tomando en cuenta que el contribuyente no ha determinado sus impuestos en apego a la normativa, omitiendo el pago de tributos, se configuró el ilícito tipificado como contravención de omisión de pago según el artículo 165 de la Ley 2492, que dispone que el que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, será sancionado con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria, por lo señalado corresponde aplicar dicha sanción por los periodos observados.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa No 171929000721 (SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/00678/2019) de 5 de junio de 2019.

II.4 Apertura de término probatorio y producción de prueba Mediante Auto de 12 de agosto de 2019, se aperturó el término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada por secretaría al recurrente y a la Administración recurrida el 14 de agosto de 2019; fojas 87-88 de obrados.

Por memorial presentado el 29 de agosto de 2019, la Administración Tributaria ofreció, propuso, reprodujo y ratificó en calidad de prueba pre-constituida, los antecedentes administrativos del caso consistentes en diez (10) cuerpos con un total de un mil

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  • novecientas veintinueve (1929 fojas); al efecto, por Proveído de 2 de septiembre de

2019, se dio por ratificada la prueba documental señalada; fojas 89-90 de obrados.

Oscar Agreda Nogales en representación legal de la Universidad Privada Franz Tamayo S.A., mediante nota presentada el 2 de septiembre de 2019 ratificó toda la prueba presentada en etapa administrativa y en la sustanciación del proceso de verificación, misma que cursa en el expediente administrativo; al efecto, por Proveido de 3 de septiembre de 2019, se dispuso por ratificada la prueba documental señalada; fojas 91-93 de obrados.

Mediante nota ARITLP-DER-OF-0083/2019 de 30 de septiembre de 2019, esta instancia recursiva solicitó a la Autoridad General de Impugnación Tributaria, la fecha de devolución formal de los antecedentes administrativos a la Administración Tributaria correspondientes al expediente AGIT/2139/2018//LPZ-0619/2018, así como la correspondiente copia legalizada de la nota de devolución; al efecto con nota AGIT-‘ 1577/2019 de 2 de octubre de 2019, se remitió la información solicitada adjuntando fotocopia legalizada de la devolución de antecedentes administrativos; fojas. 108-110 de obrados.

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II.5. Alegatos Mediante nota presentada el 23 de septiembre de 2019, la Universidad Franz Tamayo <

S.A., representada legalmente por Oscar Abel Agreda Nogales expuso sus alegatos en conclusiones ratificando los argumentos de su Recurso de Alzada consistentes en la prescripción de los periodos fiscales observados, inaplicación e incorrecta interpretación de las Leyes 291, 317 y 812 en el presente caso, cita al efecto las SSCC 1362, 1169 y el principio tempus comissi delicti, asimismo, reitera la existencia de nulidad en la Resolución Determinativa por cálculo en exceso de intereses moratorios los cuales no proceden cuando la Resolución se notifica después de 60 días afaq posteriores a la Vista de Cargo, la incorrecta valoración de los descargos presentados y sobre la calificación de su conducta como Omisión de Pago; al efecto, se emitió el Proveído de 24 de septiembre de 2019 que dio por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria; fojas 96-101 de obrados.

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Con memorial presentado el 23 de septiembre de 2019, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales representada legalmente por Celideth Ochoa Castro, formuló alegatos escritos, reiterando los argumentos a la respuesta negativa al Recurso de Alzada señalando que la prescripción invocada por el recurrente no se encuentra materializada, correspondiendo la aplicabilidad de las modificaciones establecidas en las Leyes 291, 317 y 812; la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa no contienen vicios de nulidad, siendo evidente que la liquidación expuesta en el acto impugnado fuer realizado de acuerdo a los artículos 8 y 19 del DS 27310, 37 de la Ley 2492, 6 y 7 de la RND 10-0032-16; ratifica las observaciones contenidas en el acto impugnado sobre la correcta depuración del crédito fiscal, y sobre la sanción por omisión de pago establecida de acuerdo al artículo 165 de la Ley 2492; al respecto, el Proveído de 24 de septiembre de 2019, dio por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria; fojas 102-105 de obrados.

11.6 Auto de ampliación de plazo para la emisión de la Resolución de Alzada Mediante Auto de Ampliación de 14 de octubre de 2019, en razón a las pruebas ofrecidas y la documentación presentada durante la tramitación del Recurso de Alzada, se solicitó un tiempo adicional para el análisis técnico legal; en ese entendido, por disposición del parágrafo III del artículo 210 del Código Tributario, se dispuso la prórroga para ‘la emisión de la resolución del Recurso de Alzada por 40 días adicionales, actuación notificada a las partes el 16 de octubre de 2019, fojas 111-112 de obrados.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA La Orden de Verificación Interna No 00140VI02564 de 24 de marzo de 2014, notificada por cédula el 3 de abril de 2014, al representante legal de la Universidad Privada Franz Tamayo S.A., con alcance a la verificación del crédito fiscal IVA, contenido en las facturas de compras declaradas por el contribuyente de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2011, requiriendo al efecto documentación mediante el formulario 7520. “Detalle de Diferencias No 001401102564”, consistente en: Declaraciones Juradas (Formulario 200 0 210), libro de compras, factura de compras originales, medio de pago

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de las facturas, otra documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso, fojas 2-11 de antecedentes administrativos.

Mediante nota presentada ante la Administración Tributaria el 10 de abril de 2014, Oscar Abel Agreda Nogales, representante legal de la Universidad Privada Franz Tamayo S.A., solicitó la ampliación del plazo para la presentación de la documentación – requerida mediante Detalle de Diferencias No 00140V102564; al efecto el Auto N° 25 0108-2014 de 16 de abril de 2014, determinó ampliar el plazo de presentación de documentos hasta el 12 de mayo de 2014, acto notificado por Secretaria el 23 de abril de 2014; fojas 16-18 de antecedentes administrativos. .

El Acta de Recepción de Documentos, señala que el 12 de mayo de 2014, en el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de impuestos Nacionales, se recepcionó la’ documentación requerida mediante Orden de Verificación N° 00140V102564, consistentes en Libro de Compras IVA, original y fotocopia de facturas Nos. 342, 344, 346, 347, 109, 111, 6969, 71,175, 660,1366, 1382, 1385, 1431, 1434, 119, 121, 2136, 155, 45809, 896, 545, 1745, 165, 3881, 110, 12995, 151, 691, 1751, 18, 3437; 3438, 125, 50516, 2084, 233, 235, 12068, 407, 719, 301, 1, 2, 15854, 1749, 1750, 1752, 1764, 19, 452, 2059, 2063, 1005, 1009, 1010, 1026, 234, 51, 52, 132, 251, 236682, 315, 318, 454, 963, 123, 1032, 1033, 3402, : .. 3405, 3407, 3410, 3420,-3422, 3424, 10579, 253, 5089, 1236, 401, 1413, 29078, 11, -“. 457, 5867, 516, 517, 3414, 3415, 3416, 3421, 3425, 322, 53, 54, 1348, 1349, 1350, 1358, 14023, 300, 1277, 1287, 214, 13995, 3802, 906, 515, 4533, 4534, 34, 1268, 50, 19369, 1391, 7289, 72929898, 4172, 4173, 4193, 1318, 365, 463, 6370, 2375, 56, 57, 59, 1107, 1132, 1400, 1404, 2403, 3862, 272, 4248, 4249, 465, 352, 7, 717, 1475, 1417, 1474, 1476, 706, 1398, 1919, 92212, 1473, 467, 245, 12653, 260, 726, 40, 6462, 1819, 1442, 1432, 1443, 1002, 1003, 1005, 1008, 1010, 1012, 1017, 4837779, 2841, 368, 2500, 729 y 59, Formularios 200, documentación de la gestión 2011, presentada afao en originales y fotocopias; fojas 21-24 de antecedentes administrativos.

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La Administración Tributaria emitió las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 00126733, 00126734, 00126735, 00126736 el 15 de junio de 2016, por el incumplimiento al deber formal de envío de los Libros de compras con errores e incumplimiento en la entrega de toda la

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documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de verificación en el plazo que vencía, contraviniendo los artículos 73 y 74 del Código Tributario según las actas 00126733 al 00126735 y contraviniendo el artículo 70 numerales 6 y 8 de la Ley 2492, de acuerdo al acta 00126736 y sancionando con una multa de 100 UFV’s, por periodo fiscal según sub numeral 3.4 numeral 3 del Anexo I de la RND 10-0032-15; para las 3 primeras y conforme el sub numeral 4.2 de la RND antes citada para la última; fojas 1297-1300 de antecedentes administrativos.

La Vista de Cargo 32-0088-2016 (SIN/GGLPZ/DFISVINVC/93/2016) de 17 de junio de 2016, estableció preliminarmente una deuda tributaria de 277.044 UFV’s, que incluye el tributo omitido, intereses, sanción por omisión del pago de acuerdo al artículo 165 del Código Tributario y Multas por Incumplimiento al Deberes Formales, actuación administrativa notificada por cédula el 6 de julio de 2016; fojas 1335-1346 de antecedentes administrativos.

La Resolución Determinativa N° 170712-2016 (SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/01171/2016) de 26 septiembre de 2016, determinó de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas del contribuyente Universidad Privada Franz Tamayo SA, por los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, del IVA la suma de 252.319 UFV’s, por concepto de deuda tributaria que incluye Tributo. Omitido, Intereses, Sanción por Omisión de pago y Multas por Incumplimiento al Deberes Formales conforme establece el artículo 47 de la Ley 2492, acto administrativo notificado por cedula el 5 de octubre de 2016; fojas 1486-1502 de antecedentes administrativos.

La Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 0233/2017 de 13 de marzo de 2017, en su parte resolutiva señala lo siguiente: “ANULAR, obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, la vista de Cargo 32-0088-2016 (CITE: SIN/ . GGLPZ/DF/SVINVC/93/2016) de 17 de junio de 2016, inclusive, consecuentemente, la Administración Tributaria debe emitir un nuevo acto administrativo preliminar tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos, actos y elementos de prueba que fundamenten los cargos a fin 

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de que el contribuyente Universidad Privada Franz Tamayo SA., ejerza su derecho a la defensa.”; fojas 1513-1528 de antecedentes administrativos.

La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0623/2017 de 22 de mayo de 2017, en su parte resolutiva señala lo siguiente: “CONFIRMAR la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0233/2017, de 13 de marzo de 2017, emitida por la Autoridad 

  • Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Universidad Privada Franz. Tamayo SA., contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se anulan obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo 32-0088-2016 (CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVINVC/93/2016) de 17 de junio de 2016, inclusive, a objeto de que la citada Administración Tributaria emita un nuevo acto debidamente fundamentado, que cumpla los requisitos señalados en los Artículos 96, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB) y 28, inciso e) de la Ley N° 2341.(LPA); todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano; fojas 1530-1548 de antecedentes administrativos.

La Vista de Cargo N° 291729000416 (CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/VC/00337/201.7) de 26 de diciembre de 2017, estableció preliminarmente una deuda tributaria de 254.295 UFV’s, que incluye el tributo omitido, intereses, sanción por omisión del pago de. acuerdo al artículo 165 del Código Tributario y Multas por Incumplimiento al Deberes Formales, actuación administrativa notificada por cédula el 29 de diciembre de 2017; foias 1626-1646 de antecedentes administrativos.

. ;

Mediante nota presentada ante la Administración Tributaria, el 25 de enero de 2018, Oscar Abel Agreda Nogales en representación legal de Universidad Privada Franz Tamayo SA, presentó descargos a la vista de Cargo N° 291729000416 (CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVINC/00337/2017) de 26 de diciembre de 2017; fojas 1651-1661 de antecedentes administrativos.

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La Resolución Determinativa N° 171829000198 (SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/00117/2018) de 26 de marzo de 2018, determinó de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas del contribuyente Universidad Privada Franz Tamayo SA, por los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,

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agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado – IVA por la suma de 256.361 UFV’s, por concepto de deuda tributaria que incluye tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y multas por incumplimiento al deberes formales conforme establece el artículo 47 de la Ley 2492, modificado por el artículo 2 de la Ley 812, acto administrativo notificado por cedula el 10 de abril de 2018; fojas 1686-1712 de antecedentes administrativos.

La Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1541/2018 de 14 de septiembre de 2018, en su parte resolutiva señala lo siguiente: “ANULAR la Resolución Determinativa N° 171829000198 (SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/00117/2018) de 26 de marzo de 2018; consecuentemente, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, debe emitir un nuevo acto administrativo que exponga y fundamente la valoración integra de los argumentos y pruebas de descargo presentadas por el sujeto pasivo en aplicación de la previsión contenida en los artículos 99, parágrafo II de la Ley 2492″, fojas 1719-1728 de antecedentes administrativos.

La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2457/2018 de 26 de noviembre de 2018, en su parte resolutiva señala lo siguiente: “CONFIRMAR la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1541/2018, de 14 de septiembre de 2018, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Universidad Privada Franz Tamayo SA., contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). En consecuencia, se anulan obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución Determinativa N° 171829000198, de 26 de marzo de 2018, inclusive, debiendo la citada Administración Tributaria emitir un nuevo acto que contenga la valoración de la totalidad de los argumentos y descargos presentados por la Universidad Privada Franz Tamayo SA., en cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 99 del Código Tributario Boliviano (CTB), y 19 de su Reglamento; todo de conformidad a lo previsto en el Artículo 212, Parágrafo I, Inciso b) del citado Código”; fojas 1741-1753 de antecedentes administrativos.

La Resolución Determinativa N° 171929000721 (SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/00678/2018) – de 5 de junio de 2019, determinó de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas del contribuyente. Universidad Privada Franz .

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

Tamayo SA, por los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado – IVA por la suma de 268.259 UFV’s, por concepto de deuda tributaria que incluye tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y multas por incumplimiento al deberes formales conforme establece las Leyes 2492 y 812, acto administrativo notificado por cedula el 19 de junio de 2019; fojas 1878-1922 de antecedentes administrativos.

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA .. Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III del referido Código Tributario, se tiene: –

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Oscar Abel Agreda Nogales en representación legal de la Universidad Privada Franz Tamayo S.A.; la posición final se sustentará acorde a — los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación. · .

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De inicio es preciso establecer que el recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada, solicitó anular o revocar el acto impugnado; sin embargo, de la lectura del memorial de Recurso de Alzada, se advierte que sólo expresa argumentos de fondo, en ese contexto, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitirá un criterio ylo posición respecto a todos y cada uno de los planteamientos formulados, argumentos de fondo planteados respecto a: la prescripción, improcedencia de la deuda determinada (depuración de Crédito fiscal IVA), cálculo de intereses y la calificación por Omisión de Pago.

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IV.1 ASPECTOS DE FONDO IV.1.1. Prescripción El recurrente a través de su Recurso de Alzada y alegatos, manifiesta que los cargos determinados en el acto administrativo impugnado se encuentran prescritos debido a que transcurrieron más de 7 años, a partir del 1 de enero del 2012 hasta el 19 de junio de 2019, fecha de notificación con la Resolución Determinativa objeto del presente recurso, aspecto por el cual las facultades de la Administración Tributaria para la

e la deuda tributaria e imposición de sanciones prescribieron hace más de 3 años atrás. Aclara que la prescripción denunciada es sobre el impuesto y sus accesorios; es decir, mantenimiento de valor e intereses y también por la omisión de pago; asimismo, la Administración Tributaria en el acto impugnado establece que las modificaciones al régimen de prescripción realizadas por las Leyes 291, 317 y 812, son aplicables en el presente caso. 

El criterio adoptado por la Administración Tributaria es equivocado porque vulnera el principio tempus comissi delicti que rige para la Ley sustantiva, al igual que el principio de seguridad jurídica, legalidad, jerarquía e irretroactividad, además corresponde considerar lo previsto en el artículo 150 de la Ley 2492; al efecto, cita las Sentencias Constitucionales 1362/2004-R de 17 de agosto de 2004 y 1169/2016 de 26 de octubre de 2016, siendo importante tomar en cuenta que son de carácter vinculante y general en virtud el artículo 203 de la Constitución Política del Estado y del artículo 15 parágrafo ‘Il del Código Procesal Constitucional, aspecto por el cual pretender aplicar las Leyes

291 y 317 a periodos fiscales anteriores a su promulgación vulnera lo estable los artículos 123 de la Constitución Política del Estado y 150 de la Ley 2492.

La Administración Tributaria señala en su respuesta al Recurso de Alzada y alegatos que el derecho que tiene el contribuyente a la prescripción netamente es expectaticio y no un derecho adquirido; en el presente caso, corresponde la aplicación de las Leyes 291, 317 y 812, respecto a la redacción final del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, en ese sentido, las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar deuda tributaria e imponer sanciones por los periodos fiscales de enero a diciembre 2011, se sujetan a H los dispuesto en la Ley 812, es decir, las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años.

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Los periodos sujetos a verificación se encuentran por demás comprendidos dentro del plazo para el proceso de determinación de la deuda tributaria, la interpretación del sujeto pasivo respecto a la aplicación de la Ley 2492 sin modificaciones, sería correcto siempre y cuando el derecho de prescripción se hubiese consolidado con anterioridad a la vigencia de las Leyes 291, 317 y 812, es decir, que existiría una aplicación retroactiva de la Ley siempre y cuando a la entrada en vigencia de las precitadas leyes se afecten los derechos adquiridos del contribuyente. En resumen, el derecho adquirido se incorpora de modo definitivo al patrimonio de su titular y queda cubierto de cualquier acto oficial que pretenda desconocerlo, no ocurre lo mismo con los derechos expectativos, que en general carecen de relevancia jurídica y puede ser modificada por el legislador; al respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis:

La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó el artículo 59 de la Ley 2492, estableciendo: I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. : 3. Imponer sanciones administrativas. El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible. 

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La Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, derogó el último párrafo del parágrafo I, del

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artículo 59 de la Ley 2492, disponiendo: Guzmin Ruid?)

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  1. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 
  2. Imponer sanciones administrativas. II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. 1. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible. 

Posteriormente, la Ley 812 de 30 de junio de 2016, dispuso la modificación del artículo 59, parágrafos I y II de la Ley 2492, conforme el siguiente texto: I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaría. 3. Imponer sanciones administrativas. II. El término de prescripción precedente se ampliará en dos (2) años adicionales, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, se inscribiera en un régimen tributario diferente al que corresponde, incurra en delitos tributarios o realice operaciones comerciales y/o financieras en países de baja o nula tributación. 

El artículo 60 del citado Código Tributario, al referirse al cómputo de la prescripción, dispone: 1. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria. 

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III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

El artículo 61 del referido Código Tributario, en relación a las causales de interrupción de la prescripción, dispone: La prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

El artículo 62 del Código Tributario, dispone: El curso de la prescripción se suspende con: 1. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses. II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

De inicio, corresponde señalar que el recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada, solicitó declarar la prescripción; sin embargo, ésta petición no fue con antelación absuelta por el sujeto activo, toda vez que el acto administrativo impugnado trata de una Resolución

Determinativa y no una respuesta a la extinción de la deuda tributaria; no obstante, siendo

que la posición que asuma esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, debe estar abocada y enmarcada a dar una respuesta oportuna a todas y cada una de las invocaciones plasmadas en la impugnación así como en hechos, antecedentes y en el derecho aplicable; en ese contexto, procederá a efectuar el análisis de la impugnación presentada para establecer si la facultad de la Administración Tributaria para determinar

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la deuda tributaria fue o no dentro del plazo de la prescripción; corresponde mencionar que

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el sujeto activo en su respuesta a la presente impugnación asumió una posición respecto a la problemática en cuestión, lo que implica que dio su consentimiento a todos los argumentos expuestos por el recurrente, rechazando la petición del sujeto pasivo sin que anteponga ninguna otra circunstancia que evite la revisión del acto administrativo

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impugnado, consecuentemente, esta instancia Recursiva procederá a emitir un criterio por

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) . Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973 • www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

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un principio de eficacia y economía conforme dispone el artículo 4 incisos j) y k) de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo aplicable en el presente caso por expresa disposición del artículo 201 del Código Tributario, respecto a todos los planteamientos formulados por el recurrente.

De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que el proceso determinativo fue iniciado con la notificación con la Orden de Verificación Interna No 00140VI02564 de 24 de marzo de 2014, posteriormente se emitió la Vista de Cargo 32-0088-2016 (CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVINC/93/2016) y el proceso concluyó con la Resolución Determinativa N° 170712-2016 (SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/01171/2016); acto administrativo que fue impugnado ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz emitió el 13 de marzo de 2017, tramitación que finalizó con la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0233/2017, decisión que dispuso anular obrados hasta la vista de Cargo 32-0088-2016 (CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/VC/93/2016) y que fue ratificada por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0623/2017 de 22 de mayo de 2017.

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Conforme lo señalado y en cumplimiento de la disposición emitida por la Autoridad de General Impugnación Tributaria, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 291729000416 (CITE: SIN/GGLPZ/DFISVI/VC/00337/2017) el 26 de diciembre de 2017, notificada por cédula al representante legal del ahora recurrente el 29 de diciembre de 2017, otorgando el plazo de 30 días conforme lo establecido en el artículo 98 de la Ley 2492; dentro este periodo Oscar Abel Agreda Nogales en representación legal de Universidad Privada Franz Tamayo SA presentó descargos y finalmente se emitió la Resolución Determinativa N° 171829000198 (SIN/GGLPZ/DF/SVII RD/00117/2018) el 26 de marzo de 2018, notificada al representante legal del contribuyente, mediante cedula el 10 de abril de 2018.

La Resolución Determinativa precedentemente mencionada, fue impugnada por el ahora recurrente ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, quien mediante la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1541/2018 de 14 de septiembre de 2018, resolvió anular la Resolución Determinativa N° 171829000198 (SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/00117/2018) de 26 de marzo de 2018, para que la Administración Tributaria emita un nuevo acto administrativo que exponga y.

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fundamente la valoración integra de los argumentos y pruebas de descargo presentados por el sujeto pasivo, disposición que fue ratificada por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2457/2018 de 26 de noviembre de 2018.

La Administración Tributaria, en cumplimiento a la disposición emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, emitió la Resolución Determinativa No 171929000721 (SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/00678/2019) el 5 de junio de 2019 y resolvió determinar de oficio por conocimiento de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente que asciende a 107.054 UFV’s por tributo omitido más intereses y sanción por omisión de pago por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, cálculo efectuado en aplicación de la Ley 2492 y 812; además, estableció una sanción por incumplimiento a deberes formales de 1.000 UFV’s, acto administrativo notificado al representante legal del contribuyente mediante cedula el 19 de junio de 2019; en ese entendido, se efectuará el análisis de la impugnación presentada para establecer si las facultades de la Administración Tributaria para controlar, verificar y comprobar, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones correspondientes a los periodos fiscales observados fueron ejercidas dentro del plazo establecido legalmente.

  • A objeto de abordar la temática que nos ocupa, es pertinente considerar que la prescripción está instituida como un modo de liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la legislación tributaria nacional se constituye en un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere el derecho de la dispensa de la exigibilidad de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo y/o vencimiento extingue su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias; bajo ese parámetro, lo que se extingue

es el derecho material del tributo. VB

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Es menester señalar también que el artículo 59 parágrafo | de la Ley 2492, fue modificado mediante la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, estableciendo textualmente que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para el ejercicio de las siguientes facultades: i) controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, ii) determinar la deuda tributaria e iii) imponer sanciones administrativas; de acuerdo a lo señalado, nuestro Estado mediante esa reforma, amplió el plazo de la prescripción de cuatro (4) años hasta los diez (10) años; sin embargo, esta ampliación en cuanto a los plazos, era gradual a partir de la gestión 2013, incrementando un año en cada gestión hasta completar el 2018.

La disposición citada en el párrafo anterior se mantuvo en la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, excepto por la derogación del último párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, modificado por la Ley 291, referido a que el periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año; de igual forma, la mencionada Ley 317 modificó los parágrafos lyll del artículo 60 de la Ley 2492, previamente modificados por la citada Ley 291, que ahora refiere que el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo.

Pese a lo mencionado, mediante la Ley 812 de 30 de junio de 2016, el régimen de la prescripción previsto en el artículo 59 de la Ley 2492, fue nuevamente modificado, de tal manera que a partir de su vigencia, las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 2) Determinar la deuda tributaria y 3) Imponer sanciones administrativas; es decir, desde la vigencia de la citada Ley, el instituto de la prescripción está regido nuevamente por un plazo único, en este caso, ocho años dentro del cual la Administración Tributaria debe ejercer las facultades mencionadas; asimismo, la norma citada en su Disposición Abrogatoria y Derogatoria única dispuso: “Se abrogan y derogan todas las normas contrarias a la presente Ley“, en es

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

entendido, considerando que la Ley 291 establecía un plazo progresivo de la prescripción hasta llegar a los diez años en la gestión 2018, resulta ser contrario al nuevo régimen previsto en la Ley 812, de tal manera, se suscitó la derogatoria tácita de la Ley 291 en lo concerniente a la Disposición Adicional Quinta que en su momento había modificado el artículo 59 parágrafo I del Código Tributario; lo que muestra de manera expresa la concurrencia de normativa legal que beneficia al administrado, en concordancia con el artículo 123 de la Constitución Política del Estado y el artículo 150 del Código Tributario.

En el contexto anterior, la aplicabilidad de la Ley 812 de 30 de junio de 2016, está supeditada no solo a la emisión sino a la notificación del acto definitivo, lo que implica que los actos administrativos notificados en forma posterior a la vigencia de la citada

sujetos a dicha normativa, conforme preel artículo 32 de la Ley 2341: en ese entendido, la referida Ley 812 establece que las acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones prescribirán a los 8 años; por tanto, en el presente caso la Resolución Determinativa N° 17,1929000721 (SIN/GGLPZ. IDFISVI/RD/00678/2019) de 5 de junio de 2019, fue notificada personalmente a la contribuyente el 19 de junio de 2019, precisamente en vigencia de la Ley 812, como consecuencia, el término que corresponde aplicar es de 8 años de **** forma única y definitiva.

En este punto, resulta pertinente mencionar que conforme el amplio examen normativo realizado precedentemente, ante la modificación del artículo 59 de la Ley 2492, la norma subsistente que quedo en vigencia es la Ley 812, de cuya redacción se establece un término fijo de prescripción de ocho (8) años; aspecto que permite afirmar que a partir de la abrogación y derogación de las normas contrarias a esta última Ley, resulta incuestionable la aplicación a los actos emitidos y notificados precisamente en vigencia de esta ley; precisión que resulta necesaria realizar, en el entendido, de que esencialmente trata de una norma más beneficiosa para el sujeto pasivo, toda vez como mencionamos anteriormente, ya no está sujeto a la progresividad del cómputo y este se redujo de 10 a 8 años, el lapso de tiempo que contaba el sujeto activo para ejercer su facultad de determinar obligaciones impositivas.

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En atención a lo señalado con relación al cómputo de la prescripción de la facultad de determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas de conformidad al artículo 60 parágrafo II de la Ley 2492, se inicia: “(...) desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria; en ese entendido, para el presente caso, de acuerdo al marco legal señalado, respecto a la determinación de deuda tributaria e imposición de sanciones por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por los periodos fiscales de enero a noviembre 2011, cuyo vencimiento está dentro de la misma gestión, el cómputo de la prescripción inició el 1 de enero de 2012 y concluirá el 31 de diciembre de 2019 y por el periodo fiscal diciembre 2011 con vencimiento en enero de 2012 el cómputo de la prescripción inicio el 1 de enero de 2013 y concluirá el 31 de diciembre de 2020.

En el presente caso también existen causales de suspensión según lo establecido en el parágrafo II del artículo 62 de la Ley 2492, que establece: La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo”; al respecto, en el presente caso hubo dos procesos de impugnación, el primero se inició el 25 de octubre de 2016 y culminó con la devolución del expediente a la Administración Tributaria mediante nota AGIT-SC-REM-0367/2017 el 27 de septiembre de 2017 (fojas 1549 de antecedentes administrativos). El segundo, se inició el 27 de abril de 2018 y culminó con la devolución del expediente mediante nota AGIT SC-DEV-0364/2019 el 18 de marzo de 2019: suspensión que se debe tomar en cuenta

para el cómputo de la prescripción, aspectos antes mencionados que se encuentran plasmados en el siguiente cuadro:

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de 2019 2 días de 2020 19 días de 2021

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Del cuadro precedente y conforme lo expuesto anteriormente, se evidencia que la Administración Tributaria ejerció sus facultades de determinar la deuda tributaria e imposición de sanciones en la gestión 2019, en razón a que el acto administrativo impugnado fue notificado el 19 de junio de 2019, lo que demuestra que la prescripción, invocada por la ahora recurrente respecto a la facultad del Ente Fiscal de determinar la deuda no se encuentra materializada en relación a los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2011, demostrando incontrastablemente que de ninguna manera se vulneraron principios ni derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado a

los cuales el recurrente tiene derecho.

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Con relación a la vulneración del principio tempus comissi delicti argüida por el recurrente, corresponde señalar que dicha teoría rige en la aplicación de la parte sustantiva de los procesos, en los que se toca aspectos de fondo relacionados con los derechos que da la consecución de un hecho, conceptos que dan lugar a la deuda tributaria, calificación de la conducta, causas de extinción de la misma, prescripción, condonación, compensación y cálculo de la deuda tributaria. Al respecto, cabe señalar que al momento de la emisión de la Resolución Determinativa ahora impugnada, la Ley

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812 de 30 de junio de 2016, se encontraba plenamente vigente, en este sentido, la norma para el cómputo de la prescripción sería la antes señalada.

Es evidente que los periodos fiscales observados por la Administración Tributaria corresponden a la gestión 2011; sin embargo, la Resolución Determinativa No 171929000721 (SIN/GGLPZ/DFISVI/7RD/00678/2019) por medio de la cual se determinó las obligaciones impositivas del ahora recurrente, fue emitida el 5 de junio de 2019 y notificada el 19 de junio de 2019; es decir, en vigencia de las modificaciones a la Ley 2492 efectuada por la Ley 812, correspondiendo su aplicación al presente caso en materia de prescripción, en virtud a que dicha disposición normativa se constituye en norma de carácter adjetivo o procedimental que regulan el instituto de la prescripción estableciendo su cómputo, interrupción y suspensión; consecuentemente, no existe vulneración al principio tempus comissi delicti. 

Con referencia a los argumentos mencionados por el recurrente en su Recurso de Alzada, con relación a la aplicación del Principio de Irretroactividad de la Ley cuya premisa en la generalidad de las circunstancias. se prohíbe, con base en la preservación del orden público y con la finalidad de plasmar la seguridad y estabilidad jurídica de que una ley tenga efectos con anterioridad a su vigencia, salvo circunstancias especiales que favorezcan tanto al destinatario de la norma como a la consecución del bien común de manera concurrente. Al respecto, en el presente caso no se evidencia una aplicación retroactiva de la norma, debido a que la Resolución Determinativa N° 171929000721 (SIN/GGLPZ/DF/SVI/7RD/00678/2019) de 5 de junio de 2019, fue notificada el 19 de junio de 2019, siendo que a esa fecha la Ley 812 ya se encontraba vigente.

En relación a lo señalado por el recurrente sobre el efecto jurídico de la nulidad declarada dos veces de los actos administrativos emitidos por el Ente Fiscal, como resultado de que la determinación se tomó más de cinco años desde el inicio de la fiscalización el 3 de abril de 2014, la responsabilidad de todo este tiempo, es única y exclusivamente del Ente Fiscal, aspecto que no se analizan en la actual Resolución Determinativa, hecho que vicia nuevamente el acto administrativo de nulidad de pleno derecho; al respecto cabe señalar que, la Resolución Determinativa es el resultado del control, verificación e investigación que realiza la Administración Tributaria de las

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circunstancias que integren o condicionen los hechos imponibles declarados o no por los sujetos pasivos, es decir, su objeto es la determinación adeudos tributarios basada en un acto preliminar y no así como lo señala el recurrente, la determinación de responsabilidades respecto a sus actos, en este sentido, la nulidad invocada por el ahora recurrente no tiene asidero legal en el presente caso.

Respecto a la cita del recurrente de la Sentencia Constitucional 1362/2004-R de 17 de agosto de 2004, señala que “En síntesis, se puede decir que la prescripción es una figura jurídica a través de la cual se adquieren derechos -prescripción adquisitiva-o se liberan obligaciones -prescripción liberatoria- por el transcurso del tiempo determinado específicamente en la norma que se trate”. Y más adelante señala: “Es decir que la norma aplicable es aquella vigente a tiempo de surgir el derecho a exigir que una obligación sea honrada, por cuanto: la fijación de un término de prescripción no constituye una norma procedimental para que se aplique la vigente al momento de iniciar el proceso respectivo”. Al respecto, dentro del análisis del presente caso se

concluyó que la Ley en la cual se basa el cómputo de la prescripción es la Ley 812,

  • aspecto que refuerza esta Sentencia puesto que la Ley que estaba vigente en el momento de la notificación del acto impugnado, que es cuando nace la exigencia del cobro de la deuda tributaria, estaba vigente la Ley antes mencionada.

Respecto a la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3 de 26 de octubre de 2016, es necesario señalar que dicha disposición constitucional hace referencia de manera expresa a la constitucionalidad de las Leyes 291 y 317; no obstante, las citadas normas legales no forman parte o respaldan la decisión de esta instancia recursiva en el caso bajo análisis, toda vez que, conforme se analizo previamente, la norma aplicable es la Ley 812 y el análisis radica en las facultades del Ente Fiscal para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, aspecto este que se constituye, en el fundamento central para asumir una posición; consecuentemente, lo invocado respecto a la SC 1169/2016-S3 no corresponde.

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En relación a la Sentencia No 21/2017 de 16 de febrero de 2017 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, se refiere que la SC 1169/2016-S3 de 26 de octubre de 2016 que versa sobre la constitucionalidad de la Leyes 291 y 317, exigiendo que su aplicabilidad se fundamenta en el caso concreto de ejecución tributaria, aspecto que en el presente

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caso no corresponde, puesto que el Recurso de Alzada refiere a una deuda determinada por un proceso de verificación y la correspondiente imposición de sanciones en concordancia con lo establecido en la Ley 812; consecuentemente, al respecto esta instancia no emitirá opinión alguna.

En el marco de la normativa expuesta y en función del análisis señalado precedentemente, se establece que las facultades de la Administración Tributaria para determinar adeudos tributarios e imponer sanciones respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA) conforme normativa específica, correspondiente a los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2011, se encuentran incólumes..

IV.1.2. Depuración de Crédito Fiscal El recurrente a través de su Recurso de Alzada y alegatos, manifiesta que en la Resolución Determinativa ahora impugnada, expone diversos códigos que son variaciones de una misma observación, efectuando una agrupación en la medida que implica la misma observación de fondo, se tiene lo siguiente:

Observaciones a la dosificación de la factura con los literales “a”, “q” y “o”; al respecto, en sus descargos señaló que como contribuyente no tiene la posibilidad de fiscalizar ni hacer controles a los proveedores, asimismo, en su condición de comprador y contratante no se le puede pedir que pague nuevamente el tributo, menos que sea responsable por incumplimientos del emisor/vendedor.

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Observaciones al medio de pago con los literales “e”,”f”, “g”, “k”, “l”, “m”, “n” y “z”, el motivo de esta observación es que el medio de pago no fue mediante medio bancario, asumiéndose que la factura no demuestra la transacción, en el expediente no consta ninguna documentación que acredite que el registro del proveedor es el correcto. La Administración Tributaria debe explicar exactamente porque asume que los proveedores no han emitido la factura observada, así como demostró el recurrente en sus descargos, con relación a que la nota fiscal no fue emitida por el proveedor esta aseveración no es verdadera, siendo imposible que pueda efectuar el control impositivo de sus proveedores. 

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Observaciones que en los hechos asume (presume) que las facturas no fueron emitidas por el proveedor con los literales “b”, “c”, “d”, “s”, “x” e “y”, al respecto, se observa el medio de pago, siendo que no estaba vigente para esa gestión las normas de bancarización, asumiendo que la factura no demuestra la transacción, en el expediente no consta documentación que acredite que el registro del proveedor es el correcto, correspondía a la Administración Tributaria explicar exactamente porque asume que los proveedores no han emitido la factura observada.

Continua señalando que las observaciones a la vinculación del gasto con los literales “y” y “q”, señala que las compras corresponden a adquisiciones de materiales de construcción para el edificio de la empresa, los cuales son gastos vinculados, puesto que sin infraestructura es imposible su actividad, correspondía que el Ente Fiscal explique porque las construcciones son consideradas gastos no vinculados, de igual modo los gastos de hospedaje, característicos de las actividades empresariales. Los pagos parciales fueron realizados con Caja, registrados en los comprobantes Contables y Recibos de recepción del pago por parte de los proveedores ;

.

La Administración Tributaria en su respuesta al Recurso de Alzada y alegatos, señala que la eficacia probatoria de la factura dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez establecidos en las leyes y resoluciones administrativas referidas al efecto, en este sentido, la RND 10.0016.07 en su artículo 41, parágrafo I, numeral 2, establece que las facturas cumplan con los siguientes requisitos: haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, consignando el NIT del sujeto pasivo emisor, el número de factura y el número de autorización; sin embargo, las facturas presentadas por el contribuyente como respaldo al crédito fiscal IVA declarado en la gestión 2011, no. cumplen con los requisitos establecidos en la citada norma, careciendo de valor y eficacia jurídica, sin que corresponda se consideren como documentos válidos para generar crédito fiscal, ya que no fueron autorizadas por la Administración Tributaria.

afaq ISO 900

Calidad AFNOR CERTIFICATION 

Vogo

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IQNet

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SYSTEM

Agrega que es claramente verificable que las facturas observadas, además de no haber sido autorizadas por la Administración Tributaria, ser duplicadas o no haber sido declaradas como ventas por el proveedor, no se demostró que la transacción hubiese sido efectivamente realizada, situación que debe demostrarse con un medio de pago

helmpugnac 

Juan Carlos Guimán Ruiz

VoBo 

NB/ISO 

9001 IBNORCA Sistema de Gestión 

de la calidad Certificado N°771/1

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*

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) . Mana tasag kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

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1

III

fidedigno, documentos contables que registre las operaciones comerciales de la empresa y otros que aseguren la realización efectiva del gasto. Asimismo, cita lo establecido en los artículos 36, 37 y 44 del Código de Comercio y en el inciso a) del artículo 8 de la Ley 843.

1

.

Concluye señalando que es insuficiente presentar la factura, el instrumento que dio nacimiento al hecho generador debe ser respaldado contablemente, como lo . establecen los Códigos Tributario y de Comercio. La realización efectiva de la transacción deberá estar materialmente documentada, el cómputo del crédito fiscal IVA. está condicionado a la existencia real de una operación, así como los documentos que respalden fehacientemente la realidad económica y verdad material de dichas transacciones, señalando los numerales 4 y 5 del artículo 70 y el artículo 76 de la Ley 2492; al respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis:

El artículo 69 de la 2492, establece que, en aplicación al principio de buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones materiales y formales, hasta que en el debido proceso de determinación, de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones Reglamentarias. 

El artículo 70 de la Ley 2492, establece las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, entre ellas: 4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, acomo otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas. 5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que 

considere le correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá 

determinar deudas tributarias que oportunamente no las hubiere determinado

cobrado. 5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que consideren le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin 

.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

El artículo 76 de la citada Ley 2492, referido a la carga de la prueba en su parágrafo II dispone que son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se dicte. El artículo 79 de la citada Ley, en su parágrafo I establece que la facturación, la presentación de declaraciones juradas y de toda otra información de importancia fiscal, la retención, percepción y pago de tributos, el llevado de libros, registros y anotaciones contables así como la documentación de las obligaciones tributarias y conservación de dicha documentación, siempre que sean autorizados por la Administración Tributaria a los sujetos pasivos y terceros responsables, así como las comunicaciones y notificaciones que aquella realice a estos últimos, podrán efectuarse por cualquier medio tecnológicamente disponible en el país, conforme a la normativa aplicable a la materia. Estos medios, incluidos los informáticos, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, deberán permitir la identificación de quien los emite, garantizar la verificación de la integridad de la información y datos en ellos contenidos de forma tal que cualquier modificación de los mismos ponga en evidencia su alteración, y cumplir los requisitos de pertenecer únicamente a su titular y encontrarse bajo su absoluto y exclusivo control. 

El artículo 7 del DS 27310 de 9 de enero de 2004, refiere que La Administración Tributaria establecerá y desarrollará bases de datos o de información actualizada, propia o procedente de terceros, a las que accederá con el objeto de contar con información objetiva” 

afao ISO 900

Calidad 

AFNOR CERTIFICATION 

FIE

En el marco normativo antes citado, y en el entendido de que el crédito fiscal apropiado por el contribuyente fue observado en virtud a la revisión realizada por el Ente Fiscal, siguiendo los procedimientos de verificación aplicables, resultados y conclusiones que se encuentran plasmados en los respectivos papeles de trabajo, la Administración Tributaria procedió a determinar reparos a favor del fisco por concepto de crédito fiscal indebidamente apropiado, quedando establecido que la liquidación de la deuda tributaria, se efectuó tomando como base el 13% de las facturas observadas, según el siguiente cuadro:

Selez Dorado

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Juan Carlos Guanán Ruiz

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NB/ISO 

9001 IBNORCA 

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Sistema de Gestión 

de la Calidad CertificadoN71/14 

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*** 

Justicia tributaria para vivir bien . Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) . Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 241 1973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

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DETALLE NOTAS FISCALES OBSERVADA

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PROVEEDOR 

FECH

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FACTUR

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2136 

5.250 

50.540 

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342 

660 

1.750 

1.750 

344 

52.935 

346 

57.750 

119 

4950574016 JUAN MARCELO APAZA MAMANI 01/01/2011 335059012 RAMIRO ENRIQUE ZACONETA ESCOBAR J 03/01/2011 

2718418015 

NI CASIO LAYME 

04/01/2011 335059012 | RAMIRO ENRIQUE ZACONETA ESCOBAR 06/01/2011 335059012 RAMIRO ENRIQUE ZACONETA ESCOBAR 11/01/2011 

4853936017 

RHURY ALEXIS RIVERA AREVALO 

13/01/2011 3465793015 FREDDY FERNANDO TORREZ MARQUEZ | 14/01/2011 3465793015 FREDDY FERNANDO TORREZ MARQUEZ 14/01/2011 2306912015 GUDO WALTER MALDONADO RUIZ 14/01/2011 499398017 MARIA DE LA ASUNCION ZEA O PHELAN 14/01/2011 335059012 RAMIRO ENRIQUE ZACONETA ESCOBAR 14/01/2011 

86.500

1.400 

1382 

1366 

1.400 

7

95.400 

IMPORTE 

FINAL OBSERVADO

5:250 a, b, c, d : 50.540 b, d, i, z

a, e 52.935 b, d, i, z 57.750 b, d, i, z 86.500 b, g, f, z 1.400 and 1.400 and 95.400 &, f, i, z 110.300 8f, z

58.594 b, d, i,

2.000 – a,d

3.500 a,d 

  • 78.400 b, g, f, z 73.860 g, f, z 

oh 

93.740 &, f,i, z

2.000 and

773.569 

7.000 ad 1.360 a, b, b, i

109 

110.300 

347 

58.594 

1434 

3465793015 

FREDDY FERNANDO TORREZ MARQUEZ 

17/01/201

2.000 

143

3465793015 

FREDDY FERNANDO TORREZ MARQUEZ 

17/01/201

3.500 

12

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RHURY ALEXIS RIVERA AREVALO 

17/01/2011

78.400 73.860 

11

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| MARIA DE LA ASUNCION ZEA O PHELAN | 

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1591557010 

3.086 

23.086 

6969 7

18/01/2011 18/01/2011 25/01/2011 

2306912015 3465793015 

93.740 

1385 

AUTO CENTRO BAVARIA GUDO WALTER MALDONADO RUIZ FREDDY FERNANDO TORREZ MARQUEZ 

Total ene2011 

OLGA LOURDES PERALTA ARANA SAN CARLO LTDA

(…)

2.000 778.405 

4.836 

388

6082836012 

7.000 

05/02/2011 07/02/2011

45809 

1.360 

1017079029 

(…)

(…)

TOTALES 

1.550.619 

226.656 

-1.323.963 

FUENTE: Resolución Determinativa N° 171929000721 – DETALLE NOTAS FISCALES OBSERVADAS – Fjs 1879-1881 de Ant. Adm.

Del cuadro resumen expuesto precedentemente y de la compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que la Administración Tributaria observó el crédito fiscal de las facturas declaradas por la Universidad Privada Franz Tamayo SA, arribando a las siguientes observaciones:

Aclaración de la Observación: a Nota Fiscal no Dosificada por la Administración Tributaria (Fuera de rango de dosificación). b Nota Fiscal no emitida por el proveedor a favor del contribuyente. c Nota Fiscal duplicada, factura fue registrada por el contribuyente y por otro informante. d La transacción no cuenta con documentación de respaldo que acredite la efectiva realización de la misma. e La transacción cuenta con medio de pago que la respalda (Contra proveedor). f El contribuyente presentó recibos de caja en los que no se identifica al interesado, ni se adjunta fotocopia de su cédula de identidad. g Factura no cuenta con documentación suficiente que acredite la efectiva realización de la transacción. h Nota Fiscal con error de registro en el Libro de Compras (Nro. de Autorización, Nro. de Factura Fecha). . i El contribuyente no demostró que la compra esté relacionada con la actividad gravada. j Nota Fiscal revisada en la Orden de Verificación 00120VE00493. k Contribuyente cuenta con medio de pago, otro informante registró la factura (Contra Informante). I Factura no cuenta con documentación suficiente que acredite la efectiva realización de la transacción (Cheque presentado es por un importé menor al de la factura). m Factura no cuenta con documentación suficiente que acredite la efectiva realización de la transacción (Cheque presentado es por un importe mayor al de la factura).

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

n Factura no cuenta con documentación suficiente que acredite la efectiva realización de la transacción (Cheque está a nombre de una tercera persona). o Nota Fiscal no Dosificada por la Administración Tributaria (El sistema Gauss no genera ningún reporte). q Nota Fiscal válida para Crédito Fiscal. El contribuyente registró otra factura con el número 236682. r Nota Fiscal no Dosificada por la Administración Tributaria (N° de autorización corresponde a otra empresa). s Proveedor registra la factura por un importe menor. t El contribuyente presentó planilla de Honorarios, en la que no figura el nombre del proveedor del servicio. u Nota Fiscal no presentada como descargó a la Orden de Verificación. v Error de impresión en el número de Autorización (Contra Proveedor).

w Factura registrada en el Libro de Ventas del proveedor. . x Otro informante registró la factura (Contra Informante).

y Factura registrada como anulada en el Libro de Ventas. z Nota Fiscal no cuenta con medio fehaciente de pago.

Se hace necesario señalar, que el recurrente solo impugna las facturas observadas bajo los literales a, b, c, d, e, f, g, i, k, l, m, o, r, s, t, x, y, las cuales serán objeto de análisis.

En el contexto citado precedentemente, se debe hacer énfasis que el cómputo del crédito fiscal en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), está condicionado a la existencia real de una operación que se encuentre respaldada por un documento debidamente emitido y corresponde al detentador del mismo la obligación de su presentación así como los documentos que respalden dicha transacción cuando se ponga en duda el valor del crédito fiscal y. sea requerido de manera fundada por la Administración Tributaria; al respecto, cabe señalar que la eficacia probatoria de la factura dependerá …

del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas referidas al efecto.

!

afao ISO 900

Calidad 

En nuestro sistema impositivo boliviano, la factura es un documento que prueba un hecho generador relacionado directamente con un débito o crédito fiscal; sin embargo, para su plena validez, tendrá que ser corroborado por los órganos de control del Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público, según corresponda y además deberá ser corroborado con otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la efectiva realización de una transacción; en este sentido, es evidente que en el proceso de verificación realizado, la Administración Tributaria en base a la documentación de

respaldo presentada por la Universidad Privada Franz Tamayo S.A. e información provista por los sistemas informáticos del SIN, efectuó observaciones a las facturas de compras con las literales “a” a la “z”; en este punto, es pertinente mencionar que

AFNOR CERTIFICATION 

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MANAGE 

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Juan Carlos Guzpián Ruiz

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9001 IBNORCA 

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Sistemade Gestión 

de la Caldad Certificado N771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) , Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)

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SH

INI

conforme se advierte del cuadro Detalle Notas Fiscales Observadas” del acto administrativo impugnado, las facturas depuradas presentan más de una observación; sin embargo, el análisis se efectuará conforme a la agrupación realizada por el recurrente en el Recurso de Alzada.

  • Facturas no dosificadas depuradas con incisos “a”-“*p*-*”0″ La Universidad Privada Franz Tamayo S.A., a través de su representante legal señala que sobre las facturas observadas no dosificadas o autorizadas por la Administración Tributaria, como contribuyente no tiene la posibilidad de fiscalizar la emisión de las facturas de sus proveedores; asimismo, en su condición de comprador no se le puede pedir que pague nuevamente el tributo, a menos que sea responsable por incumplimientos del emisor/vendedor.

La Administración Tributaria en respuesta al Recurso de Alzada manifiesta que las facturas observadas con los literales (a-r-o), no corresponden que se consideren como documentos válidos para generar crédito fiscal, ya que no fueron autorizadas por la Administración Tributaria; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El parágrafo I del artículo 41 de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, detalla los requisitos que deben cumplir la notas fiscales que generarán crédito fiscal para los sujetos pasivos del IVA, RC-IVA (modalidad dependiente y contribuyente directo), IUE (profesionales liberales u oficios) y STI, en los términos dispuestos por la Ley 843 (texto ordenado vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, entre ellos: 1) Sea original del documento 2) Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, consignando 

el Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el número de. factura y el número de autorización. 

El parágrafo III de citado artículo establece: Las facturas o notas fiscales que sean emitidas sin consignar o cumplir con los requisitos previstos por el parágrafo / del presente artículo, no darán lugar al cómputo del crédito fiscal. 

.

..

De la revisión de antecedentes administrativos y de acuerdo al cuadro de “Detalle Notas Fiscales Observadas” consignado en las páginas 2-5 del acto impugnado, a fojas

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WS

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

1879-1882 de antecedentes, la Administración Tributaria depuró con las literales “a” Fuera de rango de dosificación, “” N° de autorización corresponde a otra empresa u O”El sistema Gauss no genera ningún reporte, el crédito fiscal de las facturas que no cuentan con la autorización de dosificación, las cuales se detallan a continuación:

NIT PROVEEDOR 

PROVEEDOR 

FACTURA 

FECH

IMPOR 

FINAL 

IMPORTE FACTURA

OBS. 10

2136

4950574016

JUAN MARCELO APAZA MAMANI

01/01/2011

5.250

5.250

a, b, c, d

a, d

– 1366

3465793015

FREDDY FERNANDO TORREZ MARQUEZ |

14/01/2011

1.400

1.400

1382 

3465793015 | FREDDY FERNANDO TORREZ MARQUEZ

14/01/2011

1.400

1.400

a,

1431 

3465793015

FREDDY FERNANDO TORREZ MARQUEZ

17/01/2011

3.500

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143

3465793015

FREDDY FERNANDO TORREZ MARQUEZ

17/01/2011

2.000

a,

2.000 2.000

1385

3465793015

FREDDY, FERNANDO TORREZ MARQUEZ

25/01/2011

2.000

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3881 

6082836012

|

OLGA LOURDES PERALTA ARANA

05/02/2011

7.000.

7.000

45809

1017079029

SAN CARLO LTDA.

07/02/2011

1.360

1.360

pa b, b, i

1745 

3465793015

FREDDY FERNANDO TORREZ MARQUEZ

28/02/2011

1.260 

1.260

a, d 

110

174556021

DIPROM SRL

03/03/2011

7.000

7.000

1751 

3465793015

FREDDY FERNANDO TORREZ MARQUEZ

10/03/2011

1.255

1.255

0 1 0 1 0 I loo

1 0 1 0 1 0

4950574016

JUAN MARCELO APAZA MAMANI

10/03/2011

1.800

1.800

3437

3438 

4950574016

JUAN MARCELO APAZA MAMANI

10/03/2011

1.400

1.400

125

.

174556021

DIPROM SRL

04/04/2011

7.000

7.000

1

* 1009

4758833014

HAROLD TITO CHOQUE

12/04/2011

1.800

1.800

  1. d.

0

1

1010

4758833014

HAROLD TITO CHOQUE

12/04/2011

1.700

1.700

.

a,

0

|

1749

3465793015

FREDDY FERNANDO TORREZ MARQUEZ

12/04/2011

1.200

1.200

.

a, d 

1750

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FREDDY FERNANDO TORREZ MARQUEZ

12/04/2011

1.020

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0

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|

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| 3465793015 1. FREDDY FERNANDO TORREZ MARQUEZ

12/04/2011

2.500

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1005

4758833014

HAROLD TITO CHOQUE

12/04/2011

2.812

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a, d

|

1026

4758833014

HAROLD TITO CHOQUE

26/04/2011

5.223

5.223

a, n.

1764 

3465793015

FREDDY FERNANDO TORREZ MARQUEZ

26/04/2011

3.977 

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2059

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QUIMI-CAL

27/04/2011

1.640 

1.640

on

| 3 | lol lol

2 | 3 |

2063

4300130011

QUIMI-CAL

27/04/2011

2.780

2.780

2084

1115786017

GLORIA RUTH CRUZ CASTRO

28/04/2011

3.025 

3.025

a, d, b

12068

1 2521892016

ANGEL EDUARDO BLANCO BALBOA

|

28/04/2011

5.065

l

5.065

a, b, n

afao ISO 900

1585

3052264010

ZULMA IBETTY VELASCO VILLARROEL

29/04/2011

1.100

1.100

a, b, n

|| 

Calidad AFNOR CERTIFICATIO

132

174556021

DIPROM SRL

05/05/2011

7.000

7.000

a,d

10 

TIS

1032

4 758833014

: HAROLD TITO CHOQUE

10/05/2011

1.800

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a, d

1033

4758833014

HAROLD TITO CHOQUE

10/05/2011

1.200

1.200

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TONE 

Velez Dorado

MANAGE 

3402

4950574016

JUAN MARCELO APAZA MAMANI

11/05/2011

2.500

2.500

a, d

MEN

SYSTEM 

3405

4950574016

JUAN MARCELO APAZA MAMANI

11/05/2011

2.800

2.800

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3407

4950574016

JUAN MARCELO APAZA MAMANI

11/05/2011

1.800

1.800

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3410 

4950574016

JUAN MARCELO APAZA MAMANI

11/05/2011

3.000

3.000

a, d

Juan Carlos 17 Guzmál Ruiz

Vobo

NB/ISO 

9001 IBNORCA) 

Sistema de Gestión 

de la Calidad Certificador 771/14 

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WINDING

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita. mbaerepi Vae (Guarani)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telf.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

.

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-..

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III 

PROVEEDO 

ECH

FACTURA A PROVEEDOR 

IMPORTE FACTURA 

IMPORT 

FINAL | OBSERVADO 

OBS 

315 

2880515011 

23/05/2011

1.260

1.260

a, d, t

GONZALO JOAQUIN MATINEZ TERRADAS GONZALO JOAQUIN MATINEZ TERRADAS 

318

2880515011

23/05/2011

1.296

1.296

a, d, t

25

174556021

DIPROM SRL

30/05/2011

7.000

7.000

a, c, d

3420 

4950574016

JUAN MARCELO APAZA MAMANI

31/05/2011

2.812 

2.812

a, d

3422

4950574016 

JUAN MARCELO APAZA MAMANI 

31/05/2011

3.500

3.500

3424

495057401

JUAN MARCELO APAZA MAMANI

31/05/2011

1.800

1.800

3414 

4950574016 

JUAN MARCELO APAZA MAMANI

02/06/2011

.3.500

3.500

3415

495057401

JUAN MARCELO APAZA MAMANI

02/06/2011

3.500

3.500

a

3416 

4950574016 

JUAN MARCELO APAZA MAMANI

02/06/2011

2.500

2.500

a,

.

3421 

4950574016 

JUAN MARCELO APAZA MAMANI

02/06/2011

1.200

1.200

ad

3425

4950574016

JUAN MARCELO APAZA MAMANI

02/06/2011

1.800

1.800

ad 

1236

66748901

ERNESTO NAVA COCA 

09/06/2011

1.152

1.152

  • a, det

322

5150517016

MIGUEL ANGEL COSSIO VELASQUEZ

16/06/2011

1.281 

1.281

a, d, t

5089

267963010

HUMBERTO GUTIERREZ IBAEZ 

27/06/2011

3.500

3.500

a, b, l, n

253

174556021

DIPROM SRL

28/06/2011

7.000

7.000

a, c, d

10579

139435029

MARCELA SALAZAR ITURRI MARIANA 

EMMA QUISBERT

29/06/2011

2.080

2.080

a, n,r

29078 

2309842015 

GONZALO USCAMAITA MORALES

29/06/2011

2.620

2.620 

a, b, I, n.

300

174556021 

07/07/2011

7.000

7.000

and

1348

122441029 

11/07/2011

3.500

3.500

a,

1349 

122441029 

DIPROM SRL CONSULTORES EN COMERCIO

EXTERIOR CONSULTORES EN COMERCIO

EXTERIOR CONSULTORES EN COMERCIO

. EXTERIOR CONSULTORES EN COMERCIO

EXTERIOR 

13/07/2011

1.200

1.200

a,

1350

122441029

13/07/2011

1.800

1.800

a,

1358

122441029 

18/07/2011

2.500 

2.500

a

1277 

667489013 

ERNESTO NAVA COCA 

25/07/2011

1.152 

1.152

a, d,

1287

667489013 

ERNESTO NAVA COCA

25/07/2011

1.008

1.008

a, d, t

4533 

3083097019

LUIS FERNANDO CLAURE IPORRE

10/08/2011

2.000

2.000

o, d

4534

3083097019

LUIS FERNANDO CLAURE IPORRE

10/08/2011

2.000

2.000

0,0

2375

4950574016

DUAN MARCELO APAZA MAMANI

08/09/2011

7.000

7.000

a, c, d

4172 

3083097019

LUIS FERNANDO CLAURE IPORRE

09/09/2011

2.000

2.000

0, d.

  1. 0. d

4173 

3083097019

LUIS FERNANDO CLAURE IPORRE

09/09/2011

2.000

2.000

19369 

176146026

FERNANDO LUNA SİLVA 

16/09/2011

1.500

1.500

5, I, n, i

1391 

667489013

ERNESTO NAVA COCA

21/09/2011

1.896 

1.896

a, det

7289 

1022999028

SERVICIOS INTEGRADOS SRL

28/09/2011

1.72

1.725

0, n

7292 

1022999028

SERVICIOS INTEGRADOS SRL

28/09/2011

3.360

3.360

on

717 

6107794013 

ISRRAEL ANTONIO GUERRA ARGANDOA |

03/10/2011

7.000

7.000

a, c, d

1107

122441029

CONSULTORES EN COMERCIO

EXTERIOR SRL

07/10/2011

1.500

1.500

.

an

1400

667489013

ERNESTO NAVA COCA

10/10/2011

2.196

2.196

a, det

..

..

1404 

667489013

ERNESTO NAVA COCA 

10/10/2011

1.195 

1.195

a, det

4248 

3083097019

12/10/2011

2.000

2.000

0,0

TORES EN COMERCIO

1132 

122441029 

LUIS FERNANDO CLAURE IPORRE 

CONSULTORES EN CO

  • EXTERIOR SRL JAVIER RODOLFO QUISPE COLQLIE

25/10/2011

2.310 

2.310

an 

. 58

6770509013

31/10/2011

2.730

2.730

),

Página 38 de 60

.

.

(AIT 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

PROVEEDOR

F

ECHA

IMPORTE

MORTE I

FACTURA

OB

PO

OBSERVADO |– OBS

101

1025946019 

MARTIZA ALMENDRAS CANIZARES 

31/10/2011

1.485

1.485

a, u 

72

6107794013

03/11/2011

7.000

7.000

a, d 

1476 

122441029

04/11/2011

2.000

2.000

a,

1334 

122441029

04/11/2011

– 1.334

1.334 

a

ISRRAEL ANTONIO GUERRA ARGANDOA 1

CONSULTORES EN COMERCIO

EXTERIOR SRL CONSULTORES EN COMERCIO

EXTERIOR SRL CONSULTORES EN COMERCIO

EXTERIOR SRL CONSULTORES EN COMERCIO

EXTERIOR SRL ERNESTO NAVA COCA

1417

122441029

04/11/2011

2.000

2.000

a,

1474

122441029

04/11/2011

*-., 1.867

1.867

a, n 

1398 

667489013

15/11/2011

1.656.

a, d,t

1.656 7.000

729 

6107794013 | ISRRAEL ANTONIO GUERRA ARGANDOA

05/12/2011

a, d 

7.000 2.232 

1432 

667489013

ERNESTO NAVA COCA

09/12/2011

2.232 

a, d, t

1442 

667489013

ERNESTO NAVA COCA

09/12/2011

1.008

1.008

Ja, det

1443

667489013

ERNESTO NAVA COCA

12/12/2011

1.440

L

1.440 7.000

2500

4950574016

JUAN MARCELO APAZA MAMANI

16/12/2011

7.000

D

a , det

a, d *a, b, d

1002

1006855027

STEPHAN E CIA S.A.

19/12/2011

2.000

; 2.000

1008

1003 1006855027

STEPHAN E CIA S.A. ? 19/12/2011 2.000

2.000 …a, b, d

1005 1006855027

STEPHAN E CIA S.A.

19/12/2011 2.000

2.000 ” . a, b, d.

1006855027

STEPHAN E CIA S.A. 

19/12/2011

4.000

4.000 : a, b, n.

1017: 1006855027

19/12/2011 1.299 

1.299 a, b, d,

  • 1010 1006855027

STEPHAN E CIA S.A.

20/12/2011 1.533

1.533 a, b, i, n

1012 1 006855027

STEPHAN E CIA S.A

20/12/2011 3.200

3.200 a, b, d, FUENTE: Resolución Determinativa N° 171929000721 – DETALLE NOTAS FISCALES OBSERVADAS – Fis 1879-1881 de Ant.-Adm.

STEPHAN & CIA S.A.: 

Es necesario aclarar que las notas fiscales detalladas en el cuadro anterior fueron observadas, debido a que estas, no fueron dosificadas o autorizadas por la Administración Tributaria según los literales “a”-“r”-“0”; no obstante, presentan otros

s

conceptos de depuración u observación.

afao ISO 900

En ese contexto y de la compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que si bien las facturas antes detalladas se encuentran emitidas a la razón social y al NIT de la ahora empresa recurrente, las mismas fueron depuradas por el Ente Fiscal por

presentar observaciones a la dosificación y autorización; al respecto, cabe señalar que la Administración Tributaria conforme las facultades conferidas en los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, a objeto de revisar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas de compras declaradas por el recurrente; solicitó documentos que respalden el pago realizado por las respectivas transacciones; el sujeto pasivo, presentó las respectivas facturas de compra y algunos

comprobantes y recibos de caja, mediante el Acta de Recepción de Documentos de 12

Calidad AFNOR CERTIFICATION 

Net 

MANAGEM

SYSTEM 

EVENTS 

Vogo 

  1. DR

110 

Juan Carlos Guzmán Rui

NB/ISO 

9001 IBNORCA Sistema de Gestión 

de la Calidad Certificado No771/14 

Página 39 de 60

Justici 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973 www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

30

..

.

…..

..

..

MINIT 

111 

I TUDI TI INTUITIUM 

III

de mayo de 2014, que cursan en fojas 21-24 de antecedentes administrativos, documentos que por sí solos no acreditan el pago al respectivo proveedor; es necesario señalar que no ofreció otra documentación que avale la transacción realizada, como los comprobantes de egreso, libros mayores de la cuenta caja, estados financieros u otros que respalden las compras realizadas con documentos idóneos que prueben que las transacciones se realizaron efectivamente, todo esto dentro de los parámetros legales establecidos por el artículo 76 de la Ley 2492, precepto legal que señala de manera expresa que en los procedimientos tributarios, administrativos, jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos, deberá probar los hechos constitutivos de los mismos.

Respecto a lo señalado por el recurrente en relación a que como contribuyente no tiene la posibilidad de fiscalizar ni hacer controles a sus proveedores sobre las facturas de compra que recibe; cabe señalar que el sujeto pasivo tuvo la posibilidad de desvirtuar las observaciones relacionadas a la no dosificación o autorización de sus notas fiscales realizadas por el Ente Fiscal a la notificación de la Vista de Cargo N° 291729000416 (CITE: SIN/GGLPZ/DE/SVINC/00337/2017) de 26 de diciembre de 2017, presentando documentación que sustente las compras declaradas según lo establece el artículo 98 de la Ley 2492, aspecto que en el presente caso no sucedió. Adicionalmente, la Administración Tributaria respaldo la depuración de las facturas precitadas con la información impresa del Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria SIRAT II, datos que tiene validez probatoria según lo establece el artículo 7 del DS 27310, según se evidencia en los reportes del sistema GAUSS cursantes a fojas 39, 71, 124, 127, 181, 225, 265, 280, 306, 329, 333, 339, 441, 477 y 600 de antecedentes administrativos, evidenciando que las facturas detalladas precedentemente, se encuentran fuera del rango de dosificación o el número de autorización no corresponde a la dosificación o no fueron dosificadas. Asimismo, la Universidad Privada Franz Tamayo S.A., tanto en etapa de fiscalización como en la de descargos no presentó documentación que demuestre la efectiva realización de las transacciones declaradas en las facturas de compras y gastos de los periodos fiscales

de enero a diciembre 2011,

En consideración a los antecedentes de hecho y de derecho, se evidencia que el recurrente no desvirtuó los cargos formulados en su contra, con medios probatorios

Página 40 de 60

– 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

idóneos, incumpliendo lo establecido en los artículos 70 (Obligaciones tributarias del sujeto pasivo) numerales 4 y 5 y 76 (Carga de la Prueba) de la Ley 2492, siendo que las facturas observadas no fueron dosificadas o autorizadas por el Ente Fiscal según lo señalado en la RND 10-0016-07, artículo 41 (Validez de las facturas o notas fiscales) numeral 2 del parágrafo I y parágrafo III, correspondiendo confirmar la depuración del crédito fiscal de las facturas de compras que presentan las observaciones con las literales “a”-“y”+”0”..

“_f

» 

10

– 

.

Facturas depuradas sin medios de pago, incisos “d“-“”-“P”-“g”-“K”-“I”

“m”-“n”-“Z” La empresa recurrente señala que el motivo de la depuración con los incisos “d”-“e” “f”-“g”-“”-“J”-“m”-“n”-“2” es que el medio de pago no fue mediante medio bancario, asumiendo que la factura no demuestra la transacción, en el expediente no consta ninguna documentación que acredite que el registro del proveedor es el correcto. La Administración Tributaria debe explicar exactamente porqué asume que los proveedores no emitieron la factura observada.

La Administración Tributaria en respuesta al Recurso de Alzada manifiesta que el recurrente no demostró que la transacción hubiera sido efectivamente realizada para el beneficio del cómputo del crédito fiscal, aspecto que debe demostrarse a través de : un medio de pago fidedigno, documentos contables y otros que aseguren la realización en del gasto; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 70 de la Ley 2492, establece las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, entre las cuales se cita los numerales. 4 y 5 que disponen: 4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

afao 150 900

Calidad AFNOR CERTIFICATION 

MANAGEMENT

Vogo 3 

SYSTEM 

amald

Juan Carlos Guznán Ruiz

V

Ne VoBo

NB/ISO 

9001 18NORCA 

Página 41 de 60

Sistema de Gestión 

de la calidad Certificado N7711

STRU Justicla tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

El artículo 20 de la Ley 062, establece: “Se modifica el numeral 11 del Artículo 66 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, por el siguiente 

  1. Aplicar los montos mínimos establecidos mediante Decreto Supremo a partir de los cuales los pagos por la adquisición y venta de bienes y servicios deban ser respaldados por los contribuyentes y/o responsables a través de documentos reconocidos por el sistema bancario y de intermediación financiera regulada por la Autoridad de Supervisión Financiera (ASFI). La falta de respaldo mediante la documentación emitida por las referidas entidades, hará presumir la inexistencia de la transacción para fines de liquidación de impuestos e implicará que el comprador no tendrá derecho al cómputo del crédito fiscal, así como la obligación del vendedor de liquidar el impuesto sin deducción de crédito fiscal alguno.” 

La Disposición Final 4o del DS 772, establece: “De conformidad al Artículo 20 de la Ley No 062, que modifica el numeral 11 del Artículo 66 de la Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, se reemplaza el Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310, de 9 enero de 2004, modificado por el Parágrafo III del Artículo 12 del Decreto Supremo N° 27874, de 26 de noviembre de 2004, con el siguiente texto: “Se establece el monto mínimo de Bs50.000.- (CINCUENTA mil 00/100 BOLIVIANOS) a partir del cual todo pago por operaciones de compra y venta de bienes y servicios, debe estar respaldado con documento emitido por una entidad de intermediación financiera regulada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI. La obligación de respaldar el pago con la documentación emitida por entidades de intermediación financiera, debe ser por el valor total de cada transacción, independientemente a que sea al contado, al crédito o se realice mediante pagos 

parciales, de acuerdo al reglamento que establezca el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional, en el ámbito de sus atribuciones.” 

De. la revisión de antecedentes administrativos y de acuerdo al cuadro de “Detalle Notas Fiscales Observadas” consignado en las páginas 2-5 del acto impugnado, la Administración Tributaria depuró con las literales: “d” La transacción no cuenta con documentación de respaldo que acredite la efectiva realización de la misma “f” El contribuyente presentó recibos de caja en los que no se identifica al interesado, ni se adjunta fotocopia de su cédula de identidad, “gFactura no cuenta con documentación suficiente que acredite la efectiva realización de la transacción, “J” Factura no cuenta 

Página 42 de 60

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

con documentación suficiente que acredite la efectiva realización de la transacción (Cheque presentado es por un importé menor al de la factura), “m” Factura no cuenta con documentación suficiente que acredite la efectiva realización de la transacción (Cheque presentado es por un importe mayor al de la factura), “n” Factura no cuenta con documentación suficiente que acredite la efectiva realización de la transacción (Cheque está a nombre de una tercera persona), o “z” Nota Fiscal no cuenta con medio fehaciente de pago; conforme las facturas que se detallan a continuación:

a NORA

NITO

PROVED

| FECHA

FAPORTE

FACILE

IMPORTE OBSERVADO

OBS

342

335059012

RAMIRO ENRIQUE ZACONETA ESCOBAR 

03/01/2011

50.540

b, d, i, z

50.540 52.935

344 

335059012

|

06/01/2011

52.935

b, d, i, z

346 

335059012

RAMIRO ENRIQUE ZACONETA ESCOBAR RAMIRO ENRIQUE ZACONETA ESCOBAR

RHURY ALEXIS RIVERA ÁREVAL

11/01/2011

57.750

57.750

b, d, i, z

4853936017

13/01/2011

86.500

86.500

1 b, g, f, z

2306912015

GUDO WALTER MALDONADO RUIZ

14/01/2011

95.400

95.400

g, f, i, z

499398017

MARIA DE LA ASUNCION ZEA O PHELAN

14/01/2011 :

110.300

110.300

‘gif, z

335059012

RAMIRO ENRIQUE ZACONETA ESCOBAR

14/01/2011

58.594

58.594

b, d, i, z

4853936017

RHURY ALEXIS RIVERA AREVALO

17/01/2011

78.400

78.400,

b, g, f, z

499398017 

MARIA DE LA ASUNCION ZEA O PHELAN

17/01/2011

73.860

73,860

g, f, z

2306912015

GUDO WALTER MALDONADO RUIZ

18/01/2011

93.740

93.740* *.

g, f, i, z

3496677018

JUAN JOSE COLQUE VINAYA

23/03/2011

3.220

3.220

2150479012

MARCO ANTONIO BACARREZA SAVATIER

1

01/04/2011

43.520

43.520.

Cf, g

3496677018

JUAN JOSE COLQUE VINAYA

02/04/2011

7.980

7.980

235

2150479012

MARCO ANTONIO BACARREZA SAVATIER

04/04/2011

36.700

36.700

c, f, g

234 

4853936017

RHURY ALEXIS RIVERA AREVALO

20/04/2011

46.615

46.615

g, f

301

2822086013

ENRIQUE LANDIVAR CABRUJA

21/04/2011

1.536

1.536

1026 

4758833014

HAROLD TITO CHOQUE

26/04/2011

5.223

5.223

a, n 

1764 

3465793015

FREDDY FERNANDO TORREZ MARQUEZ

26/04/2011

3.977

3.97

an 

2063

4300130011

QUIMI-CAL

27/04/2011

2.780

2.780

on

2059 

4300130011

QUIMI-CAL

27/04/2011

1.640

1.640

on 

12068

2521892016

ANGEL EDUARDO BLANCO BALBOA

28/04/2011

5.065

5.065

a, b, n

15854

3052264010

ZULMA IBETTY VELASCO VILLARROEL

29/04/2011

1.100

1.100

a, b, n

afao 

123 

4651838013

ODONTO TEC

05/05/2011

7.000

7.000

ISO 900

Calidad 

5089

267963010

HUMBERTO GUTIERREZ IBAEZ 

27/06/2011

3.500

3.500

a, b, l, n

AFNOR CERTIFICATIO

29078

2309842015

GONZALO USCAMAITA MORALES

29/06/2011

2.620

2.620 

CE

a, b, I, n

RT 

10579

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MARCELA SALAZAR ITURRI MARIANA EMM

QUISBERT 

29/06/2011

2.080

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MARIANA EMMA QUISBERT ALANOCA

30/06/2011

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MARIANA EMMA QUISBERT ALANOCA

30/06/2011

3.180 

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214 

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GUIDO WALTER MALDONADO RUIZ

18/07/2011

25.592 

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Juan Carlos Guzmán Ruiz

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NB/ISO 

9001 (IBNORCA 

Sistema de Gestión 

de la Calidad Certificado No771/14 

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Justicia tnbutaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2), 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

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IMPORTE

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29/07/2011

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GLADYS M. QUISPE C.

29/07/2011

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ISABEL CARLA LAYME ALCON

26/08/2011

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ISABEL CARLA LAYME ALCON

26/08/2011

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19369 

176146026

FERNANDO LUNA SİLVA

16/09/2011

1.500

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SERVICIOS INTEGRADOS SRL

28/09/2011

3.360

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28/09/2011

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CONSULTORES EN COMERCIO EXTERIOR SRL

07/10/2011

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CONSTRUCTORA DULUAN

19/10/2011

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CONSULTORES EN COMERCIO EXTERIOR SRL | 25/10/2011

2.310

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THELMA PATRICIA HERRERA GUTIRREZ

27/10/2011

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CONSULTORES EN COMERCIO EXTERIOR SRL

04/11/2011

1.867

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CONSULTORES EN COMERCIO EXTERIOR SRL

04/11/2011

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STEPHAN E CIA S.A. 

19/12/2011

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STEPHAN E CIA S.A.

20/12/2011 1.533

1.533 a, b,lin FUENTE: Resolución Determinativa N° 171929000721 – DETALLE NOTAS FISCALES OBSERVADAS – Fjs 1879-1881 de Ant. Adm.

Es necesario aclarar que las notas fiscales detalladas en el cuadro anterior fueron observadas debido a que estas no cuentan con un medio de pago fidedigno o certificación emitida por el proveedor, documentos contables y otros que aseguren la realización del gasto, observadas por la Administración Tributaria según los literales: “d”-“f”-“g”-“1”-“m”-“n”-“z”; no obstante, presentan además otros conceptos de depuración u observación relacionados a que la factura, no fue autorizada o dosificada por la Administración Tributaria, no fue emitida por el proveedor y que el gasto no esté vinculado con la actividad gravada dels recurrente.

De la compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que las facturas emitidas por los respectivos proveedores Nros. 342, 344, 346 y 347 de Ramiro Enrique Zaconeta Escobar; 71 de Guido Walter Maldonado Ruiz; 119 de Rhury Alexis Rivera Arévalo; 1026 de Harold Tito Choque; 1764 de Freddy Fernando Torrez Márquez; 2063 y 2059 de QUIMI-CAL; 12068 de Ángel Eduardo Blanco Balboa; 123 de ODONTO TEC; 5089 de Humberto Gutiérrez Ibáñez; 29078 de Gonzalo Uscamaita; 10579 de Marcela Salazar Iturri Morales; 14023 de Gladyz Quispe; 50 de Isabel Carla Layme Alcón; 1107 de CCX SRL; 7 de Constructora Duluan y 1010 de Stephan & Cia SA, que cursan en fojas 42, 52, 58, 59, 74, 98, 251, 253, 255, 259, 264, 283, 338, 353, 357, 386, 402, 484, 498 y 608 de antecedentes administrativos, si bien están emitidas a

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

nombre y al NIT de la empresa recurrente, presentando la correspondiente nota fiscal; sin embargo, no adjuntó ningún otro documento financiero o contable que avale la transacción realizada.

Las facturas emitidas por los respectivos proveedores Nros. 71, 75 de Guido Walter – Maldonado Ruiz; 121 de Rhury Alexis Rivera Arévalo; 233, 235 de Marco Antonio Bacarreza Savatier; 214 de Guido Walter Maldonado Ruiz; 109, 111 de María de la Asunción Zea O Phelan; 18 y 19 de Juan José Colque Vinaya; 234 de Rhury Alexis Rivera Arévalo; 301 de Enrique Landivar Cabruja; 517 y 516 de Mariana Emma Quisbert Alanoca y 272 de Thelma Patricia Herrera Gutiérrez, que cursan en fojas 74, 85, 101, 107, 116, 194, 200, 208, 210, 234, 244, 361, 365, 377 y 510 de antecedentes administrativos, presentó las notas fiscales y recibos de caja, los cuales si bien cuentan con un sello del contribuyente que se computó el crédito fiscal; no obstante, no se verifica ni identifica al beneficiario del pago o del proveedor, aspecto por el que no es un documento idóneo que pruebe que la transacción se realizó efectivamente o bien solo presenta las respectivas facturas.

Respecto a lo antes detallado y conforme los papeles de trabajo elaborados al efecto, la Administración Tributaria observó que las facturas declaradas por el recurrente no cuentan con la documentación que acredite la respectiva realización de la transacción, en razón que el contribuyente no presentó el respaldo del medio de pago de las facturas observadas de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2011; incumpliendo el artículo 70 numerales 4 y 5 de la Ley 2492, que dispone que es obligación de los sujetos pasivos, el respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos ylo instrumentos públicos y demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos, así como demostrar la procedencia de los créditos impositivos que considere le correspondan, pudiendo respaldar sus transacciones mediante registros contables, contratos y otra documentación pública o privada que justifique y demuestre la compra de bienes y servicios.

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Calidad 

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Es necesario puntualizar que las facturas que presentan como observación la literal z Nota Fiscal no cuenta con medio fehaciente de pago o certificación emitida por el 

Juan farlos le Guzmán Ruiz VEVOB

NB/ISO 

9001 IBNORCA 

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Sistema de Gestión 

de la callad CertificadoN771/1

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973 • www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

.

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IN

proveedor; presentan importes en compras superiores a Bs50.000.-, fue sustentada con el artículo 20 de la Ley 062 y la disposición final cuarta del DS 772, que establecen un monto mínimo de Bs50.000.- a partir del cual todo pago por transacciones de compra y venta de bienes y servicios, debe estar debidamente respaldado con un documento que debe ser emitido por una entidad de intermediación financiera que esté regulada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, aspecto que no se cumplió por el ahora recurrente, toda vez que no se evidencia en antecedentes administrativos el respaldo de las compras con lo establecido en la normativa antes

citada.

Ahora bien, la apropiación del crédito fiscal depende del cumplimiento de requisitos sustanciales y formales que permitan establecer la existencia del hecho imponible y que la Administración Tributaria pueda considerarlos como válidos para fines fiscales… En efecto, toda compra reflejada en una factura o nota fiscal debe contar con respaldo suficiente para demostrar que las transacciones fueron efectivamente realizadas, siendo esencial recordar que las facturas o notas fiscales, carecen de validez por si mismas para el cómputo del crédito fiscal, sino hasta cuando se verifique el cumplimiento estricto de los requisitos necesarios para la validez y autenticidad de su contenido, debidamente respaldado conforme a lo dispuesto por las leyes y los reglamentos específicos, de manera tal que no exista duda alguna que la operación que originó la emisión de la factura haya sido efectivamente consumada..

En el presente caso, se tiene que el contribuyente ante el requerimiento efectuado con la Orden de Verificación N° 0014OVE002564, presentó conjuntamente a las facturas anteriormente detalladas, las fotocopias de recibos de caja con el logo de la Universidad Privada Franz Tamayo S.A., documentos que si bien detallan el número de factura, el nombre del proveedor y el importe; sin embargo, pese a lo manifestado por el recurrente en sentido de que las compras. las había realizado en efectivo, vale decir sin la intervención de entidad financiera, los recibos de caja antes mencionados, por sí solos no acreditan el pago al proveedor, puesto que solo exponen un detalle de la transacción, cuyos datos se extractan de la factura, más no identifica al proveedor; no presentó los comprobantes contables que evidencien que las transacciones observadas forman parte de la contabilidad de la Universidad u otro documento como kárdex de inventarios de entrada y salida de mercadería, Libros Mayores y el estado

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7

(AIT

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

de la cuenta de inventarios (periódico o perpetuo), Estados Financieros, medios fehacientes de pago para las compras mayores a Bs50.000.- u otra documentación que respalde las compras realizadas. En ese marco de análisis, solo los recibos de caja presentados no son documentos idóneos y no avalan la transacción realizada con el proveedoro beneficiario.

Por las consideraciones mencionadas, corresponde confirmar la depuración del crédito fiscal de las notas fiscales observadas con las literales “P”-“g”-“J”-“m”-“n” de conformidad a lo establecido en los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley 2492, así como también corresponde confirmar la depuración del crédito fiscal de las notas fiscales observadas con la literal “z” en cumplimiento al artículo 20 de la Ley 062 y la Disposición Final Cuarta del DS 772

  • Facturas que no fueron emitidas por el proveedor, incisos “b”-“c”-“d”-“s”

“x”-y” Oscar Agreda Nogales en representación legal de la Universidad Privada Franz Tamayo SA, en su Recurso de Alzada manifiesta que en el expediente no consta documentación que acredite que el registro del proveedor es el correcto, correspondía a la Administración Tributaria explique exactamente porque asume que los proveedores no han emitido la factura observada y justifique porqué presume que es el proveedor que registró correctamente la venta.

La Administración Tributaria en respuesta al Recurso de Alzada manifiesta que el

recurrente no demostró que las transacciones hubiesen sido efectivamente realizadas para una apropiación legítima del crédito fiscal IVA, habiéndose evidenciado que las notas fiscales, no fueron reportadas como ventas por los proveedores o se encuentran duplicadas, por tanto, no cumplen con los requisitos necesarios para su reconocimiento, siendo la obligación del contribuyente conforme el artículo 76 de la Ley 2492, probar los hechos en que se sustenta el derecho al crédito fiscal que

atao ISO 900

Calida

AFNOR CERTIFICATION 

reclama; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

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MANAGER 

te Velez Dorado

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De acuerdo al cuadro de “Detalle Notas Fiscales Observadas” consignado en las páginas 2-5 del acto impugnado a fojas 1879-1882 de antecedentes administrativos, la

Administración Tributaria depuro con las literales: “bNota Fiscal no emitida por el Carlos He Guzmán Ruiz

NB/ISO Ve v Bo

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IBNORCA justicia tributaria para vivir bien

Página 47 de 60 Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973 www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

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Sistema de Gestión 

de la calidad Certificado N 771/1

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,

APLYEL

proveedor a favor del contribuyente, “c” Nota Fiscal duplicada, factura fue registrada por el contribuyente y por otro informante, “s” Proveedor registra la factura por un importe menor o y” Factura registrada como anulada en el Libro de Ventas, el crédito fiscal de las facturas observadas por que no fueron emitidas por sus proveedores, son las cuales se detallan a continuación:

IMPORTES 

IMPORTER IMPO

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PROVEEDOR 

* FACTURA | PROVEEDOR I 

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RAMIRO ENRIQUE ZACONETA ESCOBAR

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RAMIRO ENRIQUE ZACONETA ESCOBAR

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RAMIRO ENRIQUE ZACONETA ESCOBAR

11/01/2011

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RHURY ALEXIS RIVERA AREVALO

13/01/2011

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RAMIRO ENRIQUE ZACONETA ESCOBAR

14/01/2011

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FREDDY FERNANDO TORREZ MARQUEZ

14/01/2011

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FREDDY FERNANDO TORREZ MARQUEZ

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RHURY ALEXIS RIVERA AREVALO

17/01/2011

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FREDDY FERNANDO TORREZ MARQUEZ

17/01/2011

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FREDDY FERNANDO TORREZ MARQUEZ

17/01/2011

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FREDDY FERNANDO TORREZ MARQUEZ

25/01/2011

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07/02/2011

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RHURY ALEXIS RIVERA AREVALO

18/02/2011

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FREDDY FERNANDO TORREZ MARQUEZ

28/02/2011

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174556021

DIPROM SRL

03/03/2011

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JUAN MARCELO APAZA MAMANI

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JUAN MARCELO APAZA MAMANI

10/03/2011

1.800

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FREDDY FERNANDO TORREZ MARQUEZ

10/03/2011

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23/03/2011

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MARCO ANTONIO BACARREZA SAVATIER 

01/04/2011

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MARCO ANTONIO BACARREZA SAVATIER

04/04/2011

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174556021

DIPROM SRL

04/04/2011

7.000

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HAROLD TITO CHOQUE

12/04/2011

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HAROLD TITO CHOQUE

12/04/2011

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FREDDY FERNANDO TORREZ MARQUEZ

12/04/2011

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12/04/2011

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I

FREDDY FERNANDO TORREZ MARQUEZ

12/04/2011

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12/04/2011

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HAROLD TITO CHOQUE ANGEL EDUARDO BLANCO BALBOA

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28/04/2011

5.065

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GLORIA RUTH CRUZ CASTRO

28/04/2011

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

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29/04/2011

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DIPROM SRL

05/05/2011

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HAROLD TITO CHOQUE

10/05/2011

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HAROLD TITO CHOQUE

10/05/2011

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JUAN MARCELO APAZA MAMANI

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– 11/05/2011 11/05/2011

3407

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JUAN MARCELO APAZA MAMANI

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3405

4950574016

JUAN MARCELO APAZA MAMANI

11/05/2011 

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JUAN MARCELO APAZA MAMANI

11/05/2011

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GONZALO JOAQUIN MATINEZ TERRADAS 

23/05/2011

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GONZALO JOAQUIN MATINEZ TERRADAS

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174556021

DIPROM SRL

30/05/2011

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JUAN MARCELO APAZA MAMANI

31/05/2011

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JUAN MARCELO APAZA MAMANI

31/05/2011

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JUAN MARCELO APAZA MAMANI

31/05/2011

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JUAN MARCELO APAZA MAMANI

02/06/2011

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JUAN MARCELO APAZA MAMANI

02/06/2011

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JUAN MARCELO APAZA MAMANI 

02/06/2011,

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JUAN MARCELO APAZA MAMANI

02/06/2011

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JUAN MARCELO APAZA MAMANI

02/06/2011

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HUMBERTO GUTIERREZ IBAEZ

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DIPROM SRL

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GONZALO USCAMAITA MORALES

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a, b,1,n

300

174556021

DIPROM SRL

7.000

1a, d

07/07/2011 11/07/2011

7.000 3.500

1348

122441029 

CONSULTORES EN COMERCIO EXTERIOR

3.500

a, d.

1350

122441029 

CONSULTORES EN COMERCIO EXTERIOR

13/07/2011 

1.800

1.800

Ja, d

1349 

122441029

CONSULTORES EN COMERCIO EXTERIOR

13/07/2011

1.200

.200

I ad

1358

122441029

CONSULTORES EN COMERCIO EXTERIOR

18/07/2011

2.500

2.500

a, d 

1287 

667489013

ERNESTO NAVA COCA 

25/07/2011

1.008

1.008

a, det

1277 

667489013

  • ERNESTO NAVA COCA 

25/07/2011 

1.152

1.152

a, det

14023

133243027

GLADYS M. QUISPE C.

29/07/2011 

1.084 

1.084

b, i, m, n

afao 

34

321619019

MARIA OLGA QUIROGA SOLIZ

01/08/2011

46.900

46.900

C, d, i

ISO 9001 

Calidad AFNOR CERTIFICATION 

COOP

453

3083097019

LUIS FERNANDO CLAURE IPORRE

10/08/2011

2.000

2.000

PUGHA 

o, d

0, d

4533

3083097019

LUIS FERNANDO CLAURE IPORRE

10/08/2011

2.000

2.000

& Tie 

CE

906 

lot Dorado )

2309134018

DISTRIBUIDORA BIS BOLIVIA

31/08/2011

7.800

7.800

d, i 

S

Vogo

MANAGEMENT 

2375 

4950574016

DUAN MARCELO APAZA MAMANI

08/09/2011

7.000

7.000

WESIS 

MENTS 

a, c, d 0,0

4173 

3083097019

LUIS FERNANDO CLAURE IPORRE

09/09/2011

2.000

2.000

4172 

3083097019

LUIS FERNANDO CLAURE IPORRE

09/09/2011

2.000

2.000

0,0

VW 

TE 

2018 Do 

X

1028291028 

1028291028

SYNERGY LTDA.

19/09/2011

Juan Carlos Guzmán Ruiz

11.130

11.130

i, d

Way bra 

NB/ISO 

9001 IBNORCA) 

Página 49 de 60

Sistema de Gest

de la Caldad Certificado No771/14 

..

.

.. 

….. 

.. 

justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasag kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

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.

S

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..

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2

PROVEEDOR |

PROVEEDORES

FECHA

OBS. 

FACORTE ACTUR

OBSERVADO 

RUE

$9.

:

1391 

667489013

  • ERNESTO NAVA COCA

21/09/2011

1.896

1.896 

a, d, t

59 

9127601014

ISABEL CARLA LAYME ALCON

30/09/2011

1.100

1.100

C, d

717 

6107794013 

ISRRAEL ANTONIO GUERRA ARGANDOA

03/10/2011

7.000

7.000

a, c, d

1404

667489013

ERNESTO NAVA COCA

10/10/2011

1.195

1.195

a, d, t

1400

667489013

ERNESTO NAVA COCA

10/10/2011

2.196 

2.196

a, det

4249 

3083097019

LUIS FERNANDO CLAURE IPORRE

12/10/2011

2.000

2.000

0,

4248 

3083097019

LUIS FERNANDO CLAURE IPORRE

12/10/2011

2.000

2.000

726 

6107794013 

ISRRAEL ANTONIO GUERRA ARGANDOA

03/11/2011

7.000

7.000

1476 

122441029

CONSULTORES EN COMERCIO EXTERIOR SRL

04/11/2011

2.000

2.000

a, d

.

1417 

122441029

CONSULTORES EN COMERCIO EXTERIOR SRL

04/11/2011

2.000

2.000

a, d

1398

667489013

ERNESTO NAVA COC

15/11/2011

1.656

1.656 

a, d, t

729 

6107794013

ISRRAEL ANTONIO GUERRA ARGANDOA

05/12/2011

7.000

7.000

a, d

1442 

667489013

ERNESTO NAVA COCA

09/12/2011

1.008

1.008

a, det

1432

66748901

ERNESTO NAVA COCA

09/12/2011

2.232

2.232

a, d, t

1443 

667489013

ERNESTO NAVA COCA

12/12/2011 

1.440 

1.440 

Ja, det

2500

4950574016

JUAN MARCELO APAZA MAMANI.

16/12/2011 

7.000

7.000

ad

1017

1006855027

STEPHAN & CIA S.A.

19/12/2011

1.299

1.299 

a, b, d

1008

1006855027

STEPHAN E CIA S.A. 

19/12/2011

4.000

4.000

a, b, n

1005

1006855027

STEPHAN E CIA S.A.

19/12/2011

2.000

2.000

a, b, d

1003

1006855027

STEPHAN E CIA S.A. 

19/12/2011

2.000

2.000

a, b, d

1002

1006855027

STEPHAN E CIA S.A.

19/12/2011

2.000

2.000

a, b, d

1012 

1006855027

STEPHAN E CIA S.A.

20/12/2011

3.200

3.200

a, b, d

1010 1006855027

STEPHAN E CIA S.A. 

20/12/2011 1.533

1.533 a, b, I, n FUENTE: Resolución Determinativa N° 171929000721 – DETALLE NOTAS FISCALES OBSERVADAS – Fjs 1879-1881 de Ant. Adm.

Es necesario aclarar que las notas fiscales detalladas en el cuadro anterior fueron observadas debido a que estas no fueron emitidas por el proveedor, observadas por la Administración Tributaria según los literales: “b”, “c“, “d”; no obstante, presentan otros conceptos de depuración u observación relacionados a que la factura no fue autorizada o dosificada por la Administración Tributaria, no presenta medios de pago y que el

gasto no esté vinculado con la actividad gravada del recurrente.

En ese contexto, de la compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que las facturas emitidas por los respectivos proveedores Nros. 2136, 3438, 3437, 3410, 3407, 3405, 3402, 3424, 3422, 3420, 3425, 3421, 3416, 3415, 3414, 2375 y 2500 de Juan Marcelo Apaza Mamani; 342, 344, 346 y 347 de Ramiro Enrique Zaconeta Escobar; 119, 121 y 165 de Rhury Alexis Rivera Arévalo; 1382, 1366, 1434, 1431, 1385, 1745,

.

Página 50 de 60

I

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

1751, 1752, 1750 y 1749 de Freddy Fernando Torrez Márquez; 3881 de Olga Lourdes Peralta Arana; 45809 de San Carlo Ltda.; 110, 125, 132, 251, 253 y 300 de DIPROM SRL; 12995 de CONCRETEC; 233 y 235 de Marco Antonio Bacarreza Savatier; 1010, 1009, 1005, 1033 y 1032 de Harold Tito Choque; 2084 de Gloria Ruth Cruz Castro; 318 y 315 de Gonzalo Joaquín Tapia Matinez Terradas; 1236, 1287, 1277, 1391, 1404,” 1400, 1442, 1432 y 1443 de Ernesto Nava Coca; 322 de Miguel Ángel Cossío Velásquez; 1348, 1350, 1349 y 1358 de Consultores e Comercio Exterior; 14023 de Gladys Quispe; 34 de María Olga Quiroga Soliz; 4534, 4533, 4193, 4173, 4172, 4193, 4173, 4172, 4249 y 4248 de Luis Fernando Claure Iporre; 906 de Amparo Linares Cardozo; 9898 de SYNERGY LTDA; 59 de Isabel Carla Layme Alarcón; 717 y 726 de Isrrael Antonio Guerra y 1017, 1008, 1005, 1003, 1002 y 1012 Stephane & Cia SA, que cursan en fojas 33, 42, 52, 58, 59, 70, 73, 98, 99, 100, 101, 122, 123, 126, 174, 179, 180, 183, 184, 185, 191, 200, 210, 215, 224, 227, 228, 229, 230, 231, 268, 288, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 305, 309, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319 320, 328, 332, 342, 371, 372, 375, 376, 381, 382, 384, 386, 390, 394, 397, 423, 434, 436, 438, 439, 447, 455, 468, 476, 487, 489, 496, 497, 525, 591, 593, 596, 598, 602, 604, 605, 606, 607 y 608 de antecedentes administrativos, si bien las facturas antes mencionadas se encuentran emitidas a nombre y al NIT del recurrente, no presentó

otros documentos que efectivamente avalen la transacción realizada.

Asimismo, se advierte que la Administración Tributaria cuando corresponde respalda la depuración de las facturas con las literales mencionadas, con los reportes extraídos del SIRAT referidos a: facturas declaradas como Compras Reportadas por sus Clientes, a las Ventas Reportadas por el. Proveedor y Declaraciones Juradas de los Proveedores, de los cuales el ente fiscal evidenció que las notas fiscales fueron declaradas en forma duplicada por distintos compradores y por diferentes importes, así como los proveedores no emitieron las facturas al ahora recurrente o en definitiva se encuentra sin movimiento; en cambio el sujeto pasivo no presentó documentación que respalde la efectiva realización de las transacciones con los referidos proveedores, pese a que tuvo su oportunidad de hacerlo, cuando le notificaron la vista de Cargo No 291729000416 (CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVINC/00337/2017) de 26 de diciembre de 2017, de acuerdo a lo establecido en el artículo 98 de la Ley 2492, no presentó ningún descargo que desvirtúe las observaciones realizadas por el ente Fiscal, además, no presentó documentación o prueba idónea al efecto, según lo establece el artículo 76

afao ISO 900

Calidad 

AFNOR CERTIFICATIONS 

RT 

MANAGEW 

– WEISUS 

y

  1. Juan Carlos

Guzmán Ruiz

PLAST

NB/ISO 

9001 IBNORCA 

Página 51 de 60

Sistema de Gestión 

de la Caldad Certificador 71/14 

JES:

53

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.

WCASEY.

.

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PR 

:1 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní)

Calle Arturo Borda. No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo.La Paz, Bolivia

4-

A

-.

.

.

—-

de la Ley 2492; en ese sentido, conforme lo señalado, corresponde mantener la depuración del crédito fiscal de las facturas observadas detalladas en el cuadro precedente.

Con relación a las observaciones con las literales “s”, “x” e “y” se debe señalar que fueron descargadas por la Administración Tributaria y que no generan reparo alguno conforme la Resolución Determinativa impugnada, no siendo necesario realizar ningún análisis sobre estas observaciones.

(+

  • Facturas depuradas por no estar vinculadas, incisos “j”-“4” El recurrente en su Recurso de Alzada señala que las compras corresponden a la adquisición de materiales de construcción en los edificios de la Universidad, los cuales son gastos vinculados, puesto que sin infraestructura es imposible desarrollar su. actividad, correspondía que el Ente Fiscal explique porque las construcciones son consideradas como gastos no vinculados, de igual modo los gastos de hospedaje, característicos de las actividades empresariales. Los pagos parciales fueron realizados con Caja, registrados en los comprobantes Contables y Recibos de recepción del pago por parte de los proveedores.

La Administración Tributaria en respuesta al Recurso de Alzada manifiesta que uno de los requisitos para la apropiación del crédito fiscal IVA, es que la compra o gasto se encuentre vinculado a la actividad gravada, en ese sentido, la factura observada por la cual no se acreditó la vinculación con la empresa, el contribuyente no presentó documentación suficiente que demuestre la vinculación con su actividad gravada, además no se encuentra respaldada con medios de pago verificables; al respecto se

tiene: 

El artículo 8 de la Ley 843, con relación al crédito fiscal señala: Del impuesto determinado por la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los responsables restan: a) El importe que resulte de aplicar la alicuota establecida en el artículo 15 sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo del crédito 

Página 52 de 60

AUTORIDAD DE . IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. b) El importe que resulte de aplicar la alicuota establecida a los montos de los descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto de los precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el periodo fiscal que se liquida. 

El artículo 8 del DS 21530, establece: El crédito fiscal computable a que se refiere el artículo 8 inciso a) de la Ley 843, es aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo. A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anterior los contribuyentes aplicarán la alicuota establecida en el artículo 15 de la ley 843 sobre el monto facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado por el gravamen. Si un contribuyente inscrito destinase bienes, obras, locaciones o prestaciones gravadas para donaciones o entregas a título gratuito, dado que estas operaciones no ocasionan débito fiscal el contribuyente deberá reintegrar en el periodo fiscal en que tal hecho ocurra, los créditos fiscales que hubiese computado por los bienes, servicios, locaciones o prestaciones, empleados en la obtención de los bienes, obras, locaciones o prestaciones donadas o cedidas a título gratuito. 

A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, el monto del crédito a reintegrar será actualizado sobre la base de la variación de la cotización oficial del dólar estadounidense con relación al boliviano, producida entre el último día hábil del mes anterior al que el crédito fue computado y el último día hábil del mes anterior al que corresponda su reintegro. Lo dispuesto en el inciso b) del artículo 8 de la Ley 843 procederá en el caso de descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones respecto de operaciones que hubieran dado lugar al cómputo del débito fiscal previsto en el artículo 7 de la Ley. Los créditos fiscales de un determinado mes no podrán ser compensados con débitos fiscales de meses anteriores. 

afaq 

ISO 900

Calida

AFKOR CERTIFICATIO

ELE

KOS

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MANAGER

SYSTEM 

CMEN

e Guzman Ruiz

NB/ISO 

9001 IBNORCA 

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S Juan Carlos A

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V STU V Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)

Sistemade Gestión 

de la Caldad Certificado N°771/14 

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….

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Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.:(591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

ITU

HET IL TUTT

De acuerdo al cuadro de “Detalle Notas Fiscales Observadas” consignado en las páginas 2-5 del acto impugnado, a fojas 1879-1882 de antecedentes administrativos, la Administración Tributaria depuró con las literales: “” El contribuyente no demostró que la compra esté relacionada con la actividad gravada y “t” El contribuyente presentó planilla de Honorarios, en la que no figura el nombre del proveedor del servicio, el crédito fiscal de las facturas observadas debido a que las mismas, no se encuentran vinculadas con la actividad gravada, son las cuales se detallan a continuación:

No FACTURA 

NITO PROVEEDOR 

PROVEEDOR

M

MORE IMPORTE FACTURA 

IMPORTE 

FINAL OBSERVADO 

OBS 

342 

335059012

RAMIRO ENRIQUE ZACONETA ESCOBAR

03/01/2011

50.540

50.540

b, d, i, z

344 

335059012

RAMIRO ENRIQUE ZACONETA ESCOBAR 

06/01/2011

52.935

52.935 

b, d, i, z

346

‘335059012

RAMIRO ENRIQUE ZACONETA ESCOBAR

11/01/2011

57.750 

57.750

b, d, i, z

-2306912015

GUDO WALTER MALDONADO RUIZ

14/01/2011

95.400

95.400

g, f,i, z

71 347

335059012

RAMIRO ENRIQUE ZACONETA ESCOBAR

14/01/2011

58.594 

58.594 

b, d, i, z

  1. 75

2306912015

GUDO WALTER MALDONADO RUIZ

18/01/2011

93.740

93.740 

g, F, I, z

45809

1017079029

SAN CARLO LTDA.

07/02/2011

1.360

.

1.360

a, b, b, i

12995

1025421023 

CONCRETEC

23/03/2011

2.295 

2.295

di 

123

4651838013

ODONTO TEC

05/05/2011

7.000

7.000

318 

2880515011

GONZALO JOAQUIN MATINEZ TERRADAS

23/05/2011

1.296

|

1.296

a, det

315

2880515011

GONZALO JOAQUIN MATINEZ TERRADAS

23/05/2011

1.2601

1.260

a, d, t

1236 

667489013

ERNESTO NAVA COCA

09/06/2011

1.152

1.152

a, d, t

322

5150517016

MIGUEL ANGEL COSSIO VELASQUEZ

16/06/2011

1.281

1.281 

a, d, t

214

2306912015

GUIDO WALTER MALDONADO RUIZ

18/07/2011

25.592

25.592 

f, g, i

1287

667489013

ERNESTO NAVA COC

25/07/2011

1.008

1.008

a, det

1277

667489013

ERNESTO NAVA COCA

25/07/2011

1.152

1.152

a, d, t

14023 

13324302

GLADYS M. QUISPE C.

29/07/2011

1.084 

1.084 

b, i, m. n

34 

MARIA OLGA QUIROGA SOLIZ

01/08/2011

46.900

46.900

c, d, i

13995

967982014 

PAULISTANIA CASABLANCA HOTEL

18/08/2011

1,557 

1.557 

80

9127601014

.

ISABEL CARLA LAYME ALCON

26/08/2011

1.700

1.700

i, m, n

906

2309134018

DISTRIBUIDORA BİS BOLIVIA

31/08/2011

7.800

7.800

di

19369

176146026

FERNANDO LUNA SILVA ..

16/09/2011

1.500

1.500

Til, n, i

10282910281

1028291028

SYNERGY LTDA.

19/09/2011

11.130

11.130

i

1391

667489013

ERNESTO NAVA COCA

21/09/2011

1.896

1.896 

a, d, t

1404 

667489013

ERNESTO NAVA COCA

10/10/2011

1.195 

1.195

a, det

1400

667489013

ERNESTO NAVA COCA 

10/10/2011

2.196 

2.196 

a, dit 

3878074019

CONSTRUCTORA DULUAN

19/10/2011

1.908

1.908

Lig

1398 

667489013

ERNESTO NAVA COCA

15/11/2011

1.656

1.656 

a, dit 

1442 

667489013 

ERNESTO NAVA COCA 

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ERNESTO NAVA COCA

12/12/2011 1.440 L 1.440 a , det FUENTE: Resolución Determinativa N° 171929000721 – DETALLE NOTAS FISCALES OBSERVADAS – Fis 1879-1881 de Ant. Adm.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

Es necesario aclarar que las notas fiscales detalladas en el cuadro anterior fueron observadas debido a que estas no estarían vinculadas a la actividad gravada del contribuyente según los literales “” y “t”; no obstante, presentan otros conceptos de depuración u observación.

En ese contexto, de la compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que las facturas emitidas por los respectivos proveedores Nros. 342, 344, 346, 347 de Ramiro Enrique Zaconeta Escobar; 71, 75 de Guido Walter Maldonado Ruiz, 45809 de San Carlo Ltda,; 12995 de CONCRETEC; 123 de Odonto Tec; 318, 315 de Gonzalo Joaquín Tapia Martínez Terradas; 1236, 1287, 1277, 1391, 1404, 1400, 1398, 1442, 1432, 1443 de Ernesto Nava Coca; 322 de Miguel Ángel Cossío Velásquez; 214 de Guido Walter Maldonado Ruiz, 14023 de Gladys Quispé, 34 de María Olga Quiroga Soliz; 13995 de Nicolás Valdivia Almanza; 50 de Isabel Carla Layme Alcón; 906 de Amparo Linares Cardozo; 19369 de Fernando Luna Silva; 9898 de SYNERGY LTDA.; 7 de Constructora Duluan, que cursan en fojas 42, 52, 58, 74, 98, 116, 126, 191, 283, 305, 328, 332, 377, 382, 384, 386, 390, 398, 402, 423, 440 , 447, 455, 487, 489, 557, 591, 593 y 596 de antecedentes administrativos.

Respecto a las facturas antes detalladas y conforme a los papeles de trabajo elaborados al efecto, la Administración Tributaria observó que las facturas declaradas por el ahora recurrente no están vinculadas con la actividad gravada del contribuyente, asimismo, de la verificación de antecedentes se evidencia que el sujeto pasivo no presentó documentación adicional que desvirtúe la observación y que acredite la respectiva vinculación de los gastos observados por concepto de materiales de construcción, consultorías, medicamentos, insumos médicos, hospedaje y otros; incumpliendo el artículo 70 numerales 4 y 5 de la Ley 2492, que dispone que es obligación de los sujetos pasivos, el respaldar las actividades y operaciones gravadas,

mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos y demostrar la procedencia y cuantía de

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los créditos impositivos, así como demostrar la procedencia de los créditos impositivos que considere le correspondan.

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Es pertinente mencionar que dichos gastos deben respaldarse documentalmente para considerarse gastos vinculados; en este sentido, conforme el artículo 76 de la Ley

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) . Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Väe (Guaraní)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

2492, es obligación del sujeto pasivo probar los hechos consecutivos de sus derechos; por consiguiente, correspondía al recurrente demostrar la vinculación de los gastos por construcción con contratos, planillas de avance de obra, registros contables. Estados Financieros, entre otros, que acrediten que la construcción será destinada al desarrollo de las actividades propias de la Universidad. Asimismo, se debe mencionar que la sola presentación de la nota fiscal, como aconteció en el presente caso, no acredita la vinculación del gasto con el giro de las actividades del sujeto pasivo; en tal sentido, corresponde confirmar la depuración del crédito fiscal observada con los incisos “i” y “4”, en aplicación del artículo 8 de la Ley 843 y artículo 8 del DS 21530.

IV.1.3. Cálculo de intereses El recurrente manifiesta que las nulidades declaradas por las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0623/2017 y 2457/2018, ambas aceptadas por la Administración Tributaria al no impugnarlas, son de plena responsabilidad del Fisco, por ello, la actual Resolución Determinativa contraviene lo previsto en el artículo 99 de la Ley 2492, al determinar intereses improcedentes. La Vista de Cargo N° 32-0088-2016 (anulada) de 17 de junio de 2016, fue notificada el 6 de julio de 2016, es decir, el plazo para presentación de descargos fue hasta el 5 de agosto de 2016 y los 60 días para la emisión y notificación de la Resolución Determinativa fue hasta el 5 de octubre de 2016, fecha desde la cual ya no corren intereses, debido a que la primera Resolución Determinativa 17-0712-2016 no cuenta, al haber sido anulada no tiene ningún valor legal y mucho menos efectos jurídicos, en ese sentido, el actual acto impugnado contiene en exceso el cálculo de intereses contados desde el 5 de octubre de 2016 hasta el 19 de junio de 2019, que representa más de dos años y ocho meses sobre los cuales no corresponde calcular intereses.

La Administración Tributaria al respecto señala que el artículo 47 de la Ley 2492,

establece que la deuda tributaria, está compuesta por el tributo omitido expresado en

  • UFV, más intereses que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para

el cumplimiento de la obligación tributaria; asimismo, establece que la deuda tributaria expresada en UFV, al momento del pago deberá ser convertida en moneda nacional, utilizando la UFV de la fecha de pago, adicionalmente, la RND 10-0032-16 en sus artículos 6 y 7 establece que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa contendrán la liquidación del adeudo a la fecha de emisión de cada acto, por impuesto,

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periodo y/o gestión fiscal, en ese sentido, la liquidación expuesta en la Resolución Determinativa impugnada, fue realizada de acuerdo a lo establecido en la normativa antes citada, al tratarse de una deuda que a la fecha no fue pagada por el sujeto pasivo, por tanto el recurrente al no sustentar legalmente la supuesta nulidad, corresponde desestimar los argumentos del recurrente; al respecto se tiene los siguiente:

El artículo 99 de la Ley 2492, establece que: “). Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) dias y para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración Tributaria. En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

De la revisión de antecedentes se advierte que en cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0623/2017, que resolvió anular obrados hasta la Vista de Cargo inclusive; al efecto, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo No 291729000416 de 26 de diciembre de 2017, notificada mediante cédula el 29 de diciembre de 2017, posteriormente dictó la Resolución Determinativa No 171829000198 de 26 de marzo de 2018, notificada el 10 de abril de 2018, misma que fue impugnada mediante Recursos de Alzada y Jerárquico, disponiéndose la nulidad

de dicho acto definitivo por falta de valoración de descargos. En ese sentido, el Ente Fiscal emitió el 5 de junio de 2019 la Resolución Determinativa ahora impugnada, notificada el 19 de junio de 2019.

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Ahora bien, considerando el artículo 54 parágrafo I de la Ley 2341, aplicable supletoriamente en virtud del artículo 74 de la Ley 2492, que dispone: la revocación de un acto administrativo declarado nulo determina que sus efectos, se retrotraen al momento de la vigencia del acto revocado; en ese entendido, los intereses conforme dispone el artículo 99 parágrafo I de la Ley 2492, no deben ser cobrados desde el 22

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de marzo de 2018, fecha que debió emitirse la Resolución Determinativa hasta el 19

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de junio de 2019, fecha de notificación con el nuevo acto definitivo impugnado, aspecto

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Sistema de Gestión 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) . Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)

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que deberá ser considerado por la Administración Tributaria a momento de la liquidación final de la deuda tributaria.

IV.1.4. Sanción por omisión de pago El representante legal de la Universidad Privada Franz Tamayo SA, en su Recurso de Alzada manifiesta que, la calificación de su conducta como Omisión de Pago es incorrecta, toda vez que demostró que no existe ningún pago de menos del tributo. En el caso de sanciones, la ley aplicable es la vigente en el momento de la supuesta comisión del ilícito en el presente caso, la Ley 2492.

La Administración Tributaria sobre este punto señala que del comportamiento descrito y tomando en cuenta que el contribuyente no determinó sus impuestos en apego a la normativa, omitiendo el pago de tributos, se configuró el ilícito tipificado como contravención de omisión de pago según el artículo 165 de la Ley 2492, al respecto se realiza el siguiente análisis:

El artículo 165 de la Ley 2492 dispone: El que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria. 

Conforme el análisis efectuado precedentemente, se establece que el contribuyente declaró de manera incorrecta el Impuesto al Valor Agregado por lo periodos fiscales antes mencionados, constituyéndose esta en base imponible para la determinación con saldo a favor del Fisco, por lo tanto, en aplicación del artículo 165 de la Ley 2492, corresponde la sanción equivalente al 100% del tributo omitido actualizado; consecuentemente, corresponde confirmar la depuración de crédito fiscal de las facturas observadas por la Administración Tributaria. Es pertinente mencionar que el recurrente no impugnó la multa de 1.000 UFV’s por incumplimiento a deberes formales, no forma parte de la presente impugnación; en ese contexto, no corresponde emitir criterio alguno sobre este aspecto, debiendo confirmar dicha multa.

En el contexto precedentemente señalado, permite a esta Instancia Recursiva establecer las siguientes conclusiones: 1) La prescripción solicitada por el recurrente

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sobre la facultad de determinar adeudos e imposición de sanciones por parte de la

Administración Tributaria por los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2011, se encuentra incólume según lo establecen el artículos 59 y 60 de la Ley 2492 y sus modificaciones realizada con las Leyes 291, 317 y 812; 2) Las observaciones de la Administración Tributaria respecto a la depuración de crédito fiscal contenido en las facturas observadas en la Orden de Verificación, se confirman en aplicación de los artículos 70 numerales 4 y 5 de la Ley 2492, 8 de la Ley 843, 8 del DS 21530 y 41 parágrafos I y III de la RND 10-0016-07, artículo 20 de la Ley 062 y Disposición final cuarta del DS 772; 3) Respecto a los intereses calculados en exceso, desde el 22 de marzo de 2018, fecha en que debió dictarse la Resolución Determinativa hasta el 19 de junio de 2019, fecha de notificación del acto ahora impugnado, la Administración Tributaria, deberá efectuar la reliquidación de los intereses sin tomar en cuenta el periodo mencionado, de acuerdo lo establecido en el artículo 99 parágrafo 1 de la Ley 2492; y 4) La calificación de la conducta por Omisión de Pago, por el Impuesto al Valor Agregado por los periodos fiscales observados, conforme dispone el artículo 165 de la Ley 2492, se confirma.

Bajo el análisis legal descrito precedentemente, corresponde confirmar la Resolución Determinativa N° 171929000721 (SIN/GGLPZ/DFISVI/RD/00678/2019) de 5 de junio de 2019, manteniendo firme .y subsistente el tributo omitido por el Impuesto al Valor Agregado, más intereses y sanción por omisión de pago correspondiente a los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2011, así como la multa por incumplimiento de deberes formales de 1.000 UFV’s.

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS.

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RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 171929000721 (SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/00678/2019) de 5 de junio de 2019, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Universidad Privada Franz Tamayo S.A.; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido más intereses y sanción por omisión de pago con una multa del 100% del tributo omitido en aplicación del artículo 165 de la Ley 2492, respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), correspondiente a los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2011, así como la multa por incumplimiento a deberes formales de 1.000 UFV’s; debiendo la Administración Tributaria a momento de la liquidación final de la deuda tributaria considerar lo dispuesto por el artículo 99 parágrafo I, segundo párrafo de la Ley 2492.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad testing General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código

099 Tributario y sea con nota de atención.

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CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación.

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  1. Cecilia Velez Dorado Directorā Ejecutiva Regional

Direccion Ejecutiva Regional Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria – La Paz 

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