ARIT-LPZ-RA-0871-2020 Rechazo de la solicitud de nulidad de notificación electrónica de una resolución sancionatoria planteada por el contribuyente que señala, el SIN tenía la obligación de notificar al contribuyente en su domicilio real o en el lugar donde se produjo el hecho generador y que realizó notificaciones ilegales lo que provocó un estado de indefensión. Según el análisis de la ARIT se restringió el derecho de defensa del contribuyente, se debe seguir el debido proceso para realizar la notificación ya que no hay pruebas de que el contribuyente tenía conocimiento de la resolución sancionatoria, por tanto, se anula hasta el vicio más antiguo, y se debe realizar una nueva notificación al contribuyente.

ARIT-LPZ-RA-0871-2020

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0871/2020 

Recurrente: 

Empresa Constructorá Vásquez & Palenque S.R.L., legalmente representada por Walter Jaime Vásquez Palenque 

Administración Recurrida: 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

por 

Marco 

Javier · Baldivia 

representada 

Saavedra 

Acto Impugnado: 

Proveído No 242029000029 (SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/PROV/19/2020) 

Expediente: 

ARIT-LPZ-0331/2020 

Lugar y Fecha: 

La Paz, 23 de octubre de 2020 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio; las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 0871/2020 de 23 de octubre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

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  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO El Proveido No 242029000029 (SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/PROV/19/2020) de 9 de junio de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió rechazar la solicitud de nulidad de notificación electrónica de la Resolución Sancionatoria N° 181929002625 de 16 de diciembre de 2020, planteada por el contribuyente “Covas S.R.L.” legalmente representado por Walter Jaime Vásquez Palenque, y ordenó que se prosiga con el procedimiento respectivo. 

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Calle Arturo Borda No 1933 . Zona Cristo Rey Telfs: (591212412613_2411973. www.ait.gob.bo.la Paz Bolivia 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA II.1. Argumentos del Recurrente Empresa Constructora Vásquez & Palenque S.R.L. legalmente representada por Walter Jaime Vásquez ‘Palenque conforme se acredita del Testimonio Poder No 225/2017 de 24 de enero de 2017, mediante notas presentadas el 3 y 23 de julio de 2020, cursantes a fojas 10-13 y 23 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente: 

Desde la perspectiva estrictamente formal se realizó el pago parcial del IVA; en ese sentido, también constituye pago, el monto parcial de la deuda tributaria que el sujeto pasivo obligado pone a disposición del fisco o en su caso la compensación realizada del adeudo tributario con quebrantos fiscales o créditos tributarios, según sea el caso. En caso de obtención de ingresos, COVAS S.R.L. procede a su compensación contra las compras que hubiera acumulado conforme establece los artículos 1 y siguientes de la Ley 843; sin embargo, nunca tuvo la posibilidad de demostrar el crédito fiscal de sus compras relacionadas con la declaración del Formulario 200, el cual, de acuerdo a lo dispuesto por el Código Tributario es susceptible de rectificación, incluso hasta antes de iniciarse cualquier actuación de la Administración Tributaria. 

También corresponde señalar que la compensación como forma de extinción de la obligación tributaria, es admisible conforme dispone el numeral 1 parágrafo II del artículo 109 del Código Tributario, aspecto que puede ser demostrado por COVAS S.R.L.; sin embargo, como resultado de la notificación con la Resolución Sancionatoria se restringió toda posibilidad de demostrar los créditos fiscales válidos que deben ser confrontados contra el · tributo inicialmente determinado en el Formulario 200 correspondiente al período abril de 2018. 

La Administración Tributaria de forma flagrante a través del presente proceso administrativo vulneró el debido proceso y derecho a la defensa, toda vez que tenía la obligación legal de notificar personalmente al sujeto pasivo con determinados actuados como son la Resolución Sancionatoria, esto supone lógicamente, en el domicilio real o en el lugar donde se produjo el hecho generador; sin embargo, realizó supuestas e ilegales notificaciones que vulneran el procedimiento legalmente establecido por el Código Tributario, norma que es de orden público y de cumplimiento obligatorio, por 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

tanto al haber infringido el debido proceso y provocado absoluto estado de indefensión, vulneró de forma flagrante la Constitución Política del Estado. 

Los principios de legalidad y de seguridad jurídica establecidos por los artículos 115-11 y 178 de la Constitución Política del Estado, fueron desconocidos por la Administración Tributaria, toda vez que evitó que se pueda compensar créditos fiscales válidos, y contrariamente situó al sujeto pasivo en la fase de ejecución sin la posibilidad de modificar o rectificar las declaraciones juradas

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular el Proveido No 242029000029 (SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/PROV/19/2020) de 9 de junio de 2020. 

II.2. Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Constructora Vásquez & Palenque S.R.L. legalmente representada por Walter Jaime Vásquez Palenque, fue admitido mediante Auto de Admisión de 27 de julio de 2020, notificado mediante cédula tanto a la Administración Tributaria recurrida como al recurrente, el 4 y 5 de agosto de 2020, respectivamente; fojas 24-32 de obrados. 

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria 

La Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Marco Javier Baldivia Saavedra, conforme se acredita de la Resolución Administrativa de Presidencia No 032000000039 de 10 de enero de 2020, por memorial presentado el 19 de agosto de 2020, cursante a fojas 35-39 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

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La Empresa Constructora Vásquez & Palenque S.R.L. interpuso Recurso de Alzada contra el Proveído No 242029000029; sin embargo, sus argumentos no se refieren en lo absoluto al contenido del acto impugnado, toda vez que no menciona cuál es el agravio que le habría ocasionado dicho acto ni de qué manera resultaría lesivo a sus intereses; asimismo, se advierte que la pretensión del sujeto pasivo comprende la anulación de obrados, hasta la notificación con la Resolución Sancionatoria No 181929002625, acto administrativo que a la fecha se encuentra firme, siendo que luego de su legal notificación, el contribuyente de manera voluntaria decidió no interponer 

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recurso administrativo ni demanda alguna en contra de dicho acto, en consecuencia, en virtud al artículo 108 numeral 1 de la Ley 2492, se constituyó en título de ejecución tributaria, razón por la que la Administración Tributaria inició la etapa de ejecución tributaria. 

El recurrente olvida que el plazo en el cual correspondía realizar observaciones contra la Resolución Sancionatoria 181929002625 ya feneció superabundantemente, en efecto, no corresponde que a través de la impugnación de un acto administrativo emitido en una etapa diferente (Proveído de respuesta a una solicitud realizada en 

etapa de ejecución tributaria) se pretenda impugnar y menos alegar la nulidad de un acto administrativo firme. 

Al ser evidente que los argumentos que se alega en el Recurso de Alzada no corresponden al Proveído N° 242029000029, sino a un acto administrativo distinto que a la fecha adquirió firmeza, se infiere que la pretensión del recurrente radica simplemente en subsanar su dejadez con la presentación de la presente impugnación, considerando además que el citado Recurso incumple lo previsto en el inciso d) del artículo 198 del Código Tributario, al no indicar los fundamentos de hecho y/o derecho en que apoya su impugnación, ni expone fundadamente los agravios que el acto impugnado le hubiera ocasionado, razón por la que, correspondía a la ARIT disponer su rechazo en estricta observancia de lo previsto en el citado artículo 198 parágrafo III; en consecuencia, concierne disponer la anulación de obrados hasta el Auto de Admisión en aplicación del artículo 212 inciso c) de la Ley 3092, cita al efecto, la Resolución de Recurso Jerárquico STG/RJ/0523/2008. 

El acto impugnado fue emitido en respuesta a la solicitud realizada por el contribuyente mediante nota de 3 de marzo de 2020, la cual se circunscribió a la petición de nulidad de la notificación electrónica practicada a su persona, consiguientemente los 

fundamentos expuestos en su contenido versan sobre la notificación infundadamente observada, y no respecto a pagos parciales que hubiere efectuado el recurrente, toda vez que dicho argumento no fue expuesto en la referida nota de solicitud. 

Sin perjuicio de lo señalado, en el supuesto caso de que se considere ingresar al 

análisis del pago parcial argüido por el recurrente, es necesario señalar que las 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

declaraciones juradas se constituyen en una manifestación de hechos, actos y datos que se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben, conforme el artículo 78 de la Ley 2492; asimismo, debe tenerse presente que el contribuyente reconoce expresamente haber realizado la declaración jurada del IVA mediante el formulario 200 con número de orden 2978499076 correspondiente al período fiscal abril 2018 con saldo a favor del fisco, y que no realizó el pago total de dicho saldo en su momento; declaración jurada que se convirtió en título de ejecución tributaria de acuerdo al artículo 108 numeral 6 de la citada Ley 2492

En el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311929001751, la Administración Tributaria aperturó el plazo de 20 días siguientes a su notificación para que el contribuyente presente descargos y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho; sin embargo, éste no presentó descargo alguno, consintiendo de esa manera el procedimiento sancionador iniciado en su contra que culminó con la Resolución Sancionatoria N° 181929002625, acto administrativo que, al no ser objeto de impugnación alguna, adquirió firmeza y se constituyó en título de ejecución tributaria. 

El acto impugnado en ninguna parte de su contenido introdujo textos referentes a interpretaciones normativas, al contrario, se encuentra sustentado en normativa pertinente y vigente, como es la Ley 2492 y la RND N° 101700000005, que facultan a la Administración Tributaria a realizar notificaciones a través de medios electrónicos; asimismo, el argumento referido por el sujeto pasivo respecto a la buena fe es contradictorio, toda vez que primero afirma que el Ente Fiscal debería verificar o comprobar si realmente existe el crédito a favor del fisco y, posteriormente manifiesta que se le restringió toda posibilidad de demostrar el crédito fiscal válido que puede ser computado, denotando con ello que el único fin que tiene su Recurso es dilatorio. 

La Administración Tributaria no incurrió en ninguna vulneración de derechos ni de 

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procedimientos como infundadamente alega el contribuyente, habiendo seguido estrictamente lo establecido en la norma al responder la solicitud de nulidad de notificación, explicando de manera fundada cuál es la normativa que respalda la notificación electrónica, de lo que se infiere que las argucias del contribuyente no tienen asidero técnico legal alguno. 

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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Proveido No 242029000029 (SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/PROV/19/2020) de 9 de junio de 2020. 

11.4. Apertura de término probatorio y producción de pruebas Mediante Auto de 20 de agosto de 2020, se dispuso la apertura del término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a la parte recurrente y a la Administración Tributaria en Secretaría el 26 del mismo mes y año; periodo dentro del cual, por memorial presentado el 3 de septiembre de 2020, la Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, ratificó en calidad de prueba los antecedentes administrativos remitidos a momento de responder al Recurso de Alzada; al efecto, por Proveído de 4 de septiembre de 2020, se dio por ratificada la prueba documental señalada, actuación notificada en Secretaría tanto a la parte recurrente como a la Administración Tributaria el 9 del mismo mes y año; fojas 40-44 de obrados. 

11.5. Alegatos Mediante memorial presentado el 5 de octubre de 2020, la Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, formuló alegatos en conclusiones reiterando los argumentos expuestos en su respuesta al Recurso de Alzada relacionados a que el sujeto pasivo en su impugnación no argumentó los agravios que el Proveído No 242029000029 le hubiera ocasionado, contrariamente su pretensión radica en que la instancia recursiva analice aspectos relacionados con un acto administrativo que no es objeto del presente Recurso de Alzada, asimismo, refiere que la empresa ahora recurrente no presentó descargos al Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311929001751, en consecuencia, se emitió la Resolución Sancionatoria No 181929002625, acto que al no haber sido objeto de impugnación alguna, se constituyó en título de ejecución tributaria, finalmente manifiesta que no existió vulneración alguna de derechos por parte del Ente Fiscal, advirtiéndose que el sujeto pasivo tuvo la posibilidad de ejercer amplia e irrestrictamente su derecho a la defensa al haber tenido pleno y formal conocimiento de todas las actuaciones emitidas por la Administración Tributaria, siendo su responsabilidad la no presentación de descargos; al efecto, mediante Proveído de 6 de octubre de 2020, se dio por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria, actuación notificada en Secretaría tanto a la parte 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

recurrente como a la Administración Tributaria el 7 del mismo mes y año; fojas 45-48 de obrados. 

De la revisión de obrados, se advierte que la parte recurrente no formuló alegatos, de conformidad al artículo 210, parágrafo II del Código Tributario. 

JII. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA La Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 3 de julio de 2019 emitió el Auto Inicial de Sumario contravencional No. 311929001751 (SIN/GGLPZ/DJCCIAISC/01524/2019), por el que instruyó el inicio de sumario contravencional contra el contribuyente Covas S.R.L., debido a la existencia de indicios de comisión de contravención tributaria de omisión de pago por el importe no pagado en la Declaración Jurada Formulario 200 IVA del período fiscal abril de 2018, de conformidad al artículo 165 del Código Tributario concordante con el artículo 42 del DS 27310, al efecto, concedió el plazo de 20 días para que el sujeto pasivo formule sus descargos y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho; actuación preliminar que fue enviada al Buzón Tributario del citado contribuyente el 22 de julio de 2019, 

onstancia de Notificación Electrónica que señala, que el 29 de julio de 

2019 a h oras 18:30 se constituye el quinto día hábil posterior al envío del documento 

al buzón tributario, de modo que consideró la notificación del contribuyente conforme normativa vigente; fojas. 11-13 de antecedentes administrativos. 

La Resolución Sancionatoria No . 181929002625 (SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/RS/2127/2019) de 16 de diciembre de 2019, resolvió sancionar al contribuyente Covas S.R.L. con una multa igual al 100% del tributo omitido, cuyo importe es de 981.775 UFV’s, por haber incurrido en el ilícito de omisión de pago previsto, tipificado y sancionado por los artículos 165 de la Ley 2492, 8 y 42 del DS 27310, al haber presentado la Declaración Jurada Formulario 200 IVA del período fiscal abril de 2018, no pagada o pagada parcialmente a la fecha de vencimiento; acto administrativo que fue enviado al Buzón Tributario del citado contribuyente el 6 de enero de 2020, emitiéndose la Constancia de Notificación Electrónica que señala, que el 13 de enero de 2020 a horas 18:30 se constituye el quinto día hábil posterior al envío del documento electrónico al buzón tributario; de 

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modo que consideró la notificación del contribuyente conforme normativa vigente, fojas 23-26 de antecedentes administrativos. 

Mediante nota presentada el 3 de marzo de 2020, a la Administración Tributaria, Walter Jaime Vásquez Palenque en representación de Covas SR.L., solicitó la nulidad de actos administrativos señalando que el SIN actuó con ligereza y arbitrariedad debido a que nunca fue notificado con ningún acto en su domicilio o residencia habitual, toda vez que de acuerdo a ley, la Vista de Cargo y las Resoluciones emitidas por el SIN deben ser notificadas personalmente, situación que no ocurrió dentro el presente proceso; fojas 42-44 de antecedentes administrativos. 

El Proveído No 242029000029 (SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/PROV/19/2020) de 9 de junio de 2020, resolvió rechazar la solicitud de nulidad de notificación electrónica de la Resolución Sancionatoria N° 181929002625 de 16 de diciembre de 2020, planteada por el contribuyente “Covas S.R.L.legalmente representado por Walter Jaime Vásquez Palenque, y ordenó que se prosiga con el procedimiento respectivo; acto administrativo notificado personalmente al representante legal de Covas S.R.L. el 26 de junio de 2020, fojas 50-51 de antecedentes administrativos

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

  • 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, .compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211 parágrafo III del referido Código Tributario, se tiene: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Walter Jaime Vásquez Palenque en representación de la Empresa Constructora Vásquez & Palenque S.R.L., en el Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta : Instancia Recursiva. 

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De inicio corresponde señalar que la parte recurrente solicita la nulidad del acto impugnado; sin embargo, de la lectura de su Recurso de Alzada se advierte que alega tanto aspectos de forma como de fondo; los primeros relacionados a la vulneración al debido proceso y derecho a la defensa y los posteriores referidos a la restricción que habría sufrido como resultado de la Resolución Sancionatoria que no le permitió demostrar los créditos fiscales válidos contra el tributo indebidamente declarado en el Formulario 200 correspondiente al período abril de 2018; al efecto, de la revisión del Proveído ahora impugnado, se advierte que únicamente resuelve el planteamiento de nulidad de notificaciones planteado por el sujeto pasivo el 3 de marzo de 2020 ante la Administración Tributaria; en consecuencia, esta instancia recursiva se encuentra imposibilitada de emitir pronunciamiento alguno sobre cuestiones que no fueron planteadas ante el sujeto activo y posteriormente dilucidadas por éste; bajo esas circunstancias, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria realizará el análisis y asumirá una posición respecto al contenido del acto administrativo impugnado así como a sus antecedentes. 

IV.1 Admisión del Recurso de Alzada La Administración Tributaria manifiesta que los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada no corresponden al Proveído No 242029000029, sino a un acto administrativo distinto que a la fecha adquirió firmeza como es la Resolución Sancionatoria, en consecuencia, se infiere que la pretensión del recurrente radica simplemente en subsanar su dejadez con la presentación de la presente impugnación, considerando además que el citado Recurso incumple lo previsto en el inciso d) del artículo 198 del Código Tributario, al no indicar los fundamentos de hecho y/o derecho en que apoya su impugnación, ni expone fundadamente los agravios que el acto impugnado le hubiera ocasionado, razón por la que, correspondía a la ARIT disponer su rechazo en estricta observancia de lo previsto en el citado artículo 198 parágrafo III; en consecuencia, concierne disponer la anulación de obrados hasta el Auto de Admisión en aplicación del artículo 212 inciso c) de la Ley 3092, cita al efecto, la Resolución de Recurso Jerárquico STG/RJ/0523/2008; al respecto, se tiene lo siguiente: 

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El artículo 198 del Código Tributario en relación a la Forma de Interposición de los Recursos, dispone: I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, debiendo contener: 

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g). 

  1. a) Señalamiento específico del recurso administrativo y de la autoridad ante la que se 

lo interpone. Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal con mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que corresponda conforme a Ley y los documentos respaldatorios de la personería del recurrente. Indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el ejemplar original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho acto. Detalle de los montos impugnados por tributo y por periodo o fecha, según corresponda, así como la discriminación de los componentes de la deuda tributaria 

consignados en el acto contra el que se recurre. e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. f). En el Recurso Jerárquico, señalar el domicilio para que se practique la notificación 

con la Resolución que lo resuelva. Lugar, fecha y firma del recurrente. En los Recursos de Alzada, dentro de los cin as de presentado el recurso, el Superintendente Tributario Regional o el Intendente Departamental dictarán su admisión y dispondrán su notificación a la autoridad recurrida. Tratándose de Recursos Jerárquicos, no procede esta notificación al Superintendente Tributario Regional, sino, por disposición de éste o del Intendente Departamental respectivo y dentro del mismo plazo, a la autoridad administrativa cuyo acto fue objeto de impugnación en el recurso previo o al recurrente en el Recurso de Alzada, según corresponda. No será procedente la contestación al Recurso 

Jerárquico. III. La omisión de cualquiera de los requisitos señalados en el presente Artículo o 

si el recurso fuese insuficiente u oscuro determinará que la autoridad actuante, dentro del mismo plazo señalado en el parágrafo precedente, disponga su subsanación o aclaración en el término improrrogable de cinco (5) días, computables a partir de la notificación con la observación, que se realizará en Secretaría de la Superintendencia Tributaria General o Regional.o Intendencia Departamental respectiva. Si el recurrente no subsanara la omisión u oscuridad dentro de dicho plazo, se declarará el rechazo del recurso. 

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Siendo subsanada la omisión u observación, se aplicará lo previsto en e

parágrafo II de este Artículo. 1. La autoridad actuante deberá rechazar el recurso cuando se interponga fuera 

del plazo previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no 

admisible o a un acto no impugnable ante la Superintendencia Tributaria : conforme a los Artículos 195 y 197 de la presente Ley. 

Inicialmente resulta de primordial importancia señalar que el artículo 180 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, dispone que: “Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, es decir, el constituyente considera a la impugnación como principio; sin embargo, vía interpretación constitucional en base al bloque de constitucionalidad, se estableció que también constituye un derecho irrenunciable de todo justiciable; sobre el particular, la Sentencia Constitucional Plurinacional 1400/2013 de 16 de agosto, señaló: “La impugnación es un mecanismo procesal por el cual el justiciable tiene la facultad de refutar y abrir el debate sobre la validez de una determinada resolución judicial ante los tribunales superiores, cuya pretensión es conseguir un nuevo examen sea total o parcial-sobre la decisión judicial cuestionada. La Constitución Política del Estado en actual vigencia, asume a la impugnación como un principio de la jurisdicción ordinaria; así, el art. 180.// de la precitada Norma Fundamental, señala: ‘Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judicialesAhora bien, la disposición constitucional señalada precedentemente, debe ser entendida en función a las normas de orden internacional en materia de derechos Humanos, que por imperio del art. 410 de la CPE, conforman el bloque de constitucionalidad; así, el art. 8.2 de la Convención Americana sobre derechos humanos, haciendo referencia a las garantías judiciales, señala que: … Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas (…) h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal Superior. (…). En consecuencia, la consideración que hace nuestra Constitución respecto a la impugnación como principio, se complementa lo establecido por las normas del bloque de constitucionalidad, que establecen que la misma es el derecho irrenunciable de todo justiciable, constitutivo del debido proceso, conforme a la interpretación de los arts. 8 de la Convención Americana sobre derechos Humanos y 14 del PIDCP.” 

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Expuesta esa línea jurisprudencial, se tiene que la Administración Tributaria en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada, sala que éste no cumple con los requisitos establecidos en el inciso d) del artículo 198 de la Ley 2492; apartado normativo que señala que el recurrente debe establecer los fundamentos de hecho ylo derecho, según sea el caso en que se apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo de manera fundamentada los agravios que se invoquen e indicando con 

precisión lo que se pide; requisitos que, a decir del sujeto activo, habrían sido incumplidos 

por la parte recurrente. 

De la lectura cabal del Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Constructora Vásquez & Palenque S.R.L. legalmente representada por Walter Jaime Vásquez Palenque, se advierte que efectúa una relación sucinta de los antecedentes de hecho que dieron origen a la emisión del acto administrativo ahora impugnado así como expone los agravios que a su entender le causaron lesiones a sus derechos e intereses; asimismo, se evidencia que formula los preceptos de orden jurídico en los que se apoya para fundar su impugnación, señalando con exactitud las razones o motivos que le impulsaron a acudir ante esta instancia recursiva e indicando finalmente con precisión su petición de nulidad del acto impugnado; aspectos que se traducen en que la parte recurrente cumplió a cabalidad con el requisito establecido por el inciso e) del artículo 198 de la Ley 2492, desvirtuándose 

e esa forma lo alegado por la Administración Tributaria sobre el incumplimiento del mismo y que el Recurso de Alzada debió ser rechazado. 

Con relación a la cita de la Resolución Jerárquica STG/RJ/0523/2008, en cuyo mérito el Ente Fiscal efectuó la transcripción de una parte del contenido de dicho acto, señalando que resolvió un caso análogo a la presente causa; corresponde señalar que lo transcrito por el sujeto activo se constituye en una respuesta otorgada por la instancia jerárquica sobre uno de los argumentos del recurso referidos a las observaciones que habría efectuado sobre la RND 10-0047-05, al efecto, estableció que dicha alegación podía hacerla valer mediante un otro recurso previsto por el artículo 130 de la Ley 2492; en consecuencia, es evidente que en la citada Resolución Jerárquica no existió aspectos vinculados a la admisibilidad del Recurso de Alzada, verificándose que versa sobre hechos y antecedentes distintos a la presente impugnación, razón por que no tiene relación ni incidencia alguna con el actual proceso.

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Conviene también reiterar, que en resguardo del debido proceso y derechos de la Administración Tributaria recurrida, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria no efectuará examen alguno ni emitirá su posición sobre cuestiones que no fueron planteadas y dilucidadas por el Ente Fiscal en el acto administrativo impugnado; en consecuencia, no corresponde mayor pronunciamiento sobre lo señalado por el sujeto activo en sentido de que los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada no corresponden al Proveído No 242029000029, sino a un acto administrativo distinto que a la fecha adquirió firmeza como es la Resolución Sancionatoria. 

De acuerdo a los parámetros precedentemente mencionados, se advierte que el Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Constructora Vásquez & Palenque S.R.L. legalmente representada por Walter Jaime Vásquez Palenque, reúne los requisitos establecidos por el artículo 198 parágrafo 1 de la Ley 2492, no siendo evidente lo argüido por la Administración Tributaria en relación a la inadmisibilidad del citado Recurso, en consecuencia corresponde desestimar el pretendido rechazo a la impugnación e ingresar al análisis de los aspectos agraviados por la parte recurrente. 

1.2. Vulneración al debido proceso y derecho a la defensa : La parte recurrente señala que la Administración Tributaria de forma flagrante a través del presente proceso administrativo vulneró el debido proceso y derecho a la defensa, toda vez que tenía la obligación legal de notificarle personalmente con determinados actuados como son la Resolución Sancionatoria, esto supone lógicamente, en el domicilio real o en el lugar donde se produjo el hecho generador; sin embargo, realizó supuestas e ilegales notificaciones que vulneran el procedimiento legalmente establecido por el Código Tributario, norma que es de orden público y de cumplimiento obligatorio, por tanto, al haber infringido el debido proceso y provocado abs de indefensión, vulneró de forma flagrante la Constitución Política del Estado. 

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La Administración Tributaria en su respuesta al Recurso de Alzada y alegatos señala que, el acto impugnado se encuentra sustentado en normativa pertinente y vigente, como es la Ley 2492 y la RND N° 101700000005, que facultan a la Administración Tributaria a realizar notificaciones a través de medios electrónicos; en consecuencia, no incurrió en ninguna vulneración de derechos ni de procedimientos como infundadamente alega el contribuyente, habiendo seguido estrictamente lo establecido 

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Jan mit’ayit jach’a kamani (Aymara) i Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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en la norma al responder la solicitud de nulidad de notificación, explicando de manera fundada cuál es la normativa que respalda la notificación electrónica, de lo que se infiere que las argucias del contribuyente no tienen asidero técnico legal alguno; al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone: I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y à una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

El artículo 117, de la referida Constitución Política del Estado establece: 1. Ninguna. persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. Il. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena. III. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos por ley. 

El. artículo 68 del Código Tributario, señala como derechos del sujeto pasivo, entre otros, los siguientes: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

su 

El artículo 83 del Código Tributario, modificado por el artículo 2 de la Ley. 812, en relación a los medios de notificación, dispone: 1. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de 

los medios siguientes, según corresponda: 

  1. Por medios Electrónicos. 

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  1. 2. Personalmente; Por Cédula; 4. Por Edicto; 5. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 6. Tácitamente; 7. Masiva; 8. En Secretaría; Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

El artículo 83 Bis del Código Tributario, incorporado por el artículo 3 de la Ley 812, en relación a la notificación por medios electrónicos establece: I. Para los casos en que el contribuyente o tercero responsable señale un correo electrónico o éste le sea asignado por la Administración Tributaria, la vista de cargo, auto inicial de sumario, resolución determinativa, resolución sancionatoria, resolución definitiva y cualquier otra actuación de la Administración Tributaria, podrá ser notificado por correo electrónico, oficina virtual u otros medios electrónicos disponibles. La notificación realizada por estos medios tendrá la misma validez y eficacia que la notificación personal. En las notificaciones practicadas en esta forma, los plazos se computarán de acuerdo al Artículo 4 del presente Código Tributario. II. La Administración Tributaria contará con los medios electrónicos necesarios para 

garantizar la notificación a los contribuyentes. 

Los contribuyentes que proporcionen a la Administración Tributaria su correo electrónico, número de celular o teléfono fijo, recibirán comunicados por estos medios. 

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El artículo 201 de la Ley 2492, establece: Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

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El artículo 28 de la Ley 2341, sala: (Elementos esenciales del acto administrativo). Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; c) Objeto: El objeto 

debe ser cierto, lícito y materialmente posible., d) Procedimiento: Antes de su emisión 

deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento 

jurídico. 

El artículo 36 de la referida Ley 2341 en sus numerales I y II, estipula: I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

El artículo 12 del DS 27310, modificado por el artículo 2 del DS 2993, estipula: 1. Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 83 Bis de la Ley N° 2492, la Vista de Cargo, Auto Inicial de Sumario, Resolución Determinativa, Resolución Sancionatoria, proveido que dé inicio a la ejecución tributaria y cualquier Resolución Definitiva, podrán ser notificados por correo electrónico u otros medios electrónicos, en una dirección electrónica fijada por el contribuyente o tercero responsable o asignada por la Administración Tributaria. La notificación electrónica se tendrá por efectuada en los siguientes casos, lo que ocurra primero: En la fecha en que el contribuyente o tercero responsable proceda a la apertura del documento enviado; A los cinco (5) días posteriores a: La fecha de recepción de la notificación en el correo electrónico; o La fecha de envio al medio electrónico implementado por la Administración Tributaria. 

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El soporte físico de la apertura del documento notificado o de la constancia de recepción en el correo electrónico o envio al medio electrónico, según corresponda, deberá ser adjuntado al expediente, consignando la firma, nombre y cargo del servidor público responsable de la notificación. Cuando no sea posible la notificación por medios electrónicos, la Administración Tributaria procederá a la notificación del sujeto pasivo o tercero responsable de acuerdo al procedimiento establecido en los Artículos 84, 85 y 86 de la Ley 2492, según corresponda. II. La Administración Tributaria, a través de medios electrónicos, teléfono fijo o móvil, 

proporcionará a los contribuyentes o terceros responsables información referida a ..fechas de vencimiento, existencia de actuaciones administrativas, alertas, 

recordatorios y cualquier otra de naturaleza tributaria. De igual manera, deberá habilitar los medios para que el contribuyente efectúe consultas, reclamos, denuncias, trámites administrativos y otros por los mismos mecanismos. III. A efectos de la aplicación del presente Articulo, la Administración Tributaria emitirá norma administrativa reglamentaria. 

Previo a ingresar al análisis de la controversia del presente Recurso de Alzada, es necesario considerar que el artículo 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, dispone entre otras garantías al debido proceso (como principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez), en toda actuación administrativa; lo que implica, que es obligación de los organismos y dependencias de la Administración Pública garantizar de manera expresa velando por el pleno ejercicio del derecho a la defensa (en el entendido de que supone la vulneración del debido proceso) y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que implica que las actuaciones en un proceso administrativo deben estar circunscritas al ordenamiento jurídico legal para asegurar el correcto ejercicio de la Administración Pública a través de la emisión de actos administrativos, los que no deben resultar contrarios a los principios del Estado de Derecho. En ese contexto, toda autoridad administrativa tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía 

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IU 

II 

de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes

De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que la Gerencia Graco La. Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 3 de julio de 2019, emitió el Auto Inicial de 

Sumario 

Contravencional N° : 311929001751 (SIN/GGLPZ/DJCCIAISC/01524/2019), por el que instruyó el inicio de sumario contravencional contra Covas S.R.L., por la existencia de indicios de comisión de contravención tributaria de omisión de pago por el importe no pagado en la Declaración Jurada Formulario 200 IVA del período fiscal abril de 2018; actuación preliminar que fue enviada al Buzón Tributario del citado contribuyente el 22 de julio de 2019, emitiéndose la Constancia de Notificación Electrónica señalando que el 29 de julio de 2019 a horas 18:30, se constituye el quinto día hábil posterior al envío del documento electrónico al buzón tributario, de manera que consideró la notificación del contribuyente conforme a los artículos 83 Bis Parágrafo I de la Ley 2492, 12 Parágrafo I numeral 1 del DS 27310 y 6 Parágrafo Il numeral 1 de la RND 101700000005, así se advierte a fojas 11-13 de antecedentes administrativos. 

Posteriormente, se emitió la Resolución Sancionatoria N° 181929002625 (SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/RS/2127/2019) de 16 de diciembre de 2 sancionar al contribuyente Covas S.R.L. con una multa igual al 100% del tributo omitido, cuyo importe es de 981.775 UFVs, por haber incurrido en el ilícito de omisión de pago previsto, tipificado y sancionado por los artículos 165 de la Ley 2492, 8 y 42 del DS 27310, al haber presentado la Declaración Jurada Formulario 200 IVA del período fiscal abril de 2018, no pagada o pagada parcialmente a la fecha de vencimiento; acto administrativo que fue enviado al Buzón Tributario del citado contribuyente el 6 de enero de 2020, emitiéndose la Constancia de Notificación Electrónica, señalando que el 13 de enero de 2020 a horas 18:30, se constituye el quinto día hábil posterior al envío de documento electrónico al buzón tributario, en cuyo entendido consideró la notificación del contribuyente conforme a los artículos 83 

Bis Parágrafo I de la Ley 2492, 12 Parágrafo I numeral 1 del DS 27310 y 6 Parágrafo 

  • Il numeral 1 de la RND 101700000005, así cursa a fojas 23-26 de antecedentes 

administrativos

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III 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Mediante nota presentada el 3 de marzo de 2020 a la Administración Tributaria, Walter Jaime Vásquez Palenque en representación de Covas S.R.L., solicitó la nulidad de actos administrativos señalando que el Servicio de Impuestos Nacionales actuó con ligereza y arbitrariedad debido a que su persona nunca fue notificada con acto administrativo alguno en su domicilio o residencia habitual; refirió también que, de acuerdo a ley, la Vista de Cargo y las Resoluciones emitidas por el SIN deben ser notificadas personalmente, situación que no ocurrió dentro el presente proceso; así se evidencia a fojas 42-44 de antecedentes administrativos. 

Mediante el Proveído No 242029000029 (SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/PROV/19/2020) de 9 de junio de 2020, la Administración Tributaria resolvió rechazar la solicitud de nulidad de notificación electrónica de la Resolución Sancionatoria N° 181929002625 de 16 de diciembre de 2020, planteada por el contribuyente “Covas S.R.L.legalmente representado por Walter Jaime Vásquez Palenque, y ordenó que se prosiga con el procedimiento respectivo; acto administrativo que fue notificado personalmente al representante legal de Covas S.R.L. el 26 de junio de 2020, y que ahora es objeto de la presente impugnación. 

Efectuadas las consideraciones precedentes y a objeto de dilucidar los argumentos planteados en el Recurso de Alzada, referidos a que la Administración Tributaria habría vulnerado el debido proceso y provocado absoluto estado de indefensión al sujeto pasivo, al no haberle notificado personalmente con los actos administrativos emitidos dentro el presente caso y que contrariamente habría realizado supuestas e ilegales notificaciones que vulneran el procedimiento legalmente establecido por el Código Tributario; es necesario señalar que el artículo 83 Bis Parágrafo I del referido Código, incorporado por el artículo 3 de la Ley 812, concordante con el artículo 12 del DS 27310, modificado por el artículo 2 del DS 2993, establece que para los casos en que el contribuyente o tercero responsable señale un correo electrónico o éste le sea asignado por la Administración Tributaria, la Vista de el Auto Inicial de Sumario, la Resolución Determinativa, Resolución Sancionatoria y cualquier otra Resolución de carácter definitivo y otra actuación administrativa podrán ser notificados por correo electrónico, oficina virtual u otros medios electrónicos disponibles. 

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III 

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En ese marco normativo, corresponde señalar que de la revisión de la Consulta de Padrón cursante a fojas 7 de antecedentes administrativos, no és posible evidenciar la existencia de dirección electrónica alguna, sea ésta declarada por el contribuyente o asignada por la Administración Tributaria recurrida, de modo que se pueda validar o invalidar según sea el caso, el procedimiento de notificación realizado a través de medios electrónicos, aspecto que además de contravenir la normativa expuesta en el párrafo que precede, genera incertidumbre respecto a cuál sería el sitio electrónico al que se enviaron tanto el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311929001751 (SIN/GGLPZ/DJCCIAISC/01524/2019) de 3 de julio de 2019, como la Resolución Sancionatoria N° 181929002625 (SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/RS/2127/2019) de 16 de diciembre de 2019. 

De igual manera, de la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que no 

existen los soportes físicos de la apertura de los documentos notificados o de las 

constancias de recepción en el correo electrónico o envío al medio electrónico que consignen la firma, nombre y cargo del servidor público responsable de la notificación; toda vez que únicamente se muestra la existencia de las Constancias de Notificación Electrónica del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311929001751 y la Resolución Sancionatoria N° 181929002625, cursantes a fojas 13 y 26 de antecedentes administrativos, lo que evidencia una absoluta incoherencia entre lo aseverado por el ente fiscal y la documentación aparejada en los antecedentes administrativos. 

Lo anterior denota que la Gerencia Graco La Paz incumplió lo dispuesto por el artículo 12 parágrafo I del DS 27310 modificado por el artículo 2 parágrafo IV del DS 2993; aspecto que imposibilita verificar que las notificaciones electrónicas realizadas por el sujeto activo, hubieran cumplido con el principio finalista de poner en conocimiento del contribuyente los actos administrativos emitidos por la Administración Tributaria, a efectos de que pueda ejercer irrestrictamente su derecho a la defensa y poder desvirtuar los cargos establecidos en su contra. 

En ese contexto, si bien las actuaciones de la Administración Tributaria a prima facie se encontrarían en consonancia con la previsión legal contenida en el artículo 83 del Código Tributario, que faculta a la notificación a los sujetos pasivos por medios electrónicos; sin 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

embargo, el Ente Fiscal no tomó en cuenta lo dispuesto por el artículo 83 Bis Parágrafo 1 del citado Código, concordante con el artículo 12 del DS 27310, preceptos normativos que establecen de manera clara y expresa que el sujeto activo se encuentra facultado a realizar la notificación electrónica al contribuyente o tercero responsable con los actos administrativos, cuando éste señale un correo electrónico o le sea asignado por la Administración Tributaria; aspecto que como se señaló en párrafos precedentes, no aconteció en el presente caso, toda vez que no existe evidencia de que la empresa ahora recurrente hubiera señalado correo electrónico alguno ante el SIN, ni tampoco se muestra cuál sería el que le hubiera asignado la entidad recaudadora. 

Lo anterior, pone de manifiesto que la Gerencia Graco La Paz del SIN, omitió lo dispuesto por el artículo 12 parágrafo I del DS 27310, al no haber adjuntado a los antecedentes administrativos del presente caso, los soportes físicos que evidencien la apertura de los documentos notificados o de las constancias de recepción en el correo electrónico o envio al medio electrónico del sujeto pasivo; al respecto, es pertinente referir que las Constancias de Notificación Electrónica cursantes a fojas 13 y 26 de antecedentes administrativos, no demuestran la efectiva recepción de los documentos que habrían sido notificados por el Ente Fiscal; es decir, no otorgan certeza de que indudablemente el sujeto pasivo hubiera recepcionado y posteriormente tomado conocimiento de los actos administrativos que se le habría enviado electrónicamente; al efecto, es evidente, que las referidas Constancias de Notificación Electrónica fueron emitidas unilateralmente por la Administración Tributaria, toda vez que no contienen ni consignan dato alguno que permitan verificar los hechos anteriormente señalados

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De acuerdo a los pormenores antes citados, se infiere que debió primar necesariamente el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, es decir, la Administración Tributaria tenía la ineludible obligación de garantizar el efectivo 

conocimiento de parte del sujeto pasivo sobre las decisiones asumidas en el caso lectia H elez Dorado ) 

objeto de análisis, aspecto que no puede pretender ser justificado aduciendo que se otorgó cumplimiento a los artículos 83 y 83 Bis del Código Tributario, al respecto, el máximo intérprete de la Constitución Política del Estado, en la Sentencia Constitucional 

Plurinacional 0762/2013-L de 30 de julio, saló: “De este modo se debe entender que Juan Carlos 

la garantia del debido proceso, con la que especialmente se vincula el derecho formal Guzmán Rui

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach‘a kamani (Aymara) . Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní). 

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III 

no ha sido instituida para salvaguardar un ritualismo procesal estéril que no es un fin en sí mismo, sino esencialmente para salvaguardar un orden justo que no es posible cuando, pese a la evidente lesión de derechos, prima la forma al fondo, pues a través del procedimiento se pretende lograr una finalidad más alta cuál es la tutela efectiva de los derechos

En ese entendido, es preciso establecer que las notificaciones no se constituyen en un simple formalismo, sino que cumplen una función material, que es precisamente el de hacer conocer a las partes las resoluciones emitidas por las autoridades administrativas encargadas de tramitarlos; por ello, es ineludible para estas cumplir con las formalidades establecidas para cada forma de notificación, pero ante todo, garantizar el efectivo conocimiento de parte del administrado o procesado, respecto a las decisiones asumidas por la autoridad actuante, materializando así el derecho de las partes a tomar conocimiento de dicho acto, para asumir las actuaciones que hagan a sus derechos e intereses; en ese entendido, las Administraciones Tributarias deben procurar por todos los medios que los actos de comunicación cumplan con su finalidad. 

En relación al derecho a la defensa la Sentencia Constitucional Plurinacional 0133/2014 de 10 de enero, saló: “El art. 115.ll de la CPE, garantiza el derecho a la defensa y acceso a una justica plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, al respecto la jurisprudencia constitucional mediante la SC 0206/2010-R, de 24 de mayo, señaló que el derecho a la defensa como componente del debido proceso es: uno de los elementos de la garantía del debido proceso, es el derecho fundamental a la defensa consagrado por el art. 115.// de la CPE, que tiene dos connotaciones: la primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello es inviolable por las personas o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio,...” (las negrillas y subrayado nos pertenecen). 

y por ello es 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Habrá que enfatizar que si bien las Administraciones Tributarias en general cuentan con amplias facultades para el cumplimiento de sus funciones y que se encuentran plasmadas en los artículos 66 y 100 del Código Tributario, en este caso, las notificaciones; sin embargo, estas formalidades esenciales deben ser desarrolladas en el marco de un debido proceso, de tal manera que se garantice que el procesado o sindicado pueda contar con la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa, cuya 

tía en los hechos constituye una verdadera barrera de contención que impide el accionar arbitrario o discrecional de la autoridad actuante; al respecto, las notificaciones precisamente tienen esa finalidad de resguardar el ejercicio del derecho a la defensa. 

En este punto de análisis, corresponde recurrir a la doctrina constitucional desarrollada sobre la notificación, así en la Sentencia Constitucional 1845/2004-R, de 30 de noviembre, se dejó claramente establecido que: “(…) los emplazamientos, citaciones y notificaciones (notificaciones en sentido genérico), que son las modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (asi SC 0757/2003-R, de 4 de junio); dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos, pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión (art. 16.// y IV de la CPE);“. 

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En el contexto precedente, no se puede soslayar que existe de origen un vicio procedimental que repercutió en los derechos de la Empresa Constructora Vásquez & Palenque S.R.L. legalmente representada por Walter Jaime Vásquez Palenque, de tal 

manera, debe primar ante todo la observancia ineludible a los derechos y garantías 

constitucionales, los cuales no pueden quedar subordinados o rezagados al simple justificativo de formalidades procedimentales que en todo caso deben ser resultado del ejercicio de una potestad administrativa sancionatoria apegada a los principios de constitucionalidad y de verdad material; al respecto, la Sentencia Constitucional 

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Juan Carlo Guzmán Auit) 

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de la calidad Certificado No 771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 24126132411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

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Plurinacional 0510/2013, de 19 de abril, en relación a la verdad material ilustró: “El principio de verdad material previsto por el art. 4 inc. d) de la LPA, determina que la administración pública investigará la verdad material, en virtud de la cual, la decisión de la Administración 

debe ceñirse a los hechos y no limitarse únicamente al contenido literal del expediente, incluso más allá de lo estrictamente aportado por las partes, siendo obligación de la administración la averiguación total de los hechos, no restringiendo su actuar a simplemente algunas actuaciones de carácter administrativo formal que no son suficientes 

para asumir decisiones. La tarea investigativa de la administración pública, (…) debe 

basarse en documentación, datos y hechos ciertos con directa relación de causalidad, que 

deben tener la calidad de incontrastables, en base a cuya información integral la autoridad administrativa con plena convicción y sustento, emitirá el pronunciamiento que corresponda respecto al tema de fondo en cuestión”. 

Conforme lo señalado, se constata que la Administración Tributaria restringió el ejercicio del derecho a la defensa de la empresa ahora recurrente; en ese entendido, corresponde a esta Instancia de Alzada precautelar que en todo trámite exista un debido proceso y se observe el derecho a la defensa, garantías que no pueden ser eclipsadas con notificaciones sobre las cuales NO se verifique fehacientemente que fueron de conocimiento del interesado; al efecto, es evidente también que el Proveído No 242029000029 de 9 de junio de 2020, incumple lo previsto en el artículo 28 inciso e) de la Ley 2341, aplicable supletoriamente al presente caso por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 2492, toda vez que su fundamento para rechazar la solicitud de nulidad de notificaciones planteada por el sujeto pasivo, no se sustenta en todos los antecedentes del caso ni en la normativa aplicable. 

Lo anterior, muestra una ausencia de fundamentación de hecho y derecho en el acto impugnado encontrándose viciado de nulidad así como las notificaciones electrónicas realizadas, al no existir evidencia alguna de que el contribuyente hubiera tomado conocimiento efectivo del contenido tanto del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311929001751 de 3 de julio de 2019 como de la Resolución Sancionatoria No 181929002625 de 16 de diciembre de 2019, contexto bajo el cual, en resguardo del debido proceso, corresponde retrotraer actuaciones administrativas y de esa manera el administrado tenga la posibilidad de asumir defensa ofreciendo todos los descargos y pruebas que considere pertinentes en respaldo de sus derechos, los cuales además 

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CAIT 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

deben ser debidamente considerados y valorados por la Administración Tributaria, proporcionando en sus actos los fundamentos de hecho y de derecho que rigen el procedimiento que involucra el presente caso. 

Respecto al argumento de la Administración Tributaria, en sentido de que la pretensión del sujeto pasivo comprende la anulación de obrados hasta la notificación con la Resolución Sancionatoria N° 181929002625, acto administrativo que a la fecha se encuentra firme al no haber sido objeto de recurso administrativo alguno, en 

constituyó en título de ejecución tributaria, por lo que no corresponde que se pretenda impugnar y menos alegar la nulidad de un acto administrativo firme; al respecto, corresponde indicar que independientemente de la fase en la que se 

cuentre el presente proceso, esta instancia recursiva está en la obligación legal de verificar el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales dura desarrollo del proceso administrativo sancionador, a fin de establecer la existencia o no de vulneraciones al debido proceso en su componente del derecho a la defensa, más aun si estos forman parte expresa de la presente impugnación, aspectos que fueron constatados conforme el amplio análisis anteriormente expuesto, en consecuencia lo alegado por el sujeto activo no corresponde. 

Bajo las circunstancias descritas, se advierte la existencia de vicios que causaron la vulneración a la garantía del debido proceso y derecho a la defensa de la Empresa Constructora Vásquez & Palenque S.R.L. legalmente representada por Walter Jaime Vásquez Palenque, establecidos por los artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado y 68, numeral 6) de la Ley 2492; consecuentemente, corresponde anular“. . obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311929001751 (SIN/GGLPZ/DJCCIAISC/01524/2019) de 3 de julio de 2019, debiendo la Administración Tributaria notificar el citado preliminar conforme al procedimiento legalmente establecido en los artículos 83

afao siguientes del Código Tributario, garantizando: que el sujeto pasivo tome conocimiento efectivo de dicho acto

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POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema. No 10501 de 16 de septiembre de 2013, 

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de la Caldad Certificado N 771/14 

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con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

RESUELVE: PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la notificación con el Auto Inicial de Sumario contravencional N° 311929001751 (SIN/GGLPZ/DJCCIAISC/01524/2019) de 3 de julio de 2019; consecuentemente, la Administración Tributaria debe practicar una nueva notificación con dicha actuación administrativa a la Empresa Constructora Vásquez & Palenque S.R.L. legalmente representada por Walter Jaime Vásquez Palenque, observando el principio finalista, de tal manera que se garantice el debido proceso y su derecho a la defensa. 

– 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, sede cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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Po mecz? 

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

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neral de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código Tributario y sea con nota de atención. 

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de PST 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la jhterposición del recurso jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación. 

A Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

Regístr 

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Lc. Celila Velez Dorado 

Directora Ejecutiva Regional Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Regional de impugnation 

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Juan Carlos 

Guzmán Auiz 

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