ARIT-LPZ-RA-0982-2020 Rechazo de la solicitud de prescripción de ejecución tributaria de la deuda, según el contribuyente no se aplicando el principio de irretroactividad normativa , no corresponde porque se esta aplicando normativa vigente al momento de la notificación, también no presentó ningún recurso de alzada en el momento lo que derivó en un proveído, conforme a los antecedentes se confirma la presente resolución

ARIT-LPZ-RA-0982-2020

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA, Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0982/2020 

Recurrente: 

Daniela Heidi Cano Tejada 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz !l del Servicio de 

Impuestos Nacionales, representada legalmente por Martha Mónica Martinic Arze 

Acto Impugnado

Auto Administrativo N° 392025000006 (SIN/GDLPZ 11/DJCC/UCCIAUTA/4/2020) 

Expediente: 

ARIT-LPZ-0418/2020 

Lugar y Fecha: 

La Paz, 20 de noviembre de 2020 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de Apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 0982/2020 de 19 de noviembre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

  1. I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO El Auto Administrativo N° 392025000006 (SIN/GDLPZ 11/DJCC/UCCIAUTA/4/2020) de 5 de junio de 2020, emitido por la Gerencia Distrital La Paz Il del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió rechazar la solicitud de prescripción de la facultad de ejecución tributaria de la deuda consignada en la Resolución Determinativa N° 171825001327 (CITE: SIN/GDLPZ 11/DF/SVI/RD/0.1187/2018) de 10 de agosto de 2018 planteada por el contribuyente Daniela Heidi Cano Tejada, de conformidad con lo establecido en el artículo 59, parágrafo IV de la Ley 2492 modificado por la Ley 291. 

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Juan Carlos 

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  1. II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 1 Argumentos de la Recurrente Daniela Heidi Cano Tejada, mediante notas presentadas el 3 y 19 de agosto de 2020, 

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de la Caldad Certificado N 771/1

PROPOSALSA 

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Justicia tributaria para vivir bien jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasag kurag kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita, mbaerepi Vae (Guarani) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

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cursantes a fojas 7-10 y 13 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente: 

Considerando que el acto impugnado resolvió rechazar la solicitud de prescripción señalando la imprescriptibilidad de la ejecución tributaria, toda vez que la Resolución Determinativa adquirió firmeza conforme la Ley 291, se debe tomar en cuenta que el 

hecho generador se produjo durante la vigencia de la Ley 2492 sin modificaciones; 

asimismo, la Ley faculta a oponer la prescripción en cualquier estado del proceso, incluso en ejecución. 

Cita el artículo 123 de la Constitución Política del Estado y señala que corresponde 

aplicar el artículo 59 parágrafo 1 de la ley 2492, sin considerar las modificaciones 

efectuadas por la Ley 291; consecuentemente, es inadecuado el argumento del Ente Fiscal en relación a la imprescriptibilidad de las facultades de ejecución tributaria, más aun cuando el artículo 5 del DS 27310, otorga la posibilidad de oponer la prescripción 

en etapa de ejecución tributaria, en tal sentido, no existe ningún impedimento para solicitar la prescripción de la obligación contenida en la Resolución Determinativa No 171825001327; al efecto cita el Auto Supremo N° 39/2016 y las Sentencias Nos. 39, 47, 153, 209 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia. 

Para la aplicación de una nueva ley se debe tomar en cuenta que la regularidad de una situación jurídica se debe apreciar bajo la norma que se constituyó de forma completa y que la nueva ley no puede establecer como ineficaz un hecho o acto que validó una situación jurídica bajo el imperio de preceptos legales anteriores; en consecuencia, corresponde su aplicación solo en los actos posteriores a su entrada en vigencia, en aplicación del principio de irretroactividad y la teoría de los derechos adquiridos. 

En materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración 

Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo vencimiento se extinguen sus facultades; en consecuencia, en el presente caso la deuda tributaria consignada en la Resolución Determinativa N° 171825001327, correspondiente a los periodos fiscales marzo, mayo, octubre y diciembre de la gestión 2011, fue notificada el 20 de agosto de 2018; es decir, cuando sus facultades de determinación se 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

encontraban prescritas, sin que se hubiese suscitado ninguna causal de suspensión y/o interrupción. 

No corresponde la pretensión del Ente Fiscal, respecto al cobro de la deuda tributaria, toda vez que se produjo la extinción por prescripción de la obligación impositiva y la sanción, al haber transcurrido el plazo de 4 años previsto en el artículo 59 de la Ley 2492, considerando que el hecho generador corresponde a los periodos fiscales marzo, mayo, octubre y diciembre de la gestión 2011, siendo que en dicho plazo no se materializó ninguna causal de suspensión y/o interrupción establecidas en los artículos 61 y 62 del mencionado cuerpo normativo. 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente el Auto Administrativo N° 392025000006 (SIN/GDLPZ II/DJCC/UCC/AUTA/4/2020) de 5 de junio de 2020. 

11.2 Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Daniela Heidi Cano Tejada, fue admitido mediante Auto de 25 de agosto de 2020, notificado de forma personal a la recurrente y por cédula a la Administración Tributaria el 1 y 3 de septiembre de 2020, respectivamente; fojas 14-19 de obrados

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital La Paz ll del Servicio de Impuestos Nacionales representada legalmente por Martha Mónica Martinic Arze, conforme se acredita de la Resolución Administrativa de Presidencia No 032000000042 de 10 de enero de 2020, por memorial 

presentado el 18 de septiembre de 2020, cursante a fojas 22-27 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

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El recurrente pretende que se declaren prescritas sus obligaciones tributarias, si

tomar en cuenta que lo que prescribe son las facultades del Ente Fiscal previstas en el artículo 59 de la Ley 2492, por tanto las obligaciones tributarias de los contribuyentes no prescriben, al tratarse de un vínculo personal entre el sujeto activo y el sujeto pasivo que se mantiene en el tiempo, conforme lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2492. 

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de Lopugnacio Juan Carlos Guzmán Ruiz) 

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dela Galdad Cettcado No 771/14, 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kurag kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973• www.ait.gob.bo· La Paz, Bolivia 

El contribuyente a momento de plantear la prescripción, deberá tomar en cuenta la etapa procesal en la que se encuentre un determinado proceso, en tal sentido el 

presente caso se encuentra en etapa de ejecución tributaria, por tanto, el análisis deberá circunscribirse a dicha etapa, en ese contexto, es necesario considerar que para que opere la prescripción se deberá considerar el transcurso del tiempo establecido en la Ley. 

El artículo 59 de la Ley 2492, fue derogado por las Leyes 291 y 317, estableciendo entre otras, que las facultades de la Administración Tributaria para ejecutar la deuda tributaria son imprescriptibles, en tal sentido, los actos administrativos notificados y que adquirieron firmeza en vigencia de dichas disposiciones normativas, estarán sujetas a su aplicación; en consecuencia, la Resolución Determinativa N° 171825001327 al no haber sido objeto de impugnación adquirió firmeza constituyéndose en título de ejecución tributaria, por tanto, no corresponde emitir pronunciamiento sobre la prescripción de la facultad de determinación, toda vez que el proceso se encuentra en etapa de ejecución tributaria, el cual inició con la notificación del Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° 331825002180 efectuada el 9 de octubre de 2018, al efecto cita las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0095/2020, AGIT-RJ 0581/2020, AGIT-RJ 0582/2020, AGIT-RJ 0583/2020 y AGIT-RJ 0584/2020. 

La facultad de la Administración Tributaria para ejecutar la deuda tributaria consignada en la Resolución Determinativa N° 171825001327, no se encuentra prescrita, conforme lo previsto en el artículo 59, parágrafo IV de la Ley 2492, modificado por la Ley 291, aspecto que se demostró de manera correcta en el Auto Administrativo No 392025000006; del mismo modo en caso de aplicar la Ley 2492 sin modificaciones, el ejercicio de las referidas facultades tampoco se encuentran prescritas, toda vez que el cómputo inicia desde la notificación con el PIET, es decir, desde el 9 de octubre de 2018, el cual finaliza el 9 de octubre de 2022. 

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La Resolución Determinativa N° 171825001327, fue notificada mediante cédula el 20 de agosto de 2018, siendo que en caso de que la contribuyente no hubiese estado de acuerdo con lo dispuesto en dicho acto administrativo, tenía la oportunidad de ejercer su derecho a la impugnación dentro de los plazos previstos por Ley; sin embargo no lo 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA, Estado Plurinacional de Bolivia 

hizo, provocando que la mencionada Resolución Determinativa adquiera firmeza y se convierta en título de ejecución tributaria, conforme lo dispuesto en el artículo 108, parágrafo 1 de la Ley 2492, en consecuencia el análisis del presente caso debe circunscribirse a la prescripción de la facultad para ejecutar la deuda tributaria, al efecto cita las Sentencias Constitucionales. Nos. 2577/2012 de 21 de diciembre de 2012 y 0249/2012 de 29 de mayo de 2012. 

Debido a que la contribuyente no presentó ninguna impugnación contra la Resolución Determinativa N° 171825001327, se materializó el principio de convalidación, es decir, que el sujeto pasivo omitió deducir supuestas nulidades de manera oportuna, dotando de plena eficacia el acto emitido; asimismo, se debe tomar en cuenta el principio de preclusión entendido como la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal, por el transcurso de etapas, fases o plazos en las cuales deberían desarrollarse determinados actos; en consecuencia, no corresponde con la interposición del Recurso de Alzada, revisar actuaciones que fueron convalidadas por la propia recurrente, más aun cuando los títulos de ejecución tributaria son inimpugnables, conforme lo establecido en el artículo 4 del DS 27874

La recurrente alega que la imprescriptibilidad de la ejecución tributaria establecida en la Ley 291 es inconstitucional; empero, omite considerar que la mencionada disposición normativa goza de presunción de constitucionalidad, conforme lo previsto en el artículo 5 de la Ley 027, por tanto, su aplicación es correcta y legal a efectos del cómputo de la prescripción de las facultades de ejecución tributaria, más aun considerando que en la actualidad no existe una Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional que declare la inconstitucionalidad de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012. 

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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Auto Administrativo No 392025000006 (SIN/GDLPZ II/DJCC/UCCIAUTA/4/2020) de 5 de junio de 2020. 

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II.4 Apertura de término probatorio y producción de pruebas Mediante Auto de 21 de septiembre de 2020, se declaró la apertura del término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes, en aplicación del inciso 

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de la Caldad Certificado No 771/1

Justiţia tributaria para vivir bien Jan mitäyir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachig (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita. mbaerepi Vae (Guarani) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (5912) 2412613 2411973 www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

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d), artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada en Secretaría al recurrente y a la Administración Tributaria el 23 de septiembre de 2020; fojas 28-29 de obrados. 

Por memorial presentado el 6 de octubre de 2020, la representante legal de la Administración Tributaria ratificó en calidad de prueba pre constituida los antecedentes administrativos en su integridad presentados a momento de responder al Recurso de Alzada; al efecto, el Proveído de 7 de octubre de 2020, dio por ratificada la prueba documental; actuación notificada a las partes en secretaría en la misma fecha; fojas 30-32 de obrados. 

Daniela Heidi Cano Tejada mediante memorial presentado el 12 de octubre de 2020, ofreció y ratificó como prueba la documentación contenida en los antecedentes administrativos, así como la Sentencia No 209 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia; al efecto, el Proveído de 13 de octubre de 2020, dio por ratificada y ofrecida la prueba señalada en tanto cumpla con los artículos 81 y 217 del Código Tributario; actuación notificada por Secretaria a las partes el 14 de octubre de 2020; fojas 33-75 de obrados. 

11.5 Alegatos La Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 30 de octubre de 2020, formuló alegatos enfatizando que el artículo 59 de la Ley 2492, fue derogado por las Leyes 291 y 317, estableciendo entre otras, que las facultades de la Administración Tributaria para ejecutar la deuda tributaria son imprescriptibles, en tal sentido, los actos administrativos notificados y que adquirieron firmeza en vigencia de dichas disposiciones normativas, estarán sujetas a su aplicación; en consecuencia, la Resolución Determinativa N° 171825001327 al no haber sido objeto de impugnación adquirió firmeza, constituyéndose en título de ejecución tributaria, por tanto, no corresponde emitir pronunciamiento sobre la prescripción de la facultad de determinación, toda vez que el proceso se encuentra en etapa de ejecución tributaria, el cual se inició con la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 331825002180 efectuada el 9 de octubre de 2018 plazo que concluirá el 9 de octubre 

de 2022; al efecto, por Proveido de 3 de noviembre de 2020, se dieron por formulados los alegatos, actuación notificada en Secretaría a las partes el 4 de noviembre de 2020, fojas 76-78 y 83 de obrados. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Daniela Heidi Cano Tejada con memorial presentado el 3 de noviembre de 2020, expuso sus alegatos ratificando los argumentos contenidos en su Recurso de Alzada respecto a la prescripción de la facultad del Ente Fiscal de determinación por el IVA de los periodos fiscales marzo, mayo, octubre y diciembre de la gestión 2011, periodo en el que no se produjo ninguna causal de suspensión y/o interrupción del cómputo de la prescripción, de acuerdo a los artículos 591, 60, 61 y 62 de la Ley 2492 sin modificaciones; al efecto, el Proveído de 4 de noviembre de 2020, dio por formulados los alegatos, actuación notificada en Secretaria a las partes en la misma fecha; fojas 79-82 y 84 de obrados. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA La Orden de Verificación N° 00140VI01319 de 15 de abril de 2014, fue emitida con alcance en el Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente, correspondiente a los periodos fiscales marzo, mayo, octubre y diciembre de la gestión 2011, solicitando al efecto documentación, actuación notificada en forma personal a Daniela Heidi Cano Tejada el 21 de agosto de 2014; fojas 3 y 4 de antecedentes administrativos. 

La Vista de Cargo N° 29-02622015 de 21 de agosto de 2015, estableció preliminarmente las obligaciones impositivas de Daniela Heidi Cano Tejada, determinando un tributo omitido de 27.685 UFV’s por el IVA, más intereses y sanción por omisión de pago conforme lo dispuesto en los artículos 160 numeral 3 y 165 de la Ley 2492, actuación administrativa notificada por cedula a la referida contribuyente el 28 de septiembre de 2015; fojas 274-281 de antecedentes administrativos. 

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Por nota presentada el 28 de octubre de 2015, Daniela Heidi Cano Tejada formuló descargos a la vista de Cargo N° 290262-2015, señalando que dicho acto carece de los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones previstos en el artículo 96 de la Ley 2492, toda vez que existen facturas duplicadas que fueron verificadas en otro proceso, fojas 287-289 de antecedentes administrativos. 

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Juan Carlos Guzmán Ruiz 

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En base al Informe CITE: SIN/GDLPZ 11/DF/SVI/INF/04102/2017, la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa CITE: SIN/GDLPZ 

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de la Caldad Certificado N0771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan’mitayir jach‘a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachig (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita. mbaerepi Vae (Guaraní

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (5912) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

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11/DFISVI/RA/00276/2017 de 4 de agosto de 2017 que resolvió anular la Vista de Cargo N° 29-0262-2015 de 21 de agosto de 2015, así como su diligencia de notificación, acto notificado de forma personal a Daniela Heidi Cano Tejada el 24 de octubre de 2017, fojas 593-597 de antecedentes administrativos. 

La Vista de Cargo N° 291725000957 de 20 de septiembre de 2017, estableció preliminarmente las obligaciones impositivas de Daniela Heidi Cano Tejada, determinando un tributo omitido de 24.358 UFV’s por el IVA, más intereses y sanción por omisión de pago conforme lo dispuesto en los artículos 160 numeral 3 y 165 de la Ley 2492; actuación administrativa notificada de forma personal a la referida contribuyente el 24 de octubre de 2017; fojas 619-635 de antecedentes administrativos. 

Por nota presentada el 23 de noviembre de 2017, Daniela Heidi Cano Tejada formuló descargos a la vista de Cargo N° 291725000957, salando que ante la existencia de una doble verificación del crédito fiscal IVA, correspondía anular obrados hasta la Orden de Verificación, además de tomar en cuenta los vicios de nulidad que contiene la nueva Vista de Cargo que denotan el incumplimiento a lo previsto en el artículo 96 de la Ley 2492, fojas 637-640 de antecedentes administrativos. 

En base al Informe CITE: SIN/GDLPZ II/DF/SVI/INF/00147/2018, la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa CITE: SIN/GDLPZ II/DF/SVI/RA/00002/2018 de 18 de enero de 2018 que resolvió anular la Vista de Cargo N° 291725000957 de 20 de septiembre de 2017, así como su diligencia de notificación, acto notificado por cédula a la contribuyente el 26 de enero de 2018, fojas 642-649 de antecedentes administrativos. 

La Vista de Cargo N° 291825000170 de 22 de junio de 2018, estableció preliminarmente las obligaciones impositivas de Daniela Heidi Cano Tejada, determinando un tributo omitido de 24.358 UFV’s por el IVA, más intereses y sanción por omisión de pago conforme lo dispuesto en los artículos 160 numeral 3 y 165 de la Ley 2492; actuación administrativa notificada por cédula a la referida contribuyente el 9 de julio de 2018; fojas 672-695 de antecedentes administrativos. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNAČIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

La Resolución Determinativa N° 171825001327 (CITE: SIN/GDLPZ 11/DF/SVI/RD/01187/2018) de 10 de agosto de 2018, emitida contra Daniela Heidi Cano Tejada determinó de oficio sobre base cierta, el tributo omitido de 24.358 UFV’s correspondiente al IVA, más intereses y sanción por omisión de pago de los periodos fiscales marzo, mayo, octubre y diciembre de 2011; acto notificado por cédula el 20 de agosto de 2018; fojas 715-738 de antecedentes administrativos

Por Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 331825002180 de 19 de septiembre de 2018, se comunicó a Daniela Heidi Cano Tejada que al estar firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa N° 171825001327 (CITE: . SIN/GDLPZ 11/DF/SVI/RD/01187/2018) de 10 de agosto de 2018, conforme lo establecido en el artículo 108 del Código Tributario, concordante con el artículo 4 del Decreto Supremo 27874, conminó al contribuyente a pagar el monto liquido y exigible de Bs130.817. asimismo, anunció que a partir del tercer día siguiente a la notificación con el presente Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, la Administración Tributaria procederá a ejecutar las medidas coactivas previstas en el artículo 110 de la Ley 2492 hasta obtener el pago total de la deuda tributaria; acto que fue notificado de forma personal el 9 de octubre de 2018, fojas 743-744 de antecedentes administrativos

Mediante memorial presentado el 5 de septiembre de 2019, Daniela Heidi Cano Tejada solicitó la prescripción de la facultad de determinación de la deuda tributaria, respecto al IVA de los periodos fiscales marzo, mayo, octubre y diciembre de la gestión 2011, conforme los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley 2492 sin modificaciones; fojas 755-756 de antecedentes administrativos. 

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Calidad AFNOR CERTIFICATION 

El Auto Administrativo N° 392025000006 (SIN/GDLPZ 11/DJCC/UCC/AUTA/4/2020) de 5 de junio de 2020, emitido por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió rechazar la solicitud de prescripción de la facultad de ejecución tributaria de la deuda consignada en la Resolución Determinativa N° 171825001327 (CITE: SIN/GDLPZ TI/DF/SVI/RD/01187/2018) de 10 de agosto de 2018 planteada por el contribuyente Daniela Heidi Cano Tejada, de conformidad con lo establecido en el artículo 59, parágrafo IV de la Ley 2492 modificado por la Ley 291; acto notificado de forma personal a la contribuyente el 14 de julio de 2020, fojas 758-763 de antecedentes administrativos. 

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Sistema de Gestió

de la Caldad Certificado N0771/14. 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachig (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita. mbaerepi Vae (Guarani) 

Calle Arturo Borda No 1933 · Zona Cristo Rey Telfs.: (5912) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

UM 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-1|| del referido Código Tributario, se tiene

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Daniela Heidi Cano Tejada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva. 

IV.1. Prescripción Daniela Heidi Cano Tejada en su Recurso de Alzada y en alegatos solicita la prescripción del IVA de los periodos fiscales marzo, mayo, octubre y diciembre de la gestión 2011, considerando que dichos hechos ocurrieron en vigencia de la Ley 2492 sin modificaciones, correspondiendo su aplicación de acuerdo a lo previsto en los artículos 59, 60, 61 y 62, siendo que en el presente caso, la Administración Tributaria notificó la Resolución Determinativa N° 171825001327 el 20 de agosto de 2018; es decir, cuando sus facultades de determinación se encontraban prescritas, por tanto, no corresponde ejercer la facultad de cobro, toda vez que se produjo la extinción por prescripción de la obligación impositiva y la sanción. 

La Administración Tributaria en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada y alegatos refiere que el artículo 59 de la Ley 2492, fue derogado por las Leyes 291 y 317, estableciendo entre otras, que las facultades de la Administración Tributaria para ejecutar la deuda tributaria son imprescriptibles; en tal sentido, los actos administrativos notificados y que adquirieron firmeza en vigencia de dichas disposiciones normativas, estarán sujetas a su aplicación; en consecuencia, la Resolución Determinativa N° 171825001327, al no haber sido objeto de impugnación adquirió firmeza constituyéndose en título de ejecución tributaria; por tanto, no corresponde emitir pronunciamiento sobre la prescripción de la facultad de 

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determinación, toda vez que el proceso se encuentra en etapa de ejecución tributaria, el cual inició con la notificación del Proveído de inicio de Ejecución Tributaria No 331825002180 efectuada el 9 de octubre de 2018, cuyo cómputo finaliza el 9 de octubre de 2022; al respecto, corresponde el siguiente análisis

El artículo 59 del Código Tributario, establece: 1. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años

La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó el artículo 59 de la Ley 2492, estableciendo: 1. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 

el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible. 

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Posteriormente, la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, derogó el último párrafo del 

parágrafo I, del artículo 59 de la Ley 2492, disponiendo: 1. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 

  1. Imponer sanciones administrativas. II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible. 

El artículo 60 del citado Código Tributario, al referirse al cómputo de la prescripción, señala: I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo / del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

  1. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desd

el primer dia del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria. 

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde 

el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

El artículo 61 del referido Código Tributario, en relación a las causales de interrupción 

de la prescripción, dispone: La prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

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El artículo 62 del Código Tributario, en relación a las causales de suspensión de la prescripción, indica: El curso de la prescripción se suspende con: 1. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses: II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

El artículo 108 del Código Tributario, en su parágrafo I, dispone: La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: 1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o sanción que imponen. (…) 

El artículo 4 del DS 27874, dispone: La ejecutabilidad de los títulos listados en el Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley N° 2492, procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria, acto que, de conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable. 

A objeto de una mejor comprensión del presente caso, corresponde describir los antecedentes que dieron origen a los reparos establecidos, en ese contexto, se tiene que mediante la Orden de Verificación No 00140V101319 de 15 de abril de 2014, la Administración Tributaria comunicó a Daniela Heidi Cano Tejada que se procederá con la verificación del correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias correspondiente al IVA de los periodos fiscales marzo, mayo, octubre y diciembre de la gestión 2011; actuación notificada en forma personal el 21 de agosto de 2014. 

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La Vista de Cargo N° 2902622015 de 21 de agosto de 2015, notificada por cedula el 28 de septiembre de 2015, estableció preliminarmente las obligaciones impositivas de Daniela Heidi Cano Tejada, determinando un tributo omitido de 27.685 UFV’s por el IVA, más intereses y sanción por omisión de pago conforme lo dispuesto en los artículos 160 numeral 3 y 165 de la Ley 2492; acto administrativo preliminar que concedió el plazo de 30 días a efectos de presentar los descargos pertinentes conforme dispone el artículo 98 del Código Tributario; ante lo cual la Ahora recurrente 

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formuló descargos presentando la Nota el 28 de octubre de 2015, en cuyo caso señaló que el referido acto preliminar carece de los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones previstos en el artículo 96 de la Ley 2492, toda vez que existen facturas duplicadas que fueron verificadas en otro proceso. Mediante la Resolución Administrativa CITE: SIN/GDLPZ II/DF/SVI/RA/00276/2017 de 4 de agosto de 2017, la Administración Tributaria resolvió anular la vista de Cargo N° 29-0262-2015 de 21 de agosto de 2015, así como su diligencia de notificación, acto notificado de forma personal el 24 de octubre de 2017. 

La Vista de Cargo N° 291725000957 de 20 de septiembre de 2017, notificada de forma personal a la referida contribuyente el 24 de octubre de 2017, estableció preliminarmente las obligaciones impositivas de Daniela Heidi Cano Tejada, determinando un tributo omitido de 24.358 UFV’s por el IVA, más intereses y sanción por omisión de pago; por nota presentada el 23 de noviembre de 2017, la contribuyente formuló descargos señalando que ante la existencia de una doble verificación del crédito fiscal IVA, correspondía anular obrados hasta la Orden de Verificación, además de tomar en cuenta los vicios de nulidad que contiene la nueva Vista de Cargo que denotan el incumplimiento a lo previsto en el artículo 96 de la Ley 2492; mediante Resolución Administrativa CITE: SIN/GDLPZ 11/DF/SVI/RA/00002/2018 de 18 de enero de 2018, la Administración Tributaria resolvió anular la Vista de Cargo No 291725000957 de 20 de septiembre de 2017, así como su diligencia de notificación. 

La Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 291825000170 de 22 de junio de 2018, estableciendo preliminarmente las obligaciones impositivas de Daniela Heidi Cano Tejada, determinando un tributo omitido de 24.358 UFV’s por el IVA, más intereses y sanción por omisión de pago, por los periodos fiscales marzo, mayo, octubre y diciembre de 2011, monto que posteriormente fue ratificado en la Resolución Determinativa N° 171825001327 (CITE: SIN/GDLPZ 11/DF/SVI/RD/01187/2018) de 10 de agosto de 2018, acto notificado por cédula a la mencionada contribuyente el 20 de agosto de 2018. 

El Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° 331825002180 de 19 de septiembre de 2018, anunció a la contribuyente el inicio de la ejecución tributaria del citado título al tercer día de su legal notificación, a partir del que se adoptarían las medidas 

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coactivas correspondientes; acto que fue notificado de forma personal el 9 de octubre de 2018. 

Conforme lo relacionado, es preciso aclarar al recurrente que los actos administrativos definitivos y de carácter particular producen sus efectos jurídicos y son vinculantes para la Administración y los administrados a partir de la notificación a sus destinatarios, actos que una vez que adquieren firmeza se constituyen en cosa juzgada (cosa decidida) con todos los efectos pertinentes. La calidad de firmeza la adquieren al no haber sido objeto de impugnación alguna por los interesados mediante los recursos que la ley franquea o en su caso al haber sido efectivamente impugnados y luego de una revisión y análisis por la instancia pertinente, se emite sobre ellos un pronunciamiento de última ratio. 

En ese entendido, es importante referir que la estabilidad de los actos administrativos adquiere importància a momento de garantizar un debido proceso y seguridad jurídica para las partes en controversia; en el presente caso, a través de la Resolución Determinativa N° 171825001327 (CITE: SIN/GDLPZ II/DF/SVI/RD/01187/2018) de 10 de agosto de 2018, la Administración Tributaria determinó un adeudo tributario contra Daniela Heidi Cano Tejada, acto administrativo que al no haber sido objeto de impugnación adquirió firmeza, convirtiéndose en Título de Ejecución Tributaria en estricta sujeción a lo establecido en el numeral 1 del artículo 108 de la Ley 2492; como consecuencia de lo anterior, el Ente Fiscal emitió y notificó el Proveido de inicio de Ejecución Tributaria No 331825002180 de 19 de septiembre de 2018, comunicando al contribuyente el inicio de la ejecución tributaria del mencionado título conforme a lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley 2492 y artículo 4 del DS 27874

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Es necesario en este punto del análisis, señalar que a partir de la notificación con los títulos de ejecución tributaria listados en el artículo 108 de la Ley 2492, se inicia la etapa de ejecución tributaria; es decir, en el presente caso, una vez puesto en conocimiento del sujeto pasivo el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 331825002180 de 19 de septiembre de 2018, la Administración Tributaria se encuentra plenamente habilitada para ejercer el cobro coactivo de la suma líquida y exigible contenida en la Resolución Determinativa N° 171825001327 (CITE: SIN/GDLPZ 

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II/DF/SVI/RD/01187/2018) de 10 de agosto de 2018, acto administrativo como se mencionó precedentemente, adquirió firmeza. 

También es necesario considerar lo previsto en el artículo 4 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004, que en relación a los Títulos de Ejecución Tributaria, dispone: “La ejecutabilidad de los títulos listados en el Parágrafo I del Art. 108 de la Ley N° 2492, procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveido que dé inicio a la ejecución tributaria, acto que, de conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable”; lo que implica que con la notificación del PIET se inició la fase de Ejecución Tributaria. 

Corresponde enfatizar que el procedimiento administrativo cualquiera fuere su naturaleza, 

está compuesto por etapas y/o fases, siendo que una vez consolidada la materialización de dichas fases, surge la imposibilidad de retrotraer sus efectos; en ese contexto, es pertinente 

puntualizar que el presente proceso se encuentra en ejecución tributaria, fase que es iniciada con la emisión y notificación del Proveído de inicio de Ejecución Tributaria No 331825002180 de 19 de septiembre de 2018, en razón a que fue notificado legalmente 

Daniela Heidi Cano Tejada con el acto administrativo definitivo que determinó la deuda 

tributaria; sin embargo, pese a existir la posibilidad legal de invocar en esa oportunidad la prescripción de las facultades del Ente Fiscal para determinar la deuda tributaria, no lo planteó, contrariamente, dejó que dicho acto adquiera firmeza, constituyéndose en Título de Ejecución Tributaria, facultando al Ente Fiscal para efectuar el cobro coactivo de la deuda tributaria con la emisión del PIET conforme el artículo 4 del DS 27874. 

Bajo las circunstancias descritas precedentemente, se infiere indefectiblemente que no es posible legalmente revisar aspectos que están estrictamente relacionados con las facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria como de 

forma errada solicita el recurrente, toda vez que dicho planteamiento no responde al 

estado actual del proceso, hecho que es expuesto de manera expresa en el acto administrativo ahora impugnado, en el entendido que conforme a los antecedentes puestos a consideración de esta instancia recursiva, el proceso se encuentra en etapa de ejecución de la deuda tributaria; en consecuencia, el Recurso de Alzada así planteado resulta inapropiado sin que corresponda su consideración. 

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Ahora bien, toda vez que el acto impugnado realiza el análisis de la prescripción de la facultad de ejecución tributaria, corresponde verificar si dicha decisión emitida por la Administración Tributaria es o no correcto; en ese sentido, corresponde señalar que la prescripción en la legislación tributaria nacional se constituye en un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere el derecho de la dispensa de la exigibilidad de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye una categoría general del derecho cuya finalidad es poner fin a un derecho material, debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo y/o vencimiento extingue su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejecutar la deuda tributaria y las sanciones por contravenciones tributarias; bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo

Resulta necesario resaltar que si bien el instituto de la prescripción se constituye en una situación de puro derecho consolidada por el transcurso del tiempo; sin embargo, la obligación tributaria determinada o en su caso el establecimiento de sanciones por contravenciones mantendrá su vigencia en el tiempo, independientemente de las modificaciones incorporadas al Código Tributario; es decir, este instituto no extingue la obligación tributaria ni las sanciones administrativas impuestas; por ello, es perfectamente posible que el sujeto pasivo realice pagos aun cuando los montos emergentes de la obligación tributaria o la sanción están prescritos y estos, además, se consoliden a favor del Estado; razón por la cual la posibilidad de extinción por prescripción se consolida respecto a la exigibilidad de la obligación tributaria o la sanción administrativa imputada. 

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En ese entendido, se tiene que en nuestro ordenamiento jurídico antes de las modificaciones introducidas a la Ley 2492, mediante las Leyes 291 de 22 de septiembre de 2012 y 317 de 11 de diciembre de 2012, el artículo 59 establecía que las acciones de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria prescribirían a los cuatro (4) años, esto implica, que para su cómputo el artículo 60 de la citada disposición legal, preveía que el plazo para ejercer su facultad de ejecución tributaria, se computa desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. No obstante lo señalado, el citado artículo 59 de la Ley 2492, fue modificado 

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mediante Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, estableciendo textualmente en el parágrafo IV lo siguiente: La Facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible. 

De acuerdo al citado marco normativo y la compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que como resultado del proceso de determinación la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 171825001327 (CITE: SIN/GDLPZ 11/DF/SVI/RD/01187/2018) de 10 de agosto de 2018, determinando de oficio sobre base cierta, el tributo omitido de 24.358 UFV’s correspondiente al IVA, más intereses y sanción por omisión de pago de los periodos fiscales marzo, mayo, octubre y diciembre de 2011, acto notificado por cédula el 20 de agosto de 2018. 

Habrá que enfatizar y reiterar que dicho acto administrativo no fue objeto de impugnación por ninguna vía, lo que implica que adquirió firmeza, constituyéndose en Título de Ejecución Tributaria conforme establece el artículo 108, numeral 1 del Código Tributario; en ese entendido, la Administración Tributaria emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 331825002180 de 19 de septiembre de 2018, acto que fue notificado a Daniela Heidi Cano Tejada de forma personal el 9 de octubre de 2018; en ese entendido, se tiene que conforme al artículo 4 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004, la ejecutabilidad de los Títulos de Ejecución Tributaria previstos en el parágrafo I, artículo 108 del Código Tributario, procede: “…al tercer día siguiente de la notificación con el proveido que dé inicio a la ejecución tributaria”, precepto normativo que determina el efecto compulsivo y coercitivo al administrado al pago de la deuda tributaria al tercer día de la notificación con la mencionada actuación que constituye la intimación que emplaza al deudor a cancelar sus obligaciones tributarias determinadas o auto determinadas, lo que implica, que a partir de la puesta en vigencia del citado Decreto Supremo, las Administraciones Tributarias cuentan con la posibilidad cierta y legal de conminar al pago a través de los citados Proveídos de Ejecución Tributaria, bajo apercibimiento de iniciar las medidas coactivas establecidas en el artículo 110 y siguientes del Código Tributario, como ocurrió en el presente caso. 

A mayor abundamiento, corresponde señalar que el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria se constituye en el acto administrativo que complementa la Resolución Determinativa constituida en Título de Ejecución Tributaria a efecto de su ejecución, 

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actuación que contiene esencialmente la conminatoria para el pago de la obligación tributaria determinada que está pendiente de pago; es decir, es la comunicación compulsiva por parte del Ente Fiscal para obligar el pago de un Título de Ejecución Tributaria, lo que suponë legalmente y conforme al artículo 4 del DS 27874, el inicio de la fase de ejecución tributaria. 

Én el contexto antes descrito, se tiene que el inicio de la fase de ejecución tributaria comenzó a partir del día siguiente de la notificación del mencionado Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, circunstancia que para el presente caso ocurrió el 9 de octubre de 2018, según se corrobora a fojas 743-744 de antecedentes administrativos; consiguientemente, se establece que la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar la deuda tributaria establecida en la Resolución Determinativa No 171825001327 |(CITE: SIN/GDLPZ II/DF/SVI/RD/01187/2018) de 10 de agosto de 2018, relacionada con el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° 331825002180 de 19 de septiembre de 2018, se encuentra incólume de acuerdo a lo establecido en el artículo 59, pårágrafo IV de la Ley 2492, modificada por la Ley 291. 

Con relación al argumento de la recurrente, respecto a la inaplicabilidad de las Leyes 291 y 317, en aplicación del principio de irretroactividad de la Ley prevista en el artículo 123 de la Constitución Política del Estado; al respecto, corresponde señalar que conforme el análisis expuesto, la Administración Tributaria determinó las deudas tributarias de la contribuyente Daniela Heidi Cano Tejada mediante la Resolución Determinativa No 171825001327 (CITE: SIN/GDLPZ 11/DF/SVI/RD/01187/2018) de 10 de agosto de 2018, notificada por cédula el 20 de agosto de 2018; es decir, en vigencia de las modificaciones a la Ley 2492 efectuadas mediante las Leyes 291 y 317; consecuentemente, en el presente caso corresponde su aplicación a efectos del cómputo de prescripción de la facultad de ejecución tributaria, aspecto que no implica la aplicación retroactiva de la norma. 

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Respecto a la cita por parte de la Administración Tributaria de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0095/2020, AGIT-RJ 0581/2020, AGIT-RJ 0582/2020, AGIT-RJ 0583/2020 y AGIT-RJ 0584/2020; corresponde aclarar que la decisión adoptada en dichos actos, se adecuó a las especificidades, argumentos y antecedentes administrativos de los respectivos Recursos Jerárquicos; sin que ello represente una 

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obligatoriedad para que esta instancia recursiva adopte la misma postura, por un principio de doble instancia; asimismo, es preciso considerar que el artículo 5 de la Ley 2492, establece taxativamente cuales son las fuentes del Derecho Tributario, previsión que la realiza con carácter limitativo y dentro de las mismas no se encuentra los citados precedentes administrativos. 

Con referencia a la cita del Auto Supremo N° 39/2016 y las Sentencias Nos. 39, 47, 153, 209, emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia que efectúa el recurrente, corresponde señalar que dichos fallos tienen un basamento en función a los argumentos, antecedentes e incluso circunstancias que en el presente caso, no fueron aclarados mucho 

argumentados por el ahora recurrente, limitándose a citar estas decisiones sin que 

exista probadamente una estrecha relación con el caso presente, lo que hace inaceptable tomar como precedente las citadas Sentencias, a esto se suma que existe otro limitante que está basado legalmente en el artículo 5 de la Ley 2492, es decir, fuente, prelación normativa y derecho supletorio; consecuentemente, corresponde desestimar lo invocado por el recurrente 

Bajo los parámetros antes mencionados, es evidente que la solicitud a través del Recurso de Alzada por parte de Daniela Heidi Cano Tejada con relación a la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para determinar el adeudo tributario correspondiente al IVA de los periodos fiscales marzo, mayo, octubre y diciembre de la gestión 2011, no corresponde conforme se estableció en el presente análisis, toda vez que la Resolución Determinativa 171825001327 (CITE: SIN/GDLPZ II/DF/SV/RD/01187/2018) de 10 de agosto de 2018, adquirió firmeza constituyéndose en Título de Ejecución Tributaria, lo que derivó en la emisión del Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria No 331825002180 de 19 de septiembre de 2018, que dio inicio a la fase de ejecución tributaria; asimismo, la facultad de ejecución tributaria del Ente Fiscal se encuentra incólume en aplicación de lo establecido en el artículo 59-IV de la Ley 2492, con las modificaciones introducidas por la Ley 291, considerando además la disposición contenida en el artículo 4 del DS 27874; consecuentemente, corresponde confirmar el Auto Administrativo N° 392025000006 {1/DJCC/UCCIAUTA/4/2020) de 5 de junio de 2020, emitido por la Gerencia Distrital La Paz Il del Servicio de Impuestos Nacionales. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA: Estado Plurinacional de Bolivia 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR el Auto Administrativo N° 392025000006 (SIN/GDLPZ II/DJCC/UCCIAUTA/4/2020) de 5 de junio de 2020, emitido por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales contra Daniela Heidi Cano Tejada; toda 

vez que el ejercicio de la facultad de ejecución de la Administración Tributaria en relación a las obligaciones tributarias contempladas en el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria No 331825002180 de 19 de septiembre de 2018, se encuentra incólume en aplicación del artículo 59 de la Ley 2492, con las modificaciones introducidas por la Ley 291, considerando además la disposición contenida en el artículo 4 del DS 27874; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el rechazo de la prescripción planteada. 

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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código 

Tributario y sea con nota de atención. 

Timpugncos 

Lourdes final Varga Lena 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del Recurso Jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación

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ISO 900

Calidad 

AFNOR CERTIFICATION 

a TI

Herenza Sober 

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Regístrese, hágase saber y cúmplase

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an Carlos voBo STR 

RCVD/jcgr/lavm/rms/safq/rir 

lia. Cocilia Wola Berado 

Directora Ejecutiva Regional Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Reglanal de Impugnación 

Tributaria – La Paz 

Página 21 de 21 

NB/ISO 

9001 IBNORCA Sistema de Gestión 

de la calidad Certificado No771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayirljacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachig (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita. mibaerepi Vae (Guarani) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (5912) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

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