ARIT-LPZ-RA-0973-2020 La Administración Tributaria tiene la obligación de notificar a los contribuyentes según procedimientos legales establecidos, al contribuyente se lo sancionó con obligaciones impositivas y calificando su conducta como omisión de pago, el SIN lo notifica mediante correo electrónico sin tomar en cuenta que el contribuyente en ciertos casos usa esta red social, dejándolo en estado de indefensión y el SIN debe seguir los procedimientos de notificación por tanto se anula la resolución determinativa.

ARIT-LPZ-RA-0973-2020

II

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0973/2020 

Recurrente

José Gabriel Strelli Reynozo 

Administración Recurrida

Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Rubén Darío Tabata 

Justiniano 

Acto Impugnado: 

Resolución Determinativa N° 172020000794 (SIN/GDLPZ I/DJCC/UTJ/RD/110/2020) 

Expediente: 

ARIT-LPZ-0419/2020 

Lugar y Fecha: 

La Paz, 13 de noviembre de 2020 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 0973/2020 de 12 de noviembre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria 

Regional; y todo cuanto se tuvo presente: 

  1. 1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Determinativa N° 172020000794 (SIN/GDLPZ I/DJCC/UTJ/RD/110/2020) de 25 de junio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió determinar de oficio sobre base cierta de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 parágrafo I de la Ley 2492, las obligaciones impositivas del contribuyente José Gabriel Strelli Reynozo, que asciende a 1.739 UFV’s, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado – IVA de los periodos fiscales de julio y diciembre de 2016; asimismo, calificó la conducta del contribuyente como omisión de pago en aplicación de los artículos 165 de la Ley 2492 y 42 del DS 27310, sancionando con un importe de 1.502 UFV

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayiř jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey. Telfs.: (5912) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

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  1. I TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 11.1 Argumentos del Recurrente José Gabriel Strelli Reynozo mediante notas presentados el 4 y 20 de agosto de 2020, cursante a fojas 19-25 y 29 de obrados, interpuso Recurso de Alzada expresando lo siguiente: 

Señala que no tomó conocimiento de la Vista de Cargo, debido a que no se le notificó el acto administrativo citado, dejándolo en estado de indefensión y sin poder presentar los descargos solicitados; la notificación electrónica no cumplió con su finalidad de poner en conocimiento los actos emitidos por la Administración Tributaria a objeto de efectuar su derecho a la defensa. 

Aclara que el artículo 84 del Código Tributario, señala que las Vistas de Cargo deben ser notificadas de manera personal al sujeto pasivo, así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y efectúen la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios, tercero responsable o a su representante legal; la Orden de Verificación y la Resolución Determinativa fueron notificados al contribuyente de manera personal, aspecto coordinado con el oficial de diligencias vía telefónica para la ejecución de las notificaciones de los citados actos en oficinas de José Gabriel Strelli Reynozo. 

La notificación de la Resolución Determinativa le causó sorpresa debido a que nunca se le notificó la Vista de Cargo; el acto administrativo impugnado señala que la notificación fue mediante correo electrónico, dando por sentada la diligencia de 

notificación por este medio, cuando el sujeto pasivo no maneja correos electrónicos de forma laboral ni familiar, por lo cual la notificación no cumplió con la finalidad a la cual se encontraba destinada; el simple hecho de desconocer el contenido del citado acto 

administrativo imposibilitó la presentación de descargos, lo que ocasionó un completo estado de indefensión y la vulneración al debido proceso y derecho a la defensa. 

El Servicio de Impuestos Nacionales indica que la notificación fue realizada en forma electrónica al Buzón Tributario, cuando en el Padrón de Contribuyentes no existe ninguna dirección de correo electrónico fijada por el sujeto pasivo o asignada por la Administración Tributaria a objeto de proceder a la notificación por medios electrónicos, conforme establecen los artículos 83 Bis parágrafo I, incorporado al Código Tributario 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

mediante el artículo 3 de la Ley 812 y 12 parágrafo IV del Decreto Supremo 2993 de 23 de noviembre de 2016, lo mencionado no puede ir contra el derecho fundamental de ser informado, atentando la presunción de Buena Fe, toda vez que se presume que el sujeto pasivo cumplió con sus obligaciones tributarias hasta que en un debido 

proceso de determinación la citada administración pruebe lo contrario. 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la nulidad de la Resolución Determinativa N° 172020000794 (SIN/GDLPZ W/DJCC/UTJ/RD/110/2020) de 25 de junio de 2020. 

II.2 

Auto de Admisión 

El Recurso de Alzada interpuesto por José Gabriel Strelli Reynozo, fue admitido por Auto de 26 de agosto de 2020, notificado de manera personal al recurrente y por cédula a la Administración Tributaria el 27 de agosto y 3 de septiembre de 2020, respectivamente; fojas 30-35 de obrados

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Karen Cecilia López Paravicini conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia No 032000000763 de 31 de agosto de 2020, por memorial presentado el 15 de septiembre de 2020, cursante a fojas 38-42 de obrados, 

respondió negativamente expresando lo siguiente: 

La Administración Tributaria en uso de sus facultades conferidas por el artículo 64 de la Ley 2492, determinó en la Resolución Normativa de Directorio N° 10.0004.10 de 28 de marzo de 2010, el funcionamiento de la “Oficina Virtual” a fin de facilitar al sujeto pasivo o tercero responsable el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, siendo ésta de uso obligatorio para la presentación de Declaraciones Juradas, para tal efecto y para el uso de esta “Oficina Virtual”, los contribuyentes son registrados al “Padrón del Contribuyente” con un Usuario y Contraseña asignados, para realizar trámites y consultas tributarias, surtiendo los mismo efectos jurídicos con validez probatoria. 

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De la misma manera en la RND N° 101700000005 de 17 de marzo de 2017, dispone: “la reglamentación del proceso de notificación de actos administrativos, así como también avisos o comunicados de interés tributario en el Buzón Tributario de la “Oficina 

Juan Çarlos Guzma Ruiz 

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Virtual”; siendo ésta de alcance a todos los sujetos pasivos inscritos en el Padrón Nacional de Contribuyentes, asimismo, el artículo 4 de la citada RND indica que el “Buzón Tributario” de la Oficina Virtual está habilitada para los contribuyentes activos e inactivos; por otra parte los artículos 5 y 7 refieren que la vista de Cargo entre otros actos pueden ser notificados por medios electrónicos y que son válidos los actos del ente fiscal emitidos electrónicamente siempre que cuenten con firma facsímil, firma 

digital o cualquier otro medio tecnológico, conforme lo establecido en el parágrafo || del artículo 79 de la Ley 2492. 

Aclara que de conformidad a la RND N° 101700000005 y al parágrafo I del artículo 12 del DS 27310, la notificación electrónica se tendrá por efectuada con: 1. La apertura del documento en PDF enviado por la Administración Tributaria a la opción notificaciones 

del “Buzón Tributario“, teniéndose por realizada a primera hora del día siguiente hábil posterior y, ll. A los cinco días hábiles posteriores a la fecha de envió al Buzón 

Tributario; la citada RND en su artículo 10 menciona que adicionalmente existen 

medios adicionales para hacer conocer la notificación electrónica como el correo electrónico o el número de celular; sin embargo, el no envío de alertas de la notificación electrónica no puede ser considerada como causal de falta de validez de la misma; siendo de entera responsabilidad del sujeto pasivo administrar de forma adecuada el 

“Buzón Tributario”, es decir, el acceso a la Oficina Virtual es de uso y responsabilidad del contribuyente, razón por la cual no puede alegar desconocimiento de los actos administrativos notificados. 

Cita como fundamentos jurídicos que sustentan la notificación electrónica, dispuesto en las Disposiciones Finales Cuarta de la Ley 812 y la RND N° 101700000005 de 17 de marzo de 2017; asimismo, las notificaciones electrónicas se encuentran sustentadas y amparadas conforme al parágrafo II del artículo 77 del DS 23710, en ese entendido, las operaciones electrónicas realizadas y registradas en el sistema informático de la Administración Tributaria por un usuario autorizado surten efectos jurídicos. De la misma manera, en el marco de lo previsto en el parágrafo I del artículo 83 Bis de la Ley 2492, numeral I parágrafo I del artículo 12 del DS 27310 indica que para los casos en que el contribuyente o tercero responsable señale un correo electrónico o éste le sea asignado por el Ente Fiscal, la Vista de Cargo, Auto Inicial de Sumario Contravencional, Resolución Determinativa, Resolución Sancionatoria, Resoluciones Definitivas y cualquier otra actuación del sujeto activo, podrán ser 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

notificados por correo electrónico, oficina virtual u otros medios electrónicos 

disponibles. 

En relación a los agravios de indefensión, vulneración a la defensa, a la seguridad jurídica y al debido proceso alegados por el recurrente; aclara que el sujeto pasivo al estar registrado en el Padrón Biométrico Digital desde el 20 de mayo de 2015 cuenta con un Usuario y Contraseña asignados para el uso de la Oficina Virtual, es decir, facultado para poder realizar diferentes trámites, tales como las Declaraciones Juradas que presenta regularmente, es decir, tiene pleno conocimiento del uso de la Oficina virtual y por lo tanto del “buzón tributario”. Por otra parte al ser notificado con la Orden de Verificación No 19990204302 el 28 de noviembre de 2019, el sujeto pasivo conoció del inicio del proceso de determinación, siendo responsable y consciente de permanecer atento y alerta a los plazos a las distintas actuaciones que el ente fiscal pudiera realizar 

En cumplimiento de los artículos 198 inciso e) y 211 del Código Tributario, solicita se pronuncie solamente sobre los argumentos planteados en el Recurso de Alzada y no sobre otros puntos no impugnados, es decir, respetar el principio de congruencia y no emitir resoluciones extra o ultra petita. 

Conforme los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa No 172020000794 (SIN/GDLPZ I/DJCC/UTJ/RD/110/2020) de 25 de junio de 2020. 

11.4 Apertura de término probatorio y producción de pruebas Mediante Auto de 16 de septiembre de 2020, se aperturó el término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada por Secretaria a la empresa recurrente y a la Administración Tributaria el 16 de septiembre de 2020; periodo dentro el cual, por memorial presentado el 5 de octubre de 2020, el recurrente ratificó en calidad de prueba la documentación adjunta a su Recurso de Alzada; al efecto, por Proveído de 7 de octubre de 2020, se dio por ratificada la prueba documental señalada; actuación notificada en Secretaría a la empresa recurrente y a la Administración Tributaria el 7 de octubre de 2020; fojas 45-53 y 59 de obrados

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Por memorial de 5 de octubre de 2020, la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales representada legalmente por Rubén Darío Tabata Justiniano conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia N°032000000836 de 21 

de septiembre de 2020, ofreció, propuso, reprodujo y ratificó en calidad de prueba pre 

constituida, la documentación adjunta al memorial de Respuesta Negativa al Recurso de Alzada; al efecto, por Proveido de 7 de octubre de 2020, dio por apersonado al Gerente Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales y por ratificada la prueba documental señalada, actuación notificada por Secretaría tanto al recurrente así como a la Administración Tributaria recurrida el 7 de octubre de 2020; fojas 56-58 

de obrados. 

11.5 Alegatos Por memorial presentado el 26 de octubre de 2020, José Gabriel Strelli Reynozo formuló alegatos escritos en conclusiones, reiterando los argumentos expuestos al momento de presentar su Recurso de Alzada, referidos al desconocimiento de la Vista de Cargo notificada electrónicamente, privándole de la presentación de descargos ante el citado acto administrativo; al efecto, por Proveído de 27 de octubre de 2020, se dio por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria, actuación notificada a las partes por Secretaría el 28 de octubre de 2020; fojas 60-63 de obrados

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, el 28 de noviembre de 2019, notificó personalmente a José Gabriel Strelli Reynozo con el formulario 7531 correspondiente a la Orden de Verificación N° 19990204302 con alcance a la Verificación Especifica Crédito Fiscal IVA”, a objeto de verificar todos los hechos y/o elementos relacionados con el crédito fiscal IVA por los periodos fiscales julio y diciembre de 2016, al efecto solicitó la documentación detallada en el Anexo adjunto; fojas 5-6 de antecedentes administrativos. 

Por Acta de Recepción de Documentos de 12 de noviembre de 2019, el contribuyente presentó la documentación requerida, en el proceso de verificación contenida en las facturas originales de compra y comprobantes contables de traspaso; foja 9 de 

antecedentes administrativos. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

La Vista de Cargo N°292020000038 (SIN/GDLPZ I/DF/UFENC/4/2020) de 28 de enero de 2020, estableció sobre base cierta un adeudo tributario de 3.212 UFV’s, por concepto de tributo omitido, intereses y sanción preliminar de omisión de pago, correspondiente a los períodos fiscales de julio y diciembre de 2016, por el Impuesto al Valor Agregado IVA; acto administrativo que fue enviado al Buzón Tributario del citado contribuyente el 10 de febrero de 2020, emitiéndose la Constancia de Notificación Electrónica que señala, que el 17 de febrero de 2020 a horas 18:30 se constituye el quinto día hábil posterior al envío del documento electrónico al buzón tributario, de modo que consideró la notificación del contribuyente conforme normativa vigente; fojas 54-62 antecedentes administrativos. 

La Resolución Determinativa N° 172020000794 (SIN/GDLPZ I/DJCC/UTJ/RD/110/2020) de 25 de junio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió determinar de oficio sobre base cierta de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 parágrafo l de la Ley 2492, las obligaciones impositivas del contribuyente José Gabriel Strelli Reynozo, que asciende a 1.739 UFV’s, correspondiente al Impuesto Al Valor Agregado – IVA de los periodos fiscales de julio y diciembre de 2016; asimismo, calificó la conducta del contribuyente como omisión de pago con una multa igual al 100% de tributo omitido en aplicación de los artículos 165 de la Ley 2492 y 42 del DS 27310, sancionando con un importe de 1.502 UFVs; acto administrativo notificado de manera personal al contribuyente el 22 de julio de 2020; fojas 75-86 de antecedentes administrativos. 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211, parágrafo III de la Ley 3092, se tiene: 

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La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por José Gabriel Strelli Reynozo, la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente 

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caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva. 

  1. 1 ASPECTOS DE FORMA IV.1.1. Notificación electrónica José Gabriel Strelli Reynozo en su Recurso de Alzada, señala que no tomó conocimiento de la Vista de Cargo, debido a que este acto administrativo no se le 

notificó dejándole en estado de indefensión y sin presentar los descargos solicitados; la notificación electrónica no cumplió con la finalidad de poner en conocimiento el acto 

administrativo emitido por la Administración Tributaria; aclara que el artículo 84 del Código Tributario señala que las Vistas de Cargo deben ser notificadas de manera 

personal. 

Continua mencionando que en el presente caso tanto la Orden de Verificación y la Resolución Determinativa fueron notificados al contribuyente de manera personal; aspecto que no ocurrió con la notificación del acto administrativo preliminar, la Resolución Determinativa impugnada señala que la notificación fue mediante correo electrónico, dando por sentada la diligencia por este medio, cuando el sujeto pasivo no maneja correos electrónicos de forma laboral ni familiar, es decir, el simple hecho de desconocer el contenido del acto administrativo citado imposibilitó la presentación de descargos, lo que ocasionó un completo estado de indefensión y vulneración al derecho al debido proceso y a la defensa del sujeto pasivo. 

La Administración Tributaria en su respuesta al Recurso de Alzada señala que en uso de sus facultades determinó en las Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 10.0004.10 de 28 de marzo de 2010 y N° 101700000005 de 17 de marzo de 2017, el uso de la oficina virtual y el buzón tributario para las notificación electrónicas, al efecto cito como fundamentos jurídicos lo dispuesto en las Disposiciones Finales Cuarta de la Ley 812 y la Resolución Normativa de Directorio N° 101700000005 en relación a las notificaciones electrónicas; las cuales se encuentran sustentadas y amparadas conforme al parágrafo II del artículo 77 del DS 23710 de 9 de enero de 2004 

Menciona también que el sujeto pasivo al estar registrado en el Padrón Biométrico Digital desde el 20 de mayo de 2015 cuenta con un USUARIO Y CONTRASEÑA asignados para el uso de la Oficina Virtual, es decir, facultado para poder realizar 

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diferentes tramites, tales como las Declaraciones Juradas que presenta regularmente, por lo tanto, tiene pleno conocimiento del uso de la Oficina virtual y del “buzón tributario”; al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone: I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

El artículo 117, de la referida Constitución Política del Estado establece: 1. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena. III. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos por ley. 

El artículo 68 del Código Tributario, señala como derechos del sujeto pasivo, entre otros, los siguientes: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de 

los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

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El artículo 83 del Código Tributario, modificado por el artículo 2 de la Ley 812, en relación a los medios de notificación, dispone: 1. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de 

los medios siguientes, según corresponda

  1. Por medios Electrónicos. 2. Personalmente; 3. Por Cédula; 

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  1. Por Edicto; 
  2. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 6. Tácitamente; 7. Masiva; 

  1. 8. En Secretaría; Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. 

Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarias. 

El artículo 83 Bis del Código Tributario, incorporado por el artículo 3 de la Ley 812, en relación a la notificación por medios electrónicos establece: I. Para los casos en que el contribuyente o tercero responsable señale un correo electrónico o éste le sea asignado por la Administración Tributaria, la vista de cargo, auto inicial de sumario, resolución determinativa, resolución sancionatoria, resolución definitiva y cualquier otra actuación de la Administración Tributaria, podrá ser notificado por correo electrónico, oficina virtual u otros medios electrónicos disponibles. La notificación realizada por estos medios tendrá la misma validez y eficacia que la notificación personal. 

En las notificaciones practicadas en esta forma, los plazos se computarán de acuerdo 

al Artículo 4 del presente Código Tributario. II. La Administración Tributaria contará con los medios electrónicos necesarios para 

garantizar la notificación a los contribuyentes. Los contribuyentes que proporcionen a la Administración Tributaria su correo electrónico, número de celular o teléfono fijo, recibirán comunicados por estos medios. 

El artículo 201 de la Ley 2492, establece: Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

El artículo 36 de la referida Ley 2341 en sus numerales I y II, estipula: I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. II. No obstante lo 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA, Estado Plurinacional de Bolivia 

dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. 

El artículo 12 del DS 27310, modificado por el artículo 2 del DS 2993, estipula: 1. Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 83 Bis de la Ley N° 2492, la Vista de Cargo, Auto Inicial de Sumario, Resolución Determinativa, Resolución Sancionatoria, proveido que de inicio a la ejecución tributaria y cualquier Resolución Definitiva, podrán ser notificados por correo electrónico u otros medios electrónicos, en una dirección electrónica fijada por el contribuyente o tercero responsable o asignada por la Administración Tributaria. La notificación electrónica se tendrá por efectuada en los siguientes casos, lo que ocurra primero: En la fecha en que el contribuyente o tercero responsable proceda a la apertura del documento enviado; A los cinco (5) días posteriores a: La fecha de recepción de la notificación en el correo electrónico; o La fecha de envío al medio electrónico implementado por la Administración Tributaria. El soporte físico de la apertura del documento notificado o de la constancia de recepción en el correo electrónico o envio al medio electrónico, según corresponda, deberá ser adjuntado al expediente, consignando la firma, nombre y cargo del servidor público responsable de la notificación. Cuando no sea posible la notificación por medios electrónicos, la Administración Tributaria procederá a la notificación del sujeto pasivo o tercero responsable de acuerdo al procedimiento establecido en los Artículos 84, 85 y 86 de la Ley N° 2492, según corresponda. II. La Administración Tributaria, a través de medios electrónicos, teléfono fijo o móvil, proporcionará a los contribuyentes o terceros responsables información referida a fechas de vencimiento, existencia de actuaciones administrativas, alertas, recordatorios y cualquier otra de naturaleza tributaria. De igual manera, deberá habilitar los medios para que el contribuyente efectúe consultas, reclamos, denuncias, trámites administrativos y otros por los mismos mecanismos. III. A efectos de la aplicación del presente Articulo, la Administración Tributaria emitirá norma administrativa reglamentaria. 

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Previo a ingresar al análisis de la controversia del presente Recurso de Alzada, es necesario considerar que el artículo 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, dispone entre otras garantías al debido proceso (como principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez), en toda actuación administrativa; lo que implica, que es obligación de los organismos y dependencias de la Administración Pública garantizar de manera expresa velando por el pleno ejercicio del derecho a la defensa (en el entendido de que la indefensión supone la vulneración del debido proceso) y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que implica que las actuaciones en un proceso administrativo deben estar circunscritas al ordenamiento jurídico legal para asegurar el correcto ejercicio de la Administración Pública a través de la emisión de actos administrativos, los que no deben resultar contrarios a los principios del Estado de 

Derecho. En ese contexto, toda autoridad administrativa tiene sus competencias definidas 

dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de 

legalidad a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes. 

De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que la Gerencia Distrital 

La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, el 28 de noviembre de 2019, notifico personalmente a José Gabriel Strelli Reynozo con el formulario 7531 correspondiente a la Orden de Verificación No 19990204302 con alcance a la “Verificación Especifica Crédito Fiscal IVA”, a objeto de verificar todos los hechos y/o elementos relacionados 

con el crédito fiscal IVA por los periodos fiscales julio y diciembre de 2016, al efecto solicitó la documentación detallada en el Anexo adjunto; posteriormente, el sujeto pasivo presentó la documentación requerida conforme se observa en el Acta de Recepción de Documentos de 12 de noviembre de 2019. 

Posteriormente el ente fiscal emitió la Vista de Cargo N°292020000038 (SIN/GDLPZ 1/DF/UFENC/4/2020) de 28 de enero de 2020, que estableció sobre base cierta un adeudo tributario de 3.212 UFV’s, por concepto de tributo omitido, intereses y sanción preliminar de omisión de pago, correspondiente a los períodos fiscales de julio y diciembre de 2016, por el Impuesto al Valor Agregado IVA; actuación preliminar que 

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…: 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

fue enviada al Buzón Tributario del citado contribuyente el 10 de febrero de 2020, 

emitiéndose la Constancia de Notificación Electrónica señalando que el 17 de febrero de 2020 a horas 18:30, se constituye el quinto día hábil posterior al envio del documento electrónico al buzón tributario, de manera que consideró la notificación del contribuyente conforme a los artículos 83 Bis Parágrafo I de la Ley 2492, 12 Parágrafo I numeral 1 del DS 27310 y 6 Parágrafo Il numeral 1 de la RND 101700000005, así se advierte a fojas 5462 de antecedentes administrativos. 

Posteriormente, la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Determinativa N° 172020000794 (SIN/GDLPZ 1/DJCCIUTJ/RD/110/2020) de 25 de junio de 2020, estableciendo de oficio sobre base cierta de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 parágrafo I de la Ley 2492, las obligaciones impositivas del contribuyente José Gabriel Strelli Reynozo, que asciende a 1.739 UFV’s correspondiente al Impuesto Al Valor Agregado – IVA de los periodos fiscales de julio y diciembre de 2016, asimismo, calificó la conducta del contribuyente como omisión de pago con una multa igual al 100% de tributo omitido en aplicación de los artículos 165 de la Ley 2492 y 42 del DS 27310, sancionando con un importe de 1.502 UFVs; acto administrativo que fue notificado de manera personal al contribuyente el 22 de julio de 2020, conforme cursa a fojas 7586 de antecedentes administrativos; y que ahora es objeto de la presente impugnación

Efectuadas las consideraciones precedentes y a objeto de dilucidar los argumentos planteados en el Recurso de Alzada, referidos a que la Administración Tributaria habría vulnerado el debido proceso y provocado absoluto estado de indefensión al sujeto pasivo, al no haberle notificado personalmente con el acto administrativo preliminar emitido dentro el presente caso, lo que impidió la presentación de documentación de descargos ante la Vista de Cargo; al respecto, es necesario señalar que el artículo 83 Bis Parágrafo I del referido Código, incorporado por el artículo 3 de la Ley 812, concordante con el artículo 12 del DS 27310, modificado por el artículo 2 del DS 2993, establece que para los casos en que el contribuyente o tercero responsable señale un correo electrónico o éste le sea asignado por la Administración Tributaria, la Vista de Cargo, el Auto Inicial de Sumario, la Resolución Determinativa, Resolución Sancionatoria y cualquier otra Resolución de carácter definitivo y otra actuación administrativa podrán ser notificados por correo electrónico, oficina virtual u otros 

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UTILI 

medios electrónicos disponibles, aspectos concordantes con lo dispuesto en la RND N° 101700000005 de 17 de marzo de 2017. 

En ese marco normativo, corresponde señalar que de la revisión de la Consulta de Padrón cursante a fojas 7-8 de antecedentes administrativos, no es posible evidenciar la existencia de dirección electrónica alguna, sea ésta declarada por el contribuyente o asignada por la Administración Tributaria recurrida, de modo que se pueda validar o invalidar según sea el caso, el procedimiento de notificación realizado a través de medios electrónicos, aspecto que además de contravenir la normativa expuesta en el párrafo que precede, genera incertidumbre respecto a cuál sería el sitio electrónico al que se envió la vista de Cargo N° 292020000038 (SIN/GDLPZ I/DF/UFENC/4/2020 de 28 de enero de 2020. 

De igual manera, de la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que no existen los soportes físicos de la apertura del documento notificado o de la constancia de recepción en el correo electrónico o envío al medio electrónico que consignen la firma, nombre y cargo del servidor público responsable de la notificación; toda vez que únicamente se muestra la existencia de la Constancia de Notificación Electrónica de la Vista de Cargo N° 292020000038 (SIN/GDLPZ 1/DF/UFE/VC/4/2020 de 28 de enero de 2020, cursantes a fojas 62 de antecedentes administrativos, lo que evidencia una absoluta incoherencia entre lo aseverado por el ente fiscal y la documentación aparejada en los antecedentes administrativos. 

Lo anterior denota que la Gerencia Distrital La Paz | del Servicio de Impuestos Nacionales incumplió lo dispuesto por el artículo 12 parágrafo | del DS 27310 modificado por el artículo 2 parágrafo IV del DS 2993; aspecto que imposibilita verificar que las notificaciones electrónicas realizadas por el sujeto activo, hubieran cumplido con el principio finalista de poner en conocimiento del contribuyente los actos 

administrativos emitidos por la Administración Tributaria, a efectos de que pueda ejercer 

irrestrictamente su derecho a la defensa y poder desvirtuar los cargos establecidos en su contra en el acto administrativo preliminar. 

En ese contexto, si bien las actuaciones de la Administración Tributaria a prima facie se encontrarían en consonancia con la previsión legal contenida en el artículo 83 del Código 

Tributario, que faculta a la notificación a los sujetos pasivos por medios electrónicos; sin 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

embargo, el Ente Fiscal no tomó en cuenta lo dispuesto por el artículo 83 Bis Parágrafo | del citado Código, concordante con el artículo 12 del DS 27310, preceptos normativos que establecen de manera clara y expresa que el sujeto activo se encuentra facultado a realizar la notificación electrónica al contribuyente o tercero responsable con los actos administrativos, cuando éste señale un correo electrónico o le sea asignado por la Administración Tributaria; aspecto que como se señaen párrafos precedentes, no aconteció en el presente caso, toda vez que no existe evidencia de que el ahora recurrente hubiera señalado correo electrónico alguno ante el SIN, ni tampoco se muestra cuál sería el que le hubiera asignado la entidad recaudadora. 

Lo anterior, pone de manifiesto que la Gerencia Distrital La Paz I del SIN, omitió lo dispuesto por el artículo 12 parágrafo I del DS 27310, al no haber adjuntado a los antecedentes administrativos del presente caso, los soportes físicos que evidencien la apertura del documento notificado o de la constancia de recepción en el correo electrónico o envio al medio electrónico del sujeto pasivo; al respecto, es pertinente referir que la Constancia de Notificación Electrónica cursante a fojas 62 de antecedentes administrativos, no demuestra la efectiva recepción del documento que habría sido notificado por el Ente Fiscal; es decir, no otorga certeza de que indudablemente el sujeto pasivo hubiera recepcionado y posteriormente tomado conocimiento del acto administrativo preliminar que se le habría enviado electrónicamente; al efecto, es evidente, que la referida Constancia de Notificación Electrónica fue emitida unilateralmente por la Administración Tributaria, toda vez que no contiene ni consigna dato alguno que permita verificar los hechos anteriormente señalados. 

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Veloz Dorado 

De acuerdo a los pormenores antes citados, se infiere que debió primar necesariamente el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, es decir, la Administración Tributaria tenía la ineludible obligación de garantizar el efectivo conocimiento de parte del sujeto pasivo sobre las decisiones asumidas en el caso objeto de análisis, aspecto que no puede pretender ser justificado aduciendo que se otorgó cumplimiento a los artículos 83 y 83 Bis del Código Tributario, al respecto, el máximo intérprete de la Constitución Política del Estado, en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0762/2013-L de 30 de julio, saló: “De este modo se debe entender que la garantía del debido proceso, con la que especialmente se vincula el derecho formal no ha sido instituida para salvaguardar un ritualismo procesal estéril que no es un fin 

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en sí mismo, sino esencialmente para salvaguardar un orden justo que no es posible cuando, pese a la evidente lesión de derechos, prima la forma al fondo, pues a través del procedimiento se pretende lograr una finalidad más alta cuál es la tutela efectiva de los derechos“. 

En ese entendido, es preciso establecer que las notificaciones no se constituyen en un simple formalismo, sino que cumplen una función material, que es precisamente el de hacer conocer a las partes las resoluciones emitidas por las autoridades administrativas encargadas de tramitarlos; por ello, es ineludible para estas cumplir con las formalidades establecidas para cada forma de notificación, pero ante todo, garantizar el efectivo conocimiento de parte del administrado o procesado, respecto a las decisiones asumidas por la autoridad actuante, materializando así el derecho de las partes a tomar conocimiento de dicho acto, para asumir las actuaciones que hagan a sus derechos e intereses; en ese entendido, las Administraciones Tributarias deben procurar por todos los medios que los actos de comunicación cumplan con su finalidad; más aun considerando que en el presente caso de antecedentes administrativos se tiene que tanto la Orden de Verificación 19990204302 y la Resolución Determinativa N° 172020000794 (SIN/GDLPZ I/DJCC/UTJ/RD/110/2020) fueron notificadas el 28 de noviembre de 2019 y 22 de julio de 2020 respectivamente, al contribuyente José Gabriel Strelli Reynozo de manera personal, conforme consta a fojas 5 y 86 de antecedentes administrativos, y contrariamente a los antecedentes el ente fiscal notificó el acto administrativo preliminar de manera electrónica, aspecto que repercute indiscutiblemente en la presentación de documentación de prueba de descargos por parte del sujeto pasivo. 

En relación al derecho a la defensa, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0133/2014 de 10 de enero, estableció la siguiente línea jurisprudencial: “El art. 115.// de la CPE, garantiza el derecho a la defensa y acceso a una justica plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, al respecto la jurisprudencia constitucional mediante la SC 0206/2010-R, de 24 de mayo, señaló que el derecho a la defensa como componente del debido proceso es: uno de los elementos de la garantía del debido proceso, es el derecho fundamental a la defensa consagrado por el art. 115.// de la CPE, que tiene dos connotaciones: la primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarles y defenderles 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los 

actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones conforme a 

procedimiento preestablecido y por ello es inviolable por las personas o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio, ...” (las negrillas y subrayado nos pertenecen). 

Habrá que enfatizar que si bien las Administraciones Tributarias en general cuentan con amplias facultades para el cumplimiento de sus funciones y que se encuentran plasmadas en los artículos 66 y 100 del Código Tributario, en este caso, las notificaciones; sin embargo, estas formalidades esenciales deben ser desarrolladas en el marco de un debido proceso, de tal manera que se garantice que el procesado o sindicado pueda contar con la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa, cuya garantía en los hechos constituye una verdadera barrera de contención que impide el accionar arbitrario o discrecional de la autoridad actuante; al respecto, las notificaciones precisamente tienen esa finalidad de resguardar el ejercicio del derecho a la defensa. 

En este punto de análisis, corresponde recurrir a la doctrina constitucional desarrollada sobre la notificación, así en la Sentencia Constitucional 1845/2004-R, de 30 de noviembre, se dejó claramente establecido que: “(…) los emplazamientos, citaciones y notificaciones (notificaciones en sentido genérico), que son las modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las 

providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, par

tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte 

del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (asi SC 0757/2003-R, de 4 de junio); dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos, pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión (art. 16.// y IV de la CPE);”. 

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Velez Dorado 

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En el contexto precedente, no se puede soslayar que existe de origen un vicio procedimental que repercutió en los derechos del contribuyente José Gabriel Strelli Reynozo de tal manera, debe primar ante todo la observancia ineludible a los derechos y 

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de la Caldad Certificado No 771/14 

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LULUI DUM 

garantías constitucionales, los cuales no pueden quedar subordinados o rezagados al simple justificativo de formalidades procedimentales que en todo caso deben ser resultado del ejercicio de una potestad administrativa sancionatoria apegada a los principios de constitucionalidad y de verdad material; al respecto, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0510/2013 de 19 de abril, en relación a la verdad material ilustró: “El principio de verdad material previsto por el art. 4 inc. d) de la LPA, determina que la administración pública investigará la verdad material, en virtud de la cual, la decisión de la Administración debe ceñirse a los hechos y no limitarse únicamente al contenido literal del expediente, incluso más allá de lo estrictamente aportado por las partes, siendo obligación de la administración la averiguación total de los hechos, no restringiendo su actuar a simplemente algunas actuaciones de carácter administrativo formal que no son suficientes para asumir decisiones. La tarea investigativa de la administración pública, (…) debe basarse en documentación, datos y hechos ciertos con directa relación de causalidad, que 

deben tener la calidad de incontrastables, en base a cuya información integral la autoridad administrativa con plena convicción y sustento, emitirá el pronunciamiento que corresponda respecto al tema de fondo en cuestión“. Conforme lo señalado, se constata que la Administración Tributaria restringió el ejercicio del derecho a la defensa del ahora recurrente; en ese entendido, corresponde a esta Instancia de Alzada precautelar que en todo trámite exista un debido proceso y se observe el derecho a la defensa, garantías que no pueden ser eclipsadas con notificaciones sobre las cuales NO se verifique fehacientemente que fueron de conocimiento del interesado. 

Lo anterior evidencia ineludiblemente la existencia de nulidad en el procedimiento de notificación electrónica realizada por la Administración Tributaria con el acto administrativo preliminar, toda vez que no se advierte que el contribuyente hubiera tomado conocimiento efectivo del contenido de la Vista de Cargo N° 292020000038 (SIN/GDLPZ 1/DF/UFE/VC/4/2020) de 28 de enero de 2020, aspecto que imposibilitó la presentación de documentación de prueba de descargos, contexto bajo el cual, en resguardo del debido proceso, corresponde retrotraer actuaciones administrativas y de esa manera el administrado tenga la posibilidad de asumir defensa ofreciendo todos los descargos y pruebas que considere pertinentes en respaldo de sus derechos, los cuales además deben ser debidamente considerados y valorados por la Administración Tributaria, proporcionando en sus actos los fundamentos de hecho y de derecho que 

rigen el procedimiento que involucra el presente caso

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AUTORIDAD DE JMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Bajo las circunstancias descritas, se advierte la existencia de vicios que causaron la vulneración a la garantia del debido proceso y derecho a la defensa del contribuyente José Gabriel Strelli Reynozo, establecidos por los artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado y 68, numeral 6) de la Ley 2492; consecuentemente, corresponde anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la diligencia de notificación con la vista de Cargo N° 292020000038 (SIN/GDLPZ 1/DF/UFENC/4/2020) de 28 de enero de 2020, cursante a fojas 62 de antecedentes administrativos, debiendo la Administración Tributaria notificar el citado acto preliminar conforme al procedimiento legalmente establecido en los artículos 83 y siguientes del Código Tributario, garantizando que el sujeto pasivo tome conocimiento efectivo de dicho acto

POR TANTO

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

RESUELVE

PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la diligencia de notificación con la vista de Cargo N° 292020000038 (SIN/GDLPZ I/DF/UFENC/4/2020) de 28 de enero de 2020; consecuentemente, la Administración Tributaria debe practicar una nueva notificación con dicha actuación administrativa al contribuyente José Gabriel Strelli Reynozo, observando el principio finalista, de tal manera que se garantice el debido 

proceso y su derecho a la defensa. 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento 

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obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código Tributario y sea con nota de atención. 

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Juan Carlos Guzmán Ruiz 

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Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (5912) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

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CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación. 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

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Lic. Cecilia Velez Dorado 

Directora Ejecutiva Regional Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Regional de Impugnación 

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