ARIT-LPZ-RA-0886-2019 Resolución Administrativa anulada. El SIN rechaza tercería de derecho preferente interpuesta por el Banco Central de Bolivia dentro de un proceso de cobro coactivo y/o ejecutivo en contra de un contribuyente, sin fundamentar su posición respecto a los argumentos presentados por el recurrente, vulnerando los derechos constitucionales del debido proceso y la defensa. El recurrente habría registrado sobre el asiento B-7 su derecho, en las oficinas de Derechos Reales.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0886/2019 

Recurrente

Banco Central de Bolivia, legalmente representado por Carlos Antonio Zubieta Aguilar, Roger Omar Mancilla Campero y Cinthya Verónica Estevez Alfaro

Administración Recurrida: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Celideth Ochoa Castro

Acto Impugnado: 

Resolución Administrativa N° 231829000297 SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RA/00029/2018 y Auto No 251929000073 – SIN/GGLPZ/DJCC/CC/AUTO/ 00002/2019

Expediente: 

AŘIT-LPZ-0396/2019 

Lugar y Fecha: 

La Paz, 1 de agosto de 2019 

ros.

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 0886/2019 de 1 de agosto de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente:

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  1. 1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO L Resolución . Administrativa N° 2 31829000297 SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RA/00029/2018 de 31 de agosto de 2018, emitida por la Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales resolvió rechazar la Tercería de Derecho Preferente interpuesta por el Banco Central de Bolivia dentro del cobro coactivo y/o ejecución tributaria seguida contra el contribuyente Hotelera Nacional S.A. por no haber demostrado el registro de su Cesión de Créditos a título de

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Dación en pago ante la Oficina de Derechos Reales de la ciudad de La Paz, efectuada por el Banco Boliviano Americano y el Banco Central de Bolivia, para que surta efectos jurídicos de oposición y preferencia frente a terceros.

El Auto N° 251929000073 SIN/GGLPZ/DJCC/CC/AUTO/00002/2019 de 12 de marzo de 2019, resolvió no dar lugar a la solicitud planteada por el Banco Central de Bolivia, sobre aclaración y complementación de la Resolución Administrativa No 231829000297 SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RA/00029/2018 de 31 de agosto de 2018, quedando firme y subsistente en todas sus partes.

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA II.1. Argumentos del Recurrente Banco Central de Bolivia, legalmente representado por Carlos Antonio Zubieta Aguilar, Roger Omar Mancilla Campero y Cinthya Verónica Estevez Alfaro conforme acredita el Testimonio de Poder N° 169/2018 de 7 de septiembre de 2018, mediante memorial presentado el 4 de abril 2019, ante la Administración Tributaria, reconducido a la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz el 12 de abril de 2019, por nota CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/CC/NOT/01833/2019 y el memorial presentado ante esta instancia recursiva el 2 de mayo de 2019, cursantes a fojas 1,15-19 y 60-61 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

Graco La Paz desconoce ilegalmente los argumentos expuestos en el planteamiento de la Tercería, donde se explica de forma clara porque se habían registrado las adendas, fundamenta su rechazo aduciendo que la Escritura Pública N° 397/2000 de 5 de diciembre de 2000, se constituye en el documento principal que contiene el perfeccionamiento de la Cesión de Créditos realizada por el Ex Banco Boliviano Americano a favor del Banco Central de Bolivia, entendiendo que la misma debió ser inscrita a efectos de otorgarle publicidad a dicho acto, de conformidad a lo establecido en el artículo 1538 del Código Civil, constituyendo las otras dos Escrituras Públicas 414/2000: y 488/2003 en simples adendas de modificación o complementación de determinadas cláusulas que no afectan el objeto principal que es la cesión de Créditos.

En ese sentido, Graco La Paz pretende que sólo el registro de la Escritura Pública No 397 ante Derechos Reales sea válido y oponible a terceros, sin considerar que la

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Escritura Pública 414/2000 de 16 de agosto de 2000 modifica y complementa la Minuta de Cesión de Créditos a Título de Dación en Pago suscrita por el BBA a favor del BCB, por consiguiente es el documento principal e indispensable de la cesión, cuyo registro permite que sea oponible a terceros. De esta primera adenda y por emergencia de ella, se registró la Éscritura Pública N°488/2003 de 13 de agosto de 2003, que mediante su cláusula quinta se procedió a la modificación del nombre del acreedor hipotecario de la Hotelera Nacional S.A. en el registro de Derechos Reales, oficina que tiene entre sus facultades rechazar u observar los trámites de inscripción que se le

presenten, por lo que de existir alguna observación al título, Derechos Reales habría

rechazado el trámite presentado por el Banco Central de Bolivia, lo que en este caso no se produjo, como se demuestra en las sub inscripciones de los asientos.

.

Es así que la Gerencia Graco La Paz, entre cuyas funciones no está la objeción o rechazo de un registro, desconoce la inscripción de las adendas asumiendo una función que sólo le compete a Derechos Reales, con lo que afecta los intereses legítimos que tiene el BCB al ser acreedor privilegiado de la Hotelera Nacional. De acuerdo con el artículo 112 de la Ley 2492 y la Resolución Normativa de Directorio 10 0008-14, se advierte que la Administración Tributaria no tiene competencia alguna referida a la observancia o rechazo de un registro público o de los documentos que … respaldan el mismo, como claramente se deduce de la lectura del objeto de la : mencionada Resolución Normativa y de lo regulado en cuanto a las tercerías. : …..

Por lo citado, se advierte que la Gerencia Graco La Paz, está obrando fuera de

competencia al observar un registro público vigente, cuestionando la validez del título que le da origen y suplantando así la competencia de la Oficina de Derechos Reales o de otra instancia judicial.

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En la tercería planteada al SIN se señaló que la ley no exige que la cesión de crédito sea inscrita en Derechos Reales, toda vez que el artículo 388 del Código Civil reconoce que la cesión como tal al haberse constituido o al haber nacido a la vida del derecho comprende a favor del BCB los privilegios y garantías, incluyendo las reales; el artículo 387 del citado Código, establece que para que surta efecto probatorio el crédito cedido únicamente corresponde la entrega del documento de cesión sin mayor requisito para no afectar la preferencia de pago del acreedor cedente, de esta forma, el documento

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base de la obligación que fue entregado al BCB con el correspondiente registro en DDRR, no obliga a registrar la cesión, por tanto no podía restarse eficacia al derecho del nuevo acreedor.

Argumentos sobre los cuales la Resolución impugnada no se pronuncia a cabalidad, señalando únicamente que la doctrina señala que cuando la cesión de créditos compromete una garantía hipotecaria, ésta debe realizarse mediante Escritura Pública, la cual debe ser inscrita en el registro correspondiente. De ello, se advierte que Graco La Paz no indica cuál es la norma que le respalda para afirmar que el BCB no habría demostrado el registro de su Cesión de Créditos, tan sólo se limita a hacer referencia

na sin indicar siquiera la fuente, pretendiendo así que se adopte un criterio doctrinal por encima de la norma, que no fue incumplida por el BCB, toda vez que se registró la modificación de nombre en los Asientos B-4 y B-7, por consiguiente su deuda es oponible a terceros y tiene derecho preferente sobre las deudas inscritas en forma posterior.

Con la supuesta necesidad de registro de la Escritura Pública N° 397/2000, se pretende desconocer la prelación de registro de la hipoteca a favor del BCB. El Código Tributario en su artículo 49 establece los privilegios que están por encima de la deuda tributaria, en ese contexto, se observa que en la Matrícula 2010990037408 cursan los asientos B-4 por una deuda de $us 1.000.000 registrado el 1 de diciembre de 1997 a favor del BBA y Asiento B-7 de 26 de octubre de 2004, que aclara la hipoteca del Asiento B-4 a favor del BCB, los mismos que fueron registrados más de 8 años antes que el primer registro de la Gerencia Graco La Paz, realizado el 14 de diciembre de 2012.

En este sentido, el artículo 1393 del Código Civil, no dispone que la preferencia del registro. hipotecario se base en el tipo de documento que se registra, contrato principal o modificatorio, la norma habla exclusivamente de prioridad en la inscripción del registro sin incluir ni condiciones ni salvedades, por consiguiente, la Gerencia Graco La Paz pretende modificar una ley, restringiendo su aplicación a su conveniencia e intereses; de forma discrecional y sin competencia, con ello soslaya que los privilegiosi y garantías que benefician al BCB como cesionario del crédito, provienen del apoyo financiero otorgado por mandato de la ley, conforme quedó establecido en la cláusula quinta de la Escritura Pública N° 414/2000, razón por la que no es procedente cualquier

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forma de revisión o interpretación de la cesión de créditos, argumentos sobre los que no se pronunció la Resolución recurrida, cuando el procedimiento administrativo señala que para ser válido, debe tener causa, sustentándose en los hechos y antecedentes que lo originan, así como fundamento, incluyendo las razones que motivan el acto, lo que no ocurrió toda vez que no se explica por qué el registro en Derechos Reales de las adendas, no supone una acreencia privilegiada, en contradicción a lo manifestado por el Código Civil y el Tribunal Supremo de Justicia. Cita el Auto Supremo N° 44 de 1 de febrero de 1995.

De la misma manera, la Resolución impugnada pretende desconocer que el primer acreedor, Banco Boliviano Americano registró una hipoteca el 1 de diciembre de 1997 por el préstamo de $us 1.000.000.- realizado a la Hotelera Nacional S.A., que cursa en el Asiento B-4, gravamen que a la fecha está vigente, razón por la que aunque se observe la validez del título registrado por el BCB, carece de argumentos legales para observar el citado registro, que por la aclaración realizada en el Asiento B-7, ahora está a favor del BCB y que tiene prelación al registro efectuado por Graco La Paz.

Se pretende desconocer el privilegio que tiene el BCB para el cobro de la acreencia, que de acuerdo a lo manifestado por la Gerencia de Entidades Financieras, al 12 de diciembre de 2017, ascendía a la suma de $us 16:301.196,47 deuda que a la fecha debe actualizarse, y de proseguir la Administración Tributaria con la disposición del inmueble, se vulnerará los derechos del BCB.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución Administrativa N° 231829000297 SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RA/00029/2018 de 31 de agosto de 2018 y Auto N° 251929000073 SIN/GGLPZ/DJCC/CCIAUTO/00002/2019 de 12 de marzo de 2019.

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11.2 Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Banco Central de Bolivia, legalmente representado por Carlos Antonio Zubieta Aguilar, Roger Omar Mancilla Campero y Cinthya Verónica Estevez Alfaro, fue admitido mediante Auto de 6 de mayo de 2017, notificado personalmente al recurrente el 10 de mayo de 2019 y mediante cédula a la Administración Tributaria el 16 de mayo de 2019, fojas 62-67 de obrados.

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‘Il. 3 Respuesta de la Administración Tributaria 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Celideth Ochoa Castro conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia No 031900000094 de 1 de febrero de 2019, por memorial presentado el 31 de mayo de 2019, cursante a fojas 70-74 de obrados, respondió

negativamente con los siguientes fundamentos:

Conforme al principio de legalidad o primacía de la Ley, todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la Ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas como pretende el recurrente.

El artículo 112 del Código Tributario señala claramente que en la tercería de derecho preferente, el derecho propietario debe estar justificado con la presentación del respectivo título inscrito en el registro correspondiente; si bien el BCB a momento de interponer su tercería, presentó en calidad de prueba las Escrituras Públicas Números 397/2000 de 5 de diciembre de 2000, 414/2000 de 13 de diciembre de 2000 y 488/2003 de 13 de agosto de 2003 e informe expedido por la Oficina de Derechos Reales; la misma una vez admitida, debe ser valorada y analizada a objeto de establecer la

a tercería: es así que la RND NO 10-0008-14 de 21 de marzo de 2014. establece que admitida la misma, correrá en traslado al sujeto pasivo o tercero responsable deudor y al tercerista, abriendo el plazo probatorio de tres días, a cuyo vencimiento con o sin respuesta de los mismos, se emitiría la Resolución que declare probada o improbada la tercería; de lo que se advierte que el argumento del recurrente en sentido de que con la simple admisión, se da por sentado que la tercería debe ser

declarada probada, es equivocado.

Por Escritura Pública N° 590/99 de 16 de diciembre de 1999, el extinto BBA como acreedor y Hotelera Nacional S.A. como deudor, unificaron los préstamos existentes entre ambas entidades, reconociendo la deuda como obligación única por el monto total de $us3.850.000; posteriormente por Escritura Pública N° 397/2000 de 5 de diciembre de 2000, el BBA transfirió a favor del BCB en calidad de Dación en Pago, la totalidad de su cartera de créditos, entre ellos el otorgado a la Hotelera Nacional S.A. Esta Escritura 397/2000 se constituye en el documento principal mediante la cual se perfeccionó la mencionada cesión de créditos, y sobre la cual se efectuó una adenda

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por Escritura Pública N° 414/2000 de 13 de diciembre de 2000 suscrita por el BCB y el

BBA, con el objeto de modificar y recomponer el importe de la cartera de créditos.

Asimismo, por Escritura Pública N° 488/2003 de 13 de agosto de 2003 suscrita únicamente por el BCB, se establece como escritura matriz, la Escritura Pública No 414/2000 y se consigna de forma específica los créditos otorgados con garantía hipotecaria correspondientes al Departamento de La Paz a los efectos del cambio de nombre de la entidad acreedora mediante la respectiva inscripción en Derechos Reales de La Paz, escritura que fue registrada en el Asiento B-7 de la Matrícula Computarizada 2.01.0.99.0037408.

El artículo 1538 del Código Civil, establece claramente que, para que cualquier derecho real surta efectos con relación a terceros necesariamente y de manera obligatoria, se debe inscribir ese derecho real en la Oficina de Derechos Reales; asimismo el artículo 1540. del citado Código establece los títulos que deben inscribirse en el registro. En ese sentido, de acuerdo al referido artículo 1538, ni la entrega del título, ni el simple documento escrito que pruebe la cesión, serán suficientes, toda vez que se debe cumplir con las formalidades requeridas de inscribirla para que surta: los efectos establecidos en la mencionada disposición legal. .

En ese contexto, se debe tener claro que el documento base o principal de contrato de cesión de créditos es la Escritura Pública N° 397/2000, que tenía una garantía real que si bien fue cedida al BCB no fue inscrita a su nombre en la Oficina de Derechos Reales, conforme se evidencia en la Matrícula Computarizada 2.01.0.99.0037408, la única Escritura Pública que fue registrada es la No 488/2003 de 13 de agosto de 2003 adjuntando la Escritura Pública N° 414/2000 de 13 de diciembre de 2000, debiendo quedar claro que ninguno de estos dos documentos modifica, altera o complementa la cesión de crédito de la Hotelera Nacional S.A.

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Los artículos 387 y 388 el Código Civil señalados por el recurrente, no son relevantes ni aplicables en el presente caso, toda vez que no está en discusión la existencia de la cesión de créditos y la transmisión de las garantías o si existió o no la entrega del documento, sino la inobservancia del BCB al artículo 1538-111 que exige la inscripción en Derechos Reales de los actos pro los que se constituyen, transmiten, modifican o

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limitan los derechos reales sobre bienes inmuebles, requisito de fondo que no fue cumplido por el BCB, que no inscribió la transmisión (cesión) del derecho real que le hizo el BBA por medio de la Escritura Pública N° 397/2000 en la Oficina de Derechos Reales, habiendo inscrito sólo los documentos complementarios o accesorios que no establecen la cesión efectuada.

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El BCB inició un proceso civil coactivo contra la Hotelera Nacional S.A., mismo que después del trámite correspondiente que cursa en los antecedentes remitidos a conocimiento de la ARIT, concluyó con el Auto de Vista No D-425/2006 de 17 de noviembre de 2006, que confirma la Resolución N° 370/04 de 2 de diciembre de 2004, que a su vez declara probadas las excepciones de falta de fuerza coactiva e inhabili del título opuestas por Hotelera Nacional S.A.; el citado fallo fundamenta que de la Escritura Pública N° 397/2000, se evidencia que la cesión de créditos fue realizada por el BBA en favor del BCB, en el cual se tramita el crédito que dicha institución tenía con la Hotelera Nacional S.A., y que tenía una garantía real hipotecaria que no fue inscrita en la Oficina de Derechos Reales, incumpliendo lo dispuesto por los artículos 1538 del Código Civil, 48 y siguientes de la Ley N° 1760, por lo tanto el derecho real que tenía el BBA sobre el inmueble de la Hotelera Nacional S.A. y que fue transmitido al BCB no surte efectos ante terceros.

Otro aspecto relevante del citado fallo, es que establece como antecedentes que el apoderado del Banco Mercantil S.A. -como representante del BCB, exigió insistentemente la inscripción en la Oficina de Derechos Reales de la cesión de crédito, para que surta los efectos del artículo 1538 del Código Civil; cartas con valor probatorio que denotan que el representante legal del Banco encargado del administración del BCB, estaba al tanto de las secuelas legales emergentes de la no inscripción de la cesión de créditos en Derechos Reales. El citado fallo es de evidente relevancia en el presente caso, debido a que el rechazo a la pretensión del BCB se debe a la inobservancia de no registrar la cesión de créditos en la Oficina de Derechos Reales, como una exigencia legal para que la garantía real hipotecaria cedida en su favor, pueda surtir efectos contra terceros.

En la Resolución Administrativa impugnada, se establece que la deuda que tiene la Hotelera Nacional S.A. con el BCB, cedida por el BBA y que originó el registro en los

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Asientos B-2, B-4, B-5, B-6 y B-7 sobre el inmueble registrado bajo la Matrícula Computarizada 2.01.0.99.0037408, no se encuentra garantizada con derecho real alguno, siendo el BCB un acreedor quirografario y por lo tanto, el Servicio de Impuestos Nacionales tiene privilegio sobre la deuda cedida, conforme lo dispuesto por el artículo 49 del Código Tributario; en ese sentido, de acuerdo al artículo 65-1 de la RND N° 10 0008-14, se dispuso proseguir con el perfeccionamiento de la disposición del bien inmueble en cuestión, por lo que el argumento del recurrente respecto a esta disposición legal, carece de fundamento.

En virtud a los antecedentes expuestos y la normativa legal descrita, resulta claro y ampliamente demostrado que los actos de la Administración Tributaria fueron desarrollados observando en todo momento. Los principios de legalidad y presunción de legitimidad, imparcialidad, verdad material, publicidad y buena fe, previstos en el artículo 4 de la Ley 2341, además respetando los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado.

Conforme los fundamentos expuestos solicita confirmar la Resolución Administrativa No 231829000297 CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RA/00029/2018 de 31 de agosto de 2018 y Auto N° 251929000073 CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/CC/AUTO/00002/2019 de 12 de marzo de 2019.

II.4 Apertura de término probatorio y producción de pruebas Mediante Auto de 3 de junio de 2019, se dispuso la apertura del término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada en Secretaría al recurrente y a la Administración Tributaria, el 5 de junio de 2019, período dentro el cual mediante memorial presentado el 10 de junio de 2019, el Banco Central de Bolivia, solicitó se instruya a la Gerencia Graco La Paz, remita a esta instancia recursiva las carpetas de fiscalización que dieron origen a los PIETS y TETS que son base para el remate del inmueble de propiedad de la Hotelera Nacional S.A., solicitud reiterada mediante memorial presentado el 14 de junio de 2019; al efecto, por Proveído de 17 de junio de 2019, se dispuso poner en conocimiento de la Administración Tributaria recurrida dicha solicitud, actuación notificada a las partes en Secretaria el 19 de junio de 2019, fojas 75-77 y 82-84 de obrados.

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Mediante memorial presentado. el 24 de junio de 2019, la Administración Tributaria ratificó como prueba los antecedentes administrativos que fueron presentados a momento de dar respuesta al Recurso de Alzada; al efecto, por Proveido de 25 de junio de 2019, se dio por ratificada la prueba documental señalada, actuación notificada a las partes en Secretaria el 26 de junio de 2019, fojas 85-87 de obrados.

Por memorial presentado el 26 de junio de 2019, el Banco Central de Bolivia ratificó la prueba documental presentada el 7 de diciembre de 2017 en la Tercería de Derecho Preferente interpuesta ante la Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales; al efecto, por Proveído de 27 de junio de 2019, se estableció que la pretensión se encuentra fuera de plazo previsto por el inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, toda vez que el mismo concluyó el 25 de junio de 2019, actuación notificada a las partes en Secretaria el 3 de julio de 2019, fojas 88-90 de obrados.

Mediante memorial presentado el 15 de julio de 2019, la Administración Tributaria, respondió al traslado dispuesto por Proveído de 17 de junio de 2019, señalando que la solicitud del BCB no se encuentra dentro del marco del recurso presentado, por lo que no se puede agregar de forma posterior aspectos que no fueron expresamente reclamados:en el Recurso de Alzada, razón por la que refirió que no corresponde oficiar la producción de prueba sobre hechos no impugnados; al efecto, por Proveído de 17 de julio de 2019, se dispuso que lo manifestado por la Administración Tributaria respecto a la objeción de prueba de contrario, se considerará a momento de emitir la correspondiente Resolución de Recurso de Alzada, fojas 91-95 de obrados.

11.5 Alegatos Por memorial presentado el 15 de julio de 2019, la Administración Tributaria formuló alegatos en conclusiones, señalando que la Resolución Administrativa impugnada se encuentra debidamente fundamentada en hecho y en derecho, toda vez que se valoro integralmente la documentación y los alegatos presentados por el BCB; asimismo reiteró los argumentos expuestos en su respuesta al Recurso de Alzada relacionados a la falta de inscripción en DDRR de la Escritura Pública N° 397/2000 de 5 de diciembre de 2000 en inobservancia al artículo 1538-Ill del Código Civil, así como la relevancia del Auto de Vista No D-425/2006 de 17 de noviembre de 2006 que confirmó la Resolución N° 370/04 de 2 de diciembre de 2004, finalmente solicitó que la ARIT La.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

Paz enmarque su fallo dentro de las competencias establecidas por el Código Tributario; al efecto, por Proveído de 17 de julio de 2019 se dispuso que lo manifestado por la Administración Tributaria respecto a la objeción de prueba de contrario, se considerará a momento de emitir la correspondiente Resolución de Recurso de Alzada; asimismo, s or formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria, .. fojas 91-95 de obrados.

Mediante memorial presentado el 15 de julio de 2019, el Banco Central de Bolivia, formuló alegatos en conclusiones, señalando que el. Auto de Vista No D-425/2006 de 17 de noviembre de 2006 no es vinculante al presente caso, en razón que a partir del 26 de octubre de 2004, el BCB tiene registrado en DDRR la cesión de créditos efectuada por el BBA en su favor, lo que le otorga prelación sobre los registros de Graco La Paz; asimismo, reiteró los argumentos expuestos en su Recurso de Alzada relacionados a que el BCB es el titular y acreedor privilegiado del crédito otorgado a la Hotelera Nacional S.A. sobre Graco La Paz, toda vez que se registró la Escritura Pública N° 414/2000 de 5 de diciembre de 2000 en la Oficina de Derechos Reales Asiento B-7 de la Matrícula 2010990037408 con anterioridad a cualquier acreencia de Graco; al efecto por Proveído de 17 de julio de 2019, se dio por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria, actuación notificada a las partes en Secretaría el 17 de julio de 2019, fojas 96-102 de obrados.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA Mediante memorial presentado el 7 de diciembre de 2017 ante la Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el Banco Central de Bolivia legalmente representado por Carlos Antonio Zubieta Aguilar, Roger Omar Mancilla Campero y Jorge Adalberto Vásquez Choque, planteó Tercería de Derecho Preferente, al amparo de los artículos 112 de la Ley 2492 y. 63 de la RND N° 10-008-14 de 21 de marzo de 2014, señalando que tiene un derecho de crédito hipotecario de pago preferencial respecto a los privilegios de Graco La Paz, y que se encuentra debidamente respaldado con el título inscrito en el registro de Derechos Reales de la

garantía hipotecaria a favor del Ex BBA, en los asientos de restricciones B-4 al B-7 de la

  • Matrícula Computarizada vigente N° 2010990037408, por ende a favor del Banco Central de Bolivia, producto de la cesión del crédito de la Hotelera Nacional S.A. sobre el inmueble ubicado en la Avenida 16 de julio, razón por la que solicito se admita la Tercería y se la declare probada, a efectos de que una vez rematado el bien inmueble se ordene el pego del crédito a favor del BCB; fojas 1048-1059 de antecedentes administrativos.

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Calle Arturo Borda No 1933 . Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973 • www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

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La Administración Tributaria emitió el Auto de Admisión No 251829000274 CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/CC/AUTO/00004/2018 de 15 de mayo de 2018, que resolvió admitir la Tercería de Derecho Preferente interpuesta por el Banco Central de Bolivia dentro del proceso de cobro coactivo y/o ejecución tributaria seguido por la Gerencia Graco La Paz contra el contribuyente Hotelera Nacional S.A., disponiendo a la vez el traslado de la misma al mencionado contribuyente, así como la apertura del plazo probatorio de tres días; actuación administrativa notificada mediante cédula a los representantes legales del Banco Central de Bolivia y de la Hotelera Nacional, el 17 y 18 de mayo de 2018, respectivamente; fojas 1065-1072 de antecedentes administrativos.

Por memorial presentado el 22 de mayo de 2018 a la Administración Tributaria, el Banco Central de Bolivia, ratificó la prueba literal aparejada al memorial de Tercería de Derecho Preferente y la documentación mencionada y presentada con el memorial de 5 de diciembre

de 2017, fojas 1073-1074 de antecedentes administrativos.

La Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Administrativa N° 231829000297 CITE: SIN/GGLPZDJCC/CC/RA/00029/2018 de 31 de agosto de 2018, que resolvió rechazar la Tercería de Derecho Preferente interpuesta por el Banco Central de Bolivia, dentro del cobro coactivo y/o ejecución tributaria seguida contra

el contribuyente Hotelera Nacional S.A. por no haber demostrado el registro de su Cesión de Créditos a título de Dación en pago, ante la Oficina de Derechos Reales de la ciudad de

. La Paz, efectuada por el Banco Boliviano Americano y el Banco Central de Bolivia, para

que surta efectos jurídicos de oposición y preferencia frente a terceros; acto administrativo notificado mediante cédula a los representantes legales del Banco Central de Bolivia y de la Hotelera Nacional, el 25 de septiembre de 2018; fojas 1075-1095 de antecedentes administrativos.

Por memorial presentado a la Administración Tributaria el 28 de septiembre de 2018, el Banco Central de Bolivia solicitó complementación y/o enmienda de la Resolución Administrativa N° 231829000297 CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RA/00029/2018 de 31 de agosto de 2018; fojas 1096 de antecedentes administrativos.

El Auto N° 251929000073 CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/CC/AUTO/00002/2019 de 12 de marzo de 2019, resolvió no dar lugar a la solicitud planteada por el Banco Central de

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Bolivia, sobre aclaración y complementación de la Resolución Administrativa No 231829000297 CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RA/00029/2018 de 31 de agosto de 2018, estableciendo que queda firme y subsistente en todas sus partes; actuación administrativa notificada por cédula al representante legal del BCB, el 21 de marzo de 2019; fojas 1097-1100 de antecedentes administrativos.

  1. IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los, antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-111 del referido Código Tributario, se tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Carlos Antonio Zubieta Aguilar, Roger Omar Mancilla Campero y Cinthya Verónica Estevez Alfaro en representación del Banco Central de Bolivia, en el Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos – que no fueron objeto de impugnación ante esta instancia recursiva.

Inicialmente corresponde señalar que los representantes legales del Banco Central de Bolivia, en el petitorio de su Recurso de Alzada, solicitan la revocatoria de la Resolución Administrativa N° 231829000297 SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RA/00029/2018 de 31 de agosto de 2018 y Auto N° 251929000073 SIN/GGLPZ/DJCC/CC/AUTO/00002/2019 de 12 de mayo de 2019; sin embargo, de la lectura integra de su impugnación, se advierte que argumenta. aspectos tanto de forma como de fondo, en ese entendido, con el fin de precautelar las garantías del recurrente, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria procederá a revisar, analizar y emitir un pronunciamiento respecto a la existencia o inexistencia de vicios de nulidad y de no ser evidentes; se ingresará al análisis de los argumentos de fondo.

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IV.1. ASPECTOS DE FORMA IV.1.1 Falta de fundamentación y motivación El recurrente manifiesta en su Recurso de Alzada y alegatos que la Resolución impugnada no se pronuncia a cabalidad sobre los argumentos expuestos en la tercería planteada al SIN, relacionados a que la ley no exige que la cesión de crédito sea inscrita en Derechos Reales, razón por la que no podía restarse eficacia al derecho del nuevo acreedor, toda vez que el documento base de la obligación que fue entregado al BCB con el correspondiente registro en DDRR, no obliga a registrar la cesión; al efecto, el acto impugnado únicamente señala que la doctrina establece que cuando la cesión de créditos compromete una garantía hipotecaria, ésta debe realizarse mediante Escritura Pública, la cual debe ser inscrita en el registro correspondiente, de ello, se advierte que no indica cuál es la norma que le respalda para afirmar que el BCB no habría demostrado el registro de su Cesión de Créditos, tan sólo se limita a hacer referencia a la doctrina sin indicar siquiera la fuente, pretendiendo así que se adopte un criterio doctrinal por encima de la norma, misma que no fue incumplida por el BCB, toda vez que existe los registros en el Asiento B-4 por una deuda de $us 1.000.000 inscrito el 1 de diciembre de 1997 a favor del BBA y Asiento B-7 de 26 de octubre de 2004, que aclara la hipoteca del Asiento B-4 a favor del BCB.

De igual manera, la Resolución recurrida no se pronuncia sobre el argumento expuesto

en la tercería relacionado a que los privilegios y garantías que benefician al BCB como cesionario del crédito, provienen del apoyo financiero otorgado por mandato de la ley, conforme quedó establecido en la cláusula quinta de la Escritura Pública N° 414/2000,

razón por la que no es procedente cualquier forma de revisión o interpretación de la cesión de créditos; en ese sentido, es evidente que el procedimiento administrativo señala que para ser válido, debe tener causa, sustentándose en los hechos y antecedentes que lo originan, así como fundamento, incluyendo las razones que motivan el acto, lo que no ocurrió toda vez que no se explica por qué el registro en Derechos Reales de las adendas, no supone una acreencia privilegiada, en contradicción a lo manifestado por el Código Civil y el Tribunal Supremo de Justicia.

La Administración Tributaria en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada manifiesta que en la Resolución Administrativa impugnada, se establece que la deuda

que tiene la Hotelera Nacional S.A. con el BCB, cedida por el BBA y que originó el

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registro en los Asientos B-2, B-4, B-5, B-6 y B-7 sobre el inmueble registrado bajo la Matrícula Computarizada 2.01.0.99.0037408, no se encuentra garantizada con derecho real alguno, siendo el BCB un acreedor quirografario y por lo tanto, el Servicio. de impuestos Nacionales tiene privilegio sobre la deuda cedida conforme lo dispuesto por el artículo 49 del Código Tributario; en ese sentido, es evidente que los actos de la Administración Tributaria fueron desarrollados observando en todo momento los principios de legalidad y presunción de legitimidad, imparcialidad, verdad material, publicidad y buena fe, previstos en el artículo 4 de la Ley 2341, además respetando los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado; al respecto corresponde el siguiente análisis:

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: 1. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

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1:

El artículo 68 de la Ley 2492, en relación a los derechos del sujeto pasivo en sus numerales 2, 6 y 7, dispone: 2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta para los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

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El artículo 201 de la Ley 2492 señala: Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Solo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

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El artículo 28 de la Ley 2341, establece: Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; c) Objeto: El objeto debe ser cierto, licito y materialmente posible; d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

El artículo 36 de la citada Ley 2341, refiere: I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior II. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. 

EI DS 27113 que reglamenta la Ley 2341, de Procedimiento Administrativo, establece en su artículo 55 que: Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más 

antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

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Inicialmente, es necesario señalar que el debido proceso al ser un derecho inmerso en las garantías jurisdiccionales previstas en el Parágrafo II) del Artículo 115 de la Constitución Política del Estado, toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendentes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juzgador. Se define el

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derecho al debido proceso, como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.

En sustento de lo señalado, la Sentencia Constitucional 0114/2015-S2 de 23 de febrero de 2015, en su parte pertinente en relación a los alcances del debido proceso estableció: “…el debido proceso se constituye en un derecho/garantía/principio de orden general y complejo, a su vez compuesto por los siguientes otros derechos y garantías: A un proceso público, al juez natural, a la igualdad procesal de las partes, a no declarar contra sí mismo, a la defensa material y técnica, a la comunicación previa de la acusación, a ‘ser juzgado sin dilaciones indebidas, a la congruencia entre acusación y condena, a la valoración razonable de la prueba, a la motivación y congruencia de las decisiones, a la concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa y las garantías de presunción de inocencia y del non bis in idem. Esta lista, conforme al principio de progresividad de los derechos fundamentales (art. 13 de la CPE), es enunciativa, dado que puede ser ampliada de acuerdo a su desarrollo normativo, doctrinal y jurisprudencial en la perspectiva de materializar el valor justicia.

De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que mediante memorial presentado el 7 de diciembre de 2017, ante la Administración Tributaria, el Banco Central de Bolivia planteó Tercería de Derecho Preferente al amparo de los artículos 112 de la Ley 2492 y 63 de la RND N° 10-008-14 de 21 de marzo de 2014, señalando que tiene un derecho de crédito hipotecario de pago preferencial respecto a los privilegios de Graco La Paz y que se encuentra debidamente respaldado con el título inscrito en el registro de Derechos Reales de la garantía hipotecaria a favor del Ex BBA, en los asientos de restricciones B-4 al B-7 de la Matrícula Computarizada vigente N° 2010990037408, por ende a favor del Banco Central de Bolivia, producto de la cesión del crédito de la Hotelera Nacional S.A. sobre el inmueble ubicado en la Avenida 16 de julio, razón por la que solicito se admita la Tercería y se la declare probada, así consta a fojas 1048-1059 de antecedentes administrativos.

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En respuesta a la solicitud planteada, la Administración Tributaria emitió el Auto de Admisión No 251829000274 CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/CCIAUTO/00004/2018 de 15 de

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mayo de 2018, que resolvió admitir la Tercería de Derecho Preferente interpuesta por el Banco Central de Bolivia, disponiendo a la vez el traslado de la misma a la Hotelera Nacional S.A., así como aperturó plazo probatorio de tres días; actuación administrativa notificada mediante cédula a los representantes legales del Banco Central de Bolivia y de la Hotelera Nacional, el 17 y 18 de mayo de 2018, respectivamente; de manera posterior, por memorial presentado el 22 de mayo de 2018, el Banco Central de Bolivia, ratificó la prueba literal aparejada al memorial de Tercería así como la documentación mencionada y presentada con el memorial de 5 de diciembre de 2017; así consta a fojas 1065-1074.de antecedentes administrativos.

Posteriormente, la Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Administrativa N° 231829000297 SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RA/00029/2018 de 31 de agosto de 2018, que resolvió rechazar la Tercería de Derecho Preferente interpuesta por el Banco Central de Bolivia, dentro del cobro coactivo vo eiecución tributaria seguida

contra el contribuyente Hotelera Nacional S.A. por no haber demostrado el registro de su Cesión de Créditos a título de Dación en pago, ante la Oficina de Derechos Reales de la ciudad de La Paz, efectuada por el Banco Boliviano Americano y el Banco Central de Bolivia, para que surta efectos jurídicos de oposición y preferencia frente a terceros; acto administrativo notificado mediante cédula a los representantes legales del Banco Central

de Bolivia y de la Hotelera Nacional, el 25 de septiembre de 2018; así se evidencia a fojas 1075-1095 de antecedentes administrativos.

Por memorial presentado a la Administración Tributaria el 28 de septiembre de 2018, el Banco Central de Bolivia solicitó complementación y/o enmienda de la Resolución Administrativa N° 231829000297 SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RA/00029/2018 de 31 de agosto de 2018; en respuesta el sujeto activo emitió el Auto N° 251929000073 SIN/GGLPZ/DJCC/CC/AUTO/00002/2019 de 12 de marzo de 2019, que resolvió no dar lugar a la solicitud planteada, estableciendo que la Resolución Administrativa ahora impugnada, queda firme y subsistente en todas sus partes; actuación administrativa notificada por cédula al representante legal del BCB, el 21 de marzo de 2019; según consta a fojas 1097-1100 de antecedentes administrativos.

En el contexto anterior, es preciso referir que la entidad recurrente en su Recurso de Alzada expone agravios relativos a que Graco La Paz del Servicio de Impuestos. ****

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Nacionales, en la Resolución Administrativa N° 231829000297 CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RA/00029/2018 de 31 de agosto de 2018, no se pronunció sobre los argumentos que expuso en el planteamiento de la Tercería de Derecho Preferente formulada ante el SIN, relacionados a que la ley no exige que la cesión de créditos sea inscrita en Derechos Reales, limitándose sólo a señalar que la doctrina establece tal registro; asimismo, refiere que no emite pronunciamiento respecto a que los privilegios y garantías que benefician al BCB como cesionario del crédito provienen del apoyo financiero otorgado por mandato de la ley conforme quedó establecido en la cláusula quinta de la Escritura Pública N° 414/2000, razón por la que no es procedente cualquier forma de revisión o interpretación de la cesión de créditos; así como no explica por qué el registro en Derechos Reales de las adendas inscritas en el Asiento B-7 de la Matrícula Computarizada vigente N° 2010990037408, no supone una acreencia privilegiada.

Con referencia a la primera observación de la entidad recurrente en sentido de que el acto impugnado no se pronuncia sobre el argumento de que la ley no exige que la cesión de créditos sea inscrita en Derechos Reales, limitándose únicamente a señalar que la doctrina establece tal registro; corresponde señalar que la Resolución recurrida en la extensión de su contenido, específicamente en su Considerando cuarto, señaló lo siguiente: “En tal sentido, la doctrina señala que cuando la cesión de Créditos compromete una garantía hipotecaria, esta debe realizarse mediante una Escritura Pública, al cual debe ser inscrita en el registro correspondiente, en nuestro caso ante la oficina de Derechos Reales, todo a los fines de otorgarle publicidad, conforme establece el Art. 1538 parágrafo I del Código Civil”; fojas 1080 de antecedentes administrativos.

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Sobre el agravio del recurrente en sentido de que la Resolución recurrida no emite pronunciamiento respecto a que los privilegios y garantías que benefician al BCB como cesionario del crédito, provienen del apoyo financiero otorgado por mandato de la Ley 1977 de 14 de mayo de 1999 y DS 25681 de 14 de mayo de 1999, razón por la que no es procedente cualquier forma de revisión o interpretación de la cesión de créditos; corresponde referir que el acto impugnado en su Considerando cuarto, respecto a dicho agravio señaló refirió que: “... el Banco Central de Bolivia ofrece como prueba las normas legales contenidas en la la Ley 1977 de 14/05/1999 y el D.S. 25681 de 14/05/1999, señalando que en estas normas se demuestran los antecedentes legales de la venta forzosa del Ex Banco Boliviano Americano al Banco Central de Bolivia, así como los 

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privilegios y preferencias emergentes de las garantías constituidas voluntariamente por Hotelera Nacional S.A. en favor del Ex BBA (…) En el presente caso, se trata de una Tercería de Derecho Preferente, (…) que está amparada por normativa legal y vigente, asimismo que es específica al caso concreto de la Tercería, en tal sentido a efectos de la resolución de la misma debemos remitirnos a lo establecido por el Art. 112 de la Ley N° . 2492, Arts. 63 y siguientes de la RND N° 10-0008-14”, fojas 1085 de antecedentes administrativos.

De lo transcrito, se advierte que si bien el Ente Fiscal, se pronunció sobre ambos argumentos expuestos en la tercería planteada por el BCB, señalando en el primer caso que la exigencia de la inscripción de la cesión de créditos con garantía hipotecaria se encuentra establecido en el artículo 1538 del Código Civil, y en el segundo caso, que al: tratarse de una Tercería de Derecho Preferente, la misma se encuentra amparada por normativa específica, remitiendo esta posición a lo establecido por los artículos 112 de la Ley 2492 y 63 y siguientes de la RND N° 10-0008-14; no es menos cierto que este pronunciamiento no se encuentra debidamente fundamentado, en razón a que no basta con hacer referencia únicamente a disposiciones legales, sino que el sujeto activo se encuentra en la obligación legal de explicar las razones fundadas sobre la aplicabilidad de la norma al caso concreto, exponiendo con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas vinculatorias con los preceptos normativos expuestos, lo contrario implica un pronunciamiento simplemente formal por parte de la Administración Tributaria, no acorde al debido proceso.

En lo que concierne al argumento expuesto por el BCB, relacionado a que la Resolución recurrida no explica por qué el registro en Derechos Reales de las adendas inscritas en el Asiento B-7 de la Matrícula Computarizada vigente No 2010990037408, no supone una acreencia privilegiada; se hace necesario realizar una transcripción de las partes pertinentes del memorial de planteamiento de Tercería de Derecho Preferente presentado por el BCB, el 7 de diciembre de 2017 ante la Administración Tributaria, al efecto, dicha entidad señaló textualmente: “Mediante Escritura Pública N° 414/2 16/08/2000 de Adenda a la Escritura Pública N° 397/2000 de 05/12/2000 (…) por la cual se modificó y complementó la Minuta de Cesión de Créditos a Título de Dación en Pago en favor del BCB contenida en la Escritura Pública N° 397/2000 de 05/12/2000, sustituyendo parcialmente la cartera de créditos cedida (…) así como modificando 

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entre otros conceptos, el Anexo que contiene el listado de los créditos cedidos 

conforme expresan las clausulas (…) constituyéndose en consecuencia la Escritura 414/2000 en el documento matriz o principal de la referida cesión de créditos por cuanto este documento contiene el listado definitivo de créditos cedidos al BCB entre 

los que se encuentra el correspondiente a Hotelera Nacional S.A., la cual se encuentra registrada conjuntamente la Escritura Pública N° 488/2003, en Derechos Reales en el asiento B7 de la Matrícula Computarizada vigente 2010990037408 correspondiente al inmueble de la Av. 16 de julio N° 1789 (…)

Continúa señalando: “La Escritura Pública N° 488/2003 de 13/8/2003 (…) a través de la cual el BCB particularizó los créditos correspondientes al distrito de La Paz contenidos en la Escritura Pública N° 397/2000 de 05/12/2000 y Escritura Pública No 414/2000 de 05/12/2000 (...) para que en el registro de Derechos Reales se proceda al registro en favor del Banco Central Bolivia de los créditos à nombre del Banco Boliviano Americano (...), documento registrado en la Matrícula Computarizada vigente N° 2010990037408, asiento B-7 de fecha 26/10/2004, (…) es así que el derecho de privilegio del BCB se hace oponible a los gravámenes que GRACO LA PAŻ; efectuó con 8 años de posterioridad (...), no entender la naturaleza de dicha prelación significa una clara vulneración a la normativa legal y los derechos y seguridad juridica del BCB, (…). 

Más adelante señala también: ...) con esta Escritura Pública N° 488/2003, inscrita en Derechos Reales en fecha 26 de octubre de 2004 en el asiento B-7 de la Matrícula Computarizada vigente N° 2010990037408 que corresponde al inmueble denominado “Hotel Plaza, se ha registrado la Escritura Pública No 414/2000, así puede ser verificado en los folios reales e informes de Derechos Reales de La Paz en calidad de prueba pre constituida que cursan en GRACO La Paz presentados por el BCB en anterior similar Tercería, con lo que se tiene por cumplida la exigencia del art. 112 del Código Tributario para que prospere a favor del BCB la presente Tercería de Derecho Preferente (...)

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De la lectura de la Resolución Administrativa N° 231829000297 SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RA/00029/2018 de 31 de agosto de 2018, se advierte que con relación al agravio del recurrente en sentido de que el acto impugnado no explica las

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razones por las que el registro en Derechos Reales de las adendas efectuadas mediante las Escrituras Públicas N° 414/2000 de 13 de diciembre de 2000 y 488/2003 de 13 de agosto de 2003, inscritas en el Asiento B7 de la Matrícula Computarizada vigente N° 2010990037408, no supone una acreencia privilegiada; señaló: “(…), que la Escritura Pública N° 397/2000 de 05/12/2000, se constituye en el documento principal, que contiene el perfeccionamiento de la Cesión de Créditos, realizada p Boliviano Americano a favor del Banco Central de Bolivia. (…) Constituyendo las otras dos escrituras (E.P. 414/2000 y E.P. 488/2003) en simples adendas de modificación o complementación de determinadas clausulas, que no afectan el objeto principal que es la Cesión de Créditos”. 

Más adelante refiere: “(…) el BCB, no registró oportunamente dicha Escritura Pública N° 397/2000 de 05/12/2000, pretendiendo hacer valer un supuesto derecho real inscrito en el Asiento B-7 de la Matrícula Computarizada N° 2.01.0.99.0037408, sobre la Escritura Pública N° 414/2000 de 12/12/2000, que simplemente se constituye en la Adenda a la principal”. (…) de la revisión del Folio Real correspondiente a la Matrícula Computarizada N° 2.01.0.99.0037408 y el Informe emitido por la Oficina de Derechos Reales de fecha 26/04/2016, cursantes en obrados, no se halla registrada ninguna Cesión de Créditos a título de Dación en pago, realizada por el Ex Banco Boliviano Americano S.A. en favor del Banco Central de Bolivia. 

..

Continúa señalando: “Se advierte también la existencia de la Escritura Pública N° 488/2003 de 13/08/2003, (…) la cual se encuentra registrada en el Asiento B-7 de la Matrícula Computarizada N° 2.01.0.99.0037408, pero que solo se encuentra suscrita por el Banco Central de Bolivia, es decir es una escritura otorgada en forma unilateral, que contiene la voluntad de una sola parte, en ese sentido en la Cláusula Tercera hace referencia al cambio de nombre del acreedor en el registro, señalando que la Escritura Pública N° 414/2000 se convertiría en la escritura matriz, desconociendo que el perfeccionamiento de la Cesión de Créditos fue plasmada en la Escritura Pública N° 397/2000 de 05/12/2000, suscrita entre ambas partes (Ex BBA y el BCB), por tanto con una clausula (unilateral) no se pueden sustituir las obligaciones establecidas en el Art. 1538 del Código Civil (…)”. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

De lo transcrito se advierte que la Administración Tributaria si bien se pronunció sobre las Escrituras Públicas Números 414/2000 de 13 de diciembre de 2000 y 488/2003 de 13 de agosto de 2003, señalando que se constituyen en simples adendas de modificación o complementación de determinadas cláusulas de la Escritura Pública No 397/2000 de 5 de diciembre de 2000, especificando que la Escritura Pública 488/2003 fue suscrita unilateralmente por el BCB; sin embargo, el acto impugnado no emite pronunciamiento alguno sobre el registro en la Oficina de Derechos Reales de dichas adendas que se encuentran inscritas en el Asiento B-7 de la Matrícula Computarizada No 2.01.0.99.0037408 y las razones por las que dicho registro no supondría una acreencia privilegiada.

Al efecto, de la revisión de antecedentes administrativos a fojas 1019-1020, se advierte que cursa el Informe Doc. N° 1513305 emitido por el Sub Registrador de Derechos Reales de la ciudad de La Paz, correspondiente a la Matrícula Computarizada N° 2.01.0.99.0037408 del inmueble ubicado en la Avenida 16 de julio N° 1789, en cuyo Asiento Número 7 señala: “Sub-Inscripción de Gravamen-Gravamen: Aclaración de Hipoteca—BANCO CENTRAL DE BOLIVIA(GRAVAMEN VIGENTE) escrit. Pub. Nro. 488 de 13/08/2003—Not. Pub. SILVIA PEREZ MAMANI, NOTARIA DE GOBIERNO—ADJUNTA LA ESCTURA N° 414/00 DE FECHA 13/12/00—DE ADENDA A LA MINUTA DE CESIÓN DE CRÉDITO DE BBA. A FAVOR DE BCB. DEL ASIENTO B-4 DE FECHA 27/12/99-–Present.- No 433271 de 26/10/2004.- Hrs. 09:10:27–-“.

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De lo anterior, se advierte la existencia de un registro en el Asiento B-7 de la Matrícula Computarizada No 2010990037408 en la cual figura las Escrituras Públicas Números 414/2000 de 16 de agosto de 2000 y 488/2003 de 13 de agosto de 2003, conforme lo arguye la entidad recurrente, sobre el cual la Administración Tributaria no explicó fundadamente porqué considera que no otorga al Banco Central de Bolivia un derecho preferente sobre las acreencias relativas al inmueble de propiedad de la Hotelera Nacional; el hecho de referir que las mencionadas Escrituras se constituyen en simples adendas modificatorias y que además la E.P. 488/2003, fue suscrita de manera unilateral por el BCB, sin fundamentar el sustento legal para afirmar tales aspectos se constituyen en simples conjeturas que no cuentan con la debida motivación que debe contener todo acto administrativo que resuelve una pretensión del administrado, en el

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entendido de que el sujeto activo se encuentra en la obligación de otorgar una respuesta material debidamente fundamentada en hecho y en derecho al sujeto pasivo

conforme lo dispone ampliamente la ley.

En el contexto anterior, es necesario enfatizar que todo administrado tiene derecho a

cedimientos aplicables, en el presente caso la interposición de la Tercería de Derecho Preferente, cuente con las correspondientes garantías, entre estos el debido proceso y derecho a la defensa lo que implica que los argumentos expuestos por el solicitante con el fin de respaldar y viabilizar su petición, deben ser objeto de análisis por la Administración Tributaria, pero además las conclusiones sobre su pertinencia, aceptación o rechazo deben encontrarse reflejadas en el acto administrativo correspondiente en estricta sujeción al artículo 68 de la Ley 2492, precepto legal que establece como o

que establece como derechos del sujeto pasivo a que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por ésta Ley y Disposiciones Reglamentarias dentro los plazos establecidos.

En ese orden de ideas, es menester considerar que tanto la fundamentación y motivación de las resoluciones se circunscriben a las razones que indujeron al sujeto

activo a emitir el acto administrativo impugnado que expone la decisión asumida,

aspectos que no fueron debidamente considerados por el Ente Fiscal a momento de emitir la Resolución Administrativa ahora impugnada, cuya omisión afecta directamente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, toda vez que solamente a partir de una adecuada motivación de la decisión adoptada, el administrado tendrá la posibilidad de conocer el razonamiento de la autoridad y de esa manera articular su defensa, lo contrario implicaría estar al frente de actuaciones discrecionales o arbitrarias, lo que es contradice a la doctrina del Estado Constitucional de Derecho a la cual se reafirma y consolida el Estado Plurinacional de Bolivia con la promulgación

ual Constitución Política de Estado, en la que debe primar el respeto a los derechos fundamentales como límite a la potestad administrativa.

Al respecto, la Sentencia Constitucional 0422/2014 en relación a uno de los parámetros para considerar que una decisión carece de motivación, señaló: “6.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de 

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derecho, estamos ante la verificación de una ‘decisión sin motivación’, debido a que ‘decidir no es motivar. La ‘justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice (asunto pendiente de decisión)”. 

Así también la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0896/2014 de 12 de mayo de 2014, señala: “III.3. El derecho a una resolución motivada, fundamentada y congruente como elemento constitutivo del debido proceso. La SC 0112/2010-R de 10 de mayo, señaló: “La reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido que el debido proceso, consagrado como garantía constitucional por el art. 16 de la CPE abrg., ahora por el art. 115./l de la CPE, y como derecho humano en los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), consiste en el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por las disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar y precisando que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un 

reclamo, solicitud o que dicte una resolución dictaminando una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión…”. 

“En relación a la motivación y fundamentación de las resoluciones, este Tribunal también en la SCP 0903/2012 de 22 de agosto, incidió en lo siguiente: …la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integra en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”, requisito que se hace de mayor importancia en los tribunales de última instancia”. 

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De tal manera, la Administración Tributaria tenía la ineludible obligación de responder fundadamente en hecho y en derecho al argumento del Banco Central de Bolivia sobre

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la existencia del registro en el Asiento B-7 de la Matrícula Computarizada No 2010990037408 y que a decir del ahora recurrente le otorga una acreencia privilegiada con relación a Graco La Paz y no limitarse simplemente a referir que las Escrituras Públicas 488/2003 y 414/00 registradas en el citado asiento, se constituyen en simples adendas que no le otorgan privilegio alguno ni lo convierten en acreedor hipotecario, sin dar mayores argumentos o exponer con debidas razones fundadas legalmente y de que manera dicho registro no le otorga la calidad de acreedor privilegiado, considerando que el mismo se halla plasmado en la Matrícula Computarizada N° 2010990037408, conforme lo explicado anteriormente; aspectos que indudablemente demuestran una falta de fundamentación del acto administrativo impugnado.

Al efecto, el artículo 31 en sus parágrafos I y III del DS 27113, disponen: “9. Serán motivados los actos señalados en el Artículo 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo y además los que: a) Decidan sobre derechos subjetivos e intereses legítimos. b) Resuelvan peticiones, solicitudes o reclamaciones de administrados. c) Resulten del ejercicio de atribuciones discrecionales. III. La remisión a propuestas, dictámenes, antecedentes o resoluciones previas, no reemplazará a la motivación exigida en este Artículo”, sin embargo, pese a la claridad de la norma citada, en el presente caso, conforme se tiene mencionado, la Administración Tributaria solamente procedió a señalar que las Escrituras Públicas 488/2003 y 414/00 únicamente se constituyen en simples adendas; lo que no puede suplir a la exigencia de la fundamentación y motivación con los que debe contar el acto administrativo como reflejo del debido proceso.

Las falencias advertidas en los actos administrativos emitidos por el Ente Fiscal, como se tiene dicho, afectan directamente al debido proceso en su esfera a una debida fundamentación de hecho y de derecho, toda vez que la Administración Tributaria mediante la Resolución Administrativa N° 231829000297 CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RA/00029/2018 de 31 de agosto de 2018, emitió un pronunciamiento respecto a la Tercería de Derecho Preferente solicitada por el Banco Central de Bolivia, sin la debida fundamentación y motivación, de lo que evidencia el incumplimiento a las previsiones establecidas en los artículos 28 incisos b) y e) de la Ley 2341, aplicables en virtud al artículo 201 de la Ley 2492,

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que establece que uno de los elementos esenciales de los actos administrativos es que sean fundamentados, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando además la motivación del acto, la que debe sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable.

Con relación a la solicitud de la entidad recurrente en sentido de que se instruya a la Gerencia Graco La Paz, remita a esta instancia recursiva las carpetas de fiscalización

que dieron origen a los PIETS y TETS que son base para el remate del inmueble de . propiedad de la Hotelera Nacional S.A., petición que fue objetada por la Administración

Tributaria; corresponde señalar que al haberse identificado la existencia de vicios de nulidad en el presente caso, esta instancia recursiva se ve imposibilitada de ingresar al análisis de las cuestiones de fondo planteadas por el recurrente, lo que implica también impedimento para emitir pronunciamiento sobre la procedencia o no de instruir al Ente Fiscal la remisión de la prueba pretendida por la entidad recurrente, toda vez que sólo en caso de que no se hubieran comprobado los vicios denunciados, correspondería el análisis de los argumentos de fondo con todas las implicancias que el caso amerita.

Bajo las circunstancias descritas anteriormente, se concluye que la Administración Tributaria emitió – la Resolución Administrativa N° 231829000297 SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RA/00029/2018 de 31 de agosto de 2018, sin fundamentar su posición con relación a los argumentos presentados por la entidad recurrente, aspectos que fueron observados en el Recurso de Alzada y ratificados en los alegatos escritos, correspondiendo que la Administración Tributaria regularice estas omisiones, toda vez que el acto impugnado no cumple con los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin causando indefensión al BCB, vulnerando los derechos constitucionales, del debido proceso y la defensa, garantizados por los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de Estado; 28 incisos b) y e) de la Ley 2341; omisiones que también se repiten en el Auto N° 251929000073 SIN/GGLPZ/DJCC/CCIAUTO/00002/2019 de 12 de marzo de 2019; en consecuencia, en aplicación de los artículos. 36-1 y ll de la Ley 2341 y 55 del DS 27113, aplicables supletoriamente en virtud de lo establecido por el artículo 201 de la Ley 3092; corresponde anular la Resolución Administrativa N° 231829000297

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SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RA/00029/2018 de 31 de agosto de 2018 y el Auto N° 251929000073 SIN/GGLPZ/DJCC/CC/AUTO/00002/2019 de 12 de marzo de 2019, hasta que emita un nuevo acto administrativo en el que se pronuncie fundadamente sobre todos los argumentos expuestos por la entidad recurrente en la Tercería de Derecho Preferente planteada ante el SIN, exponiendo a cabalidad las razones por las que considera que el registro del Asiento B-7 de la Matrícula Computarizada: No 2010990037408 no le concede al BCB un derecho preferente frente a las demás

acreencias.

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894

RESUELVE: PRIMERO: ANULAR la Resolución Administrativa N° 231829000297 SIN/GGLPZ/DJCC/CC/RA/00029/2018 de 31 de agosto de 2018 y el Auto N° 251929000073 SIN/GGLPZ/DJCC/CC/AUTO/00002/2019 de 12 de marzo de 2019, inclusive; consecuentemente, la Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, debe emitir un nuevo acto administrativo en el que se pronuncie fundadamente sobre todos los argumentos expuestos por el BCB en la Tercería de Derecho Preferente, exponiendo a cabalidad las razones por las que considera que el registro del Asiento B-7 de la Matrícula Computarizada N° 2010990037408, no le concede a la entidad recurrente un derecho preferente frente a las demás acreencias.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código

Tributario y sea con nota de atención.

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CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación.

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Regístrese, hágase saber y cúmplase.

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Directora Ejecutiva Regional Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Regional de Impugnaciór. 

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