ARIT-LPZ-RA-1078-2020 El contribuyente señala que la Administración Tributaria no hizo las correspondientes notificaciones sobre resoluciones sancionatorias o administrativas( sin apersonarse al domicilio legal o por medio del correo electrónico), se pide que el SIN realice nuevamente las notificaciones siguiendo el debido proceso y se resguarde el derecho de defensa del contribuyente.

ARIT-LPZ-RA-1078-2020

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1078/2020 

Recurrente: 

J&B Wayar Abogados S.C., representada legalmente por Bernardo Antonio Wayar Caballero, Diego Alejandro Azero Saravia y Nicolás Joaquín Vásquez Schaer 

Administración Recurrida: 

Gerencia Distrital La Paz Il del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Ranulfo Prieto Salinas 

Acto Impugnado: 

Auto Administrativo N° 392025000023 (SIN/GDLPZ II/DJCC/UCCIAUTA 17/2020) Proveido No 242025000057 (SIN/GDLPZ II/DJCC/UCC/PROV/36/2020) 

Expediente: 

ARIT-LPZ-0508/2020 

Lugar y Fecha: 

La Paz, 18 de diciembre de 2020 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ No 1078/2020 de 18 de diciembre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; todo cuanto se tuvo presente: 

HUV 

afao 

LE 

ISO 900

calidad AFNOA CERTIFICATION 

  1. I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO El Auto Administrativo N° 392025000023 (SIN/GDLPZ II/DJCC/UCCIAUTA/17/2020) de 10 de junio de 2020, emitido por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió rechazar la solicitud de nulidad de notificación electrónica del Auto inicial de Sumario Contravencional N° 311925002855 de 31 de octubre, así como de la Resolución Sancionatoria N° 181925003903 y el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria No 331925004327 de 27 de diciembre de 2019, planteada por el contribuyente J&B Wayar Abogados S.C.; debiendo proseguir con el 

Kuan Carlos 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaranl) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (5912) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

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LNCNTT 

ILI 

II 

procedimiento de ejecución y de sanción. Asimismo, mediante Proveido No 242025000057 (SIN/GDLPZ II/DJCC/UCC/PROV/36/2020) de 13 de agosto de 2020, se estableció que no corresponde complementación del Auto Administrativo No 

392025000023 (SIN/GDLPZ I/DJCC/UCCIAUTA/17/2020) de 10 de junio de 2020. 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 11.1. Argumentos del Recurrente J&B Wayar Abogados S.C., representada legalmente por Bernardo Antonio Wayar Caballero, mediante memorial presentado el 11 de septiembre de 2020, cursante a fojas 40-48 de obrados, interpusieron Recurso de Alzada expresando lo siguiente: 

El 20 de febrero de 2020, se informó de la sustanciación y conclusión de un sumario contravencional; asimismo, se verificó que el Auto Inicial de Sumario Contravencional, la Resolución Sancionatoria N° 181925003903 y el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria, fueron enviados al buzón tributario y se los tuvo por notificados; no obstante, la Administración Tributaria no cumplió con realizar la notificación al correo electrónico bernardow@wayarabogados.bo, aspecto que vició de nulidad las actuaciones, toda vez que se practicó la notificación en un lugar ajeno al domicilio fiscal del contribuyente. 

Solicitó la nulidad de actuaciones al Ente Fiscal, aspecto que mereció la emisión de los actos impugnados, en los cuales se rechazó la referida pretensión, aspecto que denota la inobservancia de los derechos al debido proceso y a la legítima defensa; asimismo, la indicación de correo electrónico no puede ser obviada, más aún cuando el acto que se pretende comunicar es el inicio de un procedimiento sancionador, que debe ser notificado de manera personal; no obstante, recién el 20 de febrero de 2020, tomó conocimiento del acto inicial y definitivo que establecen sanciones tributarias. 

Señala que si la Administración Tributaria consideraba que la dirección electrónica proporcionada no era el medio idóneo para realizar las notificaciones, debió realizar los actos de comunicación en el domicilio fiscal del sujeto pasivo, toda vez que ninguna ley autoriza a modificar el lugar o medio para practicar las notificaciones; en tal sentido, el referido aspecto impidió que pueda presentar los descargos o acogerse a la reducción de sanciones; al efecto, cita los artículos 83, 83 bis y 84 de la Ley 2492, modificado por la Ley 812. 

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El artículo 84 de la Ley 2492, establece que los procedimientos que involucren términos 

de prueba o decreten sanciones, requieren ser notificados personalmente; tal aspecto obedece a que el conocimiento de parte del contribuyente es una condición sine qua non para la eficacia del acto, al estar en cuestión derechos fundamentales de naturaleza sustantiva. Por otro lado, si bien la existencia del buzón tributario es reconocida por la RND 10170000005 de 17 de marzo de 2017, la misma no modifica 

ria principal y aplicable de manera preferente por ser Ley; a ello se suma, que es obligación del Ente Fiscal el de notificar al contribuyente en el medio proporcionado por él. 

Se advierte que la notificación personal en el correo electrónico proporcionado no se cumplió y ello conlleva la vulneración del debido proceso garantizado por los artículos 115 de la Constitución Política del Estado y 68 numerales 1 y 6 de la Ley 2492; al efecto, cita el artículo 35 de la Ley 2341 y establece que la notificación objetada lesiona el derecho y garantía constitucional del debido proceso en su elemento derecho al conocimiento de los actos del Estado, a la prueba, defensa y aplicación objetiva del ordenamiento jurídico; en tal sentido, corresponde la nulidad de los actos de comunicación, incluyendo el PIET, con la finalidad de que se realice una nueva notificación en observancia de las formalidades legales. 

En el considerando III del acto impugnado se hace referencia a que de conformidad al artículo 83 bis del Código. Tributario, el Ente Fiscal tiene la posibilidad de elegir entre varios medios electrónicos para realizar las notificaciones; sin embargo, desconoce la aplicación completa del citado articulado, que en su parágrafo II, establece que la Administración Tributaria contará con los medios electrónicos necesarios para garantizar la notificación a los contribuyentes y cuando éstos proporcionen correo electrónico, número de celular o teléfono fijo, recibirán comunicados por estos medios; en ese contexto, se debe entender que garantizar la notificación conlleva a que el acto cumpla su finalidad, es decir, que sea de conocimiento del contribuyente. 

afaq 

ISO 9001 

Calldad 

yetez borado

AFNOR CERTIFICATION 

ONet 

Lo que se encuentra en discusión es que la persona jurídica a la que representa tiene el derecho de ser notificada personalmente en su domicilio o en la cuenta de correo electrónico que señaló a efectos de recibir las notificaciones y no así en un medio electrónico distinto al proporcionado; no obstante el Auto Administrativo No 392025000023 (SIN/GDLPZl1/DJCC/UCCIAUTA/17/2020) y el Proveído No 

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Juan Carlos Guzmin Auto 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit‘ayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaran) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (5912) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

242025000057 (SIN/GDLPZ II/DJCC/UCC/PROV/36/2020) de 10 de junio y 13 de agosto de 2020, respectivamente, no respondieron a su petición y omitieron el análisis e interpretación del artículo 83 bis parágrafo I y II de la Ley 2492, aspecto que vulnera el debido proceso

La Ley tributaria establece como derecho subjetivo del contribuyente a ser notificado personalmente en su domicilio fiscal o en el correo electrónico proporcionado a la Administración Tributaria, porque de lo contrario no cumpliria su fin, que es de que el sujeto pasivo tenga conocimiento del acto; asimismo, el artículo 45 del DS 27113, modificado por el DS 3525, establece que el registro de correo debe ser voluntario y.. en el presente caso la dirección proporcionado por el Ente Fiscal no fue voluntario sino obligada; al efecto, cita el artículo 87 de la Ley 2492

Cita la SC 1464/2004-R y refiere que el sujeto activo obvió considerar todo el texto del! – referido precedente constitucional, toda vez que establece 2 elementos: 1) La potestad discrecional es una libertad entre alternativas justas; y 2) La discrecionalidad se diferencia de la potestad reglada, en razón a que en esta última la ley imperativamente establece la actuación, en este caso del SIN; en tal sentido, no es aplicable la: discrecionalidad al presente, tomando en cuenta que la notificación electrónica por correo o personal al contribuyente se encuentra regulada en los artículo 83 bis y 84 del Código Tributario, motivo por el cual se está frente a una potestad reglada. 

La Administración Tributaria no demostró que el buzón electrónico cumpla de mejor manera los principios de racionalidad, razonabilidad, justicia, equidad, igualdad, proporcionalidad y finalidad; por el contrario, el medio adecuado era la notificación personal en el domicilio fiscal o través del medio declarado por el contribuyente,’ 

aspectos que no fueron considerados en el acto impugnado, que se limitó a referir la 

posibilidad discrecional del Ente Fiscal. 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar el Auto Administrativo No. : 392025000023 (SIN/GDLPZ II/DJCC/UCCIAUTA/17/2020) de 10 de junio de 2020 y el Proveido No 242025000057 (SIN/GDLPZ II/DJCC/UCC/PROV/36/2020) de 13 de agosto de 2020. 

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II.2 Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por J&B Wayar Abogados S.C., representada legalmente por Bernardo Antonio Wayar Caballero, fue admitido por Auto de 18 de septiembre de 2020, notificado de forma personal a la parte recurrente y por cédula a la Administración Tributaria el 25 y 29 de septiembre de 2020, respectivamente; fojas 49-54 de obrados

A través del memorial presentado el 30 de septiembre de 2020, Diego Alejandro Azero Saravia y Nicolás Joaquín Vásquez Schaer se apersonaron en representación legal de J&B Wayar Abogados S.C., en mérito al Testimonio Poder N° 0477/2020 de 24 de septiembre de 2020; al efecto, por Decreto de 1 de octubre de 2020, se los dio por apersonados, actuación notificada a las partes en secretaria el 7 de octubre de 2020; fojas 60-62 de obrados 

II.3 Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Martha Mónica Martinic Arze‘ conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia No 032000000042 de 10 de enero de 2020, por memorial presentado el 14 de octubre de 2020, cursante a fojas 65-71 de obrados, respondió 

negativamente expresando lo siguiente: 

– 

El recurrente realiza una mala interpretación de la ley y sustenta su pretensión únicamente en el artículo 83 bis de la Ley 2492, sin considerar la normativa reglamentaria; al efecto, cita los artículos 3, 6, 7, 8, 10, 12 de la RND 101700000005 

de 17 de marzo de 2017 y refiere que en estricto apego de la norma se procedió a notificar al contribuyente por medio electrónico, enviando los actos administrativos a su buzón tributario. En cumplimiento de la RND 101700000005, la Administración 

Tributaria implementó una plataforma virtual para las notificaciones electrónicas como es la Oficina Virtual – Buzón Tributario; asimismo, encontrándose en vigencia plena 

PIA 

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ISO 900

Calidad AFNOR CERTJFICATION 

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WHY-DER 

dicha forma de notificación a partir de 1 de marzo de 2018, se otorgó un usuario y contraseña al contribuyente para que pueda acceder a dicha plataforma y verifique las notificaciones que pudieran realizarse; en tal sentido, el reclamo del recurrente relacionado a que el Auto Inicial de Sumario Contravencional y la Resolución Sancionatoria debieron ser notificados de forma personal es incorrecto; más aún, cuando actualmente las notificaciones personales son la excepción y no así la regla conforme la Disposición Final Cuarta de la Ley 812. 

VIENE

Juan Carlos 

Guzmán Ruiz 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (5912) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

INILI 

PATA 

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IRENAUERNAVARURE 

Del análisis de los conceptos de correo electrónico y buzón tributario previstos en los incisos c) y g) del artículo 3 de la RND 101700000005, se advierte que las notificaciones electrónicas solamente pueden realizarse por medio del buzón tributario y si bien adicionalmente se podría enviar al correo electrónico, celular, whatsapp u otros, las alertas para que el contribuyente puede ingresar al buzón tributaria para tomar conocimiento de las notificaciones; no obstante, si no son efectuadas no le quitan validez y eficacia a las notificaciones electrónicas enviadas conforme lo establece el artículo 10 de la RND 101700000005. 

El contribuyente tenía la responsabilidad de revisar su Oficina Virtual – Buzón Tributario, a fin de verificar los actos administrativos notificados por la Administración Tributaria; en tal sentido, de acuerdo a lo previsto en el artículo 12 de la RND 101700000005 y la Disposición Final Cuarta de la Ley 812, el descuido o negligencia en la revisión del buzón tributario por parte del contribuyente, no puede ser utilizado como argumento para desconocer las notificaciones efectuadas; en ese contexto, el 31 de octubre de 2019 y 15 de enero de 2020, se procedió a enviar al buzón tributario el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311925002855, la Resolución Sancionatoria N° 181925003903 y el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria y considerando que el sujeto pasivo no reviso su buzón electrónico, se dio por notificados dichos actos administrativos al quinto día posterior del envío, es decir, el 7 de noviembre de 2019 y 23 de enero de 2020, respectivamente. A ello se suma, que el 

contribuyente tenía pleno conocimiento de que presentó Declaraciones Juradas con pagos en defecto, motivo por el cual conocía que la Administración Tributaria iniciaría el procedimiento sancionador por la contravención tributaria de omisión de pago; en tal sentido, no corresponde que se disponga la nulidad de notificaciones electrónicas por una irresponsabilidad atribuible al contribuyente, más aún cuando las mismas cumplen con todos los requisitos de validez y fueron realizadas de conformidad a lo dispuesto en los artículos 83 bis de la Ley 2492, 3, 6 y 10 de la RND 101700000005. 

El artículo 83 bis de la Ley 2492, establece que las notificaciones electrónicas tienen la misma validez y eficacia que una notificación personal, motivo por el cual el recurrente no puede alegar desconocimiento de esta forma de notificación o que la misma no garantiza la eficacia de tomar conocimiento pleno del documento notificado; asimismo, se debe tomar en cuenta que el Recurso de Alzada solo solicita que se realiza una notificación diferente a la existente, es decir, sólo se cuestiona que el envió 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

de notificación al buzón tributario que debió realizarse a su correo electrónico, para garantizar un pleno conocimiento del acto notificado. 

Con relación a la constancia de envío y recepción del documento notificado, se debe considerar que la plataforma virtual automáticamente genera la constancia de notificación electrónica, misma que se da a momento de que el sujeto pasivo realice la apertura del documento en formato PDF o en su defecto al quinto dia hábil de su envio conforme dispone el artículo 8 de la RND 101700000005; consecuentemente, el recurrente no puede alegar el desconocimiento de los documentos notificados, toda vez que en antecedentes administrativos cursa la constancia de notificación electrónica 

De manera previa a la declaratoria de nulidad, se debe cumplir con presupuestos legales como los principios de especificidad o legalidad, finalidad del acto, trascendencia y convalidación; no obstante, en el presente caso no se advierte ningún vicio de nulidad respecto a las notificaciones electrónicas, toda vez que las mismas fueron realizadas en el marco del artículo 83 bis de la Ley 2492 y la RND 101700000005; en ese contexto, el acto impugnado de manera correcta rechazó la nulidad de notificación impetrada, toda vez que la indefensión alegada por el ahora recurrente es inexistente. 

En relación al criterio de discrecionalidad, se debe considerar que la Disposición Final Cuarta de la Ley 2492, establece que una vez que el Servicio de Impuestos Nacionales implemente una plataforma virtual para la gestión de las notificaciones electrónicas, ya las notificaciones personales serán excepcionales; en ese contexto, habiéndose emitido la RND 101700000005 de 17 de marzo de 2017 y habilitado el “Buzón Tributario de la Oficina Virtual”, la Administración Tributaria debe utilizar . preferentemente el medio de notificación electrónica antes señalado; asimismo, aclara que la facultad discrecional de elegir entre notificar de forma personal o electrónica se encuentra condicionada y reglada consecuentemente, procede la notificación electrónica con los actos administrativos; al efecto, cita la Sentencia Constitucional 

  • Plurinacional 1464/2004-R. 

afaq 

  1. UU

MUDA 

ISO 900

Calidad AFNOR CERTIFICATIO

1 I

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Juan Carlos A 

Por otra parte, se debe tomar en cuenta que la notificación personal es para aquellos casos en los que el contribuyente se encuentre como inactivo automático o solicitado; 

Guzmán Ruiz) 

YoBo 

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de la Galdad CetaoN771/14 

Justicià tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs: (591-2) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

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sin embargo, en el presente caso el contribuyente se encuentra como activo habilitado y corresponde la notificación electrónica al constituirse la regla. Al respecto, aclara que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 83 bis parágrafo II de la Ley 2492, 3 incisos c) y g) y 6 de la RND 101700000005, las notificaciones electrónicas solo pueden. realizarse a través del buzón tributario y no en el correo personal como pretende el sujeto pasivo, toda vez que por éste último solo puede recibir comunicados; asimismo, en observancia del artículo 10 del referido cuerpo normativo, el no envío de alertas no se constituye en una causa de falta de validez o eficacia de la notificación. 

Las notificaciones electrónicas efectuadas con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311925002855, Resolución Sancionatoria N° 181925003903 y el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria No 331925004327, tienen como origen las 20 declaraciones juradas presentadas y no pagadas por el contribuyente; en tal sentido, es evidente que el mismo tenia pleno conocimiento de la deuda tributaria, del procedimiento de ejecución tributaria y sancionador por la contravención de omisión de pago; en tal sentido, no es evidente la indefensión y supuesta vulneración de derechos alegada; más aún, cuando el sujeto pasivo pago las Declaraciones Juradas Nos. 2589371344, 2589371269, 2587702425, 2590201898, 2590201702, 2587702431 y se acogió a facilidades de pago respecto a las demás, conforme se tiene de la revisión de antecedentes administrativos. 

Conforme los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Auto Administrativo No 392025000023 (SIN/GDLPZ 11/DJCC/UCCIAUTA/17/2020) de 10 de junio de 2020 y el Proveido No 242025000057 (SIN/GDLPZ 11/DJCC/UCCIPROV/36/2020) de 13 de agosto de 2020 

11.4 Apertura de término probatorio y producción de pruebas Mediante Auto de 15 de octubre de 2020, se aperturó el término de prueba de veinte (20) dias comunes y perentorios a las partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada por secretaria al recurrente y a la Administración Tributaria el 21 de octubre de 2020, período dentro del cual, mediante memorial presentado el 10 de noviembre de 2020, la Administración Tributaria ratificó en calidad de prueba los antecedentes administrativos remitidos junto al memorial de respuesta al Recurso de Alzada; al efecto, por Proveido de 11 de noviembre de 2020, 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia’ 

se dio por ratificada la prueba documental señalada, actuación notificada a las partes en la misma fecha; fojas 7374, 80-82 y 87 de obrados. 

A través del memorial presentado el 10 de noviembre de 2020, el recurrente ratificó en calidad de prueba los antecedentes- administrativos remitidos por la Administración Tributaria; asimismo, ofreció en calidad de prueba la documentación adjunta al Recurso de Alzada, consistente en fotocopias simples de: cédula de identidad de Bernardo Antonio Wayar Caballero, NIT de J&B Wayar Abogados S.C., Certificado de Inscripción de 23 de junio de 2015, Mensaje de correo electrónico de 6 de octubre de 2016, Certificado de Inscripción, Constancias de Notificaciones Electrónicas, Resolución Sancionatoria 181925003903 (CITE: SIN/GDLPZ [1/DJCC/UCC/RS/1339/2019) de 27 de diciembre de 2019; de igual manera fotocopias legalizadas de los Testimonios Nos. 075/2009 y 695/2009; así como originales del: Auto Administrativo N° 392025000023 (SIN/GDLPZ II/DJCC/UCCIAUTA/17/2020) y su notificación, Proveido No 242025000057 (SIN/GDLPZ W/DJCC/UCC/PROV/36/2020) de 13 de agosto de 2020 y su notificación, memoriales presentados a la Administración Tributaria el 13 de marzo y 30 de julio de 2020; al efecto, por Proveido de 11 de noviembre de 2020, se dio por ratificada y ofrecida la prueba documental señalada, .actuación notificada a las partes en la misma fecha; fojas 83-86 y 88 de obrados. 

11.5 Alegatos Por memorial presentado el 30 de noviembre de 2020, Ranulfo Prieto Salinas se apersonó en representación legal de la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de 

Impuestos Nacionales en mérito a la Resolución Administrativa de Presidencia No 032000001081 de 16 de noviembre de 2020 y formuló sus alegatos escritos ratificando los argumentos esgrimidos en su respuesta al Recurso de Alzada, referidos a que las 

  • notificaciones electrónicas efectuadas con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311925002855, Resolución Sancionatoria N° 181925003903 y el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 331925004327, son válidas; es responsabilidad del sujeto pasivo revisar su buzón tributario; y que no corresponde que se efectúen las notificaciones con los citados actos administrativos al correo electrónico del contribuyente; al efecto, por Proveido de 1 de diciembre de 2020, se lo dio por apersonado y por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria, actuación notificada en secretaría a las partes el 2 de diciembre de 2020; fojas 91-93 y 103 de obrados 

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Calidad AINOA CERTIFICATION 

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Juan Carlos Guzrhadin Aluiz 

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9001 IBNORCA Sistemede Gestion 

debCaldad Certiedon 771714 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaran) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (5912) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

Por memorial presentado el 30 de noviembre de 2020, J&B Wayar Abogados S.C., representada legalmente por Bernardo Antonio Wayar Caballero formuló sus alegatos escritos ratificando los argumentos esgrimidos en su Recurso de Alzada, referidos a que las notificaciones electrónicas efectuadas con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311925002855, Resolución Sancionatoria No 181925003903 y el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria No 331925004327; son nulas, toda vez que debieron ser practicadas en el domicilio fiscal del sujeto pasivo o en el correo electrónico señalado por éste de conformidad a lo establecido en los artículos 84 y 83 bis del Código Tributario; ade, que las citadas notificaciones no cumplieron su finalidad y vulneraron su derecho al debido proceso y a la defensa; al efecto, por Proveidode 1 de diciembre de 2020, se dio por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria, actuación notificada en secretaria a las partes el 2 de diciembre de 2020; fojas 94-102 y 104 de obrados 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA El representante legal de J&B Wayar Abogados S.C., presentó Declaraciones Juradas, bajo el siguiente detalle: 

Declaración Jurada 

Formulario 

Periodo: mes/año 

Impuesto 

Fojas de antecedentes administrativos 

Declaración Jurada con Orden 

N° 2583399033 2583399148 2583399309 2583399245 2584220437 2584220519 2584220800 2584220665 2587788220 2587702407 2587702431 2587702425 2589402121 2589402283 2589371344 2589371269 2590200929 2590201283 2590201898 2590201702 

200 400 410 570 200 400 410 570 200 400 410 

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Noviembre/2018 Noviembre/2018 Noviembre/2018 Noviembre/2018 Diciembre/2018 Diciembre/2018 Diciembre/2018 Diciembre/201

Abril/2019 Abril/2019 Abril/2019 Abril/2019 Junio/2019 Junio/2019 Junio/2019 Junio/2019 Julio/2019 Julio/2019 Julio/2019 Julio/2019 

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AUTORIDAD DE .’ IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

El Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311925002855 de 31 de octubre de 2019, emitido por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacional, dispuso el inicio del proceso sumario contravencional en contra de J&B Wayar Abogados S.C., de conformidad a lo previsto en el artículo 168 de la Ley 2492, por existir indicios de haber incurrido en la contravención de omisión de pago respecto a las Declaraciones Juradas con Números de Orden 2583399033, 2583399148, 2583399309, 2583399245, 2584220437, 2584220519, 2584220800, 2584220665 2587788220, 2587702407, 2587702431, 2587702425; 2589402121, 2589402283, 2589371344, 2589371269, 2590200929, 2590201283, 2590201898 y 2590201702, acto notificado de manera electrónica al contribuyente el 7 de noviembre de 2019; fojas 30-33 de antecedentes administrativos. 

La Resolución Sancionatoria N° 181925003903 (CITE: SIN/GDLPZ Il/DJCC/UCC/RS/1339/2019) de 27 de diciembre de 2019, dispuso sancionar al contribuyente J&B Wayar Abogados S.C., con una multa igual 100% del tributo omitido que asciende a 152.943 UFV’s, por el no pago de las Declaraciones Juradas con Números de Orden 2583399033, 2583399148, 2583399309, 2583399245, 2584220437, 2584220519, 2584220800, 2584220665, 2587788220, 2587702407, 2587702431, 2587702425, 2589402121, 2589402283, 2589371344, 2589371269, 2590200929, *2590201283, 2590201898 y 2590201702, acto notificado de manera electrónica al contribuyente el 23 de enero de 2020; fojas 36-39 de antecedentes administrativos

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Mediante Proveido de inicio de Ejecución Tributaria No 331925004327 (CITE: SIN/GDLPZ II/DJCC/UCC/PIET/4274/2019) de 27 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria comunicó al contribuyente que estando firmes y ejecutoriadas las Declaraciones Juradas con Números de Orden 2583399033, 2583399148, 2583399309, 2583399245, 2584220437, 2584220519, 2584220800, 2584220665, 2587788220, 2587702407, 2587702431, 2587702425, 2589402121, 2589402283, 2589371344, 2589371269, 2590200929, 2590201283, 2590201898 y 2590201702, se dará inicio a la ejecución tributaria al tercer día de su legal notificación, a partir del cual se realizarán las medidas coactivas correspondientes; acto notificado de manera electrónica al contribuyente el 23 de enero de 2020; fojas 34-35 de antecedentes administrativos. 

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an Carlos Guzmán Ruiz 

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9001 IBNORCA 

Sisterra de Gestió

debCaldad CertificadoN771/1

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (5912) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

A través del memorial presentado ante la Administración Tributaria el 13 de marzo de 2020, J&B Wayar Abogados S.C., representada legalmente por Bernardo Antonio Wayar Caballero solicitó la nulidad de las notificaciones electrónicas realizadas con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311925002855, la Resolución Sancionatoria N° 181925003903 (CITE: SIN/GDLPZ 11/DJCC/UCC/RS/1339/2019) y el Proveido de inicio de Ejecución Tributaria No 331925004327 (CITE:SIN/GDLPZ II/DJCC/UCC/PIET/4274/2019) de 31 de octubre de 2019 y 27 de diciembre de 2019, respectivamente; fojas 48-52 de antecedentes administrativos. 

El Auto Administrativo N° 392025000023 (SIN/GDLPZ 11/DJCC/UCCIAUTA/17/2020) de 10 de junio de 2020, emitido por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió rechazar la solicitud de nulidad de notificación electrónica del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311925002855, Resolución Sancionatoria N° 181925003903 y Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 331925004327 de 31 de octubre y 27 de diciembre de 2019, respectivamente, planteada por el contribuyente J&B Wayar Abogados S.C.; debiendo proseguir con el procedimiento de ejecución y de sanción, acto notificado de forma personal al contribuyente el 27 de julio de 2020; fojas 7280 de antecedentes administrativos

Por memorial presentado ante la Administración Tributaria el 30 de julio de 2020, Bernardo Antonio Wayar Caballero solicitó la complementación del Auto Administrativo N° 392025000023 (SIN/GDLPZ 11/DJCC/UCCIAUTA/17/2020) de 10 de junio de 2020;. – aspecto que mereció que la Administración Tributaria emita el Proveido No 242025000057 (SIN/GDLPZ 11/DJCC/UCC/PROV/36/2020) de 13 de agosto de 2020, estableciendo que no corresponde la complementación del Auto Administrativo No 392025000023 (SIN/GDLPZ II/DJCC/UCCIAUTA/17/2020) de 10 de junio de 2020, acto notificado de forma personal al contribuyente el 24 de agosto de 2020; fojas 95 96 y 111-113 de antecedentes administrativos.

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados, los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-11 de la Ley 3092, se tiene: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por J&B Wayar Abogados S.C., representada legalmente por Bernardo Antonio Wayar Caballero, la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva. 

Se hace necesario puntualizar que J&B Wayar Abogados S.C., representada legalmente por Bernardo Antonio Wayar Caballero en el petitorio de su Recurso de 

  • Alzada solicitó la revocatoria del Auto Administrativo N° 392025000023 (SIN/GDLPZ II/DJCC/UCCIAUTA/17/2020) de 10 de junio de 2020 y el Proveído No 242025000057 (SIN/GDLPZ II/DJCC/UCC/PROV/36/2020) de 13 de agosto de 2020; sin embargo, de la lectura de su Recurso, se advierte que alude únicamente a nulidades; en ese contexto, siendo obligación de ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitir un criterio y/o posición respecto a todos y cada uno de los planteamientos formulados, se efectuará la revisión de la existencia o no de los vicios y si estos están 

legalmente sancionados con la nulidad, 

IV.1. Debido proceso J&B Wayar Abogados S.C., representada legalmente por Bernardo Antonio Wayar Caballero en su Recurso de Alzada y alegatos señala que verificó que el Auto Inicial de Sumario Contravencional, la Resolución Sancionatoria N° 181925003903 y el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria, fueron enviados al buzón tributario y se los tuvo por notificados; no obstante, la Administración Tributaria no consideró que el medio adecuado era la notificación personal en el domicilio fiscal o través del correo electrónico declarado por el contribuyente, aspectos que advierten vicios de nulidad y vulneran los derechos al debido proceso y a la legítima defensa, toda vez que se debió procurar que el acto sea de conocimiento del contribuyente; a ello se suma, que se le impidió la presentación de descargos o acogerse a la reducción de sanciones. Por otro lado, el artículo 45 del DS 27113, modificado por el DS 3525, establece que el registro de correo debe ser voluntario y en el presente caso la dirección proporcionada por el Ente Fiscal no fue voluntaria sino obligada. 

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Juan Carlos Guzman Ruiz 

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9001 IBNORCA Setema de Gestió

de la Caldad Certificado N° 771/14 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaranl): 

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Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613.2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

TUTUL INITI 

La Administración Tributaria en su respuesta al Recurso de Alzada y alegatos manifestó que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 83 bis de la Ley 812 de la Ley 2492, 3, 6, 7, 8, 10 y 12 de la RND 101700000005, se procedió a la notificación al contribuyente por medio electrónico y se enviaron los actos administrativos a ser notificados a su buzón tributario; al efecto, aclara que las notificaciones electrónicas solo pueden realizarse a través del buzón tributario y no en el correo personal como pretende el sujeto pasivo; asimismo, refiere que la notificación personal es la excepción y no la regla de acuerdo a lo dispuesto en la Disposición Final Cuarta de la citada Ley, motivo por el cual el descuido o negligencia en la revisión del buzón tributario por parte del contribuyente, no puede ser utilizado como argumento para desconocer las notificaciones efectuadas, más aún, cuando tienen la misma validez y eficacia que una notificación personal

Añade, que de manera previa a la declaratoria de nulidad, se debe cumplir con presupuestos legales como los principios de especificidad o legalidad, finalidad del acto, trascendencia y convalidación; sin embargo, en el presente caso hasta se advierte que el sujeto pasivo pago algunas declaraciones juradas y se acogió a facilidades de pago respecto a la demás; al efecto, cita las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1464/2004-R; al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone: 1. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legitimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

El artículo 117, de la referida Constitución Política del Estado establece: 1. Ninguna 

persona puede ser condenada sin haber sido oida y juzgada previamente en un debido 

proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. //. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena. III. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos por ley. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinaclonal de Bolivia 

El artículo 68 del Código Tributario, señala como derechos del sujeto pasivo, entre otros, los siguientes: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

El artículo 83 del Código Tributario, ‘modificado por el artículo 2 de la Ley 812, en relación a los medios de notificación, dispone: !. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según 

corresponda: 1. Por medios Electrónicos; 2. Personalmente; 3. Por Cédula; 4. Por Edicto; 5. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsimiles o similares; 6

  • Tácitamente; 7. Masiva; 8. En Secretaría. Il. Es nula toda notificación que no se ajuste 

a las formas anteriormente descritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a pedido de parte. Siempre por motivos 

  • fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

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El artículo 83 Bis del Código Tributario, incorporado por el artículo 3 de la Ley 812, en relación a la notificación por medios electrónicos establece: 1. Para los casos en que el contribuyente o tercero responsable señale un correo electrónico o éste le sea asignado por la Administración Tributaria, la vista de cargo, auto inicial de sumario, resolución determinativa, resolución sancionatoria, resolución definitiva y cualquier otra actuación de la Administración Tributaria, podrá ser notificado por correo electrónico, oficina virtual u otros medios electrónicos disponibles. La notificación realizada por estos medios tendrá la misma validez y eficacia que la notificación personal. En las 

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notificaciones practicadas en esta forma, los plazos se computarán de acuerdo al 

  • Artículo 4 del presente Código Tributario II. La Administración Tributaria contará con los medios electrónicos necesarios para garantizar la notificación a los contribuyentes. Los contribuyentes que proporcionen a la Administración Tributaria su correo electrónico, número de celular o teléfono fijo, recibirán comunicados por estos medios. 

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Vuan Carlos en dizmet Ruiz 

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Sistema de Gestion 

de la Caldad Certificado N°77114 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (5912) 241 2613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

El artículo 201 de la Ley 2492, establece: Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Titulo III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo

El artículo 28 de la Ley 2341, señala: (Elementos esenciales del acto administrativo). Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.; d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

El artículo 36 de la referida Ley 2341 en sus numerales I y II, estipula: 1. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. 

El artículo 12 del DS 27310, modificado por el artículo 2 del DS 2993, estipula: I. Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 83 Bis de la Ley N° 2492, la Vista de Cargo, Auto Inicial de Sumario, Resolución Determinativa, Resolución Sancionatoria, proveido que de inicio a la ejecución tributaria y cualquier Resolución Definitiva, podn ser notificados por correo electrónico u otros medios electrónicos, en una dirección electrónica fijada por el contribuyente o tercero responsable o asignada por la Administración Tributaria. La notificación electrónica se tendrá por efectuada en los siguientes casos, lo que ocurra primero: En la fecha en que el contribuyente o tercero. responsable proceda a la apertura del documento enviado; A los cinco (5) días posteriores a: La fecha de recepción de la notificación en el correo electrónico; o La fecha de envio al medio electrónico implementado por la Administración Tributaria. El 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinaclonal de Bolivia” 

soporte físico de la apertura del documento notificado o de la constancia de recepción en el correo electrónico o envio al medio electrónico, según corresponda, deberá ser adjuntado al expediente, consignando la firma, nombre y cargo del servidor público responsable de la notificación. Cuando no sea posible la notificación por medios electrónicos, la Administración Tributaria procederá a la notificación del sujeto pasivo o tercero responsable de acuerdo al procedimiento establecido en los Artículos 84, 85 y 86 de la Ley N° 2492, según corresponda. II. La Administración Tributaria, a través de medios electrónicos, teléfono fijo o móvil, proporcionará a los contribuyentes o terceros responsables información referida a fechas de vencimiento, existencia de actuaciones administrativas, alertas, recordatorios y cualquier otra de naturaleza tributaria. De igual manera, deberá habilitar los medios para que el contribuyente efectúe consultas, reclamos, denuncias, trámites administrativos y otros por los mismos mecanismos. III. A efectos de la aplicación del presente Articulo, la Administración Tributaria emitirá norma administrativa reglamentaria. 

Previo a ingresar al análisis de la controversia del presente Recurso de Alzada, es necesario considerar que el artículo 115 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, dispone entre otras garantías al debido proceso, según el cual toda – persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resuitado justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones; lo que implica, que es obligación de los organismos y dependencias de la Administración Pública, garantizar de manera expresa y velar por el pleno ejercicio del derecho a la defensa (en el entendido de que la indefensión supone la vulneración del debido proceso) y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

  • Lo señalado, implica que las actuaciones en un proceso administrativo deben estar 

circunscritas al ordenamiento jurídico legal, para asegurar el correcto ejercicio de la Administración Pública a través de la emisión de actos administrativos, los que no 

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deben resultar contrarios a los principios del Estado de Derecho; en ese contexto, toda autoridad administrativa tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico 

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Calidad AINOR CERTIFICATION 

TQNet 

y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad, a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas realizadas, · contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes. 

Joan Carlos Gumen Ruiz 

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9001 IBNORCA Sistema de Gestión 

deb takud CertidoN771/1

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que el representante legal de J&B Wayar Abogados S.C., presentó Declaraciones Juradas, bajo el siguiente detalle:

Declaración Jurada 

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Periodo: mes/año 

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Noviembre/2018 Noviembre/2018 Noviembre/2018 Noviembre/2018 Diciembre/2018 Diciembre/2018 Diciembre/2018 Diciembre/2018 

Abril/2019 Abril/2019 Abril/2019 Abril/2019 Junio/2019 Junio 2019 Junio/2019 Junio/2019 Julio/2019 Julio/2019 Julio/2019 Julio/2019 

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De forma posterior, la Gerencia Distrital La Paz ll del Servicio de Impuestos Nacional emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311925002855 de 31 de octubre de 2019, que dispuso el inicio del proceso sumario contravencional en contra d Wayar Abogados S.C., de conformidad a lo previsto en el artículo 168 de la Ley 2492, por existir indicios de haber incurrido en la contravención de omisión de pago respecto a las Declaraciones Juradas con Números de Orden 2583399033, 2583399148, 2583399309, 2583399245, 2584220437, 2584220519, 2584220800, 2584220665, 2587788220, 2587702407, 2587702431, 2587702425, 2589402121, 2589402283, 2589371344, 2589371269, 2590200929, 2590201283, 2590201898 y 2590201702, acto notificado de manera electrónica al contribuyente el 7 de noviembre de 2019, conforme consta a fojas 30-33 de antecedentes administrativos. 

El proceso sancionador continuó con la emisión de la Resolución Sancionatoria No. 181925003903 (CITE: SIN/GDLPZ !I/DJCC/UCC/RS/1339/2019) de 27 de diciembre de 2019, que dispuso sancionar al contribuyente J&B Wayar Abogados S.C., con una 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinaclonal de Bolivia 

multa igual 100% del tributo omitido que asciende a 152.943 UFV’s, por el no pago de las Declaraciones Juradas con Números de Orden 2583399033, 2583399148, 2583399309, 2583399245, 2584220437, 2584220519, 2584220800, 2584220665, 2587788220, 2587702407, 2587702431, 2587702425, 2589402121, 2589402283, 

2589371344, 2589371269, 2590200929, 2590201283, 2590201898 y 2590201702, 

  • acto notificado de manera electrónica al contribuyente el 23 de enero de 2020. 

Se emitió también el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria No 331925004327 (CITE:SIN/GDLPZ 11/DJCC/UCCIPIET/4274/2019). de 27 de diciembre de 2019, a – través del cual la Administración Tributaria comunicó al contribuyente que estando firmes y ejecutoriadas las Declaraciones Juradas con Números de Orden 2583399033, 2583399148, 2583399309, 2583399245, 2584220437, 2584220519, 2584220800, 2584220665, 2587788220, 2587702407, 2587702431, 2587702425, 2589402121, 2589402283, 2589371344, 2589371269, 2590200929, 2590201283, 2590201898 y 2590201702, se dará inicio a la ejecución tributaria al tercer día de su legal notificación, a partir del cual se realizarán las medidas coactivas correspondientes, acto notificado de manera electrónica al contribuyente el 23 de enero de 2020. 

En ese contexto, a través del memorial presentado ante la Administración Tributaria el 13 de marzo de 2020, Bernardo Antonio Wayar Caballero solicitó la nulidad de las notificaciones electrónicas realizadas con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311925002855, la Resolución Sancionatoria No 181925003903 (CITE: SIN/GDLPZ 11/DJCC/UCC/RS/1339/2019) y el Proveido de Iņicio de Ejecución Tributaria No 331925004327 (CITE:SIN/GDLPZ II/DJCC/UCC/PIET/4274/2019) de 31 de octubre de 2019 y 27 de diciembre de 2019, respectivamente; sin embargo, dicha pretensión fue rechazada por parte del Ente Fiscal mediante la emisión del Auto Administrativo No 392025000023 (SIN/GDLPZ W/DJCC/UCCIAUTA/17/2020) de 10 de junio de 2020, acto notificado de forma personal al contribuyente el 27 de julio de 2020. 

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Velez Dorado 

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Una vez notificada la citada determinación, mediante memorial presentado ante la Administración Tributaria el 30 de julio de 2020, Bernardo Antonio Wayar Caballero solicitó la complementación del Auto Administrativo N° 392025000023 (SIN/GDLPZ 11/DJCC/UCCIAUTA/17/2020) de 10 de junio de 2020; aspecto que mereció que la Administración, Tributaria emita el Proveído No 242025000057 (SIN/GDLPZ !I/DJCC/UCC/PROV/36/2020) de 13 de agosto de 2020, que estableció que no 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) : Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs: (591-2) 24126132411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

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corresponde la complementación en cuestión, acto notificado de forma personal al contribuyente el 24 de agosto de 2020. 

Efectuadas las consideraciones precedentes y a objeto de dilucidar los argumentos planteados en el Recurso de Alzada, referidos a que la Administración Tributaria habría vulnerado el debido proceso y el derecho a la legítima defensa, toda vez que no procuro que los actos notificados sean del conocimiento del contribuyente; es necesario señalar, que el artículo 83 Bis parágrafo I de la Ley 2492, incorporado por el artículo 3 de la Ley 812, concordante con el artículo 12 del DS 27310, modificado por el artículo 2 del DS 2993, establece que para los casos en que el contribuyente o tercero responsable señale un correo electrónico o éste le sea asignado por la Administración Tributaria, la Vista de Cargo, el Auto Inicial de Sumario, la Resolución Determinativa, Resolución Sancionatoria, cualquier otra Resolución de carácter definitivo y otra actuación administrativa podrán ser notificados por correo electrónico, oficina virtual u otros medios electrónicos disponibles. 

En ese marco normativo, corresponde señalar que de la revisión de la Consulta de Padrón cursante a fojas 4 de antecedentes administrativos, no es posible evidenciar la existencia de dirección electrónica alguna sea ésta declarada por el contribuyente o asignada por la Administración Tributaria recurrida, de modo que se pueda validar o invalidar según sea el caso, el procedimiento de notificación realizado a través de medios electrónicos, aspecto que además de contravenir la normativa expuesta en el . párrafo que precede, genera incertidumbre respecto a cuál sería el sitio electrónico al que se enviaron tanto el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311925002855 de 31 de octubre de 2019, como la Resolución Sancionatoria N° 181925003903 (CITE: SIN/GDLPZ I/DJCC/UCC/RS/1339/2019) y el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria No 331925004327 (CITE:SIN/GDLPZ 11/DJCC/UCC/PIET/4274/2019) de 27 de diciembre de 2019. 

De igual manera, de la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que no existen los soportes físicos de la apertura de los documentos notificados o de las constancias de recepción en el correo electrónico o envio al medio electrónico que consignen la firma, nombre y cargo del servidor público responsable de la notificación; toda vez que únicamente se muestra la existencia de las Constancias de Notificación. · Electrónica del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311925002855, la 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Resolución Sancionatoria N° 181925003903 (CITE: SIN/GDLPZ TV/DJCC/UCC/RS/1339/2019) y el Proveido de inicio de Ejecución Tributaria No 331925004327 (CITE:SIN/GDLPZ 11/DJCC/UCC/PIET/4274/2019), cursantes a fojas 33, 35 y 39 de antecedentes administrativos, lo que evidencia una absoluta incoherencia entre lo aseverado por el ente fiscal y la documentación aparejada en los antecedentes administrativos

Lo anterior denota que la Gerencia Distrital La Paz il del Servicio de Impuestos . Nacionales incumplió lo dispuesto por el artículo 12 parágrafo | del DS 27310 modificado por el artículo 2 parágrafo IV del DS 2993; aspecto que imposibilita verificar que las notificaciones electrónicas realizadas por el sujeto activo, hubieran cumplido con el principio finalista de poner en conocimiento del contribuyente los actos 

  • administrativos emitidos por la Administración Tributaria, a efectos de que pueda ejercer irrestrictamente su derecho a la defensa y poder desvirtuar los cargos establecidos en su contra. 
  • En ese contexto, si bien las actuaciones de la Administración Tributaria a prima facie se encontrarían en consonancia con la previsión legal contenida en el artículo 83 del Código Tributario, que faculta a la notificación a los sujetos pasivos por medios electrónicos, sin embargo, el Ente Fiscal no tomó en cuenta lo dispuesto por el artículo 83 Bis Parágrafo | del citado Código, concordante con el artículo 12 del DS 27310, preceptos normativos que establecen de manera clara y expresa que el sujeto activo se encuentra facultado a realizar la notificación electrónica al contribuyente o tercero responsable con los actos administrativos, cuando éste señale un correo electrónico o le sea asignado por la Administración Tributaria; aspecto que como se saló en párrafos precedentes, no aconteció en el presente caso, toda vez que no existe evidencia de que la empresa ahora recurrente hubiera señalado correo electrónico alguno ante el SIN, ni tampoco se muestra cuál sería el que le hubiera asignado la entidad recaudadora; debiéndose aclarar al efecto, que el mensaje de correo electrónico de 6 de octubre de 2016 cursante a fojas 13 de obrados, ratificado como prueba mediante memorial presentado el 10 de noviembre de 2020, ante esta instancia recursiva, carece 

de valor probatorio al no constituirse en un documento original o copia legalizada que cumpla con lo dispuesto en el artículo 217 inciso a) de la Ley 2492. 

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Juan Carlos 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani). 

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Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613. 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

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Lo anterior, pone de manifiesto que la Gerencia Distrital La Paz Il del Servicio de Impuestos Nacionales, omitió lo dispuesto por el artículo 12 parágrafo I del DS 27310, al no haber adjuntado a los antecedentes administrativos del presente caso, los soportes físicos que evidencien la apertura de los documentos notificados o de las constancias de recepción en el correo electrónico o envio al medio electrónic sujeto pasivo; al respecto, es pertinente referir que las Constancias de Notificación Electrónica cursantes a fojas 33, 35 y 39 de antecedentes administrativos, no demuestran la efectiva recepción de los documentos que habrían sido notificados por el Ente Fiscal; es decir, no otorgan certeza de que indudablemente el sujeto paşivo hubiera recepcionado y posteriormente tomado conocimiento de los actos administrativos que se le habría enviado electrónicamente; al efecto, es evidente, que las referidas Constancias de Notificación Electrónica fueron emitidas unilateralmente por la Administración Tributaria, toda vez que no contienen ni consignan dato alguno que permitan verificar los hechos anteriormente señalados

De acuerdo a los pormenores. antes citados, se infiere que debió primar necesariamente el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, es decir, la Administración Tributaria tenía la ineludible obligación de garantizar el efectivo conocimiento de parte del sujeto pasivo sobre las decisiones asumidas en el caso objeto de análisis, aspecto que no puede pretender ser justificado aduciendo que se otorgó cumplimiento a los artículos 83 y 83 Bis del Código Tributario, al respecto, el máximo intérprete de la Constitución Política del Estado, en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0762/2013-L de 30 de julio, señaló: De este modo se debe entender que la garantía del debido proceso, con la que especialmente se vincula el derecho formal no ha sido instituida para salvaguardar un ritualismo procesal estéril que no es un fin en sí mismo, sino esencialmente para salvaguardar un orden justo que no es posible cuando, pese a la evidente lesión de derechos, prima la forma al fondo, pues a través del procedimiento se pretende lograr una finalidad más alta cuál es la tutela efectiva de los derechos”. 

En ese entendido, es preciso establecer que las notificaciones no se constituyen en un.. simple formalismo, sino que cumplen una función material, que es precisamente el de hacer conocer a las partes las resoluciones emitidas por las autoridades administrativas encargadas de tramitarlos; por ello, es ineludible para estas cumplir con las formalidades establecidas para cada forma de notificación, pero ante todo

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garantizar el efectivo conocimiento de parte del administrado o procesado, respecto a las decisiones asumidas por la autoridad actuante, materializando así el derecho de las partes a tomar conocimiento de dicho acto, para asumir las actua que hagan a sus derechos e intereses; en ese entendido, las Administraciones Tributarias deben procurar por todos los medios que los actos de comunicación cumplan con su finalidad. . 

  • En relación al derecho a la defensa la Sentencia Constitucional Plurinacional 0133/2014 de 10 de enero, señaló: “El art. 115./l de la CPE, garantiza el derecho a la defensa y acceso a una justica plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, al respecto la jurisprudencia constitucional mediante la SC 0206/2010-R, de 24 de mayo, señaló que el derecho a la defensa como componente del debido 

proceso es: uno de los elementos de la garantía del debido proceso, es el derecho fundamental a la defensa consagrado por el art. 115./l de la CPE, que tiene dos connotaciones: la primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona 

idónea que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello es inviolable por las personas o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio (...)”(las negrillas y subrayado nos pertenecen)

e enfatizar que si bien las Administraciones Tributarias en general cuentan 

con amplias facultades para el cumplimiento de sus funciones y que se encuentran plasmadas en los artículos 66 y 100 del Código Tributario, en este caso, las notificaciones; sin embargo, deben ser desarrolladas en el marco de un debido proceso, de tal manera que se garantice que el procesado o sindicado pueda contar con la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa, cuya garantía en los hechos constituye una verdadera barrera de contención que impide el accionar arbitrario o discrecional de la autoridad actuante; al respecto, las notificaciones precisamente tienen esa finalidad de resguardar el ejercicio del derecho a la defensa. 

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Juan Carlos A 

Guzmán Ruiz 

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En este punto de análisis, corresponde recurrir a la doctrina constitucional desarrollada sobre la notificación, asi en la Sentencia Constitucional 1845/2004-R, de 30 de 

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noviembre, se dejó claramente establecido que: “(…) los emplazamientos, citaciones y notificaciones (notificaciones en sentido genérico), que son las modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las 

providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (asi SC 0757/2003-R, de 4 de junio); dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos, pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión (art. 16.II y IV de la CPE);”. 

En el contexto precedente, no se puede soslayar que existe de origen un vicio procedimental que repercutió en los derechos de J&B Wayar Abogados S.C., representada legalmente por Bernardo Antonio Wayar Caballero, de tal manera, debe primar ante todo la observancia ineludible a los derechos y garantías constitucionales, los cuales no pueden quedar subordinados o rezagados al simple justificativo de formalidades procedimentales que en todo caso deben ser resultado del ejercicio de una potestad 

administrativa sancionatoria apegada a los principios de constitucionalidad y de verdad material; al respecto, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0510/2013 de 19 de abril, en relación a la verdad material ilustró: “El principio de verdad material previsto por el art. 4 inc. d) de la LPA, determina que la administración pública investigará la verdad material, en virtud de la cual, la decisión de la Administración debe ceñirse a los hechos y no limitarse únicamente al contenido literal del expediente, incluso más allá de lo estrictamente aportado por las partes, siendo obligación de la administración la averiguación total de los hechos, no restringiendo su actuar a simplemente algunas actuaciones de carácter administrativo formal que no son suficientes para asumir decisiones. La tarea investigativa de la administración pública, (…) debe basarse en documentación, datos y hechos ciertos con directa relación de causalidad, que deben tener la calidad de incontrastables, en base a cuya información integral la autoridad administrativa con plena convicción y sustento, emitirá el pronunciamiento que corresponda respecto al tema de fondo en cuestión”. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Conforme lo señalado, se constata que la Administración Tributaria restringió el ejercicio del derecho a la defensa de la parte recurrente; en ese entendido, corresponde a esta Instancia de Alzada precautelar que en todo trámite exista un debido proceso y se observe el derecho a la defensa, garantías que no pueden ser 

eclipsadas con notificaciones sobre las cuales no se verifique fehacientemente que fueron de conocimiento del interesado; al efecto, es evidente también que el Auto Administrativo N° 392025000023 (SIN/GDLPZ (1/DJCC/UCCAUTA/17/2020) y el Proveido No 242025000057 (SIN/GDLPZJI/DJCC/UCC/PROV/36/2020) de 10 de junio y 13 de agosto de 2020, respectivamente, incumplen lo previsto en el artículo 28 inciso e) de la Ley 2341, aplicable supletoriamente al presente caso por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 2492, toda vez que su fundamento para rechazar la solicitud de nulidad de notificaciones planteada por el sujeto pasivo, no se sustenta en todos los antecedentes del caso ni en la normativa aplicable. 

Lo anterior, muestra una ausencia de fundamentación de hecho y derecho en el acto impugnado encontrándose viciado de nulidad así como las notificaciones electrónicas realizadas, al no existir evidencia alguna de que el contribuyente hubiera tomado conocimiento efectivo del contenido tanto del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311925002855 de 31 de octubre de 2019, como de la Resolución Sancionatoria No 181925003903 (CITE: SIN/GDLPZ JI/DJCC/UCC/RS/1339/2019) y el Proveido de Inicio de Ejecución · Tributaria No 331925004327 (CITE:SIN/GDLPZ II/DJCC/UCC/PIET/4274/2019) de 27 de diciembre de 2019, contexto bajo el cual, en resguardo del debido proceso, corresponde retrotraer actuaciones administrativas y de esa manera el administrado tenga la posibilidad de acogerse a los beneficios tributarios que correspondan y asumir defensa ofreciendo todos los descargos o pruebas que considere pertinentes en respaldo de sus derechos, los cuales además deben ser 

considerados o en su caso valorados por la Administración Tributaria, 

proporcionando en sus actos los fundamentos de hecho y de derecho que rigen el procedimiento que involucra el presente caso. 

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Ver Dorado 

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En relación al argumento expuesto por el recurrente respecto a que el artículo 45 del DS 27113, modificado por el DS 3525, establece que el registro de correo debe ser voluntario y que en el presente caso la dirección proporcionada por el Ente Fiscal fue obligada; corresponde aclarar que el artículo 74 parágrafo I de la Ley 2492, establece que sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas en 

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Juan Carlos Guzman Ruiz 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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materia administrativa a los procedimientos tributarios administrativos, situación que no acontece en el presente caso, toda vez que el procedimiento de notificaciones electrónicas en materia tributaria se encuentra regulado por el artículo 83 bis de la Ley 2492, modificado por la Ley 812, que establece entre otros aspectos, la posibilidad de que incluso la Administración Tributaria le puede asignar un correo electrónico al contribuyente; en tal sentido, no corresponde lo invocado por el recurrente 

Respecto al argumento expuesto por la Administración Tributaria en relación a que el sujeto pasivo incluso pago algunas declaraciones juradas y se acogió a facilidades de pago respecto a las demás, motivo por el cual no se le dejo en indefensión; corresponde señalar, que de la revisión de antecedentes no se advierte documentación que acredite el pago de las declaraciones juradas en cuestión; asimismo, si bien cursa a fojas 92-93 de antecedentes administrativos, el Formulario 8000, a través del cual el contribuyente solicitó facilidades de pago de las Declaraciones Juradas con Números de Orden 2583399033, 2583399148, 2584220437, 2584220519, 2587788220, 2587702407, 2589402121, 2589402283, 2590200929, 2590201283, dicha actuación fue realizada y presentada el 10 y 12 de agosto de 2020; es decir, después de haber transcurrido bastante tiempo de realizadas las notificaciones cuestionadas ante esta instancia recursiva; en tal sentido, lo alegado por el Ente Fiscal en este punto no desvirtúa la existencia de vicios de nulidad, en las notificaciones electrónicas realizadas

En relación a la Sentencia Constitucional Plurinacional 1464/2004-R, que es referida por la Administración Tributaria con la finalidad de establecer que procedió a notificar de forma electrónica en razón a la facultad discrecional condicionada y reglada; es menester aclarar, que si bien el referido precedente constitucional, entre otros aspectos, conceptualiza la potestad discrecional y reglada dentro de un procedimiento administrativo; no obstante, conforme se tiene del análisis expuesto precedentemente, se tiene incertidumbre respecto al procedimiento aplicado por el Ente Fiscal a efectos de realizar las notificaciones electrónicas al contribuyente y en consecuencia no se acredito que las mismas fueron de conocimiento del sujeto pasivo; en tal sentido, no corresponde lo alegado por el sujeto activo en este punto. 

Respecto a la documentación ofrecida en calidad de prueba tanto por el recurrente con por la Administración Tributaria, consistente en los antecedentes administrativos que fueron 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

remitidos ante esta instancia; corresponde señalar que la misma fue analizada y sustenta la determinación asumida en el presente caso; asimismo, se hace necesario establecer que el Certificado de Inscripción de 23 de junio de 2015, Mensaje de correo electrónico de 6 de octubre de 2016 y Certificado de Inscripción de 16 de abril de 2019, no cumplen con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Tributario, al no ser documentos originales o legalizados por autoridad competente, motivo por el cual no corresponde emitir mayor pronunciamiento; a ello se suma, que la documentación consistente en la cédula de identidad de Bernardo Antonio Wayar Caballero, NIT de J&B Wayar Abogados S.C. y fotocopias legalizadas de los Testimonios Nos. 075/2009 y 695/2009; fue considerada por ésta instancia recursiva al momento de la admisión del Recurso 

de Alzada. 

Bajo las circunstancias descritas, se advierte la existencia de vicios que causaron la vulneración a la garantia del debido proceso y derecho a la defensa J&B Wayar Abogados S.C., representada legalmente por Bernardo Antonio Wayar Caballero, establecidos por los artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado y 68, numeral 6) de la Ley 2492; consecuentemente, corresponde anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311925002855 y el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria No 331925004327 (CITE:SIN/GDLPZ II/DJCC/UCC/PIET/4274/2019) de 31 de octubre y 27 de diciembre de 2019, respectivamente, debiendo la Administración Tributaria notificar los citados actos conforme al procedimiento legalmente establecido en los artículos 83 y siguientes del Código Tributario, garantizando que el sujeto pasivo tome conocimiento efectivo de dichos actos. 

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Titulo V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894

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RESUELVE: PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311925002855 y el Proveido de Inicio 

Juan Carlos Guzrnán Ruiz 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

de Ejecución Tributaria No 331925004327 (CITE:SIN/GDLPZ IV/DJCC/UCC/PIET/4274/2019) de 31 de octubre y 27 de diciembre de 2019, respectivamente; consecuentemente, la Administración Tributaria debe practicar nuevas. notificaciones con dichos actos administrativos a J&B Wayar Abogados S.C., representada legalmente por Bernardo Antonio Wayar Caballero, observando el principio finalista, de tal manera que se garantice el debido proceso y su derecho a la defensa. 

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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

LUP

Rodsama Mendoza Salve 

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Registrese, hágase saber y cúmplase

ANFUGYAC 

Alejandra Visa Villalobos 

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LIC. Cecilia Vetez Dorado Directora Ejecutiva Regional 

Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Regional de impugnación 

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RCVD/jcgrirms/avv/mrru/mfsb 

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