ARIT-LPZ-RA-1065-2020 Obligaciones tributarias relacionadas al IVA, IT E IUE cuyas prescripciones deben estar sujetas a la Ley 1340, no corresponde art. 150 de la Ley 2492 citada por el contribuyente, las notas enviadas por el contribuyente a las instancias pertinentes no son causal para la suspensión de la prescripción según normativa, se confirma el Auto Administrativo.

ARIT-LPZ-RA-1065-2020

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AUTORIDAD DE .’ IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1065/2020 

Recurrente: 

Alejandro Ramos Ocampo 

Administración Recurrida: 

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente -representada por Karen Cecilia López Paravicini 

Acto Impugnado

Auto 

Administrativ

N° 

391920000129 

(SIN/GDLPZ-I/DJCC/CC/AUTA/00048/2019) 

Expediente: 

ARIT-LPZ-0115/2020 

– 

Lugar y Fecha

La Paz, 11 de diciembre de 2020 

— 

– 

– 

VISTOS: El Récurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ No 1065/2020 de 11 de diciembre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; -y-todo cuanto se tuvo presente: 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO El Auto Administrativo N° 391920000129 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/CC/AUTA/00048/2019) de 29 de octubre de 2019, emitido por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió rechazar las solicitudes de nulidad y prescripción planteadas por Alejandro Ramos.Ocampo y estableció la prosecución de la ejecución tributaria iniciada a través del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 20-1109/07 de 5 de julio de 2007, conforme a lo establecido en los artículos 52 y siguientes de la Ley 1340, así como los artículos 1497 y 1498 del Código Civil 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaran) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (5912) 2412613.- 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

II 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZAD

11.1. Argumentos del Recurrente Alejandro Ramos Ocampo, mediante nota presentada el 30 de enero de 2020, cursante a fojas 12-27 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente: 

Mientras realizaba gestiones para aperturar una cuenta bancaria, tomó conocimiento 

con sorpresa que estaba impedido de efectuar operaciones bancarias, toda vez que el Servicio de Impuestos Nacionales ordenó a través de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero la retención de fondos de sus cuentas, cuyo origen radica en la Resolución Determinativa GDLP N° 865 de 22 de diciembre de 2006, que al haber sido ejecutoriada se emitió el Proveido de inicio de Ejecución Tributaria N° 20-1109/07 de 5 de julio de 2007, dando paso a. la ejecución de medidas coactivas. Dichos actos fueron notificados por edictos de prensa, aspecto que es contradictorio respecto a la notificación efectuada con la vista de Cargo N 20-DF/SVI-345/2007, el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 903/07 e Informe GDLP/DF/SVI/INF-3115/2007, los cuales fueron notificados de forma personal, conforme se evidencia de las diligencias de notificación que cursan en antecedentes administrativos; consecuentemente, correspondía que la Resolución Determinativa y el Proveido de inicio de Ejecución Tributaria también sean notificados de forma personal, lo contrario implica que dichos actos adolezcan vicios de nulidad, aspecto que generó la interposición de incidente de nulidad de notificación y prescripción; al efecto, cita las Sentencias Constitucionales 

249/2012, 0190/2011-R y 1770/2011-R. 

El artículo 33 parágrafo III de la Ley 2341, señala que la notificación con el acto administrativo emitido se debe realizar en el plazo máximo de 5 días; sin embargo, en el presente caso, el Auto Administrativo N° 391920000129, fue notificado con un retraso de 75 días, aspecto que provocó la vulneración del derecho a la defensa y.. debido proceso previstos en los artículos 115-11 y 119-11 de la Constitución Política del Estado; al efecto, cita la Sentencia 75/2014 de 14 de mayo de 2014, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia. 

Cita los articulos 2, 4, 16, 33, 35 de la Ley 2341, 33, 38, 86 de la Ley 2492, 42 del DS 27113 y 5 del DS 27874, salando que el domicilio comercial donde desarrolla su actividad económica así como el lugar de su vivienda permanente eran de pleno conocimiento del Servicio de Impuestos Nacionales, consecuentemente, la notificación: 

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III 

IIIIIII 

TUANKUATORIAI TRAKTORIAUSITE 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

por edictos de prensa con la Resolución Determinativa y el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria provocaron la vulneración del debido proceso y el derecho a la defensa, toda vez que le impidió presentar descargos; asimismo, conforme lo previsto en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado, corresponde aplicar la norma más favorable para el administrado, es decir el artículo 84 de la Ley 2492 y no los artículos 85–y 86 del mencionado cuerpo legal, al ser más gravosos y provocar indefensión, vulnerando el debido proceso y la presunción de inocencia; asimismo, se inóbservó la Sentencia Constitucional 1076/2013 y la Šentencia 84/2017, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia; se aclara que la nota fiscal por consumo de energia eléctrica (que se constituye en prueba de reciente obtención), registra como dirección la Calle Eloy Salmón N° 982 de la Zona Gran Poder y, es el lugar donde hasta el presente desarrolla sus actividades comerciales y si bien no figura şu nombre completo, es en razón a que el inmueble es ocupado bajo la modalidad de alquiler. 

El artículo 90 de la Ley 2492, determina que los actos administrativos que no requieran notificación, personal serán notificados en secretaria, es decir, se aplica únicamente en caso de actos que no imponen sanciones y no decretan apertura de término de prueba; sin esbargo, en el presente caso la Resolución Determinativa N° 865, impone ajustes y múltas por contravención, correspondiendo su notificación personal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 84 del mencionado cuerpo legal, siendo que en el presente.. caso, la notificación por edictos de prensa con el referido acto administrativo carece de efecto, conforme el artículo 37 parágrafo I del DS 27113.

La Resolución Determinativa GDLP N° 865 de 22 de diciembre de 2006 y el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria N° 20-1109/07 de 5 de julio de 2007, fueron notificados por edictos de prensa a raíz de la representación del funcionario del Servicio de Impuestos Nacionales, el cual indica que el contribuyente no pudo ser habido en su .domicilio fiscal; sin embargo, la Ley dispone que este medio de notificación debe ser empleado cuando no sea posible practicar la notificación personal o por desconocerse el domicilio del interesado, siendo que en el presente caso su domicilio fiscal y habitual, se encontraban registrados en el Padrón de Contribuyentes, teniendo como antecedente la notificación personal con la vista de Cargo N° 20-DF/SVI-345/2007, el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 903/07 y el Informe GDLP/DF/SVI/INF 3115/2007; al efecto, cita la Sentencia Constitucional Plurinacional 0998/2014 de 5 de junio de 2014 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan initayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo.La Paz, Bolivia 

Uno de los parámetros principales del debido proceso es la defensa y el conocimiento del sujeto pasivo del inicio de un proceso en su contra, en este caso el conocimiento de la Resolución Determinativa N° 865 de 22 de diciembre de 2006 y el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria N° 20-1109/07 de 5 de julio de 2007, siendo que la Administración Tributaria tenía la obligación de notificar los referidos actos administrativos de forma personal; al efecto, cita las Sentencias Constitucionales 0281/2010-R, 0981/2010-R y la Sentencia 35/2017, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia; consecuentemente, las notificaciones por edicto con la mencionada Resolución Determinativa y Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria no surtieron efectos legales, por haber prescindido del procedimiento establecido en el artículo 83 

y siguientes de la Ley 2492, correspondiendo anular dichos actos al provocar la indefensión del administrado. 

Cita el artículo 150 de la Ley 2492 y señala que de acuerdo con lo establecido en las Sentencias Constitucionales 1169/2016-S3 de 26 de octubre de 2016 y 0012/2019-S2 de 11 de marzo de 2019, corresponde aplicar la norma vigente a momento del inicio del cómputo de la prescripción, criterio que se reafirma en la Sentencia Constitucional 636/2011 de 3 de mayo de 2011 y en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1460/2019 de 16 de diciembre de 2019. 

La segunda publicación por edictos con la Resolución Determinativa GDLP No 865 fue efectuada el 30 de octubre de 2007, siendo que al no haber interpuesto ningún recurso de impugnación hasta el 19 de noviembre de 2007, dicho acto adquirió firmeza, razón por la que el cómputo para efectuar el cobro de la deuda tributaria inició el 20 de noviembre de 2007 y concluyó el 20 de noviembre de 2011, en aplicación a lo establecido en el artículo 59 de la Ley 2492 sin modificaciones y el aforismo tempus comici delicti; consecuentemente, corresponde dejar sin efecto por prescripción la facultad para efectuar el cobro de la deuda tributaria y la sanción por omisión de pago establecida en la Resolución Determinativa GDLP N° 865 de 22 de diciembre de 2006. 

Las notas remitidas a la ASFI, Contraloría General del Estado, Organismo Operativo de Tránsito y Registro de Derechos Reales no se constituyen en causales de suspensión o interrupción del cómputo de la prescripción al no encontrarse reconocidas como tal en la Ley 2492, en consecuencia las facultades de ejecución del tributo omitido y la sanción detalladas en el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria , 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

N° 20-1109/07 de 5 de julio de 2007 se encuentran prescritas, en aplicación de los artículos 59 y 60 del mencionado cuerpo normativo; asimismo, se debe considerar que el artículo 154 parágrafo IV de la Ley 2492, determina que la acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los 2 años, del mismo modo, los artículos 61 y 62 de dicha Ley señalan que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa o por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del sujeto pasivo, siendo que su solicitud de prescripción fue efectuada el 8 de octubre de 2019, cuando las facultades del Ente Fiscal se encontraban prescritas

Conforme el artículo 47 de la Ley 2492, la obligación tributaria consta del tributo omitido y la sanción, por cuanto no deben existir causales de interrupción de la prescripción de manera distinta para la determinación del tributo y para la sanción, toda vez que se encuentran unificados en la Resolución Determinativa N° 865 de 22 de diciembre de 2006, en ese entendido, los artículos 59-1|1 y 60-11 de la Ley 2492, antes de las modificaciones efectuadas por la Ley 291, disponen que la acción para ejecutar sanciones administrativas prescribe ‘a los 2 os, cómputo que inicia desde la notificación con el título de ejecución tributaria consecuentemente, la facultad de ejecựción de la deuda tributaria y de la sanción por omisión de pago respecto al Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° 20-1109/07 se encuentra prescrita... 

– 

— 

– 

En lo concerniente a la obligatoriedad de la notificación personal cuando los actos imponen sanciones y decreten apertura de término así como lo referente a los términos en los que tiene efecto la prescripción, existe jurisprudencia y dictámenes ya desarrollados para casos similares al presente; al efecto, cita las Sentencias 31/2017, 35/2017 y 84/2017, emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia; Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT- 0277/2011, 0757/2017; así como las Resoluciones de 

  • Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0166/2017, ARIT/CHQ/RA 0012/2011 y ARIT LPZ/RA 0055/2020.–

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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular el Auto Administrativo No 391920000129 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/CCIAUTA/00048/2019) de 29 de octubre de 2019. 

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9001 IBNORCA Sesterre de Gestión 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaranl) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.:(591-2) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

II.2, Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Alejandro Ramos Ocampo, fue admitido mediante Auto de 6 de febrero de 2020, notificado por cédula tanto a la Administración 

Tributaria como al recurrente el 18 de febrero de 2020; fojas 28-36 de obrados. 

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de impuestos Nacionales, representada legalmente por Jorge René Ledezma Salomón conforme se acredita de la Resolución Administrativa de Presidencia No 032000000010 de 6 de enero de 2020, por memorial. presentado el 3 de marzo de 2020, cursante a fojas 39-45 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

Las actuaciones realizadas por la Administración Tributaria fueron efectuadas en cumplimiento a la normativa vigente, siendo que la notificación mediante edictos con la Resolución Determinativa GOLP No 865 y el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria N° 20-1109/07 contienen los requisitos previstos en el DS 27874 y los artículos 83 y 86 de la Ley 2492. 

La notificación mediante edictos con la Resolución Determinativa N GOLP No 865 fue efectuada en razón a que el contribuyente no pudo ser encontrado en su domicilio fiscal ubicado en la calle Eloy Salmón N° 982, zona: Gran Poder; asimismo se solicitó información a la Dirección Departamental de Identificación Personal de la Policía Nacional, agotando los medios de averiguación del paradero del contribuyente, sin obtener un resultado óptimo; en consecuencia, se procedió a la notificación mediante edictos, conforme el artículo 86 de la Ley 2492, dando a conocer los actos administrativos emitidos, motivo por el que el recurrente no puede alegar desconocimiento alguno, más aún cuando el 8 de octubre de 2019, presentó nulidad de notificación y prescripción de la facultad de ejecución tributaria, demostrando el conocimiento pleno del acto emitido por la Administración Tributaria. 

El contribuyente no planteó ninguna impugnación contra la Resolución Determinativa 865, dentro del plazo previsto por Ley, dejando precluir su derecho en base al principio de convalidación, el cual señala que toda nulidad se convalida por el consentimiento, siendo evidente que el sujeto pasivo nunca estuvo en estado de indefensión, toda vez que la notificación con el mencionado acto administrativo fue 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TAIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

publicado mediante edictos en medios de comunicación nacional, al igual que la notificación con el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria N° 20-1109/07, conforme lo establecido en el artículo 86 de la Ley 2492. 

La Resolución Determinativa GDLP N° 865 adquirió firmeza, dando paso a la fase de ejecución tributaria, siendo que ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar o anular resoluciones administrativas pasadas en autoridad „dé cosa juzgada, al constituirse en-títulos de ejecución tributaria, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 2492; consecuentemente, la etapa de cobranza coactiva no es susceptible de suspensión por ningún recurso ordinario, extraordinario ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla, correspondiendo analizar únicamente la fase de ejecución tributaria. 

. La notificación personal realizada.con la vista de Cargo N° 20-DF/SVI-345/2007 y con 

el Auto Inicial de Sumario Contravencional N°-903/07 adjuntados por el recurrente, corresponden a otro proceso, donde se demuestra que el contribuyente conocía que fue buscado por la Administración Tributaria; sin embargo, no cumplió con su .obligación de interiorizarse de los actos administrativos, aceptando tácitamente la pretensión de cobro de la deuda tributaria, motivo por el que corresponợe descartar cualquier estado de indefensión, toda vez que los actos emitidos fueron.notificados por. —, edictos de acuerdo a lo establecido en el artículo 86 de la Ley 2492, al desconocerse el paradero actual del contribuyente… 

– 

– – 

De acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, corresponde la aplicación de la Ley 1340, debido a que la deuda tributaria concierne al 

  • IVA, IT-e UE de los periodos fiscales mayo, agosto y diciembre de 2002, siendo que la acción para determinar la obligación tributaria y exigir el pago prescribe a los 5 años de acuerdo con el artículo 52 de la referida disposición normativa; sin embargo, en etapa de ejecución tributaria no existe regulación en cuanto a las causales de interrupción del curso de la prescripción, correspondiendo la aplicación supletoria de los artículos 1492 y 1503 del Código Civil, al efecto cita los Autos Supremos 432 de 25 de julio de 2013 y 56 de 24 de febrero de 2014. 

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El Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria N° 20-1109/07, fue notificado al contribuyente mediante edictos publicados el 26 y 30 de octubre de 2007, momento a 

Jua Carlos Guzman Ruiz 

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Sema de Gestió

debGH Certinado N-77114 

Justicia tributaria para vivir bien . Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaran) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (5912) 2412613 2411973. www.aitigob.bo. La Paz, Bolivia 

partir del cual se dio inicio al cómputo de prescripción de la facultad de ejecución de la deuda tributaria, plazo que empezó desde el 1 de enero de 2008, en el que se realizaron una serie de medidas coactivas entre las que se encuentran solicitudes de retención de fondos a la ASFI, no solvencia fiscal ante la Contraloría General, hipoteca 

legal al Organismo Operativo de Tránsito, entre otras, las cuales interrumpieron el cómputo de la prescripción de acuerdo con el artículo 1503 del Código Civil; al efecto, cita la Sentencia Constitucional 992/2005-R. 

La Administración Tributaria en ningún momento renunció al cobro de la deuda tributaria, toda vez que de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia la · realización de acciones dirigidas al cobro, logrando efectivizar la remisión de fondos por parte del Banco Fortaleza el 10 de febrero de 2011, medidas que provocaron la interrupción de la prescripción, dando inicio a un nuevo cómputo el 1 de enero de 2020 de acuerdo a lo establecido en el artículo 52 de la Ley 1340. 

Debe existir un pronunciamiento solo respecto a los argumentos planteados en el Recurso de Alzada, en aplicación del principio de congruencia, en cumplimiento de los 

artículos 198 inc. e) y 211 de la Ley 2492, caso contrario constituye una vulneración al. : derecho a la defensa y al debido proceso consagrados en el artículo 115-11 de la Constitución Política del Estado; al respecto, invoca la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0135/2011 de 28 de febrero de 2011. 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Auto Administrativo No 391920000129 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/CC/AUTA/00048/2019) de 29 de octubre de 2019. 

II.4 Apertura de término probatorio y producción de prueba Mediante Auto de 4 de marzo de 2020, se dispuso la apertura del término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada en Secretaría al recurrente y a la Administración Tributaria en la misma fecha; periodo dentro el cual la Administración Tributaria por memorial presentado el 17 de marzo de 2020, ratificó en calidad de prueba pre constituida los antecedentes administrativos remitidos a momento de responder el Recurso de Alzada; al efecto, el Proveído de 18 de marzo 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Eslado Plurinacional de Bollvla 

de 2020, dio por ratificada la prueba documental señalada; actuación notificada en Secretaria a las partes en la misma fecha; fojas 46-50 de obrados

Por nota presentada el 2 de junio de 2020, el recurrente ofreció y ratificó en calidad de pruebas los antecedentes administrativos presentados por la Administración Tributaria; asimismo, ofreció en calidad de prueba el aviso de visita y la notificación por cédula efectuada con el Auto de Admisión radicado ante esta instancia recursiva, así como la „Nota Fiscal N° 38469 del proveedor AXS Bolivia S.A. (que cursa en el expediente AGIT/0228/2020/LPZ-1025/2019) y Acta de Verificación Interra emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales; a efecto, por Proveído de 4 de junio de 2020, se dio por ratificada y ofrecida la prueba documental señalada, en tanto cumpla con lo establecido en los artículos 81 y 217 del Código Tributario, actuación notificada en Secretaría a las partes el 10 de junio de 2020; fojas 51-60 de obrados

11.5. Alegatos 

. — 

Por notá presentada el 30 de junio de 2020, Alejandro Ramos Ocampo presentó . alegatós, enfatizando que correspondia que la Orden de Verificación, Vista de Cargo, Resolución Determinativa yiel Proveido de inicio de Ejecución Tributaria sean notificados de forma personál o por cédula, siendo que al haber procedido con la notificación de dichos actos por edictos, se provocó la vulneración de su derecho a la…– defensa y debido proceso; al efecto, el Proveido de 3 de julio de 2020, señaló que el plazo para la presentación de alegatos venció el 29 de junio de 2020, conforme lo previsto en el artículo 210, parágrafo II del Código Tributario, actuación notificada en Secretaria a las partes el 8 de julio de 2020; fojas 61-68 de obrados.. 

.. 

La Administración Tributaria no presentó alegatos conforme lo previsto en el artículo 210 parágrafo II del Código Tributario. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

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ISO 900

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La Administración Tributaria mediante Orden de Verificación N° 00062950009 Form. 7520 de 16 de septiembre de 2006, comunicó al contribuyente Alejandro Ramos Ocampo el inicio de la verificación del Débito Fiscal IVA, IT y su incidencia en el TUE, correspondiente a ingresos no declarados por la venta de electrodomésticos, determinados en base a la información de las facturas de compras presentadas por sus clientes, por los periodos fiscales mayo, agosto y diciembre 2002, solicitando para 

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VOTO 

Juan Carlos Guzlián Ruiz 

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NB/ISO 

9001 IBNORCA Sistema de Gestió

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (5912) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

el efecto documentación consistente en: dosificación de facturas, talonarios de facturas emitidas, libro de ventas, declaraciones juradas de los periodos observados; actuación notificada al sujeto pasivo por edicto mediante publicaciones efectuadas el 15 y 19 de 

septiembre de 2006; fojas 4-5, 8-9 y 13-14 de antecedentes administrativos. 

La Vista de Cargo N° 20-DF-SV1-0328/2006 de 23 de octubre de 2006, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, estableció el adeudo preliminar por concepto de tributo omitido de 129.229 UFV’s, más intereses, respecto al IVA, IT e UE de los periodos fiscales mayo, agosto y diciembre de la gestión 2002, calificando preliminarmente la conducta de Alejandro Ramos Ocampo, como Evasión de acuerdo a lo previsto en los artículos 114 y 116 de la Ley 1340, sancionando dicha. conducta con el 50% del tributo omitido actualizado, actuación notificada al contribuyente por edicto mediante publicaciones efectuadas el 29 de octubre y 2 de noviembre de 2006; fojas 408-413 y 415-416 de antecedentes administrativos. 

La Resolución Determinativa GDLP N° 865 de 22 de diciembre de 2006, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió determinar de oficio por conocimiento cierto las obligaciones impositivas de Alejandro Ramos Ocampo por el monto de 129.230 UFV’s por concepto de tributo omitido, más intereses. correspondiente al IVA, IT e IUE de los periodos fiscales mayo, agosto y diciembre de la gestión 2002; asimismo, resolvió sancionar al referido contribuyente con la multa del 50% del tributo omitido actualizado cuyo importe asciende a 64.615 UFV’s por haber incurrido en la conducta de evasión; acto administrativo notificado al sujeto pasivo mediante. edictos publicados el 27 y 31 de diciembre de 2006; fojas 430-432 y 437-439 de antecedentes administrativos. 

El Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria N° 20-1109/07 de 5 de julio de 2007, señaló que estando firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa GDLP N° 865 de 22 de diciembre de 2006 y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 108 numeral 1 de la Ley 2492, concordante con el artículo 4 del DS 27874, se anunció al contribuyente Alejandro Ramos Ocampo el inicio de la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día de su legal notificación con el señalado PIET, a partir 

del cual se realizarán las medidas coactivas correspondientes conforme establece el artículo 110 de la citada Ley 2492, hasta el pago total de la deuda tributaria; acto administrativo notificado al contribuyente por edicto mediante publicaciones 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

efectuadas el 26 y 30 de octubre de 2007; fojas 444-448 de antecedentes 

administrativos. 

Por nota CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/5475/2010 de 26 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria solicitó al Organismo Operativo de Tránsito la hipoteca legal de los-vehículos del contribuyente; del mismo modo, mediante nota CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/383/2011 de 8 de junio de 2011, solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la remisión de fondos retenidos del sujeto pasivo; asimismo, por oficio con CITE: SIN/GDLPZ-1/DJCC/UCC/NOT/06428/2014 de 22 de diciembre de 2014, dirigido al Organismo. Operativo de Tránsito, requirió la hipoteca legal de los vehículos del contribuyente y por nota CITE: SIN/GDLPZ I/DJCC/NOT/04872/2019 de 7 de mayo de 2019, dirigida a la Dirección Departamental de Tránsito, reiteró la solicitud de hipoteca legal; fojas 457-458, 461, 485-488 y 500 de antecedentes administrativos.

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Mediante nota presentada el 8 de octubre de 2019, Alejandro Ramos Ocampo se apersonó ante la Administración Tributaria solicitando la nulidad de obrados alegando la vulneración de su derecho a la defensa, debido a que no fue notificado con la Resolución Determinativa GDLP N° 865 y el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 20-1109/07; asimismo, planteó la prescripción de las facultades de ejecución. tributaria del adeudo consignado en el mencionado PIET, al haber transcurrido 5 años previstos en el artículo 52 de la Ley_1340, sin que el Ente Fiscal ejerza dicha facultad; fojas 505-507 de antecedentes administrativos. 

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió el Auto Administrativo N° 391920000129 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/CCIAUTA/00048/2019) de 29 de octubre de 2019, que resolvió rechazar las solicitudes de nulidad y prescripción planteadas por Alejandro Ramos Ocampo y estableció la prosecución de la ejecución tributaria iniciada a través del Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° 20-1109/07 de 5 de julio de 2007, conforme a lo establecido en los artículos 52 y siguientes de la Ley 1340, así como los artículos 1497 y 1498 del Código Civil; actuación notificada de forma personal al apoderado legal de Alejandro Ramos Ocampo el 20 de enero de 2020; fojas 511-518 de antecedentes administrativos. 

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Sistema de Gestión 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarann 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (5912) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas 

en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-111 de la Ley 3092, se tiene: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Alejandro Ramos Ocampo en el Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron. objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva. 

IV.1 EFECTOS DE LA DECISIÓN EN LA INSTANCIA JERÁRQUICA A consecuencia de la impugnación efectuada por Alejandro Ramos Ocampo contra el Auto Administrativo N° 391920000129 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/CC/AUTA/00048/2019) de 29 de octubre de 2019, emitido por la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales, ésta instancia recursiva mediante la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0578/2020 de 20 de julio de 2020, resolvió: “CONFIRMAR el Auto Administrativo 391920000129 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/CC/AUTA/00048/2019) de 29 de octubre de 2019, emitido por la Gerencia Distrital La Paz / del Servicio de Impuestos Nacionales contra Alejandro Ramos Ocampo; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la facultad de cobranza coactiva en relación al Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° 20-1109/07 de 5 de julio de 2007″;-acto notificado por secretaría tanto al recurrente como a la Administración Tributaria el 22 de julio de 2020; fojas 84-99 de 

obrados. 

Mediante nota presentada el 11 de agosto de 2020, Alejandro Ramos Ocampo interpuso Recurso Jerárquico en contra de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0578/2020 de 20 de julio de 2020; al efecto, con Auto de 17 de agosto de 2020, dispuso su admisión y la remisión de actuados administrativos ante la Autoridad General de Impugnación Tributaria, acto notificado por secretaria tanto al recurrente como a la Administración Tributaria el 19 de agosto de 2020; fojas 116-133 de obrados. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bollvia 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz mediante nota ARITLP-SC-JER 0366/2020 de 20 de agosto de 2020, remitió a la Autoridad General de Impugnación Tributaria La Paz el expediente ARIT-LPZ-0115/2020; al efecto, por Auto AGIT/SC/DR/1054/2020 de 27 de agosto de 2020, dispuso la radicatoria del Recurso Jerárquico ante la Autoridad-General de Impugnación Tributaria, actuación notificada en secretaría tanto al recurrente como a la Administración Tributaria el 2 de septiembre de 2020; fójas 134-135 y 137-138 de obrados. 

Como resultado de la interposición del Recurso Jerárquico por parte de Alejandro Ramos Ocampo, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1445/2020 de 9 de octubre de 2020, que resolvió: “ANULAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZRA 0578/2020, de 20 de julio de 2020, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Alejandro Ramos Ocampo, contra la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); con-reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la citada Resolución del Recurso de Aizada, inclusive; a objeto de que la instancia de Alzada emita una nueva Resolución, pronunciándose sobre los argumentos y pruebas presentados por el sujeto pasivo ante dicha instancia; todo de conformidad con lo previsto en el Artículo 212, Parágrafo I, Inciso c) del Código Tributario Boliviaņo (CTB)“, acto notificado por cédula al recurrente y a la Administración Tributaria el 19 y 20 de octubre de 2020, respectivamente; fojas 157174 de obrados. L ji 

A través de la nota AGIT-SC-REMARIT-0151/2020 de 28 de octubre de 2020, la Autoridad General de Impugnación Tributaria remitió a la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz el expediente AGIT/1054/2020//LPZ-0115/2020, para la ejecución de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1445/2020 de 9 de octubre de 2020; al efecto, por Auto de 3 de noviembre de 2020, se dispuso la radicatoria del citado expediente; actuación notificada en secretaria tanto al recurrente como a la Administración Tributaria el 4 de noviembre de 2020; fojas 175-177 de obrados. 

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Mediante nota presentada el 8 de diciembre de 2020, el recurrente reiteró los argumentos del Recurso de Alzada, consistentes en que corresponde la nulidad de la notificación con la Resolución Determinativa y Proveido de inicio de Ejecución Tributaria y que la facultad de ejecución tributaria de la deuda y la sanción por omisión de pago se encuentran 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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III 

prescritas; asimismo, solicitó se emita pronunciamiento sobre los argumentos expuestos y – la documentación presentada ante la Instancia de Alzada; al efecto, por Proveido de 9 de diciembre de 2020, se refirió que se tendrá presente, actuación notificada a las partes en secretaria el 9 de diciembre de 2020; fojas 178-189 de antecedentes administrativos 

En principio es necesario puntualizar que la Autoridad General de Impugnación Tributaria al emitir la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1445/2020 de 9 de octubre de 2020, determinó lo siguiente: “(…) xviii. En ese contexto (…) se advierte que la instancia de Alzada si bien de manera sucinta expuso las razones por las cuales. 

e no le corresponde analizar la nulidad de notificaciones respecto a la fase de determinación; empero, omitió tomar en cuenta que la nulidad planteada ante la Administración Tributaria y posterior en Recurso de Alzada, comprendía también la notificación del PIET, respecto a lo cual, se prescindió emitir. pronunciamiento y en consecuencia tampoco expresó fundamento alguno sobre la documentación aportada en la etapa probatoria y mencionada por el Sujeto Pasivo mediante Nota de 2 de junio de 2020 (…) consistente en: Aviso de Visita, Notificación por cédula y Auto de Admisión del Recurso de Alzada y la Factura. N° 38469 del proveedor AXS para demostrar su domicilio legal, ni respondió positiva o negativamente la solicitud de requerir al Sujeto Activo el acta de verificación interna; ni tomó en cuenta el argumento sobre: “En el presente caso el tener y custodio de esta Nota Fiscal es la AGIT (…) al que debe requerirse el original para fines de verificación” (…)”. 

Continuó señalando: “(….) xix. En tal sentido, al constatarse que la ARIT La Paz no emitió pronunciamiento respecto al valor probatorio de las pruebas documentales señaladas en la Nota presentada el 2 de junio de 2020, así como de los argumentos que los sustentan (…) toda vez que no se pronunció sobre si dicha documentación y argumentos salados sobre la notificación se constituyen en elementos válidos o idóneos para desvirtuar, modificar o enervar las observaciones 

cidas por la Administración Tributaria, por lo que se tiene que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 0578/2020; de 20 de junio de 2020,, carece de una debida fundamentación y motivación (...)”. En este entendido, siendo obligación de ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitir un criterio y/o posición respecto a todos y cada uno de los planteamientos formulados, así como de la prueba presentada ante ésta Instancia de Alzada por parte del recurrente; en atención a los 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

parámetros establecidos por la Autoridad Jerárquica, se procederá al análisis respectivo. 

IV.2. ASPECTOS DE FORMA IV.2.1. Incumplimiento de plazos T Alejandro Ramos Ocampo en los argumentos de su Recurso de Alzada refiere que el artículo 33 parágrafo III de la Ley 2341, señala que la notificación con el acto administrativo emitido deberá ser en el plazo máximo de 5 días; sin embargo, en el presente caso, el Auto Administrativo N° 391920000129, fue notificado con un retraso de 75 días, aspecto que provocó la vulneración del derecho a la defensa y debido proceso previstos en los artículos 115-11 y 119-11 de la Constitución Política del Estado; al efecto, cita la Sentencia 75/2014 de 14 de mayo de 2014, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia. 

– .. 

.La Administración Tributaria no esgrime’ ningún, argumento -en-respuesta al agravio manifestado por el recurrente; al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

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– 

– – – 

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El artículo 74 numeral 1 de la Ley 2492, señala: Los procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia_ tributaria: 1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás normas en materia administrativa. 

– 

  • El artículo 33 parágrafo lll de la Ley 2341 señala: “Las notificaciones deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) dias a partir de la fecha en el que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto integro del mismo. La notificación será practicada en el lugar que éstos hayan señalado expresamente como domicilio a este 

efecto, el mismo que deberá estar dentro de la jurisdicción municipal de la sede de funciones de la entidad pública. Caso contrario, la misma será practicada en la Secretaría General de la entidad pública” 

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El artículo 36 de la citada Ley 2341, señala:). Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del Ordenamiento jurídico distinta de las previstas 

en el artículo anterior. //. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. /V. Las anulabildades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

De la compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración Tributaria el 20 de enero de 2020, notificó de forma personal al apoderado legal de Alejandro Ramos Ocampo con el Auto Administrativo N° 391920000129 (SIN/GDLPZ I/DJCC/CCIAUTA/00048/2019) de 29 de octubre de 2019, acto mediante el cual resolvió rechazar las solicitudes de nulidad y prescripción planteadas por el citado sujeto pasivo 

Conforme lo relacionado, corresponde señalar que si bien el Ente Fiscal notificó el Auto Administrativo N° 391920000129 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/CCIAUTA/00048/2019) de 29 de octubre de 2019, después de casi 3 meses de su emisión; sin embargo, dicha notificación efectuada fuera del plazo previsto por el artículo 33 parágrafo III de la Ley 2341, no ocasionó indefensión al ahora recurrente, toda vez que dentro de los (20) veinte días computables a partir de la notificación con el referido acto administrativo, presentó Recurso de Alzada ante esta instancia recursiva, materializando el uso de su 

derecho a la defensa. 

A esto se suma que en materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad solo opera en los supuestos establecidos en la normativa y que la mera infracción del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad, no da lugar a retrotraer obrados; al respecto, la Sentencia Constitucional No 1262/2004 R de 10 de agosto de 2004, sobre temas análogos dispuso lo siguiente: “(…) el error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión (…)”, es decir, el fundamento de toda 

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AUTOAIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

nulidad, recae en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa.

Lo anterior, pone de manifiesto que en materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad al. ser-textual, sólo opera en aquellos casos en que los actos incumplan con los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados tal como lo dispone el artículo 36-11 de la Ley 2341, aplicable por disposición expresa del artículo 74 numeral 1 de la Ley 2492 y que la simple infracción del procedimiento establecido, en tanto no esté sancionada legalmente no puede ni debe dar lugar a la nulidad de obrados; en este caso, la Ley de Procedimiento Administrativo y el Código Tributario, no establecen que la infracción de los plazos procedimentales menoscabe o extinga la competencia que tiene la Administración Tributaria para ejercitar alguna acción, siendo que el plazo asignado para esta actuación no es un término fatal sino que se convierte en una medida de tipo. regulatorio contra los funcionarios responsables; consecuentemente, corresponde desestimar la posibilidad de retrotraer obrados por esta causa. 

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En relación a la Sentencia 75/2014 de 14 de mayo de 2014, emitida por el Tribunal Supremo de justicia, citada por parte del recurrente; es menester señalar que los fallos provenientes del mencionado tribunal, tienen un basamento en función a los argumentos, antecedentes e incluso circunstancias atinentes al caso sometido a dicha jurisdicción, que en el presente caso, no fueron aclarados ni menos argumentados por el ahora recurrente, quien se limitó a citar el mismo sin que exista probadamente una estrecha relación con el presente caso, lo que hace inaceptable tomar como precedente el referido fallo judicial; a esto se suma, que el articulo 5 de la Ley 2492, no establece como fuente del Derecho Tributario a las Sentencias o Resoluciones Judiciales emitidas dentro de la jurisdicción ordinaria; consecuentemente, corresponde desestimar lo invocado por el recurrente. 

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IV.2.2. Nulidad de notificaciones Alejandro Ramos Ocampo en los argumentos de su Recurso de Alzada, señala que al no haberse notificado de forma personal la Resolución Determinativa GDLP No 865 de 22 de diciembre de 2006 y el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria N° 20-1109/07 de 5 de julio de 2007, se afectó su derecho al debido proceso y a la defensa; añade que las notificaciones en cuestionamiento no surtieron efectos legales por haber 

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prescindido del procedimiento establecido en los artículos 84 y siguientes de la Ley 2492 y se encuentran viciadas de nulidad conforme prevé el artículo 83 de la citada disposición legal, toda vez que la Administración Tributaria tenia pleno conocimiento de su domicilio fiscal y habitual. 

Señala también que la Vista de Cargo N° 20-DF-SVI-345/07, el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 903/07 e Informe GDLP/DFISVIINF-3115/2007, fueron notificados de forma personal. Asimismo, aclara que la nota fiscal por consumo de energía eléctrica (que se constituye en prueba de reciente obtención), registra como dirección la Calle Eloy Salmón N° 982 de la Zona Gran Poder y es el lugar donde hasta el presente desarrolla sus actividades comerciales y si bien no figura su nombre 

npleto, es en razón a que el inmueble es ocupado bajo la modalidad de alquiler; al efecto, cita las Sentencias Constitucionales 249/2012, 0281/2010-R, 0981/2010-R, 190/2011-R, 1770/2011-R, 1076/2013, 0998/2014, las Sentencias 31/2017, 35/2017 y 84/2017, emitidas por el Tribunal Supremo. 

La Administración Tributaria en su memorial de respuesta señala que la notificación mediante edictos con la Resolución Determinativa GDLP N° 865 y el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria N° 20-1109/07, contienen los requisitos previstos en el DS 27874 y los artículos 83 y 86 de la Ley 2492, toda vez que fueron efectuadas en razón a que el contribuyente no pudo ser encontrado en su domicilio fiscal ubicado en la calle Eloy Salmón N° 982, zona: Gran Poder, asimismo, se solicitó información a la Dirección Departamental de Identificación Personal de la Policía Nacional, agotando los medios 

de averiguación del paradero del contribuyente, sin obtener un resultado óptimo, motivo por el que se procedió a efectuar la notificación mediante edictos. 

Agrega que el contribuyente no planteó ninguna impugnación contra la Resolución Determinativa N° 865, dentro del plazo previsto por Ley, dejando precluir su derecho en base al principio de convalidación, siendo evidente que el sujeto pasivo nunca estuvo en estado de indefensión, toda vez que la notificación con el mencionado acto. administrativo fue publicado mediante edictos en medios de comunicación nacional, al igual que la notificación con el Proveido de inicio de Ejecución Tributaria N° 20 1109/07, consecuentemente, al encontrarse el proceso en fase de ejecución tributaria, ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar o anular. resoluciones administrativas pasadas en autoridad juzgada al constituirse en titulos de 

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AUTOAIDAD DE IMPUGNACIÓN TAIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

ejecución tributaria de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 108 de la Ley 2492, por esta razón, la etapa de cobranza coactiva no es susceptible de suspensión por ningún recurso ordinario, extraordinario ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla; al respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis: 

– – — —— 

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.

El artículo 68 señala de la Ley 2492, señala que constituyen-derechos del sujeto pasivo, entre otros, los siguientes: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código. 

— 

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— 

El artículo 83 de la Ley 2492, en relación a los medios de notificación, disponie: it. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por’uno de’. 

los medios siguientes, según corresponda: 1. Por medios electrónicos; i 2. Personalmente; 3. Por Cédula; 4. Por Edicto

rrespondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o. privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 6. Tácitamente; 7. Masiva; 

  1. En Secretaria; II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. 

Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio oa pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar dias y horas extraordinarias. 

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El artículo 84 de la Ley 2492, en relación a la notificación personal establece: 

Las vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este Código; así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachig (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo.La Paz, Bolivia 

notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su 

representante legal. II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su 

representante legal de la copia integra de la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, 

hora y lugar legibles en que se hubiera practicado. III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos legales. 

El artículo 86 de la Ley 2492, en relación a la notificación por edictos establece: Cuando no sea posible practicar la notificación personal o por cédula, por desconocerse el domicilio del interesado, o intentada la notificación en cualquiera de las formas previstas, en éste Código, esta no hubiera podido ser realizada, se practicará la notificación por edictos publicados en dos (2) oportunidades con un intervalo de por lo menos tres (3) dias corridos entre la primera y segunda publicación, en un órgano de prensa de circulación nacional. En este caso, se considerará como fecha de notificación la correspondiente a la publicación del último edicto. Las Administraciones Tributarias quedan facultadas para efectuar publicaciones mediante órganos de difusión oficial que tengan circulación nacional. 

En el presente caso, en relación al agravio expresado por el recurrente respecto a que al no haberse notificado de forma personal la Resolución Determinativa GDLP N° 865 de 22 de diciembre de 2006 y el Proveido de inicio de Ejecución Tributaria N° 20 1109/07 de 5 de julio de 2007, se afectó su derecho al debido proceso y a la defensa; con carácter previo, se hace necesario señalar que el proceso de determinación en cuestión inició con la notificación por edicto el-15 y 19 de septiembre de 2006, a Alejandro Ramos Ocampo con la Orden de Verificación N° 00062950009 Form. 7520 de 16 de septiembre de 2006, que refiere un alcance en el Débito Fiscal IVA, IT y su incidencia en el UE de los periodos fiscales mayo, agosto y diciembre de 2002, conforme consta a fojas 4-5, 8-9 y 13-14 de antecedentes administrativos. De forma posterior, se emitió la Vista de Cargo N 20-DF-SVI-0328/2006 de 23 de octubre de 2006, 

que de igual manera fue notificada al contribuyente por edicto mediante publicaciones 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

realizadas el 29 de octubre y 2 de noviembre de 2006, aspecto que se evidencia a fojas 408-413 y 415-416 de antecedentes administrativos. 

Ahora bien, en relación a la notificación de la Resolución Determinativa GDLP N° 865 de 22 de diciembre de 2006, sē” advierte- que a fojas 437 de antecedentes 

administrativos cursa la representación de 26 de diciembre de 2006, suscrita por un funcionario de la Administración Tributaria que de forma expresa señala los siguientes extremos: “Señor Gerente, en fecha 26 de diciembre de 2006, no se pudo dar cumplimiento a la notificación personal al Sr. RAMOS OCAMPO ALEJANDRO con Resolución Determinativa N° 865/06 de fecha 22 de diciembre de 2006 en su domicilio señalado en el padrón de contribuyentes Calle Eloy Salmón N° 982 Zona Gran Poder, constituido en el domicilio se verifico que la impetrante dejo dicho domicilio sin dejar su domicilio actual, agotados los medios sugiero se notifique por Edicto de acuerdo al Artículo 86 de la Ley 2492 (…)”. 

De forma posterior, la Administración Tributaria procedió a notificar al sujeto pasivo a través de edictos con la Resolución Determinativa GDLP N° 865 de 22 de diciembre de 2006, conforme consta a fojas 438-439 de antecedentes administrativos; en ese contexto, se advierte que el sujeto activo en primera instancia se constituyó al domicilio tributario del contribuyente a ‘efectos de proceder a la notificación de forma personal con él citado acto administrativo; sin embargo, debido a que esta actuación (notificación) no se pudo concretizar en el domicilio fiscal declarado por el ahora recurrente Alejandro Ramos Ocampo, la Administración Tributaria procedió a notificar por edictos en aplicación del artículo 86 de la Ley 2492. 

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Similar situación acontece con la notificación del Proveido de inicio de Ejecución Tributaria N° 20-1109/07 de 5 de julio de 2007, toda vez que de la compulsa de antecedentes administrativos se advierte que a fojas 445, cursa la representación de 13 de julio de 2007, suscrita por un funcionario de la Administración Tributaria que de forma expresa señala los siguientes extremos: “Señor Gerente, en fecha 13 de julio de dos mil siete años, me constituí en el domicilio tributario Ramos Ocampo Alejandro ubicado en la Calle Eloy Salmon Nro. 982 zona Gran Poder para proceder a la notificación con el Proveido de Título de Ejecución Tributaria No. 20-1109-07 de fecha 05 de julio de 2007; no pudiendo dar cumplimiento a la notificación personal del contribuyente de referencia, debido a que en la dirección señalada no es habido, 

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Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (5912) 2412613 241 1973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

indagando en las inmediaciones sin obtener ningún resultado (…)aspecto que mereció la emisión del Auto de 5 de octubre de 2007, que cursa a foja 446 de antecedentes administrativos, a través del cual se autorizó la notificación por edicto del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 20-1109/07 de 5 de julio de 2007. 

En razón a lo señalado, la Administración Tributaría procedió a notificar al sujeto pasivo a través de edictos con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 20-1109/07 de 5 de julio de 2007, conforme consta a fojas 447-448 de antecedentes administrativos; 

xto, se advierte que el sujeto activo en primera instancia se constituyó al 

domicilio tributario del contribuyente a efectos de proceder a la notificación de forma personal con el citado acto administrativo; no obstante, de la misma forma que ocurrió con el acto administrativo antes citado, el contribuyente Alejandro Ramos Ocampo no pudo ser habido en el domicilio fiscal declarado ante la Administración Tributaria, lo que originó que se proceda a la notificación por edictos en aplicación del artículo 86 de la Ley 2492, forma de notificación que se constituye en un medio legal que es empleado por el Ente Fiscal a efectos de dar a conocer sus actos y actuaciones al sujeto pasivo conforme establece los artículos 83 parágrafo I y 86 de la Ley 2492. 

De acuerdo al análisis que antecede, se tiene que en las notificaciones con la Resolución Determinativa GDLP N: 865 de 22 de diciembre de 2006 y el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 20-1109/07 de 5 de julio de 2007, el Ente Fiscal procuró en una primera oportunidad notificar los citados actos en el domicilio tributario del contribuyente y ante la imposibilidad de hacerlo en razón a que ya no realizaba sus actividades comerciales en el mismo, se procedió a la notificación por edictos en el marco del artículo 86 de la Ley 2492; más aún, considerando que en el domicilio fiscal declarado por Alejandro Ramos Ocampo, se encuentra funcionando otra actividad comercial por parte de un contribuyente distinto, conforme consta de la Consulta del . Padrón de la Administración Tributaria cursante a fojas 10 de antecedentes administrativos, lo que pone de manifiesto que se cumplieron con los requisitos para la procedencia de la notificación por edictos que se encuentran previstos en referido articulado; consecuentemente, no es evidente el agravio alegado por el recurrente, respecto a la vulneración a su derecho al debido proceso y a la defensa, toda vez que el actuar de la Administración Tributaria en relación a las notificaciones cuestionadas se enmarca en lo establecido en el Código Tributario y su Reglamento. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Eslado Plurinacional de Bolivia 

. Respecto al argumento referido por el recurrente en relación a que las notificaciones con la Resolución Determinativa y el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria prescindieron del procedimiento establecido en los artículos 84 y siguientes de la Ley 2492, motivo por el cual se encuentran viciadas de nulidad, toda vez que la 

  • Administración Tributaria-tenia pleno conocimiento de su domicilio fiscal y habitual; al respecto, es-menester enfatizar que el Ente Fiscal inicialmente intento practicar las notificaciones de manera personal con la Resolución Determinativa GDLP N° 865 de 22 de diciembre de 2006 y el Provejdo de inicio de Ejecución Tributaria N° 20-1109/07 de 5 de julio de 2007; sin embargo, estas actuaciones no pudieron ser efectuadas, en razón a que no pudo ser habido el contribuyente en el domicilio fiscal declarado ante la Administración Tributaria, toda vez que ya no desarrollaba actividades comerciales en el mismo, conforme se estableció en las representaciones de 26 de diciembre de 2006 y 13 de julio de 2007, cursantes a fojas 437 y 445 de antecedentes administrativos; más aún, considerando que en el mencionado domicilio declarado por Alejandro Ramos Ocampo, se encuentra funcionando otra-actividad comercial por parte de un contribuyente distinto, situación que se acredita en la Consulta del Padrón de la Administración Tributaria cursante a fojas 10 de antecedentes administrativos. 

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A ello se añade, que a fojas 438-439 y 447-448 de antecedentes administrațivos cursan las ‘publicaciones por edictos realizadas con los citados actos administrativos, en las . que se establecen como fechas de publicación el 27 y 31 de diciembre de 2006, así como el 26 y 30 de octubre de 2007, respectivamente; es decir, existe un intervalo de por los menos 3 días corridos entre la primera y segunda publicación, las que fueron realizadas en un órgano de prensa de circulación nacional y consignan los siguientes datos: Nombre del sujeto pasivo: Alejandro Ramos Ocampo, Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, RUC: 10354174, Importe: 227-181 UFV’s y como Documentos a Notificar: Resolución Determinativa GDLP N° 865 de 22 de diciembre de 2006 y Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria N° 20-1109/07 de 5 de julio de 2007, aspectos que evidencian el cumplimiento del procedimiento y los requisitos establecidos en los artículos 86 de la Ley 2492; consecuentemente, el agravio expresado por el recurrente en relación a que procede la nulidad de las notificaciones con la Resolución Determinativa y el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria carece de asidero legal. 

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Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (5912) 2412613.- 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

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En relación al argumento expuesto por el recurrente respecto a que la Vista de Cargo N° 20-DF-SVI-345/07, el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 903/07 e Informe GDLP/DFISVI/INF-3115/2007, le fueron notificados de forma personal y además la nota fiscal por consumo de energía eléctrica registra la dirección donde desarrolla sus. 

actividades comerciales en calidad de inquilino; corresponde señalar que de la revisión de antecedentes administrativos y durante la etapa probatoria aperturada por ésta instancia recursiva, no se advierte que se haya probado documentalmente tal extremo; sin perjuicio de lo señalado, se debe aclarar que la imagen consignada en el Recurso. de Alzada respecto a la Diligencia de Notificación con la vista de Cargo N° 20-DF-SVI 345/07, el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 903/07 e Informe GDLP/DF/SVI/INF-3115/2007, si bien advierte una notificación personal al contribuyente realizada por el Ente Fiscal en otros procesos; sin embargo, no refiere que habría sido practicada en el domicilio fiscal declarado ante el Ente Fiscal; a ello se suma, que la imagen de la Factura de Energía. Eléctrica también consignada en la impugnación a fojas 19 de obrados, se encuentra a nombre de Anselma P. de Gutiérrez y no así del sujeto pasivo y tampoco se demostró documentalmente o hizo uso de los medios probatorios admitidos en derecho para acreditar su condición de “inquilino” de dicho inmueble; consecuentemente, no se acredito que el sujeto pasivo ejerza sus actividades en el domicilio fiscal declarado ante la Administración Tributaria 

Respecto a la documentación ofrecida en calidad de prueba por la parte recurrente ante esta instancia recursiva consistente en: la Factura No 38469, emitida por Axs Bolivia S.A.; el Acta de Verificación Interna emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales; el Auto de Admisión del Recurso de Alzada y su correspondiente notificación por cédula (Expediente ARIT-LPZ-0115/2020); es menester aclarar inicialmente, que ante el citado ofrecimiento de prueba, se emitió el Proveido de 4 de junio de 2020, cursante a fojas 59 de obrados, que de forma expresa estableció: “Por ratificada y ofrecida la prueba documental señalada en la nota que antecede, en tanto cumpla con lo establecido en los artículos 81 y 217 del Código Tributario“; en ese contexto, si bien el recurrente ofreció la citada “prueba; sin embargo, no adjuntó la misma en original y se limito a consignar imágenes de dicha documentación en la nota de 2 de junio de 2020, conforme consta a fojas 51-58. de obrados, situación que evidencia el incumplimiento de lo previsto en artículo 217 numeral a) de la Ley 2492, lo que hace evidente la inobservancia de las formalidades esenciales para su valoración; asimismo, es necesario señalar que no es suficiente mencionar que la 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA. Estado Plurinacional de Bolivia 

Factura N° 38469, emitida por Axs Bolivia S.A., se encontraría en custodia de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (Expediente AGIT/0228/2020/LPZ 1025/2019) o que se requiera el Acta de Verificación Interna al Servicio de Impuestos Nacionales, siendo necesario que el recurrente demuestre los extremos que asevera por los medios legales, admitidos en derecho: –.. 

Sin perjuicio de lo señalado, de la revisión de obrados se advierte que el Auto de Admisión del Recurso de Alzada y su correspondiente notificación por cédula respecto al expediente ARIT-LPZ-0115/2020, que cursan en originales a fojas 28 y 33-36 de obrados; no obstante, el hecho de que se haya fijado el mismo domicilio fiscal ante ésta instancia recursiva y que el Auto de Admisión fuera notificado por cédula en el mismo, no acredita la situación legal del contribuyente en la oportunidad. en que se trató de notificar la Resolución Determinativa GDLP N° 865 de 22 de diciembre de 2006 y el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° 20-1109/07 de 5 de julio de 2007, en el domicilio fiscal en cuestión; en tal sentido, no, es evidente que se haya acreditado documentalmente que el contribuyente ejerza sus actividades en el domicilio fiscal declarado ante la Administración Tributaria

En relación a la cita por la parte recurrente de las Sentencias Constitucionales 190/2011-R, *1770/2011-R y1249/2012; corresponde aclarar que las primeras dos…. decisiones emanadas por el Tribunal máxima de garantías, establecen entre otros aspectos, que previo a la interposición de la Acción de Amparo Constitucional se debía acudir a la instancia administrativa a efectos de hacer conocer las irregularidades de 

notificación denunciadas; sin embargo, el referido razonamiento jurídico fue modificado por la Sentencia Constitucional 249/2012, posición que determina que los errores procedimentales cometidos por la Administración Pública deben ser impugnados a través de los recursos contemplados en la Ley; consecuentemente, en base a los citados extremos, no es pertinente emitir mayor pronunciamiento respecto de las citadas Sentencias Constitucionales 190/2011-R y 1770/2011-R; asimismo, en observancia del razonamiento plasmado en la Sentencia Constitucional 249/2012, esta instancia recursiva emitió pronunciamiento de los agravios planteados en el Recurso de Alzada relacionados a errores procedimentales en las notificaciones de la Resolución Determinativa GDLP N° 865 de 22 de diciembre de 2006 y el Proveido de 

Inicio de Ejecución Tributaria N° 20-1109/07 de 5 de julio de 2007, mismos que fueron 

A desvirtuados, conforme se tiene del análisis expuesto precedentemente. Guztián Huize Revoel . 

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Respecto a las Sentencias Constitucionales 0281/2010-R, 0981/2010-R y 0998/2014; invocadas por el recurrente a efectos de respaldar el argumento de que corresponde la nulidad de las notificaciones con la Resolución Determinativa y el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria; es menester señalar que dichos precedentes constitucionales de manera uniforme, entre otros, conceptualizan el derecho al debido proceso; no obstante, de acuerdo al análisis anterior, es posible advertir que dicho derecho no fue conculcado por la Administración Tributaria, toda vez que las notificaciones cuestionadas fueron realizadas por edicto en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2492, en ran a la imposibilidad de hacerlo en el domicilio fiscal declarado por Alejandro Ramos Ocampo, ya que no realizaba sus actividades comerciales en el mismo; más aún, considerando que en el citado domicilio fiscal se encuentra funcionando otra actividad comercial por parte de un contribuyente distinto, conforme se tiene del análisis expuesto precedentemente; consecuentemente, lo invocado por el 

recurrente no corresponde. 

En relación a la cita de la Sentencia Constitucional 1076/2013, efectuada por el recurrente; es menester establecer, que la misma aborda la problemática emergente de la contradicción entre los artículos 84 y 90 de la Ley 2492, en lo que respecta a las notificaciones practicadas en procesos por contrabando contravencional, aspectos que difieren diametralmente de los supuestos fácticos analizados en el presente caso, en los que se analiza las notificaciones realizadas dentro de un procedimiento determinativo en casos especiales; por lo que al no existir analogía jurídica y fáctica, no corresponde su aplicación, aspecto concordante con lo establecido en la Sentencia Constitucional Plurinacional 1787/2014 de 19 de septiembre de 2014. 

Con relación a la cita de las Sentencias 31/2017, 35/2017 y 84/2017, emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, por parte del recurrente; es menester señalar, que los fallos provenientes del mencionado tribunal, tienen un basamento en función a los argumentos, antecedentes e incluso circunstancias atinentes al caso sometido a dicha jurisdicción, que en el presente caso, no fueron aclarados ni menos argumentados por el ahora recurrente, quien se limito a citar el mismo sin que exista probadamente una estrecha relación con el presente caso, lo que hace inaceptable tomar como precedente el referido fallo judicial; a esto se suma, que el artículo 5 de la Ley 2492, no establece como fuente del Derecho Tributario a las Sentencias o Resoluciones 

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Judiciales emitidas dentro de la jurisdicción ordinaria; consecuentemente, corresponde desestimar lo invocado por el recurrente. 

IV.3. ASPECTOS DE FONDO IV.3.1. Prescripción Alejandro Ramos Ocampo en los argumentos de su Recurso de Alzada, señala que conforme el artículo 150 de la Ley 2492 y de acuerdo con lo establecido en las Sentencias Constitucionales 636/2011, 1169/2016-S3, 0012/2019-S2 y en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1460/2019, el cómputo para efectuar el cobro de la deuda tributaria inició el 20 de noviembre de 2007 y concluyó el 20 de noviembre de 2011, en aplicación a lo establecido en el artículo 59 de la. Ley 2492 y el aforismo tempus comici delicti, consecuentemente, corresponde dejar sin efecto por prescripción la facultad para efectuar el cobro de la deuda tributaria y la sanción por omisión de pago establecida en la Resolución Determinativa GDLP N° 865 de 22 de diciembre de 2006; agrega, que las notas remitidas a la ASFI;Contraloría General del estado, ‘Organismo Operativo de Tránsito y Registro de Derechos Reales no se constituyen en causales de suspensión o interrupción del cómputo de la prescripción al no encontrarse reconocidas como tal en la Ley 2492; al efecto, cita Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT- 0277/2011, 0757/2017; así como las Resoluciones de Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0166/2017, !ARIT/CHQ/RA 0012/2011 y. ARIT LPZ/RA 0055/2020. 

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La Administración en su memorial de respuesta refiere que de acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, corresponde la aplicación de la Ley 1340, debido a que la deuda tributaria concierne al IVA, IT e JUE de los periodos fiscales mayo, agosto y diciembre de 2002, siendo que la acción para determinar la obligación tributaria y exigir el pago prescribe a los 5 años de acuerdo con el artículo 52 de la referida disposición normativa; sin embargo, en etapa de ejecución tributaria no existe regulación en cuanto a las causales de interrupción del curso de la prescripción, correspondiendo la aplicación supletoria de los artículos 1492 y 1503 del Código Civil; al efecto, cita los Autos Supremos 432 de 25 de julio de 2013 y 56 de 24 de febrero de 2014.

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Agrega que el proveido de inicio de Ejecución Tributaria N° 20-1109/07 fue notificado al contribuyente mediante edicto por publicaciones realizadas el 26 y 30 de octubre de 

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2007, momento a partir del cual se dio inicio al cómputo de prescripción de la facultad de ejecución de la deuda tributaria, término que empezó desde el 1 de enero de 2008, en el que se realizaron una serie de medidas coactivas entre las que se encuentran solicitudes de retención de fondos a la ASFI, no solvencia fiscal ante la Contraloría 

General, hipoteca legal al Organismo Operativo de Tránsito, entre otras, las cuales. 

interrumpieron el cómputo de la prescripción de acuerdo con el artículo 1503 de

Código Civil; consecuentemente, sus facultades para efectuar el cobro de la deuda tributaria no se encuentran prescritas; al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

El artículo 6 de la Ley 1340, establece: La analogia será admitida para llenar los vacíos legales pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes. 

El artículo 7 de la Ley 1340, establece: Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de este Código o de las Leyes expresadas sobre cada materia, se aplicaran supletoriamente los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de las otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular: .

El artículo 41 de la Ley 1340, indica: La obligación tributaria se extingue por: 1) Pago, 2) Compensación, 3) Confusión, 4) Condonación o remisión y 5) Prescripción. 

El artículo 52 de la Ley 1340, establece: La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

El término precedente se extenderá: A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho. A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículo 989, 101°y 1150

El artículo 53 de la citada Ley, señala: El término se contará desde el 19 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador. Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo. 

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El artículo 54 de la mencionada Ley, establece: El curso de la prescripción se interrumpe: 1) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la presentación de la liquidación respectiva. 2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 3) Por el pedido de prórroga u otras.. facilidades de pago. Interrumpida la prescripción.comenzará a computarse nuevamente el término de un nuevo período a partir del 19 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

El artículo 307 del referido cuerpo legal, señala: La ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario, ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla salvo las siguientes excepciones: a) Pago total documentado. b) Nulidad de título por falta de jurisdicción y competencia de quien lo emitió, que únicamente podrá demandarse mediante el Recurso Directo de Nulidad ante la Corte Suprema de Justicia. Los funcionarios de la Administración Tributaria y/o de los órganos jurisdiccionales que contravinieren esta disposición dando curso a otras excepciones incurrirán en responsabilidad, con la siguiente interposición de las acciones correspondientes a cargo del órgano ejecutor. Las excepciones deberán ser planteadas, en el plazo a que se refiere el Artículo anterior, acompañadas de todas las pruebas pertinentes, y serán resueltas dentro de los diez (10) dias, no siendo recurribles. 

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El artículo 1492 del Código Civil establece: I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece.’11. Se exceptúan los derechos indisponibles y los que la ley señala en casos particulares. 

– El artículo 1493 del Código Civil establece. La prescripción comienza a correr desde que el 

derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo. 

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De inicio, corresponde señalar que al tratarse del adeudo tributario correspondiente al 

  • IVA, IT e IUE de los periodos fiscales mayo, agosto y diciembre de 2002, se tiene que la Ley aplicable en la parte material del tributo, perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento, plazo de pago, formas de extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos tributarios es la Ley 1340, en aplicación de la Disposición 
  • Transitoria Primera último párrafo del DS 27310, que de manera taxativa señala que: Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

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contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de julio de 1999; razón por la que el análisis de la prescripción se circunscribirá dentro del marco de la norma señalada, 

En ese contexto, corresponde señalar que la doctrina impositiva establece que la prescripción es un modo de liberar al administrado de una carga u obligación por el transcurso del tiempo. En la legislación tributaria nacional, la prescripción constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere un derecho; es la dispensa de la carga tributaria por el transcurrir del tiempo, castigando de este modo la inacción de la Administración Tributaria con la pérdida de sus facultades de comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, determinar adeudos e incluso imponer sanciones. Así también, es pertinente aclarar que a pesar de la disposición del artículo 307 de la Ley 1340, en sentido a que la ejecución coactiva no puede suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario, el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Constitucional 1606/2002-R de 20 de diciembre de 2002; dispuso que la figura jurídica de prescripción puede ser opuesta en cualquier estado de la causa, hasta en ejecución de sentencia, por lo que corresponde realizar el análisis de la procedencia o no de esta figura jurídica. 

En este punto de análisis, se debe considerar que la Ley 1340, tiene un vacío jurídico con relación al cómputo del plazo, interrupción y suspensión para la etapa de cobranza coactiva, norma legal que únicamente refiere al cómputo del término de la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para determinar la ación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, estableciendo al efecto, causales de suspensión e interrupción; sin embargo, no estipula parámetro alguno sobre el cómputo de la prescripción del derecho al cobro de la obligación tributaria después de 

que ésta queda determinada y firme, 

Ante este vacío legal y en virtud a la analogía y subsidiariedad previstas en los artículos 6 y 7 de la Ley 1340, es conveniente la aplicación de las previsiones contenidas por los artículos 1492 y 1493 del Código Civil, así como la Sentencia Constitucional 1606/2002 R, que expresamente establece lo siguiente: “...el art. 41 CTB, sala las causas de extinción de la obligación tributaria refiriéndose en su inc. 5) a la prescripción, la que se opera a los cinco años término que se extiende conforme lo 

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dispone el art. 52 del mismo cuerpo de leyes, sin señalar el procedimiento a seguir para su declaratoria. Sin embargo en caso de presentarse un vacío legal, el citado Código Tributario, ha previsto la analogia y supletoriedad de otras ramas jurídicas al establecer en su art. 6 que: “La analogia será admitida para llenar los vacíos legales pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes”. Asimismo, el art. 7 de la Ley 1340 (CTB) determina que: Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de este Código o de las Leyes „expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de las otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular”. 

De la misma forma, la Sentencia Constitucional 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, expresa: “...que el art. 307 del CTB, establecía que la ejecución coactiva no podía suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda; declarada en recurso directo de nulidad; en ese orden la SSCC 1606/2002-R, de 20 de diciembre, estableció la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del Código civil (CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; …Ello implica que este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los derechos de las personas, estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del CTB, cuando el contribuyente_ que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de ejecución a cargo de las autoridades tributarias”. 

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En ese sentido el artículo 1492 del Código Civil, aplicable acorde a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 1340, señala que los derechos se extinguen por prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece; asimismo, el artículo 1493 de la misma Ley establece: “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”; bajo el contexto anterior, corresponde dejar establecido que la prescripción de la cobranza coactiva tributaria, opera cuando se demuestra inactividad del acreedor durante el término de cinco (5) años consecutivos; es decir, que el sujeto activo deje de ejercer su derecho por negligencia o desinterés conforme los artículos citados precedentemente. 

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2

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Joan Carles Gulmán Ruiz 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaran) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (5912) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

Bajo dicho contexto, se tiene que la Administración Tributaria notificó a Alejandro Ramos Ocampo por edicto mediante publicaciones del 27 y. 31 de diciembre de 2006, con la Resolución Determinativa GDLP No 865 de 22 de diciembre de 2006, acto administrativo que resolvió determinar de oficio por conocimiento cierto las obligaciones impositivas de Alejandro Ramos Ocampo por el monto de 129.230 UFV’s por concepto de tributo omitido, más intereses correspondiente al IVA, IT e UE de los periodos fiscales mayo, agosto y diciembre de la gestión 2002; asimismo, resolvió sancionar al referido contribuyente con la multa del 50% del tributo omitido actualizado cuyo 

importe asciende a 64.615 UFV’s por haber incurrido en la conducta de evasión; sin embargo, en el plazo de veinte (20) dias, el referido contribuyente no activó el mecanismo de impugnación establecido en el artículo 143 de la Ley 2492, esto es hasta el 22 de enero de 2007, lo que originó que el 23 de enero de 2007, la mencionada Resolución Determinativa adquiera firmeza; consecuentemente, se tiene que a partir del 24 de enero de 2007, se dio inicio a la fase del cobro coactivo. 

Cabe aclarar que ante la firmeza de la citada Resolución Determinativa el Ente Fiscal emitió el Proveido de inicio de Ejecución Tributaria N° 20-1109/07 de 5 de julio de 2007, acto por el cual se dio inicio la cobranza coactiva, emitido en vigencia de la Ley 2492, en ese 

o a su procedimiento se enmarco correctamente a la Ley 2492; sin embargo, en cuanto a la aplicación sustantiva de la norma inherente al . instituto de la prescripción, se debe considerar que la obligación tributaria acaeció durante la vigencia de la Ley 1340; en el contexto legal antes citado, es pertinente reiterar que en el presente caso, corresponde aplicar la mencionada Ley en lo concerniente a las regulaciones establecidas respecto al instituto de la prescripción, cuyo plazo para su : materialización efectiva es de cinco años conforme lo dispuesto en su artículo 52 de la citada Ley 1340 

Conforme lo relacionado, se tiene que el cómputo de prescripción de la facultad para ejecutar la deuda tributaria se inició a partir del día siguiente hábil en que la Resolución Determinativa GDLP N° 865 de 22 de diciembre de 2006, adquirió firmeza; es decir, desde el 24 de enero de 2007, en el entendido, que a partir de ese momento la Administración Tributaria pudo hacer valer sus derechos y proceder con las acciones 

de cobro. 

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Dentro de ese contexto, se evidencia que la Administración Tributaria para efectivizar 

el cobro del importe de la deuda tributaria contaba con el término de cinco (5) años 

esto implica, que el cómputo de la prescripción de la facultad de cobro se inició desde que el titular podía hacer valer sus derechos, esto es, desde el 24 de enero de 2007 (primer día hábil siguiente a la firmeza de la Resolución Determinativa GDLP N° 865), concluyendo el 24 de enero de 2012, período en el que la Administración Tributaria realizó las siguientes medidas coactivas: 

– 

– 

– 

– 007 

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.. 

TIPO DE MEDIDA COACTIVA

: DESTINATARIO 

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CITE DE LA MEDIDA 

COACTIV

FECHA DE ELABORACIÓN DE FOJAS E

YO.RECEPCIÓN DE LA ANTECEDENTES = MEDIDA COACTIVA E ADMINISTRATIVOS 

457-458 

— 

461 

– 

– 

SOLICITUD DE HIPOTECA 

SIN/GDLP/DJCCUCCIN LEGAL/ORGANISMO OPERATIVO DE 

26-nov-2010

OT/5475/2010 TRANSITO SOLCITUD DE REMISION DE FONDOSIAUTORIDAD 

DE SIN/GDLPDJCC/UCC

8-jun-2011 SUPERVISIÓN DEL SISTEMA | NOT/383/2011 FINANCIERO SOLICITUD DE HIPOTECA SIN/GDLPZ LEGAL ORGANISMO OPERATIVO DE 1/0JCC/UCCINOT/064 22-dic-2014 

TRÁNSITO 

28/2014 SOLICITUD DE KIPOTECA | 

SIN/GDLPZ LEGALIDIRECCIÓN DPTAL. DE ‘VDJCCINOT/04872/20 

Jl7-may-2019 TRANSITO 

– 

– 

– 

– 

– 

1 485-488 

– 

– 

– 

– 

50

19 

Del cuadro precedente, se advierte que la Administración Tributaria ejerció medidas coactivas en las gestiones 2010, 2011, 2014 y 2019, interrumpiendo el término de prescripción conforme se evidencia a fojas 457-458, 461, 485-488 y 500 de antecedentes administrativos; en este entendido, se establece que con dichas interrupciones se iniciaron nuevos términos de prescripción, siendo que el último comenzó a computarse a partir del 1 de enero de 2020 y concluirá el 31 de diciembre de 2024, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 1340. 

afaq 

I

ISO 900

Calidad 

AFNOR ELANIFICATIO

V°30 

Pan.DER. 

Lo anterior acredita que una de las últimas actuaciones que realizó la Administración Tributaria fue la solicitud de hipoteca legal de los vehículos del contribuyente Alejandro Ramos Ocampo efectuada ante la Dirección Departamental de Tránsito mediante nota CITE: SIN/GDLPZ 1/DJCC/NOT/04872/2019 de 7 de mayo de 2019, conforme lo previsto en el artículo 1493. del Código Civil, aplicable supletoriamente al presente caso 

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an Carlos Gizmán Rui 

JV BON 

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9001 IBNORCA S tade Geron Cortado 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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por efecto de lo previsto en los artículos 6 y 7 de la Ley 1340; en ese sentido, el término. de prescripción se resume en el siguiente cuadro: 

Firmeza de la 

INICIO TIEMPO DE 

CAUSALES DE INTERRUPCIÓN 

CONCLUSIÓN Resolución 

MEDIDAS EFECTUADAS TENDIENTES Determinativa PRESCRIPCIÓN PRESCRIPCIÓN PRESCRIPCIÓN . AL COBRO DE LA OBLIGACIÓN: GDLP N° 86

TRIBUTARIA Nota SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/5475/201 O, presentada el 26/11/2010. Nota 

SIN/GDLPIDJCC/UCC/NOT/383/201, 23/01/2007 

24/01/2007 

5 años 

24/01/2012 presentada el 08/06/2011. 

Nota 

SIN/GDLPZ 1/DJCC/UCCINOT/06428/2014, 

presentada el 22/12/2014. Nota 

SIN/GDLPZ VDJCCINOT/04872/2019, presentada 

el 07/05/2019. NUEVO CÓMPUTO DE PRESCRIPCIÓN A PARTIR DE LA ÚLTIMA INTERRUPCIÓN 

01/01/2020 

5 años 

31/12/2024 

.… 

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XX 

Lo expuesto, muestra que dentro del plazo de prescripción que inició el 24 de enero de 2007 y concluiría el 24 de enero de 2012, se produjeron causales de interrupción, conforme se detalló precedentemente; en tal sentido, a partir de la última medida coactiva efectuada el 7 de mayo de 2019, constituida por la solicitud de hipoteca legal de los vehículos del contribuyente, cursante a fojas 500 de antecedentes administrativos, se inició un nuevo término de prescripción que comenzó a computarse a partir del 1 de enero de 2020 y concluirá el 31 de diciembre de 2024; consecuentemente, conforme a los datos, hechos y antecedentes reflejados anteriormente, es evidente que la facultad de cobro del Ente Fiscal del adeudo tributario consignado en el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria N° 20-1109/07 de 5 de julio de 2007, no se encuentra prescrita. 

Respecto a la cita por parte del recurrente de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 636/2011, 1169/2016-S3 y 0012/2019-S2; se debe aclarar que los citados fallos constitucionales analizan el instituto de la prescripción en el marco de la Ley 2492;” aspectos que difieren diametralmente de los supuestos de orden fáctico y legal analizados en el presente caso, en los que se analiza el instituto de la prescripción en materia tributaria conforme a la Ley 1340; por lo que al no existir analogía jurídica y fáctica, no corresponde la aplicación de dichos precedentes constitucionales al presente caso. 

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TIL 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

En relación a la cita por parte de la Administración Tributaria de los Autos Supremos 432 de 25 de julio de 2013 y 56 de 24 de febrero de 2014; es menester señalar como se mencionó anteriormente, que los fallos provenientes del mencionado tribunal, tienen un basamento en función a los argumentos, antecedentes e incluso circunstancias atinentes al caso sometido-a dicha jurisdicción, que en el presente caso, no fueron aclarados ni menos argumentados por el Ente Fiscal, quien se limitó a citar el mismo sin que exista probadamente una estrecha relación con el presente caso, lo que hace inaceptable tomar como precedente el referido fallo judicial; a esto se suma, que el artículo 5 de la Ley 2492, no establece.como fuente del Derecho Tributario a las Sentencias o Resoluciones Judiciales emitidas dentro de la jurisdicción ordinaria; consecuentemente, corresponde desestimar lo invocado por el Ente Fiscal. 

Respecto a la cita del artículo 150 de la Ley 2492, realizada por parte del recurrente; es menester señalar, que las obligaciones tributarias del presente caso se encuentran relacionadas al IVA, IT e IUĘ de los periodos-fiscales mayo, agosto y diciembre de la gestión 2002, cuyos hechos generadores acaecieron antes de la vigencia de la Ley 2492, motivo por el cual se deben sujetar a lậs disposiciones sobre: prescripción contempladas en la Ley 1340, conforme lo establece la Disposición Transitoria Primera último párrafo del DS 27310; en ese contexto, no corresponde la aplicación del citado articulado en el presente caso, al haberse aplicado la norma vigente al momento de suscitado el hecho generador 

– – 

– 

– 

– 

— 

— 

– 

– 

Con relación al argumento expresado por el recurrente vinculado a que las notas remitidas a la ASFI, Contraloria General del Estado, Organismo Operativo de Tránsito y Registro de Derechos Reales no se constituyen en causales de suspensión o interrupción del cómputo de la prescripción al no encontrarse reconocidas como tal en el artículo 61. de la Ley 2492, al respecto, corresponde salar que ésta instancia recursiva a través del análisis que antecede, estableció que la normativa aplicable en el presente caso en lo que respecta al instituto de la prescripción es la Ley 1340 y que ante el vacío jurídico respecto al cómputo del plazo de prescripción para la etapa de ejecución (cobranza coactiva) en la citada Ley, corresponde la aplicación del Código Civil, razonamiento bajo el cual, las medidas coactivas se constituyen en causales de interrupción del citado plazo, aspecto refrendado en las Sentencias Constitucionales 1606/2002-R y.992/2005-R; en tal sentido, no corresponde el agravio alegado por el 

PANORAMA 

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IBNORCA 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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recurrente, más aun considerando que la normativa en la que respalda su pretensión, es decir, el artículo 61 de la Ley 2492, no es aplicable en el presente caso. 

Finalmente con referencia a la cita de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT 0277/2011, 0757/2017, 1460/2019, así como las Resoluciones de Recurso de Alzada ARIT-CBARA 0166/2017, ARIT/CHQIRA 0012/2011 y ARIT-LPZ/RA 0055/2020, efectuada por el recurrente; corresponde señalar que dichos precedentes administrativos se circunscriben al análisis del cómputo de la prescripción en el marco de la Ley 2492; no obstante, conforme se tiene señalado precedentemente, el análisis del presente caso se circunscribe a la facultad de ejecución de la deuda tributaria de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1340; consecuentemente, no corresponde la consideración de los mencionados fallos administrativos, al carecer de identidad con los fundamentos de orden fáctico y legal del presente caso

De acuerdo a los argumentos de hecho y derecho antes expuestos, se tiene que no es evidente la nulidad de las notificaciones con la Resolución Determinativa GDLP N 865 de 22 de diciembre de 2006 y el Proveido de inicio de Ejecución Tributaria N° 20 1109/07 de 5 de julio de 2007; asimismo, se establece que la facultad de cobranza coactiva de la Administración Tributaria en relación a la citada Resolución Determinativa no se encuentra prescrita; consecuentemente, corresponde confirmar el Auto Administrativo N° 391920000129 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/CCIAUTA/00048/2019) de. – 29 de octubre de 2019, emitido por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales contra Alejandro Ramos Ocampo. 

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR el Auto Administrativo N° 391920000129 (SIN/GDLPZ I/DJCC/CC/AUTA/00048/2019) de 29 de octubre de 2019; emitido por la Gerencia Distrital La Paz | del Servicio de Impuestos Nacionales contra Alejandro Ramos Ocampo; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la facultad de cobranza 

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coactiva en relación a la Resolución Determinativa GDLP N° 865 de 22 de diciembre de 2006 y el rechazo a la solicitud de nulidad de notificaciones

Quito 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley N° 3092, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente

Bogretot 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de-conformidad al’ artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del Recurso Jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación

Registrése, hágase saber y cumplase. 

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Líc. Cecilia Velez Dorado Dlrectora Ejecutiva Regional Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Regional de Impuenadon 

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