ARIT-LPZ-RA-0877-2020 Tributo omitido por el IVA e IT, más intereses y sanción por omisión de pago, multas por incumplimiento de deberes formales, donde el contribuyente señala que no se realizó una adecuada determinación sobre la base presunta, no existe evidencia que las ventas o ingresos no declarados se produjeron en la gestión señalada, no se dieron las circunstancias para la aplicación de la determinación sobre la base presunta, el SIN no se manifestó de manera fundamentada en la vista cargo, modifico las presunciones sobre los inventarios de productos, la conclusión de la ARIT después de la evaluar la documentación de ambas partes, revoca en su totalidad la resolución determinativa porque las contravenciones tributarias se encuentran prescritas.(I)

ARIT-LPZ-RA-0877-2020

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0877/2020 

Recurrente: 

Roxana Alarcón Apaza 

Administración Recurrida: 

Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Karen Cecilia López Paravicini 

Acto Impugnado: 

Resolución Determinativa N° 00742/2012 (SIN/GDLP/DJCC/UJTIRD/00742/2012) 

Expediente: 

ARITLPZ0404/2020 

Lugar y Fecha: 

La Paz, 23 de octubre de 2020 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 0877/2020 de 23 de octubre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

afaq 

  1. 1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Determinativa N° 00742/2012 (SIN/GDLP/DJCC/UJT/RD/00742/2012) de 21 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra Roxana Alarcón Apaza, determinó sobre base presunta el tributo omitido de 87.649 UFV’s por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), más intereses y sanción por omisión de pago del periodo fiscal agosto 2008, acomo las multas de 1.500 UFV‘s y 1.000 UFV’s por incumplimiento de deberes formales establecidas en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 00043076, 00043078

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Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (5912) 2412613 2411973 www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

  1. II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 1 Argumentos de la Recurrente Roxana Alarcón Apaza, mediante nota presentada el 28 de julio de 2020, cursante a fojas 3150 de obrados, interpuso Recurso de Alzada expresando lo siguiente: 

La Vista de Cargo no establece los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamentan el reparo establecido del IVA e IT, solo expone la cuantificación sin señalar de dónde emergen los ingresos no declarados, periodos ni montos; presumiendo que a la fecha de la importación se habría producido la venta, situación que vulnera el artículo 96 de la Ley 2492 y limita su derecho a la defensa, toda vez que no permite conocer de manera certera los aspectos de hecho y derecho que respaldaría la posición del ente fiscal

No se realizó una adecuada determinación sobre base presunta, debido a que se presumió varios aspectos vinculados a una supuesta materialización del hecho generador y a la base imponible con la que se estableció las obligaciones tributarias, suponiendo la existencia de ventas prorrateadas, aplicando índices anuales, 

do a un determinado periodo fiscal sin ninguna base legal ni fundamento, que la base imponible corresponde al costo de la importación. En respaldo de lo señalado ofrece los papeles de trabajo, informe final de la verificación y la Vista de Cargo, que demuestran las contradicciones y omisiones señaladas. 

No existe evidencia que las ventas o ingresos no declarados se produjeron en la gestión 2008, toda vez que, sin fundamento, se consideró que su persona vendió todos los bienes importados, incluso de periodos anteriores en dicha gestión. Para establecer la base imponible de cada periodo fiscal, se obtuvo un promedio y en base a éste se distribuyeron los ingresos no declarados entre todos los meses de la gestión 2008; sin que se mencione cómo se efectuó el cálculo de ese aspecto; lo que demuestra que la determinación sobre base presunta no se encuentra justificada debido a que se determinaron obligaciones impositivas irreales e inconsistentes. 

..

No se dieron las circunstancias para la aplicación de la determinación sobre base presunta, ya que no existían situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de las operaciones; no obstante, la Vista de Cargo y Resolución Determinativa equivocadamente establecieron de manera presunta ingresos que jamás existieron, 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA. Estado Plurinacional de Bolivia 

vulnerando su derecho a la defensa y viciando de nulidad el proceso determinativo. 

En el acto definitivo no se consideraron las observaciones efectuadas a la Vista de Cargo, por tanto, la Administración Tributaria incumplió con su obligación de pronunciarse de manera fundamentada sobre todos los puntos descargados y observados conforme instituye el artículo 68, numerales 2 y 7 de la Ley 2492; . situación que vicia de nulidad el citado acto administrativo. 

El ente fiscal, de manera inconsistente, sin justificativo ni sustento, efectuó presunciones, sin aclarar los motivos y el momento en que correspondía aplicar dicha presunción; asimismo, las pruebas y descargos ofrecidos no fueron valorados en la Resolución Determinativa, omitiendo pronunciarse sobre los argumentos expuestos, los cuales demuestran que no es responsable de los montos determinados, aspecto que vulnera el debido proceso y su derecho a la defensa. 

La liquidación efectuada en la vista de Cargo y en la Resolución Determinativa es errónea, toda vez que establece como base imponible un monto presunto y no el real; además no consideró el crédito fiscal que generan las pólizas de importación según prevén los artículos 8 de la Ley 843 y 8 del DS 21530; consecuentemente no sólo correspondía establecer un débito fiscal, sino considerar también el crédito fiscal de las citadas pólizas y proceder a la deducción débito/crédito a fin de obtener el monto correspondiente; por tanto, no reconocer el crédito fiscal, demuestra la incorrecta determinación de oficio realizada y la falta de hermenéutica en el cálculo del IVA. 

Las presunciones utilizadas en el proceso de determinación pueden ser modificadas cuando el contribuyente demuestra documentalmente la veracidad de los hechos y el detalle de inventarios establece los precios correctos que deben ser considerados a efectos de la determinación de tributos

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El inventario de productos presentado muestra precios distintos a los presuntos, que corresponden a precios de venta utilizados durante la gestión 2008, los cuales debieron ser considerados, toda vez que corresponden a los precios de mercado de 

dicha gestión. Por consiguiente, la metodología de presunción de precios de los Luopugined productos es incorrecta, se aparta de la realidad y carece de respaldo alguno, als Jan Carlos en 

Ruil y ocasionado una distorsión en la cuantificación de la obligación tributaria al VoBo 

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Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

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sobrevaluar dichos precios en relación al valor del producto en el mercado; por ese motivo corresponde revisar la metodología utilizada a fin de considerar la documentación presentada. 

De acuerdo al Balance de la gestión 2008, presentado al SIN, existe saldo de productos, por tanto, no se puede presumir la venta total de los productos importados sin la correspondiente justificación; en ese sentido, los datos considerados para la cuantificación de la obligación no son exactos o precisos. Asimismo, la Vista de Cargo se limita .a señalar que la determinación de oficio fue realizada sobre base presunta sin efectuar ninguna justificación y explicación de la metodología empleada, la cual no responde a ningún criterio técnico aceptable, por tal motivo corresponde enmendar los errores o efectuar otra determinación sobre base cierta ya que el ente fiscal cuenta con la documentación necesaria para el efecto. 

Los actos preliminar y el definitivo no contienen los fundamentos técnicos y legales para la determinación del IVA e IT sobre base presunta, no efectúan un adecuado justificativo sobre el origen del hecho generador y carece de argumentos legales, es decir, no se explicó adecuadamente las presunciones, toda vez que para la determinación de los artículos no facturados se basa en la información de las pólizas de importación proporcionadas por la Aduana Nacional, sin verificar inventarios, ni la efectiva venta del 100% de las importaciones efectuadas en la gestión 2008, aplicando un precio promedio establecido de forma genérica sin tomar en cuenta los modelos de los productos, sobrevaluando así los ingresos; por tanto, la calificación de la conducta como omisión de pago y la posible imposición de una multa resulta improcedente, toda vez que, se pretende sancionar por la supuesta comisión de una contravención tributaria que jamás fue cometida, resultando arbitraria e injusta dicha sanción, la que corresponde dejar sin efecto. 

La prescripción consiste en la extinción, por el transcurso del tiempo, de la acción del acreedor tributario para exigir el cumplimiento y efectuar la fiscalización de la obligación tributaria, es decir, lo que se extingue es la acción del ente fiscal y no la obligación tributaria; asimismo, se debe considerar que la interrupción y suspensión son sucesos que interfieren en el cómputo de la prescripción; siendo que en caso de producirse la interrupción, el término de prescripción se computa nuevamente al día siguiente de ocurrida dicha causal y en el caso de la suspensión dicho término queda 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Eslado Plurinacional de Bolivia 

suspendido durante un determinado tiempo

En ese contexto, se generó la prescripción de las facultades de determinación, sanción y cobro de la Administración- Tributaria, pese a la existencia de fallos judiciales que constituyen causales de suspensión, toda vez que, si bien se dispuso la nulidad de obrados, dicho aspecto no afecta el cómputo de la prescripción

La notificación inicial con la Resolución Determinativa no tiene efecto interruptivo ni suspensivo de la prescripción, así como tampoco todo el proceso de nulidad de notificación, toda vez que a la fecha de notificación con la Resolución Determinativa impugnada transcurrieron s de 8 años; consecuentemente, en sujeción a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley 2492, operó la prescripción extintiva de la facultad de determinación, imposición de sanciones y cobro de las obligaciones tributarias correspondientes al IVA e IT del periodo fiscal agosto 2008, al efecto cita la Sentencia Constitucional 0856/2017S2. 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución Determinativa N° 00742/2012 (SIN/GDLP/DJCC/UJT/RD/00742/2012) de 21 de diciembre de 2012. 

II.2 Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Roxana Alarcón Apaza fue admitido por Auto de 4 de agosto de 2020, notificado de forma personal a la recurrente el 5 de agosto de 2020 y mediante cédula a la Administración Tributaria el 13 de agosto de 2020, fojas 5156 de obrados. 

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Karen Cecilia López Paravicini conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia No 032000000743 de 20 de agosto de 2020, por memorial presentado el 26 de agosto de 2020, cursante a fojas 5969 de obrados, respondió de forma negativa expresando lo siguiente

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La determinación de la deuda tributaria se realizó bajo la égida del respeto a los derechos, reglas, principios y garantías básicas fijadas en el orden jurídico nacional, 

IS Juin Carlos 

Guzbrán Ruiz 

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Justidja tributaria para vivir bien Jan mit ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachig (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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III 

por tanto, se actuó dentro de los parámetros del derecho a la seguridad jurídica, aplicando objetivamente las normas tributarias, en el marco del debido proceso. 

La Administración Tributaria puede realizar la determinación de la deuda tributaria mediante procesos de verificación, fiscalización, control e investigación, por su alcance respecto a los impuestos, periodos y hechos; en ese entendido, la Orden de Verificación No 00110VE01218 señala como modalidad la “Verificación específica débito IVA y su efecto en el IT”, lo que demuestra que el procedimiento de determinación mediante fiscalización o verificación, no tiene incidencia en los procedimientos técnicos adoptados, por tanto no existe indefensión del administrado. 

La Vista de Cargo Cite: SIN/GDLPZ/DF/SFVENC/0624/2012 de 12 de octubre de 2012, identifica al sujeto pasivo, el objeto y alcance de la determinación preliminar; asimismo, contiene los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamentan la Resolución Determinativa, cumpliendo los requisitos previstos por los artículos 96 de la Ley 2492 y 18 del DS 27310. Asimismo, en su página 6 se detalla el origen de la deuda tributaria, los subconceptos y fundamentos legales de los cargos, lo que acredita el cumplimiento de la norma señalada. 

Los procedimientos y técnicas utilizados en la fiscalización para la determinación del IVA e IT se aplicaron en sujeción al artículo 43, parágrafo II de la Ley 2492, considerando la documentación presentada por la contribuyente, la información obtenida de la base de datos del SIRAT y la de terceros. 

No fue posible aplicar la determinación sobre base cierta, debido a que no se contaba con toda la documentación, situación que fue corroborada por la propia contribuyente mediante nota de 10 de abril de 2012, en la que manifestó que fue extraviada en el traslado a la ciudad de La Paz; aspecto que demuestra que no se dejó en indefensión al sujeto pasivo, por tanto, no corresponde la nulidad de obrados invocada por la recurrente. 

La Resolución Determinativa impugnada señala con claridad lo acontecido en el proceso de fiscalización, los motivos y la información que sustenta la aplicación de la base presunta, así como la normativa jurídica en la que se funda, de esa manera, en la determinación de artículos no facturados se consideró la información sobre pólizas 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

de importación proporcionada por la Aduana Nacional y la tabulación de las facturas de ventas, estableciéndose diferencias entre lo importado y lo vendido. La empresa Arriaga Monje y Asociados SRL proporcionó los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría de las gestiones 2007 al 2010 de la contribuyente Roxana Alarcón Apaza, señalando que la información de los inventarios de la gestión 2008 fue borrada, no tiene prueba de que éstos fueron vendidos en gestiones posteriores, 

razón por la cual se presumió que todo lo importado fue vendido en la misma gestión . 2008, por tanto, los descargos presentados no son suficientes para desvirtuar dicha 

presunción. 

Se identificaron diferentes precios de un mismo producto ya que las facturas no presentan detalle de modelo y marca; por ese motivo se determinó un precio unitario promedio para cada uno de los productos, considerando los consignados en las facturas de ventas, los cuales fueron aplicados a la diferencia encontrada o artículos no facturados. Los ingresos no declarados fueron establecidos de forma anual, no obstante se calculó el porcentaje mensual en función a los ingresos declarados, esto porque no se puede aplicar a un solo periodo fiscal. Por consiguiente, no existe sobrevaluación de precios, ya que se tomaron en cuenta los proporcionados por la ahora recurrente. El inventario de mercadería presentado no cuenta con respaldo (kárdex valorado) y es incongruente con los datos registrados en sus propias facturas de venta, más aún cuando no aportó ningún tipo de documentación que refleje los hechos que alega en su Recurso; consecuentemente, el acto administrativo impugnado refleja los motivos, razones e información que sustenta la aplicación de la base presunta, así como la normativa jurídica en la que se funda. 

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Se determinaron ingresos no declarados por productos no facturados; omisión que incide en el cumplimiento de obligaciones materiales del impuesto, ya que en la liquidación del débito fiscal el sujeto pasivo no declaró todas las transacciones que cumplieron con el presupuesto definido por ley como hecho generador, aspecto que conlleva el pago de un impuesto menor al correspondiente a todas las ventas realmente efectuadas. En ese sentido, cuando las ventas no se encuentran respaldadas con las respectivas notas fiscales, el gravamen debe ser ingresado sin derecho a cómputo de crédito fiscal alguno, situación que se encuentra sustentado en el artículo 12 de la Ley 843, cita al efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0503/2011. 

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Calle Arturo Borda. N. 193.3Zona Cristo Rey 

1

Se calificó la conducta de la contribuyente como omisión de pago, por ingresos no declarados por concepto de ventas de mercadería importada en el periodo fiscal agosto 2008, hecho que demuestra el pago de menos de la deuda tributaria, adecuando su conducta a lo dispuesto por el artículo 165 de la Ley 2492, por tanto, lo aseverado por la recurrente carece de fundamentación fáctica y legal. 

Conforme los artículos 36 de la Ley 2341 y 55 del DS 27113, son anulables los actos administrativos cuando incurren en infracción del ordenamiento jurídico y solo se determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, aspectos que no ocurrieron en el presente caso, en consecuencia, lo observado no tiene incidencia en la determinación de la deuda tributaria. 

La recurrente argumenta que la deuda tributaria estaría prescrita; sin embargo, no realiza ningún cálculo, no adjunta ni señala cuál fue el acto administrativo que se anuló y la fecha, así como no fundamenta jurídicamente su solicitud de prescripción, limitándose à señalar el artículo 59 de la Ley 2492 y transcribir una Sentencia Constitucional. Asimismo, al existir una solicitud de prescripción, no corresponde considerar los argumentos de nulidad, toda vez que son solicitudes contrapuestas. 

El argumento vertido en el Recurso de Alzada, sobre la prescripción no es preciso ni claro, aspecto que correspondía ser observado mediante Auto Motivado conforme el artículo 198 de la Ley 2492 y no admitir simple y llanamente un Recurso que provoca en la Administración Tributaria confusión y obscuridad, ya que no se logra entender cuál es la pretensión del sujeto pasivo, a efectos de aclarar y responder a la observación reclamada vinculada a la prescripción, al efecto cita el Auto Supremo No 117/2008. 

De la compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que se actuó 

respetando los derechos de la contribuyente, toda vez que se le notificó con la Orden de Verificación N° 00110VE01218, comunicando que sería sujeto de un proceso de determinación; una vez establecida la existencia de tributos omitidos se emitió la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVENC/0624/2012 el 12 de octubre de la cual fue debidamente notificada de forma personal y por último se emitió la Resolución Determinativa N° 00742/2012 (SIN/GDLP/DJCC/UJT/RD/00742/2012), 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

documento que también fue puesto en conocimiento de la contribuyente con la notificación personal realizada el 10 de julio de 2020, siendo inexistente la vulneración al debido proceso y a la defensa, toda vez que la contribuyente asumió conocimiento de los actuados emitidos

La Resolución Determinativa, es el resultado de un conjunto de actos vinculados. unos con otros, considerándose un todo y no solo una parte. El sustento del acto administrativo ahora impugnado se encuentra en los antecedentes administrativos que forman parte indivisible del acto administrativo final, el cual fue emitido conforme a la normativa jurídica tributaria vigente, aspecto que se ratifica en todos y cada uno de los fundamentos cnico – jurídicos expuestos en el procedimiento de determinación y la Resolución Determinativa impugnada. Asimismo, en cumplimiento de los artículos 198 inciso e) y 211 de la Ley 2492, solicita pronunciamiento solamente sobre los argumentos planteados en el Recurso de Alzada y no sobre otros puntos no impugnados por el contribuyente 

Conforme los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa N° 00742/2012 (SIN/GDLP/DJCC/UJT/RD/00742/2012) de 21 de diciembre de 2012. 

11.4 Apertura de término probatorio y producción de pruebas Mediante Auto de 27 de agosto de 2020, se aperturó el término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes en aplicación del inciso d). del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada por Secretaria tanto a la recurrente como a la Administración Tributaria recurrida el 2 de septiembre de 2020; fojas 70-71 de obrados., Término dentro el cual, el ente fiscal, mediante memorial presentado el 14 de septiembre de 2020, ofreció, propuso, reprodujo y ratificó en calidad de prueba pre constituida los antecedentes administrativos remitidos adjunto al memorial de respuesta negativa al Recurso de Alzada; al efecto, por Proveído de 15 de septiembre de 2020, se dio por ratificada la prueba documental señalada; actuación notificada en Secretaría a la recurrente y a la Administración Tributaria el 16 de septiembre de 2020; fojas 74-76 de obrados. 

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Roxana Alarcón Apaza, por nota presentada el 17 de septiembre de 2020, ofreció y ratificó en calidad de prueba los descargos a la vista de Cargo ofrecidos a la Administración Tributaria, los documentos adjuntos a su Recurso de Alzada y ofrece 

Juan Carlos Guzmán Ruiz 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jạcha kamani (Aymara) Mana tasaq kurag kamachig (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (5912) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

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como prueba la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1174/2019 de 21 de octubre de 2019; al efecto, por Proveído de 18 de septiembre de 2020, se dio por ratificada y ofrecida la prueba documental señalada, en tanto cumpla con lo establecido en los artículos 81 y 217 del Código Tributario; actuación notificada en Secretaría a la recurrente y a la Administración Tributaria el 23 de septiembre de 2020; fojas 77-81 de obrados

II.5 Alegatos Mediante nota presentada el 8 de octubre de 2020, Roxana Alarcón Apaza formuló alegatos escritos ratificando el contenido de su Recurso de Alzada respecto a los vicios existentes en la vista de Cargo y sobre la prescripción de la Administración Tributaria de las facultades de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones; al efecto, el Proveído de 9 de octubre de 2020 dio por formulados los alegatos; acto notificado en Secretaria a la recurrente y a la Administración Tributaria el 14 de octubre de 2020; fojas 8287 de obrados. 

De la revisión de obrados, se advierte que la Administración Tributaria recurrida no formuló alegatos en conclusiones, de conformidad al numeral II del artículo 210 de la Ley 2492. 

INI. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 27 de marzo de 2012, notificó de manera personal a Roxana Alarcón Apaza con la Orden de Verificación N° 00110VE01218, formulario 7531, a objeto de verificar el débito fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y su efecto en el Impuesto a las Transacciones (IT), correspondiente a la venta de mercadería importada del periodo fiscal agosto 2008; solicitando al efecto la presentación de las declaraciones juradas del periodo observado, Libro de Ventas IVA, notas fiscales de respaldo al débito fiscal IVA, comprobantes de ingresos con respaldo, formulario de habilitación de notas fiscales y otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso de verificación; fojas 4 y 7 de antecedentes administrativos. 

Roxana Alarcón Apaza, mediante nota presentada el 30 de marzo de 2012, solicitó a la Administración Tributaria ampliación de plazo para la presentación de los documentos solicitados mediante Orden de Verificación N° 00110VE01218, 

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requerimiento que fue atendido por Proveído N° 24-012012 (CITE: SIN/GDLP/DF/SFVE/PROV/0126/2012 de 2 de abril de 2012, que otorgó plazo adicional hasta el 11 de abril de 2012, para la presentación de dicha documentación; fojas 9-10 de antecedentes administrativos. 

Por nota presentada el 13 de abril de 2012, la contribuyente comunicó a la Administración Tributaria que solicitó la baja de su NIT el año 2010, que la documentación correspondiente a las sucursales del interior se extravió, viéndose impedida de cumplir con la entrega de la documentación requerida mediante Orden de Verificación N° 00110VE01218; fojas 12 de antecedentes administrativos

El 28 de septiembre de 2012, se emitieron las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 00043076 y 00043078 por entrega de parcial de la documentación requerida por la Administración Tributaria y por no mantener por el término de la prescripción información y documentación dispuesta en norma específica; contraviniendo el artículo 70, numerales 6 y 8 de la Ley 2492 aplicando las multas de 1.500 UFVs y 1.000 UFV‘s establecidas en los sub numerales 4.1 y 3.8 del Anexo Consolidado A” de la RND 10-0037-07 respectivamente; fojas 1516 de antecedentes administrativos. 

Resultado del proceso de verificación, el 12 de octubre de 2012, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVENC/0624/2012, contra Roxana Alarcón Apaza, estableciendo sobre base presunta el tributo omitido de 87.649 UFV’s por el IVA e IT, más intereses y sanción preliminar por omisión de pago por el período fiscal agosto 2008, así como las multas de 1.500 UFV’s y 1.000 UFV’s por incumplimientos a deberes formales establecidas en las Actas de Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 43076 y 43078; actuación administrativa notificada de manera personal a la contribuyente, el 24 de octubre de 2012; fojas 324-345 y 361 de antecedentes administrativos. 

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Dentro del término de prueba dispuesto por el artículo 98 de la Ley 2492, Roxana Alarcón Apaza, el 23 de noviembre de 2012, presentó a la Administración Tributaria una nota en calidad de descargo a la vista de Cargo, observando la falta de fundamentación técnica y legal de la determinación de los impuestos omitidos y la 

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inexistencia de contravenciones tributarias; adjuntando al efecto, un inventario de mercaderías y los Estados Financieros de la gestión fiscal 2008, fojas 363-385 de 

antecedentes administrativos. 

La Resolución Determinativa N° 00742/2012 (SIN/GDLP/DJCC/UJT/RD/00742/2012) de 21 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra Roxana Alarcón Apaza, determinó sobre base presunta el tributo omitido de 87.649 UFVs, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), más intereses y sanción por omisión de pago por periodo fiscal agosto 2008; así como la multas de 1.500 UFV’s y 1.000 UFV’s por incumplimiento a deberes formales establecidas en las Actas de Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 43076 y 43078; acto administrativo notificado por edicto el 26 y 30 de diciembre de 2012; fojas 399-428 de antecedentes administrativos. 

Mediante el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 24155513 (SIN/GDLPZI DJCC/UCC/PIET/201320101504) de 6 de junio de 2013, se anunció a Roxana Alarcón Apaza el inicio a la ejecución tributaria de la suma líquida y exigible de 220.714 UFVs contenida en la Resolución Determinativa N° 00742/2012 (SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RD/00742/2012) de 21 de diciembre de 2012; actuación notificada personalmente a la contribuyente el 9 de septiembre de 2013; foja 430 de antecedentes administrativos. 

Por memorial presentado a la Administración Tributaria el 2 de octubre de 2013, Roxana Alarcón Apaza opuso nulidad a la notificación efectuada con la Resolución Determinativa N° 00742/2012 (SIN/GDLP/DJCC/UJT/RD/00742/2012) de 21 de diciembre de 2012 reiterada mediante memorial el 21 de septiembre de 2018, fojas 461-465 y 454 de antecedentes administrativos

Mediante Auto. Administrativo N° 391820000137 (SIN/GDLPZI/DJCC/CCI. AUTA/00114/2018) de 19 de noviembre de 2018, la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales rechazó la solicitud de nulidad de notificación planteada por Roxana Alarcón Apaza, disponiendo proseguir con la ejecución tributaria anunciada a través de Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 201320101504 de 6 de junio de 2013: acto administrativo notificado por cé

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AUTORIDAD DE IMP 

BUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

sujeto pasivo, el 25 de abril de 2019; fojas 466-468 y 478-482 de antecedentes administrativos. 

Roxana Alarcón Apaza interpuso Recurso de Alzada contra el mencionado Auto Administrativo, instancia que emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT LPZ/RA 0910/2019 de 5 de agosto de 20.19, que resolvió confirmar el Auto Administrativo N° 391820000137 (SIN/GDLPZ1/DJCC/CC/AUTA/00114/2018) de 19 de noviembre de 2018. Ante la imposición de Recurso Jerárquico, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ 1174/2019 de 21 de octubre de 2019, disponiendo anular la Resolución del Recurso de Alzada ARITLPZ/RA 0910/2019, hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la notificación con la Resolución Determinativa N° 00742/2012 de 21 de diciembre de 2012, inclusive; debiendo la Administración Tributaria efectuar una nueva notificación cumpliendo con lo previsto en los artículos 83 y siguientes del Código Tributario; fojas 485-495 y 497-510 de antecedentes administrativos. 

Posteriormente, en cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 1174/2019 de 21 de octubre de 2019, la Administración Tributaria el 10 de julio de 2020 notifico mediante cédula a la contribuyente la Resolución Determinativa N° 00742/2012 (SIN/GDLP/ DJCC/UJT/RD/00742/2012) de 21 de diciembre de 2012, que resolvió determinar de oficio las obligaciones impositivas sobre base presunta de la contribuyente Roxana Alarcón Apaza por el monto de 87.649 UFVs por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y su efecto en el Impuesto a las Transacciones (IT), más intereses y sanción por omisión de pago, del periodo fiscal agosto 2008; así como las multas de 1.500 UFV’s y 1.000 UFV’s por incumplimiento de deberes formales, establecidas mediante Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 00043076 y 00043078, respectivamente;’ fojas 541-544 de antecedentes administrativos. 

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  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas 

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en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-111 del referido Código Tributario, se tiene

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Roxana Alarcón Apaza, la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva. 

De inicio es necesario puntualizar que la recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada solicitó la revocatoria de la Resolución Determinativa; sin embargo, de la lectura de su Recurso, se advierte que alude nulidades referidas a la falta de fundamentación y valoración de la prueba, en ese contexto, siendo obligación de ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitir un criterio y/o posición respecto 

a todos y cada uno de los planteamientos formulados, se efectuará inicialmente la revisión de la existencia o no de los vicios y si estos están legalmente sancionados con la nulidad; sólo en caso de no ser éstos evidentes, se procederá al análisis de las cuestiones de fondo que también fueron expuestas en los argumentos del Recurso de Alzada presentado. 

IV.1 ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE ALZADA La Administración Tributaria en su memorial de respuesta manifiesta que el argumento vertido por Roxana Alarcón Apaza en el Recurso de Alzada, sobre la prescripción no es preciso ni claro, aspecto que correspondía ser observado mediante Auto Motivado conforme el artículo 198 de la Ley 2492 y no admitir simple y llanamente un Recurso que provoca en la Administración Tributaria confusión y obscuridad, ya que no se logra entender cuál es la pretensión del sujeto pasivo, a efectos de aclarar y responder a la observación reclamada vinculada a la prescripción. Si bien señala que la deuda tributaria estaría prescrita; sin embargo, no realiza ningún cálculo, no adjunta ni señala cuál fue el acto administrativo que se anuló y la fecha, así como no fundamenta jurídicamente su solicitud de prescripción, limitándose a salar el artículo 59 de la Ley 2492 y transcribir una Sentencia Constitucional. La solicitud de nulidad planteada por Roxana Alarcón Apaza es incongruente debido a que de manera expresa solicitó la prescripción, razón por la que no corresponde que su solicitud de nulidad sea tomada en cuenta toda vez que son contrapuestas; cita como precedente el 

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III III 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Auto Supremo N° 117/2008, al respecto, se tiene lo siguiente 

El artículo 198 del Código Tributario, en relación a la forma de interposición de los recursos establece 1. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contiene

  1. a) Señalamiento específico del recurso administrativo y de la autoridad ante la que 

se lo interpone. b) Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal con 

mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que corresponda conforme a Ley y los documentos respaldatorios de la personería del 

recurrente. c) Indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el ejemplar 

original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho acto. d) Detalle de los montos impugnados por tributo y por período o fecha, según 

corresponda, así como la discriminación de los componentes de la deuda 

tributaria consignados en el acto contra el que se recurre. e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se *

pide. f) En el Recurso Jerárquico, señalar el domicilio para que se practique la notificación 

con la Resolución que lo resuelva. g) Lugar, fecha y firma del recurrente. II. En los Recursos de Alzada, dentro de los cinco (5) días de presentado el recurso, el 

Superintendente Tributario Regional o el Intendente Departamental dictarán su admisión y dispondrán su notificación a la autoridad recurrida. Tratándose de Recursos Jerárquicos, no procede esta notificación al Superintendente Tributario Regional, sino, por disposición de este o del Intendente Departamental respectivo y dentro del mismo plazo, a la autoridad administrativa cuyo acto fue objeto de impugnación en el recurso previo o al recurrente en el Recurso de Alzada, según 

corresponda. No será procedente la contestación al Recurso Jerárquico. I III. La omisión de cualquiera de los requisitos señalados en el presente Artículo o si el 

recurso fuese insuficiente u oscuro determinará que la autoridad actuante, dentro del mismo plazo señalado en el parágrafo precedente, disponga su subsanación

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aclaración en el término improrrogable de cinco (5) días, computables a partir de la notificación con la observación, que se realizará en Secretaría de la Superintendencia Tributaria General o Regional o Intendencia Departamental respectiva. Si el recurrente no subsanara la omisión u oscuridad dentro de dicho plazo, se declarará el rechazo del recurso. Siendo subsanada la omisión u observación, se aplicará lo previsto en el parágrafo II 

de este Artículo. 1. La autoridad actuante deberá rechazar el recurso cuando se interponga fuera del 

plazo previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no admisible o a un acto no impugnable ante la Superintendencia Tributaria conforme a los Artículos 

195 y 197 de la presente Ley. 

En el marco descrito precedentemente, corresponde establecer que la problemática a ser dilucidada en este punto, radica en comprobar si el Recurso de Alzada cumple o . no con lo dispuesto en el artículo 198 inciso e) del Código Tributario para su admisibilidad; en ese contexto, el referido cuerpo normativo en cuanto a la forma de. interposición del Recurso de Alzada, establece entre sus requisitos que deba contener el detalle del nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal con mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que corresponda conforme a Ley y los documentos respaldatorios de la personería del recurrente, indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se ‘recurre adjuntando copia del acto impugnado; los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

Efectuadas las consideraciones precedentes, se tiene que de la revisión del Recurso de Alzada presentado mediante nota de 28 de julio de 2020, cursante a fojas 31-50 de obrados, se advierte que respecto a la prescripción la recurrente expone la fundamentación de hecho y de derecho en el que sustenta su impugnación, toda vez. que señala que a la fecha de notificación con la Resolución Determinativa impugnada transcurrieron más de 8 años, lo que implica que en cumplimiento del artículo 59 de la Ley 2492, operó la prescripción extintiva de las facultades de determinación, sanción y cobro de las obligaciones tributarias por el IVA e IT del periodo fiscal observado y que la notificación con el citado acto definitivo no tiene efecto 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Eslado Plurinacional de Bolivia 

interruptivo, debido a que se realizó cuando las facultades del ente fiscal prescribieron. 

Lo anterior demuestra que Roxana Alarcón Apaza en su Recurso de Alzada indicó con claridad y precisión su solicitud de prescripción de las facultades de la Administración Tributaria de determinar la deuda tributaria e imponer sanciones, sustentando su pretensión con el tiempo transcurrido y lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley 2492; es necesario aclarar que, el hecho que la recurrente no efectúe el cómputo del término de la prescripción no hace que el Recuro de Alzada sea oscuro e impreciso, como sostiene la Administración Tributaria, toda vez que señala que transcurrieron más de 8 años del establecido por la norma vigente y que no existe suspensión del cómputo por la interposición de recursos administrativos debido a que éstos se efectuaron fuera del plazo previsto por Ley. Del mismo modo, en el citado Recurso de Alzada se evidencia que la administrada además de solicitar la prescripción invoca vicios de nulidad en la Resolución Determinativa aspectos que no hacen que sea incongruente, debido a que la norma no prohíbe que una impugnación deba considerar sólo aspectos de forma o de fondo; en ese sentido, invocar simultáneamente la nulidad de obrados y la prescripción no deriva en el rechazo de la impugnación

Lo mencionado precedentemente, incidió en la admisión del Recurso de Alzada por parte de esta instancia recursiva, mediante Auto de 4 de agosto de 2020, en ese contexto, el presente Recurso de Alzada fue revisado y conforme lo dispuesto en los artículos 143, 195 y 198 del Código Tributario fue admitido por ésta instancia recursiva debido a que cuenta con los requisitos de la fundamentación de hecho y de derecho en los que se apoya la impugnación, en cumplimiento precisamente de lo dispuesto en el artículo 198, incisos e) del Código Tributario

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Corresponde destacar también que ésta instancia administrativa está facultada por Ley para rechazar o admitir un Recurso de Alzada, conforme disponen los artículos 140 y 198 del Código Tributario; por ello, la obligación del ente fiscal está más bien supeditada a responder en las formas y condiciones establecidas por el artículo 218 del Código Tributario y mostrar que sus actos están ceñidos conforme disposiciones normativas que hacen a su competencia. 

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Bajo el contexto anterior y con la finalidad de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa del recurrente, se admitió el recurso y se procederá a efectuar su análisis conforme a cada uno de los planteamientos formulados; en tal sentido, es evidente que la recurrente, accionó de forma legal y correcta la vía recursiva cumpliendo los requisitos y formalidades dispuestos en normativa; consecuentemente, por las razones anteriormente expuestas, corresponde desestimar lo señalado por la Administración Tributaria. 

Con relación a la cita del Auto Supremo N° 117/2008 emitido por el Tribunal Supremo de Justicia que invoca la Administración Tributaria; es menester salar, que los fallos provenientes del mencionado tribunal, tienen un basamento en función a los argumentos, antecedentes e incluso circunstancias atinentes al caso sometido a dicha jurisdicción, lo que hace inaceptable tomar como precedente el citado Auto; a esto se suma que, el artículo 5 de la Ley 2492, no. establece como fuente del 

Derecho Tributario los Autos Supremos, las Sentencias o Resoluciones judiciales emitidas dentro de la jurisdicción ordinaria; consecuentemente, corresponde desestimar lo invocado por el ente fiscal. En ese entendido, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria proseguirá con el procesamiento del recurso interpuesto contra la Resolución Determinativa N° 00742/2012 (SIN/GDLP/DJCC/UJT/ RD/00742/2012) de 21 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales. 

  1. 2 ASPECTOS DE FORMA 1.2.1 Vicios de nulidad La recurrente en su Recurso de Alzada manifiesta que la vista de Cargo no cumple los requisitos exigidos por el artículo 96 de la Ley 2492, debido a que no señala específicamente el origen de los reparos, de dónde provienen los ingresos no declarados, en que periodos y por qué montos, toda vez que se presumió que en la misma fecha de la importación se habría producido la venta; es decir, no se tiene la individualización de los hechos, la cuantificación y la normativa que fundamenta la decisión asumida por el ente fiscal. Se efectuó una determinación sobre base presunta anual, considerando que toda la mercadería comprada se vendió dentro de la gestión 2008, estableciendo para ello una media para efectuar la distribución o . prorrateo entre los periodos fiscales de dicha gestión, sobrevaluando los precios, por tanto los ingresos. La metodología de presunción de los precios de los productos es 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

incorrecta y se aparta de la realidad de los hechos. No se dieron las circunstancias para aplicar la base presunta. 

La Resolución Determinativa no es congruente debido a que no se tomaron en cuenta sus argumentos y pruebas presentados en calidad de descargo a la Vista de Cargo, vulnerando su derecho al debido proceso y a la defensa. 

La Administración Tributaria sobre este punto señala que la vista de Cargo así como la Resolución Determinativa expresan, que en razón a que la contribuyente no presentó o presentó parcialmente la documentación requerida, debido a que fue extraviada, la determinación se realizó sobre base presunta conforme los artículos 43, parágrafo II, 44, numerales 2, 4 y artículo 45 de la Ley 2492, aplicando el método de comparación de compras versus ventas, estableciéndose diferencias de artículos comprados no facturados a la cual se aplicó los precios promedios obtenidos producto de la tabulación de los consignados en sus facturas de ventas . Aclarando que, se presumió que todas las compras efectuadas fueron vendidas en la misma gestión 2008 y que no se consideraron los inventarios por falta de respaldo documental; al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

El artículo 115, parágrafo II de la Constitución Política del Estado dispone: El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. —– 

Respecto a los métodos de determinación de la base imponible, el artículo 43 de la Ley 2492, establece: La base imponible podrá determinarse por los siguientes métodos: I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones qu

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. III. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo 

parcial o totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta 

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y sólo podrá realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo siguiente, según corresponda. En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, aplicando los procedimientos previstos en el Título III del presente Código. 

El artículo 68, en sus numerales 6 y 7 del Código Tributario, dispone: Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código. 

  1. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

Los parágrafos I y III del artículo 96 de la Ley 2492, establecen: 1. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones 

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la 

liquidación previa del tributo adeudado. III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda

El parágrafo II, del artículo 99 de la Ley 2492, señala: La Resolución Determinativa que dicte la Administración Tributaria deberá contener como requisitos mínimos: lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la 

  • deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Inicialmente, se hace necesario señalar que el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se traduce que los actos y actuaciones en un proceso administrativo se deben ajustar no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales; esto implica garantizar el correcto ejercicio de la Administración Pública a través de la emisión de actos administrativos, los que no deben resultar contrarios a los principios del Estado de Derecho. 

En ese contexto, toda autoridad administrativa tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantia de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes. De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir ya controvertir las pruebas ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidasen su beneficio. 

Se debe enfatizar también que los actos de la Administración Tributaria se encuentran regulados por disposiciones legales vigentes, las que instituyen requisitos, condiciones y formalidades que se deben cumplir; es así que en el ámbito impositivo el Código Tributario en sus artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492 y artículo 29 del DS 27310, establece las amplias facultades que tiene la Administración Tributaria de control, verificación, fiscalización, investigación, determinación de tributos y otras; así también en sus artículos 42 y 43 refiere a la base imponible y a los métodos de determinación, pudiendo ser éstos sobre base cierta o sobre base presunta; considerando para el primer método documentación e información que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo; pudiendo la Administración Tributaria recabar información, datos, pruebas y otros que le permitan evidenciar y sobre todo demostrar fácticamente los resultados de la determinación; si bien esa información puede ser proporcionada por el contribuyente, también puede ser obtenida de terceras personas o agentes de información; precautelando que la referida información permita demostrar la realización de los 

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hechos generadores, su cuantía y que cada conclusión a la que se arribe tenga su respaldo objetivo, evidente y comprobable. 

En el contexto mencionado, el artículo 96, parágrafo I de la Ley 2492, dispone que la Vista de Cargo que dicte la Administración Tributaria deberá contener los hechos actos, datos, elementos y valoraciones que fundamentan la Resolución Determinativa; asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base 

presunta según corresponda

Efectuadas las consideraciones precedentes, de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración Tributaria notificó a la ahora recurrente con la Orden de Verificación N° 00110VE01218 a fin de revisar los hechos y elementos relacionados al débito fiscal IVA y su efecto en el Impuesto a las Transacciones del periodo fiscal agosto 2008, requiriendo al efecto documentación detallada en el F-4003 Requerimiento N° 111443, la que no fue proporcionada por el sujeto pasivo por extravío de la misma, por esa razón se emitieron las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 00043076 y 00043078 cursantes a fojas 1516 de antecedentes administrativos. El 12 de octubre de 2012, se emitió la vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZIDFISFVENC/0624/2012, que establece sobre base presunta el tributo omitido de 87.649 UFV’s por el IVA e IT, más intereses y sanción preliminar de omisión de pago por el periodo fiscal agosto 2008, así como las multas de 1.500 UFV’s y 1.000 UFV’s por incumplimiento de deberes formales. Finalmente, el 21 de diciembre de 2012, el ente fiscal emitió la Resolución Determinativa N° 00742/2012 (SIN/GDLP/DJCC/UJT/RD/00742/2012), ratificando el adeudo establecido en el acto preliminar

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En ese contexto, sobre la aseveración de la recurrente que la vista de Cargo no cumple los requisitos establecidos por el artículo 96 de la Ley 2492, respecto a que no contiene los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamente la Resolución Determinativa, corresponde mencionar que la vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/0624/2012, en su acápite Impuesto Al Valor Agregado señala: “Determinación de ingresos (base presunta). Debido a la imposibilidad de determinar con certeza que los productos importados en un mismo mes hubieran sido vendidos en el mismo mes, se procedió a determinar los ingresos en forma anual (…

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

En aplicación a los artículos 44° y 45° de la Ley 2492, Artículos 7°, 8°, y 9° de la Ley 843 y D. S. 21530, para la determinación de artículos no facturados, se tomó lo informado por la Aduana Nacional de Bolivia sobre pólizas de importación y la información proporcionada por la misma contribuyente, habiendo realizado la tabulación de facturas, determinándose diferencias anuales entre lo importado y lo vendido (en cantidades)...” 

Continua indicando ...Para la determinación de Ingresos no Facturados se identificaron productos y diferentes precios de un mismo producto, obteniendo como resultado el promedio de precio unitario, mismo que fue aplicado a la diferencia encontrada en artículos no facturados (en cantidades)...” 

Determinación del IVA omitido. La diferencia de Ingresos no declarados fue 

determinada anualmente, misma que no puede ser imputada a un solo periodo, por lo que se calculó el porcentaje a ser aplicado mensualmente, en función a los ingresos declarados por la contribuyente, dividendo el ingreso mensual (...) entre la sumatoria anual de los ingresos no declarados.” 

“Obteniendo la determinación de ingresos mensuales sobre base presunta (…) y considerando que esos ingresos corresponden a ingresos no facturados, en aplicación del. Art. 12° de la Ley N° 843 y DS. 21530, no corresponde realizar deducción alguna…” 

Lo anterior demuestra que el citado acto preliminar se pronunció sobre los puntos observados por la recurrente: 

  • La determinación de la base imponible del IVA se efectuó aplicando el método de Base 

Presunta debido a que la contribuyente no presentó toda la documentación requerida (registros contables), considerando los datos proporcionados por el sujeto pasivo, la información extraída del SIRAT II referida a declaraciones juradas del IVA, IT e JUE, Libros de Compras y Ventas IVA, reportes de Compras de los clientes del recurrente y de terceros (Aduana Nacional), en sujeción al artículo 43 parágrafo || de la Ley 2492. 

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  • El procedimiento aplicado fue la comparación de las compras/importaciones efectuadas 

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y ventas declaradas. 

Ils Juan Carlos 

Guzmán Ruiz 

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II 

  • Los reparos se originan de la diferencia establecida en el procedimiento de 
  • comparación mencionado. 

La cuantificación de la deuda se efectuó considerando los precios unitarios promedios por producto establecidos en razón a la existencia de diferentes modelos o calidades de un mismo producto y porque las notas fiscales no especifican este aspecto. Señala también que los ingresos no declarados fueron establecidos en forma anual debido a que no se puede imputar a un solo periodo fiscal, habiendo sido prorrateados en función al comportamiento económico de la recurrente, reflejado en sus declaraciones juradas

En ese contexto, se debe tener en cuenta que según lo establecido en el artículo 43 en su parágrafo II de la Ley 2492, la determinación del tributo se realiza sobre base presunta cuando el ente fiscal hubiera solicitado datos para la determinación de la obligación tributaria y el sujeto pasivo no los hubiera proporcionado, conductas señaladas en el artículo 44 numerales 4, 5 inciso a) y 6 del mencionado cuerpo normativo, como ser la falta de presentación de los libros, registros de contabilidad y documentación respaldatoria, o que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus operaciones que no permita efectuar la determinación sobre base cierta, entre otras circunstancias; situaciones que se configuraron en el presente caso, en virtud a que Roxana Alarcón Apaza no presentó toda la documentación requerida, prueba de ello son las Actas por contravenciones emitidas, razón por la que se establecieron ingresos no declarados sobre base presunta de la comparación de las compras (pólizas de importación informadas por la Aduana Nacional) y las ventas declaradas. 

De igual forma, la Resolución Determinativa impugnada, en sus páginas 27 consigna los aspectos mencionados en la vista de Cargo, referidos a los fundamentos de hecho y derecho que sustentan la determinación de la base imponible del IVA e IT sobre base presunta, aplicando procedimientos conforme dispone el artículo 45 de la Ley 2492. 

Las circunstancias descritas evidencian que la vista de Cargo cumple los requisitos establecidos en el artículo 96 de la Ley 2492, y que la Resolución Determinativa impugnada se encuentra fundamentada conforme dispone el artículo 99 del Código Tributario; por consiguiente, no existe vicio de nulidad que provoque la vulneración de 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

los derechos al debido proceso y defensa, toda vez que el recurrente desde el inicio de la verificación hasta la notificación con la Resolución Determinativa tuvo conocimiento del proceso de verificación realizado en su contra, así como acceso a los actuados emitidos por la Administración Tributaria; en ese sentido no correspond

retrotraer obrados por esta causa. 

Con relación a que en la Resolución Determinativa no se tomaron en cuenta sus argumentos y pruebas presentadas en calidad de descargo a la Vista de Cargo, vulnerando su derecho al debido proceso y a la defensa. Al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

La indefensión supone la vulneración de los derechos fundamentales como el debido proceso, el derecho a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna gratuita, transparente y sin dilaciones, encontrándose recogido en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado. El debido proceso implica que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración a pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa; debe ser entendido como el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales en materia de procedimiento para garantizar justicia al recurrente; es decir, se materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener a la producción de pruebas y a la decisión pronta del juzgador; es el derecho que toda persona tiene a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar. 

A lo mencionado cabe añadir la Sentencia Constitucional 919/2004-R de 15 de junio de 2004, que sala: ...no existe indefensión cuando la persona con pleno conocimiento de la acción iniciada en su contra no interviene en el proceso o ha dejado de intervenir en él por un acto de su propia voluntad, ya que en esos casos no existe lesión alguna al derecho a la defensa por parte del juzgador, sino que es 

do como titular del derecho el que por propia voluntad o dejadez no ejerce el mismo cuando debe hacerlo; en esa misma línea, la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0470/2013 de 7 de junio de 2013, considerando la jurisprudencia constitucional contenida en la Sentencia Constitucional 0287/2003-R 

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Malmpugnace Jean Carlos Gužmán Ruiz 

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de 11 de marzo de 2003, estableció: “(...) la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente 

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UN 

adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia, no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad”. Lo que demuestra inequívocamente que el ahora recurrente en ningún momento estuvo en una situación de indefensión o que el accionar de la Administración Tributaria haya conculcado algún derecho o garantía jurisdiccional del contribuyente. 

En el presente caso, de antecedentes administrativos se tiene que Roxana Alarcón Apaza, por nota presentada el 23 de noviembre de 2012, ofreció a la Administración Tributaria en calidad de descargo a la Vista de Cargo, el inventario de mercaderías y los Estados Financieros de la gestión fiscal 2008, cursante a fojas 363385 de antecedentes administrativos. Al respecto, la Resolución Determinativa impugnada, 

ágina 9 señala: “El inventario de mercaderías presentado como descargo no demuestra la veracidad de los hechos ya que no cuentan con un respaldo de dichos precios (kárdex valorados) y es incongruente con los datos registrados en las facturas emitidas por la misma contribuyente” 

Continúa indicando: Asimismo, si bien el Balance de la Gestión 2008 presentado como descargo, refleja un importe en la cuenta Inventario Final de Mercadería, este no se encuentra respaldado por un detalle o kardex que permita determinar los saldos de productos (en cantidades) al 31 de diciembre de 2008. Por tanto, (…) Y siendo que la contribuyente no cuenta con un Inventario Final de Mercadería (Kárdex) se ratifica la determinación sobre BASE PRESUNTA” 

Lo expuesto precedentemente denota que el ente fiscal efectuó el análisis correspondiente a las pruebas presentadas en calidad de descargo a la Vista de Cargo; así también, corresponde precisar que el hecho que el pronunciamiento plasmado en el acto impugnado, no esté acorde a la interpretación que efectúa el sujeto pasivo, no significa que no se hubieran valorado los mismos; consecuentemente, corresponde desestimar lo aludido por la recurrente respecto a que no se habría emitido pronunciamiento alguno sobre dichos descargos. 

**

… 

En consideración a los antecedentes de hecho y derecho antes expuestos, se evidencia que la Administración Tributaria ajustó el procedimiento de verificación al 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

marco legal vigente, habiendo observado el debido proceso, derecho a la defensa y seguridad jurídica; en ese sentido al no evidenciarse vicio alguno que amerite la nulidad de obrados, se ingresará al análisis de los aspectos de fondo que también fueron planteados por la recurrente. 

IV.3 ASPECTOS DE FONDO IV.3.1 Prescripción La recurrente en su memorial de Recurso de Alzada manifiesta que se generó la prescripción de las facultades de determinación, sanción y cobro de la Administración Tributaria, pese a la existencia de fallos judiciales que constituyen causales de suspensión, toda vez que si bien se dispuso la nulidad de obrados, dicho aspecto no afecta el cómputo de la prescripción. 

Agrega, que la notificación inicial con la Resolución Determinativa no tiene efecto interruptivo ni suspensivo, así como tampoco todo el proceso de nulidad de notificación, toda vez que a la fecha de notificación con la Resolución Determinativa impugnada transcurrieron más de 8 os, consecuentemente, en sujeción a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley 2492, operó la prescripción extintiva de la facultad de determinación e imposición de sanciones de las obligaciones tributarias correspondientes al IVA e IT del periodo fiscal agosto 2008, al efecto cita la Sentencia Constitucional 0856/2017-S2. 

La Administración Tributaria en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada señala que la recurrente argumenta que la deuda tributaria estaría prescrita; sin embargo, no realiza ningún cálculo, no adjunta ni sala cuál fue el acto administrativo que se anuló y la fecha, así como no fundamenta jurídicamente su solicitud de prescripción, limitándose a señalar el artículo 59 de la Ley 2492 y transcribir una Sentencia Constitucional; al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

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El artículo 59 de la Ley 2492, establece: 1. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria 

para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 

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III 

  1. Imponer sanciones administrativas. 
  2. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. ll. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 

El artículo 60 del citado Código Tributario, al referirse al cómputo de la prescripción, dispone: 1. Excepto en el Numeral 4 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

” 

El artículo 61 del referido Código Tributario, con relación a las causales de interrupción de la prescripción, dispone: La prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

El artículo 62 de la Ley 2492, establece: El curso de la prescripción se suspende con: 1. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por 

seis (6) meses. II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Abordando la temática que nos ocupa, es pertinente considerar que la prescripción está instituida como un modo de liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la legislación tributaria nacional se constituye en un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere el derecho de la dispensa de la exigibilidad de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad y no lo hace. En materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo ylo vencimiento extingue su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejecutar la deuda tributaria y las sanciones por contravenciones tributarias. 

Resulta importante resaltar que si bien el instituto de la prescripción se constituye en una situación de puro derecho consolidada por el transcurso del tiempo; sin embargo, la obligación tributaria determinada o en su caso el establecimiento de sanciones por contravenciones mantendrá su vigencia en el tiempo, independientemente de las modificaciones incorporadas al Código Tributario; es decir, este instituto no extingue la obligación tributaria ni las sanciones administrativas impuestas por el ente fiscal; en ese contexto, es posible que el sujeto pasivo realice pagos aun cuando los montos de la obligación tributaria o la sanción están prescritos, los cuales se consolidan a favor del Estado. Por esa razón la posibilidad de extinción por prescripción se consolida respecto a la exigibilidad de la obligación tributaria o la sanción administrativa imputada; en ese sentido, el transcurso del tiempo como un hecho jurídico provoca efectivamente el nacimiento o extinción de facultades y obligaciones en el ámbito tributario, lo que se constituye en un hecho importante en consideración a que para determinar obligaciones fiscales existe un plazo definitivo, al que debe estar sometido toda Administración Tributaria y sujeto pasivo como partes de la relación jurídica tributaria. 

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Bajo ese contexto, en sujeción a los principios de legalidad y seguridad jurídica, es necesario realizar una previa contextualización de las principales actuaciones efectuadas dentro del presente caso; en ese entendido, de la revisión de antecedentes administrativos, se observa que la Administración Tributaria el 27 de 

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marzo de 2012, notificó de manera personal a Roxana Alarcón Apaza con la Orden de Verificación N° 00110VE01218, formulario 7531, a objeto de verificar el débito fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y su efecto en el Impuesto a las Transacciones (IT), correspondiente a la venta de mercadería importada del periodo fiscal agosto 2008; solicitando la documentación y otorgando el plazo para dicho efecto hasta el 11 de abril de 2012; misma que fue presentada en término, pero de manera parcial, razón por la que el 28 de septiembre de 2012,se labraron las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 00043076 y 00043078 sancionado los incumplimientos de deberes formales de presentación parcial de documentación, por no mantener por el término de la prescripción información y documentación dispuesta en norma específica.

Resultado del análisis y verificación realizada se emitió la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVENC/0624/2012 de 12 de octubre de 2012 y de manera posterior la Resolución Determinativa N° 00742/2012 (SIN/GDLP/DJCC/ UJT/RD/00742/2012) de 21 de diciembre de 2012, que determinó sobre base presunta el tributo omitido de 87.649 UFV’s, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), más intereses y sanción por omisión de pago por periodo fiscal agosto 2008; así como las multas de 1.500 UFVs y 1000 UFV’s por incumplimiento a deberes formales establecidas en las Actas de Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 00043076 y 00043078; acto administrativo notificado por edicto el 26 y 30 de diciembre de 2012. 

Por memorial presentado a la Administración Tributaria el 2 de octubre de 2013, 

Roxana Alarcón Apaza opuso nulidad a la notificación efectuada con la Resolución Determinativa N° 00742/2012 (SIN/GDLP/DJCC/UJT/RD/00742/2012).de 21 d

diciembre de 2012, reiterada mediante memorial el 21 de septiembre de 2018, petición que fue rechazada por la Gerencia Distrital La Paz | del Servicio de Impuestos Nacionales mediante Auto Administrativo N° 391820000137 (SIN/GDLPZ 1/DJCC/CCI AUTA/00114/2018) de 19 de noviembre de 2018, que tambien dispuso proseguir con la ejecución tributaria anunciada a través de Proveído de inicio de Ejecución Tributaria 24-1555-13 (SIN/GDLPZ/ DJCC/UCC/PIET/201320101504) de 6 de junio de 2013. 

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Roxana Alarcón Apaza interpuso Recurso de Alzada contra el mencionado Auto Administrativo, instancia que emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT LPZ/RA 0910/2019 de 5 de agosto de 2019, que resolvió confirmar el Auto Administrativo N° 391820000137 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/CC/AUTA/00114/2018) de 19 de noviembre de 2018. Ante la imposición de Recurso Jerárquico, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ 1174/2019 de 21 de octubre de 2019, que dispuso anular la citada Resolución del Recurso de Alzada, hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la notificación con la Resolución Determinativa N° 00742/2012 de 21 de diciembre de 2012, inclusive; debiendo la Administración Tributaria efectuar una nueva notificación cumpliendo con lo previsto en los artículos 83 y siguientes del Código Tributario. 

En cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 1174/2019 de 21 de octubre de 2019, la Administración Tributaria el 10 de julio de 2020 notifico mediante cédula a la contribuyente Roxana Alarcón Apaza con la Resolución Determinativa N° 00742/2012 de 21 de diciembre de 2012, acto que se constituye en objeto de la presente impugnación. 

De acuerdo a lo expuesto precedentemente, en el presente caso, la norma aplicable para el periodo fiscal agosto 2008, es la Ley 2492, sin modificaciones, que en su artículo 59 parágrafo I, numerales 2 y 3, regula el instituto de la prescripción estableciendo que la facultad de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas prescribe a los cuatro (4) años; asimismo, en cuanto a su cómputo, su artículo 60 parágrafo I, dispone que el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

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Calida

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En ese entendido, se establece que para el periodo fiscal agosto 2008, el vencimiento del plazo para el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT) aconteció en septiembre 2008, por tanto, el plazo de la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones, inició el 1 de enero de 2009 y concluyó el 31 de diciembre de 2012; aspectos que se encuentran plasmados en el siguiente cuadro

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CÓMPUTO DE LA PRESCRIPCIÓN 

Periodo 

Impuestos 

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Pago 

Inicio Cómputo de Prescripción 

Término de Prescripción 

Conclusión Periodo de Prescripción 

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Resolución Determinativa 

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01/01/2009 

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Conforme lo expuesto en el cuadro que antecede, corresponde destacar que el ente fiscal para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas respecto al IVA e IT por el periodo fiscal agosto 2008, disponía del plazo de 4 años computables a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; esto implica, a partir del 1 de enero de 2009 y concluía el 31 de diciembre de 2012, conforme lo dispuesto en el artículo 59, parágrafo I numerales 2 y 3 de la Ley 2492; al efecto, de antecedentes administrativos se advierte que la Administración Tributaria notificó al sujeto pasivo por edicto el 26 y 30 de diciembre de 2012 con la Resolución Determinativa No 00742/2012 (SIN/GDLP/DJCC/UJT/RD/00742/2012) de 21 de diciembre de 2012, sin embargo, como resultado de la interposición de Recursos de Alzada y Jerárquico, la Autoridad General de Impugnación Tributaria a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 1174/2019 de 21 de octubre de 2019, anuló la notificación con la referida Resolución Determinativa, ordenando que la Administración Tributaria efectúe una nueva notificación cumpliendo con lo previsto en los artículos 83 y siguientes del Código Tributario

En ese entendido, se tiene que la notificación practicada mediante edicto el 26 y 30 de diciembre de 2012 con el acto administrativo ahora impugnado quedó sin efecto legal alguno, en consecuencia, en sujeción al inciso a) del artíuclo 61 de la Ley 2492 que establece que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, es evidente que la notificación realizada por el Ente Fiscal en diciembre de 2012 con el mencionado acto, no interrumpió el curso de la prescripción, al haber sido anulada y en efecto quedó sin valor legal alguno. 

Se evidencia también en antecedentes, que en cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1174/2019 de 21 de octubre de 2019, la Administración Tributaria notificó al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa ahora impugnada el 10 de julio de 2020, lo que advierte que, conforme el análisis realizado en párrafos precedentes, que dicha notificación fue efectuada cuando las 

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INI 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

facultades de determinación y sancionatorias del ente fiscal se encontraban 

prescritas

Respecto a las multas por incumplimiento de deberes formales impuestas mediante las Actas por Contravenciones Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 00043076 y 00043078 de 28 de septiembre de 2012, para efectuar el análisis de la prescripción de inicio se debe tomar en cuenta que conforme el artículo 160 del Código Tributario son conductas contraventoras los incumplimientos de deberes formales y que según el artículo 64 del citado cuerpo legal, la Administración Tributaria tiene la facultad de dictar normas administrativas de carácter general que permitan la aplicación de la normativa tributaria, habiendo para ello emitido la RND 10-003707 que clasifica las contravenciones y establece las sanciones para cada incumplimiento de deberes formales; es así que en su Anexo I, numeral 3, sub numerales 3.8 y numeral 4 subnumeral 4.1 instituye las multas de 1.000 UFV’s y 1.500 UFVs, por no mantener por el término de la prescripción información y documentación dispuesta en norma específica y por la entrega parcial de la documentación requerida por la Administración Tributaria, respectivamente. 

– 

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En ese contexto, en relación a las sanciones descritas en las Actas por Contravenciones Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 00043076, 00043078, considerando la notificación efectuada el 27 de marzo de 2012, con la Orden de Verificación N° 00110VE01218 que otorgó el plazo de 5 días hábiles para la presentación de la documentación requerida mediante dicha Orden de Verificación, que después fue ampliado hasta el 11 de abril de 2012, por el Proveído N° 24-0120-12 (CITE: SIN/GDLP/DFISFVE/PROV/0126/2012 de 2 de abril de 2012; y que la ahora recurrente presentó de forma parcial dicha documentación debido al extravío de los registros de sus sucursales, incurriendo en incumplimiento de deberes formales, sancionado con las multas de 1.000 UFV’s y 1.500 UFV’s; en ese contexto, el cómputo de la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones respecto a incumplimientos 

afaq 

150 9001 – de deberes formales incurridos por la ahora recurrente, se inició el 1 de enero de 2013 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2016; no obstante, la Administración Tributaria recién notificó con la Resolución Determinativa ahora impugnada el 10 de julio de 2020, acto IQNet 

administrativo que no interrumpió el curso de la prescripción, toda vez que transcurrió 3 Patriots años, 6 meses y 10 días desde el vencimiento del plazo de prescripción; 

Juan Bartos Guamala Ruiz :) consecuentemente, la facultad de la Administración Tributaria para imponer las referidas 

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IBNORCA Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

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multas por incumplimiento de deberes formales se encuentra prescrita

Corresponde también señalar que, el 14 de mayo de 2019 Roxana Alarcón Apaza impugnó el Auto Administrativo N° 391820000137 (SIN/GDLPZI/DJCC/CC/ AUTA/00114/2018) de 19 de noviembre de 2018, que rechazó la nulidad de la notificación 

Resolución Determinativa N° 00742/2012 (SIN/GDLP/DJCC/UJT/RD/00742/2012) de 21 de diciembre de 2012, trámite que concluyó con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1174/2019 de 21 de octubre de 2019; en efecto, conforme el cómputo realizado precedentemente, las facultades del ente fiscal para determinar la deuda tributaria e imponer la sanción por omisión de pago por el periodo fiscal agosto 2008, comenzó el 1 de enero de 2009 y concluyó el 31 de diciembre de 2012, de lo que se evidencia que la impugnación presentada por el sujeto pasivo contra el mencionado Auto Administrativo no tuvo efecto suspensivo alguno en el cómputo de la prescripción

En el contexto técnico legal citado, corresponde revocar totalmente la Resolución Determinativa N° 00742/2012 (SIN/GDLP/DJCC/UJT/RD/00742/2012) de 21 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales; consecuentemente, se deja sin efecto el tributo omitido, intereses y sanción por omisión de pago por el Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones del periodo fiscal agosto 2008, así como las multas por incumplimiento de deberes formales, debido a que las facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer 

sanciones por contravenciones tributarias se encuentran prescritas. 

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de :: septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa N° 00742/2012 (SIN/GDLP/DJCC/UJT/RD/00742/2012) de 21 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra Roxana Alarcón Apaza; consecuentemente, se deja sin efecto por prescripción la deuda 

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I

IIIIIIIII 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

tributaria respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), intereses, sanción por omisión de pago, correspondientes al periodo fiscal agosto 2008, así como las multas por incumplimiento de deberes formales contenidas en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 00043076 y 00043078

de mo

Carla 

Regio

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, sede cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente

Duony 

Koelmquando 

Ricarpi

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pen 

Yo Bo 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnáción Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código-Tributario y sea con nota de atención

Rempugnacią 

Lourdes Ande Vargasena 

de 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación

Unys! 

Kezed by 

PRETT.LUI 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Lic. Cecilla Velez Porade 

Directora Ejecutiva Regional Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Regional de Impugnacian 

  • Tilbutarla

Augnacia 

RÇVD/jcgr/lavm/mchf/csvo/rir 

Juan Carlos Quzrhián Ryz

atao ISO 9001 

Calidad AFNOR CERTIFICATIO

FIE

CE

ToNet 

MANAGE 

SYSTEM 

SATENTS 

Página 35 de 35 

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