ARIT-LPZ-RA-1092-2019 Se confirma Resolución Determinativa. La contribuyente solicita la prescripción de la facultad para determinar deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, pero no toma en cuenta las modificaciones al Código Tributario.

ARIT-LPZ-RA-1092-2019

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1092/201

Recurrente: 

Ana Maria Moncada Molina

Administración Recurrida: 

Gerencia Distrital La Paz Il del Servicio de Impuestos Nacionales,.. legalmente representada por Ranulfo Prieto Salinas

Acto Impugnado: 

Resolución Determinativa ‘No 171925000796 (SINIGDLPZ II/DJCC/TRD/00092/2019)

Expediente: 

ARIT-LPZ-0739/2019 

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Lugar y Fecha: 

La Paz, 7 de octubre de 2019

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VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el’ Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 1092/2019 de 4 de octubre de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente:

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Determinativa N° 171925000796 (SIN/GDLPZ 1I/DJCC/TJI: RD/00092/2019) de 14 de junio de 2019, determinó de oficio sobre base cierta en sujeción a lo establecido en el parágrafo I del artículo 43 de la Ley 2492, las obligaciones impositivas del contribuyente Ana María Moncada Molina, que asciende a 1.266 UFV’s por tributo omitido, más intereses y la sanción por omisión de pago por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), del periodo fiscal diciembre 2011.

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-2.- RAR

  1. 11. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 1 Argumentos del Recurrente Ana María Moncada Molina, mediante nota presentada el 9 de julio de 2019, cursante a fojas 17-20 de obrados, interpuso Recurso de Alzada expresando lo siguiente:

La Orden de Verificación No 0014OVE04114 fue notificada el 12 de agosto de 2016, en ese sentido, conforme lo dispuesto en el parágrafo I del artículo 62 de la Ley 2492, se suspendió el curso de la prescripción por seis (6) meses y tomando en cuenta que el cómputo de la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas es de cuatro (4) años para el periodo diciembre 2011, el mismo inició el 1 de enero de 2013, extendiéndose hasta el 30 de junio de 2017; consecuentemente, toda vez que la Resolución Determinativa N° 171925000796, fue notificada recién el 19 de junio de 2019, los adeudos en ella contenidos se encuentran prescritos, conforme lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492 y parágrafo 1 del artículo 60 del mencionado cuerpo legal.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución Determinativa N° 171925000796 (SIN/GDLPZ IX/DJCC/TJ/RD/00092/2019) de 14 de junio de 2019.

11.2 Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Ana María Moncada Molina, fue admitido por Auto de 17 de julio de 2019, notificado personalmente al recurrente el 22 de julio de 2019 y mediante cédula a la Administración Tributaria el 25 de julio de 2019; fojas 21-26 de obrados.

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Ranulfo Prieto Salinas conforme se acredita de la Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0618-16 de 1 de noviembre de 2016, por memorial presentado el 9 de agosto de 2019, cursante a fojas 29-36 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente:

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

El contribuyente en su memorial de Recurso de Alzada, manifiesta una hipotética prescripción de las actuaciones de la Administración Tributaria por el periodo fiscal diciembre 2011, señalando que debería aplicarse los artículos 59 y 60 de la Ley 2492 sin modificaciones. Si bien la prescripción es un instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo permite la extinción de los derechos y acciones, no es menos evidente que para que opere la misma se necesita como único requisito el transcurso del tiempo, aspecto que no puede estar regulado por el capricho del contribuyente, más al contrario es la Ley la única que puede modificar dichos plazos.

Los artículos 59 y 60 del Código tributario fueron modificados por la Leyes 291, 317 y 812, normativa legal vigente y aplicable en el presente caso, adicionalmente, estas leyes establecen el cómputo de la prescripción que es de cumplimiento obligatorio en todas las instancias administrativas, contando con la presunción de constitucionalidad

dad a los establecido en el artículo 5 de la Ley 027 – Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en ese sentido, se tiene que el cómputo de la prescripción para el periodo diciembre 2011, inició en enero 2013 y concluye el 31 de diciembre de 2020.

La Administración tributaria adecuó su proceder a las normas jurídicas vigentes, toda vez que las considera conocidas por todos los habitantes del territorio boliviano, no pudiendo alegar desconocimiento de las mismas, al respecto cita lo establecido en la Sentencia Constitucional N° 1110/2002. A fin de refutar el fundamento del contribuyente sobre la supuesta prescripción, señala que las Leyes 291, 317 y 812 establecen claramente disposiciones derogatorias y abrogatorias, por lo que se deberá tomar en cuenta que en el anterior texto del artículo 59 y 60 de la Ley 2492, establecia periodos de prescripción más cortos a los que actualmente se encuentran viger encuentran totalmente abrogados, por lo que no puede pretenderse aplicar normativa

no se encuentra vigente a la fecha y que dejó de ser vinculante y obligatoria, al respecto cita las Resoluciones de Recurso Jerárquico 1513/2014, 1413/2013 y 0195/2018

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Se debe tomar en cuenta que la Ley 812, es plenamente aplicable conforme a la Teoría de Derecho adquiridos, en los que se referiría a las situaciones consolidadas, no a las que configuran meras expectativas, ya que estas, por no haberse perfeccionado el

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derecho, están sujetas a las futuras regulaciones que la Ley introduzca. El derecho adquirido se incorpora de modo definitivo al patrimonio del titular y queda cubierto de cualquier acto oficial que pretenda desconocerlo, no ocurre los mismo con los derechos expectativos que carecen de relevancia jurídica y pueden ser modificados o extinguidos por el legislador, como sucedió con la promulgación de las Leyes 291, 317 y 812. Resalta que en el transcurso del cómputo de la prescripción de la gestión observada, se emitieron Leyes que modificaron los términos de prescripción, los derechos expectativos de la Gestión 2010 y 2011 fueron modificados con la publicación de las Leyes 291, 317 y finalmente 812 que sería la normativa legal a ser aplicable en el presente caso.

No se trata de una aplicación retroactiva de la Ley, sino que la prescripción tributaria puede en determinado momento ser un derecho adquirido o una situación expectativa, si se cumpliera el término de la prescripción se estaría aplicando la legislación anterior, considerándose un derecho adquirido que las nuevas leyes no pueden modificar, por cuanto el tributo omitido y la sanción ya estarían prescritos, si a la fecha de entrada de vigencia de las nuevas normas la prescripción no operó, se constituye solo en una situación expectativa que no se consolidó, aspecto que puede extinguido por el legislador con nuevas leyes, como sucedió con la Ley 812; en ese sentido, cita lo señalado en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0757/2015.

Si bien el contribuyente en la gestión 2011, tenía el derecho expectaticio de acogerse al artículo 59 de la Ley 2492, antes de que este artículo sea derogado y entrara en vigencia la Ley 812, pero ahora ya no lo tiene, debido a la vigencia las Leyes 291, 317 y 812 antes de que la facultad de determinación de la deuda tributaria de la Administración Tributaria prescribiera. Por lo cual se puede advertir que el criterio expuesto por el contribuyente no tiene asidero legal, siendo la Ley aplicable en el presente caso es la Ley 812.

Se debe tener presente que se presume la legalidad y buena fe de las actuaciones de

la Administración Tributaria, de acuerdo a lo previsto en el inciso b) del artículo 28 de la Ley 1178. Asimismo, solicita que la sentencia que se dicte sea en aplicación al

principio de congruencia establecido de manera uniforme por el Tribunal Constitucional . mediante la Sentencia 1916/2012. Además, señala que cada Resolución Determinativa

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

no es un acto administrativo independiente y que por sí mismo equivalga a todo el procedimiento determinativo, es más bien el resultado de un conjunto de actos vinculados dialécticamente, con la consiguiente aplicación del tipo de gravamen y la concreta determinación cuantitativa de la deuda del contribuyente, solicitando se tome en cuenta toda la prueba respecto a las actuaciones administrativas y valoradas de manera integral, en forma conjunta con la Resolución Determinativa.

Conforme los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa No 171925000796 (SIN/GDLPZ 11/DJCC/TJ/RD/00092/2018) de 14 de junio de 2019.

11.4 Apertura de término probatorio y producción de pruebas Mediante Auto de 12 de agosto de 2019, se aperturó el término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada por Secretaria al recurrente y a la Administración Tributaria el 14 de agosto de 2019, fojas 37-38 de obrados…

Con memorial.presentado el 2 de septiembre de 2019; María Josefina Guzmán Medina se apersonó en calidad de Gerente Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia No 031900000767 de 12 de agosto de 2019; asimismo, ratificó en calidad de prueba pre constituida, la documentación ‘adjunta al memorial de Respuesta Negativa al Recurso de Alzada, correspondiente a los antecedentes administrativos; al efecto, por Proveido

de 3 de septiembre de 2019, se dio por válido el apersonamiento y por ratificada la prueba documental señalada, actuación notificada por Secretaría al recurrente y a la Administración Tributaria el 4 de septiembre de 2019; fojas 41-43 de obrados.

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11.5 Alegatos Mediante memorial presentado el 20 de septiembre de 2019; Ranulfo Prieto Salinas se apersonó en calidad de Gerente Distrital La Paz 11 del Servicio de Impuestos Nacionales conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia No 031900000767 de 12 de agosto de 2019; asimismo, expuso sus alegatos ratificando los fundamentos expuestos en la Resolución Determinativa N° 171925000796 (CITE: . SIN/GDLPZ II/DJCC/TJ/RD/00092/2019) de 14 de junio de 2019, así como también lo argumentado en el memorial de respuesta negativa presentada, demostrando que la

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Administración Tributaria actuó de buena fe, en estricto cumplimiento de la normativa tributaria vigente y bajo la égida del respeto de los derechos del contribuyente; al efecto, con Proveido de 23 de septiembre de 2019, se dio por apersonado a Ranulfo Prieto Salinas como Gerente Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales y por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria, actuación notificada por Secretaría al recurrente y a la Administración Tributaria el 25 de septiembre de 2019; fojas 46-48 de obrados.

El recurrente no presentó alegatos escritos ni orales dentro el plazo establecido por el artículo 210 Numeral II del Código Tributario.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, el 12 de agosto de 2016, notifico mediante cédula a Ana Maria Moncada Molina, con el formulario 7531 correspondiente a la Orden de Verificación N° 00140VE04114 “Operativo Específico Crédito Fiscal”, a objeto de revisar el IVA derivado del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente que se detallan en anexo adjunto, por los periodos fiscales febrero y diciembre 2011; requiriendo al efecto, presentación de las declaraciones juradas y Libro de Compras de los períodos observados, facturas de compras originales detalladas en anexo, documento que respalde el pago efectuado y otra documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso de verificación, fojas 3-4 y 7-10 de antecedentes administrativos.

Ana Maria Moncada Molina con nota, de 15 de agosto de 2016, solicitó a la Administración Tributaria ampliación para la presentación de los documentos requeridos con Orden de Verificación. Por Proveido CITE: SIN/GDLPZ !1/DFNE/PROV/572/2016 de 17 de agosto de 2016, se otorgó la ampliación de plazo para la presentación de la información solicitada por cinco (5) días hábiles a partir de su legal notificación con el presente proveído, acto notificado mediante cédula a la contribuyente el 6 de septiembre de 2016; fojas 12 y 14-18 de antecedentes administrativos. . . .

Mediante Acta de Recepción/Devolución de Documentos de 2 de septiembre de 2016, se recepcionó la documentación presentada por Ana María Moncada Molina; fojas 21

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de antecedentes administrativos.

La Vista de Cargo N° 291925000046 (SIN/GDLPZ TI/DF/SVENC/00045/2019) de 14 de marzo de 2019, estableció el tributo omitido de 1.267 UFV’s, más intereses y sanción preliminar de omisión de pago por el Impuesto al Valor Agregado del período fiscal diciembre 2011, en aplicación del artículo 47 de la Ley 2492 (Modificado por el parágrafo I del artículo 2 de la Ley 812) y el artículo 165 de la citada Ley. Asimismo, en caso de merecer objeción a la presente, según lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley 2492, el contribuyente dispondrá de treinta (30) días calendario, improrrogables, computables a partir de su legal notificación para formular descargos y presentar pruebas; actuación notificada mediante cédula a Ana Maria Moncada Molina, el 28 de . marzo de 2019, fojaş 103-112 de antecedentes administrativos.

El Informe CITE: SIN/GDLPZ I/DJCC/TJ/INF/01152/2019 de 14 de junio de 2019, concluyó que al no presentar ningún tipo de descargos la contribuyente, se ratifica la deuda preliminarmente establecida en la vista de Cargo N° 291925000046 (SIN/GDLPZ MIDFISVENC/00045/2019) de 14 de marzo de 2019 y recomienda la emisión de la respectiva Resolución Determinativa de acuerdo a la establecido en la RND 10-0032-16; fojas 118-126

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La Resolución Determinativa N° 171925000796 (SIN/GDEPZ DICC/TJ/ RD/00092/2019) de 14 de junio de 2019, determinó de oficio sobre base cierta en sujeción a lo establecido en el parágrafo del artículo 43 de la Ley 2492, las obligaciones impositivas del contribuyente Ana Maria Moncada Molina, que asciende a 1.266 UFV’s por tributo omitido, más intereses y la sanción por omisión de pago en aplicación del artículo 165 de la Ley 2492, concordante con el artículo 42 del DS 27310, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo fiscal diciembre 2011; actuación notificada personalmente a la contribuyente el 19 de junio de 2019, fojas. 131-145 de antecedentes administrativos.

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  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní).

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término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211, parágrafo III de la Ley 3092, se tiene: .

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Ana María Moncada Molina, la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.

IV.1. Prescripción

La recurrente a través de los argumentos de su Recurso de Alzada manifiesta que la Orden de Verificación No 00140VE04114 fue notificada el 12 de agosto de 2016, en ese sentido, conforme lo dispuesto en el parágrafo I del artículo 62 de la Ley 2492, se suspendió el curso de la prescripción por seis (6) meses y tomando en cuenta que el cómputo de la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas es de cuatro (4) años, para el periodo diciembre 2011, se inició el 1 de enero de 2013, extendiéndose hasta el 30 de junio de 2017; consecuentemente, toda vez que la Resolución Determinativa N° 171925000796, fue notificada recién el 19 de junio de 2019, los adeudos en ella contenidos se encuentran prescritos conforme lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492 y parágrafo I del artículo 60 del mencionado cuerpo legal.

La Administración Tributaria en su respuesta al Recurso de Alzada, refiere que efectivamente los artículos 59 y 60 del Código tributario fueron modificados por la Leyes 291, 317 y 812, normativa legal vigente y aplicable en el presente caso, adicionalmente, estas leyes establecen el cómputo de la prescripción que es de cumplimiento obligatorio en todas las instancias administrativas, contando con la presunción de constitucionalidad de conformidad a los establecido en el artículo 5 de la Ley 027 – Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en ese sentido, se tiene que el cómputo de la prescripción para el periodo diciembre 2011, inició en enero 2013 y concluye el 31 de diciembre de 2020.; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

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La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó :

el artículo 59 de la Ley 2492, estableciendo: 7. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones, tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. . II. Los términos de prescripción precedentes sé ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. 1. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible

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La Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, derogó el último párrafo del parágrafo I, del artículo 59 de la Ley 2492, disponiendo: I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde. 

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III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible. 

Posteriormente, la Ley 812 de 30 de junio de 2016, dispuso la modificación del artículo 59, parágrafos I y II de la Ley 2492, conforme el siguiente texto: I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 

  1. Imponer sanciones administrativas. II. El término de prescripción precedente se ampliará en dos (2) años adicionales, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, se inscribiera en un régimen tributario diferente al que corresponde, incurra en delitos tributarios o realice operaciones comerciales y/o financieras en países de baja o nula tributación. 

El artículo 60 del citado Código Tributario, al referirse al cómputo de la prescripción, dispone: 1. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo / del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer dia del año siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 11. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde. el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria. III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

El artículo 61 del referido Código Tributario, en relación a las causales de interrupción de la prescripción, dispone: La prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. ‘ 

;*.7..

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El artículo 62 del Código Tributario, dispone: El curso de la prescripción se suspende con: 1. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses. II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

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De inicio corresponde señalar que el recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada, solicitó declarar la prescripción; sin embargo, esta petición no fue con antelación absuelta por el sujeto activo, toda vez que el acto administrativo impugnado trata de una Resolución Determinativa y no una respuesta a la extinción de la deuda tributaria; no obstante, siendo que la posición que asuma esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, debe estar abocada ý enmarcada a dar una respuesta oportuna a todas y cada una de las invocaciones plasmadas en la impugnación así como en hechos, antecedentes y en el derecho aplicable; en ese contexto, procederá a efectuar el análisis de la impugnación presentada para establecer si la facultad de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, fue o no dentro del plazo de la prescripción; corresponde mencionar que el sujeto activo en su respuesta a la presente impugnación asumió una posición respecto a la problemática en cuestión, lo que implica que dio su consentimiento a todos los argumentos expuestos por el recurrente, rechazando la petición del sujeto pasivo sin que anteponga ninguna otra circunstancia que evite la revisión del acto administrativo impugnado; consecuentemente, esta Instancia Recursiva procederá a emitir un criterio por un principio de eficacia y economía conforme dispone el artículo 4 incisos j) y k) de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo aplicable en el presente caso por expresa disposición del artículo 201 del Código Tributario, respecto a todos los planteamientos formulados por el recurrente.

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De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Gerencia Distrital La Paz Il del Servicio de Impuestos nacionales, con las facultades establecidas en los artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492, inició el proceso de verificación correspondiente al Impuesto al valor Agregado (IVA) derivado de la revisión del crédito fiscal contenido en las facturas de compras declaradas por Ana María Moncada Molina; como resultado de la citada verificación emitió la Vista de Cargo N°291925000046 (SIN/GDLPZ

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11/DFISVENC/00045/2019) de 14 de marzo de 2019 y posteriormente la Resolución Determinativa N° 171925000796 (SIN/GDLPZ II/DJCC/TJ RD/00092/2019) de 14 de junio de 2019, estableciendo sobre base cierta los adeudos tributarios

correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo fiscal diciembre de 2011, asimismo, la omisión de pago en aplicación del artículo 165 de la Ley 2492, concordante con el artículo 42 del DS 27310; en ese entendido, se efectuará el análisis de la impugnación presentada para establecer si las facultades de la Administración Tributaria para determinar adeudos tributarios y de imponer sanciones administrativas correspondientes al periodo fiscal observado fueron ejercidas dentro

del plazo establecido legalmente.

A objeto de abordar la temática que nos ocupa, es pertinente considerar que la

está instituida como un modo de liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la legislación tributaria’ nacional se constituye en un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere. el derecho de la dispensa de la exigibilidad de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye una categoria general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo y/o 

vencimiento extingue su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar

tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias; bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo.

Es menester señalar también que el artículo 59 parágrafo 1 de la Ley 2492, fue modificado mediante la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, estableciendo textualmente que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para el ejercicio de las siguientes facultades: i) controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, ii) determinar la deuda tributaria e iii) imponer sanciones

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

administrativas, de acuerdo a lo señalado, nuestro Estado mediante esa reforma, amplió el plazo de la prescripción de cuatro (4) años hasta los diez (10) años; sin embargo, esta ampliación en cuanto a los plazos, era gradual a partir de la gestión 2013, incrementando un año en cada gestión hasta completar el 2018.

La disposición citada en el párrafo anterior se mantuvo en la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, excepto por la derogación del último párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, modificado por la Ley 291, referido a que el periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año; de igual forma, la mencionada Ley 317 modificó los parágrafos I y Il del artículo 60 de la Ley 2492, previamente modificados por la citada Ley 291, que ahora refiere que el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo :

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Pese a lo mencionado, mediante la Ley 812 de 30 de junio de 2016, el régimen de la prescripción previsto en el artículo 59 de la Ley 2492, fue nuevamente modificado, de tal manera que a partir de su vigencia, las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para: 11) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda tributaria y 3) Imponer sanciones administrativas; es decir, desde la vigencia de la citada Ley, el instituto de la prescripción está regido nuevamente por un plazo único, en este caso, ocho años dentro del cual la Administración Tributaria debe ejercer las facultades mencionadas; asimismo, la norma citada en su Disposición Abrogatoria y Derogatoria única dispuso: “Se abrogan y derogan todas las normas contrarias a la presente Ley”, en ese entendido, considerando que la Ley 291 establecía un plazo progresivo de la prescripción hasta llegar a los diez años en la gestión 2018, resulta ser contrario al nuevo régimen previsto en la Ley 812, de tal manera, se suscitó la derogatoria tácita de la Ley 291 en lo concerniente a la Disposición Adicional Quinta que en su momento había modificado el artículo 59 parágrafo l del Código Tributario; lo que muestra de manera expresa la concurrencia de normativa legal que beneficia al administrado, en concordancia con el artículo 123 de la Constitución Política del Estado y el artículo 150 del Código Tributario.

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní)

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En el contexto anterior, la aplicabilidad de la Ley 812 de 30 de junio de 2016, está supeditada no solo a la emisión sino a la notificación del acto definitivo, lo que implica que los actos administrativos notificados en forma posterior a la vigencia de la citada

Ley estarán sujetos a dicha normativa, conforme prevé el artículo 32 de la Ley 2341;

en ese entendido, la referida Ley 812, establece que las acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones prescribirán a los 8 años; por tanto, en el presente caso la Resolución Determinativa N° 171925000796 (SIN/GDLPZ II/DJCC/TJ/RD/00092/2019) de 14 de junio de 2019, fue notificada personalmente a la contribuyente el 19 de junio de 2019, precisamente en vigencia de la Ley 812, como consecuencia, el término que corresponde aplicar es de 8 años de forma única y definitiva.

En este punto, resulta pertinente mencionar que conforme el amplio examen normativo realizado precedentemente, ante la modificación del artículo 59 de la Ley 2492, la norma subsistente que quedo en vigencia es la Ley 812, de cuya redacción se establece un término fijo de prescripción de ocho (8) años; aspecto que permite afirmar que a partir de la abrogación y derogación de las normas contrarias a esta última Ley, resulta incuestionable la aplicación a los actos emitidos. y. notificados precisamente en vigencia de esta ley; precisión que resulta necesaria realizar, en el entendido, de que esencialmente trata de una norma más beneficiosa para el sujeto pasivo, toda vez como mencionamos anteriormente, ya no está sujeto a la progresividad del cómputo y este se redujo de 10 a 8 años, el lapso de tiempo que contaba el sujeto activo para ejercer su facultad de determinar obligaciones impositivas.

En atención a lo señalado con relación al cómputo de la prescripción de la facultad de imponer sanciones administrativas de conformidad al artículo 60 parágrafo II de la Ley 2492, se inicia: “(…) desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria”; en ese entendido, para el presente caso, de acuerdo al marco legal señalado, respecto a la determinación de deuda tributaria por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por el periodo fiscal diciembre 2011, con vencimiento en enero de 2012 el cómputo de la prescripción inicio el 1 de enero de 2013 y concluirá el 31 de diciembre de 2020; ahora bien, siendo que la notificación del acto impugnado fue el 19 de junio de 2019, interrumpió el curso de la prescripción, al producir efectos legales

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

conforme establece el artículo 32 de la Ley 2341, lo que implica que la Administración Tributaria ejerció sus facultades de determinar adeudos tributarios y de imposición de sanciones dentro del plazo legal establecido; por tanto, la prescripción invocada por la ahora recurrente no se encuentra materializada; aspectos que se encuentran plasmados en el siguiente cuadro:

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Vencimiento de Presentación Enero/2012

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* 1 de enero 2013.

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Prescripción: 31 de diciembre de

: 2020

Notificación * Resolución 

Determinativa 19 de junio de 2019

Diciembre 2011

.

Del cuadro precedente y conforme lo expuesto anteriormente se tiene que el periodo observado no se encuentra prescrito; siendo que el Ente Fiscal ejerció sus facultades de determinar la deuda tributaria e impones sanciones administrativas dentro del plazo establecido por Ley.

Con relación al argumento de la contribuyente Ana María Moncada respecto a que la notificación mediante cédula con la Orden de Verificación N° 001401E04114 de 3 de agosto de 2016, se constituye en una causal de suspensión del término de prescripción por 6 meses, según lo establecido en el artículo 62 de la Ley 2492; corresponde aclarar, que el parágrafo 1 artículo 62 del Código Tributario, establece que el curso de la prescripción se suspende por,‘ “la notificación e inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses“, en ese contexto legal, el citado presupuesto normativo no es aplicable al caso bajo análisis en razón a que el proceso de determinación fue iniciado a raíz de la notificación con una Orden de Verificación y no así de Fiscalización, actuaciones que difieren en cuanto a su

naturaleza, toda vez que el primero tiene un alcance específico y el segundo un alcance

más amplio en cuanto a impuestos y períodos a fiscalizar, en ese contexto, no es evidente la causal de suspensión alegada por el Ente Fiscal.

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En el marco de la normativa expuesta y en función del análisis señalado precedentemente, se establece que las facultades de la Administración Tributaria para

udos tributarios e imponer sanciones respecto al Impuesto al Valor

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Agregado (IVA) conforme normativa específica, correspondiente al periodo fiscal diciembre 2011, se encuentra incólume, consecuentemente, corresponde confirmar la Resolución Determinativa N° 17-1925000796 (SINIGDLPZ 11/DJCC/TJ/RD/00092/2019

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de 14 de junio de 2019, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales.

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada, mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 171925000796 (SIN/GDLPZ TI/DJCCTJ/RD/00092/2019) de 14 de junio de 2019, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales contra Ana María Moncada Molina; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), más intereses y la sanción por omisión de pago en aplicación del artículo 165 de la ley 2492 concordante con el artículo 42 del DS 27310, correspondiente al periodo fiscal diciembre 2011.

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SUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme. establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la

administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención.

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CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación

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Regístrese, hágase saber y cúmplase.

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Lle. Cecilia Velez-Dorado 

Director Ejecutiva Regionat Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Regional de Impugnadon 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1092/201

Recurrente: 

Ana Maria Moncada Molina

Administración Recurrida: 

Gerencia Distrital La Paz Il del Servicio de Impuestos Nacionales,.. legalmente representada por Ranulfo Prieto Salinas

Acto Impugnado: 

Resolución Determinativa ‘No 171925000796 (SINIGDLPZ II/DJCC/TRD/00092/2019)

Expediente: 

ARIT-LPZ-0739/2019 

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Lugar y Fecha: 

La Paz, 7 de octubre de 2019

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VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el’ Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 1092/2019 de 4 de octubre de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente:

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Determinativa N° 171925000796 (SIN/GDLPZ 1I/DJCC/TJI: RD/00092/2019) de 14 de junio de 2019, determinó de oficio sobre base cierta en sujeción a lo establecido en el parágrafo I del artículo 43 de la Ley 2492, las obligaciones impositivas del contribuyente Ana María Moncada Molina, que asciende a 1.266 UFV’s por tributo omitido, más intereses y la sanción por omisión de pago por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), del periodo fiscal diciembre 2011.

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  1. 11. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 1 Argumentos del Recurrente Ana María Moncada Molina, mediante nota presentada el 9 de julio de 2019, cursante a fojas 17-20 de obrados, interpuso Recurso de Alzada expresando lo siguiente:

La Orden de Verificación No 0014OVE04114 fue notificada el 12 de agosto de 2016, en ese sentido, conforme lo dispuesto en el parágrafo I del artículo 62 de la Ley 2492, se suspendió el curso de la prescripción por seis (6) meses y tomando en cuenta que el cómputo de la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas es de cuatro (4) años para el periodo diciembre 2011, el mismo inició el 1 de enero de 2013, extendiéndose hasta el 30 de junio de 2017; consecuentemente, toda vez que la Resolución Determinativa N° 171925000796, fue notificada recién el 19 de junio de 2019, los adeudos en ella contenidos se encuentran prescritos, conforme lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492 y parágrafo 1 del artículo 60 del mencionado cuerpo legal.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución Determinativa N° 171925000796 (SIN/GDLPZ IX/DJCC/TJ/RD/00092/2019) de 14 de junio de 2019.

11.2 Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Ana María Moncada Molina, fue admitido por Auto de 17 de julio de 2019, notificado personalmente al recurrente el 22 de julio de 2019 y mediante cédula a la Administración Tributaria el 25 de julio de 2019; fojas 21-26 de obrados.

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Ranulfo Prieto Salinas conforme se acredita de la Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0618-16 de 1 de noviembre de 2016, por memorial presentado el 9 de agosto de 2019, cursante a fojas 29-36 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente:

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

El contribuyente en su memorial de Recurso de Alzada, manifiesta una hipotética prescripción de las actuaciones de la Administración Tributaria por el periodo fiscal diciembre 2011, señalando que debería aplicarse los artículos 59 y 60 de la Ley 2492 sin modificaciones. Si bien la prescripción es un instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo permite la extinción de los derechos y acciones, no es menos evidente que para que opere la misma se necesita como único requisito el transcurso del tiempo, aspecto que no puede estar regulado por el capricho del contribuyente, más al contrario es la Ley la única que puede modificar dichos plazos.

Los artículos 59 y 60 del Código tributario fueron modificados por la Leyes 291, 317 y 812, normativa legal vigente y aplicable en el presente caso, adicionalmente, estas leyes establecen el cómputo de la prescripción que es de cumplimiento obligatorio en todas las instancias administrativas, contando con la presunción de constitucionalidad

dad a los establecido en el artículo 5 de la Ley 027 – Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en ese sentido, se tiene que el cómputo de la prescripción para el periodo diciembre 2011, inició en enero 2013 y concluye el 31 de diciembre de 2020.

La Administración tributaria adecuó su proceder a las normas jurídicas vigentes, toda vez que las considera conocidas por todos los habitantes del territorio boliviano, no pudiendo alegar desconocimiento de las mismas, al respecto cita lo establecido en la Sentencia Constitucional N° 1110/2002. A fin de refutar el fundamento del contribuyente sobre la supuesta prescripción, señala que las Leyes 291, 317 y 812 establecen claramente disposiciones derogatorias y abrogatorias, por lo que se deberá tomar en cuenta que en el anterior texto del artículo 59 y 60 de la Ley 2492, establecia periodos de prescripción más cortos a los que actualmente se encuentran viger encuentran totalmente abrogados, por lo que no puede pretenderse aplicar normativa

no se encuentra vigente a la fecha y que dejó de ser vinculante y obligatoria, al respecto cita las Resoluciones de Recurso Jerárquico 1513/2014, 1413/2013 y 0195/2018

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Se debe tomar en cuenta que la Ley 812, es plenamente aplicable conforme a la Teoría de Derecho adquiridos, en los que se referiría a las situaciones consolidadas, no a las que configuran meras expectativas, ya que estas, por no haberse perfeccionado el

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Gulmán Ruiz

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derecho, están sujetas a las futuras regulaciones que la Ley introduzca. El derecho adquirido se incorpora de modo definitivo al patrimonio del titular y queda cubierto de cualquier acto oficial que pretenda desconocerlo, no ocurre los mismo con los derechos expectativos que carecen de relevancia jurídica y pueden ser modificados o extinguidos por el legislador, como sucedió con la promulgación de las Leyes 291, 317 y 812. Resalta que en el transcurso del cómputo de la prescripción de la gestión observada, se emitieron Leyes que modificaron los términos de prescripción, los derechos expectativos de la Gestión 2010 y 2011 fueron modificados con la publicación de las Leyes 291, 317 y finalmente 812 que sería la normativa legal a ser aplicable en el presente caso.

No se trata de una aplicación retroactiva de la Ley, sino que la prescripción tributaria puede en determinado momento ser un derecho adquirido o una situación expectativa, si se cumpliera el término de la prescripción se estaría aplicando la legislación anterior, considerándose un derecho adquirido que las nuevas leyes no pueden modificar, por cuanto el tributo omitido y la sanción ya estarían prescritos, si a la fecha de entrada de vigencia de las nuevas normas la prescripción no operó, se constituye solo en una situación expectativa que no se consolidó, aspecto que puede extinguido por el legislador con nuevas leyes, como sucedió con la Ley 812; en ese sentido, cita lo señalado en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0757/2015.

Si bien el contribuyente en la gestión 2011, tenía el derecho expectaticio de acogerse al artículo 59 de la Ley 2492, antes de que este artículo sea derogado y entrara en vigencia la Ley 812, pero ahora ya no lo tiene, debido a la vigencia las Leyes 291, 317 y 812 antes de que la facultad de determinación de la deuda tributaria de la Administración Tributaria prescribiera. Por lo cual se puede advertir que el criterio expuesto por el contribuyente no tiene asidero legal, siendo la Ley aplicable en el presente caso es la Ley 812.

Se debe tener presente que se presume la legalidad y buena fe de las actuaciones de

la Administración Tributaria, de acuerdo a lo previsto en el inciso b) del artículo 28 de la Ley 1178. Asimismo, solicita que la sentencia que se dicte sea en aplicación al

principio de congruencia establecido de manera uniforme por el Tribunal Constitucional . mediante la Sentencia 1916/2012. Además, señala que cada Resolución Determinativa

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

no es un acto administrativo independiente y que por sí mismo equivalga a todo el procedimiento determinativo, es más bien el resultado de un conjunto de actos vinculados dialécticamente, con la consiguiente aplicación del tipo de gravamen y la concreta determinación cuantitativa de la deuda del contribuyente, solicitando se tome en cuenta toda la prueba respecto a las actuaciones administrativas y valoradas de manera integral, en forma conjunta con la Resolución Determinativa.

Conforme los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa No 171925000796 (SIN/GDLPZ 11/DJCC/TJ/RD/00092/2018) de 14 de junio de 2019.

11.4 Apertura de término probatorio y producción de pruebas Mediante Auto de 12 de agosto de 2019, se aperturó el término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada por Secretaria al recurrente y a la Administración Tributaria el 14 de agosto de 2019, fojas 37-38 de obrados…

Con memorial.presentado el 2 de septiembre de 2019; María Josefina Guzmán Medina se apersonó en calidad de Gerente Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia No 031900000767 de 12 de agosto de 2019; asimismo, ratificó en calidad de prueba pre constituida, la documentación ‘adjunta al memorial de Respuesta Negativa al Recurso de Alzada, correspondiente a los antecedentes administrativos; al efecto, por Proveido

de 3 de septiembre de 2019, se dio por válido el apersonamiento y por ratificada la prueba documental señalada, actuación notificada por Secretaría al recurrente y a la Administración Tributaria el 4 de septiembre de 2019; fojas 41-43 de obrados.

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11.5 Alegatos Mediante memorial presentado el 20 de septiembre de 2019; Ranulfo Prieto Salinas se apersonó en calidad de Gerente Distrital La Paz 11 del Servicio de Impuestos Nacionales conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia No 031900000767 de 12 de agosto de 2019; asimismo, expuso sus alegatos ratificando los fundamentos expuestos en la Resolución Determinativa N° 171925000796 (CITE: . SIN/GDLPZ II/DJCC/TJ/RD/00092/2019) de 14 de junio de 2019, así como también lo argumentado en el memorial de respuesta negativa presentada, demostrando que la

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Administración Tributaria actuó de buena fe, en estricto cumplimiento de la normativa tributaria vigente y bajo la égida del respeto de los derechos del contribuyente; al efecto, con Proveido de 23 de septiembre de 2019, se dio por apersonado a Ranulfo Prieto Salinas como Gerente Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales y por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria, actuación notificada por Secretaría al recurrente y a la Administración Tributaria el 25 de septiembre de 2019; fojas 46-48 de obrados.

El recurrente no presentó alegatos escritos ni orales dentro el plazo establecido por el artículo 210 Numeral II del Código Tributario.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, el 12 de agosto de 2016, notifico mediante cédula a Ana Maria Moncada Molina, con el formulario 7531 correspondiente a la Orden de Verificación N° 00140VE04114 “Operativo Específico Crédito Fiscal”, a objeto de revisar el IVA derivado del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente que se detallan en anexo adjunto, por los periodos fiscales febrero y diciembre 2011; requiriendo al efecto, presentación de las declaraciones juradas y Libro de Compras de los períodos observados, facturas de compras originales detalladas en anexo, documento que respalde el pago efectuado y otra documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso de verificación, fojas 3-4 y 7-10 de antecedentes administrativos.

Ana Maria Moncada Molina con nota, de 15 de agosto de 2016, solicitó a la Administración Tributaria ampliación para la presentación de los documentos requeridos con Orden de Verificación. Por Proveido CITE: SIN/GDLPZ !1/DFNE/PROV/572/2016 de 17 de agosto de 2016, se otorgó la ampliación de plazo para la presentación de la información solicitada por cinco (5) días hábiles a partir de su legal notificación con el presente proveído, acto notificado mediante cédula a la contribuyente el 6 de septiembre de 2016; fojas 12 y 14-18 de antecedentes administrativos. . . .

Mediante Acta de Recepción/Devolución de Documentos de 2 de septiembre de 2016, se recepcionó la documentación presentada por Ana María Moncada Molina; fojas 21

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

de antecedentes administrativos.

La Vista de Cargo N° 291925000046 (SIN/GDLPZ TI/DF/SVENC/00045/2019) de 14 de marzo de 2019, estableció el tributo omitido de 1.267 UFV’s, más intereses y sanción preliminar de omisión de pago por el Impuesto al Valor Agregado del período fiscal diciembre 2011, en aplicación del artículo 47 de la Ley 2492 (Modificado por el parágrafo I del artículo 2 de la Ley 812) y el artículo 165 de la citada Ley. Asimismo, en caso de merecer objeción a la presente, según lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley 2492, el contribuyente dispondrá de treinta (30) días calendario, improrrogables, computables a partir de su legal notificación para formular descargos y presentar pruebas; actuación notificada mediante cédula a Ana Maria Moncada Molina, el 28 de . marzo de 2019, fojaş 103-112 de antecedentes administrativos.

El Informe CITE: SIN/GDLPZ I/DJCC/TJ/INF/01152/2019 de 14 de junio de 2019, concluyó que al no presentar ningún tipo de descargos la contribuyente, se ratifica la deuda preliminarmente establecida en la vista de Cargo N° 291925000046 (SIN/GDLPZ MIDFISVENC/00045/2019) de 14 de marzo de 2019 y recomienda la emisión de la respectiva Resolución Determinativa de acuerdo a la establecido en la RND 10-0032-16; fojas 118-126

.

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La Resolución Determinativa N° 171925000796 (SIN/GDEPZ DICC/TJ/ RD/00092/2019) de 14 de junio de 2019, determinó de oficio sobre base cierta en sujeción a lo establecido en el parágrafo del artículo 43 de la Ley 2492, las obligaciones impositivas del contribuyente Ana Maria Moncada Molina, que asciende a 1.266 UFV’s por tributo omitido, más intereses y la sanción por omisión de pago en aplicación del artículo 165 de la Ley 2492, concordante con el artículo 42 del DS 27310, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo fiscal diciembre 2011; actuación notificada personalmente a la contribuyente el 19 de junio de 2019, fojas. 131-145 de antecedentes administrativos.

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  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el

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Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211, parágrafo III de la Ley 3092, se tiene: .

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Ana María Moncada Molina, la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.

IV.1. Prescripción

La recurrente a través de los argumentos de su Recurso de Alzada manifiesta que la Orden de Verificación No 00140VE04114 fue notificada el 12 de agosto de 2016, en ese sentido, conforme lo dispuesto en el parágrafo I del artículo 62 de la Ley 2492, se suspendió el curso de la prescripción por seis (6) meses y tomando en cuenta que el cómputo de la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas es de cuatro (4) años, para el periodo diciembre 2011, se inició el 1 de enero de 2013, extendiéndose hasta el 30 de junio de 2017; consecuentemente, toda vez que la Resolución Determinativa N° 171925000796, fue notificada recién el 19 de junio de 2019, los adeudos en ella contenidos se encuentran prescritos conforme lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492 y parágrafo I del artículo 60 del mencionado cuerpo legal.

La Administración Tributaria en su respuesta al Recurso de Alzada, refiere que efectivamente los artículos 59 y 60 del Código tributario fueron modificados por la Leyes 291, 317 y 812, normativa legal vigente y aplicable en el presente caso, adicionalmente, estas leyes establecen el cómputo de la prescripción que es de cumplimiento obligatorio en todas las instancias administrativas, contando con la presunción de constitucionalidad de conformidad a los establecido en el artículo 5 de la Ley 027 – Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en ese sentido, se tiene que el cómputo de la prescripción para el periodo diciembre 2011, inició en enero 2013 y concluye el 31 de diciembre de 2020.; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó :

el artículo 59 de la Ley 2492, estableciendo: 7. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones, tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. . II. Los términos de prescripción precedentes sé ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. 1. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible

.

..

.4

La Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, derogó el último párrafo del parágrafo I, del artículo 59 de la Ley 2492, disponiendo: I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde. 

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III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible. 

Posteriormente, la Ley 812 de 30 de junio de 2016, dispuso la modificación del artículo 59, parágrafos I y II de la Ley 2492, conforme el siguiente texto: I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 

  1. Imponer sanciones administrativas. II. El término de prescripción precedente se ampliará en dos (2) años adicionales, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, se inscribiera en un régimen tributario diferente al que corresponde, incurra en delitos tributarios o realice operaciones comerciales y/o financieras en países de baja o nula tributación. 

El artículo 60 del citado Código Tributario, al referirse al cómputo de la prescripción, dispone: 1. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo / del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer dia del año siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 11. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde. el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria. III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

El artículo 61 del referido Código Tributario, en relación a las causales de interrupción de la prescripción, dispone: La prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. ‘ 

;*.7..

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

El artículo 62 del Código Tributario, dispone: El curso de la prescripción se suspende con: 1. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses. II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

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De inicio corresponde señalar que el recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada, solicitó declarar la prescripción; sin embargo, esta petición no fue con antelación absuelta por el sujeto activo, toda vez que el acto administrativo impugnado trata de una Resolución Determinativa y no una respuesta a la extinción de la deuda tributaria; no obstante, siendo que la posición que asuma esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, debe estar abocada ý enmarcada a dar una respuesta oportuna a todas y cada una de las invocaciones plasmadas en la impugnación así como en hechos, antecedentes y en el derecho aplicable; en ese contexto, procederá a efectuar el análisis de la impugnación presentada para establecer si la facultad de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, fue o no dentro del plazo de la prescripción; corresponde mencionar que el sujeto activo en su respuesta a la presente impugnación asumió una posición respecto a la problemática en cuestión, lo que implica que dio su consentimiento a todos los argumentos expuestos por el recurrente, rechazando la petición del sujeto pasivo sin que anteponga ninguna otra circunstancia que evite la revisión del acto administrativo impugnado; consecuentemente, esta Instancia Recursiva procederá a emitir un criterio por un principio de eficacia y economía conforme dispone el artículo 4 incisos j) y k) de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo aplicable en el presente caso por expresa disposición del artículo 201 del Código Tributario, respecto a todos los planteamientos formulados por el recurrente.

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De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Gerencia Distrital La Paz Il del Servicio de Impuestos nacionales, con las facultades establecidas en los artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492, inició el proceso de verificación correspondiente al Impuesto al valor Agregado (IVA) derivado de la revisión del crédito fiscal contenido en las facturas de compras declaradas por Ana María Moncada Molina; como resultado de la citada verificación emitió la Vista de Cargo N°291925000046 (SIN/GDLPZ

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Juan Carlos 9 Guzmán Rulze Ve voBo N STRE Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Maņa tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)

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Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973 • www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

11/DFISVENC/00045/2019) de 14 de marzo de 2019 y posteriormente la Resolución Determinativa N° 171925000796 (SIN/GDLPZ II/DJCC/TJ RD/00092/2019) de 14 de junio de 2019, estableciendo sobre base cierta los adeudos tributarios

correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo fiscal diciembre de 2011, asimismo, la omisión de pago en aplicación del artículo 165 de la Ley 2492, concordante con el artículo 42 del DS 27310; en ese entendido, se efectuará el análisis de la impugnación presentada para establecer si las facultades de la Administración Tributaria para determinar adeudos tributarios y de imponer sanciones administrativas correspondientes al periodo fiscal observado fueron ejercidas dentro

del plazo establecido legalmente.

A objeto de abordar la temática que nos ocupa, es pertinente considerar que la

está instituida como un modo de liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la legislación tributaria’ nacional se constituye en un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere. el derecho de la dispensa de la exigibilidad de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye una categoria general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo y/o 

vencimiento extingue su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar

tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias; bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo.

Es menester señalar también que el artículo 59 parágrafo 1 de la Ley 2492, fue modificado mediante la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, estableciendo textualmente que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para el ejercicio de las siguientes facultades: i) controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, ii) determinar la deuda tributaria e iii) imponer sanciones

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

administrativas, de acuerdo a lo señalado, nuestro Estado mediante esa reforma, amplió el plazo de la prescripción de cuatro (4) años hasta los diez (10) años; sin embargo, esta ampliación en cuanto a los plazos, era gradual a partir de la gestión 2013, incrementando un año en cada gestión hasta completar el 2018.

La disposición citada en el párrafo anterior se mantuvo en la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, excepto por la derogación del último párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, modificado por la Ley 291, referido a que el periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año; de igual forma, la mencionada Ley 317 modificó los parágrafos I y Il del artículo 60 de la Ley 2492, previamente modificados por la citada Ley 291, que ahora refiere que el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo :

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Pese a lo mencionado, mediante la Ley 812 de 30 de junio de 2016, el régimen de la prescripción previsto en el artículo 59 de la Ley 2492, fue nuevamente modificado, de tal manera que a partir de su vigencia, las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para: 11) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda tributaria y 3) Imponer sanciones administrativas; es decir, desde la vigencia de la citada Ley, el instituto de la prescripción está regido nuevamente por un plazo único, en este caso, ocho años dentro del cual la Administración Tributaria debe ejercer las facultades mencionadas; asimismo, la norma citada en su Disposición Abrogatoria y Derogatoria única dispuso: “Se abrogan y derogan todas las normas contrarias a la presente Ley”, en ese entendido, considerando que la Ley 291 establecía un plazo progresivo de la prescripción hasta llegar a los diez años en la gestión 2018, resulta ser contrario al nuevo régimen previsto en la Ley 812, de tal manera, se suscitó la derogatoria tácita de la Ley 291 en lo concerniente a la Disposición Adicional Quinta que en su momento había modificado el artículo 59 parágrafo l del Código Tributario; lo que muestra de manera expresa la concurrencia de normativa legal que beneficia al administrado, en concordancia con el artículo 123 de la Constitución Política del Estado y el artículo 150 del Código Tributario.

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En el contexto anterior, la aplicabilidad de la Ley 812 de 30 de junio de 2016, está supeditada no solo a la emisión sino a la notificación del acto definitivo, lo que implica que los actos administrativos notificados en forma posterior a la vigencia de la citada

Ley estarán sujetos a dicha normativa, conforme prevé el artículo 32 de la Ley 2341;

en ese entendido, la referida Ley 812, establece que las acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones prescribirán a los 8 años; por tanto, en el presente caso la Resolución Determinativa N° 171925000796 (SIN/GDLPZ II/DJCC/TJ/RD/00092/2019) de 14 de junio de 2019, fue notificada personalmente a la contribuyente el 19 de junio de 2019, precisamente en vigencia de la Ley 812, como consecuencia, el término que corresponde aplicar es de 8 años de forma única y definitiva.

En este punto, resulta pertinente mencionar que conforme el amplio examen normativo realizado precedentemente, ante la modificación del artículo 59 de la Ley 2492, la norma subsistente que quedo en vigencia es la Ley 812, de cuya redacción se establece un término fijo de prescripción de ocho (8) años; aspecto que permite afirmar que a partir de la abrogación y derogación de las normas contrarias a esta última Ley, resulta incuestionable la aplicación a los actos emitidos. y. notificados precisamente en vigencia de esta ley; precisión que resulta necesaria realizar, en el entendido, de que esencialmente trata de una norma más beneficiosa para el sujeto pasivo, toda vez como mencionamos anteriormente, ya no está sujeto a la progresividad del cómputo y este se redujo de 10 a 8 años, el lapso de tiempo que contaba el sujeto activo para ejercer su facultad de determinar obligaciones impositivas.

En atención a lo señalado con relación al cómputo de la prescripción de la facultad de imponer sanciones administrativas de conformidad al artículo 60 parágrafo II de la Ley 2492, se inicia: “(…) desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria”; en ese entendido, para el presente caso, de acuerdo al marco legal señalado, respecto a la determinación de deuda tributaria por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por el periodo fiscal diciembre 2011, con vencimiento en enero de 2012 el cómputo de la prescripción inicio el 1 de enero de 2013 y concluirá el 31 de diciembre de 2020; ahora bien, siendo que la notificación del acto impugnado fue el 19 de junio de 2019, interrumpió el curso de la prescripción, al producir efectos legales

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conforme establece el artículo 32 de la Ley 2341, lo que implica que la Administración Tributaria ejerció sus facultades de determinar adeudos tributarios y de imposición de sanciones dentro del plazo legal establecido; por tanto, la prescripción invocada por la ahora recurrente no se encuentra materializada; aspectos que se encuentran plasmados en el siguiente cuadro:

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Prescripción: 31 de diciembre de

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Notificación * Resolución 

Determinativa 19 de junio de 2019

Diciembre 2011

.

Del cuadro precedente y conforme lo expuesto anteriormente se tiene que el periodo observado no se encuentra prescrito; siendo que el Ente Fiscal ejerció sus facultades de determinar la deuda tributaria e impones sanciones administrativas dentro del plazo establecido por Ley.

Con relación al argumento de la contribuyente Ana María Moncada respecto a que la notificación mediante cédula con la Orden de Verificación N° 001401E04114 de 3 de agosto de 2016, se constituye en una causal de suspensión del término de prescripción por 6 meses, según lo establecido en el artículo 62 de la Ley 2492; corresponde aclarar, que el parágrafo 1 artículo 62 del Código Tributario, establece que el curso de la prescripción se suspende por,‘ “la notificación e inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses“, en ese contexto legal, el citado presupuesto normativo no es aplicable al caso bajo análisis en razón a que el proceso de determinación fue iniciado a raíz de la notificación con una Orden de Verificación y no así de Fiscalización, actuaciones que difieren en cuanto a su

naturaleza, toda vez que el primero tiene un alcance específico y el segundo un alcance

más amplio en cuanto a impuestos y períodos a fiscalizar, en ese contexto, no es evidente la causal de suspensión alegada por el Ente Fiscal.

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ISO 9001 AENOR CERTIFICATION

En el marco de la normativa expuesta y en función del análisis señalado precedentemente, se establece que las facultades de la Administración Tributaria para

udos tributarios e imponer sanciones respecto al Impuesto al Valor

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Agregado (IVA) conforme normativa específica, correspondiente al periodo fiscal diciembre 2011, se encuentra incólume, consecuentemente, corresponde confirmar la Resolución Determinativa N° 17-1925000796 (SINIGDLPZ 11/DJCC/TJ/RD/00092/2019

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita . mbaerepi Vae (Guaraní)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo: La Paz, Bolivia

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de 14 de junio de 2019, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales.

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada, mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 171925000796 (SIN/GDLPZ TI/DJCCTJ/RD/00092/2019) de 14 de junio de 2019, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales contra Ana María Moncada Molina; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), más intereses y la sanción por omisión de pago en aplicación del artículo 165 de la ley 2492 concordante con el artículo 42 del DS 27310, correspondiente al periodo fiscal diciembre 2011.

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SUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme. establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la

administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención.

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CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación

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Regístrese, hágase saber y cúmplase.

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Lle. Cecilia Velez-Dorado 

Director Ejecutiva Regionat Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Regional de Impugnadon 

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