ARIT-LPZ-RA-1043-2020 Las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, las normas a aplicar deben ser normas vigentes al inicio del cómputo de la prescripción, se debe aplicar el principio “tempus comici delicti y tempus regis actum” y también la garantía de irretroactividad de la Ley. Por tanto, se revoca totalmente resolución administrativa. (VIII)

ARIT-LPZ-RA-1043-2020

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1043/2020 

Recurrente: 

Hotelera Nacional S.A., representada legalmente por Juan Carlos Baya Camargo 

Administración Recurrida: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Jhonny Daniel Plata Arispe 

Acto Impugnado: 

Resolución Administrativa N° 232029000162 (SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/RA/51/2020) 

Expediente: 

ARIT-LPZ-0490/2020 

Lugar y Fecha: 

La Paz, 11 de diciembre de 2020 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de Apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ No 1043/2020 de 10 de diciembre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

La 

N° 

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  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

Resolución 

Administrativa 

232029000162 (SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/RA/51/2020) de 23 de junio de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió rechazar la oposición de prescripción de la ejecución tributaria interpuesta por el representante legal de Hotelera Nacional S.A., respecto a los adeudos tributarios provenientes de la declaración jurada Formulario 156, periodo fiscal marzo 2005, con número de orden 2930138349, anunciada para su ejecución a través del PIET GGLP PE/TET 381-07 de 26 de marzo de 2007, en virtud a lo previsto en los artículos 410 y 

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Guzmán Ruiz 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (5912) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

324 de la Constitución Política del Estado, 59 y 61 de la Ley 2492, modificado por las Leyes 291 y 317 y demás normativa aplicada supletoriamente, en consecuencia ordenó que se prosiga con la ejecución tributaria hasta el pago total de la deuda tributaria

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 11.1 Argumentos del Recurrente Hotelera Nacional S.A., representada legalmente por Juan Carlos Baya Camargo conforme se acredita del Testimonio de Poder N° 472/2007 de 30 de mayo de 2007, mediante nota presentada el 31 de agosto de 2020, cursante a fojas 26-32 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente: 

El acto impugnado tiene su origen en la ejecución tributaria mediante el PIET GGLP PE/TET-381-07 de 26 de marzo de 2007, notificado el 11 de abril de 2007 y al haber transcurrido más de 13 años sin que exista cobro alguno, suspensión o interrupción de la prescripción, dicha deuda se encuentra prescrita

La Administración Tributaria pretende aplicar retroactivamente la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012; al respecto, el Tribunal Supremo de Justicia mediante las Sentencias Nos. 16 de 4 de abril de 2016, 39 de 13 de mayo de 2016 y 47 de 16 de julio de 2016, establecieron que la retroactividad de las disposiciones legales fue prohibida por la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, así como por los artículos 5 y 11 de la Declaración de Derechos Humanos; en ese sentido, las modificaciones al artículo 59 de la Ley 2492, realizadas por las Leyes 291 y 317, no se constituyen en normas más beneficiosas que permitan tomar en cuenta el principio de favorabilidad, motivo por el cual, corresponde la aplicación de la norma sustantiva tributaria vigente al momento de inicio del cómputo de la prescripción, es decir, el artículo 59 del Código Tributario sin las modificaciones posteriores. 

Las citadas Sentencias también consideraron la aplicación de dos principios: tempus comici delicti y tempus regis actum; criterio concordante con el principio de garantia constitucional de la irretroactividad de la Ley establecido en el artículo 123 de la Constitución Política del Estado; al respecto, cita la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016 S3 de 26 de octubre de 2016, la cual consideró la norma vigente al inicio de la ejecución 

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tributaria, que tiene su origen en la notificación del PIET, en el presente caso, el PIET GGLP-PE/TET-381-07 de 26 de marzo de 2007. fue notificado el 11 de 

consecuentemente, el cómputo inició el 12 de abril de 2007 y concluyó el 12 de abril de 2011, y no habiéndose materializado el cobro hasta la fecha mencionada y al no existir causales de suspensión o interrupción conforme prevé los artículos 61 y 62 de la Ley 2492, la deuda prescribió. 

En el presente caso no son aplicables las Leyes 291, 317 y 812, toda vez que fueron promulgadas de forma posterior al inicio de la ejecución tributaria, aspecto establecido en las Sentencias Nos. 446, 460, 461, 503, 507, todas del 28 de junio de 2017, las cuales señalan que la ley rige para lo venidero y no tienen efecto modificatorio sobre el régimen de la prescripción, lo contrario vulneraría los artículos 123 de la Constitución Política del Estado y 150 de la Ley 2492; en conclusión, la notificación con el PIET se realizó en vigencia de la Ley 2492, no correspondiendo aplicar las modificaciones a dicha norma. 

El fisco pretende justificar su inacción, invocando el artículo 324 de la Constitución Política del Estado; al respecto, es preciso considerar la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia a través de las Sentencias Nos. 460 y 503, ambas del 28 de junio de 2017, 523, 528, 535 del 12 de julio de 2017, las cuales señalan que la citada norma no es aplicable a materia tributaria y que no es posible la retroactividad pretendida por la Administración Tributaria. Cita la SC 1326/2004R de 17 de agosto de 2004 y reitera que la ejecución tributaria se inicia con la notificación del PIET; en ese sentido, la obligación tributaria prescribió conforme lo previsto en la Ley 2492, en su texto original. 

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Se opuso prescripción contra 29 títulos de ejecución tributaria, entre los cuales se encuentra la Declaración Jurada con número de orden 2930138349 que fue respondida mediante la Resolución Administrativa N° 231829000116 de 14 de mayo de 2018, acto con el cual la Administración Tributaria efectúa el cómputo de la prescripción a partir de su ejecutoría, lo cual es un absurdo y un flagrante desconocimiento del artículo 61 del Código Tributario. 

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La denegación de una solicitud de prescripción no causa estado y no significa que no se pueda volver a invocar la prescripción; asimismo, la interposición de recursos no interrumpe el curso de la prescripción en ejecución tributaria, ni la intención de acogerse a los beneficios de la Ley 1105, ni la solicitud de audiencia a efectos de aclarar la liquidación de adeudos tributarios, ni el ofrecimiento de dación en pago por adeudos tributarios, toda vez que no se constituyen en causales previstas en el artículo 61 del Código Tributario. 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución Administrativa N° 232029000162 (SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/RA/51/2020) de 23 de junio de 2020. 

11.2 Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Hotelera Nacional S.A., representada legalmente por Juan Carlos Baya Camargo, fue admitido mediante Auto de 14 de septiembre de 2020, notificado personalmente al representante legal de la empresa recurrente y mediante cédula a la Administración Tributaria el 21 y 22 de septiembre de 2020, respectivamente; fojas 34-38 de obrados. 

II.3 Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Marco Javier Baldivia Saavedra, conforme se acredita de la Resolución Administrativa de Presidencia No 032000000039 de 10 de enero de 2020, por memorial presentado el 5 de octubre de 2020, cursante a fojas 41-45 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

De la revisión del Sistema Integrado de Recaudo para la Administración Tributaria (SIRAT2), se establece la existencia inequívoca de la Declaración Jurada (Formulario 156) con Número de Orden 2930138349, por el cual Hotelera Nacional S.A. declara libre y voluntariamente ante la Administración Tributaria un importe por el periodo fiscal marzo de 2005, monto que no fue cancelado por el sujeto pasivo, estableciéndose en consecuencia un impuesto determinado con pago en defecto, vale decir tributos no pagados por el contribuyente a la fecha de vencimiento de la obligación tributaria, adquiriendo de esa manera la citada Declaración Jurada la calidad de título de 

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ejecución tributaria de acuerdo a lo previsto en el numeral 6 del artículo 108-1 del Código Tributario, razón por la que se emitió el Proveido DTJCCGRACOACCPROV ET 036/07 de 26 de marzo de 2007, notificado el 11 de abril de 2007 anunciando al sujeto pasivo el inicio de la ejecución tributaria del mencionado título. 

Es preciso considerar que la solicitud de prescripción fue presentada por el contribuyente en la etapa de ejecución tributaria, vale decir después de la notificación con el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria, existiendo el título de ejecución que es la Declaración Jurada F156 por el IT, conforme prevé el numeral 6) del artículo 108 I de la Ley 2492, debiéndose aplicar las disposiciones legales relativas a la prescripción en etapa ejecutiva, en efecto, en el acto administrativo impugnado se efectuó el análisis de la prescripción de acuerdo a lo establecido en el artículo 59IV de la Ley 2492 modificado por las Leyes 291 y 317, toda vez que, en el momento en que la deuda 

ibutaria es determinada o auto determinada, su ejecución es imprescriptible. 

Se puso a conocimiento del contribuyente el Proveído DTJCC-GRACOACC-PROV ET 036/07, notificándose a su vez mediante dicho actuado, la firmeza y ejecutabilidad de la Declaración Jurada (Formulario 156), entendiéndose que el término de la prescripción para ejercer la ejecución tributaria de dicha Declaración, se computará a partir de la notificación del PIET, sin embargo, es evidente que la Administración Tributaria en ningún momento dejó de ejercer su facultad de ejecución, al haber realizado actos tendientes al cobro de la deuda, desde el momento de la notificación con el PIET, obteniéndose los resultados correspondientes e importes retenidos a favor del Fisco, imputados a cuenta de la deuda, materializando de esta forma la voluntad de cobro y el ejercicio constante de sus facultades

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Mediante nota presentada el 3 de diciembre de 2018, Hotelera Nacional S.A. anunció 

a la Administración Tributaria la decisión de acogerse al plan de regularización de adeudos tributarios dispuesto en la Ley 1105; asimismo, en diversas oportunidades solicitó la actualización de la liquidación de la deuda tributaria, de igual forma el 23 de abril de 2019, solicitó realizar la entrega del bien inmueble ubicado en la avenida 16 de julio N° 1789 conocido como Hotel Plaza, en calidad de dación en pago por los adeudos tributarios que sostiene con el Fisco, de acuerdo a las liquidaciones practicadas en el marco de la Ley 1105. 

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Juan Carlos SGuzmán Ruiz Pe VoBo 

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En ese marco, las notas presentadas por el sujeto pasivo constituyen un reconocimiento expreso de la obligación tributaria, al declarar expresamente la existencia de la deuda y exteriorizar formalmente su voluntad de pago sobre la misma, debiendo considerarse que en materia tributaria se reconoce incluso la voluntad de pago de deudas prescritas, toda vez que la prescripción no opera de oficio, es así que 

festaciones se configuran en una causal de interrupción del curso de la prescripción. Al momento en el que se presentaron y suscribieron las notas y actas, se encontraba en vigencia la modificación introducida por las Leyes 291 y 317, en consecuencia, el término de la prescripción para ejecutar la deuda tributaria determinada no prescribió. 

La Hotelera Nacional S.A. al no haber cancelado la deuda referida dentro el plazo de la Ley 1105, el 1 de julio de 2019, presentó una acción de amparo constitucional en contra de la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, solicitando la liquidación de la deuda tributaria con la aplicación de los beneficios establecidos en la referida Ley, acción tutelar que fue denegada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; dicha manifestación de acudir a la justicia constitucional, también se constituye en un reconocimiento expreso de la obligación tributaria por parte del sujeto pasivo

Por lo expuesto, queda demostrado que existió una errónea interpretación de las disposiciones legales relacionadas a la prescripción por parte del contribuyente, toda vez que la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, en calidad de sujeto activo de la relación jurídica tributaria, ejerció plenamente su facultad para ejecutar la deuda tributaria dentro el término de la prescripción, consecuentemente dicha facultad no se encuentra prescrita, correspondiendo desestimar los argumentos de prescripción expuestos por el 

recurrente. 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa No 232029000162 (SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/RA/51/2020) de 23 de junio de 2020

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11.4 Apertura de término probatorio y producción de pruebas Mediante Auto de 8 de octubre de 2020, se declaró la apertura del término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes, en aplicación del inciso d), artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada en Secretaría tanto a la empresa recurrente como a la Administración Tributaria el 14 del mismo mes y año; fojas 4647 de obrados. 

Hotelera Nacional S.A. representado legalmente por Juan Carlos Baya Camargo, a través de la nota presentada el 22 de octubre de 2020, ratificó como prueba toda la documentación presentada a momento de la interposición del Recurso de Alzada y la cursante en antecedentes administrativos; al efecto, el Proveido de 26 de octubre de 2020, se dio por ratificada la prueba documental señalada en tanto cumpla con lo establecido en los artículos 81 y 217 del Código Tributario, actuación notificada por Secretaria a las partes el 28 del mismo mes y año; fojas 48-50 de obrados. 

El representante legal de la Administración Tributaria mediante memorial presentado el 29 de octubre de 2020, ofrec, propuso y ratificó en calidad de prueba pre constituida los antecedentes administrativos en su integridad; al efecto, el Proveído de 4 de noviembre de 2020, dio por ratificada la prueba documental; actuación notificada a las partes en la misma fecha; fojas 51-53 de obrados

II.5 Alegatos Mediante memoriales presentados el 23 de noviembre y 2 de diciembre de 2020, Jhonny Daniel Plata Arispe se apersonó ante esta instancia recursiva en su calidad de Gerente Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia No 032000001066 de 13 de noviembre de 2020, solicitando que ulteriores diligencias se hagan conocer a su persona; asimismo, formuló alegatos en conclusiones reiterando los argumentos expuestos en la respuesta al Recurso de Alzada relacionados a que la Administración Tributaria en ningún momento dejó de ejercer su facultad de ejecución tributaria al haber realizado todos los actos tendientes al cobro de la deuda desde el momento de la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, en consecuencia señaló que dicha facultad no se encuentra prescrita; al efecto, por Proveido de 3 de diciembre de 2020, se dio por apersonado a Jhonny Daniel Plata Arispe en su calidad de Gerente Graco La Paz 

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del Servicio de Impuestos Nacionales, de igual manera, se dieron por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria; actuación notificada a las partes en Secretaría el 9 de diciembre de 2020, fojas 5657 y 6264 de obrados

De la revisión de obrados se advierte que la parte recurrente no formuló alegatos en conclusiones, conforme las previsiones establecidas en el artículo 210-11 del Código 

Tributario. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA Hotelera Nacional S.A., a través de su representante legal, presentó su Declaración Jurada de acuerdo al siguiente detalle: 

Periodo:mes/año 

Impuesto 

Declaración Jurada con Orde

. . . . 

2930138349 

li Fojas de .

AntecedentesAdministrativos 

marzo/2005 

La Administración Tributaria, el 11 de abril de 2007, notificó personalmente al representante legal de Hotelera Nacional S.A., con el proveido de Inicio de Ejecución Tributaria detallado a continuación

N PIET ZIMPUESTO: DD

J P eriodo de Fojas. 

Big Asean Orden GGLPACCTET38107 

Formulario 156 marzo 2005 2930138349 

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Administrativa 

231829000116 (SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RA/00011/2018) de 14 de mayo de 2018, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió rechazar la oposición de prescripción de la ejecución tributaria planteada el 20 de abril de 2015, por el contribuyente Hotelera Nacional S.A., acto administrativo notificado vía electrónica el 25 de mayo de 2018, a Juan Carlos Baya Camargo en su calidad de representante legal de la empresa ahora recurrente; fojas 178-190 de antecedentes administrativos. 

Hotelera Nacional S.A. representada legalmente por Juan Carlos Baya Camargo, con nota presentada el 12 de junio de 2019, solicitó actualización de liquidación de adeudos tributarios; fojas 154 de antecedentes administrativos. Asimismo, el citado contribuyente mediante nota presentada el 26 de junio de 2019, reiteró su solicitud de 

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AUTORIDAD DE IRIPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

actualización de la liquidación de adeudos tributarios en aplicación a la Ley 1105; fojas 158 de antecedentes administrativos. 

Hotelera Nacional S.A. representado legalmente por Juan Carlos Baya Camargo, mediante nota presentada el 4 de junio de 2020, planteó la prescripción de la facultad de ejecución tributaria del Ente Fiscal respecto al periodo fiscal marzo 2005, con PIET No GGLPPE/TET-381-07, de acuerdo a lo previsto en el artículo 59 de la Ley 2492, 

sin modificaciones; fojas 194-195 de antecedentes administrativos. 

La Resolución Administrativa N° 2 32029000162 (SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/RA/51/2020) de 23 de junio de 2020, resolvió rechazar la oposición de prescripción de la ejecución tributaria interpuesta por el representante legal de Hotelera Nacional S.A., respecto a los adeudos tributarios provenientes de la declaración jurada Formulario 156, periodo fiscal marzo 2005, con número de orden 2930138349, anunciada para su ejecución a través del PIET GGLP-PE/TET 381-07 de 26 de marzo de 2007, en virtud a lo previsto en los artículos 410 y 324 de la Constitución Política del Estado, 59 y 61 de la Ley 2492, modificado por las Leyes 291 

y 317 y demás normativa aplicada supletoriamente, en consecuencia 

prosiga con la ejecución tributaria hasta el pago total de la deuda tributaria; acto administrativo notificado vía electrónica al sujeto pasivo, el 19 de agosto de 2020; fojas 196-206 de antecedentes administrativos

  1. IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211111 del referido Código Tributario, se tiene: 

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La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Hotelera Nacional S.A. representado legalmente por Juan Carlos Baya Camargo; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros 

Juan Carlos Guzmán Ruíz 

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aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva. 

IV.1. ASPECTOS DE FONDO IV.1.1 Prescripción La empresa recurrente en los argumentos de su Recurso de Alzada, señala que el acto impugnado tiene su origen en la ejecución tributaria iniciada mediante el PIET N° GGLP-PE/TET-381-07 de 26 de marzo de 2007, notificado el 11 de abril de 2007 y al haber transcurrido más de 13 años sin que exista algún cobro, suspensión o interrupción dicha deuda se encuentra prescrita. Asimismo, refiere que las modificaciones al artículo 59 de la Ley 2492, realizadas por las Leyes 291 y 317, no se constituyen en normas más beneficiosas que permitan tomar en cuenta el principio de favorabilidad; consecuentemente, corresponde la aplicación de la norma sustantiva tributaria vigente al momento de inicio del cómputo de la prescripción; es decir, el artículo 59 del Código Tributario sin las modificaciones posteriores conforme el principio de irretroactividad de la Ley establecido en el artículo 123 de la Constitución Política del Estado. 

Añade que el cómputo de la prescripción de la facultad de ejecución tributaria, se inicia desde la notificación con el título de ejecución tributaria, siendo el mismo el PIET N’ GGLP PE/TET-38107 de 26 de marzo de 2007, notificado el 11 de abril de 2007; en tal sentido, el cómputo inició el 12 de abril de 2007 y concluyó el 12 de abril de 2011, y no habiéndose materializado el cobro hasta la fecha mencionada y al no existir causales de suspensión o interrupción conforme prevé los artículos 61 y 62 de la Ley 2492, la deuda prescribió. 

La Administración Tributaria en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada y alegatos, señala que la solicitud de prescripción fue presentada por el contribuyente después de la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria; en consecuencia, se debe aplicar las disposiciones legales relativas a la prescripción en etapa ejecutiva; en efecto, en el acto administrativo impugnado se efectuó el análisis de la prescripción de acuerdo a lo establecido en el artículo 59-IV de la Ley 2492, modificado por las Leyes 291 y 317, toda vez que, en el momento en que la deuda tributaria es determinada o auto determinada, su ejecución es imprescriptible. 

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Agrega que el término de la prescripción para ejercer la ejecución tributaria de la Declaración Jurada Formulario 156, se computa a partir de la notificación del PIET; sin embargo, es evidente que la Administración Tributaria en ningún momento dejó de ejercer su facultad de ejecución, al haber realizado actos tendientes al cobro de la 

deuda, desde el momento de la notificación con el PIET, obteniéndose los resultados 

correspondientes e importes retenidos a favor del Fisco imputados a cuenta de la deuda, materializando de esta forma la voluntad de cobro y el ejercicio constante de sus facultades, en consecuencia, dicha facultad no se encuentra prescrita; al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

El artículo 59 de la Ley 2492, establece: 1. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. Il. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años. 

El parágrafo II del Artículo 60 de la citada norma, señala: II. En el supuesto 4 del parágrafo I del artículo anterior, el término se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

El artículo 78 de la Ley 2492, en su parte pertinente dispone: Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos señalados por este Código. 

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El artículo 94, parágrafo I de la Ley 2492, establece: 1. La determinación de la deuda tributaria por el sujeto pasivo o tercero responsable es un acto de declaración de éste a la Administración Tributaria

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El artículo 108 del Código Tributario, en su parágrafo I, numeral 6, dispone: La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: 6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaria, cuando esta no ha sido pagada o ha sido pagad

parcialmente, por el saldo deudor. 

El artículo 109, parágrafo II, de la Ley 2492, señala: II. Contra la ejecución fiscal, solo serán admisibles las siguientes causales de oposición: 1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria, prevista en este Código. 2. Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la inexistencia de la deuda. 3 Dación en pago, conforme se disponga reglamentariamente

El artículo 4 del DS 27874, dispone: La ejecutabilidad de los títulos listados en el Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley 2492, procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveído que de inicio a la ejecución tributaria, acto que, de conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable. 

Inicialmente, corresponde señalar que la prescripción está instituida como un modo de liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la legislación tributaria nacional se constituye en un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere el derecho de la dispensa de la exigibilidad de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; es necesario hacer hincapié que la prescripción extintiva constituye una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo y/o vencimiento extingue entre otras su facultad de ejecución tributaria; bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo

En el presente caso, la autodeterminación de deuda tributaria realizada por el sujeto pasivo se suscitó en la gestión 2005; como consecuencia, correspo de la Ley 2492 (sin modificaciones); al efecto, se tiene que el artículo 59 de la referida Ley, establece que las acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución 

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tributaria prescribirían a los cuatro (4) años; en ese contexto, para el cómputo de la facultad de ejecución tributaria, el artículo 60-11 de la citada disposición legal, prevé que el término se computará desde la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria. 

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que Hotelera Nacional S.A., a tras de su representante legal presentó su Declaración Jurada de acuerdo al siguiente detalle: 

Declaración Jurada 

Declaración 1 Jurada con Orden | Periodo: més/año | .

2930138349 

marzo/2005 L 

Impuesto

Fojas de.Antecedentes Administrativas 

,

I

Posteriormente y conforme a lo establecido en el artículo 108 de la Ley 2492, concordante con el artículo 4 del DS 27874, la Administración Tributaria el 11 de abril de 2007, notificó al sujeto pasivo con el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria que se detalla a continuación: 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria *** No:PIETRE IMPUESTO7E3DDŽIO Periodo del Föjas 

fiscal Orden 3 GGLP-ACCTET38107 

Formulario 156 marzo 2005 

20/2005 29301383490 

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!!… 

Bajo, las circunstancias descritas anteriormente, se observa que ante la notificación en forma personal al sujeto pasivo con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GGLPACC-TET-381-07 de 26 de marzo de 2007; como consecuencia de este su conocimiento, mediante nota presentada ante la Administración Tributaria el 4 de junio de 2020, planteó la prescripción de la facultad de ejecución tributaria del Ente Fiscal respecto al Impuesto a las Transacciones del periodo fiscal marzo 2005, de acuerdo a lo previsto en el artículo 59 de la Ley 2492, sin modificaciones. 

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Yeeziorado AVOB 

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En respuesta a la referida pretensión, la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa 232029000162 (SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/RA/51/2020) de 23 de junio de 2020, acto que resolvió rechazar la oposición de prescripción de la ejecución tributaria interpuesta por el representante legal de Hotelera Nacional S.A., respecto a los adeudos tributarios provenientes de la declaración jurada Formulario 156, periodo fiscal marzo 2005, con número de orden 2930138349, anunciada para su ejecución a través del PIET GGLPPE/TET 38107 de 26 de marzo de 2007, en virtud a lo previsto 

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en los artículos 410 y 324 de la Constitución Política del Estado, 59 y 61 de la Ley 2492, modificado por las Leyes 291 y 317 y demás normativa aplicada supletoriamente; en consecuencia, ordenó que se prosiga con la ejecución tributaria hasta el pago total de la deuda tributaria; acto administrativo notificado vía electrónica el 19 de agosto de 2020 y que es ahora objeto de impugnación. 

Conforme lo relacionado, se tiene que Hotelera Nacional S.A. representado legalmente por Juan Carlos Baya Camargo procedió de acuerdo a lo establecido en el artículo 93, parágrafo I, numeral 1 del Código Tributario; es decir, auto determinó sus obligaciones tributarias (como acto de declaración del sujeto pasivo a la Administración Tributaria establecida en el artículo 94, parágrafo I de la Ley 2492), a través de la Declaración Jurada con N° de Orden 2930138349, que específicamente declaró la base imponible sobre la cual se generó el adeudo tributario; en ese entendido, es importante señalar que las Declaraciones Juradas presentadas (auto determinadas), involucran el reconocimiento por parte del sujeto pasivo de sus obligaciones tributarias conforme dispone el artículo 78 de la Ley 2492, son manifestaciones de hechos, actos y datos comunicados al sujeto activo en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las reglamentaciones que ésta permite, se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben; se debe entender entonces por Declaración Jurada a la determinación de la obligación tributaria efectuada por los contribuyentes o responsables bajo juramento y que debe ser presentada en la forma y el tiempo establecido legalmente; auto determinaciones que la Administración Tributaria puede verificar y fiscalizar en ejercicio de sus facultades. 

No obstante de lo señalado, la existencia de la Declaración Jurada como Título de Ejecución Tributaria de acuerdo a la previsión del artículo 108 del Código Tributario, no es un acto suficiente para el ejercicio de la facultad de ejecución de la obligación tributaria por parte del Ente Fiscal, sino que para su materialización se requiere de la emisión del respectivo Proveído de inicio de Ejecución de conformidad al artículo 4 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004, precepto reglamentario que establece de manera expresa la ejecutabilidad de los Títulos de Ejecución Tributaria previstos en el parágrafo I, artículo 108 de la Ley 2492, señalando lo siguiente: La ejecutabilidad de los títulos listados en el Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley N° 2492, procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveido que dé inicio a la ejecución tributaria

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lo que determina el efecto compulsivo y coercitivo al administrado al pago de la deuda tributaria al tercer día de la notificación con la mencionada actuación. 

En ese contexto, es necesario señalar que el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria constituye el acto administrativo que complementa al Título de Ejecución Tributaria a efectos de su ejecución, actuación que contiene esencialmente la conminatoria para el pago de la obligación determinada por el sujeto pasivo pendiente de pago; es decir, que es el acto que comunica de manera expresa el inicio de la fase de ejecución tributaria con la finalidad de compulsar al administrado al pago de la obligación tributaria generada conforme dispone legalmente el artículo 4 del DS 27874. En el presente caso, se tiene que el Proveido de inicio de Ejecución Tributaria GGLP PE/TET 381-07, fue notificado personalmente al representante legal de Hotelera Nacional S.A., el 11 de abril de 2007, conforme se tiene a fojas 6 de antecedentes administrativos, dando inicio a la fase de ejecución tributaria de la deuda tributaria originada en la falta de pago de las obligaciones tributarias auto determinadas por el sujeto pasivo, plazo que precisamente comenzó a correr a partir del día siguiente hábil de la notificación con el citado Proveído de inicio de Ejecución Tributaria; circunstancia que para el caso ocurrió el 12 de abril de 2007, constituyéndose este hecho en el inicio del cómputo de la prescripción en función a lo dispuesto en el articulo 4 del DS 27874, aspecto que se refleja en el cuadro que se expone a continuación

Declaración Periodo Proveido de inicio de 

Notificación Inicio de Término de’ Fecha de 3 Jurada con N° de Fiscal Ejecución Tributaria 

.: Orden 

del PIET Prescripción Prescripción Prescripción

(PIET) 2930138349 marzo /2005 GGLP-ACC-TET-381-07 11/04/2007 12/04/2007 4 años 12/04/2011 

Del cuadro precedente, se evidencia que la notificación con el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria GGLPACC-TET-38107 fue practicada el 11 de abril de 2007; en tal sentido, el cómputo de prescripción de 4 años previsto en el artículo 59, parágrafo I, numeral 4 de la Ley 2492, se inició al día siguiente hábil de la referida diligencia; es decir, el 12 de abril de 2007 y concluyó el 12 de abril de 2011, en aplicación de lo previsto en el artículo 4 del DS 27874; consecuentemente, tomando en cuenta que la Administración Tributaria durante el citado lapso de tiempo no hizo efectivo el cobro de la obligación tributaria, es evidente que su facultad de ejecución tributaria se encuentra prescrita. 

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Guzmán Ruiz BK STR 

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En referencia a lo señalado en el acto impugnado en sentido de que en antecedentes administrativos cursa la Resolución Administrativa N° 231829000116 de 14 de mayo de 2018, que resolvió rechazar la oposición por prescripción de la ejecución interpuesta por la ahora empresa recurrente y que al no haber sido impugnada adquirió firmeza, interrumpiendo el cómputo de la prescripción y reiniciando de esa forma dicho término; al respecto, corresponde aclarar que el artículo 5 del DS 27310, faculta al sujeto pasivo a solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria, en ejercicio de su derecho a la petición como elemento del debido proceso y derecho a la defensa; en ese entendido, los administrados pueden efectuar peticiones en el marco de los artículos 24 de la Constitución Política del Estado y 16 de la Ley 2341, siendo obligación del Ente Fiscal dar respuesta fundamentada a tales peticiones. 

Corresponde también indicar que el inicio de la ejecución tributaria, mediante la emisión del PIET no implica una interferencia y/o impedimento para que el recurrente plantee nuevamente la extinción de la obligación tributaria y que la Administración Tributaria exponga en forma fundamentada los motivos para su aceptación o rechazo, considerando las posibles modificaciones en cuanto a los tiempos del cómputo; asimismo, dentro de las causales establecidas en el artículo 61 de la Ley 2492, no se encuentran previstos actos administrativos que rechacen solicitudes de prescripción, es decir, que la Resolución Administrativa N° 231829000116 aludida por el Ente Fiscal no tiene efecto de interrupción alguna del término de la prescripción; en tal sentido, no corresponde considerar el criterio vertido en el acto impugnado. 

Con relación al argumento de la Administración Tributaria en sentido de que realizó actos tendientes al cobro materializando de esta forma el ejercicio constante de sus facultades; al respecto, corresponde referir que el Ente Fiscal tiene en la fase de ejecución tributaria, de acuerdo al Título de Ejecución Tributaria, un plazo único y definitivo para exigir por los medios determinados por Ley, el pago total de la obligación tributaria, es decir que en dicha etapa no existe legalmente la posibilidad de establecer suspensiones o interrupciones como ocurre en la fase de determinación del adeudo, al efecto, en ejecución coactiva, el sujeto activo se encuentra obligado a agotar todas las vías legales hasta la recuperación de la deuda tributaria; en consecuencia, no es pertinente lo referido por el sujeto activo. 

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Respecto al argumento de la Administración Tributaria en sentido de que las notas presentadas por el recurrente durante las gestiones 2018 y 2019, manifestando la intención de acogerse a los beneficios de la Ley 1105, requiriendo la actualización de la liquidación de adeudos y su intención de entregar un bien inmueble en calidad de dación de pago así como la acción de amparo constitucional interpuesta por el sujeto pasivo, constituirían causales de interrupción del curso de la prescripción, al existir un reconocimiento de la deuda por parte del contribuyente; al respecto, corresponde señalar que en el presente caso, los adeudos tributarios provienen de la declaración jurada Formulario 156, periodo fiscal marzo 2005, cuya ejecución tributaria inició con el PIET GGLPACC-TET-381-07, en ese sentido, esta Instancia Recursiva estableció que el cómputo de prescripción de 4 años previsto en el artículo 59, parágrafo I, numeral 4 de la Ley 2492, se inició al día siguiente hábil de la notificación con el citado PIET; es decir, el 12 de abril de 2007 y concluyó el 12 de abril de 2011, en aplicación de lo previsto en el artículo 4 del DS 27874 y si bien las mencionadas notas ylo solicitudes así como la acción judicial, denotan un reconocimiento de la deuda tributaria por parte de la empresa recurrente; sin embargo, fueron presentadas cuando la facultad del Ente Fiscal ya se encontraba prescrita; en consecuencia, corresponde desestimar dicho argumento. 

Con relación a la imprescriptibilidad argüida por la Administración Tributaria, corresponde señalar que si bien la Ley 291, establece que la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible; sin embargo, conforme el amplio análisis expuesto precedentemente, las deudas tributarias fueron auto determinadas con anterioridad a la puesta en vigencia de las modificaciones a la Ley 2492, efectuadas por las Leyes 291, 317 y 812; consecuentemente, no corresponde su aplicación. 

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Con relación a la cita efectuada por el recurrente de las Sentencias Nos. 16 de 4 de abril de 2016, 39 de 13 de mayo de 2016 y 47 de 16 de julo de 2016, 446, 460, 461, 503, 507 de 28 de junio de 2017, 523, 528 y 535 de 12 de julio de 2017;al respecto, es necesario considerar que dichos fallos tienen un basamento en función a los argumentos, antecedentes e incluso circunstancias que en el presente caso no fueron aclarados muchos menos argumentados por el ahora recurrente, limitándose a citar estas decisiones sin que exista o muestre la relación de estos fallos en el ámbito 

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jurisdiccional con el caso bajo análisis, lo que hace inaceptable tomar como precedente las citadas Sentencias, a esto se suma que existe otro limitante que está basado legalmente en el artículo 5 de la Ley 2492; disposición normativa que no establece a las Sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia como fuente del derecho tributario; consecuentemente, corresponde desestimar lo invocado por la parte recurrente

En relación a la cita de la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3 de 26 de octubre de 2016, invocada por la empresa recurrente, corresponde señalar que dicho precedente constitucional dentro de su ratio decidendi, entre otros aspectos, resalta que las normas tributarias no tienen carácter retroactivo conforme lo previsto en el artículo 123 de la Constitución Política del Estado y 150 de la Ley 2492, siendo que no corresponde considerar normas posteriores, toda vez que regulan para lo venidero y no para hechos pasados; razonamiento que conforme lo expuesto precedentemente se cumplió en el presente caso, toda vez que el computo de prescripción de las facultades del Ente Fiscal para la ejecución de la deuda tributaria del IT del periodo fiscal marzo 2005, se efectuó bajo el marco normativo previsto por el artículo 59 parágrafo I numeral 4) de la Ley 2492 (sin modificaciones) y el artículo 4 del DS 27874, al ser la norma vigente a momento del inicio del cómputo de la prescripción; asimismo, respecto a la aplicación del principio tempus comici delicti y tempus regis actum, además de la garantía de la irretroactividad de la Ley establecido en el artículo 123 de la Constitución Política del Estado; corresponde aclarar que en el presente análisis, se aplicó la Ley 2492, sin modificaciones, precisamente en resguardo a los principios y a la garantía constitucional citada por el recurrente

Con relación a la cita de la Sentencia Constitucional 1362/2004R de 17 de agosto de 2004, efectuada por el recurrente, corresponde señalar que dicho precepto constitucional se circunscribe al análisis de las facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria dentro del marco normativo previsto por la Ley 1340, aspecto que difiere de los fundamentos de orden fáctico y legal del presente caso, concerniente a la prescripción de las facultades de ejecución de la deuda tributaria en el marco de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 2492; consecuentemente, corresponde desestimar la aplicación de la mencionada Sentencia Constitucional al carecer de vinculatoriedad con el 

presente caso

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El recurrente señala que el fisco pretende justificar su inacción, invocando el artículo 324 de la CPE; al respecto, corresponde señalar que si bien el acto impugnado hace mención a dicho precepto constitucional; sin embargo, el mismo no constituye el fundamento normativo para efectuar el rechazo de la oposición por prescripción, puesto que la norma que sirve de sustento a la Administración Tributaria para disponer tal rechazo se circunscribe a la disposición adicional quinta de la Ley 291; en tal sentido, corresponde desestimar el argumento expuesto por el recurrente, al no tener incidencia en el análisis del presente caso. 

… 

Bajo los parámetros antes mencionados, se evidencia que el ejercicio de la facultad de ejecución de la Administración Tributaria en relación a las obligaciones auto determinadas por la ahora recurrente en la Declaración Jurada con N° de Orden 2930138349, respecto al Impuesto a las Transacciones del periodo fiscal marzo 2005. contemplada en el Proveido de inicio de Ejecución Tributaria GGLPACC-TET-376-07, como actuación que dio inicio a la ejecución tributaria se encuentra prescrita en aplicación de los artículos 59 parágrafo I, numeral 4 de la Ley 2492 y 4 del DS 27874; en consecuencia, corresponde revocar totalmente la Resolución Administrativa No 232029000162 (SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/RA/51/2020) de 23 de junio de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales. 

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

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RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa 232029000162 (SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/RA/51/2020) de 23 de junio de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra Hotelera Nacional S.A.; consecuentemente, se deja sin efecto por prescripción el adeudo contenido en el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria PIET GGLP-ACC-TET-381 07 de 26 de marzo de 2007. 

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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

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115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código 

Tributario y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la 

interposición del Recurso Jerárquico contra la presente resolución, es de 20 dias ENFIELD computables a partir de su notificación

podsana Mendoza Sayfa 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

VOBOTA 

  1. Eecilla Velez Dorado 

Directora Ejecutiva Regional Direccion Ejecutiva Regional Autoridad Regional de Impugnaclor

Tributarla – lalu 

Guzman Ruíz 

A Cados CVD/sgr/avv/mmsimhgc/csv

Bosh 

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