ARIT-LPZ-RA-0903-2019 Se anula Resolución Administrativa. El contribuyente solicita prescripción de facultad de determinación tributaria, la cual fue rechazada por la Administración Tributaria, fundamentando incongruentemente en el acto administrativo respecto a lo solicitado, y sin dar una respuesta fundamentada, lo que vulneraría el derecho a la defensa y el debido proceso.

ARIT-LPZ-RA-0903-2019

III

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0903/2019 

Recurrente: 

Hidroeléctrica Boliviana S.A., legalmente

  • representada por Orlando German Vino Carrillo

Administración Recurrida: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Celideth Ochoa Castro.

Acto Impugnado: 

Resolución Administrativa N° 231929000198 SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RA/00009/2019

.

Expediente: 

ARIT-LPZ-0483/2019 

Lugar y Fecha: 

La Paz, 5 de agosto de 2019 

.***

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VISTOS El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria-recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 0903/2019 de 5 de agosto de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

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  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Administrativa N° 231929000198 SIN/GG

00009/2019 de 16 de abril de 2019, emitida por la Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió rechazar la oposición de prescripción de la ejecución tributaria interpuesta por el contribuyente Hidroeléctrica Boliviana S.A., mediante memoriales presentados a la Administración Tributaria el 5 de diciembre de 2016, reiterada y complementada el 11 de julio, 17 de agosto y 1 de septiembre de 2017, respecto al IVA, IT e IUE de los períodos fiscales enero a diciembre de 2011, contenidos en la Resolución Determinativa N° 17-1317-2016, en virtud a lo previsto en los artículos 59 y 61 de la Ley 2492.

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA II.1. Argumentos del recurrente Hidroeléctrica Boliviana S.A. legalmente representada por Orlando German Vino Carrillo, conforme se acredita del Testimonio de Poder No 121/2015 de 26 de enero de 2015, mediante memorial presentado el 6 de mayo de 2019, cursante a fojas 42-46 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

Existió una incorrecta lectura de la prescripción solicitada por Hidroeléctrica Boliviana S.A. y vulneración al Principio de Congruencia, en razón a que todos los memoriales presentados al SIN, solicitan con meridiana claridad la prescripción de la facultad de determinación, nunca se solicitó la prescripción de la ejecución tributaria, inclusive la Administración Tributaria, al no entender la primera solicitud, el 15 de agosto de 2017 notificó el Proveído No 241729000137 de 8 de agosto de 2017, que dispuso que con carácter previo el contribuyente, aclare si su solicitud de prescripción, se refiere a la facultad de control, fiscalización, determinación o a la de ejecución tributaria, a fin de emitir la resolución que corresponda.

Es así que se responde por escrito, el 17 de agosto de 2017, aclarando que la prescripción reclamada es sobre las facultades de determinación, adicionalmente se solicitó que no se inicien las acciones coactivas hasta que la solicitud de prescripción sea resuelta. Pese a la aclaración efectuada, Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del SIN, equivoca la Resolución impugnada, lo que vulnera el Principio de Congruencia, anulable bajo todo punto de vista desde su inicio, razón por la que corresponde el pronunciamiento expreso de la ARIT sobre este extremo.

La Resolución impugnada desconoce la nulidad establecida en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1853/2015, vulnerando el Principio de legalidad y seguridad jurídica, toda vez que toma en cuenta la primera Resolución Determinativa N° 170167-2015 a pesar : de que fue anulada por la mencionada Resolución Jerárquica, incluso hasta la Vista de Cargo 32-0268-2014. En el presente caso, dicha nulidad, trae consigo la pérdida de validez y vigencia del acto administrativo en cuestión y con ello de su fuerza ejecutoria; en ese entendido, todos los actos anulados, no forman parte del ordenamiento jurídico, mucho menos son fuente de obligación, porque perdieron su causa y legitimidad, al igual que las . cargas o deberes secundarios inherentes, así como el efecto de interrupción del curso de la prescripción derivado del tributo omitido.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

Como consecuencia de la ejecutoria de una resolución anulatoria, todos los efectos del acto nulo resultan inexistentes, así como los recursos que con posterioridad se hubieran percibido, y conlleva la obligatoriedad de que el SIN enmiende o sanee el acto, cuyo efecto es que los ulteriores actuados quedan sin valor legal, cual si nunca hubieran nacido a la vida jurídica del derecho.

En aplicación del artículo 123 de la Constitución Política del Estado, corresponde la aplicación de la Ley tributaria más benigna a favor del contribuyente. La Resolución impugnada, para la prescripción del IVE de la gestión 2011, aplica incorrectamente los plazos y cómputos establecidos en la Ley 2492 sin modificaciones, en perjuicio del .contribuyente, cuyo plazo de presentación y pago, tenía como vencimiento el 30 de abril de 2012, en ese entendido, aplicando las modificaciones de la Ley 291 a los artículos 59 y 60, el término de la prescripción se inicia el 1 de mayo de 2012 y concluye el 1 de mayo de 2016.

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La notificación del inicio de fiscalización se realizó el 10 de febrero de 2014, lo que suspendió la prescripción al 10 de agosto de 2014; asimismo, del 1 de mayo de 2012 al 9 de febrero de 2014 transcurrió un año, nueve meses y ocho dias de cómputo de prescripción. Así también del 11 de agosto de 2014 al 31 de diciembre de 2014, transcurrieron cuatro meses y veinte días, por tanto, del 1 de mayo de 2012 al 31 de diciembre de 2014, menos la suspensión de seis meses, resulta que acontecieron dos años, un mes y veintiocho días; asimismo, del 1 de enero de 2015 al 25 de noviembre de 2016, fecha de notificación de la RD N° 17-137-2016, transcurrió un año, diez meses y veinticuatro días, de lo que sumado resulta: cuatro años y veintidós días.

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De la misma forma, aplicando la norma más benigna, específicamente el artículo 60 de la Ley 2492 modificada por la Ley 291 para el IVA e IT de la gestión 2011, el cómputo de la prescripción se calcularía desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, y no desde el 1 de enero del año calendario siguiente.

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Aun considerando una variación por los meses con 30 y 31 días, dentro de la suma de los tres años y fracción, la notificación con la Resolución Determinativa N° 17-1317

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2016, fue practicada el 25 de noviembre de 2016, posterior a los cuatro años establecidos por ley, en consecuencia, prescribió la facultad de determinación del SIN del tributo omitido correspondiente al IUE, IVA e IT de la gestión 2011. .

Es aplicable en el ámbito tributario el artículo 123 de la Constitución Política del Estado, establecida como garantía jurisdiccional. El principio de seguridad jurídica es concebido por el artículo 178.1 de dicha norma constitucional, como un principio sobre el cual se sustenta la potestad de impartir justicia, al respecto cita la SCP 0003/2013 de 3 de enero.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Administrativa No 231929000198 SIN/GGLPZ/DJCCICC/RA/00009/2019 de 16 de abril de 2019.

11:2. Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Hidroeléctrica Boliviana S.A., legalmente representada por Orlando German Vino Carrillo, fue admitido mediante Auto de 10 de mayo de 2019, notificado de manera personal a la parte recurrente, el 16 de mayo de 2019, y a la representante de la Administración Tributaria recurrida, el 21 de mayo de 2019; fojas 47-52 de obrados.

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Celideth Ochoa Castro conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia No 031900000094 de 1 de febrero de 2019, por memorial presentado el 5 de junio de 2019, cursante a fojas 64-71 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

Sobre la supuesta lectura incorrecta de la prescripción y la vulneración al principio de congruencia, se tiene que, el 17 de agosto de 2017, el contribuyente presenta nota con referencia: “Presenta oposición a la ejecución tributaria, Proveído N° 331729000558″; asimismo, de la revisión del memorial del 5 de diciembre de 2016, se advierte como referencia: “Solicita declare prescripción de las acciones de la Administración Tributaria sobre las obligaciones tributarias de la gestión 2011”, revisado el contenido de la misma se observa que en ningún momento especifica que facultades se encontrarían

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

prescritas, tal es así que mediante nota de 11 de agosto de 2017, presenta: “Aclaración a solicitud de prescripción conforme Proveido”, como se advierte, el contribuyente pretende confundir e incurrir en error a la ARIT.

En aplicación a los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley 2492, las acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria correspondiente al alcance de la Orden de Fiscalización No 139990100131 no se encuentran prescritas, tomando en cuenta que la notificación de la Resolución Determinativa N° 17-0167 2015 data de 21 de abril de 2015, posteriormente, ante la interposición de recurso administrativo se produjo la suspensión del cómputo, consiguientemente con la notificación de la Resolución Determinativa N° 17-1317-2016 efectuada el 25 de noviembre de 2016, nuevamente se interrumpió dicho cómputo.

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En el presente caso, la Administración Tributaria ejerció sus facúltades para determinar la deuda tributaria e imponer: sanciones, dentro de los plazos establecidos en la ley, razón por la que dichas facultades no se encuentran prescritas; asimismo, al encontrarse vigente las Leyes 291 y 317 corresponde su aplicación como en otros casos similares; asimismo, el 21 de febrero de 2019, el contribuyente solicitó acogerse a Facilidades de pago, efectuando el pago de la cuota inicial y la garantía del-15%, emitiéndose en consecuencia, la Resolución Administrativa de facilidades de pago No * 201929000060 de 26 de febrero de 2019, lo que produjo una nueva interrupción del cómputo de la prescripción, por reconocimiento expreso de la obligación tributaria, conforme al artículo 61 de la Ley 2492.

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Los artículos 59 y 60 de la ley 2492 modificados por las leyes 291 y 317, que determinan que las acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, entre otros, aumentan un año de manera sucesiva hasta llegar a los 10 años, a partir de la gestión 2008, es decir que en la gestión 2016 el cómputo de la prescripción será de 8 años, por esta razón, al haber ejercitado sus facultades la Administración Tributaria dentro los plazos establecidos, dichas facultades no se encuentran prescritas. Las citadas leyes 291 y 317 no pueden afectar a los derechos ya adquiridos o consolidados por los contribuyentes, lo que implicaría hacer una aplicación retroactiva de la ley, que en el presente no ocurrió, en el entendido de que la prescripción es un derecho adquirido o una situación expectativa.

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No se configuró la prescripción, toda vez que, el 25 de noviembre de 2016, se notificó la Resolución Determinativa N° 17-1317-2016, actuado que interrumpió el cómputo de la prescripción de los periodos fiscales de enero a diciembre 2011, tomando en cuenta la suspensión con la interposición de los recursos, transcurrieron 3 años, 1 mes y 11 días para el IVA e IT de enero a noviembre de 2011; y 2 años, 1 mes y 11 días para los períodos restantes. También se debe tomar en cuenta que una vez que el .contribuyente fue notificado el 10 de febrero de 2014, con la Orden de Fiscalización N° 13990100131, se suspendió el cómputo de la prescripción, el cual se extendió hasta seis meses adicionales, tal como lo establece el artículo 62-1 de la Ley 2492.

Conforme a la Sentencia N° 021/2013 emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1444/2013 de 13 de agosto, 1228/2013 de 29 de julio y 1161/2013 de 23 de julio, todas de la gestión 2013, se tiene que las modificaciones establecidas en las Leyes 291 y 317 se encuentran vigentes, y deben ser aplicadas obligatoriamente por autoridades administrativas, judiciales y los administrados; asimismo, de conformidad al artículo 5 de la Ley 027, se presume la constitucionalidad de toda ley hasta que sea declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Finalmente se debe tener presente la SCP 1369/2013 de 16 de agosto de 2013, que se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 59.

El contribuyente menciona vulneración al Principio de seguridad jurídica y debido proceso; sin embargo, no especifica claramente en qué medida habría ocurrido tal vulneración. De los antecedentes administrativos, se puede verificar que la Administración Tributaria obró conforme normativa y dentro de los plazos establecidos por ley

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa No 231929000198 SINGGLPZ/DJCC/CC/RA/00009/2019 de 16 de abril de 2019.

11.4 Apertura de término probatorio y producción de prueba Mediante Auto de 6 de junio de 2019, se dispuso la apertura del término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada en secretaría tanto al recurrente

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

como a la Administración Tributaria, el 12 de junio de 2019, plazo dentro del cual, mediante memorial presentado el 27 de junio de 2019, la parte recurrente ratificó los

antecedentes administrativos presentados por Graco La Paz así como la prueba adjunta con anterioridad, y ofreció como prueba las Fichas Analíticas de los Precedentes Tributarios correspondientes a las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG/RI/0051/2006 de 16 de marzo de 2006, STG/RJ/0152/2005 de 14 de octubre y STG/RJ/0129/2005 de 13 de septiembre, ambas de 2005; así como la Sentencia Constitucional Plurinacional 0231/2017-53 de 24 de marzo de 2017; al efecto, por Proveído de 28 de junio de 2019, se dio por ratificada y ofrecida la prueba documental señalada, fojas 74-90 de obrados.

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Por memorial presentado el 1 de julio de 2019, la Administración Tributaria, ratificó como prueba los antecedentes administrativos presentados a momento : de interponer el Recurso de Alzada; al efecto, por Proveído de 2 de julio de 2019, se dio por ratificada la prueba documental señalada, fojas 91-92 de obrados.

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11.5. Alegatos Mediante nota presentada el 17 de julio de 2019, la parte recurrente formuló alegatos en conclusiones, reiterando los argumentos expuestos en su Recurso-de-Alzada … relacionados a la procedencia de la prescripción de las facultades de determinación de la Administración. Tributaria y a los vicios de nulidad relacionados a la incongruencia entre lo peticionado y lo resuelto; al efecto, por Proveído de 18 de julio de 2019 se dio por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria, fojas 95-98 de obrados.

Con memorial presentado el 22 de julio de 2019, la Administración Tributaria, formuló alegatos en conclusiones, reiterando los argumentos expuestos en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada, relacionados a la improcedencia de la prescripción e inexistencia de los vicios de nulidad denunciados por la parte recurrente; al efecto; al efecto por Proveído de 23 de julio de 2019, se dio por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria, fojas 102-107 de obrados.

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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 21 de noviembre de 2016, emitió la Resolución Determinativa N° 17-1317-2016 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UJT/RD/00051/2016) contra la Empresa Hidroeléctrica Boliviana S.A., estableciendo una obligación de 9.027.926 UFV’s por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de los periodos fiscales enero a diciembre 2011, más intereses y sanción por omisión de pago, así como la multa de 2.000 UFV’s por incumplimiento de deberes formales establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 000126961; fojas 1-22 de antecedentes administrativos.

Mediante la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0252/2017 de 20 de marzo de 2017, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz resolvió confirmar la Resolución Determinativa N° 17-1317-2016 (SIN/GGLPZ/DJCC/UJT/RD/00051/2016) de 21 de noviembre de 2016, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra la empresa Hidroeléctrica Boliviana SA; consecuentemente, se mantuvo firme y subsistente el tributo omitido por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) correspondiente a los periodos fiscales enero a diciembre 2011; más intereses y, sanción por omisión de pago; así como la multa por incumplimiento de deberes formales; fojas 23-41 de antecedentes adminsitrativos..

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La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0644/2017 de 30 de mayo de 2017, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, resolvió confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0252/2017 de 20 de marzo de 2017, en consecuencia, mantuvo firme y subsistente la deuda tributaria establecida en la Resolución Determinativa N° 17-1317-2016 (SIN/GGLPZ/DJCC/UJT/RD/00051/2016 de 21 de noviembre de 2016, respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transferencias (IT) y el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de los periodos fiscales enero a diciembre 2011, más el mantenimiento de valor, los intereses, la sanción por omisión de pago y la multa por incumplimiento de deberes formales; fojas 42-67 de antecedentes administrativos.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

La Empresa Hidroeléctrica Boliviana S.A. representada por Ángel Humberto Zannier Claros, mediante memorial de 11 de julio de 2017 presentado a la Administración Tributaria, solicitó respuesta expresa a su nota de 5 de diciembre de 2016, en la que señala haber requerido a la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, declare la prescripción de las facultades de determinación de la Administración Tributaria sobre las obligaciones, tributarias de la gestión 2011, así .como solicitó la nulidad del Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° 24-0744-2016 CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/PIET/00543/2016 de 20 de diciembre de 2016; fojas 70 71 de antecedentes administrativos.

El Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° 331729000558 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PIET/00553/2017) de 27 de julio de 2017, señaló que estando firme y ejecutoriada la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0644/2017 de 30 de mayo de 2017, que mantiene firme y subsistente la deuda tributaria establecida en la Resolución Determinativa N° 17-1317-2016 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCCIÜTJ/ RD/00051/2016) de 21 de noviembre de 2016, conforme lo establece el artículo 108 de la Ley 2492, concordante con el artículo4 del DS 27874, se conminó .al . contribuyente Empresa Hidroeléctrica Boliviana SA con NIT 1007121021 por la suma líquida y exigible de Bs44.693.485.- y anunció al administrado que a partir del tercer. – día siguiente a la notificación con el PIET, se procederá a ejecutar las medidas coactivas establecidas en el artículo 110 de la Ley 2492; acto administrativo que fue notificado de manera personal el 15 de agosto de 2017 al representante legal de la empresa contribuyente; fojas 76-77 de antecedentes administrativos.

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La Administración Tributaria con Proveído N° 241729000137 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PROV/00066/2017) de 8 de agosto de 2017, señaló: (…) en el presente caso la empresa HIDROELÉCTRICA BOLIVIANA S.A. no especifica en su solicitud si la prescripción opuesta es de la facultad de fiscalización, control, verificación y determinación tributaria o de la facultad de ejecución tributaria, considerando que ésta administración tributaria emitió la RD N° 17-13172016 en fecha 21 de noviembre de 2016 y notificó con la misma al contribuyente en fecha 25 de noviembre 2016, con anterioridad a la presentación del memorial de fecha 5 de diciembre de 2016 (…) Por tanto, se dispone que con carácter previo el contribuyente aclare su solicitud de prescripción si se refiere a la facultad de control, fiscalización, determinación o la 

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facultad de ejecución tributaria a fin de emitir la resolución que corresponda, (…)“, asimismo, anuló el PIET con CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/PIET/00543/2016 de 20 de diciembre de 2016, por haberse emitido antes de que la RD 17-1317-2016 adquiera firmeza; acto administrativo notificado de manera personal el 15 de agosto de 2017 al representante legal de la empresa contribuyente; fojas 78-80 de antecedentes administrativos.

Posteriormente, en atención a lo dispuesto mediante Proveído N° 241729000137 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/CC/ PROV/00066/2017) de 8 de agosto de 2017, la Empresa Hidroeléctrica Boliviana S.A. mediante memorial presentado el 17 de agosto de 2017, realizó la aclaración respecto a su solicitud de prescripción, señalando: “(…) aclaramos que por los periodos fiscales de enero a diciembre de 2011 han prescrito las facultades de la Administración Tributaria de control, fiscalización, determinación de la deuda tributaria establecida en la Resolución Determinativa 17-1317-2016, ...”; fojas 86 de antecedentes administrativos.

Posteriormente, por memorial presentado el 1 de septiembre de 2017 a la

ributaria, la Empresa Hidroeléctrica Boliviana S.A. reiteró se otorgue

respuesta a su solicitud de prescripción, señalando que cumplió con la aclaración requerida mediante Proveído N° 241729000137; fojas 90-91 de antecedentes administrativos.

El Proveido No 241729000166 (SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PROV/00086/2017) de 7 de septiembre de 2017, en respuesta a la solicitud de prescripción de Hidroeléctrica S.A., señaló que al encontrarse vigente las Leyes Nos. 291 y 317 que modificaron la Ley 2492, corresponde su aplicación; normativa que señala que el término para determinar la deuda prescribe a los ocho años en la gestión 2016, en consecuencia el cómputo del mencionado plazo, conforme el artículo 60 de la Ley 2492, se inició el primer día del año siguiente a aquel en el que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo y siendo el alcance de la fiscalización el IVA, IT e IUE de los periodos fiscales de enero à diciembre 2011, el cómputo fenecería en la gestión 2019, término que fue interrumpido con la emisión de la Resolución Determinativa N° 17-1317-2016 de 7 de septiembre de 2017, notificada el 25 de noviembre de 2016, razón por la que estableció que la solicitud de prescripción invocada es improcedente, en consecuencia,

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

mantuvo los reparos establecidos en la Resolución Determinativa N° 17-1317-2016 de

21 de noviembre de 2016, debiendo proseguir el cobro coactivo del adeudo tributario; acto administrativo notificado de manera personal el 11 septiembre de 2017 al representante legal de la empresa contribuyente; fojas 101-103 de antecedentes administrativos.

Mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1389/2017 de 15 de diciembre de 2017, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, resolvió confirmar el Proveido No 241729000166 (SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PROV/00086/2017) de 7 de septiembre de 2017; consecuentemente, mantuvo firme y subsistente las obligaciones tributarias pendientes de pago emergentes de la Resolución Determinativa N° 17-1317-2016 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UJT/RD/00051/2016) por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de los periodos fiscales enero a diciembre 2011, más intereses y sanción por omisión de pago, así como la multa por incumplimiento de deberes formales establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 000126961; fojás 136 147 de antecedentes administrativos.

La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0603/2018 de 26 de marzo de 2018, emitida por la Autoridad, General de Impugnación Tributaria, resolvió anular, la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1389/2017 de 15 de diciembre de 2017, a objeto de la ARIT La Paz emita una nueva Resolución, circunscribiéndose a

los agravios expuestos por el sujeto pasivo en su Recurso de Alzada y emita criterio

sobre las cuestiones planteadas; fojas 150-161 de antecedentes administrativos.

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Mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0792/2018 de 29 de mayo de 2018, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, resolvió anular el Proveido N° 241729000166 (SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PROVI00086/2017) de 7 de

2017; consecuentemente, ordenó que la Administración Tributaria emita un nuevo acto administrativo definitivo, en el que realice un análisis completo e integral de los argumentos planteados por la Empresa Hidroeléctrica S.A. y de esta forma exponga de manera fundamentada la aceptación o rechazo de la solicitud de prescripción cumpliendo los requisitos establecidos por el inciso e) del artículo 28 de la Ley 2341 y 31 del DS 27113; fojas 163-178 de antecedentes administrativos.

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Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

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Mediante Auto de Declaratoria de Firmeza de 22 de julio de 2018, se declaró firme la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0792/2018 de 29 de mayo de 2018 emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; fojas 180 de antecedentes administrativos.

La Resolución Administrativa. No 231929000198 SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RA/00009/2019 de 16 de abril de 2019 emitida por la Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió rechazar la oposición de prescripción de la ejecución tributaria interpuesta por el contribuyente Hidroeléctrica Boliviana S.A., mediante memoriales presentados a la Administración Tributaria el 5 de diciembre de 2016, reiterada y complementada el 11 de julio, 17 de agosto y 1 de septiembre de 2017, respecto al IVA, IT e IUE de los períodos fiscales enero a diciembre de 2011. contenidos en la Resolución Determinativa N° 17-1317-2016, en virtud a lo previsto en los artículos 59 y 61 de la Ley 2492; acto administrativo notificado de manera personal al Gerente General de la Empresa Hidroeléctrica S.A. el 17 de abril de 2019; fojas 298-303 de antecedentes administrativos.

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-111 de la Ley 3092, se tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Hidroeléctrica Boliviana S.A. legalmente representada por Orlando German Vino Carrillo, en el Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.

Inicialmente, corresponde señalar que la Empresa recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada solicita la nulidad de la Resolución Administrativa impugnada; en

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ese contexto, de la lectura del memorial de impugnación se advierte que expone argumentos tanto de forma como de fondo, por esta razón, siendo obligación de esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitir un criterio y/o posición respecto a todos y cada uno de los planteamientos formulados, se ingresará inicialmente al análisis de la existencia o no de los vicios denunciados y si éstos están legalmente sancionados con la nulidad; sólo en caso de no ser evidentes, se procederá al análisis de las cuestiones de fondo planteadas.

IV.1. Congruencia y fundamentación del acto administrativo Hidroeléctrica Boliviana S.A. legalmente representada por Orlando “German Vino Carrillo en su Recurso de Alzada y alegatos manifiesta que la Resolución Administrativa impugnada realizó una incorrecta lectura de la prescripción solicitada, en razón a que en los memoriales presentados ante la Administración Tributaria, expuso con meridiana claridad que la prescripción planteada fue a la facultad de determinación y no a la de ejecución tributaria; inclusive, Graco La Paz al no entender su primera solicitud, el 15 de agosto de 2017 le notificó con el Proveído N° 241729000137 de 8 de agosto de 2017, en el que dispuso que el contribuyente aclare si su solicitud de : prescripción se refiere a la facultad de control, fiscalización, determinación o a la de ejecución tributaria, a fin de emitir la resolución que corresponda. ; – …. .

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Añade que, el 17 de agosto de 2017 respondió por escrito al requerimiento del SIN, aclarando que la prescripción reclamada es sobre las facultades de determinación; sin embargo, pese a la aclaración efectuada, la Administración Tributaria equivoca la Resolución impugnada, lo que vulnera el Principio de Congruencia, siendo anulable bajo todo punto de vista desde su inicio, razón por la que solicitó el pronunciamiento expreso de la ARIT sobre este extremo.

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La Administración Tributaria en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada y alegatos señala que el 17 de agosto de 2017 el contribuyente presentó nota con referencia: “Presenta oposición a la ejecución tributaria, Proveído N° 331729000558″; asimismo, de la revisión del memorial del 5 de diciembre de 2016, se advierte como referencia: “Solicita declare prescripción de las acciones de la Administración Tributaria sobre las obligaciones tributarias de la gestión 2011”, revisado el contenido de la misma se observa que en ningún momento especifica que facultades se encontrarían

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prescritas, tal es así que mediante nota de 11 de agosto de 2017, presenta: “Aclaración a solicitud de prescripción conforme Proveido”, como se advierte, el contribuyente pretende confundir e incurrir en error a la ARIT; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone: I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

El artículo 68 de la Ley 2492, en relación a los derechos del sujeto pasivo en sus numerales 6 y 7, dispone: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta para los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

El artículo 201 de la Ley 2492 señala: Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Solo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

El artículo 28 de la Ley 2341 señala: Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.; d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

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El artículo 36 de la citada Ley 2341, refiere: I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior II. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. 

Previo a ingresar al análisis de la problemática que nos ocupa, es necesario considerar que el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso debe ser parte de todas las actuaciones administrativas; por consiguiente, es obligación de los organismos y dependencias de la Administración Pública a su cumplimiento; es en ese contexto, que dicho precepto constitucional establece de manera expresa que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se traduce, en los actos y actuaciones en un proceso administrativo se deben ajustar no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales; esto implica garantizar el correcto ejercicio de la Administración Pública a través de la emisión de actos administrativos, los que no deben resultar contrarios’ a los principios del Estado de Derecho.

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Conforme a lo señalado, toda autoridad administrativa tiene sus competencias, definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad, a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes. De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir ya controvertir las pruebas a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su

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El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez. Se define el derecho al debido proceso, como el conjunto de

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garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.

Ahora bien, la garantía del debido proceso se encuentra integrado por varios elementos que lo configuran, entre ellos, la motivación, la valoración integral de la prueba, la pertinencia y la congruencia de las resoluciones; en relación a este último componente, la Sentencia Constitucional Plurinacional 1407/2014 de 7 de julio, estableció el siguiente entendimiento: “En este contexto, debe señalarse que uno de los elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes; en ese contexto, es imperante además precisar que la vulneración al debido proceso en su elemento congruencia puede derivar de dos causales concretas a saber: a) Por incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también el derecho a la defensa; y, b) por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa, falla adicionando o incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las partes en el decurso de la causa. Consecuentemente, se concluye que el principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la ausencia de relación entre lo pedido por las partes y lo resuelto por la autoridad jurisdiccional, contradice el principio procesal de congruencia”. 

A lo anterior se suma, la normativa referida en los artículos 16 de la Ley 2341 y 4 del DS 27113; aplicables por disposición del artículo 201 de la Ley 3092, señalan que la

petición es un derecho de los ciudadanos y compromete a la administración pública a dar una respuesta oportuna y pertinente, además de obtener una respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes que formulen.

De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que la Empresa Hidroeléctrica Boliviana S.A., mediante memorial de 11 de julio de 2017, solicitó a la Administración Tributaria, otorgue respuesta expresa a su nota de 5 de diciembre de 2016, en la que señala haber requerido a Graco La Paz declare la prescripción de las

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facultades de determinación de la Administración Tributaria sobre las obligaciones tributarias de la gestión 2011; así consta a fojas 70-71 de antecedentes administrativos.

En respuesta, la Administración Tributaria mediante Proveído N° 241729000137 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PROV/00066/2017) de 8 de agosto de 2017, señaló que en el presente caso, la empresa Hidroeléctrica Boliviana S.A. no especifica en su solicitud si la prescripción opuesta, es de la facultad de fiscalización, control, verificación y determinación tributaria o de la facultad de ejecución tributaria, considerando que la Resolución Determinativa N° 17-1317-2016; fue notificada al contribuyente el 25 de noviembre 2016, con anterioridad a la presentación del memorial de fecha 5 de diciembre de 2016; en consecuencia dispuso que, con carácter previo, el contribuyente aclare su solicitud de prescripción, si se refiere a la facultad de control, fiscalización, determinación o la facultad de ejecución tributaria a fin de emitir la resolución que corresponda; actuación, administrativa notificada de manera personal el 15 de agosto de 2017 al representante legal de la empresa ahora recurrente; conforme consta a fojas 78-80 de antecedentes administrativos.

En cumplimiento a lo dispuesto por el Proveído mencionado precedentemente, la Empresa ahora recurrente, mediante memorial presentado el 17 de agosto de 2017 a la Administración Tributaria, realizó la aclaración respecto a su solicitud de .. . prescripción, señalando textualmente: “(…) aclaramos que por los periodos fiscales de : enero a diciembre de 2011 han prescrito las facultades de la Administración Tributaria de control, fiscalización, determinación de la deuda tributaria establecida en la Resolución Determinativa 171317-2016, por lo que consecuentemente el desarrollo de la etapa de ejecución tributaria también carece de respaldo legal: Hidroeléctrica Boliviana S.A., solicitó mediante memorial de fecha 5 de noviembre de 2016 la prescripción, valga la aclaración para la Administración Tributaria, de las facultades para controlar, fiscalizar, determinar deuda tributaria, amparando su petición en el 

afao numeral 2. Del parágrafo I del Artículo 59 de la norma citada, solicitud que fue reiterada mediante memorial de 11 de julio de 2017 (...)”

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Continúa señalando: ...) consiguientemente no solo queda establecido indubitablemente que nuestra solicitud de prescripción versa sobre la facultad de determinación de la Administración Tributaria, (…) En mérito a lo expuesto (…

Juan Carlos

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solicito a su autoridad (…) disponer la prescripción de la facultad de determinación de la Administración Tributaria por los períodos de enero a. diciembre/2011, al haber transcurrido más del plazo señalado en la norma para el ejercicio de la referida facultad” (las negrillas son nuestras); así se advierte a fojas 86 de antecedentes administrativos.

Posteriormente, por memorial presentado el 1 de septiembre de 2017 a la Administración Tributaria, la Empresa ahora recurrente, reiteró se otorgue respuesta a su solicitud de prescripción, señalando que cumplió con la aclaración requerida mediante Proveido N° 241729000137, oportunidad en la cual, refirió textualmente: En fecha 17 de agosto de 2017 mediante nota respondemos a la solicitud con claridad meridiana en el primer parágrafo de la misma que han prescrito las facultades de la Administración Tributaria de control, fiscalización, determinación de la deuda tributaria de eneroa diciembre de 2011 (...)”; así consta a fojas 90-91 de antecedentes administrativos.

En respuesta, la Administración Tributaria mediante Proveido N° 241729000166 (SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PROV/00086/2017) de 7 de septiembre de 2017, señaló que al encontrarse vigente las Leyes Nos. 291 y 317 que modificaron la Ley 2492, corresponde su aplicación; normativa que señala que el término para determinar la deuda prescribe a los ocho años en la gestión 2016, en consecuencia el cómputo del

la Ley 2492, se inició el primer día del año siguiente a aquel en el que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo y siendo el alcance de la fiscalización el IVA, IT e UE de los periodos fiscales de enero a diciembre 2011, el cómputo fenecería en la gestión 2019, término

terrumpido con la emisión de la Resolución Determinativa N° 17-1317-2016 de 7 de septiembre de 2017, notificada el 25 de noviembre de 2016, razón por la que estableció que la solicitud de prescripción invocada es improcedente, en consecuencia, mantuvo los reparos establecidos en la Resolución Determinativa N° 17-1317-2016 de 21 de noviembre de 2016, debiendo proseguir el cobro coactivo del adeudo tributario; acto administrativo notificado de manera personal el: 11 septiembre de 2017 al representante legal de la empresa ahora recurrente; así cursa a fojas 101 antecedentes administrativos.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

El mencionado Proveído luego de haber sido objeto de impugnación ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, fue confirmado mediante la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1389/2017 de 15 de diciembre de 2017; acto administrativo que a tras de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ. 0603/2018 de 26 de marzo de 2018, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, fue anulado a objeto de que la ARIT La Paz emita una nueva Resolución, circunscribién los agravios expuestos por el sujeto pasivo en su Recurso de Alzada y emita criterio sobre las cuestiones planteadas. En ese entendido, mediante la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0792/2018 de 29 de mayo de 2018, se anuló el Proveído N°241729000166 (SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PROV/00086/2017) de 7 de septiembre de 2017, ordenando que la Administración Tributaria emita un nuevo acto administrativo definitivo, en el que realice un análisis completo e integral de los argumentos planteados por la Empresa Hidroeléctrica S.A. y de esta forma exponga de manera fundamentada la aceptación o rechazo de la solicitud de prescripción cumpliendo los requisitos establecidos por el inciso e) del artículo 28 de la Ley 2341 y 31 del DS 27113; acto administrativo que fue declarado firme por el Auto de Declaratoria de Firmeza de 22 de julio de 2018. –

En ese sentido, la Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Administrativa N° 231929000198 SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RA/00009/2019 de 16 de abril de 2019, que resolvió rechazar la oposición de prescripción de la ejecución tributaria interpuesta por el contribuyente Hidroeléctrica Boliviana S.A., mediante memoriales presentados a la Administración Tributaria el 5 de diciembre de 2016, reiterada y complementada el 11 de julio, 17 de agosto. y 1 de septiembre de 2017, respecto al IVA, IT e IUE de los períodos fiscales enero a diciembre de 2011 contenidos en la Resolución Determinativa N° 17-1317 2016, en virtud a lo previsto en los artículos 59 y 61 de la Ley 2492; acto administrativo notificado de manera personal al Gerente General de la Empresa Hidroeléctrica S.A. el 17 de abril de 2019; así se advierte a fojas 298-303 de antecedentes administrativos.

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Conforme a lo relacionado, se advierte que Hidroeléctrica S.A., mediante memorial presentado al sujeto activo el 11 de julio de 2017, solicitó se otorgue respuesta expresa a su nota de 5 de diciembre de 2016, en la que señaló haber requerido se declare la prescripción de las facultades de determinación de la Administración Tributaria

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Juan Carlos Guzmán Ruiz

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sobre las obligaciones tributarias de la gestión 2011; ante tal solicitud, la Gerencia Graco La Paz, mediante Proveido N° 241729000137 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PROV/00066/2017) de 8 de agosto de 2017, requirió que el contribuyente aclare si su solicitud de prescripción se refiere a la facultad de control, fiscalización, determinación o la facultad de ejecución tributaria, a cuyo efecto, Hidroeléctrica S.A., mediante memorial presentado el 17 de agosto de 2017, de manera expresa señaló que la prescripción planteada es sobre las facultades de determinación, solicitud reiterada el 1 de septiembre de 2017, oportunidad en la cual, el sujeto pasivo enfatizó que realizó la aclaración requerida por el SIN, haciendo hincapié en relación a su planteamiento de prescripción sobre la facultad de determinación.

En respuesta a lo solicitado por la empresa ahora recurrente, la Gerencia Graco La Paz, luego de un trámite de impugnación ante la Autoridad de Impugnación Tributaria, emitió finalmente la Resolución Administrativa N° 231929000198 CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RA/00009/2019 de 16 de abril de 2019, que contrariamente a lo peticionado por el sujeto pasivo y en incumplimiento a lo dispuesto por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0792/2018 de 29 de mayo de 2018, en su parte resolutiva única, se pronunció expresamente sobre la facultad de ejecución tributaria, a cuyo efecto rechazó la oposición de prescripción de dicha facultad; planteamiento que conforme lo relacionado en párrafos anteriores, se advierte que no fue expuesto

ni solicitado por la empresa ahora recurrente.

Contrariamente, a pesar de la aclaración efectuada por Hidroeléctrica Boliviana S.A., mediante memoriales presentados a la Administración Tributaria el 17 de agosto y 1 de agosto de 2017, en cumplimiento a lo dispuesto por el Proveido No 241729000137 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PROV/00066/2017) de 8 de agosto de 2017; el Ente. Fiscal, incongruentemente resolvió sobre la prescripción de una facultad que no fue planteada por el sujeto pasivo. A esto se suma que el acto administrativo impugnado resuelve rechazar la oposición de solicitud de prescripción de la ejecución tributaria, refiriendo expresamente que dispone tal rechazo, conforme la solicitud de la empresa Hidroeléctrica Boliviana S.A. efectuada mediante memoriales presentados a la Administración Tributaria el 5 de diciembre de 2016, reiterada y complementada el 11 de julio, 17 de agosto y 1 de septiembre de 2017; y de la verificación de dichos

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memoriales se evidencia fehacientemente que los mismos versan sobre el planteamiento de la prescripción de las facultades de determinación de la Administración Tributaria sobre las obligaciones tributarias de la gestión 2011.

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De lo que se advierte una evidente incongruencia en el acto administrativo impugnado en relación a lo solicitado por el sujeto pasivo y lo resuelto por la Administración Tributaria, aspecto que es denunciado expresamente por la empresa recurrente ante esta instancia recursiva; al efecto corresponde traer a colación el razonamiento desarrollado en la Sentencia Constitucional Plurinacional 1083/201.4 de 10 de junio que en cuanto a la congruencia como elemento del debido proceso estableció: “…amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruència interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión

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Por otro lado, corresponde referir que la empresa recurrente en su Recurso de Alzada también denuncia que la Gerencia Graco La Paz del SIN, hizo caso omiso a lo dispuesto por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0792/2018 de 29 de mayo de 2018, y que simplemente no acató dicha resolución; al respecto, corresponde señalar que la mencionada Resolución de Alzada declarada firme el 22 de junio de 2018, en su página 27 estableció: “(…) el ente fiscal omitió emitir una respuesta respecto a la vulneración al principio de seguridad jurídica, toda vez que en el acto impugnado el ente fiscal no explicó las razones por las que emitió el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria N° 331729000558, sin respetar el plazo de 5 días previsto en 

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Juan Carlos Guzmán Ruiza

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el Proveído N° 241729000137 que se le otorgó al sujeto pasivo para aclarar su solicitud (…)”; en ese entendido, anuló el Proveído N° 241729000166 de 7 de septiembre de 2017, a objeto de que la Administración Tributaria emita un nuevo acto administrativo en el que realice un análisis completo e integral de los argumentos planteados por Hidroeléctrica S.A.

En ese contexto, la Gerencia Graco La Paz emitió el acto administrativo actualmente impugnado, de cuya lectura integra se advierte que nuevamente el SIN omitió pronunciarse sobre el agravio denunciado por el sujeto pasivo mencionado precedentemente y que fue expresamente observado por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0792/2018 de 29 de mayo de 2018, es decir, el sujeto activo omitió otorgar una respuesta al argumento de la empresa ahora recurrente relacionado a que el SIN emitió el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° 331729000558 sin respetar el plazo de 5 días concedido por el Proveido N° 241729000137; en ese entendido, es evidente que la Resolución recurrida no explicó fundadamente las razones legales por las que la Administración Tributaria emitió el PIET independientemente del plazo dispuesto a favor del sujeto pasivo por el citado Proveido No 241729000137, lo que demuestra una manifiesta omisión por parte del Ente Fiscal, en incumplimiento a lo dispuesto por la mencionada Resolución de Recurso de Alzada.

Se hace necesario establecer que las Resoluciones emitidas por la instancia de Alzada y la Jerárquica, producen efectos para los intervinientes dentro del proceso (Sujeto Pasivo y Administración Tributaria ) a partir de su notificación y adquieren la calidad de firmeza cuando un proceso administrativo concluye con una decisión cuyas consecuencias jurídicas se traducen en la posibilidad de exigir el cumplimiento de lo resuelto, es firme, cuando en derecho no caben contra ella medios de impugnación que permitan modificarla; este efecto, se traduce en el respeto y subordinación a lo decidido, por ello también se le define como la fuerza que atribuye el derecho a los resultados del proceso.

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En el presente caso, la decisión establecida por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0792/2018 de 29 de mayo de 2018, al adquirir firmeza, debió ser de cumplimiento obligatorio para la Administración Tributaria; sin embargo, las

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circunstancias descritas en el análisis realizado permiten establecer que se incumplió dicha disposición, lo que implica una falta de fundamentación y motivación que debe contener un acto administrativo definitivo, aspecto que vulnera el derecho a la defensa, seguridad jurídica y debido proceso.

Con relación al cumplimiento de los actos firmes, el Tribunal Constitucional a través de la SC 0324/2005-R de 7 de abril de 2005, estableció lo siguiente: “Consecuentemente, se constata que la autoridad recurrida, al emitir la decisión hoy objetada por la parte demandante, obró en contra de la cosa juzgada, modificando lo dispuesto en decisiones firmes y plenamente ejecutoriadas, con lo que ha conculcado el derecho a la seguridad jurídica que importa la certeza plena, firme convicción, confianza, de modo que el ciudadano y la ciudadana, al realizar un acto conforme a derecho tenga seguridad de que el mismo será respetado y en caso de ser entorpecido mediante actos arbitrarios, queda abierta la jurisdicción constitucional à efecto de que se restablezca el derecho y por tanto el ordenamiento jurídico; seguridad jurídica que se encuentra estrechamente vinculada a la garantía al debido proceso que: ‘exige que los litigantes tengan el beneficio de un juicio imparcial ante los tribunales y que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, es decir, implica el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo” (SC 682/2003-R, de 20 de mayo)”.

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En razón al análisis expuesto, se tiene que la Resolución Administrativa impugnada, genera incertidumbre respecto a la determinación asumida por el Ente Fiscal en cuanto a las alegaciones y solicitudes planteadas por el sujeto pasivo; en tal sentido, es evidente la falta de fundamentación del acto administrativo impugnado, situación que suprime una parte estructural de la misma, que en los hechos conlleva a establecer que se tomó una decisión de hecho y no así de derecho, extremo que vulnera el derecho al debido proceso del recurrente, siendo que la motivación de las resoluciones se constituye en un deber de la autoridad administrativa que lo emite impuesto por ley,

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esto con la finalidad de fiscalizar su actividad intelectual frente al caso, a los efectos de poderse comprobar que la decisión asumida devenga de un acto reflexivo, emanado de un estudio de las circunstancias particulares y no así de un acto discrecional de su

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voluntad autoritaria.

Juan Carlos

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Es necesario agregar que en materia estrictamente impositiva, el artículo 68, numerales 2 y 6 de la Ley 2492, dispone como derechos del sujeto pasivo, el que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos de esta Ley y las disposiciones reglamentarias dentro de los plazos establecidos; así como el derecho al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados en los términos del presente Código; en concordancia a la normativa referida, los artículos 16 de la Ley 2341 y 4 del DS 27113, aplicables por disposición del artículo 201 de la Ley 2492, señalan que la petición es un derecho de los ciudadanos y compromete a la administración pública a dar una respuesta oportuna y pertinente; aspectos que no fueron cumplidos por la Administración Tributaria en el caso bajo análisis, conforme se tiene referido en los párrafos que anteceden.

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Lo anterior, muestra que la Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, no consideró que la Resolución Administrativa impugnada no es una actuación, es un “acto definitivo” que producirá efectos jurídicos en los derechos del administrado; es decir, en el presente caso la procedencia o no de la prescripción expresamente solicitada por Hidroeléctrica Boliviana S.A. en sus memoriales presentados al SÍN el 11 de julio, 17 de agosto y 1 de septiembre de 2017, con el fin de que éste tome un claro conocimiento de los fundamentos de los cuales tenga que asumir defensa; aspecto que en el presente caso no se constató, más al contrario se evidenció el incumplimiento a las previsiones establecidas en el artículo 28 incisos b) y e) de la Ley 2341, aplicables en virtud al artículo 201 de la Ley 2492, que precisamente establecen que los elementos esenciales de los actos administrativos es la causa y la fundamentación que implica también la existencia de una debida congruencia entre lo peticionado por el sujeto pasivo y lo resuelto por la Administración Tributaria, consignando además la motivación respectiva sustentada en los hechos y’antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable, omisión que se encuentra sancionada con la nulidad y lesiona la garantía constitucional del debido proceso de la empresa ahora recurrente y que además impide a ésta Instancia Recursiva ingresar a considerar los

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argumentos fondo también esgrimidos en el Recurso de Alzada, toda vez que sólo en caso de que no se hubieran comprobado los vicios planteados, correspondía ingresar al análisis de los referidos aspectos.

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De acuerdo al análisis realizado, se concluye que en el presente caso la Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, no observó adecuadamente el debido proceso, al haber emitido un acto administrativo en incongruencia a lo solicitado por la empresa ahora recurrente y sin otorgar una respuesta fundamentada a sus alegaciones formuladas, lo que implica la existencia de vicios que causaron la vulneración de los derechos constitucionales del debido proceso y la defensa, garantizados por los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de Estado y 68, numeral 6) de la Ley 2492; consecuentemente, a efectos de sanear los vicios procedimentales encontrados, corresponde anular la Resolución Administrativa No 231929000198 SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RA/00009/2019 de 16 de abril de 2019, debiendo la Administración Tributaria emitir un nuevo acto administrativo en estricta congruencia con lo solicitado por Hidroeléctrica Boliviana S.A. en sus memoriales presentados el 11 de julio, 17 de agosto y 1 de septiembre de 2017, en resguardo a su derecho a la defensa y dar estricto cumplimiento a lo determinado en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0792/2018 de 29 de mayo de 2018..

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

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RESUELVE: PRIMERO: ANULAR la Resolución Administrativa N° 231929000198 SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RA/00009/2019 de 16 de abril de 2019, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales; consecuentemente, la Administración Tributaria debe emitir un nuevo acto administrativo que guarde estricta congruencia con lo solicitado por la empresa Hidroeléctrica Boliviana S.A. en sus memoriales presentados ante el sujeto activo, el

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Juan Carlos Guzman Ruit

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11 de julio, 17 de agosto y 1 de septiembre de 2017 y dar estricto cumplimiento a lo determinado en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0792/2018 de 29 de mayo de 2018.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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Gonzalo Metiles Loper

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código Tributario y sea con nota de atención.

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Rodsane Mendoza Sally BVB

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Alejandra

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Ale, Cecilia Vetez Dorado

Directetá Ejecutiva Regional Direction Ejecutiva Regional Autoridad Regional de Impugnación 

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Juan Carlos Guzmán Ruiz 

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AUTO DE RECTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN ARIT-RA 0007/2019 

La Paz, 16 de agosto de 2019 

Expediente

ARIT-LPZ-0483/2019

Recurso de Alzada: 

Interpuesto por Hidroeléctrica Boliviana S.A. representada legalmente por Orlando Germán Vino Carrillo, impugnando la Resolución Administrativa . No .231929000198 SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RA/00009/2019 de 16 de abril de 2019, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales.

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

La solicitud de aclaración y rectificación de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0903/2019 de 5 de agosto de 2019, emitida por la Autoridad Regional de

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Imoud

CONTENIDO DE LA SOLICITUD.

Mediante memorial presentado el 13 de agosto de 2019, Orlando Germán Vino Carrillo representante legal de Hidroeléctrica Boliviana S.A., solicitó, aclaración y rectificación de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0903/2019 de 5 de. agosto de 2019, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; expresando lo siguiente:

En la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0903/2019, se omite pronunciamiento sobre los agravios reclamados tanto en el Recurso de Alzada como en alegatos presentados el 6 de mayo y 17 de julio de 2019 respectivamente, consistentes en la verificación del cálculo de la prescripción, aplicación de normas y la pertinencia de emitir una Resolución fuera del Procedimiento de Determinación, razón por la que afirma que en el presente caso, existió vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, en ese sentido, solicita pronunciamiento de acuerdo a ley y que no se omita el ingresar a todos los aspectos reclamados tanto en el Recurso de Alzada como en alegatos escritos.

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FUNDAMENTOS DEL AUTO MOTIVADO. 

Alejandra Vera Villalobo

El artículo 213 del Código Tributario ha previsto en materia tributaria, la rectificación y aclaración de Resoluciones, señalando expresamente que: Dentro del plazo fatal de cinco (5) días, a partir de la notificación con la Resolución que resuelve el 

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Recurso, las partes podn solicitar la corrección de cualquier error material, la aclaración de algún concepto oscuro, sin alterar lo sustancial o que se supla cualquier omisión en que se hubiera incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas”. 

A efectos de resolver la solicitud planteada por Orlando Germán Vino Carrillo en representación legal de Hidroeléctrica Boliviana S.A., dentro de los alcances del artículo 213 del Código Tributario citado en el párrafo anterior, se debe enfatizar que la rectificación y aclaración de la Resolución de un Recurso de Alzada debe estar relacionada con cualquier error material, concepto oscuro u omisión en que se hubiera incurrido sin alterar lo sustancial del Acto Administrativo; en consecuencia, no tiene la finalidad de dilucidar interpretaciones de las normas jurídicas, conceptos o puntos de vista, menos para modificar materialmente la citada Resolución. En este sentido, corresponde señalar lo siguiente:

Conforme se evidencia de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0903/2019 de 5 de agosto de 2019, la impugnación fue contra la Resolución Administrativa N° 231929000198 SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RA/00009/2019 de 16 de abril de 2019, que resolvió la solicitud de prescripción formulada por el sujeto pasivo ante la Administración Tributaria.

En ese contexto, al haberse identificado la existencia cierta de un vicio de nulidad en el acto administrativo impugnado sobre la incongruencia entre lo peticionado por el sujeto pasivo y lo resuelto por la Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, que causó la vulneración de los derechos del sujeto pasivo garantizados por los artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado y 68 numeral 6) de la Ley 2492, ésta instancia recursiva se vio impedida de ingresar al análisis de los argumentos de fondo expuestos por el recurrente en su Recurso de Alzada (la verificación del cálculo de la prescripción, aplicación de normas y la pertinencia de emitir una Resolución fuera del Procedimiento de Determinación); aspecto que fue aclarado en el penúltimo párrafo del numeral IV Fundamentación Técnica y Jurídica de la mencionada Resolución de Recurso de Alzada.

Por lo expuesto, no habiéndose identificado ningún concepto oscuro u omisión que se hubiere expresado en la citada Resolución de Recurso de Alzada, toda vez que los Fundamentos Técnico-Jurídicos como la parte resolutiva de la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0903/2019 de 5 de agosto de 2019, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, son claros y precisos; en consecuencia, corresponde rechazar la solicitud de aclaración y rectificación de la mencionada Resolución de Recurso de Alzada.

POR TANTO: 

PRIMERO.- NO HA LUGAR a la solicitud de aclaración y rectificación de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0903/2019 de 5 de agosto de 2019, formulada por Orlando Germán Vino Carrillo representante legal de Hidroeléctrica Boliviana S.A., quedando firme y subsistente en todas sus partes.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

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SEGUNDO.El presente Auto forma parte de la Resolución de Alzada ARIT LPZ/RA 0903/2019 de 5 de agosto de 2019; consecuentemente, conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del Recurso Jerárquico, para ambas partes, es de veinte días computables a partir de su notificación.

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TERCERO.– Enviar copia del presente Auto al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al-art. 140. Inciso c) del CTB.

Regístrese, notifíquese, archive 

y cúmpla

RCVD/avv/vigr/mchf/mhgc

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Directora Elacutiva Regional i Dirección Encutiva Regionati Aastorkad Replonal de Impugnacties 

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