ARIT-LPZ-RA-1079-2020 Rechazo de la solicitud de nulidad de notificaciones por parte de la Administración Tributaria, y se deja sin efecto por prescripción del adeudo tributario del IVA e IT (revocatoria parcial), con los antecedentes de que las notificaciones no fueron hechas a los domicilios señalados por el contribuyente.

ARIT-LPZ-RA-1079-2020

(A

AUTORIDAD DE EMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1079/2020 

Recurrente: 

Luis Edgar Lima Carvajal 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz II del Servicio d

Impuestos Nacionales, representada legalmente por Ranulfo Prieto Salinas 

Acto Impugnado: 

Auto Administrativo N° 392025000005 (SIN/GDLPZ II/DJCC/UCC/AUTA/3/2020). 

Expediente: 

ARIT-LPZ-0523/2020 

Lugar y Fecha: 

La Paz, 18 de diciembre de 2020 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de Apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 1079/2020 de 18 de diciembre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

L

n

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO El Auto Administrativo N° 392025000005 (SIN/GDLPZ JI/DJCC/UCC/AUTA/3/2020) de 10 de marzo de 2020, emitido por la Gerencia Distrital La Paz ll del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió rechazar la solicitud de nulidad de notificaciones, nulidad del Auto Inicial de Sumario Contravencional, así como la prescripción planteadas por Luis Edgar Lima Carvajal, debiendo proseguir con la ejecución tributaria anunciada mediante el Pliego de Cargo N° 159/05 de 20 de junio de 2005, de conformidad con lo establecido en los artículos 59 y siguientes de la Ley 2492, , modificado por las Leyes 291, 317 y 812. 

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Juan Carlos Gumán Ruiz 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (591-2) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA II.1 Argumentos del Recurrente Luis Edgar Lima Carvajal, mediante nota presentada el 15 de septiembre de 2020, cursante a fojas 7-15 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente: 

De los datos del expediente, se evidencia que el 13 de agosto de 2003, se generó el Operativo N° 74 Notificación 183 para efectuar una verificación de los periodos fiscales enero a diciembre de 2001, documento notificado por edicto el 23 y 29 de mayo y 4 de junio de 2004, en base al artículo 159 inciso d) de la Ley 1340. En la representación por edicto se señala que el contribuyente ya no desarrolla actividades en su domicilio fiscal ubicado en la calle Sagárnaga N° 339 Galería Sagarnaga, PB Local 8 Central, aspecto que demuestra que la Administración Tributaria conocía el domicilio fiscal. 

La Vista de Cargo N° 20-DFSVI171/2004, fue notificada personalmente el 25 de junio de 2004; sin embargo, cursa en el cuaderno administrativo, dos avisos de visita de 24 y 25 de junio de 2004, dejados en el domicilio fiscal, lo que demuestra que la Administración Tributaria conocía el domicilio fiscal; asimismo, la Resolución Determinativa N° 00790 fue notificada por edicto el 13, 18 y 23 de marzo de 2005, cuya representación señala que no se pudo dar cumplimiento a la notificación con dicho acto administrativo, debido a que en la calle Sagárnaga No 339 Galería Sagárnaga, PB Local 8 Central, el sujeto pasivo no fue habido, lo que también evidencia el conocimiento del domicilio por parte de la Administración Tributaria. 

De igual forma, el Pliego de Cargo N° 0159/05 fue notificado por edicto el 20, 23 y 26 de diciembre de 2005; sin embargo, el Auto Intimatorio no fue notificado. La representación de 20 de septiembre de 2005, señala que habiéndose constituido el notificador en el domicilio tributario de Luis Edgar Lima Carvajal ubicado en la calle Sagárnaga N° 339 Local 8 zona El Rosario, con el objeto de proceder a la notificación con los citados documentos; sin embargo, no se pudo dar cumplimiento a la notificación personal del contribuyente, debido a que no fue habido en la dirección señalada. 

Durante los periodos fiscalizados enero a diciembre 2001, se encontraba inscrito como contribuyente del Régimen Tributario Simplificado con obligación impositiva de un pago 

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bimensual, en consecuencia, claramente se establece que no se puede determinar deuda tributaria por el IVA e IT, toda vez que no se encontraba alcanzado por dichos impuestos; aspecto que se puede evidenciar de la simple revisión de la Consulta de Contribuyentes. 

De las representaciones efectuadas por funcionarios de la Administración Tributaria, previas a las notificaciones por Edicto de los actos administrativos Operativo No 74 Notificación 183, Resolución Determinativa y Pliego de Cargo, se evidencia que el Ente Fiscal conocía exactamente el domicilio fiscal declarado por el sujeto pasivo a tiempo de la suscripción en el Padrón de Contribuyentes, por lo que no procedía la notificación por edicto, toda vez que esa forma sólo procede por desconocimiento del domicilio del contribuyente; en ese contexto, corresponde la anulación de obrados hasta la notificación con el acto administrativo denominado Operativo No 74 Notificación 183. 

En el supuesto de que se considere que en el memorial de solicitud de anulación de la Vista de Cargo presentado el 15 de julio de 2004, se debió observar la nulidad de la notificación del Operativo No 74 Notificación 183, corresponde se declare la nulidad de obrados hasta la notificación con la Resolución Determinativa; y si ésta fuera validada, se debe considerar que no correspondía la emisión del Pliego de Cargo, de acuerdo a la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, toda vez que el proceso de determinación se encontraba en tramitación en vigencia de la Ley 2492, que culminó con la emisión de la respectiva Resolución Determinativa, en efecto, al pasar a la siguiente etapa que es la cobranza coactiva, correspondía la emisión del Proveido de inicio de Ejecución Tributaria. En ese entendido, la no emisión del PIET conlleva la anulación de obrados hasta el Pliego de Cargo, tal como se pronunció el tribunal de garantías en la acción de amparo constitucional interpuesta por el contribuyente Giovany de Col contra la Gerencia Distrital La Paz. 

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La determinación del tributo en la Resolución Determinativa interrumpe la prescripción, conforme prevé el artículo 54 numeral 1 de la Ley 1340, sin embargo, dicho acto administrativo no fue notificado legalmente. Para los periodos enero a diciembre 2001, con vencimiento de pago en la misma gestión 2001, el cómputo de la prescripción de 5 años, conforme la previsión del último párrafo de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, se inicia el 1 de enero de 2002 y concluye el 31 de diciembre de 2006. 

13 Juan Carlos By 

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de la calidad Certificador 771/

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (591-2) 24126132411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

Para el período diciembre de 2001, con vencimiento de pago en enero 2002, el cómputo de la prescripción de 5 años, se inicia el 1 de enero de 2003 y concluye el 31 de diciembre de 2007; en ese contexto, al no existir acto interruptivo del cómputo de la prescripción, se concluye que las facultades de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva han prescrito

En el supuesto de que no se de curso a las anulaciones de las notificaciones de los actos administrativos, corresponde tomar en cuenta las acciones efectuadas por la Administración Tributaria para la recuperación del tributo, es así que, desde el 28 de octubre de 2011, fecha de emisión de la nota de solicitud de información a INFOCRED BIC hasta el 23 de julio de 2019, fecha de solicitud de prescripción y nulidad de notificaciones, el Ente Fiscal no emitió nota o realizó acción alguna por la que pretenda efectivizar el cobro de la deuda tributaria, habiendo transcurrido más de ocho años de inacción, tiempo mayor a la prescripción de cinco años para que opere la prescripción, término establecido en el artículo 52 de la Ley 1340, aplicable de acuerdo al último párrafo de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310. 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente el Auto Administrativo N° 392025000005 (SIN/GDLPZ 11/DJCC/UCCIAUTA/3/2020) de 10 de marzo de 2020. 

11.2 Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Luis Edgar Lima Carvajal, fue admitido mediante Auto de 22 de septiembre de 2020. notificado personalmente al recurrente y por cédula a la Administración Tributaria el 24 y 29 de septiembre de 2020, respectivamente; fojas 16-21 de obrados. 

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital La Paz ll del Servicio de Impuestos Nacionales representada legalmente por Martha Mónica Martinic Arze, conforme se acredita de la Resolución Administrativa de Presidencia No 032000000042 de 10 de enero de 2020, por memorial presentado el 14 de octubre de 2020, cursante a fojas 2431 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos; 

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De acuerdo a los antecedentes administrativos y los reportes del Padrón de Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, se advierte que el sujeto pasivo evidentemente se encontraba registrado e inscrito en el Régimen Tributario Simplificado; sin embargo, la Administración Tributaria advirtió irregularidades en los ingresos del ahora recurrente, por los periodos fiscales de enero a diciembre de 2001, a través de la información obtenida de las Administradoras de Tarjetas de crédito, inconsistencias que dieron inicio al procedimiento de determinación, que concluyó con la emisión y notificación de la Resolución Determinativa N° 00790/2004 que estableció reparos a favor del Fisco y tipificó la conducta del sujeto pasivo como delito de defraudación fiscal. 

En sujeción a los artículos 3 y 14 del DS 24484, concordante con los artículos 98, 99 y 101 de la Ley 1340, los contribuyentes inscritos en el Régimen Tributario Simplificado pueden ser sujetos a procedimientos de determinación al advertirse irregularidades en los ingresos percibidos y los declarados como en el presente caso, en consecuencia, el hecho de que el sujeto pasivo haya pertenecido al Régimen antes señalado, no significa que la Administración Tributaria a tras de un procedimiento de determinación, no pueda revisar y comprobar los ingresos no declarados por el contribuyente, establecer la deuda tributaria e incluso inscribir de oficio al contribuyente al régimen tributario que le corresponda. 

Por lo expuesto, el procedimiento de determinación concluido con la Resolución Determinativa N° 00790/2004, cumplió a cabalidad con todos los requisitos previstos en el artículo 170 de la Ley 1340 y al no ser objeto de impugnación dentro el plazo previsto en el artículo 174 de dicha ley, adquirió firmeza, por lo que no puede ser objeto de modificación, anulación o revocatoria, análisis ampliamente expuesto en el acto administrativo impugnado, consecuentemente, no corresponde que se retrotraiga etapas concluidas, es decir en etapa de ejecución tributaria, el contribuyente no puede reclamar el trabajo de determinación de la deuda

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Respecto a la nulidad de las diligencias de notificación por edicto, se tiene que de antecedentes administrativos a fojas 7, se observa el seguimiento y búsqueda del domicilio fiscal del sujeto pasivo efectuado por el fiscalizador a cargo, quien informó que el domicilio señalado del sujeto pasivo no pudo ser encontrado, refiriendo que en 

Vuan Carlos uzmán Ruiz VoBo 

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de la Caridad CertidoN 771114 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach‘a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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la calle Sagárnaga N° 339 Galería Sagárnaga P.B. Local, se encontraba otra actividad comercial registrada a nombre de José Manuel Miranda Jurado con RUC 7294131; asimismo, si nos remitimos a las representaciones de 28 de febrero y 20 de septiembre de 2005, cursantes a fojas 61 y 70 de antecedentes administrativos, dichas actuaciones concuerdan con la información evacuada por el servidor público, en razón a que el domicilio consignado y declarado en el Padrón de Contribuyentes efectivamente fue encontrado, pero al no desarrollarse la actividad comercial registrada por el contribuyente, se determinó efectuar la notificación por edicto del documento Operativo N° 74 Notificación 183, Resolución Determinativa N° 00790/2004 y Pliego de Cargo 159/05, precautelando los derechos del administrado, tanto en la etapa de determinación como de ejecución tributaria. 

Los argumentos planteados por el recurrente no tienen un fundamento legal sólido, toda vez que a fojas 38 de antecedentes, se evidencia que lo manifestado en el Recurso de Alzada se contrapone con lo señalado en el memorial de 15 de julio de 2004 de solicitud de anulación de la Vista de Cargo N° 20-DFSV1171/2004, en el cual el contribuyente de manera expresa establece que en la actualidad su negocio ya no existe; información que demuestra incongruencias con lo requerido, toda vez que por un lado manifiesta una posición al puntualizar expresamente que la Administración Tributaria conocía el domicilio fiscal y por otro lado existe una aceptación expresa de la inexistencia de la actividad comercial y domicilio fiscal; de lo que se concluye que el domicilio fiscal consignado en el reporte del Padrón de Contribuyentes del SIN de 25 de junio y 1 de diciembre de 2004 y 21 de febrero de 2005, recién fue modificado el 3 y 14 de abril de 2014. 

El sujeto pasivo tuvo conocimiento del procedimiento de determinación seguido en su contra en todo momento, toda vez que consintió expresamente haber sido notificado de manera personal con la vista de Cargo N° 20-DF-SVI-171/2004, aspectos que demuestran la inexistencia de vulneración al debido proceso y derecho a la defensa; en ese entendido, las notificaciones por edicto de los actos administrativos observados cumplieron con el procedimiento expuesto en la normativa tributaria y consecuentemente su finalidad, toda vez que al tener pleno conocimiento, mediante memorial de 15 de julio de 2004, solicitó la nulidad de la Vista de Cargo, argumentos 

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expuestos en el Auto Administrativo impugnado; cita las Sentencias Constitucionales 1164/01-R de 12 de noviembre, 449/06-R de 10 de mayo y 193/06-R de 21 de febrero. 

La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ0658/2018 de 20 de marzo de 2018 tiene estrecha similitud con el caso que nos atañe, toda vez que el Recurso de Alzada se enfoca en la nulidad de obrados por irregularidades en las notificaciones realizadas, al efecto, en el señalado precedente administrativo se establece la posición de no pronunciarse respecto a actuaciones anteriores a la etapa de ejecución tributaria (cobro coactivo) que concluyeron con la emisión y notificación de un acto administrativo definitivo y firme, análisis que debe ser considerado por la instancia de alzada toda vez que dicha instancia no tiene competencia para efectuar una revisión de procesos que se encuentran en plena etapa de ejecución. 

La notificación por edicto del Operativo No 74 Notificación 183, la Resolución Determinativa N° 00790/2004 y el Pliego de Cargo 159/05 fueron realizadas de manera legal conforme la Ley 1340, en consecuencia, surtieron los efectos correspondientes; asimismo, la emisión y notificación del Auto Intimatorio extrañado por el recurrente, se encuentra a fojas 67 vuelta de antecedentes administrativos, complementando al Pliego de Cargo

El procedimiento de determinación en contra del sujeto pasivo se tramitó en aplicación 

de la Ley 1340, al tratarse de los periodos fiscales de enero a diciembre de la gestión 2001, circunstancia por la cual no correspondía aplicar la Ley 2492, toda vez que ésta entró en vigencia de manera posterior al hecho generador. Tanto el Pliego de Cargo como el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria son actos emitidos por la Administración Tributaria que dan inicio a la etapa de ejecución tributaria de los títulos de ejecución tributaria, como actos administrativos firmes o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada como lo denomina el artículo 304 de la Ley 1340, que tienen por finalidad hacer efectivo el cobro de la deuda tributaria; en efecto, y sin perjuicio de lo señalado, la emisión del Pliego de Cargo en lugar del PIET, no modifica el título de ejecución tributaria, toda vez que son simplemente instrumentales, por lo tanto no se advierte relevancia en el reclamo formulado por el recurrente o en todo caso no existe indefensión. 

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Voda: Done 

uan Carlos Glzmán Ruit 

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Sistema de Gestión 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Caile Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (5912) 2412613 2411973 • www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

La solicitud de prescripción invocada por el contribuyente respecto a las facultades de 

determinación del tributo, es totalmente extemporánea, toda vez que el proceso se 

encuentra en etapa de ejecución tributaria, en razón a que el contribuyente no impugno la Resolución Determinativa que puso fin al procedimiento de determinación

El Ente Fiscal en aplicación de los artículos 340, 1493 y 1503 del Código Civil, efectuó las gestiones necesarias para hacer efectivo el cobro del adeudo tributario mediante la aplicación y ejecución de medidas coactivas, demostrando que en ningún momento renunció al cobro de la deuda tributaria, toda vez que activó los mecanismos legales correspondientes; actuaciones relevantes encaminadas al cobro de la deuda que generaron la interrupción del término de la prescripción, traducidos en la retención de cuentas y registro de bienes muebles e inmuebles, efectivizándose con la hipoteca del bien inmueble registrado en las oficinas de Derechos Reales bajo la Matrícula Computarizada N° 2.01.0.99.0056346, procediéndose a la emisión del Mandamiento y Acta de Embargo; en ese entendido al existir causales de interrupción del cómputo de la prescripción en etapa de ejecución tributaria, las facultades de ejecución de la Administración Tributaria se encuentran vigentes

La solicitud de prescripción realizada por el contribuyente data del 23 de julio de 2019, fecha en la cual la normativa aplicable y vigente es el artículo 59 de la Ley 2492 modificado por la Ley 291, que establece la imprescriptibilidad de la facultad de ejecución de la deuda tributaria determinada; por lo que, independientemente del efecto interruptivo del cómputo de la prescripción producto de las medidas coactivas emitidas por la Administración Tributaria, corresponde aplicar el artículo 59IV de la Ley 2492, añadido por la Ley 291, modificación normativa que regula el entendimiento y alcance el artículo 324 de la Constitución Política del Estado

En el petitorio del Recurso de Alzada, se solicita la revocatoria total del acto impugnado declarando la nulidad de las notificaciones y la prescripción de las facultades de determinar y exigir el tributo, al efecto, se advierte que no se solicita la nulidad sino un pronunciamiento de fondo; al respecto, corresponde señalar que el recurrente incumple 

lo previsto en el inciso e) del artículo 198-1 de la Ley 2492 que establece como requisito del Recurso de Alzada, la exposición de los motivos de la impugnación indicando con precisión lo que se pide; en efecto, se evidencia que las solicitudes que plantea son de 

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forma (nulidad) y fondo (prescripción), en ese entendido, siendo obligación de la instancia de alzada, revisar con carácter previo los reclamos de forma, y en el caso de que se tutele la solicitud de nulidad de las notificaciones del procedimiento de determinación, ya no se podria disponer la prescripción requerida, lo que demuestra que el petitorio es ambivalente (forma y fondo)

La imprecisión en el petitorio del Recurso de Alzada debió ser advertido por la instancia 

de alzada a momento de su admisión a efectos de que el recurrente aclare su pretensión; sin embargo, el hecho de que se haya admitido el señalado Recurso no significa que la Administración Tributaria no pueda reclamar el incumplimiento de la normativa, toda vez que en el procedimiento de impugnación en sede administrativa no se tiene previsto excepciones. 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Auto Administrativo No 392025000005 (SIN/GDLPZ II/DJCC/UCCIAUTA/3/2020) de 10 de marzo de 2020. 

II.4 Apertura de término probatorio y producción de pruebas Mediante Auto de 15 de octubre de 2020, se declaró la apertura del término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes, en aplicación del inciso d), artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada en Secretaría al recurrente y a la Administración Tributaria el 21 del mismo mes y año; fojas 3233 de obrados. 

A través de nota presentada el 5 de noviembre de 2020, Luis Edgar Lima Carvajal, ofreccomo prueba documentos específicos cursantes en los antecedentes administrativos; al efecto, el Proveído de 6 de noviembre de 2020, dio por ofrecida la prueba documental señalada en tanto cumpla con los artículos 81 y 217 del Código Tributario; actuación notificada por Secretaria a las partes el 11 del mismo mes y año; fojas 34-38 y 42 de obrados. 

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Alecda A Allez Dorado 

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Caridad AFNON CERTIFICATION 

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Por memorial presentado el 10 de noviembre de 2020, la representante legal de la Administración Tributaria ratificó en calidad de prueba pre constituida los antecedentes administrativos en su integridad; al efecto, el Proveido del 11 de noviembre de 2020, dio por ratificada la prueba documental; actuación notificada a las partes en secretaria en la misma fecha; fojas 39-41 y 43 de obrados. 

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hyan Carlos Glemán Auízo 

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11.5 Alegatos Luis Edgar Lima Carvajal con memorial presentado el 27 de noviembre de 2020, expuso sus alegatos ratificando los argumentos contenidos en su Recurso de Alzada relacionados a la imposibilidad de que el sujeto pasivo sea objeto de un proceso de fiscalización y determinación al haber pertenecido al Régimen Tributario Simplificado, nulidad de las notificaciones por Edicto, la incorrecta emisión del Pliego de Cargo y la prescripción de las facultades de determinación del tributo así como el de exigir el pago de éstos; al efecto, el Proveído de 30 de noviembre de 2020, dio por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria, actuación notificada en Secretaria a las partes el 2 de diciembre de 2020; fojas 44-48 y 55 de obrados. 

Mediante memorial presentado el 30 de noviembre de 2020, Ranulfo Prieto Salinas se 

apersonó ante esta instancia recursiva en su calidad de Gerente Distrital La Paz Il del Servicio de Impuestos Nacionales, conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia No 032000001081 de 16 de noviembre de 2020, al efecto, solicitó se lo tenga por apersonado y se le hagan conocer ulteriores diligencias procesales; asimismo, formuló alegatos en conclusiones reiterando los argumentos expuestos en la respuesta al Recurso de Alzada relacionados a la improcedencia de la nulidad de las notificaciones por edicto, la extemporaneidad de la solicitud de prescripción de la facultad de determinación de la deuda tributaria y la vigencia de la facultad del Ente Fiscal para exigir el pago de los tributos omitidos; al efecto, por Proveido de 1 de diciembre de 2020, se lo tuvo por apersonado así como se dio por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria, actuación notificada a las partes en Secretaría el 2 de diciembre de 2020, fojas 5154 de antecedentes administrativos. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIV

El Servicio de Impuestos Nacionales emitió el documento No Operativo 74 Notificación 183 de 13 de agosto de 2003, por el que comunicó a Luis Edgar Lima Carvajal que en el término perentorio de 5 días hábiles de recibido el mismo, se apersone a dicha entidad a objeto de aclarar las diferencias detectadas dentro del Operativo No 74 “Ventas informadas por Administradoras de Tarjetas de Crédito versus Ventas indicadas en sus Declaraciones Juradas”; actuación notificada al sujeto pasivo mediante edictos el 23 y 29 de mayo y 4 de junio de 2004; fojas 2 y 1012 de antecedentes administrativos

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

La Vista de Cargo N° 20-DF-SVI-171/2004 de 14 de junio de 2004, estableció contra 

Luis Edgar Lima Carvajal una obligación tributaria de Bs7.195 por el IVA e IT que 

comprende el tributo omitido, intereses, mantenimiento de valor y multa por mora de 

los periodos fiscales enero a diciembre de 2001, acto administrativo notificado de forma 

personal al contribuyente el 25 de junio de 2004; fojas 30-31 y 34 de antecedentes administrativos. 

Mediante memorial presentado a la Administración Tributaria el 15 de julio de 2004, Luis Edgar Lima Carvajal solicitó se deje sin efecto la Vista de Cargo N° 20-DF-SVI 171/2004 de 14 de junio de 2004, al efecto remarcó que no es sujeto del IVA ni del IT por pertenecer al Régimen Tributario Simplificado; foja 38 de antecedentes administrativos. 

La Resolución Determinativa N° 00790 de 9 de noviembre de 2004, resolvió determinar de oficio las obligaciones impositivas de Luis Edgar Lima Carvajal en la suma de Bs 11.821.- correspondientes al IVA e IT de los periodos fiscales enero a diciembre de 2001, por concepto de tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y multa por mora; asimismo, sancionó al referido contribuyente con un importe de Bs8.648.- por la 

omisión en la declaración y pago correcto de los impuestos IVA e IT de los citados periodos fiscales, acto administrativo notificado por edictos al sujeto pasivo el 13, 18 y 23 de marzo de 2005; fojas 48-50 y 62-64 de antecedentes administrativos. 

El Pliego de Cargo N° 0159/05 y Auto Intimatorio de 20 de junio de 2005, establecieron un monto total a pagar de Bs20.469 en contra de Luis Edgar Lima Carvajal por concepto de tributo omitido y multa correspondiente al IVA e IT de enero a diciembre de 2001; acto notificado por edictos al sujeto pasivo el 20, 23 y 26 de diciembre de 2005; fojas 67 y 70-73 de antecedentes administrativos. 

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Calidad 

  1. 4

AFNOR CELAFICATION 

.. 

IQNet 

Mediante nota Cite/GDLP/DJTCC/UCC/1568/05 de 6 de enero de 2006, la Administración Tributaria solicitó a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras la retención de fondos de Luis Edgar Lima Carvajal por un monto de Bs20.469.- en razón al Pliego de Cargo No 0159/05 y Auto Intimatorio de 20 de junio de 2005, solicitud recepcionada por dicha entidad el 6 de enero de 2006; foja 74 de antecedentes administrativos. 

THAN 

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Guzmán Rui 

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Con nota Cite SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/2030/2011 de 28 de octubre de 2011, la Administración Tributaria solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero la retención de fondos de Luis Edgar Lima Carvajal por un monto de Bs20.469.- en razón al Pliego de Cargo N° 0159/05 y Auto Intimatorio de 20 de junio de 2005, solicitud recepcionada por dicha entidad el 8 de noviembre de 2011; fojas 83-84 de antecedentes administrativos. 

Por nota presentada a la Administración Tributaria el 23 de julio de 2019, Luis Edgar Lima Carvajal solicitó la nulidad de las notificaciones por Edicto de los actos administrativos Operativo No 74 Notificación 183, Resolución Determinativa y Pliego de Cargo; asimismo, solicitó la prescripción de las facultades del Ente Fiscal respecto a la gestión 2001; fojas 104-111 de antecedentes administrativos. 

El Auto Administrativo N° 392025000005 (SIN/GDLPZ II/DJCC/UCC/AUTA/3/2020) de 10 de marzo de 2020, resolvió rechazar la solicitud de nulidad de notificaciones y del Auto Inicial de Sumario Contravencional, así como la prescripción planteada por Luis Edgar Lima Carvajal, debiendo proseguir con la ejecución tributaria anunciada mediante el Pliego de Cargo No 159/05 de 20 de junio de 2005, de conformidad con lo establecido en los artículos 59 y siguientes de la Ley 2492 modificado por las Leyes 291, 317 y 812; acto administrativo notificado de forma personal al sujeto pasivo el 2 de septiembre de 2020; fojas 125-129 de antecedentes administrativos. 

  1. IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-1|1 del referido Código Tributario, se tiene: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Luis Edgar Lima Carvajal; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se 

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hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva. 

IV.1 Admisibilidad del Recurso de Alzada La Administración Tributaria refiere que el recurrente incumple lo previsto en el inciso e) del artículo 198-1 de la Ley 2492, que establece como requisito del Recurso de Alzada la exposición de los motivos de la impugnación indicando con precisión lo que se pide, toda vez que las solicitudes que plantea son de forma (nulidad) y fondo (prescripción), lo que demuestra que el petitorio es ambivalente, dicha imprecisión debió ser advertido por la instancia de alzada a momento de su admisión a efectos de que el recurrente aclara su pretensión; al respecto, se tiene lo siguiente: 

El artículo 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código Tributario), en su parágrafo I, dispone: Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, debiendo contener: a) Señalamiento específico del recurso administrativo y de la autoridad ante la que se lo interpone. b) Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal con mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que corresponda conforme a Ley y los documentos respaldatorios de la personería del recurrente. c) Indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el ejemplar original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho acto. d) Detalle de los montos impugnados por tributo y por período o fecha, según corresponda, así como la discriminación de los componentes de la deuda tributaria consignados en el acto contra el que se recurre. e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 0 En el Recurso Jerárquico, señalar el domicilio para que se practique la notificación con la Resolución que lo resuelva. g) Lugar, fecha y firma del recurrente. 

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Inicialmente, resulta de primordial importancia señalar que el artículo 180 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, dispone que: “Se garantiza el principio de 

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impugnación en los procesos judiciales, es decir, el constituyente considera a la impugnación como principio; sin embargo, via interpretación constitucional en base al bloque de constitucionalidad, se estableció que también constituye un derecho irrenunciable de todo justiciable; sobre el particular, la Sentencia Constitucional Plurinacional 1400/2013 de 16 de agosto, señaló: La impugnación es un mecanismo procesal por el cual el justiciable tiene la facultad de refutar y abrir el debate sobre la validez de una determinada resolución judicial ante los tribunales superiores, cuya pretensión es conseguir un nuevo examen-sea total o parcial- sobre la decisión judicial cuestionada. La Constitución Política del Estado en actual vigencia, asume a la impugnación como un principio de la jurisdicción ordinaria; así, el art. 180./l de la precitada Norma Fundamental, señala: Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales’. Ahora bien, la disposición constitucional señalada precedentemente, debe ser entendida en función a las normas de orden internacional en materia de derechos Humanos, que por imperio del art. 410 de la CPE, conforman el bloque de constitucionalidad; así, el art. 8.2 de la Convención Americana sobre derechos humanos, haciendo referencia a las garantias judiciales, señala que: …Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantias mínimas (…) h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal Superior. (...). En consecuencia, la consideración que hace nuestra Constitución respecto a la impugnación como principio, se complementa lo establecido por las normas del bloque de constitucionalidad, que establecen que la misma es el derecho irrenunciable de todo justiciable, constitutivo del debido proceso, conforme a la interpretación de los arts. 8 de la Convención Americana sobre derechos Humanos y 14 del PIDCP.” 

Expuesta esa línea jurisprudencial, se tiene que la Administración Tributaria en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada, señala que éste no cumple con los requisitos establecidos en el inciso e) del artículo 198 de la Ley 2492, por ser el petitorio del recurrente ambivalente; al efecto, corresponde señalar que la referida disposición normativa estipula que el sujeto pasivo debe establecer los fundamentos de hecho y/o derecho, según sea el caso en que se apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo de manera fundamentada los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

De la lectura cabal del Recurso de Alzada, se advierte que Luis Edgar Lima Carvajal expone tanto argumentos de forma como de fondo, solicitando la revocatoria total del acto impugnado; sin embargo, se evidencia también que al momento de plantear su pretensión arguyó se declare la nulidad de actuaciones así como se establezca la prescripción de las facultades del Ente Fiscal y posteriormente aclara su petición señalando que la misma se circunscribe a un pronunciamiento de fondo y que no solicita la nulidad prevista en el artículo 212-1 inciso c) de la Ley 2492. 

Lo anterior permite verificar que la petición del recurrente, al solicitar la nulidad de actuaciones y al mismo tiempo la declaración de prescripción de las facultades de la Administración Tributaria respecto a los periodos fiscales observados, denota la existencia de contradicciones en su pretensión; sin embargo, el hecho de que plantee argumentos y/o solicite peticiones ambivalentes, no significa que sea sujeto a observaciones por esta instancia recursiva, en el entendido de que el artículo 198, parágrafo III de la Ley 3092, que establece las formalidades y requisitos que deben cumplir las impugnaciones administrativas para su admisión, otorga como una atribución exclusiva a la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, de acuerdo al artículo 140 de la Ley 2492, el de conocer y resolver los Recursos de Alzada interpuestos legalmente, impugnaciones que deben encontrarse acordes a los requisitos determinados por el citado precepto legal. 

En efecto, se evidencia que el presente Recurso de Alzada cumple con lo dispuesto por el artículo 198-1 inciso e) de la Ley 2492, toda vez que se advierte que el sujeto pasivo efectuó una relación sucinta de los antecedentes de hecho que dieron origen a la emisión del acto administrativo ahora impugnado así como expuso los agravios que a su entender le causaron lesiones a sus derechos e intereses; asimismo, se evidencia que formuló los preceptos de orden jurídico en los que se apoya para fundar su impugnación, señalando con exactitud las razones o motivos que le impulsaron a acudir ante esta instancia recursiva e indicando finalmente su petición; aspectos que se traducen en que la parte recurrente cumplió a cabalidad con el requisito establecido por el inciso e) del artículo 198 de la Ley 2492, desvirtuándose de esa forma lo alegado por la Administración Tributaria sobre el incumplimiento de la citada disposición normativa

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IV.2 ASPECTOS DE FORMA 1.2.1 Vicios de nulidad Luis Edgar Lima Carvajal en su Recurso de Alzada y alegatos manifiesta que, de las representaciones efectuadas por funcionarios de la Administración Tributaria, previas a las notificaciones por Edicto de los actos administrativos Operativo N° 74 Notificación 183, Resolución Determinativa y Pliego de Cargo, se evidencia que el Ente Fiscal conocía exactamente el domicilio fiscal declarado por el sujeto pasivo a tiempo de la suscripción en el Padrón de Contribuyentes, por lo que no procedía la notificación por edicto, toda vez que esa forma sólo procede por desconocimiento del domicilio del contribuyente; en ese contexto, corresponde la anulación de obrados hasta la notificación con el acto administrativo denominado Operativo N° 74 Notificación 183

La Administración Tributaria en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada y alegatos señala que el sujeto pasivo no pudo ser encontrado en el domicilio ub Sagárnaga No 339 Galería Sagárnaga P.B. Local, toda vez que se verificó que en el lugar se encontraba otra actividad comercial registrada a nombre de José Manuel Miranda Jurado con RUC 7294131; asimismo, refiere que el domicilio consignado y declarado en el Padrón de Contribuyentes efectivamente fue encontrado, pero al no desarrollarse la actividad comercial registrada por el contribuyente, se determinó efectuar la notificación por edicto del documento Operativo N° 74 Notificación 183, Resolución Determinativa N° 00790/2004 y Pliego de Cargo 159/05, precautelando los derechos del administrado, tanto en la etapa de determinación como de ejecución tributaria. 

Añade que los argumentos planteados por el recurrente se contraponen con lo señalado en el memorial de 15 de julio de 2004, de solicitud de anulación de la Vista 

de Cargo N° 20DFSVI171/2004, en el cual el contribuyente de manera expresa 

señaló que en la actualidad su negocio ya no existe; información que demuestra incongruencias con lo requerido, toda vez que por un lado manifiesta una posición al puntualizar expresamente que la Administración Tributaria conocía el domicilio fiscal y por otro lado existe una aceptación expresa de la inexistencia de la actividad comercial y domicilio fiscal, al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

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El artículo 68 señala de la Ley 2492, señala que constituyen derechos del sujeto pasivo, entre otros, los siguientes: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

El artículo 83 de la Ley 2492, en relación a los medios de notificación, dispone: 1. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los 

medios siguientes, según corresponda: 

  1. Por medios electrónicos; 2. Personalmente; 3. Por Cédula; 4. Por Edicto; 5. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 6. Tácitamente; 7. Masiva
  2. 8. En Secretaría; 11. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descri Con 

excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas extraordinarias

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El articulo 84 de la Ley 2492, en relación a la notificación personal establece: 1. Las vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este digo; así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados 

personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal. II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su representante 

legal de la copia integra de la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el funcionario 

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IL

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encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y lugar legibles 

en que se hubiera practicado. III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos legales. 

El artículo 86 de la Ley 2492, en relación a la notificación por edictos establece: Cuando no 

sea posible practicar la notificación personal o por cédula, por desconocerse el domicilio del interesado, o intentada la notificación en cualquiera de las formas previstas, en éste Código, esta no hubiera podido ser realizada, se practicará la notificación por edictos publicados en dos (2) oportunidades con un intervalo de por lo menos tres (3) dias corridos entre la primera y segunda publicación, en un órgano de prensa de circulación nacional. En este caso, se considerará como fecha de notificación la correspondiente a la publicación del último edicto, Las Administraciones Tributarias quedan facultadas para efectuar publicaciones mediante órganos de difusión oficial que tengan circulación nacional. 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el proceso de determinación en cuestión, se inició con la notificación por edictos el 23 y 29 de mayo y 4 de junio de 2004 a Luis Edgar Lima Carvajal con el documento Operativo N° 74 Notificación 183 de 13 de agosto de 2003, a objeto de que se apersone a dicha entidad para aclarar las diferencias detectadas dentro del Operativo N° 74 “Ventas informadas por Administradoras de Tarjetas de Crédito versus Ventas indicadas en sus Declaraciones Juradas; al efecto, de la Representación efectuada por el fiscalizador a cargo, se advierte que señala lo siguiente: A razón que no se pudo dar cumplimiento a la Notificación No 183 correspondiente al Operativo N° 74 VENTAS INFORMADAS CON TARJETAS DE CRÉDITO VS. VENTAS DECLARADAS, dirigida al Contribuyente LIMA CARVAJAL LUIS EDGAR con N° de Ruc 9022538 debido a que se constató que el mismo ya no desarrolla actividades en su domicilio fiscal ubicado en CALLE SAGÁRNAGA Nro. 339 GALERÍA “SAGARNAGAPB LOCAL 8 CENTRAL. Por tanto: Solicito se proceda a la Notificación por EDICTO, de acuerdo a lo dispuesto por el Código Tributario (...)”; aspecto que mereció la emisión del Auto de 20 de febrero de 2004, a través del cual, se autorizó la notificación por edicto del Operativo No 74 Notificación 183; así se evidencia a fojas 9 de antecedentes administrativos. 

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Posteriormente, el 25 de junio de 2004 la Administración Tributaria notificó de forma personal a Luis Edgar Lima Carvajal con la vista de Cargo N° 20-DF-SVI171/2004 de 14 de junio de 2004, en la que estableció en su contra una obligación tributaria de B$7.195 por el IVA e IT que comprende el tributo omitido, intereses, mantenimiento de valor y multa por mora de los periodos fiscales enero a diciembre de 2001; ante lo cual, el sujeto pasivo por memorial presentado al Ente Fiscal el 15 de julio de 2004, solicitó se deje sin efecto el referido acto preliminar, al efecto, de la lectura del citado memorial se evidencia que en sus partes pertinentes señala textualmente lo siguiente: “YO, LUIS EDGAR LIMA CARVAJAL, (...) con la actividad de Artesano, que fue ubicada en la Calle Şagárnaga N° 339 zona El Rosario, que en la actualidad este negocio ya no existe (...); las negrillas y subrayado nos pertenecen, así se advierte a foja 38 de antecedentes administrativos. 

Luego, intentada la notificación personal al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa N° 00790 de 9 de noviembre de 2004, ésta no pudo efectivizarse toda vez que Luis Edgar Lima Carvajal no pudo ser habido en su domicilio fiscal, así lo refiere la Representación cursante a fojas 61 de antecedentes administrativos, de cuya lectura señala lo siguiente: “No se pudo dar cumplimiento a la notificación con la Resolución Determinativa No 790 de fecha 09/11/04 al contribuyente Luis Edgar Lima Carvajal, debido a que habiéndome constituido en Calle Sagárnaga No 339, Galería Sagarnaga P.B. Local 8, este no fue habido. Realizadas las averiguaciones y preguntando a los vecinos indican no tener referencias del referido contribuyente (…), en consecuencia, la Administración Tributaria procedió a notificar al sujeto pasivo con la referida Resolución Determinativa a través de edictos, conforme consta a fojas 62-64 de antecedentes administrativos. 

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JUFHOI CERTAMA 

En ese contexto, se advierte que el sujeto activo en primera instancia se constituyó al domicilio tributario del contribuyente a efectos de proceder a la notificación de forma personal con el documento Operativo N° 74 Notificación 183 de 13 de agosto de 2003, así como con la Resolución Determinativa N° 00790 de 9 de noviembre de 2004, oportunidades en las cuales, el sujeto pasivo no pudo ser encontrado, en razón a que el domicilio fiscal declarado ante la Administración Tributaria dejó de ser el lugar donde 

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desarrollaba sus actividades, lo que impidió que se practique dicho procedimiento, por 

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lo tanto, se procedió a la notificación por edictos en aplicación del artículo 86 de la Ley 2492. 

Similar situación acontece con la notificación del Pliego de Cargo N° 0159/05 y Auto Intimatorio de 20 de junio de 2005, toda vez que de la compulsa de antecedentes administrativos se advierte que a fojas 70, cursa la representación de 20 de septiembre de 2005, suscrita por un funcionario de la Administración Tributaria que de forma expresa señala los siguientes extremos: Señor Gerente, en fecha 20 de septiembre de 2005, me constituí en el domicilio Tributario del contribuyente LIMA CARVAJAL LUIS EDGAR ubicado en la Calle Sagárnaga # 339 Galería Sagárnaga Local 8 Zona El Rosario para proceder a la Notificación con el Pliego de Cargo y Auto Intimatorio # 0159/05 de fecha 20 de junio de 2005; sin embargo, no se pudo dar cumplimiento a la Notificación personal del contribuyente de referencia, debido a que en la dirección señalada el contribuyente no es habido, hechas las averiguaciones con los vecinos quienes indican que se fue tiempo atrás sin dejar referencia alguna de su nuevo domicilio (…)” 

En razón a lo señalado, la Administración Tributaria procedió a notificar al sujeto pasivo a través de edictos con el Pliego de Cargo N° 0159/05 y Auto Intimatorio de 20 de junio de 2005, conforme consta a fojas 7173 de antecedentes administrativos; en ese contexto, se advierte que el sujeto activo en primera instancia se constituyó al domicilio tributario del contribuyente a efectos de proceder a la notificación de forma personal con los citados actos administrativos y en razón a que la misma no pudo ser realizada debido a que el domicilio fiscal declarado ante la Administración Tributaria dejó de ser el lugar donde el sujeto pasivo desarrollaba sus actividades, se procedió a la notificación por edictos en aplicación del artículo 86 de la Ley 2492, que se constituye en un medio de notificación que puede ser empleado por el Ente Fiscal a efectos de dar a conocer sus actos y actuaciones al sujeto pasivo, conforme establece el artículo 83 parágrafo I de la Ley 2492. 

De acuerdo al análisis que antecede, se tiene que en las notificaciones con el documento No Operativo 74 Notificación 183 de 13 de agosto de 2003, la Resolución Determinativa N° 00790 de 9 de noviembre de 2004 y el Pliego de Cargo N° 0159/05 y A de 20 de junio de 2005, el Ente Fiscal procuró en una primera oportunidad notificar los citados actos en el domicilio tributario del contribuyente y ante la imposibilidad de hacerlo debido a que dejó de ser el lugar donde el sujeto pasivo desarrollaba sus actividades, 

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realizó la notificación por edictos en el marco del artículo 86 de la Ley 2492; habrá que enfatizar que como se tiene transcrito en párrafos anteriores, fue el propio contribuyente ahora recurrente, quien reconoció expresamente a través del memorial presentado a la Administración Tributaria el 15 de julio de 2004, que su actividad económica ya no funcionaba en el domicilio tributario declarado al Ente Fiscal. 

Corresponde señalar también que de conformidad al artículo 84 de la citada Ley, la Vista de Cargo N° 20-DFSVI-171/2004 de 14 de junio de 2004, fue notificada de forma personal al Luis Edgar Lima Carvajal el 25 de junio de 2004, conforme consta a fojas 34 de antecedentes administrativos, lo que originó que el sujeto pasivo formule argumentos de descargo solicitando se deje sin efecto el citado acto preliminar; aspecto que denota que el contribuyente tenía pleno conocimiento del proceso de determinación sustanciado en su contra. 

Sobre el particular, la Sentencia Constitucional 919/2004-R de 15 de junio de 2004, estableció: (…) no existe indefensión cuando la persona con pleno conocimiento de la acción iniciada en su contra no interviene en el proceso o ha dejado de intervenir en él por un acto de su propia voluntad, ya que en esos casos no existe lesión alguna al derecho a la defensa por parte del juzgador, sino que es el procesado como titular del derecho el que por propia voluntad o dejadez no ejerce el mismo cuando debe hacerlo (...); consecuentemente, los agravios manifestados por elrecurrente en sentido de que no correspondía la notificación mediante edictos con los actos administrativos: Operativo No 74 Notificación 183, Resolución Determinativa y Pliego de Cargo, no son pertinentes, toda vez que dicho procedimiento se enmarcó en lo establecido en el Código Tributario; aspecto refrendado por la manifestación y reconocimiento expreso del sujeto pasivo en sentido de que su actividad económica ya no se desarrollaba en el domicilio tributario ubicado en la Calle Sagárnaga No 339 zona El Rosario de la ciudad de La Paz; añadido a ello, es evidente también que el administrado tenía pleno conocimiento del proceso de determinación instaurado en su contra al haber formulado descargos ante la Vista de Cargo N° 20-DFSVI-171/2004 de 14 de junio de 2004, en consecuencia, los argumentos 

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expuestos por el recurrente sobre las notificaciones carecen de asidero legal. 

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Con relación al argumento del recurrente en sentido de que el Auto Intimatorio no fue notificado al sujeto pasivo; es pertinente señalar que dicho agravio no es pertinente, toda 

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vez que a fojas 67 vuelta de antecedentes administrativos cursa el referido documento, el mismo que acompaña al Pliego de Cargo No 0159/05 de 20 de junio de 2005 a efectos de ejercer la acción coactiva correspondiente; en ese entendido, al ser el Auto Intimatorio de 20 de junio de 2005, un documento integrante del Pliego de Cargo por el cual la Administración Tributaria emplaza al deudor para que dentro del plazo de tres as cancele la suma adeudada, bajo conminatoria de aplicarse las medidas precautorias pertinentes, no es acertado visualizarlo como un acto separado y/o independiente del Pliego de Cargo, en efecto, conforme se tiene expuesto en párrafos anteriores, el Ente Fiscal notificó correctamente por edictos al sujeto pasivo con el citado Pliego de Cargo, infiriendo que al ser comunicado dicho acto, implicó también la notificación de su Auto Intimatorio. 

Respecto a la cita que efectúa la Administración Tributaria de las Sentencias Constitucionales 1164/01-R de 12 de noviembre, 449/06-R de 10 de mayo y 193/06-R de 21 de febrero, a efectos de sustentar que las notificaciones practicadas por edicto se realizaron correctamente; corresponde señalar que, dichos precedentes constitucionales se circunscriben en establecer que el procedimiento de notificación, cualquiera sea el medio por el cual se lo realice, debe cumplir su finalidad que es poner en conocimiento del administrado el acto administrativo; en efecto, conforme el análisis expuesto en párrafos precedentes, se evidenció que en el presente caso, el Ente Fiscal cumplió con la normativa pertinente en el procedimiento de notificación con los actos administrativos emitidos dentro el presente proceso, resguardando el debido proceso y derecho a la defensa del sujeto pasivo, quien como se indicó, tuvo conocimiento de la presente causa; en consecuencia, el análisis sobre el procedimiento de notificación llevado a cabo por el sujeto activo, no se encuentra alejado de los parámetros establecidos en la citada jurisprudencia constitucional. 

Con relación a la cita de la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ0658/2018 de 20 de marzo de 2018, que efectúa la Administración Tributaria a efectos de sustentar que no corresponde el pronunciamiento por parte de la instancia de alzada sobre actuaciones anteriores a la etapa de ejecución tributaria (cobro coactivo) que concluyeron con la emisión y notificación de un acto administrativo definitivo y firme, toda vez que no tiene competencia para efectuar una revisión de procesos que se encuentran en plena etapa de ejecución; es pertinente señalar que la referida 

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Resolución Jerárquica se circunscribe a un proceso de determinación por el IVA del periodo fiscal agosto 1999, que fue iniciado el 26 de enero de 2003, con la notificación del Formulario 7520 correspondiente al Operativo No 67 Notificación N° 764; aspecto que difiere del presente caso, toda vez que, éste se inició el 4 de junio de 2004 con la notificación al sujeto pasivo del documento No Operativo 74 Notificación 183 de 13 de agosto de 2003; es decir, en plena vigencia de la Ley 2492, correspondiendo en consecuencia ingresar al análisis de los vicios de nulidad sobre las notificaciones denunciados por el recurrente, toda vez que dicho procedimiento fue efectuado por la Administración Tributaria en aplicación de la disposición transitoria segunda de la Ley 2492, en consecuencia, se desvirtúa lo alegado por el sujeto activo. – 

IV.2. ASPECTOS DE FONDO IV.2.1 Prescripción Luis Edgar Lima Carvajal en su Recurso de Alzada y en alegatos refiere que, para los periodos enero a diciembre 2001, con vencimiento de pago en la misma gestión, el cómputo de la prescripción de 5 años, se inicia el 1 de enero de 2002 y concluye el 31 de diciembre de 2006; para el período diciembre de 2001, con vencimiento de pago en enero 2002, el cómputo de la prescripción de 5 años, se inicia el 1 de enero de 2003 y concluye el 31 de diciembre de 2007; en ese contexto, al no existir acto interruptivo del cómputo de la prescripción, se concluye que las facultades de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva prescribieron. 

Agrega, que desde el 28 de octubre de 2011, fecha de emisión de la nota de solicitud de información a INFOCRED-BIC hasta el 23 de julio de 2019, fecha de solicitud de prescripción y nulidad de notificaciones, el Ente Fiscal no emitió nota o realizó acción alguna por la que pretenda efectivizar el cobro de la deuda tributaria, habiendo transcurrido más de ocho años de inacción, tiempo mayor a la prescripción de cinco años para que opere la prescripción, término establecido en el artículo 52 de la Ley 1340, aplicable de acuerdo al último párrafo de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310. 

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La Administración Tributaria en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada, refiere que la solicitud de prescripción invocada por el contribuyente respecto a las facultades de determinación del tributo es totalmente extemporánea, debido a que el proceso se 

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encuentra en etapa de ejecución tributaria, en razón a que el contribuyente no impugnó la Resolución Determinativa que puso fin al procedimiento de determinación. En aplicación de los artículos 340, 1493 y 1503 del Código Civil, se realizó las gestiones necesarias para hacer efectivo el cobro del adeudo tributario mediante la aplicación y ejecución de medidas coactivas, demostrando que en ningún momento se renunció al cobro de la deuda tributaria, actuaciones que interrumpieron el término de la prescripción, traducidos en la retención de cuentas y registro de bienes muebles e inmuebles; en ese entendido al existir causales de interrupción del cómputo de la prescripción en etapa de ejecución tributaria, dichas facultades se encuentran vigentes. 

Añade que la solicitud de prescripción realizada por el contribuyente data del 23 de julio de 2019, fecha en la cual la normativa aplicable y vigente es el artículo 59 de la Ley 2492 modificado por la Ley 291, que establece la imprescriptibilidad de la facultad de ejecución de la deuda tributaria determinada; por lo que, independientemente del efecto interruptivo del cómputo de la prescripción producto de las medidas coactivas emitidas por la Administración Tributaria corresponde aplicar el artículo 59-IV de la Ley 2492, añadido por la Ley 291, modificación normativa que regula el entendimiento y alcance el artículo 324 de la Constitución Política del Estado; al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

El artículo 6 de la Ley 1340, establece: La analogia será admitida para llenar los vacíos legales pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes. 

El artículo 7 de la Ley 1340, establece: Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de este Código o de las Leyes expresadas sobre cada materia, se aplicaran supletoriamente los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de las otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

El artículo 41 de la Ley 1340, indica: La obligación tributaria se extingue por: 1) Pago, 2) Compensación, 3) Confusión, 4) Condonación o remisión y 5) Prescripción

El artículo 52 de la Ley 1340, establece: La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o 

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ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. El término precedente se extenderá: A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho 

generador o de presentar las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho. A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículo 980, 101° y 1150 

El artículo 53 de la citada Ley, señala: El término se contará desde el 19 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador. Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo. 

El artículo 54 de la mencionada Ley, establece: El curso de la prescripción se interrumpe: 1) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la presentación de la liquidación respectiva. 2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la prescripcn comenzará a computarse nuevamente el término de un nuevo período a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

El artículo 306 de la Ley 1340 dispone: Será título suficiente para iniciar la acción coactiva el Pliego de Cargo, el que se acompañara del respectivo Auto Intimatorio que librar el ente administrativo a través de su máxima autoridad en cada jurisdicción. Conforme al mismo, se emplazará al deudor para que dentro del plazo de tres (3) dias de la notificación cancele la suma correspondiente al tributo adeudado, su actualización, intereses, multas, bajo conminatoria de aplicarse las medidas precautorias pertinentes. Tales medidas podrán ser dispuestas por la Administración antes del libramiento del Pliego de Cargo y Auto Intimatorio cuando exista fundado riesgo para la percepción de créditos tributarios firmes, líquidos y 

legalmente exigibles. 

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Juan Carlos Gumán Ruiz 

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El artículo 307 del referido cuerpo legal, señala: La ejecución coactiva no podsuspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario, ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla salvo las siguientes excepciones: a) Pago total documentado. 

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  1. b) Nulidad de título por falta de jurisdicción y competencia de quien lo emitió, que únicamente podrá demandarse mediante el Recurso Directo de Nulidad ante la Corte Suprema de Ju Los funcionarios de la Administración Tributaria y/o de los órganos jurisdiccionales que contravinieren esta disposición dando curso a otras excepciones incurrirán en responsabilidad, con la siguiente interposición de las acciones correspondientes a cargo del órgano ejecutor. Las excepciones deberán ser planteadas en el plazo a que se refiere el Artículo anterior, acompañadas de todas las pruebas pertinentes, y serán resueltas dentro de los diez (10) dias, no siendo recurribles. 

El artículo 1492 del Código Civil establece: 1. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece. Il. Se exceptúan los derechos indisponibles y los que la ley señala en casos particulares. 

El artículo 1493 del Código Civil establece. La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo

De manera previa, corresponde señalar que el recurrente solicita la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria por los períodos fiscales enero a diciembre 2001, así como para exigir el cobro del adeudo; al respecto, con relación al planteamiento de prescripción de la facultad de determinación del Ente Fiscal, es preciso aclarar al recurrente que los actos administrativos definitivos y de carácter particular producen sus efectos jurídicos y son vinculantes para la Administración y los administrados, a partir de la notificación a sus destinatarios, actos que una vez que adquieren firmeza se constituyen en cosa juzgada (cosa decidida) con todos los efectos pertinentes. La calidad de firmeza la adquieren al no haber sido objeto de impugnación alguna por los interesados mediante los recursos que la ley franquea o en su caso al haber sido efectivamente impugnados y luego de una revisión y análisis por la instancia pertinente, se emite sobre ellos un pronunciamiento de última 

ratio

En ese entendido, es importante referir que la estabilidad de los actos administrativos adquiere importancia a momento de garantizar un debido proceso y seguridad jurídica para las partes en controversia; en el presente caso, a través de la Resolución Determinativa N° 00790 de 9 de noviembre de 2004, la Administración Tributaria 

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determinó un adeudo tributario contra Luis Edgar Lima Carvajal; no obstante, la citada Resolución Determinativa al no haber sido objeto de impugnación posterior adquirió firmeza; en consecuencia, el Ente Fiscai emitió y notificó el Pliego de Cargo N° 0159/05 y Auto Intimatorio de 20 de junio de 2005, emplazando al contribuyente para que en el plazo de tres días a partir de la comunicación con dichos actos, cancele la suma de lo 

adeudado, bajo conminatoria de aplicarse las medidas precautorias pertinentes. 

En ese contexto, es evidente que el presente proceso se encuentra en fase de ejecución tributaria, instancia procesal que se inició en razón a que luego de haber notificado legalmente a Luis Edgar Lima Carvajal con la Resolución Determinativa No 00790 de 9 de noviembre de 2004, que determinó la deuda tributaria éste no realizó impugnación alguna o planteamiento que corresponda a la fase de determinación y dejó que adquiera firmeza, lo que implica la aceptación a lo establecido en el acto administrativo definitivo, dicho fallo se constituyó en Título de Ejecución Tributaria, facultando al Ente Fiscal a efectuar el cobro coactivo del adeudo; aspecto que se encuentra cabalmente expuesto en el fundamento del acto administrativo ahora impugnado

Bajo las circunstancias descritas precedentemente, se infiere que no es posible revisar aspectos que están estrictamente relacionados con las facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, en efecto, la solicitud del recurrente sobre dichas facultades de determinación, no responde al estado actual del proceso, toda vez que conforme a los antecedentes puestos a consideración de esta instancia recursiva, el proceso se encuentra en etapa de ejecución tributaria, en consecuencia, la solicitud de prescripción de la facultad de determinación del Ente Fiscal expuesto en el Recurso de Alzada, resulta inapropiado, sin que corresponda su consideración. 

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Ahora bien, toda vez que el acto impugnado realiza el análisis de la solicitud de prescripción de la facultad de ejecución tributaria del Ente Fiscal, rechazando este planteamiento, corresponde verificar si dicho criterio es o no correcto; en ese sentido, corresponde señalar que la Administración Tributaria, el 9 de noviembre de 2004, emitió la Resolución Determinativa N° 00790, acto administrativo que resolvió determinar de oficio las obligaciones impositivas de Luis Edgar Lima Carvajal en la suma de Bs11.821.- correspondientes al IVA e IT de los periodos fiscales enero a diciembre de 

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2001, por tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y multa por mora; asimismo, sancionó al referido contribuyente con un importe de Bs8.648.- por la omisión en la declaración y pago correcto de los impuestos IVA e IT de los citados periodos fiscales, acto administrativo que le fue notificado por edictos el 13, 18 y 23 de marzo de 2005, conforme consta a fojas 48-50 y 6264 de antecedentes administrativos. 

El acto administrativo definitivo referido en el párrafo que precede, no fue objeto de impugnación por parte del ahora recurrente dentro de los plazos previstos por Ley, en consecuencia, adquirió la calidad de firmeza, constituyéndose el adeudo determinado en dicho acto, en líquido y exigible; en tal sentido, se tiene que la ley aplicable en la parte material del tributo (perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento, plazo de pago, formas de extinción de la obligación tributaria) y la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 1340, en aplicación de la Disposición Transitoria Primera último párrafo del DS 27310, que de manera taxativa señala que: Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de julio de 1999. 

Es preciso manifestar que la doctrina impositiva establece que la prescripción es un modo de liberar al administrado de una carga u obligación por el transcurso del tiempo. En la legislación tributaria nacional, la prescripción constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere un derecho; es la dispensa de la carga tributaria por el transcurrir del tiempo, castigando de este modo la inacción de la Administración Tributaria con la pérdida de sus facultades de comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, determinar adeudos e incluso imponer sanciones. Así también es pertinente aclarar que a pesar de la disposición del artículo 307 de la Ley 1340, en sentido a que la ejecución coactiva no puede suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario, el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Constitucional 1606/2002-R de 20 de diciembre de 2002, dispuso que la figura jurídica de prescripción puede ser opuesta en cualquier estado de la causa, hasta en ejecución de sentencia, por lo que corresponde realizar el análisis de la procedencia o no de esta figura jurídica

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En el caso objeto de análisis, de la compulsa de antecedentes administrativos se advierte que el Pliego de Cargo N° 0159/05 y Auto Intimatorio de 20 de junio de 2005, por medio de los cuales la Administración Tributaria conmina al sujeto pasivo al pago del monto adeudado en la Resolución Determinativa N° 00790 de 9 de noviembre de 2004, fueron emitidos en forma posterior a la vigencia de la Ley 2492; asimismo, para la aplicación sustantiva de la norma inherente al instituto de la prescripción, se debe considerar que la 

obligación tributaria acaeció durante la vigencia de la Ley 1340; como consecuencia, corresponde aplicar la mencionada Ley en lo concerniente a las regulaciones establecidas respecto al instituto de la prescripción, cuyo plazo para su materialización efectiva es de cinco años conforme lo dispuesto en su artículo 52 de la citada Ley 1340.

En ese contexto, encontrándose definido el marco legal aplicable al presente caso, es necesario reiterar que iniciada la fase de cobranza coactiva o ejecución tributaria, producto de que el acto administrativo determinativo quedó firme, esta Instancia de Alzada procederá a realizar el análisis de la prescripción extintiva de acuerdo al estado actual del proceso y conforme los argumentos expuestos por el recurrente en su Recurso de Alzada; es decir, respecto a la facultad de cobro o ejecución tributaria (cobranza coactiva) relacionado a los periodos fiscales enero a diciembre de 2001. 

En este punto de análisis se debe considerar que la Ley 1340, tiene un vacío jurídico con relación al cómputo del plazo, interrupción y suspensión para la etapa de cobranza coactiva, norma legal que únicamente refiere al cómputo del término de la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, estableciendo al efecto, causales de suspensión e interrupción; sin embargo, no estipula parámetro alguno sobre el cómputo de la prescripción del derecho al cobro de la obligación tributaria después de que ésta queda determinada y firme. 

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Ante esa inconsistencia legal y en virtud a la analogía y subsidiariedad previstas en los artículos 6 y 7 de la Ley 1340, es conveniente la aplicabilidad de las previsiones contenidas por los artículos 1492 y 1493 del Código Civil, así como la Sentencia Constitucional 1606/2002 R, que expresamente establece lo siguiente: “…el art. 41 CTb, señala las causas de extinción de la obligación tributaria refiriéndose en su inc. 5) a la prescripción, la que se opera a los cinco años término que se extiende conforme lo dispone el art. 52 del mismo 

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cuerpo de leyes, sin señalar el procedimiento a seguir para su declaratoria. Sin embargo en caso de presentarse un vacío legal, el citado Código Tributario, ha previsto la analogia y supletoriedad de otras ramas jurídicas al establecer en su art. 6 que: “La analogia será admitida para llenar los vacíos legales pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes”. Asimismo, el art. 7 de la Ley 1340 (CTB) determina que: “Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de este Código o de las Leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de las otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular

De la misma forma, la Sentencia Constitucional 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, expresa: “...que el art. 307 del CTb, establecia que la ejecución coactiva no podía suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total documentado; y b) nulidad del titulo constitutivo de la deuda, declarada en recurso directo de nulidad; en ese orden la SSCC 1606/2002-R, de 20 de diciembre, estableció la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del Código Civil (CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; ... Ello implica que este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los derechos de las personas, estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del CTD, cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de ejecución a cargo de las autoridades tributarias

En ese sentido el artículo 1492 del Código Civil, acorde a lo señalado en los artículos 6 y 7 de la Ley 1340, dispone que los derechos se extinguen por prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece; asimismo, el artículo 1493 de la misma Ley establece que la prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo; en ese contexto normativo, considerando que la última publicación por edictos con la Resolución Determinativa No 00790 fue efectuada el 23 de marzo de 2005 y el ahora recurrente no interpuso recurso alguno contra dicho acto hasta el 12 de abril de 2005, se tiene que la misma adquirió firmeza, razón por la cual el cómputo para efectuar el cobro de la deuda tributaria se inició el 13 de abril de 2005; es decir, al día siguiente hábil de que la citada Resolución Determinativa adquirió firmeza y concluiría el 13 de abril de 2010; no obstante, en este 

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lapso de tiempo se observa que el Ente Fiscal realizó acciones tendientes al cobro de la deuda tributaria que interrumpieron el curso de la prescripción conforme se detallan a continuación: 

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26/12/2005 

67 y 70-7

06/01/2006 

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Pliego de Cargo N* 0159/05 y Auto Intimatorio de 20 de 

junio de 2005 Nota Cite/GDLP/DJTCC/UCC/1568/05 dirigida a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, en 

la que se solicitó retención de fondos Nota Cite SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/2030/2011, dirigida a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, en 

la que se reiteró la solicitud de retención de fondos 

08/11/2011 

8384 

Del cuadro precedente se advierte que la Administración Tributaria ejerció medidas coactivas en las gestiones 2005, 2006 y 2011, interrumpiendo el término de prescripción, conforme se evidencia a fojas 67, 70-73, 74 y 8384 de antecedentes administrativos; en este entendido, se establece que con dichas interrupciones se iniciaron nuevos términos de prescripción, el último comenzó a computarse a partir del 1 de enero de 2012 y concluyó el 31 de diciembre de 2016, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 1340. 

Lo anterior acredita que la última actuación que realizó la Administración Tributaria dentro el término de la prescripción, fue la emisión de la Nota Cite SIN/GDLP/DJCC/UCCINOT/2030/2011, presentada a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero el 8 de noviembre de 2011, en la que reiteró la retención de fondos del contribuyente, conforme a lo previsto en el artículo 1493 del Código Civil, aplicable supletoriamente al presente caso por efecto de lo previsto en los artículos 6 y 7 de la Ley 1340; en ese sentido, el término de prescripción se resume en el siguiente cuadro: 

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Notificación con la 

Resolución Determinativa N° 00790 de 9 de noviembre 

de 2004 

INICIO PRESCRIPCIÓN 

TIEMPO DE PRESCRIPCIÓN 

CONCLUSIÓN PRESCRIPCIÓN 

CAUSALES DE INTERRUPCIÓN MEDIDAS EFECTUADAS TENDIENTES AL COBRO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

23/03/2005 

13/04/2005 

5 años 

13/04/2010 

Pliego de Cargo N° 0159/05 y Auto Intimatorio de 20 de junio de 2005, notificados el 26/12/2005. Nota Cite/GDLP/DJTCC/UCCI 1568/05 presentada el 06/01/2006. Nota Cite SIN/GDLP/DJCC/UCCI NOT/2030/2011 presentada el 08/11/2011 

NUEVO CÓMPUTO DE PRESCRIPCIÓN APARTIR DE LA ÚLTIMA INTERRUPCIÓN 

01/01/2012 

5 años 

31/12/201

Lo anterior, evidencia que desde el 8 de noviembre de 2011, el sujeto activo dejó de efectivizar el cobro del importe de la deuda tributaria correspondiente al IVA e IT de los períodos fiscales enero a diciembre de 2001; es decir, que desde la última medida coactiva, la Administración Tributaria dentro del plazo de los 5 años previstos por el artículo 52 de la Ley 1340, no realizó ni efectivizo ninguna otra medida tendiente a efectuar el cobro de la deuda tributaria. En ese contexto, resulta evidente que la Administración Tributaria en el plazo legal otorgado para la materialización de su facultad de cobranza coactiva no ejerció esta su facultad; es decir, desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2016, existe una inactividad del Ente Fiscal a efectos de efectivizar el cobro del adeudo tributario correspondiente al IVA e IT de los períodos fiscales enero a diciembre de 2001; en consecuencia, la facultad de exigir el cobro se encuentra totalmente prescrita. 

Con relación al argumento del recurrente en sentido de que no correspondía la emisión del Pliego de Cargo N° 0159/05, sino más bien del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, aspecto que conlleva la anulación de obrados hasta el citado Pliego de Cargo; al respecto, corresponde señalar que conforme el amplio análisis expuesto con anterioridad, en la Ley 1340, existe un vacío jurídico respecto al cómputo del plazo de prescripción para la etapa de ejecución (cobranza coactiva), cuando la obligación tributaria ha quedado determinada y firme, por tanto, en virtud a que la Sentencia Constitucional 1606/2002R de 20 de diciembre, estableció que de manera supletoria puede aplicarse el Código Civil, cuando existan vacíos legales en la Ley 1340, 

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corresponde aplicar lo dispuesto en el Código Civil y no así la referida Ley; en ese sentido, las acciones tendientes al cobro de la deuda, como ser la emisión y notificación de un Pliego de Cargo o Proveído de inicio de Ejecución Tributaria, demuestran el ejercicio del cobro de la Administración Tributaria e impiden que la prescripción continúe su curso, de acuerdo con lo previsto en los Artículos 1492 y 1493 del Código Civil; es decir, el Pliego de Cargo y/o el PIET, tienen un efecto interruptivo de la prescripción, siendo indistinta su denominación, toda vez que por medio de ambos actos, el Ente Fiscal conmina al sujeto pasivo al cobro del adeudo bajo apercibimiento de medidas precautorias, en consecuencia, es evidente que el sujeto activo con la emisión y notificación del Pliego de Cargo N° 0159/05 de 20 de junio de 2005, no vulneró derecho alguno del recurrente, por lo que el argumento sobre este punto queda 

desvirtuado, 

Respecto al argumento de la Administración Tributaria en sentido de que en aplicación de los artículos 340, 1493 y 1503 del Código Civil, efectuó las gestiones necesarias para hacer efectivo el cobro del adeudo tributario mediante la aplicación y ejecución de medidas coactivas, efectivizándose con la hipoteca del bien inmueble registrado en las oficinas de Derechos Reales bajo la Matrícula Computarizada No 2.01.0.99.0056346, procediéndose a la emisión del Mandamiento y Acta de Embargo, en consecuencia, sus facultades de ejecución se encuentran vigentes; corresponde señalar que de la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que el registro de hipoteca de un bien inmueble así como el Mandamiento de Embargo No 051/2019 y su Acta, datan de 9, 15 y 18 de julio de 2019; es decir, cuando las facultades de la Administración Tributaria para exigir el cobro de la deuda tributaria por el IVA e IT de los periodos fiscales enero a diciembre de 2001, se encontraban prescritas, toda vez que conforme el análisis expuesto con anterioridad, la prescripción se consolidó en el presente caso, el 31 de diciembre de 2016, en consecuencia, lo alegado por el Ente Fiscal no corresponde

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Con relación al argumento del recurrente en sentido de que durante los periodos fiscalizados enero a diciembre 2001, se encontraba inscrito en el Régimen Tributario Simplificado; en consecuencia, no se puede determinar deuda tributaria por el IVA e IT, toda vez que no se encontraba alcanzado por dichos impuestos; al respecto, corresponde señalar que el procedimiento de determinación fue concluido con la Resolución 

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Juan Carlos Guzmán Ruiz 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach‘a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarant) 

Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (5912) 2412613 2411973 www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

Determinativa N° 00790/2004 de 9 de noviembre de 2004, que al no haber sido objeto de impugnación alguna por parte del sujeto pasivo, adquirió firmeza, lo que impide a esta instancia recursiva emitir un pronunciamiento al respecto, estando conforme a los datos expuestos en párrafos anteriores precluida dicha etapa; en consecuencia, no corresponde mayor pronunciamiento al respecto. 

Respecto a lo señalado por la Administración Tributaria en sentido de que corresponde la aplicación del artículo 59-IV de la Ley 2492, modificado por la Ley 291 que establece la imprescriptibilidad de la facultad de ejecución de la deuda tributaria determinada, en razón a que la solicitud de prescripción realizada por el contribuyente data del 23 de julio de 2019; al respecto, corresponde señalar que conforme el amplio análisis expuesto con anterioridad, el presente caso se sujetó a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340, toda vez que los hechos generadores acaecieron antes de la vigencia de la Ley 2492, en consecuencia, lo alegado por el Ente Fiscal carece de asidero legal, siendo que una solicitud de prescripción independientemente de la fecha en que sea planteada, no puede constituirse en un parámetro para establecer la aplicabilidad o no de una norma legal. 

Con relación al rechazo de la solicitud de nulidad del Auto Inicial de Sumario Contravencional, plasmado en el acto administrativo impugnado, corresponde señalar que; efectuada la revisión de los antecedentes administrativos del presente caso, se advierte la inexistencia de la mencionada actuación, asimismo, dicho aspecto no forma parte de la presente impugnación; en consecuencia, esta instancia recursiva no efectuará análisis ni emitirá pronunciamiento alguno al respecto

Bajo los parámetros antes mencionados, se tiene que no es evidente la nulidad de las notificaciones efectuadas con el documento Operativo No 74 Notificación 183, Resolución Determinativa N° 00790/2004, Pliego de Cargo 159/05 y Auto Intimatorio; asimismo, se establece que las facultades de cobro de la Administración Tributaria, respecto a las obligaciones tributarias correspondientes al IVA e IT de los periodos fiscales enero a diciembre 2001, se encuentran prescritas por efecto del transcurso del tiempo y la inactividad del Ente Fiscal; consecuentemente, corresponde revocar parcialmente el Auto Administrativo N°392025000005 (SIN/GDLPZ 11/DJCC/UCC/AUTA/3/2020) de 10 de marzo de 2020, emitido por la Gerencia Distrital 

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III 

TEROMARICAREA ARAUDIERITORIALE SALTEN VOOR 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

La Paz ll del Servicio de Impuestos Nacionales contra Luis Edgar Lima Carvajal, dejando sin efecto por prescripción el adeudo tributario del IVA e IT correspondiente a los periodos fiscales enero a diciembre 2001, dispuesto en la Resolución Determinativa N° 00790 de 9 de noviembre de 2004, y se confirma la decisión asumida por la Administración Tributaria respecto al rechazo de la solicitud de nulidad de notificaciones. 

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el Auto Administrativo N° 392025000005 (SIN/GDLPZ 11/DJCC/UCC/AUTA/3/2020) de 10 de marzo de 2020, emitido por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales contra Luis Edgar Lima Carvajal; consecuentemente se deja sin efecto por prescripción el adeudo tributario del IVA e IT correspondiente a los periodos fiscales enero a diciembre 2001, dispuesto en la Resolución Determinativa N° 00790 de 9 de noviembre de 2004, relacionada al Pliego de Cargo N° 0159/05 y Auto Intimatorio de 20 de junio de 2005; y, se confirma la decisión asumida por la Administración Tributaria respecto al rechazo de la solicitud de nulidad de notificaciones. 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, sede cumplimiento obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente

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Cecilia 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

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General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código 

Tributario y sea con nota de atención. 

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Juan Carlo Guzmán Ruit 

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de la Calidad Certificador 771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (5912) 2412613 2411973 www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la Marie e interposición del Recurso Jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días 

computables a partir de su notificación. 

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Regístrese, hágase saber y cúmplase, 

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Lic.-Cecilia vetez Dorode Directora Ejecutiva Regional Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Regional de Impugnadón 

Tributaria – La Paz 

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AIT 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

AUTO DE RECTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN ARIT-RA 0001/2021 

La Paz, 4 de enero de 2021 — —– 

Expediente

ARIT-LPZ0523/2020 

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Recurso de Alzada: 

Interpuesto por Luis Edgar: Lima Carvajal, impugnando el Auto Administrativo No 392025000005(SIN/GDLPZ /DJCC/UCC/AUTAI 3/2020) de 10 de marzo de 2020, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales.

VISTOS Y CONSIDERANDO: – 

La solicitud de aclaración y complementación de la Resolución de Recurso de Alzada ARITLPZ/RA 1079/2020 de 18 de diciembre de 2020 emitida por la Autoridad Regional del Impugnación Tributaria La Paz, formulada por Luis Edgar Lima Carvajal. 

CONTENIDO DE LA SOLICITUD. 

– 

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Mediante nota presentada el 31 de diciembre de 2020, Luis Edgar_Lima Carvajal, . . solicitó aclaración y complementación de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT LPZIRA 1079/2020 de 18 de diciembre de 2020, pronunciada por la Autoridad Regional de-Impugnación TributariaLa Paz;-expresando lo siguiente: 

Se señale expresamente que una vez ejecutoriada la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1079/2020, la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, disponga inmediatamente el levantamiento de todas las medidas coactivas ejecutadas contra Luis Edgar Lima Carvajal. 

FUNDAMENTOS DEL AUTO MOTIVADO. 

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El. artículo 213 del Código Tributario ha previsto en materia tributaria, la rectificación y aclaración de Resoluciones, señalando expresamente que: “Dentro del 

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150 9001 plazo fatal de cinco (5) dias, a partir de la notificación con la Resolución que resuelve el Recurso, las partes podrán solicitar la corrección de cualquier error material, la aclaración de algún concepto oscuro, sin alterar lo sustancial o que se supla cualquier 

IQNet omisión en que se hubiera incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas

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La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1079/2020 de 18 de diciembre de 2020, en el numeral segundo de su parte resolutiva dispuso expresamente que dicha decisión una vez que adquiera la condición de firme de acuerdo al artículo 

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delacaklad Cetadon7114 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarano 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (5912) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

199 de la Ley 2492, será de cumplimiento obligatorio tanto para la Administración Tributaria recurrida como para la parte recurrente; no obstante, al estar dentro el término dispuesto por los artículos 131 y 144 de la citada Ley, para la interposición del Recurso Jerárquico, esta instancia recursiva se encuentra legalmente impedida de anunciar, prever y disponer el levantamiento de cualquier medida coactiva adoptada por el Ente Fiscal en el presente caso, hasta tanto no se materialice lo dispuesto por el artículo 106 numeral V del Código Tributario; habrá que enfatizar que la solicitud del recurrente Luis Edgar Lima Carvajal mediante nota de 31 de diciembre de 2020, tiene como argumento principal la ejecutoria de la Resolución de Recurso de Alzada, hecho que como se mencionó precedentemente, no ocurrió. 

Por lo expuesto, no habiéndose identificado en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 1079/2020, concepto oscuro u omisión alguna que amerite aclaración y/o complementación, toda vez que se pronuncia sobre todos y cada uno de los argumentos planteados por el sujeto pasivo en su Recurso de Alzada, cuestiones sobre las cuales, emitió una decisión expresa, positiva y precisa; corresponde rechazar la solicitud de aclaración y complementación de la mencionada Resolución de Recurso de Alzada. 

POR TANTO: 

CAPUGUEM 18 de de Carpio 

PRIMERO.- NO HA LUGAR à la solicitud de aclaración y complementación de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 1079/2020 de 18 de diciembre de 2020, formulada por Luis Edgar Lima Carvajal, quedando firme y subsistente en todas sus partes. 

FASEGUNDO.- El presente Auto forma parte de la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA MOS A LA Aivas pieros 

ARIT-LPZ/RA 1079/2020 de 18 de diciembre de 2020; consecuentemente, conforme veiß prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del Recurso 

Jerárquico, para ambas partes, es de veinte días computables a partir de su notificación. 

TERCERO.– Enviar copia del presente Auto al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al art. 140. Inciso c) del CTB. 

Mendara Sot 

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Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

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– 

Lic. tecilla Velez Dorado 

Directora Ejecutiva Reglonal Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Regional de Impugnado

Tilbutarla – La Pet 

R CVD/jcgr/ms/avv/mhge/mrrv