ARIT-LPZ-RA-0900-2019 Resolución Sancionatoria confirmada. El contribuyente solicita prescripción de facultad para imponer sanciones por incumplimiento a deber formal por parte del SIN, sin embargo, la Administración Tributaria se encontraría dentro del plazo que la Ley 812 modifica al Código Tributario respecto a la prescripción, ya que el acto administrativo fue notificado después de la vigencia de la Ley 812.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0900/2019 

Recurrente: 

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Emerson Josué Millán Vera 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Iván Arancibia Zegarra

Acto Impugnado: 

Resolución Sancionatoria N° 181820005353 (SIN/GDLPZ I/DJCC/RS/02802/2018) 

Expediente: 

ARIT-LPZ-0445/2019 

Lugar y Fecha: 

La Paz, 5 de agosto de 2019 

,

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 0900/2019 de 5 de agosto de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente:

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Calidad 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Sancionatoria N° 181820005353 (SIN/GDLPZ I/DJCC/RS/02802/2018) de 4 de diciembre de 2018, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, dispuso sancionar al contribuyente Emerson Josué Millán Vera, en aplicación de los artículos 150 de la Ley 2492, 1 y 2 de la RND 10-0047-05, 15 de la RND 10-0004-10 y Disposición Final Cuarta del Capítulo X de la RND 10-0016-07, con 9 multas cada una de 200 UFV’s conforme el Anexo Numeral 4.2 de la RND 10 0037-07 correspondiente a los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2011; y, 3 multas de 500 UFV’s cada una de conformidad al Anexo

numeral 3 subnumeral 3.1 de la RND 10-0033-16 respecto a los periodos octubre, noviembre y diciembre 2011, monto total que asciende a 3.300 UFV’s.

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Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973 • www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 11.1. Argumentos del Recurrente 

Emerson Josué Millán Vera mediante memoriales presentados el 26 de abril y 10 de mayo

de 2019, cursante a fojas 9-19 y 26 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

.

El Ente Fiscal a través de la Resolución Sancionatoria pretende erróneamente el cobro de una sanción, pese a que sus facultades de ejecución de la deuda tributaria e imposición de sanciones se encuentran prescritas; al efecto, cita los artículos 59, 60, 61, 62, 68, 131 y 165 de la Ley 2492, así como la Disposición Adicional Quinta y Sexta de la Ley 291; y la Disposición Adicional Decima Segunda de la Ley 317. Asimismo, refiere lo dispuesto por la Sentencia Constitucional 992/2005-R de 19 de agosto de 2005, que se encuentra sustentada en el numeral 1 parágrafo II del artículo 109 del Código Tributario y en el artículo 5 del DS 27310, los cuales refieren que el sujeto pasivo tiene derecho de solicitar la extinción de la facultad de cobro incluso en la etapa de cobranza coactiva; y las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R.

De acuerdo al artículo 59 parágrafo I numeral 3 de la Ley 2492, el término de la prescripción para imponer sanciones por el incumplimiento al deber formal de presentar los libros de compras y ventas relativo a los periodos de la gestión 2011 es de 4 años; cómputo que de conformidad al parágrafo I del artículo 60 de la citada Ley 2492, se inicia el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo; por tanto, a la emisión y notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional y de la Resolución Sancionatoria, la facultad de imponer sanciones correspondiente a los periodos enero a noviembre 2011 se encontraba prescrita el 1 de enero de 2016; y para diciembre 2011 el 1 de enero de 2017; en ese entendido, toda vez que la Administración Tributaria no ejerció su facultad para imponer sanciones administrativas dentro del plazo establecido, corresponde declarar prescritas las sanciones impuestas.

Conforme a los argumentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria No 181820005353 (SIN/GDLPZ I/DJCC/RS/02802/2018) de 4 de diciembre de 2018.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

II.2. Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Emerson Josué Millán Vera, fue admitido mediante Auto de 15 de mayo de 2019, notificado personalmente al recurrente y por cédula a la Administración Tributaria el 16 y 24 de mayo de 2019, respectivamente; fojas 27-32 de obrados.

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria .. La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente

representado por lván Arancibia Zegarra conforme acredita, la Resolución Administrativa de Presidencia No 031700001413 de 29 de septiembre de 2017, por memorial presentado el 10 de junio de 2019, cursante a fojas 35-38 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

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De conformidad al artículo 5 de la Ley 027 Ley del Tribunal Constitucional, se presume la constitucionalidad de toda . Ley, Decreto o Resolución y actos de los órganos del Estado en todos sus niveles, mientras no sea declarada inconstitucional.

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El artículo 59 de la Ley 2492 fue modificado por la Ley. 812, disponiendo que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los 8 años; asimismo, de conformidad al artículo 60 parágrafo II de la mencionada Ley 2492 modificada por las Leyës 291 y 317, el término de la prescripción se computa desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria; en ese entendido, toda vez que la Resolución Sancionatoria se emitió en vigencia de la Ley 812, corresponde el término de 8 años para la facultad de imponer sanciones por la no presentación de los libros de compras y ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2011; el cual inició el 1 de enero de 2012 y culminará el 31 de diciembre de 2019; sin embargo, el 12 de abril de 2019, se produjo la interrupción del cómputo con la notificación de la Resolución Sancionatoria N° 181820005353; razón por la que hasta la fecha no operó prescripción alguna.

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La Ley 812 no puede afectar a los derechos adquiridos o consolidados por los contribuyentes, toda vez que eso implicaría hacer una aplicación retroactiva de la Ley; 

sin embargo, pueden afectar a las situaciones de expectativa o llamados derechos

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expectativos que aún no se consolidaron por estar pendientes de cumplimiento. En tal sentido, si a la entrada en vigencia de las nuevas normas jurídicas la prescripción aun no operó, se constituye tan solo en una situación expectativa que aún no se consolidó ni se adquirió derecho alguno; es decir, nunca llegó a ser parte del patrimonio del sujeto

pasivo; por tanto, esa situación no consolidada puede ser modificada o extinguida por el legislador a través de nuevas Leyes en pleno ejercicio de su potestad tributaria; en este caso no se considera que se trate de una aplicación retroactiva de la Ley.

En cumplimiento a los artículos 198, inciso e) y 211 del Código Tributario, solicita que esta Autoridad se pronuncie únicamente sobre los argumentos planteados en el Recurso de Alzada, respetando el principio de congruencia; lo contrario constituye vulneración al derecho a la defensa y debido proceso consagrados en el artículo 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria N° 181820005353 (SIN/GDLPZ I/DJCC/RS/02802/2018) de 4 de diciembre de 2018.

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba Mediante Auto de 11 de junio de 2019, se aperturó el término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada por Secretaría al recurrente y a la Administración Tributaria el 12 de junio de 2019; fojas 39-40 de obrados.

Por memorial presentado el 27 de junio de 2019, la Administración Tributaria ofreció, propuso, reprodujo y ratificó en calidad de prueba pre constituida los antecedentes administrativos remitidos a momento de responder al Recurso de Alzada; al efecto, por Proveído del 28 de junio de 2019, se dio por ratificada la prueba documental señalada, actuación notificada en Secretaría a las partes el 3 de julio del mismo año; fojas 41-42 y 45 de obrados.

Mediante memorial presentado el 27 de junio de 2019, Emerson Josué Millán Vera ofreció, reprodujo y ratificó en calidad de prueba los antecedentes administrativos – presentados por la Administración. tributaria así como los argumentos expuestos a momento de interponer el Recurso de Alzada; al efecto, por Proveído de 28 de junio

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

de 2019, se dio por ratificada la prueba documental señalada, en tanto cumpla lo establecido en los artículos 81 y 217 de la Ley 2492, actuación notificada por secretaria a ambas partes el 3 de julio de 2019; fojas 43-44 y 46 de antecedentes administrativos.

II.5. Alegatos Por memorial presentado el 19 de julio de 2019, Emerson Josué Millán Vera, expuso alegatos escritos reiterando los argumentos esgrimidos en su Recurso de Alzada, consistentes en que las facultades del Ente Fiscal de ejecutar la deuda tributaria e imponer sanciones se encuentran prescritas; así también, resaltó que a la emisión y notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional y de la Resolución Sancionatoria, la facultad de imponer sanciones correspo

os enero a noviembre 2011 se encontraba prescrita el 1 de enero de 2016 y para diciembre 2011 el 1 de enero de 2017; al efecto, el Proveído de 22 de julio de 2019, se dio por formulados los alegatos, acto que fue notificado a las partes en secretaría el 24 del mismo mes y año; fojas 47-53 de obrados.

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Finalizado el plazo para presentación de alegatos, se advierte que la Administración Tributaria, no presentó alegatos conforme establece el artículo 210, parágrafo Il-del Código Tributario.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA El Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 00140995009779 de 17 de noviembre de’ 2017, emitido contra Emerson Josué Millán Vera, comunicó el incumplimiento de la presentación de la información de los Libros de Compras y Ventas IVA a través del

Software Da Vinci – Modulo LCV, conducta que se constituye en incumplimiento al deber – formal previsto en los artículos 1 y 2 de la RND 10-0047-05, sancionado según el numeral 4.2 del Anexo Consolidado de la RND 10-003707 para los periodos de enero a septiembre 2011 con una multa de 200 UFV’s por cada periodo fiscal incumplido; y, según el Anexo Numeral 3.1 de la RND 10-0033-16 para los periodos de octubre a diciembre 2011 con una multa de 500 UFV’s por periodo incumplido; haciendo un monto total de 3.300 UFV’s; asimismo, se le concedió veinte (20) días a partir de su notificación con el presente Auto: para que el contribuyente presente sus descargos; actuación administrativa notificada por cédula el 13 de septiembre de 2018; fojas 1-5 de antecedentes administrativos.

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Por nota presentada ante la Administración Tributaria el 2 de octubre de 2018, Emerson Josué Millán Vera presentó descargos al Auto Inicial de Sumario Contravencional, oponiendo prescripción de las facultades de imposición de sanciones relativas a la presentación de los libros de compras y ventas IVA de los periodos enero a diciembre 2011; fojas 9-12 de antecedentes administrativos.

El Informe CITE: SIN/GDLPZ-1/DF/SV/INF/13958/2018 de 31 de octubre de 2018, concluyó que el contribuyente presentó descargos no valederos; en consecuencia, recomendó remitir el trámite al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva; fojas 16 19 de antecedentes administrativos.

La Resolución Sancionatoria N° 181820005353 (SIN/GDLPZ I/DJCC/RS/02802/2018) de 4 de diciembre de 2018, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, dispuso sancionar al contribuyente Emerson Josué Millán Vera, en aplicación de los artículos 150 de la Ley 2492, 1 y 2 de la RND 10-0047-05, 15 de la RND 10-0004-10 y Disposición Final Cuarta del Capítulo X de la RND 10-0016-07, con 9 multas cada una de 200 UFV’s conforme el Anexo Numeral 4.2 de la RND 10 003707 correspondiente a los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2011; y, 3 multas de 500 UFV’s cada una de conformidad al Anexo I numeral 3 subnumeral 3.1 de la RND 10-0033-16 respecto a los periodos octubre, noviembre y diciembre 2011, monto total que asciende a 3.300 UFV’s; acto administrativo notificado por cédula el 12 de abril de 2019; fojas 25-28 y 30-33 de antecedentes administrativos.

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-111 de la Ley 3092, se tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Emerson Josué Millán Vera; la posición final

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.

IV.1. Prescripción Emerson Josué Millán Vera, en su Recurso de Alzada y en alegatos señala que el Ente Fiscal a través de la Resolución Sancionatoria erróneamente pretende el cobro de una sanción, pese a que sus facultades de ejecución de la deuda tributaria e imposición de la sanción se encuentran prescritas.

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Continua señalando que de acuerdo al artículo 59 parágrafo I numeral 3 de la Ley 2492, el término de la prescripción para imponer sanciones administrativas es de 4 años; cómputo que de conformidad al parágrafo I del artículo 60 de la citada Ley 2492 se inicia desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo; por tanto, a la emisión y notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional y de la Resolución Sancionatoria, la facultad de imponer sanciones correspondiente a los periodos enero a noviembre 2011 se encontraba prescrita el 1 de enero de 2016; y para diciembre 2011 el 1 de enero de 2017; en ese entendido, toda vez que la Administración Tributaria no ejerció su facultad para imponer sanciones administrativas dentro del plazo establecido, corresponde declarar prescrita las nciones: impuestas.

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La Administración Tributaria en su respuesta al Recurso de Alzada señala que el artículo 59 de la Ley 2492 fue modificado por la Ley 812, disponiendo que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los 8 años; asimismo, de conformidad al artículo 60 parágrafo II de la mencionada Ley 2492 modificada por las Leyes 291 y 317, el término de la prescripción se computa desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria; en ese entendido, toda vez que la Resolución Sancionatoria se emitió en vigencia de la Ley 812, corresponde el término de 8 años para la facultad de imponer sanciones por la no presentación de los libros de compras y ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2011; el cual inició el 1 de enero de 2012 y culminará el 31 de diciembre de

2019; sin embargo, el 12 de abril de 2019, se produjo la interrupción del cómputo con Guzilián Ruiz EX

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la notificación de la Resolución Sancionatoria N° 181820005353; razón por la que hasta la fecha no operó prescripción alguna; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 59 de la Ley 2492, establecía: . 1. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

  1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 
  2. Imponer sanciones administrativas. 
  3. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 

La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó el artículo 59 de la Ley 2492, estableciendo: 1. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible. 

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La Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, derogó el último párrafo del parágrafo I, del artículo 59 de la Ley 2492, disponiendo: 1. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión-2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. .. 3. Imponer sanciones administrativas. II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible. . 

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Posteriormente, la Ley 812 de 30 de junio de 2016, dispuso la modificación del artículo 59, parágrafos I y II de la Ley 2492, conforme el siguiente texto: 1. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaría. 3. Imponer sanciones administrativas. II. El término de prescripción precedente se ampliará en dos (2) años adicionales, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, se inscribiera en un régimen tributario diferente al que corresponde, incurra en delitos tributarios o realice operaciones comerciales y/o financieras en países de baja o nula tributación. 

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El artículo 60 de la Ley 2492, con relación al cómputo de la prescripción, establecía: 1. Excepto en el numeral 4 del parágrafo / del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

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  1. En el supuesto 4 del parágrafo / del Artículo anterior, el término se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

La Disposición Adicional Sexta de la Ley 291, modificó los parágrafos I y II del artículo 60 de la Ley 2492, quedando redactados de la siguiente manera: 1. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo.II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria. 

La Disposición Adicional Decima Segunda de la Ley 317 Ley del Presupuesto General del Estado del 11 de diciembre de 2012, modificó los parágrafos I y II del artículo 60 de la Ley 2492, modificados por la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: 1. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo / del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria.” 

El artículo 61 del referido Código Tributario, en relación a las causales de interrupción

de la prescripción, dispone: La prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

El artículo 62 del Código Tributario, en relación a las causales de suspensión de la prescripción, dispone: El curso de la prescripción se suspende con: 

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  1. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses. II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

Inicialmente, es necesario señalar que la prescripción está instituida como un modo de liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la legislación tributaria nacional se constituye en un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere el derecho de la dispensa de la exigibilidad de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; es necesario hacer : hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración Tributária permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo ylo vencimiento extingue su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas; ejecutar el tributo y las sanciones por contravenciones tributarias; bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material.del-tributo.

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Resulta necesario resaltar que si bien el instituto de la prescripción se constituye en una situación de puro derecho consolidada por el transcurso del tiempo, no es menos cierto que la obligación tributaria determinada mantendrá su vigencia en el tiempo, independientemente de las modificaciones incorporadas al Código Tributario, es decir, este instituto no extingue la obligación tributaria, por ello es perfectamente posible que el sujeto pasivo realice pagos aun cuando el adeudo tributario está prescrito y éstos se consoliden a favor del Estado, razón por la cual lo posibilidad de extinción por prescripción se consolida respecto a la exigibilidad de la obligación tributaria.

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Previo a ingresar a la problemática que nos ocupa, de la revisión de antecedentes administrativos, se establece que la Gerencia Distrital La Paz ‘I del Servicio de Impuestos Nacionales emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional No

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Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973 • www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

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00140995009779 de 17 de noviembre de 2017, contra Emerson Josué Millán Vera, comunicando el incumplimiento de la presentación de la información de los Libros de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci – Modulo LCV de los periodos fiscales de enero a diciembre 2011, conducta que se constituye en incumplimiento al deber formal previsto en los artículos 1 y 2 de la RND 10-0047-05, sancionado según el numeral

4.2 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07 para los periodos de enero a septiembre

2011 con una multa de 200 UFV’s por cada periodo fiscal incumplido; y según el Anexo I Numeral 3.1 de la RND 10-0033-16 para los periodos de octubre a diciembre 2011 con

una multa de 500 UFV’s por periodo incumplido; haciendo un monto total de 3.300 UFV’s; actuación administrativa que fue notificada por cédula el 13 de septiembre de 2018; en respuesta al citado Auto, Emerson Josué Millán Vera, por nota presentada ante la Administración Tributaria el 2 de octubre de 2018, presentó descargos oponiendo la prescripción; así se advierte a fojas 1-5 y 9-12 de antecedentes administrativos.

Como resultado del proceso sancionador, la Administración Tributaria en base al Informe CITE: SIN/GDLPZ-1/DF/SVI/INF/13958/2018 de 31 de octubre de 2018 se emitió la Resolución Sancionatoria No 181820005353 (SIN/GDLPZ I/DJCC/RS/02802/2018) de 4 de diciembre de 2018, disponiendo sancionar al contribuyente Emerson Josué Millán Vera, en aplicación de los artículos 150 de la Ley 2492, 1 y 2 de la RND 10-0047-05, 15 de la RND 10-0004-10 y Disposición Final Cuarta del Capítulo X de la RND 10 0016-07, con 9 multas cada una de 200 UFV’s conforme el Anexo Numeral 4.2 de la RND 10-003707 correspondiente a los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2011; y 3 multas de 500 UFV’s cada una de conformidad al Anexo I numeral 3 subnumeral 3.1 de la RND 10-0033-16 respecto a los periodos octubre, noviembre y diciembre 2011, monto total que asciende a 3.300 UFV’s; acto administrativo que fue notificado por cédula el 12 de abril de 2019;

conforme se puede evidenciar a fojas 25-28 y 30-33 de antecedentes administrativos.

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Conforme lo relacionado corresponde establecer que en nuestro ordenamiento jurídico antes de las modificaciones introducidas a la Ley 2492, mediante las Leyes 291 de 22 de septiembre de 2012 y 317 de 11 de diciembre de 2012, el artículo 59 establecía que las acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria prescribirían a los cuatro (4) años, así como el término para ejecutar las sanciones por contravenciones

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tributarias prescribe a los dos (2) años; en ese contexto, para su cómputo el artículo 60 de la citada disposición legal, preveia que el plazo para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias desde el momento en que adquiere la calidad de título de ejecución tributaria; asimismo, el artículo 61 de la mencionada Ley, señala que la prescripción se interrumpe con la notificación de la Resolución Determinativa, el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable o por la solicitud de facilidades de pago y que interrumpida comienza a ser computado nuevamente su término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la interrupción.

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No obstante de lo anterior, el citado artículo 59 de la Ley 2492, fue modificado mediante Ley 291’de 22 de septiembre de 2012, estableciendo textualmente que las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, así como el último párrafo del numeral indica-“El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año”. Ley que es de cumplimiento obligatorio en todas las instancias administrativas y cuenta con la presunción de constitucionalidad de conformidad al artículo 5 de la Ley 027; de lo que se advierte que nuestro Estado mediante esta reforma, amplía el plazo de la prescripción de cuatro (4) años hasta los diez (10) años; sin embargo, esta modificación es gradual a partir de la gestión 2013, incrementando un año en cada gestión hasta completar el 2018.

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La disposición citada en el párrafo anterior se mantuvo en la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, excepto por la derogación del último párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, modificado por la Ley 291, referido a que el período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias

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hubiesen ocurrido en dicho año; de igual forma, la mencionada Ley 317 modificó los parágrafos I y ll del artículo 60 de la Ley 2492, previamente modificados por la citada Ley 291, que ahora refiere que el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. En ese entendido, se tiene que las modificaciones incorporadas por las Leyes 291 y 317, no solamente establecieron el cómputo progresivo de la prescripción, sino que con la derogación del último párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492 o por la mencionada Ley 291, el citado cómputo de la prescripción se aplicaría progresivamente en función de las facultades del Ente Fiscal; de tal manera, en el presente caso la facultad de imponer sanciones fue ejercida por la Administración Tributaria.

Pese a lo mencionado, mediante la Ley 812 de 30 de junio de 2016, el régimen de la prescripción previsto en el artículo 59 de la Ley 2492, fue nuevamente modificado, en ese entendido, a partir de su vigencia, las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y. fiscalizar tributos, 2) Determinar la deuda tributaria y 3) Imponer sanciones administrativas; es decir, desde la vigencia de la citada Ley, el instituto de la prescripción está regido nuevamente por un plazo único, en este caso, ocho años dentro del cual la Administración Tributaria debe ejercer las facultades mencionadas; asimismo, la norma citada en su Disposición Abrogatoria y Derogatoria única dispuso:

ogan y derogan todas las normas contrarias a la presente Ley”, en ese

entendido, considerando que la Ley 291, establecía un plazo pro

prescripción hasta llegar a los diez años en la gestión 2018, resulta ser contrario al nuevo régimen previsto en la Ley 812, de tal manera, se suscitó la derogatoria tácita de la Ley 291 en lo concerniente a la Disposición Adicional Quinta que en su momento había modificado el artículo 59 parágrafo I del Código Tributario; lo que muestra de manera expresa la concurrencia de normativa legal que beneficia al administrado, en concordancia con el artículo 123 de la Constitución Política del Estado y el artículo 150 del Código Tributario.

En el contexto anterior, la aplicabilidad de la Ley 812 de 30 de junio de 2016, está en función a su vigencia, lo que implica que los actos administrativos notificados posterior a la vigencia de la citada Ley están sujetos a dicha normativa; disposición legal que

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establece que las acciones de la Administración Tributaria para imponer sanciones prescribirán a los 8 años; por tanto, en el presente caso la Resolución Sancionatoria N° 181820005353 (SIN/GDLPZ 1/DJCC/RS/02802/2018) de 4 de diciembre de 2018, fue notificada por cédula el 12 de abril de 2019, precisamente en vigencia de la Ley 812, como consecuencia, el término que corresponde aplicar es de 8 años de forma única y definitiva.

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Conforme el amplio examen normativo realizado precedentemente, se observa que ante la modificación del artículo 59 de la Ley 2492, la norma subsistente que quedo en vigencia es la Ley 291, empero, posteriormente a través de la Ley 317, ès derogado el último párrafo del citado artículo 59, parágrafo I, quedando habilitado el cómputo progresivo del término de la prescripción; finalmente, la Ley 812, nuevamente modifica el mencionado artículo 59, de cuya redacción se establece un término fijo de prescripción de ocho (8) años; lo cual, nos permite afirmar que a partir de la abrogación y derogación de las normas contrarias a esta última Ley, resulta incuestionable su aplicación a los actos emitidos y notificados precisamente en su vigencia; precisión que resulta necesaria realizar, en el entendido, de que esencialmente trata de una norma más beneficiosa para el sujeto pasivo, toda vez como mencionamos anteriormente, ya no está sujeto a la progresividad del cómputo y este se redujo de 10 a 8 años, el lapso de tiempo que contaba el sujeto activo para ejercer su facultad de determinar obligaciones impositivas. In

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Con relación al cómputo de la prescripción de la facultad de para imponer sanciones, conviene recordar que de conformidad al artículo 60, parágrafo ll de la Ley 2492, se dispuso: “En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria, en ese entendido, de acuerdo al marco legal señalado, respecto a la sanción por el incumplimiento al deber formal de presentar la información de los Libros de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, Módulo LCV de los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2011, con vencimiento de presentación en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2011, respectivamente, dentro el plazo de 3 días hábiles computables a partir de la presentación de la DDJJ del impuesto correspondiente de acuerdo con el último dígito

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de su NIT, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2012 y concluirá el 31 de diciembre de 2019; y para el periodo fiscal diciembre 2011, con vencimiento de presentación a enero 2012, el cómputo de prescripción se inició el 1 de enero de 2013 y concluirá el 31 de diciembre de 2020; aspectos que se encuentran plasmados en el siguiente cuadro:

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Octubre/2011 Noviembre/2011 | Diciembre/2011

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Lo descrito precedentemente demuestra que la Administración Tributaria ejerció en el plazó legal otorgado su facultad de imponer sanciones administrativas, toda vez que el 12 de abril de 2019, notificó al recurrente con la Resolución Sancionatoria No 181820005353 (SIN/GDLPZ I/DJCC/RS/02802/2018), con el que interrumpió el curso de la prescripción; en ese entendido, dichas facultades se encuentran incólumes; por tanto, al no encontrarse materializada la prescripción invocada por el ahora recurrente, su solicitud resulta improcedente.

Con relación a la manifestación del recurrente de que la facultad del Ente Fiscal de ejecutar la deuda tributaria se encontraría prescrita; al respecto, corresponde aclarar que el presente proceso es de carácter sancionatorio y no determinativo, razón por la que el argumento de la prescripción de las facultades de ejecución de la deuda tributaria no es legalmente posible, toda vez que no existe pretensión de la Administración Tributaria de ejecutar tributos; a ello corresponde añadir que no existe aún un Título de Ejecución Tributaria conforme establece el artículo 108 parágrafo I de la Ley 2492, que señala expresamente lo siguiente: l. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: 1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o 

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sanción que imponen; (...); en ese sentido, al no encontrarse firme la Resolución Sancionatoria impugnada que dé lugar a la ejecución de sanciones, mucho menos exista una Resolución Determinativa firme que propicie la ejecución la deuda tributaria, no corresponde el análisis de dicha facultad.

Respecto a la cita de la Sentencia Constitucional 992/2005-R de 19 de agosto de 2005 que invoca el recurrente, corresponde señalar que dicho precedente constitucional versa sobre la prescripción de las facultades de cobro coactivo de la Administración Tributaria bajo el ámbito de la Ley 1340, es decir, ante el vacío jurídico con relación al cómputo del plazo, interrupción y suspensión en fase de cobranza coactiva en dicha Ley; así también, con relación a la cita de la Sentencia Constitucional 1606/2002-R de 20 de diciembre de 2002, esta dispuso que la figura jurídica de prescripción puede ser opuesta en cualquier estado de la causa, hasta en ejecución de sentencia; – dichos precedentes jurisdiccionales otorgan al sujeto pasivo la posibilidad de oponer prescripción incluso en etapa de ejecución tributaria permitiendo además la aplicación supletoria de las reglas del Código Civil a efectos de realizar el cómputo de la prescripción; sin embargo, dichas particularidades no se vieron plasmadas en el presente caso, toda vez que la prescripción de las facultades de imposición de sanciones analizadas se encuentran reguladas por la Ley 2492, con sus respectivas modificaciones, norma que regula con absoluta claridad el cómputo, interrupción y suspensión de la prescripción en dicha fase, no siendo necesario acudir a la aplicación supletoria de las reglas del Código Civil; consecuentemente, corresponde desestimar la observancia a dicha cita del fallo constitucional.

De acuerdo a los fundamentos de hecho y derecho antes expuestos, se llega a la conclusión que la Administración Tributaria ejerció sus facultades de imposición de sanciones emergentes del incumplimiento a deber formal relacionado con la presentación de Libros de Compra y Venta IVA de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2011, dentro del plazo previsto por Ley; consecuentemente, corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria N° 181820005353 (SIN/GDLPZ 1/DJCC/RS/02802/2018) de 4 de diciembre de 2018, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales.

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POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación:.. Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de

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septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 181820005353 (SIN/GDLPZ I/DJCC/RS/02802/2018) de 4 de diciembre de 2018, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales contra Emerson Josué Millán Vera;

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la multa de 3.300 UFV’s por la

contravención de no presentación de la información de Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci – LCV en los plazos, medios y formas establecidos

en normas específicas por los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2011.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad Abris, Rosa General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley

1000 €) 2492 (CTB) y sea con nota de atención.

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CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación.

KEEWARegístrese, hágase saber y cúmplase.

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  1. Cecilia Vetez Dorado 

Directora Ejecutiva Regional Dirección Ejecutiva Regional. Autoridad Regional de Impugnación 

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