ARIT-LPZ-RA-1275-2019 Resolución Determinativa anulada. La Administración Tributaria no se pronunció en cuanto a la nulidad planteada y tampoco analiza los descargos presentados por la contribuyente, por lo tanto, el SIN debe emitir nuevo acto administrativo donde exponga la aceptación o rechazo de la solicitud de nulidad y valore fundadamente los descargos presentados.

ARIT-LPZ-RA-1275-2019

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1275/2019

Recurrente: 

Karina Elsye Solís Martínez 

Administración Recurrida: 

Gerencia Distrital La Paz Il del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Ranulfo Prieto Salinas

Acto Administrativo: 

Resolución Determinativa N° 171925000847 (SIN/GDLPZ 11/DJCC/TU/RD/00093/2019)

Expediente: 

ARIT-LPZ-0815/2019 

Lugar y Fecha: 

La Paz, 18 de noviembre de 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ No 1275/2019 de 15 de noviembre de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

  1. D.
  2. 1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Determinativa N° 171925000847 (SIN/GDLPZ 11/TJ/RD/00093/2019) de 26 de junio de 2019, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, determinó las obligaciones impositivas de la contribuyente Karina Elsye Solis de Colque, estableciendo sobre base cierta el tributo omitido de 128.150 UFV’s y más intereses y sanción por omisión de pago, por el IVA de los periodos fiscales enero a diciembre 2015, IT del periodo fiscal mayo 2015 y RC-IVA de los periodos fiscales marzo, junio, septiembre y diciembre 2015; y, sobre base presunta el monto de 52.290 UFV’s más intereses y sanción por omisión de pago, por el IVA e IT de los

periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2015 y RC-IVA de los periodos fiscales marzo, junio, septiembre y diciembre 2015; así como la multa de 1.500 UFV’s por incumplimiento a deberes formales.

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justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Väe (Guarani)

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  1. 11. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 1 Argumentos de la Recurrente Karina Elsye Solís de Colque, mediante notas presentadas el 29 de julio y 14 de agosto de 2019, cursantes a fojas 38-41 y 45 de obrados, presentó Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

La Administración Tributaria conforme a la Resolución de Recurso de Alzada ARIT LPZ/RA 0747/2017 de 10 de julio de 2017, emitió la Resolución Determinativa ahora impugnada; acto definitivo que en el párrafo tercero de la página 2 sostiene que se dio respuesta a la nulidad de obrados planteada por su persona el 5 de abril de 2016 y posteriormente el 19 de enero de 2017 con el Proveído SIN/GDLPZ IDF/SFVE/PROV/759/2016; sin embargo, el referido Proveído simplemente le da la razón, toda vez que no demuestra que se resolvió la nulidad planteada en las fechas mencionadas, limitándose simplemente a señalar que se trata de dos Requerimientos para verificar y fiscalizar la misma gestión 2015, a través de 2 procedimientos al mismo tiempo, aspecto que la misma Ley tributaria no permite.

Según la Administración Tributaria, la fiscalización que dio lugar a la Resolución Determinativa és la emergente del proceso de inteligencia fiscal; sin embargo, aclara que los antecedentes que dieron lugar a la emisión de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 0747/2017 de 10 de julio de 2017, demuestran que se trata de una misma gestión y de la existencia de 2 requerimientos de la Administración

Tributaria.

No se consideró que lo dispuesto por la Autoridad de Impugnación Tributaria es de cumplimiento obligatorio, toda vez que se trata de una Resolución que tiene carácter de firmeza, la cual resolvió anular la Resolución Determinativa, debiendo la Administración Tributaria emitir un nuevo acto administrativo definitivo cumplimento los requisitos esenciales previstos en el artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492 y de esa manera asuma una posición respecto a la nulidad invocada, así como a todos los descargos escritos y/o documentales oportunamente presentados; aspectos que no cumple la Resolución Determinativa ahora impugnada, lo que provoca la nulidad de obrados por incumplimiento de lo resuelto por la Resolución de Recurso de Alzada. La Administración Tributaria debe ejercer sus funciones en apego al principio de

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legalidad y no con actuaciones que contravienen el artículo 115 de la constitución Política del Estado Plurinacional que garantiza el derecho al debido proceso; cita al efecto las Sentencias Constitucionales Nos. 0114/2015-S de 23 de febrero de 2015 y 1224/2013 de 1 de agosto de 2013 y el artículo 68, numeral 2 de la Ley 2492

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución Determinativa N° 171925000847 (SIN/GDLPZII/DJCC TJ/RD/00093/2019) de 26 de junio de 2019.

11.2 Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Karina Elsye Solís de Colque, fue admitido por Auto de 19 de agosto de 2019, notificado personalmente a la recurrente el 22 de agosto de 2019 y por cédula a la Administración Tributaria el. 30. de agosto de 2019; fojas 46-51 de obrados.

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***

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria. La Gerencia Distrital La Paz Il del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Ranulfo Prieto Salinas, conforme la Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0618-16 de 1 de noviembre de 2016, por memorial presentado el 16 de septiembre de 2019, cúrsante a fojas 54-67 de obrados, respondió el Recurso de Alzada negativamente con los siguientes fundamentos:

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La fiscalización se realizó en aplicación de disposiciones tributarias vigentes, determinado sobre base cierta y base presunta sustentado en el análisis documental y la verificación realizada a la información obtenida por terceros, así como de la información proporcionada por el Banco Nacional de Bolivia, Servicio de Propiedad Intelectual (SENAPI) y de terceras personas, bajo la égida del respeto a los derechos, reglas principios y garantías fijadas por el orden jurídico nacional.

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En cumplimiento a la Resolución de Recurso de Alzada, de conformidad al artículo 25 de la Ley 2341 y a fin de evaluar los descargos de la contribuyente, mediante Auto Administrativo N°’391925000015 CITE: SIN/GDLPZ 11/DJCC/TJ/AUTA/000013/2019, se le solicitó la reposición de los descargos presentados el 20 de enero de 2017, con hoja de ruta No 801/2019, otorgando el plazo de 3 días hábiles poniendo en su

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conocimiento que no se pudieron encontrar sus descargos presentados ante la Vista, de Cargo; sin embargo no hubo respuesta favorable por parte de dicha contribuyente, demostrando con ello total falta de interés en la resolución del proceso de determinación llevada a cabo.

La contribuyente efectúa una interpretación antojadiza de la Resolución Determinativa ahora impugnada, al referir que en el párrafo 3 de la hoja 2 del mencionado acto administrativo, se habría dado respuesta a la nulidad de obrados planteada el 5 de abril de 2016; sin embargo, de la revisión de dicho acto se advierte que no es evidente dicha afirmación, menos se estableció que quedaron absueltas las citadas solicitudes con el proveido N° 24-1465-16 como refiere y entiende, toda vez que el 4 de agosto de 2016 presentó nota en la que señala que mediante Requerimiento F-4003 N° 0126912 de 5 de febrero de 2016, se inició un proceso de fiscalización por el mismo concepto y objeto, y que de acuerdo al Código Tributario no se puede realizar 2 procedimientos administrativos de igual indole y por los mismos periodos, razón por la cual no podrá cumplir con el Requerimiento N° de Orden 16990100075 F-4003, salvando su responsabilidad en lo previsto en el artículo 153, parágrafo I numeral 1 de la Ley 2492, toda vez que en sujeción a la Ley con carácter previo debe finalizar el primer procedimiento iniciado, nota que fue valorada y respondida mediante Proveído N° 24-1465-16de 12 de agosto de 2016.

Aclara à la contribuyente que la notificación con un Requerimiento no significa que necesariamentë sea fiscalizada, ya que para sustentar los procesos de verificación y fiscalización la Administración Tributaria tiene amplias facultades para solicitar

ación o documentación a los contribuyentes o agentes de información, sin que estos sea objeto de fiscalización, toda vez que como establece la norma, sólo con la notificación de una Orden de Verificación o Fiscalización se inicia el proceso de determinación. En este sentido, la notificación previa con el Requerimiento No 00126912 de 25 de febrero de 2016, fue realizada para establecer si efectivamente correspondía iniciar un proceso de fiscalización contra Karina Elsye Solís de Colque,

e ninguna manera puede interpretarse como inicio de un proceso de determinación, como mal interpreta la recurrente.

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Desde la notificación con la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ RA/0747/2017 de 10 de julio de 2017, la Administración Tributaria a efecto de dar cumplimiento a dicha Resolución, efectuó todas las acciones pertinentes para determinar la ubicación de los descargos presentados, sin haber tenido resultados favorables; en ese sentido, a fin de continuar con el proceso correspondiente se emitió el Auto Administrativo N° 391925000015 de 7 de mayo de 2019, disponiéndose la reposición de obrados, exigiendo a Karina Elsye Solís de Colque una copia de la nota o memorial presentado el 20 de enero de 2017 con Hoja de Ruta No 801/2017 junto con los descargos; empero, el sujeto pasivo presentó una nota el 15 de mayo de 2019, sin adjuntar los descargos solicitados; razón por la cual se debe considerar que es la propia contribuyente quien se puso en esta situación y ahora pretende entorpecer el. ejercicio de las facultades del Ente Fiscal buscando nulidades donde no existen.

La determinación de impuestos sobre base cierta y presunta se basó en la documentación e información cursånte en el expediente, en la información proporcionada por terceros informantes y la emergente de los sistemas informáticos con los que cuenta la Administración Tributaria, debiendo aclarar que la impetrante no proporcionó la documentación solicitada al efecto, conforme dispone el artículo 76 de la Ley 2492, cita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0025/2015, de 5 de

enero de 2015.

La Resolución Determinativa ahora impugnada fue emitida cumpliendo los requisitos establecidos por el artículo 99 de la Ley 2492 y la RD 10-0032-16 de 25 de noviembre de 2016, vale decir, consigna el lugar y fecha de la Resolución, razón social del sujeto pasivo, las especificaciones obre la deuda que se circunscriben básicamente al IVA, IT y RC-IVA de los periodos fiscales enero a diciembre 2015; cuenta con la debida fundamentación de hecho y derechos, la calificación de la conducta por omisión de pago, la sanción correspondiente, firma y cargo de la autoridad competente; por consiguiente se encuentra correctamente emitida.

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Con relación a la nulidad de la Resolución Determinativa N°171925000847. invocada por la recurrente, es preciso mencionar que desde un inicio hasta la conclusión del procedimiento determinativo conoció las actuaciones de la Administración Tributaria; por consiguiente, no se pueden considerar inválidos los actos administrativos emitidos,

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toda vez que no se le causó indefensión ya que tenía pleno conocimiento del proceso seguido en su contra y no aportó elementos que desvirtúen la deuda tributaria. La

determinación del IVA, IT y RC-IVA sobre base cierta y sobre base presunta se rigió

sobre toda la documentación cursante en antecedentes administrativos, habiendo realizado un trabajo acorde a los lineamientos legales establecidos, recayendo la carga de la prueba en el sujeto pasivo, a quien mediante Auto Administrativo se dio a conocer la inexistencia de los descargos presentados para que presente unas copia de los mismos y sean valorados conforme normativa legal en la Resolución Determinativa impugnada. En ese entendido, disponer la nulidad del citado acto definitivo no incidiría en la determinación de la deuda tributaria, puesto que se llegaría a los mismos resultados, cita al efecto la Sentencia Constitucional N° 262/2004-R, por. otra parte para que exista nulidad del acto administrativo debe haber una infracción a la norma que dé lugar a la nulidad o que exista vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso, lo que no sucedió en el presente caso.

Solita se aplique la teoría del acto consentido, que implica que al habérsele requerido información a la contribuyente y ésta no haberla proporcionado, implícitamente está consintiendo que el Servicio de Impuestos Nacionales continúe con la determinación sobre base cierta y sobre base presunta considerando la documentación obtenida hasta ese momento; sin posibilidad de que posteriormente pueda plantear acción constitucional alguna. Manifiesta que las actuaciones de la Administración Tributaria estuvieron siempre enmarcadas en el principio de buena fe y solicita el respecto al principio de congruencia.

Aclara que toda Resolución Determinativa no es un acto administrativo independiente y que por sí mismo equivalga a todo el procedimiento determinativo, sino que es el resultado de un conjunto de actos vinculados dialécticamente unos con otros, dirigidos a comprobar y valorar los diversos elementos constitutivos del hecho imponible, con la consiguiente aplicación del tipo de gravamen y la concreta determinación cuantitativa de la deuda del contribuyente; por consiguiente se debe considerar el todo y no solo una parte, es decir, considerar a cada resolución Determinativa al igual que una Sentencia emergente de todo un proceso; en ese sentido, el sustento de cada Resolución Determinativa se encuentra en los antecedentes administrativos que forman parte indivisible del acto administrativo final.

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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa No 171925000847 (SIN/GDLPZ 11/DJCC/TJ/RD/00093/2019) de 26 de junio de 2019.

II.4 Apertura de término probatorio y producción de pruebas Mediante Auto de 17 de septiembre de 2019, se aperturó el término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a la recurrente y a la Administración Tributaria por Secretaría el 18 de septiembre de 2019; periodo durante el cual la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante memorial presentado el 7 de octubre de 2019, ratificó en calidad de prueba, pre constituida los antecedentes administrativos remitidos a momento de responder el Recurso de Alzada; al efecto, por Proveído de 8 de octubre de 2019, se dio por ratificada y ofrecida la prueba documental señalada, actuación notificada en Secretaría el 9 de octubre de 2019; fojas 68-71-y 104 de obrados.

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Karina: Elsye Solís de Colque, mediante nota presentada el 8 de octubre de 2019, presentó prueba consistente en fotocopias de los F-4003 de 29 de febrero y, de 27 de julio de 2016, Orden de fiscalización N° 16990100075 de 27 de julio de 2019; nota de 4 de agosto de 2016 dirigida a la Administración Tributaria, Proveido de 12 de agosto de 2016, nota de Recurso de Alzada de 10 de abril de 2017, alegatos de 19 de junio. : de 2017, nota de solicitud de nulidad de obrados de 20 de enero de 2017, Resolución de Recurso de Alzada de 10 de julio de 2017, y las notas cursantes en antecedentes administrativos a fojas 1017, 1021-1023; al efecto, por Proveído de 9 de octubre de 2019, se dio por ofrecida la prueba documental señalada, en tanto, cumpla con lo establecido en los artículos 81 y 217 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 9 de octubre de 2019; fojas 72-103 y 105 de obrados.

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11.5 Alegatos En el plazo previsto por el artículo 210 numeral II del Código Tributario, la recurrente mediante nota de 24 de octubre de 2019, presentó alegatos escritos reiterando los argumentos de su Recurso de Alzada, manifestando que la Administración Tributaria en su respuesta a la impugnación acepta que hasta la fecha. la nulidad planteada en abril, posteriormente en agosto de 2016 y reiterada en el 19 de enero de 2017, no fue absuelta de ninguna forma, conculcando sus derechos constitucionales a la defensa

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y al debido proceso; asimismo, demuestra y evidencia el incumplimiento de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0747/2017 de 10 de julio de 2017 que tiene carácter de firmeza; al efecto, mediante Proveído de 25 de octubre de 2019, se dio por formulados los alegatos; actuación notificada a las partes en Secretaría el 30 de octubre de 2019, fojas 106-111 y 117 de obrados..

La Administración Tributaria, por memorial presentado el 28 de octubre de 2019, formuló alegatos en conclusiones, objetando la prueba presentada por la recurrente por ser inoportuna, toda vez que debió ser presentada en la fase de en su defecto cuando fueron requeridas por el Ente Fiscal, conforme lo establecido por el artículo 81 de la Ley 2492. Aclara que los descargos presentados por la contribuyente a la vista de Cargo, fueron extraviados, situación que fue puesta a conocimiento de la recurrente mediante Auto Administrativo N° 391925000015 de 7 de mayo d 2019, acto que dispuso la reposición de obrados y conmina al sujeto pasivo a la presentación de una copia del memorial de descargos de 20 de enero de 2017; quien se negó a presentar, demostrando con ello falta de colaboración y la intención de perjudicar las actuaciones del Ente Fiscal. El Proveído de 29 de octubre de 2019, dio por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria, actuación notificada a las partes en Secretaría el 30 de octubre de 2018; fojas 112-116 y 118 de obrados.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, el 27 de julio de 2016, notificó de forma personal a Karina Elsye Solís de Colque con el formulario 7504 Orden de Fiscalización N° 16990100075 de 6 de julio de 2016, modalidad Fiscalización Total, con alcance al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) y Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC IVA) de los periodos fiscales enero a diciembre 2015, al efecto solicitó la documentación detallada en el F-4003 Requerimiento No 00127709, fojas 4-5 de antecedentes administrativos. :

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Karina Elsye Solís de Colque, mediante nota presentada ante la Administración Tributaria el 4 de agosto de 2016, señaló que mediante Requerimiento N° 00126912 de 25.de febrero de 2016, se inició otro proceso de fiscalización por el mismo periodo

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del presente procedimiento administrativo, habiendo solicitado la nulidad del mismo, petición que se encuentra en etapa de regularización por parte del ente Fiscal, toda vez que conforme al artículo 68 numeral 2 del Código Tributario, es derecho del contribuyente exigir que el Ente Fiscal resuelva expresamente las cuestiones planteadas. Por el mencionado motivo señala que no podrá cumplir con el requerimiento de la Orden de Fiscalización N° 16990100075, fojas 12 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria en respuesta a la nota presentada por Karina Elsye Solis de Colque, emitió el Proveído CITE: SIN/

GDLPZ-1/DF/SFVE/PROVI 6 de 12 de agosto de 2016, aclaró que la documentación solicitada en la Orden de Fiscalización N° 16990100075 y el Requerimiento No 00127709 corresponden a la ejecución de un solo proceso de fiscalización; por otra parte, con relación al Requerimiento N° 00126912 de 25 de febrero de 2016, éste se refiere a una verificación documentación dentro del proceso de Inteligencia Fiscal que dio origen a la citada Orden de Fiscalización, solicitud que no fue entendida en su momento; actuación administrativa notificada por cédula el 2 de septiembre de 2016; fojas 15-16 y 21-24 de antecedentes administrativos.

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El Acta de Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 16204400219 estableció el incumplimiento del deber formal de no presentación de toda la documentación solicitada mediante Requerimiento N° 00127709, contraviniendo el artículo 70, numerales 4, 6 y 8 de la Ley 2492, sancionada con la multa de 1.500 UFV’s según numeral 4.1 del anexo Consolidado de la RND 10-0032

15 de 25 de noviembre de 2015; fojas 28 de antecedentes administrativos.

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La Vista de Cargo 29-0017-16 CITE: SIN/GDLPZ-1/DFISFVENC/1076/2016 de 15 de diciembre de 2016, estableció preliminarmente las obligaciones impositivas de Karina Elsye Solís de Colque, sobre base cierta el tributo omitido de 115.244 UFV’s más intereses y sanción por omisión de pago, por el IVA de los periodos fiscales enero a diciembre 2015, IT del periodo fiscal mayo 2015 y RC-IVA de los periodos fiscales marzo, junio, septiembre y diciembre 2015; y sobre base presunta 52.292 UFV’s más

intereses y sanción por omisión de pago, por el IVA e IT de los periodos fiscales enero, Jual Carlos I febrero, marzo, abril, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2015 y RC-IVA V Guzmán Ruiz :

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por los periodos fiscales marzo, junio, septiembre y diciembre 2015; así como la multa de 1.500 UFV’s por incumplimiento de deberes formales. Asimismo, concedió el plazo de 30 días para la presentación de descargos, conforme el artículo 98 de la Ley 2492; actuación administrativa notificada por cedula el 21 de diciembre de 2016; fojas 852 886 de antecedentes administrativos.

La Resolución Determinativa N° 171720000246 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/UTJ/ RD/92/2017) de 6 de marzo de 2017, estableció las obligaciones impositivas de la contribuyente Karina Elsye Solís de Colque, sobre base cierta 115.244 UFV’s más intereses y sanción por omisión de pago, por el IVA de los periodos fiscales enero a diciembre 2015, IT del periodo fiscal mayo 2015 y RC-IVA de los periodos fiscales marzo, junio, septiembre y diciembre 2015; y sobre base presunta 52.292 UFV’s más intereses y sanción por omisión de pago, por el IVA e IT de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2015 y RC-IVA por los periodos fiscales marzo, junio, septiembre y diciembre 2015; así como la multa de 1.500 UFV’s por incumplimiento de deberes formales; acto administrativo notificado por cédula el 21 de marzo de 2017, fojas 912-950 y 952-956 de antecedentes administrativos.

.

El actos

mencionado precedentemente fue objeto de interposición de Recurso de Alzada por parte de Karina Elsye Solís de Colque, instancia que emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 0747/2018 de 10 de julio de 2017, resolviendo: “ANULAR la Resolución Determinativa N° 171720000246 (SIN/GDLPZ 1/DJCCIUTJ/RD/92/2017) de 6 de marzo de 2017, emitida por la Gerencia Distrital La Paz / del Servicio de Impuestos Nacionales contra Karina Elsye Solís de Colque; consecuentemente, la Administración Tributaria debe emitir un nuevo acto administrativo definitivo debidamente fundamentado con los elementos esenciales previstos en el artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492 y de esa manera asuma una posición respecto a la nulidad invocada, así como sobre todos los descargos escritos y/o documentales oportunamente presentados por la administrada“; fojas 960-969 de antecedentes administrativos.

.

Como consecuencia la Administración Tributaria, el 26 de junio de 2019; emitió la Resolución “Determinativa N° 171925000847 (SIN/GDLPZ. II/DJCC/TJ/ 

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RD/00093/2019), contra Karina Elsye Solís de Colque, estableciendo sobre base cierta el tributo omitido de 128.150 UFV’s y más intereses y sanción por omisión de pago, por el IVA de los periodos fiscales enero a diciembre 2015, IT del periodo fiscal mayo 2015 y RC-IVA de los periodos fiscales marzo, junio, septiembre y diciembre 2015; y, sobre base presunta el monto de 52.290 UFV’s más intereses y sanción por omisión de pago, por el IVA e IT de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2015 y RC-IVA de los periodos fiscales marzo, junio, septiembre y diciembre 2015; así como la multa de 1.500 UFV’s por incumplimiento a deberes formales; acto administrativo notificado por cédula el 9 de julio de 2019; fojas 1120-1155 y 11571158 de antecedentes administrativos.

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos. 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-111 de la Ley 3092, se tiene:

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La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Karina Elsye Solís de Colque en su Recurso de Alzada, la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho

aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de

  • impugnación, que no tenga estricta relación con el acto administrativo impugnado o

que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.

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IV.1 VICIOS DE NULIDAD 1.1.1 Incumplimiento de la Resolución de Recurso de Alzada Karina Elsye Solís de Colque en los argumentos de su Recurso de Alzada arguye que la Administración Tributaria como consecuencia de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 0747/2017 de 10 de julio de 2017, emitió la Resolución Determinativa ahora impugnada, acto que en el párrafo tercero de su página 2 sostiene que se dio respuesta a la nulidad de obrados planteada por su persona el 5 de abril de 2016 y posteriormente el 19 de enero de 2017 con el Proveido SIN/GDLPZ

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Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

IDF/SFVE/PROV/759/2016; sin embargo, considera que el referido Proveído le da la razón, toda vez que no demuestra que se resolvió la nulidad planteada en las fechas mencionadas, limitándose simplemente a señalar que se trata de dos Requerimientos para verificar y fiscalizar la misma gestión 2015, a través de 2 procedimientos al mismo tiempo, aspecto que la misma Ley tributaria no permite.

Además afirma la recurrente que según la Administración Tributaria, la fiscalización que dio lugar a la Resolución Determinativa es la emergente del proceso de inteligencia fiscal; sin embargo, aclara que los antecedentes que dieron lugar a la emisión de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0747/2017 de 10 de julio de 2017, demuestran que se trata de una misma gestión y de la existencia de 2 requerimientos de la Administración Tributaria.

Añade que no se consideró que lo dispuesto por la Autoridad de Impugnación Tributaria es de cumplimiento obligatorio, toda vez que se trata de una Resolución que tiene carácter de firmeza, la cual resolvió anular la Resolución Determinativa, debiendo la Administración Tributaria emitir un nuevo acto administrativo definitivo cumplimento los requisitos esenciales previstos en el artículo 99 parágrafo II de la Ley

2492 y de esa manera asuma una posición respecto a la nulidad invocada así como a

todos los descargos escritos ylo documentales oportunamente presentados; aspectos que no cumple la Resolución Determinativa ahora impugnada, lo que provoca la nulidad de obrados por incumplimiento de lo resuelto por la Resolución de Recurso de

Alzada en

La Administración Tributaria en la contestación al Recurso de Alzada y alegatos refiere que a objeto de valorar los descargos a la vista de Cargo presentados por la contribuyente el 20 de enero de 2017, con hoja de ruta No 801/2019; mediante Auto Administrativo N° 391925000015 de 7 de mayo de 2019, dispuso la reposición de obrados anté la inexistencia (extravío) de los referidos descargos; conminando al sujeto pasivo a presentar la referida documentación, no habiendo tenido respuesta favorable de parte de la misma, demostrando con ello falta de interés en la resolución del proceso de determinación llevado a cabo.

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Refiere que la recurrente realizó una interpretación antojadiza de la Resolución Determinativa ahora impugnada, al referir que en el párrafo 3 de la hoja 2 del mencionado acto se habría dado respuesta a la nulidad planteada el 5 de abril de 2016; sin embargo, en dicho acto no se evidencia tal afirmación, menos se estableció que quedaron absueltas las citadas solicitudes con el proveido N° 24-1465-16, como señala y entiende la recurrente, toda vez que fue la nota presentada el 4 de agosto de 2016, la que fue valorada y respondida mediante Proveído N° 24-1465-16 de 12 de agosto de 2016.

Aclara que la Administración Tributaria tiene amplias facultades para solicitar información o documentación a los contribuyentes o agentes de información, sin que estos sea objeto de fiscalización; sólo con la notificación de una Orden de Verificación o Fiscalización se inicia el proceso de determinación. En este sentido, la notificación previa con el Requerimiento N° 00126912 de 25 de febrero de 2016, fue realizada para establecer si efectivamente correspondía iniciar un proceso de fiscalización contra Karina Elsye Solís de Colque, lo que de ninguna manera puede interpretarse como inicio de un proceso de determinación, como mal interpreta la recurrente.

Señala que se encontraba en manos de la contribuyente desvirtuar cualquier observación efectuada en la vista de Cargo, más cuando mediante Auto Administrativo se le conminó a remitir los descargos que había presentado los cuales se extraviaron; sin embargo, no presentó nada buscando supuestas nulidades. La Resolución Determinativa ahora impugnada cumple todos los requisitos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492 y la RD 10-0032-16 de 25 de noviembre de 2016; por consiguiente se encuentra correctamente emitida; al respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis:

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El artículo 24 de la Constitución Política del Estado determina: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la. obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)

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El artículo 115, parágrafo II de la Constitución Política del Estado, dispone: El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

El artículo 68, numeral 6 del Código Tributario, establece: Constituyen derechos del sujeto pasivo, entre otros, los siguientes: Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código.

Con relación a los descargos a la vista de Cargo, el artículo 98 de la Ley 2492 establece: Una vez notificada la vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los descargos que estime convenientes (...).

El artículo 99, parágrafo II de la citada norma señala: La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos: lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de nulidad la Resolución Determinativa

El artículo 214 de la mencionada Ley señala: Las resoluciones dictadas resolviendo los recursos de Alzada y Jerárquico que constituyan Títulos de Ejecución Tributaria conforme al Artículo 108 de la presente Ley, serán ejecutadas, en todos los casos, por la Administración Tributaria. 

El artículo 19 del DS 27310, señala: La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. La

ones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 de dicha Ley (...). 

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De inicio, es necesario considerar que el derecho a la fundamentación de un acto administrativo, es una garantía de legalidad que establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por fundamentación la obligación de la autoridad que lo emite citar los preceptos legales, sustantivos, y adjetivos en que se apoya la determinación adoptada y motivación, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué considera que el caso concreto: se ajusta a la hipótesis normativa. Al respecto, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0136/2014 de 10 de enero en su parte pertinente estableció el siguiente entendimiento: “El debido proceso previsto en el art. 115.ll de la CPE, ha sido entendido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, como el derecho a un proceso justo y equitativo, a través del cual el ciudadano sea protegido de posibles arbitrariedades, debiendo concurrir en todas las resoluciones pronunciadas tanto en sede judicial como administrativa el elemento de la motivación que en definitiva garantiza al procesado el conocer con certeza por qué se le aplicó determinada sanción y cuál es la relación de ésta con los hechos cuya comisión le fueron atribuidos; es decir que toda resolución pronunciada, debe exponer claramente las razones y normas que la respaldan proporcionando el convencimiento respecto a su légalidad y a lo acertadas de las razones que llevaron a asumir determinada decisión“. 

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Ello en virtud de que toda autoridad administrativa tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad, a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes. De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio.

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En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración Tributaria conforme el artículo 104 de la Ley 2492, inició un proceso 

de fiscalización a Karina Elsye Solís de Colque; al efecto emitió la Orden de / Fiscalización N° 16990100075 de 6 de julio de 2016, a objeto de verificar la totalidad

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justicia tributakja para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)

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de los hechos y o elementos correspondientes al IVA, IT y RC-IVA de los periodos fiscales enero a diciembre 2015, solicitando para ello la documentación detallada en el F-4003 Requerimiento N° 00127709; acto administrativo notificado por cedula el 27 de julio de 2016.

Dentro del plazo consignado en el Requerimiento N° 00127709, la contribuyente Karina Elsye Solís de Colque presentó ante la Administración Tributaria nota de 2 de agosto de 2016, cursante a fojas 12 de antecedentes administrativos y 4 de obrados, manifestando que mediante Requerimiento No 00126912 de 25 de febrero de 2016, se inició otro proceso de fiscalización por los impuestos y periodos fiscales consignados en la presente Orden de Fiscalización N° 16990100075 de 6 de julio de 2016; señala también que el 5 de abril de 2016, de conformidad al artículo 68 numeral 2 de la Ley 2492, solicitó con carácter previo finalizar el primer procedimiento iniciado con el Requerimiento N° 00126912, aspecto que le impide cumplir con lo requerido en F-4003 N° 00127709, correspondiente al presente proceso; en este punto es necesario mencionar que en antecedentes administrativos no cursa la referida nota de 5 de abril de 2016.

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No obstante lo mencionado, el 15 de diciembre de 2016, la Gerencia Distrital La Paz | del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Vista de Cargo 29-0017-16 CITE: SIN/GDLPZ-1/DF/SFVENC/1076/2016 de 15 de diciembre de 2016, que estableció preliminarmente las obligaciones impositivas de Karina Elsye Solís de Colque, sobre base cierta el tributo omitido de 115.244 UFV’s más intereses y sanción por omisión de pago, por el IVA de los periodos fiscales enero a diciembre 2015, IT del periodo fiscal mayo 2015 y RC-IVA de los periodos fiscales marzo, junio, septiembre y diciembre 2015; y sobre base presunta 52.292 UFV’s más intereses y sanción por omisión de pago, por el IVA e IT de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2015 y RC-IVA por los periodos fiscales marzo, junio, septiembre y diciembre 2015; así como la multa de 1.500 UFV’s por incumplimiento de deberes formales. Asimismo, concedió el plazo de 30 días para la presentación de descargos, conforme el artículo 98 de la Ley 2492; actuación administrativa notificada por cédula el 21 de diciembre de 2016; fojas 852-886 de antecedentes administrativos.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

Dentro del plazo previsto por el artículo 98 de la Ley 2492, la ahora recurrente presentó nota recepcionada por la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales el 20 de enero de 2017, mediante la cual solicitó la “Nulidad de obrados – Orden de Fiscalización N° 16990100075” y señala que adjunta 34 fojas de descargo; nota que no cúrsa en antecedentes administrativos; sin embargo, fue remitida por la recurrente dentro del término de prueba de esta instancia recursiva y menciona que adjunta 34 fojas , fojas 86-90 en obrados.

La Resolución Determinativa N° 171720000246 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/UTJ/ RD/92/2017) de 6 de marzo de 2017, estableció las obligaciones impositivas de la contribuyente Karina Elsye Solís de Colque, sobre base cierta 115.244 UFV’s más intereses y sanción por omisión de pago, por el IVA de los periodos fiscales enero a diciembre 2015, IT del periodo fiscal mayo 2015 y RC-IVA de los periodos fiscales marzo, junio, septiembre y diciembre 2015; y sobre base presunta 52.292 UFV’s más intereses y sanción por omisión de pago, por el IVA e IT de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2015 y RC-IVA por los periodos fiscales marzo, junio, septiembre y diciembre 2015; así como la multa de 1:500 UFV’s por incumplimiento de deberes formales.

Efectuada la impugnación por Karina Elsye Solís de Colque contra la Resolución Determinativa N° 171720000246 (SIN/GDLPZ-1/DJCCIUTJ/RD/92/201.7) de 6 de marzo de 2017, ésta Instancia Recursiva emitió la Resolución de Recurso de Alzada. ARIT-LPZ/RA 0747/2017 de 10 de julio de 2017, que dispuso anular el referido acto administrativo, a efectos de que la Administración Tributaria emita un nuevo acto administrativo debidamente fundamentado con los elementos esenciales previstos en el artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492 y de esa manera asuma una posición respecto a la nulidad invocada, así como sobre todos los descargos escritos ylo documentales oportunamente presentados por la administrada.

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Consecuencia de lo mencionado precedentemente, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 171925000847 (SIN/GDLPZ W/DJCC/TJ/ RD/00093/2019) de 26 de junio de 2019, ahora impugnada contra de Karina Elsye Solís de Colque, estableciendo tributos omitidos sobre base cierta de 128.150 UFV’s, más intereses y sanción por omisión de pago por el IVA de los periodos fiscales enero

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Calle Arturo Borda No 1933 · Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

a diciembre 2015, IT del periodo fiscal mayo 2015 y RC-IVA de los periodos fiscales marzo, junio, septiembre y diciembre 2015; y sobre base presunta 52.290 UFV’s más intereses y sanción por omisión de pago por el IVA e IT de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2015 y RC-IVA de los periodos fiscales marzo, junio, septiembre y diciembre 2015, así como la multa de 1.500 UFV’s por incumplimiento a deberes formales.

En este punto de análisis, corresponde señalar que Karina Elsye Solís de Colque, en su Recurso de Alzada, hace énfasis en que la Administración Tributaria, incumplió con lo dispuesto en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0747/2017 de 10 de julio de 2017; toda vez que la Resolución Determinativa N° 171925000847 (SIN/GDLPZ II/DJCC/T.J RD/00093/2019) de 26 de junio de 2019, no consideró y resolvió la nulidad planteada el 5 de abril de 2016, así como no consigna la valoración fundamentada de los descargos presentados mediante nota recepcionada por el Servicio de Impuestos Nacionales 20 de enero de 2017, más aun considerando que el referido acto administrativo definitivo, en su contenido no menciona la citada nota y señala que los descargos presentados no desvirtúan los reparos establecidos en la vista de N° 29-0017-16; extremos que ésta Instancia Recursiva verificará de inicio a efectos de constatar si efectivamente el acto administrativo ahora impugnado, efectuó la valoración fundamentada de los descargos presentados por el sujeto pasivo, en cumplimiento de los requisitos esenciales previstos en el artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492 y si se emitió pronunciamiento sobre la petición de nulidad realizada el 5 de abril de 2016, conforme el artículo 24 de la Constitución Política del Estado. En ese cometido, es necesario referir que la Resolución de Recurso de Alzada en su contenido señaló lo siguiente:

.. .. .. .

Página 15, párrafo segundo: “...notificado con la vista de Cargo tiene el plazo de 30 días para formular o presentar los descargos que estime convenientes, término en el que la ahora recurrente mediante nota presentada ante la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (U.R.D.C.) el 20 de enero de 2017, solicitó la ‘Nulidad de obrados – Orden de Fiscalización N° 16990100075‘, en este punto corresponde aclarar que la citada nota no se encuentra en antecedentes administrativos; sin embargo, fue adjuntada ante esta Instancia Recursiva cursante a fojas 7-11 del folder de pruebas de la sujeto pasivo…”. 

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Lo descrito precedentemente fue el fundamento mediante el cual se estableció anular el acto impugnado con el fin de que la Administración Tributaria emita un nuevo acto administrativo definitivo que consigne de manera fundamentada la valoración de los descargos presentados por el sujeto pasivo mediante nota de 20 de enero de 2017 y asuma una posición sobre la nulidad invocada; en tal sentido, de la lectura de la Resolución Determinativá N° : 171925000847 (SIN/GDLPZ 11/DJCC/TJ/ RD/00093/2019) de 26 de junio de 2019, emitida como consecuencia de la nulidad dispuesta por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZİRA 0747/2017 de 10 de julio de 2017, cursante a fojas 60-69 de antecedentes administrativos, señaló lo siguiente:

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Página 2, párrafo segundo: “Mediante Carta ingresada en fecha 04 de agosto de 2016, con Hoja, de Ruta NUIT N° 10486, la contribuyente manifestó, que mediante Requerimiento No. 00126912 F-4003 de 25/02/2016 se inició otro proceso de fiscalización por el mismo periodo…estando demostrado que existe un procedimiento de fiscalización en curso por el mismo concepto y objeto …” 

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Continúa señalando en el párrafo tercero de la referida página: “Evaluadà la nota de la contribuyente, se dio respuesta mediante Proveído SIN/GDLPZ I/DF/SFVE/PROVI759/2016, notificado mediante cédula en fecha 2 de septiembre de : 2016, aclarándole a la contribuyente que la documentación solicitada en la Orden de Fiscalización N° 16990100075 y el Requerimiento No 00127709 corresponden a la ejecución de un solo proceso de fiscalización bajo la modalidad de Fiscalización Total. y que el Requerimiento N° 00126912 corresponde a una solicitud de una verificación de la documentación dentro del proceso de inteligencia fiscal que dio origen a la presente Orden de Fiscalización...Página 26, acápite Evaluación de Descargos: “Los descargos presentados por la contribuyente SOLÍS DE COLQUE KARINA ELSYE de conformidad a la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0747/2017 de fecha 10 de julio de 2017, no desvirtúan los reparos establecidos en la vista de Cargo No 290017-16 con CITĖ: SIN/GDLPI/SFISFVENC/1076/2016

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Es pertinente mencionar que Karina Elsye Solís de Colque, en su Recurso de Alzada manifiesta que el Proveído al que se refiere la Administración Tributaria en el párrafo 3 de la hoja 2 de la Resolución Determinativa ahora impugnada, que supuestamente

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

da respuesta a la nulidad de obrados planteada por su parte el 5 de abril de 2016 y posteriormente el 19 de enero de 2017; le da la razón, toda vez que se trata de 2 requerimientos para verificar y fiscalizar un mismo periodo -Gestión 2015- a través de dos procedimientos al mismo tiempo, aspecto que la Ley no permite. Al respecto, la Administración en su respuesta al Recurso de Alzada señala textualmente: “de la revisión de dicho párrafo, se observa que en ninguna parte de la Resolución Determinativa impugnada se establece o señala de manera textual, que la Administración Tributaria ha dado respuesta a la nulidad planteada por la contribuyente, ni menos se estableció que quedaron absueltas dichas solicitudes con el Proveído NJ° 24-146516 (SIN/GDLP-II/SFVE/PROV/759/2016), como mal refiere y entiende la contribuyente...” 

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De lo señalado se evidencia que la Administración Tributaria no emitió pronunciamiento a la nulidad planteada por la recurrente el 5 de abril de 2016, aspecto que como se mencionó en el párrafo precedente, es reconocido y aceptado por el mismo Ente Fiscal en su respuesta al Recurso de Alzada; asimismo, tampoco se advierte análisis alguno de los descargos presentados por la recurrente el 20 de enero de 2017; en el entendido de que dicho acto definitivo solamente se limita a señalar que los descargos presentados por la contribuyente Karina Elsye Solís de Colque no desvirtúan los reparos establecidos; aspecto totalmente contradictorio a lo aseverado en su respuesta a la impugnación en la que menciona textualmente: “...desde el momento de la notificación con la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0747/2017 de 10 de julio de 2017, la Administración Tributaria a efectos de dar cumplimiento a dicha resolución, efectuó todas las acciones pertinentes para poder determinar la ubicación de los descargos presentados, sin que se hubiera tenido resultados favorables...”, aspectos que permiten evidenciar que los descargos presentados por el sujeto pasivo no fueron valorados por la Administración Tributaria.

En ese contexto y conforme a lo dispuesto en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-L

47/2017 de 10 de julio de 2017, correspondía a la Administración Tributaria emitir pronunciamiento sobre todos los aspectos observados, es decir, sobre la nulidad planteada y respecto a la documentación y argumentos de descargo presentados por Karina Elsye Solís de Colque el 20 de enero de 2017; sin embargo, como se mencionó precedentemente, el Ente Fiscal en el acto administrativo

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impugnado omitió por completo emitir un pronunciamiento fundamentado en relación a los aspectos observados por la referida contribuyente, hecho que denota el incumplimiento a lo dispuesto en la referida Resolución de Recurso de Alzada.

En ese contexto, si bien es cierto que la Administración Tributaria tiene la facultad de determinar la deuda de los sujetos pasivos; no obstante, la normativa tributaria también establece que el procedimiento se debe llevar a cabo en resguardo de los derechos del administrado, entre los que se encuentra la posibilidad de presentar descargos que hagan a su derecho conforme lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 2492; los que deben ser valorados en su integridad acorde a lo previsto en el artículo 81 del Código Tributario, es decir, deben ser apreciados conforme a las reglas de la sana critica, a fin de cumplir con la debida valoración de los descargos en apego a la ley, así como debe estar debidamente fundamentado; disposiciones legales que no fueron aplicadas en el presente caso, toda vez que conforme se tiene señalado en el párrafo precedente la administrada Karina Elsye Solís Martínez presentó documentación y argumentos de descargo los cuales una vez más no fueron valorados de forma fundamentada en el acto administrativo ahora impugnado. De igual forma, no se advierte que en el citado acto definitivo la Administración Tributaria asuma una posición respecto a la nulidad planteada por el sujeto pasivo mediante nota de 5 de abril de 2016.

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Lo señalado precedentemente denota la falta de fundamentación del acto administrativo impugnado, toda vez que omite pronunciarse sobre los aspectos observados, es decir, sobre la nulidad invocada y sobre los argumentos y documentación de descargo presentada por la contribuyente el 20 de enero de 2017, no obstante, conforme el artículo 24 de la Constitución Política del Estado, artículo 68, numeral 2 y 99 parágrafo II del Código Tributario, la administrada tiene el derecho de que la resolución definitiva dictada en la causa exponga los hechos mencionados y proporcione conclusiones razonadas sobre los mismos, las pruebas producidas y el derecho aplicable que sirve de fundamento a la decisión asumida por la Administración Tributaria en el caso considerado; aspecto que obviamente afecta la falta de fundamentación del acto mismo; toda vez que se advierte que no estableció un criterio legal en el cual se asuma una posición definitiva en relación a la nulidad.planteada y

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Justicia tributaria para vivir bien . Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973 www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

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——…

la documentación de descargo presentada, aspectos que fueron observados en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0747/2017 de 10 de julio de 2017.

A lo expuesto corresponde añadir que la Resolución Determinativa N° 171925000847 (SIN/GDLPZ 11/DJCC/TJ/RD/00093/2019) de 26 de junio de 2019, en su parte considerativa señala de forma textual lo siguiente: “...la Autoridad Regional de Impugnación Resuelve: ANULAR la Resolución Determinativa N° 171720000246 (SIN/GDLPZ1/DJCCIUTJ/RD/92/2017) de 6 de marzo de 2017, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales contra Karina Elsye Solís de Colque; consecuentemente, la Administración Tributaria debe emitir un nuevo acto administrativo definitivo debidamente fundamentado con los elementos esenciales previstos en el artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492 y de esa manera asuma una posición respecto a la nulidad invocada, así como sobre todos los descargos escritos ylo documentales oportunamente presentados por la administrada

De la lectura al precitado párrafo se advierte que el acto administrativo ahora impugnado, si bien inserta en su parte considerativa lo dispuesto por la Instancia de Alzada; sin embargo, no expone posición alguna sobre la nulidad, como tampoco contiene una valoración de los descargos presentados por el contribuyente; aspectos que conforme se tiene expuesto ut supra inciden en la falta de fundamentación del acto administrativo objeto de impugnación y el consecuente incumplimiento de lo dispuesto en la referida Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0747/2017 de 10 de julio de 2017.

Cabe señalar que todos los actos de la Administración Tributaria se encuentran regulados por disposiciones legales vigentes que fundan los requisitos, condiciones y formalidades que se deben cumplir; bajo este contexto la Ley 2492, establece los requisitos esenciales que deben contener los actos administrativos, cuya inobservancia pueden dar lugar a su nulidad, garantizando así el debido proceso y el derecho a la defensa; de lo que se advierte en el presente caso, que no se encuentra debidamente fundamentado, incumpliendo los requisitos esenciales establecidos en el artículo 99, parágrafo ll de la Ley 2492, toda vez que el Ente Fiscal no valoró la documentación y argumentos de descargo oportunamente presentados; lo que

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AUTORÍDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

posibilita la nulidad del acto administrativo impugnado; a esto se suma que dicha

lispuesta con anterioridad en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT LPZIRA 0747/2017 de 10 de julio de 2017; consecuentemente, dicha posición fue nuevamente omitida por el Ente Fiscal.

Finalmente, se hace necesario establecer que las Resoluciones emitidas por la instancia de Alzada, producen efectos para los intervinientes dentro del proceso (Sujeto Pasivo y Administración Tributaria) a partir de su notificación y adquieren la calidad de firmes cuando un proceso administrativo concluye con una decisión cuyas consecuencias jurídicas se traducen en la posibilidad de exigir el cumplimiento de lo resuelto, es firme, cuando en derecho no caben contra ella medios de impugnación que permitan modificarla; este efecto, se traduce en el respeto y subordinación a lo decidido, por ello también se le define, como la fuerza que atribuye el derecho a los resultados del proceso; en este punto del análisis se hace necesario señalar que la Administración Tributaria optó por no interponer Recurso Jerárquico, en consecuencia la Resolución de Recurso de Alzada emitida adquirió firmeza.

Con relación al cumplimiento de los actos firmes el Tribunal Constitucional a través de la SC 0324/2005-R de 7 de abril de 2005, estableció lo siguiente: “Consecuentemente, se constata que la autoridad ‘recurrida; al emitir la decisión hoy objetada por la parte demandante, obró en contra de la cosa juzgada, modificando lo dispuesto en decisiones firmes y plenamente ejecutoriadas, con lo que ha conculcado el derecho a la seguridad jurídica que importa la certeza plena, firme convicción, confianza, de modo que el ciudadano y la ciudadana, al realizar un acto conforme a derecho tenga seguridad de que el mismo será respetado y en caso de ser entorpecido mediante actos arbitrarios, queda abierta la jurisdicción constitucional a efecto de que se restablezca el derecho y por tanto el ordenamiento jurídico; seguridad jurídica que se encuentra estrechamente vinculada a la garantía al debido proceso que: ‘exige que los litigantes tengan el beneficio de un juicio imparcial ante los tribunales y que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, es decir, implica el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo’ (SC 682/2003R, de 20 de mayo)”. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan miťayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasag kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

En el presente caso, la decisión establecida por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0747/2017 de 10 de julio de 2017, al adquirir firmeza, debió ser de estricto cumplimiento por la Administración Tributaria; sin embargo, las circunstancias descritas en el análisis realizado permiten establecer que se incumplió dicha disposición en la emisión de la Resolución Determinativa N° 171925000847 (SIN/GDLPZ 11/DJCC/TJ/RD/00093/2019) de 26 de junio de 2019, omitiendo nuevamente la fundamentación que debe contener un acto administrativo definitivo, aspecto que vulnera el derecho a la defensa, seguridad jurídica y debido proceso.

Finalmente, con relación a la Resolución Determinativa N° 171925000847, acto administrativo que estableció que los descargos presentados por la contribuyente Karina Elsye Solís de Colque no desvirtúan los reparos establecidos en la vista de Cargo N° 29-0017-16; se hace necesario señalar que el artículo 218 inciso c) del Código Tributario, determina de manera enfática que es obligación de la Administración Tributaria a más de responder el Recurso de Alzada, el adjuntar necesariamente todos los antecedentes del acto impugnado; posteriormente, la Autoridad de Impugnación Tributaria debe emitir una posición sustentado en los hechos, antecedentes y el derecho aplicable; sin embargo, en el presente caso,.no existe la documentación de descargo aludida por el acto administrativo impugnado en antecedentes, es más, la respuesta a la impugnación efectuada por la Gerencia Distrital La Paz Il del Servicio de Impuestos Nacionales señala de manera puntual la

encia de estos descargos, asimismo, el ente fiscal emitió el Auto Administrativo N° 391925000015 de 7 de mayo de 2019, dando a conocer al sujeto pasivo la pérdida de estos documentos solicitando al administrado la reposición, lo que lleva a concluir, que a la fecha no se cuenta con documentación alguna que respalde de manera cierta los fundamentos del acto administrativo impugnado; lo que hace que ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, esté impedida de emitir una decisión sobre las circunstancias y hechos cuando no cuenta con toda la información para este efecto.

.”.

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Del análisis realizado precedentemente, se advierte la existencia de vicios que causaron la vulneración de los derechos de la contribuyente a la petición, al debido proceso y la defensa, garantizados por los artículos 24, 115 y 117 de la Constitución Política de Estado y 68, numeral 2 de la Ley 2492; consecuentemente, corresponde anular la Resolución Determinativa N° 171925000847 (SIN/GDLPZ IV/DJCC/TJ/ 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

RD/00093/2019) de 26 de junio de 2018, debiendo el Ente Fiscal emitir, un nuevo acto administrativo en el que exponga la aceptación o rechazo de la solicitud de nulidad planteada por la contribuyente y que consigne la valo ón fundamentada de lo descargos presentados por Karina Elsye Solís Martínez en estricto cumplimiento a los establecido en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 0747/2017 de 10 de julio de 2017.

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; .

RESUELVE: . PRIMERO: ‘ANULAR la Resolución Determinativa N° 171925000847 (SINIGDLPZ TI/DJCC/TJ/RD/00093/2019) de 26 de junio de 2019; consecuentemente, la Gerencia · Distrital La Paz il del Servicio de Impuestos Nacionales debe emitir un nuevo acto administrativo, en el que exponga la aceptación o rechazo de la solicitud de nulidad planteada por la contribuyente mediante nota de 5 de abril de 2016 y que consigne la valoración fundamentada de los descargos presentados oportunamente por Karina Elsye Solis Martínez, en estricto cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado y artículo 99, parágrafo II del código Tributario.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso.c) del Código Tributario y sea con nota de atención a

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CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del Recurso Jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación.

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