ARIT-LPZ-RA-0867-2020 Obligaciones impositivas sobre base cierta que incluye tributo omitido, actualización e intereses relacionados con el IVA, IT-RETENCIONES, IUE, IUE-RETENCIONES, multa por omisión de pago del 100% y multa por incumplimiento a deberes formales, el contribuyente señala que existen observaciones referentes a la falta de uniformidad y la ambigüedad de las razones por las que se depuró las facturas por compra de gasolina y diésel mismas que fueron subsanadas, también que el SIN validó facturas de compra de combustible sin verificar el uso de bienes en la actividad gravada donde existen varias contradicciones y por último que hay facturas observadas que debieron ser subsanadas en la Vista Cargo y que siguen en la presente resolución, la ARIT llego a la conclusión que la compra de combustible solo se hicieron validas porque existen vehículos que se relacionan con la actividad de la empresa y que los otros vehículos no corresponden, las facturas observadas son de proveedores que no fueron declaradas por los mismos, el contribuyente no tiene documentación de respaldo para estas facturas, ya que no se reportaron compras por los proveedores y por tanto las multas están fundamentadas en cuanto a la depuración del IVA, IUE, VALORACION DE DESCARGOS, se confirma la resolución determinativa.

ARIT-LPZ-RA-0867-2020

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TAIBUTARIA Eslado Plurinacional de Bolivla 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0867/2020 

Recurrente: 

Víctor Justino Apaza Callisaya 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital“La Paz I del Servicio de 

Impuestos ... Nacionales, legalmente representada por Karen Cecilia López Paravicini 

Acto Impugnado: 

Resolución Determinativa N: 172020000720 (SIN/GDLPZ I/DJCC/UTJ/RD/105/2020)

Expediente: 

ARIT-LPZ-0320/2020 

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Lugar y Fecha: 

La Paz, 16 de octubre-de-2020, 

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VISTOS: El Recurso de Alzada, el auto de Admisión, la contestación de la Administración Triputariā Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 0867/2020 de 16 de octubre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente: 

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  1. I. · ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Determinativa N° 172020000720 (SIN/GDLPZ I/DJCC/UTJ/RD/105/2020) de 5 de junio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, determinó de oficio sobre base cierta las obligaciones impositivas de Víctor Justino Apaza Callisaya en la suma de 234.537 UFV’s, importe que incluye tributo omitido, actualización e intereses, resultante de la verificación de ciertas transacciones, hechos o elementos específicos relacionados con el IVA, IT-Retenciones, IUE, IUE-Retenciones, correspondiente a la gestión fiscal con cierre a marzo 2014; asimismo, sancionó con la multa por omisión de pago del 100% conforme lo dispuesto por el artículo 165 de la Ley 2492, cuyo importe alcanza a la suma de 177.889 UFV’s y multa por incumplimiento a deberes formales de 500 

UFV’s. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarand) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

  1. I TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA II.1 Argumentos del Recurrente Víctor Justino Apaza Callisaya mediante notas presentadas el 29 de junio y 15 de julio de 2020, cursantes a fojas 59 y 92-101 de obrados, interpuso Recurso de Alzada expresando lo siguiente: 

Siendo la segunda ocasión que se constituye ante esta Instancia de Alzada a objeto de exigir sus derechos y garantías constitucionales, toda vez que de la revisión del acto impugnado evidenció que aún persisten las observaciones realizadas, incumpliendo lo dispuesto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0795/2019, que realizó observaciones que debieron ser subsanadas por la Administración Tributaria. 

En el numeral xiv de la Resolución de Recurso Jerárquico, la observación refiere a la falta de uniformidad y la ambigüedad de las razones por las que se depuró las facturas por compra de gasolina y diésel, mismas que debieron ser subsanadas, aspecto que ocurrió. A objeto de demostrar aquello, se advierte que en el acto impugnado, la observación signada bajo el numeral 1 Facturas por consumo de combustible existen contradicciones respecto a los motivos por los cuales fueron depuradas las notas fiscales por consumo de combustible, ya que en primera instancia el ente fiscal señala que se habría verificado que no existen vehículos activados en los Estados Financieros, motivo por el cual no correspondería la apropiación del crédito fiscal, sin embargo, una vez presentados los documentos de titularidad de los vehículos con placa 2873 ESE y 1224 YTC dichas notas fiscales son tomadas en cuenta bajo el criterio que se habría demostrado el derecho propietario de los bienes; sin embargo, persistiría la observación de que los vehículos no se encuentran registrados en los Estados Financieros; situación que lleva a confusión, puesto que como contribuyente no tiene certeza si corresponde probar si los vehículos son de su propiedad o si corresponde se encuentren activados en los Estados Financieros, si fuera este el caso, tanto las facturas de los vehículos con placa 2573 ESE y 1224 YTC así como las notas fiscales de los vehículos 1731 NCU y 631 BTZ debieron ser depuradas, al no encontrarse registradas en los Estados Financieros. 

Llama la atención que se validen las facturas por compra de combustible de los vehículos con placa 2873 ESE y 1224 YTC, sin verificar el uso de los bienes en la 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinaclonal de Ballyla 

actividad gravada, toda vez que el Ente Fiscal exigió la presentación del RUAT de los vehículos a fin verificar la propiedad, a cuyo efecto se comprobó el derecho propietario de los vehículos con las placas Nos. 2873 ESE y 1224 YTC, sin embargo, no verificó si estos fueron efectivamente utilizados en la actividad comercial, si fuera este el caso, también debióvalidarse las facturas correspondientes a los vehículos con placa Nos. 1731 NCÚ y 631 BZT, ya que de igual manera no se cuenta con documentos que deņuestren su uso en la actividad gravada. Si bien en el acto impugnado, cursa la respuesta respecto de los argumentos presentados como descargo a la Vista de Cargo, dicha exposición solo refiere que no se demostró la vinculación con la actividad gravada de las facturas correspondientes a las placas 2873 ESE y 1224 YTC; empero, no menciona de qué manera habría demostrado aquello y peor aún no precisa que pruebas habrían servido para demostrar dicho extremo, toda vez que siguiendo la lógica utilizada por el Ente Fiscal, al no demostrarse que los vehículos forman parte · de los estados financieros, las facturas observadas debieron ser depuradas. 

* * – 

depuradas

Se reitera que las notas fiscales por compra de combustible de los vehículos con placas Nos. 2873 ESE y 1224 YTC, fueron validadas a diferencia de las facturas de los vehículos con placa Nos. 1731 NCU y 631 BBZT que fueron excluidas sin justificár los motivos; por tanto, se demuestra que las observaciones realizadas por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, no fueron atendidas; consecuentemente aún existe incongruencia y contradicción respecto de las razones por las que el sujeto activo depuró las facturas correspondientes a los vehículos con placa 1731 NCYU y 631 BZT y valido para las compras vinculadas a los vehículos con placa 2873 ESE Y 1224 YTC, lesionando de este modo el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso, al efecto, cita los incisos c), g), h) yj) del artículo 4 de la Ley 2341

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En relación a la observación de las facturas Nos. 75 y 78 emitidas por el proveedor Marco Antonio Zenteno Matías y las facturas Nos. 692 y 705 del proveedor Julio Calle Flores, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0795/2019, en el numeral xi, señaló observaciones que debieron ser subsanadas en la vista de Cargo; sin embargo, este hecho no aconteció, ya que dichas observaciones fueron arrastradas hasta la Resolución Determinativa ahora impugnada, siendo que el Ente Fiscal tenía la obligación se subsanar tales observaciones, tal situación no aconteció y simplemente se limitó a reiterar sus argumentos; para corroborar este aspecto, se advierte que en la Resolución Determinativa impugnada, el Ente fiscal mantuvo las 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaran) 

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observaciones realizadas por la AGIT al punto que copia de manera textual el agravio al punto 4 señalando: Revisado el sistema SIRAT 2 se verificó que el proveedor no tiene entre sus ventas la factura de compra (...), aspecto que demuestra una vez más que la Administración Tributaria es reticente a acatar las órdenes emanadas por la autoridad jerárquica en desmedro del legítimo derecho a la defensa y la garantia al debido proceso. 

Conforme lo determinado en la Resolución de Recurso Jerárquico, respecto a las notas fiscales 75 y 78 del proveedor Marco Antonio Zenteno Matías, el Ente Fiscal tenía la obligación de valorar apropiadamente la documentación presentada y justificar la validez probatoria de las mismas; sin embargo, no sucedió aquello y tras haber verificado el domicilio del proveedor y este al no ser habido, llegó a la conclusión que las transacciones no fueron realizadas, lo cual es inadmisible considerando que otro de los elementos subjetivos para arribar a dicha conclusión constituye el hecho que el domicilio declarado por el proveedor no posee características para actividades comerciales, en suma, no se valoró en ningún momento la documentación ofrecida y peor aún no justificó las razones para aprobar o desestimar la misma, incumpliendo lo determinado por la Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

En lo que respecta a las facturas Nos. 692 y 705 del proveedor Julio Calle Flores, el Ente fiscal incumple lo encomendado por la Instancia Jerárquica, ya que en ningún momento aclara la razón por la que se depuran dichas facturas, considerando que es la propia administración es la que señala que fue el proveedor quien no reportó dichas notas fiscales en su Libro de Ventas; en tal sentido, se tiene que dicha responsabilidad es únicamente atribuible al proveedor y de ninguna manera puede ser imputada al ahora recurrente; asimismo, el Ente fiscal no justificó el motivo por el cual se exigió la presentación de medios fehacientes de pago respecto a las operaciones que no superan B$50.000.- toda vez que en el artículo 37 del DS 27310 modificado por la disposición final cuarta del DS 772 atinge restrictivamente a transacciones que superan dicho monto, por tanto es inadmisible que exija documentación de respaldo en el entendido de que las operaciones de las facturas 692, 705, 75 y 78 no superan el límite señalado, lo que demuestra que el Ente fiscal no atendió las recomendaciones establecidas por la instancia jerárquica

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bollvia 

En el acto impugnado no existe pronunciamiento sobre los argumentos de descargo referido al tratamiento del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, pese a que 

en el memorial de descargos presentado a la Vista de Cargo se hizo notar que para determinar la utilidad neta-debe-considerarse todos los gastos erogados para la obtención de la utilidad, es decir las facturas de compras depuradas de que estas cumplan con los requisitos de validez, debieron ser consideradas para el 1UE, ya que dichos gastos fueron efectivamente utilizados para el desarrollo de la actividad, hecho que ocasiona vulneración al derecho a la defensa, al respecto cita los artículos 16 inciso h) de la Ley 2341 y 68 numeral 7 de la Ley 2492; agrega la falta de pronunciamiento fue otra de las observaciones realizadas por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0795/2019, no obstante que dicha instancia concedió al Ente Fiscal la oportunidad de enmendar y rectificar este aspecto, sin embargo, hizo caso omiso a las recomendaciones sin dar un respuesta material al argumento: expuesto en el memorial de descargos’ presentado el 31 de enero de 2020.

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En relación a la compra de repuestos, el Ente Fiscal no fundamenta sus decisiones al punto que cae en incongruencia y contradicción al señalar en el subtítulo (1) Facturas por consumo de Combustible, se validan las compras vinculadas a los vehículos con placas Nos. 2873 ESE y 1224 YTC; sin embargo, para el caso (2) Compras relacionadas con repuestos, se depuró el total de las facturas bajo el argumento de que la sola presentación de las facturas no es prueba suficiente para demostrar la vinculación con la actividad gravada, además que no se habría demostrado que los repuestos fueron utilizados en los vehículos que cuentan con registro Propietario; en ese sentido, bajo el criterio del Ente fiscal que la sola comprobación del derecho propietario implicaría que se validen las compras de combustible, dicho razonamiento también debiera ser aplicado en el caso de compras de repuestos, toda vez que ambos conceptos se encuentran vinculados una con la otra; añade que el sujeto activo, exigió otro tipo de documentación que demuestre su uso en los vehículos de la empresa; no obstante, tal solicitud no es posible, debido a que ningún proveedor emite facturas precisando el uso y destino de los productos vendidos, por tanto, se evidencia una falta de fundamentación al incumplir lo previsto en el artículo 99 de la Ley 2492. 

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En cuanto a las facturas no dosificadas, notas fiscales no declaradas por el proveedor y compras sin respaldo de la efectiva realización de la transacción, según el Ente Fiscal se debió presentar documentos que demuestren la materialidad de la 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (5912) 24126132411973 www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

transacción; sin embargo, no toma en cuenta que las obligaciones de extender facturas debidamente dosificadas, declarar sus ventas en su integridad son cargas y obligaciones que corresponden única y exclusivamente al proveedor, por tanto es inviable que pretenda derivar la responsabilidad al recurrente por actos y omisiones de contribuyentes que incumplen con sus obligaciones tributarias, debiendo el Ente Fiscal en uso de sus facultades de ejecutar procesos en contra de ellos a objeto de hacer cumplir con las obligaciones que les corresponda; agrega que si el proveedor no proporciono documentación fidedigna o hubiera declarado en menos o anulado sus ventas, no es responsabilidad del comprador que en este caso fue sorprendido en su buena fe al realizar las transacciones de compra; al respecto cita los artículos 10 de la Ley 843, 69 de la Ley 2492, 4 incisos d) y e) de la Ley 2341, 10 del DS 21530, 41 de la RND 10-0016-07. 

En relación al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas IUE, la Administración Tributaria de forma arbitraria señala que para la valuación de los inventarios y su efecto en el costo de ventas, el ahora recurrente habría utilizado el método periódico, lo cual no es cierto y no posee asidero legal en hechos probados, toda vez que de la revisión del acto impugnado, los papeles de trabajo y el informe de auditoría externa presentado no existe ningún acápite que señale que el recurrente habría utilizado tal método para el manejo de los inventarios, ya que si fuera el caso, dicha aclaración debió estar plasmada en las notas del informe de auditoría, lo que demuestra que el Ente Fiscal, sin fundamento técnico realizó sus observaciones, incumpliendo de esta manera lo establecido en el artículo 99-11 de la Ley 2492. 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Determinativa No 172020000720 (SIN/GDLPZ 1/DJCC/UTJ/RD/105/2020) de 5 de junio de 2020. 

II.2 Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Victor Justino Apaza Callisaya fue admitido por Auto de 15 de julio de 2020, notificado de forma personal al recurrente el 28 de julio de 2020 y mediante cédula a la Administración Tributaria el 30 de julio del mismo año; fojas 102107 de obrados

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AUTOAIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Karen Cecilia López Paravicini, conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia-No-032000000439 de 27 de mayo de 2020, por memorial presentado el 14 de agosto de 2020, cursante a fojas 110119 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

En cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0795/2019 de 22 de julio de 2019, en la Resolución Determinativa ahora impugnada mediante cuadro se encuentran detalladas las facturas depuradas, signadas con los numerales 1 al 8; para la apropiación correcta del crédito fiscal deben concurrir requisitos establecidos por Ley, para ello se solicitó al contribuyente la presentación del inventario de activos fijos a fin de conocer si los vehículos con placas 2873 ESE, 1224 YTC, 1731 NCU y 631 BZT, se encuentren registrados como activos fijos de la empresa unipersonal de Víctor Justiņo Apaza Callisaya, siendo este requisito se constituye el principal, más no el único para determinar la correcta apropiación del crédito fiscal. En ausencia de dicho requisito y en búsqueda de la verdad ‘material, se solicitó la presentación de documentos que acrediten el derecho propietario de los vehículos por los cuales se pretendía la apropiación del crédito fiscal por compras de gasolina, evidenciándose que no todos eran de propiedad del contribuyente. 

Mediante cuadro expuesto en la Resolución Determinativa se tiene que los vehículos con placa Nos. 2873 ESE y 1224 YTC cuentan con documento de propiedad, mientras que los vehículos con placa Nos. 1731 NCU y 631 BZT no cuentan con ningún respaldo que acredite su propiedad; no obstante, se debe considerar ninguno de los vehículos se encuentra registrado en los estados financieros, en consecuencia el crédito fiscal de las facturas no puede ser válidos para la apropiación de crédito fiscal. Las explicaciones expuestas en los actos administrativos son bastante claras y precisas y no se advierten contradicciones. Según el recurrente, no se habría dado cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 0795/2019; sin embargo, en los actos administrativos, existe una clara y bien fundamentada explicación en relación a la depuración de las facturas por compra de combustible de los vehículos que no fueron activados como activos fijos de la empresa unipersonal y que tampoco son de propiedad del recurrente, por tanto se dio cumplimiento a lo dispuesto por la instancia Jerárquica

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Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

En cuanto a lo manifestado por el recurrente, cuando indica que se habría vulnerado su derecho a la defensa y el debido proceso, se aclara que estos aspectos no son evidentes, ya que carecen de razones reales parea su relevancia, en tal sentido se ve por conveniente no dar mayor respuesta a las mismas, puesto que el recurrente no identifica de manera real y cuantificable como se habría vulnerado dichos principios, lo que imposibilita dar una respuesta coherente a las mismas. 

En cuanto a las facturas por compra de repuestos, se aclara que si bien son compras que se usan en la actividad gravada de la empresa, no es menos cierto que para el uso de dichos repuestos, el sujeto pasivo no comprobó la utilización en alguno de los bienes de su propiedad; asimismo, no es posible identificar en estas facturas la placa del vehículo, por tanto resulta imposible la revisión, teniendo en cuenta que no existe ningún automotor registrado en el activo fijo de la empresa, por tanto se presume que los repuestos en cuestión fueron utilizados en los bienes del contribuyente y conforme lo establecido en el artículo 76 de la Ley 2492, la carga de la prueba le corresponde al contribuyente. 

En relación a las facturas observadas por no estar dosificadas y no haber sido declaradas por el vendedor, es necesario enfatizar corresponde al sujeto pasivo la facultad y obligación de presentar la documentación solicitada a fin de hacer valer sus derechos y pretensiones. Con la finalidad de identificar las facturas no dosificadas, la Administración Tributaria dispone en su página WEB el sistema virtual de verificación de facturas, por tanto, queda demostrada la correcta determinación del tributo omitido por facturas no vinculadas a la actividad gravada en estricto cumplimiento por lo dispuesto en la Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0795/2019 de 22 de julio de 2019. 

En lo que se refiere a la valoración de la prueba y descargos presentados por el recurrente, corresponde aclarar que el hecho de no estar de acuerdo con sus afirmaciones, no constituye vulneración a su derecho a la defensa y menos compromete el debido proceso. Cabe hacer notar que en la Resolución Determinativa impugnada, existe un acápite destinado a la determinación del IUE, por tanto las aseveraciones vertidas por el recurrente no son evidentes. En cuanto a la falta de motivación y congruencia manifestada por el recurrente, es importante resaltar que la omisión de la valoración de un argumento dentro de una pretensión administrativa efectivamente supone la existencia de incongruencia omisiva; sin embargo, si dicho 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

argumento omitido, halló respuesta en el razonamiento general plasmado en la Resolución Determinativa, su anulación no es viable, ni tiene sustento legal alguno, toda vez que si dicha omisión no vulnera el derecho a la defensa del demandante la nulidad no procede, al efecto cita-el-AutoSupremo 254/2014 de 27 de mayo de 2014, Auto Supremo-158/2015 de 19 de marzo de 2015 y la Sentencia 2023/2010R de 9 de noviembre de 2010

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En aplicación de lo establecido en los artículos 198 inciso e) y 211 del Código Tributario, solicita que esta instancia Recursiva se pronuncie solamente sobre los argumentos planteados en el Recurso de Alzada, lo contrario, constituiría en una vulneración a los derechos a la defensa y el debido proceso del Servicio .Impuestos Nacionales, previsto en el artículo 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado. 

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Conforme los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa N° 172020000720 (SIN/GDLPZ 1/DJCCIUTJ/RD/105/2020) de 5 de junio de 2020. 

11.4 Apertura de término probatorio y producción de pruebas I Mediante Auto de 17 de agosto de 2020, sė aperturó el término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes en aplicación del inciso d) del artículo 218, del Código Tributario, actuación notificada por Secretaria al recurrente y a la Administración Tributaria el 19 de agosto de 2020, período dentro del cual, la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Karen Cecilia López Paravicini, conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia No 032000000763 de 31 de agosto de 2020 mediante memorial de 7 de septiembre de 2020, ofreció, propuso y ratificó en calidad de prueba los antecedentes originales presentados a momento de responder el Recurso de Alzada; al efecto, mediante Proveido de 8 de septiembre de 2020, se dio por apersonada a Karen Cecilia López Paravicini como Gerente Distrital La Paz | del Servicio de Impuestos Nacionales; asimismo, se dio por ratificada la prueba documental señalada, actuación notificada por secretaría a las partes el 9 de septiembre de 2020; fojas 120-126 de antecedentes administrativos. 

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Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

11.5 Alegatos El recurrente y la Administración Tributaria, no formularon alegatos en los plazos y condiciones establecidos por el artículo 210 numeral II del código Tributario. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIV

La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales el 21 de septiembre de 2017, notificó de forma personal a Victor Justino Apaza Callisaya con la Orden de Fiscalización N° 17990100180 y Requerimiento N° 142627, comunicando el inicio de la fiscalización de uno o más impuestos, a efecto de revisar y verificar la totalidad de los hechos y/o elementos correspondientes a cada impuesto definido en el alcance, sin llegar a una fiscalización total de los periodos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2013 y enero, febrero, marzo 2014, correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas y sus incidencias, Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones; asimismo, se solicitó las declaraciones juradas y Formulario 605, Libros de compras y ventas IVA, notas fiscales de respaldo al débito y crédito fiscal, extractos bancarios, planillas de sueldo, formulario 608, comprobantes de ingresos y egresos con respaldo, estados financieros y dictamen de la gestión 2014, libros de contabilidad, kardex de materiales, contratos de obras suscritas con clientes, medios de pago por desembolsos en efectivo, estado de activos fijos, detalle de vehículos y maquinaria pesada con números de placa y RUAT, entre otros; fojas 6 y 9 de antecedentes administrativos. 

Según consta de las Actas de Recepción de Documentos de 5, 16 de octubre de 2017 y 17 de noviembre del mismo o, el ahora recurrente hizo la entrega de la documentación solicitada consistente en: talonarios de facturas de venta, facturas de compras, estados financieros gestión 2014, libros diarios, mayores, contratos, boletas de retiro de caja del Banco Unión SA, planillas de avance de los contratos de obra, entre otros; fojas 1013 de antecedentes administrativos

El ente fiscal notificó el 25 de septiembre de 2017, mediante cédula al Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social con el Requerimiento No 00142628; a cuyo efecto, solicitó documentación relativa a Libros de Compras IVA, Notas fiscales de respaldo al crédito fiscal, comprobantes de egreso, contratos suscritos con el proveedor Victor Justino Apaza Callisaya, documentos de pago, planillas de avance con informes técnicos; fojas 164 de antecedentes administrativos. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TAIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Mediante nota CITE: SIN/GDLP-I/DF/FVE-I/NOT/03327/2017 recepcionada el 8 de noviembre de 2017, solicitó a la Autoridad del Sistema Financiero fotocopias legalizadas de extractos bancarios de las cuentas, boletas de depósito y retiros de las operaciones efectuadas-y-préstamos-o-lineas de crédito correspondiente al contribuyente Víctor Justino Apaza Callisaya; al efecto mediante notas dirigidas a la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de –Impuestos Nacionales, las entidades financieras, como ser el Banco Unión SA, Mercantil, Santa Cruz SA;.Banco Fie SA, Prodem SA, Cooperativa de Ahorro San Carlos Borromeo Ltda., Banco Bisa SA, entre otras, remitieron la información requerida; fojas 352-428 de antecedentes administrativos. 

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Resultado del proceso de verificación se emitió la Vista de Cargo N° 291820000333 (SIN/GDLPZ-1DF/FVE-INC/332/2018), de 24 de mayo de 2018, estableciendo preliminarmente el tributo omitido por concepto de Impuesto-al-Valor Agregado (IVA), Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IVE), Impuesto a las Transacciones – Retenciones (IT-R) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas – Retenciones ! (IUE-R), sobre báše cierta la suma de 556.071 UFV’s, más intereses y sanción por omisión de pago al 100%; actuación notificada mediante cédula el 30 de mayo de 2018, fojas 1414-1443 de antecedentes administrativos. 

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Mediante memorial de 28 de junio de 2018, el sujeto pasivo presentó argumentos y 

documentación de descargo a la Vista de Cargo N° 291820000333 (SIN/GDLPZ 

  • 1/DF/FVE-INC/332/2018), a cuyo efecto se refirió a la depuración de crédito fiscal de las. facturas por concepto de compra de combustible y repuestos, facturas no dosificadas, no declaradas por el proveedor y declaradas por importe inferior, sobre los cuales el ente fiscal no había agotado los medios de investigación, no aplicó la presunción de inocencia, conllevó vulneración del debido proceso y no llegó a la realidad económica de los hechos, también refirió sobre la determinación del impuesto sobre las Utilidades de la Empresas y los gastos deducibles; asimismo solicitó la prescripción de los periodos fiscales abril 2013 a marzo 2014, en aplicación del artículo 59 sin modificaciones de la Ley 2492; fojas 1450-1456 de antecedentes administrativos. 

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La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales el 17 de agosto de 2018, emitió la Resolución Determinativa N° 171820001658 (SIN/GDLPZ 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodeguambaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (5912) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

1/DJCC/TS/RD/246/2018), que determinó de oficio las obligaciones impositivas determinadas sobre base cierta de Víctor Justino Apaza Callisaya en la suma de 256.754 UFV’s, importe que incluye tributo omitido, actualización e intereses, resultante de la verificación de ciertas transacciones, hechos o elementos específicos relacionados con el IVA, IT-Retenciones, IUE, IUE-Retenciones, correspondiente a la gestión fiscal con cierre a marzo 2014; asimismo, sancionó con la Multa por Omisión de Pago del 100% conforme lo dispuesto por el artículo 165 de la Ley 2492, cuyo importe alcanza a la suma de 214.618 UFV’s; fojas 1527-1584 de antecedentes administrativos. 

El citado acto administrativo fue impugnado ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria el 17 de septiembre de 2018; instancia recursiva que emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0593/2019 de 6 de mayo de 2019 que resolvió anular obrados hasta la vista de Cargo N° 291820000333 (CITE: SIN/GGLPZ-1/DF/FVE-INC/332/2018) a objeto de que la Administración Tributaria emita nuevo acto administrativo tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos, actos y elementos de prueba que fundamenten los cargos de conformidad a los artículos 961 de la Ley 2492 y 18 del DS 27310; fojas 18001818 de antecedentes administrativos

La Administración Tributaria interpuso Recurso Jerárquico con la Resolución de Recurso de Alzada antes citada; de manera posterior la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0795/2019 de 22 de julio de 2019, que resolvió confirmar el Recurso de Alzada anteriormente referida; fojas 1820-1830 de antecedentes administrativos. 

La Vista de Cargo N° 291920001605 (SIN/GDLPZ 1/DF/UVENC/16/2019) de 30 de diciembre de 2019, estableció el tributo omitido sobre base cierta en la suma de 556.071 UFV’s, importe que incluye impuesto omitido, intereses y sanción por omisión de pago al 100% por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), Impuesto a las Transacciones – Retenciones (IT R) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas – Retenciones (IUE-R); actuación preliminar notificada mediante cédula el 31 de diciembre de 2019, fojas 20132043 de antecedentes administrativos. 

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III 

AUTORIDAD DE IMPUGNACION TAIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

La Resolución Determinativa N° 172020000720 (SIN/GDLPZ 1/DJCC/UTJ/RD/105/2020) de 5 de junio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales, determinó de oficio sobre base cierta las obligaciones impositivas de Víctor-Justino Apaza Callisaya en la suma de 234.537 UFV’s, importe que incluye tributo omitido, actualización e intereses, resultante de la verificación de ciertas transacciones, hechos o elementos específicos relacionados con el IVA, IT-Retenciones, IUE, IVE-Retenciones, correspondiente a la gestión fiscal con cierre a marzo 2014; asimismo, sancionó con la Multa por Omisión de Pago del 100% conforme lo dispuesto por el artículo 165 de la Ley 2492, cuyo importe alcanza a la suma de 177.889 UFV’s y multa por incumplimiento a deberes formales de 500 UFV’s, acto notificado de manera personal el 9 de junio de 2020; fojas 2109-2164 de antecedentes administrativos. 

— 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y’ 198: del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados, los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al ártículo 211, parágrafo III de la Ley 3092. 

– 

– 

— 

… 

—- — La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Víctor Justino Apaza Callisaya la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o 

que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta instancia Recursiva. 

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IV.1. Valoración de descargos Víctor Justino Apaza Callisaya en su Recurso de Alzada, señala que presentó descargos a la Vista Cargo referidos al tratamiento del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas que no fueron atendidos o no se dio respuesta a lo alegado, toda vez que no existe pronunciamiento respecto a que las facturas de compras depuradas debieron ser consideradas en el cómputo del IVE independientemente de que estas facturas cumplan los requisitos de validez, cuya omisión ocasiona vulneración al derecho a la defensa, acceso a la justicia y el debido proceso. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

I

II

La Administración Tributaria, en respuesta señala que en la Resolución Determinativa impugnada, se otorgó a cada prueba el pertinente valor probatorio, realizando una óptima y correcta valoración de la misma; agrega que no dar la razón al contribuyente en sus afirmaciones, no constituye una vulneración al derecho a la defensa y menos al debido proceso; al respecto corresponde el siguiente análisis: 

El artículo 68 de la Ley 2492, en relación a los derechos del sujeto pasivo en sus numerales 2, 6 y 7, dispone: 2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por est

Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 6. Al debido 

proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que 

respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta para los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución 

El artículo 99, parágrafo II del Código dispone: La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos, Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será 

expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. 

A su vez el artículo 19 del DS 27310, señala: La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de dicha Ley. 

El artículo 28 de la Ley 2341, aplicable en virtud al artículo 74, numeral 1 de la Ley 2492, establece que uno de los elementos esenciales de los actos administrativos es que sean 

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AUTORIDAD BE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

fundamentados, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando además la motivación del mismo, el cual debe sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable. 

De la revisión de antecedentes administrativos, se establece que el Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Orden de Fiscalización N° 17990100180, notificada personalmente al recurrente el 21 de septiembre de 2017, con el objeto de verificar la totalidad de los hechos y/o elementos correspondientes’a cada impuesto definido en el alcance, sin llegar a una fiscalización total de los periodos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2013 y enero, febrero, marzo 2014, correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas y sus incidencias, Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones; resultado del proceso de fiscalización que incluye interposición de Recurso de Alzada que resolvió anular la vista de Cargo N° : 291820000333 (CITE: SIN/GGLPZ-I/DFIFVE-INC/332/2018) y posteriormente confirmada por la Autoridad general de Impugnación Tributaria la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 291920001605 (SINGDLPZI/DFXUVENC/16/2019) de 30 de diciembre de 2019, estableciendo una obligación tributaria de 407.646 UFV’s, importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago correspondiente a la gestión fiscal con cierre a marzo 2014; actuación preliminar notificada por cédula al coritribuyente el 31 de diciembre de 2019. 

– 

– 

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  • Posteriormente, el Ente Fiscal emitió la Resolución Determinativa N° 172020000720 

(SINGDLPZ I/DJCC/UTJ/RD/105/2020) de 5 de junio de 2020, que resolvió determinar de oficio sobre base cierta las obligaciones impositivas de Víctor Justino Apaza Callisaya en la suma de 234.537 UFV’s, importe que incluye tributo omitido, actualización e intereses, resultante de la verificación de ciertas transacciones, hechos o elementos específicos relacionados con el IVA, IT-Retenciones, IUE, IUERetenciones, correspondiente a la gestión fiscal con cierre a marzo 2014; asimismo, sancionó con la muita por omisión de pago del 100% conforme lo dispuesto por el artículo 165 de la Ley 2492, cuyo importe alcanza a la suma de 177.889 UFV’s y multa por incumplimiento a deberes formales por 500 UFVs. 

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En ese contexto de los hechos, se tiene que ante la notificación de la Vista de Cargo No 291920001605 (SIN/GDLPZ 1DF/UVENC/16/2019) de 30 de diciembre de 2019, mediante nota presentada el 31 de enero de 2020, el ahora recurrente expuso los 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (5912) 24126132411973 www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

siguientes argumentos de descargo: “En relación a este punto, cabe traer a colación lo dispuesto en el art. 36 y 47 de la Ley 843 que señalan lo siguiente: (...) De la normativa citada, se evidencia que para así determinar la Utilidad Neta de la gestión debe considerarse todos los gatos que hayan sido erogados para la obtención de la utilidad, es decir que las facturas de compras depuradas por su instancia administrativa dentro del proceso de fiscalización debieron ser consideradas pata el impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, ya que dichos gastos fueron efectivamente utilizados para desarrollar mi actividad, por lo que no considerar estos gastos, transgrede de igual modo el principio de verdad material, ya que como habíamos mencionado lineas arriba es deber de la administración tributaria verificar mediante todos los medios posibles si realmente fueron erogados dichos gastos, por lo que la carga de la prueba recae en su instancia administrativa (…)” 

Al respecto, de la lectura de la Resolución Determinativa N° 172020000720 (SIN/GDLPZ I/DJCC/UTJ/RD/105/2020) de 5 de junio de 2020, en el acápite ANALISIS DE DESCARGOS, expuesto en su página 41, refiere: “La determinación del Impuesto a las Utilidades de las Empresas IUE, se realizó conforme lo señala el artículo 4 y 6 de la Ley N° 2492 que señala: (…) Respecto a gastos de operación son gastos no vinculados con la actividad gravada como ser: Compras de combustible de vehículos sin evidencia de la propiedad del vehículo, compras de tarjetas para puntos VIVA, material didáctico, medicamentos y otras compras no vinculadas que se muestra en detalle en el cuadro “Cédula de análisis, revisión y validación de compras” hecho advertido en el análisis del Impuesto al Valor Agregado, por lo tanto tiene su incidencia en el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas contraviniendo el artículo 8° del DS N° 24051 (...)“. 

Lo anterior, permite corroborar que la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa N° 172020000720 (SINGDLPZ/DJCC/UTJ/RD/105/2020) de 5 de junio de 2020, efectuó pronunciamiento respecto a los argumentos y documentación presentados por el ahora recurrente como descargos a la vista de Cargo; es decir, fueron objeto de análisis y evaluación, estableciendo de manera expresa las razones por las cuales consideró que los mismos son insuficientes para desvirtuar el gasto correspon facturas observadas en la determinación del UE, conforme se encuentra plasmado en el acápite Vistos del acto administrativo definitivo, es decir, los descargos fueron objeto de análisis, habiendo el sujeto activo asumido una posición definitiva al respecto

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II 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Eslado Plurinaclonal de Bolivia 

Conforme el análisis realizado precedentemente, es oportuno enfatizar, que en el presente caso, el argumento de falta de valoración que hace referencia el recurrente, está más bien dirigido a la decisión adoptada por el Ente Fiscal al emitir sus actuaciones u actos administrativos, debiendo considerar que el hecho de que la valoración de los argumentos y pruebas documentales, no estén acorde a la interpretación que efectúa el recurrente, no significa que la misma no se hubiera valorado o que con la posición asumida por la Adñinistración Tributaria se vulneren principios o derechos constitucionales referidos al debido proceso y derecho a la defensa; consecuentemente, al no ser evidente una carencia valorativa sobre los descargos presentados por el ahora recuğrente, la Resolución Determinativa cumple con la fundamentación requerida conforme lo establecen los artículos 99 parágrafo 11 de la Ley 2492 y 19 del DS 27310; correspondiendo desestimar, la posibilidad de anular obrados por esta causa

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1.2. Fundamentación y motivación del acto administrativo Víctor Justino Apaza Callisaya en su Recurso de Alzada, señala que la Resolución Determinativa ahora impugnada no se encuentra debidamente fundamentada, ni motivada, conforme los agravios detallados a continuación: 1. Impuesto al Valor Agregado: Facturas por Consumo de Combustible; Compra de Repuestos; Facturas no Dosificadas‘y no declaradas por el proveedor y compras sin respaldo de la efectiva reálización de la transacción y 2. Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas: Utilización del método periódico en la valuación de los inventarios; aspectos que afectan el derecho a la defensa y la garantía al debido proceso consagrados en la Constitución Política del Estado, viciando de nulidad el acto impugnado por incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 99 del Código Tributario

– 

— 

– 

– 

La Administración Tributaria en su respuesta sostiene que durante el proceso determinativo, el ahora recurrente tuvo posibilidad de ejercer amplia e irrestrictamente su derecho a la defensa, ya que al haber tenido pleno conocimiento de todas las actuaciones, era de su responsabilidad la presentación de descargos o pruebas que desvirtúen los reparos; en consecuencia, las afirmaciones realizadas no cumplen los requisitos esenciales para su validez, son argumentos que carecen de todo tipo de respaldo legal; al respecto, corresponde el siguiente análisis

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El artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone: /. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaran) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (5912) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

derechos e intereses legitimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

El artículo 68, numerales 6 y 7 de la Ley 2492, establece: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución 

El artículo 76 de la Ley 2492, establece: En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

El artículo 99, parágrafo ll de la Ley 2492, dispone que: La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

El parágrafo I del artículo 100 de la Ley 2492, establece: la Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación. 

El artículo 201 de la Ley 2492 señala: Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA. Estado Plurinacional de Bolivia 

el presente titulo. Solo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

El artículo 28 de la Ley 2341 señala:-(Elementos esenciales del acto administrativo). Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.; d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento. Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

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El artículo 36 de la Ley 2341, menciona: I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin de lugar a la indefensión de los interesados. L-IL 

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El artículo 19 del DS 27310, dispone que: La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones aplicables al caso. 

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Previo a ingresar al análisis de la problemática que nos ocupa, es necesario considerar que el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso debe ser parte de todas las actuaciones administrativas; por consiguiente, es obligación de los organismos y dependencias de la Administración Pública a su cumplimiento; es en ese contexto, dicho precepto constitucional establece de manera 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamari (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarann 

Calle Arturo Borda No 1933 · Zona Cristo Rey Telf.: (591-2) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

expresa que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se traduce en que los actos y actuaciones en un proceso administrativo se deben ajustar no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales; esto implica garantizar el correcto ejercicio de la Administración Pública a través de la emisión de actos administrativos, los que no deben resultar contrarios a los principios del Estado de Derecho. 

Es pertinente considerar que el debido proceso implica que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa que se materializa con la posibilidad que las partes deben tener a la producción de pruebas y a la decisión pronta del juzgador, de la misma forma, el debido proceso exige que los fallos emitidos por la Administración se encuentren debidamente fundamentados que contengan la motivación y el respaldo correspondiente en función a la valoración de la documentación o argumentos presentados en calidad de descargo por el administrado. 

Bajo el contexto normativo citado y de la lectura de la Resolución Determinativa No 172020000720 (SIN/GDLPZ I/DJCC/UTJ/RD/105/2020) de 5 de junio de 2020, en cuanto al agravio manifestado por la parte recurrente, en sentido de que el acto impugnado incumple los requisitos mínimos dispuestos en el artículo 99 del Código Tributario, al señalar que el acto impugnado carece de motivación y fundamentación respecto de los cargos impuestos relacionados a las facturas por concepto de compras de combustible, notas fiscales por compra de repuestos, facturas no dosificadas y no declaradas por el proveedor y compras sin respaldo de la efectiva realización de la compra; al respecto, se tiene: 

IV.2.1. Facturas por consumo de combustible, compra de repuestos y Notas Fiscales no dosificadas y no declaradas por el proveedor y Compras sin respaldo de la efectiva realización de la transacción Víctor Justino Apaza Callisaya en su Recurso de Alzada señala que la Resolución Determinativa carece de motivación y fundamentación, toda vez que no fundamenta apropiadamente los cargos impuestos e incurre en contradicciones respecto al motivo por el cual se validan las compras de combustible vinculadas a los vehículos con placa 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA. Estado Plurinacional da Bolivia 

N° 2873 ESE y 1224 YTC debido a que se habría demostrado el derecho propietario; sin embargo, descartó las notas fiscales correspondientes a los vehículos con placas Nos. 1731 NCU y 631 BZT porque no se encuentran registrados en Estados Financieros. 

De la misma manera, manifiesta que la Administración Tributària no fundamentó sus decisiones, ya que es contradictoria al señalar que son válidas las facturas por compra de combustible de los vehículos con placas Nos. 2873 ESE y 1224 YTC; sin embargo, las facturas por compras de repuestos fueron depuradas bajo el argumento de que la sola presentación de las facturas no es prueba suficiente para demostrar la vinculación con la actividad gravada, no se habría demostrado que los repuestos fueron utilizados en los vehículos que cuentan con registro Propietario, lo que denota una falta de fundamentación al incumplir lo previsto en el artículo 99 de la Ley 2492. i : 

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Prosigue y señala, según la fundamentación que realiza la Administración Tributaria para considerar las facturas de compra observadas, debió presentarse documentos que demuestren la materialidad; sin embargo, no consideró que es responsabilidad de los proveedores extender las facturas debidamente dosificadas y declarar los importés de venta en su integridad y no derivar la responsabilidad a terceras personas que fueron sorprendįdas en su buena fe, por lo que corresponde la anulación del acto administrativo; al efecto cita los artículos 69 y 99 de la ley 2492.

– 

— 

La Administración Tributaria en respuesta, señala que solicitó al recurrente el detalle de inventario de activos fijos a objeto de tomar conocimiento si los vehículos con placas 2873 ESE, 1224 YTC, 1731 NCU y 631 BZT, fueron registrados como activos fijos de la empresa unipersonal de Victor Justino Apaza Callisaya, siendo este requisito el principal, más no el único para determinar la correcta apropiación del crédito fiscal, en ausencia de este y en búsqueda de la verdad material, se solicitó documentación que acredite el derecho propietario de los vehículos, evidenciándose que los vehículos con placa 2873 ESE y 1224 YTC cuentan con documento de propiedad, mientras que los vehículos con placa Nos. 1731 NCU y 631 BZT no cuentan con ningún respaldo que acredite su propiedad; en consecuencia, el crédito fiscal de las facturas de los vehículos que no cuentan con documentación que respalde el derecho propietario, no pueden ser considerados para la apropiación de crédito fiscal. 

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Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (5912) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

TERARITRA MALINARIKA 

LINIMAURIURE ALAMA

Continúa y señala que las explicaciones expuestas en los actos administrativos son claras, precisas, por tanto no se advierten contradicciones como refiere el recurrente. Según Victor Justino Apaza Callisaya , no se habría dado cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0795/2019, sin embargo, en la vista de Cargo y el ahora acto impugnado, existe una explicación en relación a la depuración de las facturas por compra de combustible de los vehículos que no fueron activados como activos fijos de la empresa unipersonal y que tampoco son de propiedad del recurrente, lo que muestra el cumplimiento que se dio a lo dispuesto por la instancia Jerárquica. El recurrente indica también que se habría vulnerado su derecho a la defensa y el debido proceso; al respecto, se aclara que estos aspectos no son 

dentes, ya que carecen de razones reales para su relevancia, puesto que el 

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te no identifica de manera real y cuantificable como se habría vulnerado 

dichos principios, lo que imposibilita dar una respuesta coherente a las mismas. 

En cuanto a las facturas por compra de repuestos, manifiesta que si bien son compras que se usan en la actividad gravada de la empresa; no obstante, para el uso de dichos repuestos, el sujeto pasivo no comprobó la utilización en alguno de los bienes de su propiedad; asimismo, no es posible identificar en estas facturas la placa del vehículo, por tanto resulta imposible la revisión, teniendo en cuenta que no existe ningún automotor registrado en el activo fijo de la empresa, por tanto, se presume que los repuestos en cuestión fueron utilizados en los bienes del contribuyente y conforme lo establecido en el artículo 76 de la Ley 2492, la carga de la prueba le corresponde al contribuyente. 

Prosigue y señala que es obligación del sujeto pasivo presentar la documentación solicitada a fin de hacer valer sus derechos y pretensiones y demostrar de manera fehaciente los créditos que considere a su favor; añade que el Servicio de Impuestos Nacionales, con la finalidad de coadyuvar en la identificación de las facturas no dosificadas, en su página Web cuenta con el sistema virtual de verificación de facturas; 

al respecto corresponde el siguiente análisis

De la revisión del acto impugnado, se tiene que en la primera parte considerativa, se incluye una relación de los hechos que acontecieron en el presente caso relacionados al proceso iniciado con la Orden de Fiscalización, en el que se habría detectado incumplimiento de las obligaciones tributarias, basadas en la información presentada 

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AUTONIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

en forma parcial por el contribuyente, información obtenida de los sistemas con que cuenta la entidad recaudadora e información de terceros, lo que generó la depuración del crédito fiscal apropiado por el contribuyente de acuerdo a las observaciones signadas con las numerales. 1-al-8 descritas. en las páginas 14-17 de la Resolución Determinativa-ahora impugnada. En el, présente análisis, en el numeral 1 Facturas de consumo de combustible, se advierte la fundamentación de la decisión asumida por la Administración Tributaria, estableciendo lo siguiente: “Revisadas las facturas de compras se observan que corresponden a gastos por la compra de gasolina, diésel asociadas a los vehículos con placas 2873 ESE-1224 YTC-1731 NCU-631 BTZ y revisados, los estados 

financieros del contribuyente (...) no se evidencia la existencia del vehículo alguno; 

  • por lo que con el fin de verificar la existencia de los vehículos para su uso se comunicó 

dicha situación al contribuyente para demostrar con el Registro Único Automotor: RUAT de los vehículos mencionados anteriormente la propiedad de los mismos y el uso en la actividad gravada. Por tanto de acuerdo a documentos presentados por el contribuyente se evidenció lo siguiente 

Tipo vehículo 

| Documento de 

propiedad 

valida Valido para IVA 

Si 

Placa vehículo i

2873 ESE 1224 YTC 1731 NCU 631 B

Camión Vagoneta Vagoneta Vagoneta 

| 1 I 

Sim NO N

Si (*) No N

* El contribuyente presentó un poder indicando que no realizó la transferencia de nombre debido a costos asociados al mismo, en aplicación al principio de verdad material, se valida las facturas dado que el vehículo fue utilizado por el contribuyente a partir de la gestión 2012, tal como indica el poder.” 

el poder vehiculouho, en 

afao ISO 900

Continúa señalando: “Por otro lado tampoco se cuenta con ninguna documentación adicional que demuestre la propiedad de los vehículos con placas 1731 NCU y 631 BTZ sobre los cuales, en consulta al contribuyente indicó de manera verbal que no son de su propiedad y que fueron utilizadas por terceras persona, por lo que las mismas no se encuentran vinculadas con la actividad gravada del contribuyente y no puede ser computable para el beneficio del crédito fiscal, toda vez que para que la misma sea válida los vehículos deben estar activados y además contener otros documentos adicionales que demuestren el uso del vehículo en la actividad gravada (…). 

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Calidad AFNOR CERT#ICANO

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9001 IBNORCA Sistema de Gestio

de Galdad CertadoN77114 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir.jach‘a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

JU 

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De la misma manera en el acápite de ANALISIS DE DESCARGOS de la Resolución Determinativa en la página 31, refiere: “Sin embargo, con respecto a los vehículos con placas 1731 NCU y 631 BTZ si bien cumple con el parágrafo / del artículo 41o de la RND 10 N° 10-001607, el contribuyente no demostró la vinculación de compra con la actividad gravada, al no presentar ninguna documentación adicional, fundamentación del destino de la compra y de su utilización en la actividad gravada que demuestre la propiedad de los vehículos incumpliendo con lo establecido en la Ley N° 843, Art. 8 inciso a), el Numeral 5 y 6 del Artículo 70° de la Ley N° 2492 (…)”. 

En cuanto a la observación referida a las facturas por compra de repuestos, se advierte que el acto impugnado, contiene la fundamentación de la decisión asumida por la Administración Tributaria, al referir lo siguiente: “Revisadas las facturas, son referentes a la compra de repuestos para vehículos, al respecto el contribuyente solo presentó la factura la cual no prueba de manera suficiente la vinculación con la actividad gravada, dado que, de los vehículos identificados solo uno cuenta con RUAT y uno con poder privado, sin embargo dichas facturas no son suficientes para determinar que los repuestos fueron utilizados en los vehículos que cuentan con registro propietario a nombre del contribuyente Victor Apaza Calisaya, no se demuestra la efectiva realización de la transacción, por tanto las mismas no son válidas para el cómputo del crédito fiscal de acuerdo al artículo 8 de la Ley 843″. 

Del mismo modo en el acápite de ANALISIS DE DESCARGOS de la Resolución 

Determinativa en la página 32, refiere: Por lo mencionado anteriormente con respecto a la vinculación de la compra con la actividad gravada y la presentación de documentación, destino de la compra y su utilización en su actividad gravada, de los 4 vehículos identificados del contribuyente, solo dos vehículos con placas 2873 ESE y 1224 YTC cuentan con documentación: uno con RUAT y el otro con poder privado respectivamente, de los otros dos vehículos con placas 1731 NCU y 631 BTZ no cuentan con ninguna documentación para poder verificar la vinculación, por lo tanto las facturas con concepto de repuestos de vehículos no cuentan con la documentación suficiente para determinar que repuestos fueron utilizados para el uso en los vehículos que si están vinculados con la actividad, incumpliendo con lo establecido en el Artículo 8 de la Ley 843, el Numeral 5 y 6 del Artículo 70° de la Ley N° 2492

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IR 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Eslado Piurinacional de Bolivia 

En cuanto se refiere a las Facturas no dosificadas y no declaradas por el proveedor y Compras sin respaldo de la efectiva realización de la transacción, se advierte que la Resolución Determinativa No 172020000720 (SIN/GDLPZ I/DJCC/UTJ/RD/105/2020) de 5 de junio de 2020, en el primera parte considerativa, se incluye una relación de los hechos que acontecieron en el presente caso relacionados al proceso de iniciado con la Orden de Fiscalización, en el que se habría detectado incumplimiento de las obligaciones tributarias, basadas en la información declarada por el contribuyente a través de su Libro de Compras IVA, notas fiscales de respaldo al débito y crédito fiscal, comprobantes contables de ingreso y egreso, estados financieros, kardex de inventarios, medios fehacientes de pago, documentos de propiedad de vehículos, lo que generó la depuración del crédito fiscal apropiado por el contribuyente de acuerdo a las observaciones signadas con los numerales 1 hasta 8 descritas en las páginas 10-17 de la Resolución Determinativa antes citada. 

De la misma manera, el acto impugnado refiere: 16) Facturas no dosificadas y no declaradas por el proveedor.- De la revisión efectuada a través del sistema SIRAT 2 Módulo Çauss, se observa que las facturas no se encuentran dosificadas y no fueron declaradas por los proveedores, constituyendo un elemento para respaldar, por lo que dada la situación se considera que la transacción no fue realizada efectivamente”, de la misma manera señala: (7) Compras sin respaldo de la efectiva realización de la transacción.- El contribuyente realizó la presentación únicamente de las facturas y no se encuentran respaldadas con otros documentos que demuestren la materialidad de la transacción como ser: registros auxiliares, pagos proveedores mediante medios fehacientes de pago u otra aclaración, medio de transporte para el material de construcción llevado hasta el lugar donde se desarrolla dichas construcciones, hojas de ruta, pago de peajes, contratos con proveedores, tarjetas de control de ingreso y salida de materiales y otros documentos que demuestren la realización efectiva de la transacción (…) por tanto la información presentada es insuficiente para demostrar que las transacciones son vinculadas a la actividad gravada y que estas se hayan realizado efectivamente y no corresponde la validez del IVA” 

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En el acápite DETERMINACIÓN DEL TRIBUTO OMITIDO POR CONCEPTO DE 

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Jan Carlos Gumán Ruiz 

CREDITO FISCAL IVA se advierte la fundamentación de la decisión asumida por la Administración Tributaria, estableciendo lo siguiente: “Luego de efectuada la revisión y procedimientos para establecer el tributo omitido por concepto de Crédito Fiscal 

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9001 IBNORCA 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

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MVA se determinó un total Bs93.847.– que corresponde al tributo omitido de acuerdo a normativa vigente, tal como se detalla a continuación (…) Por tanto se establece una base imponible de Bs721.895.- y determinando un tributo omitido sobre base cierta por facturas no vinculadas a la actividad gravada, inexistencia de la materialidad de la transacción y errores de registro (...) conforme la normativa legal vigente, artículo 8 de la Ley 843, que establece (…) DS 21530 Artículo 8 es aquel originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por este gravamen (…) Por tanto, efectuada la revisión de los ingresos gravados por el impuesto al Valor agregado así como los gastos efectuados por el contribuyente por los periodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2013 y enero, febrero, marzo de 2014, se establece un tributo omitido sobre base cierta (...) conforme los Art. 2o, 3o, 4o, 5o, 7o, , 12″, 15° de la Ley 843 y Art. , 8°, 12° del DS 21530. 

En el contexto antes referido, se establece que el acto administrativo impugnado se encuentra motivado, toda vez que contiene la relación circunstanciada de los hechos que dieron lugar a la depuración de crédito fiscal respecto de las facturas correspondientes a los vehículos con placa Nos. 1731 NCU y 631 BTZ, de las facturas por compra de repuestos y de las notas fiscales no dosificadas por la Administración Tributaria y no declaradas por el proveedor y Compras sin respaldo de la efectiva realización de la transacción; es decir, existe en la decisión del ente fiscal su propio razonamiento lógicojurídico que se encuentra plasmada en la Resolución Determinativa impugnada, acto administrativo que cuenta con la debida fundamentación, toda vez que cita los preceptos legales sustantivos y adjetivos por los cuales determinó como Administración Tributaria la depuración del crédito fiscal observado, originada en la Orden de Fiscalización iniciada al sujeto pasivo, evidenciando el nexo entre lo constatado y el reparo determinado en cumplimiento a los requisitos previstos en los incisos b) y e) del artículo 28 la Ley 2341, en cuanto a los elementos esenciales de causa y fundamento de los actos administrativos, que constituye un elemento inherente a la garantía del debido proceso, previsto en los artículos 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado y 68 numeral 6 de la Ley 2492; asimismo, se advierte que la Administración Tributaria permitió al ahora recurrente hacer uso de su derecho a la defensa, en respaldo de sus intereses, por lo que no se advierte vulneración al principio de buena fe, establecido en el artículo 69 de la Ley 2492

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AUTORIDAD BE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Consecuentemente, toda vez que el parágrafo II del artículo 36 de la Ley 2341, prevé la nulidad de un acto administrativo únicamente cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados; siendo que dicha causal-no.concurre en el presente caso, al haberse evidenciado que la Resolución Determinativa No -172020000720 (SIN/GDLPZ I/DJCC/UTJ/RD/105/2020), contiene una motivación y fundamentación que expone las razones técnico legales que motivaron la depuración del crédito fiscal de los conceptos antes referidos, consecuentemente, cumple con la fundamentación de hecho y derecho, establecida en el artículo 99-11 de la Ley: 2492, por tanto corresponde desestimar el vicio de nulidad invocado por el recurrente: 

– 

– 

– 

– 

Continuando con el análisis, en ahora recurrente manifiesta que el acto impugnado incumple lo dispuesto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ- 0795/2019, toda vez que aún persisten las observaciones que debieron ser subsanadas; refiere que la principal observación fue la falta de uniformidad y la ambigüedad de las razones por las que se depuró las facturas por compra combustible, aspecto que no fue subsanado toda vez que aún existen contradicciones en los motivos por los cuales fueron depuradas, al observar que no existen vehículos activados en los Estados Financieros y por tanto no correspondería la apropiación del crédito fiscal; sin embargo, una vez presentados los documentos de titularidad de los vehículos con placa Nos. 2873 ESE y 1224 YTC el crédito fiscal fue validado al haberse demostrado el derecho propietario; empero, persistiría la observación de que los vehículos con placa Nos. 1731 NCU y 631 BTZ, no se encuentran registrados en los Estados Financieros; situación que lleva a confusión, ya que si fuera este el caso, tanto las facturas de los vehículos con placa Nos. 2573 ESE y 1224 YTC así como las notas fiscales de los vehículos con placa Nos. 1731 NCU y 631 BTZ debieron ser depuradas, al no encontrarse registradas en los Estados Financieros; por tanto, se evidencia que las observaciones realizadas por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, no fueron atendidas, lesionando de este modo el derecho a la defensa y el debido proceso, al efecto cita los incisos c), g), h) yj) del artículo 4 de la Ley 2341. 

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En relación a las facturas Nos. 75, 78 del proveedor Marco Antonio Zenteno Matías, el Ente Fiscal tenia la obligación de valorar apropiadamente la documentación presentada y justificar la validez probatoria de las mismas, hecho que no sucedió y tras haber verificado el domicilio del proveedor y este al no ser habido, llegó a la 

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Juan Carlos Guz ián Ruiz 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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conclusión que las transacciones no fueron realizadas, lo cual es inadmisible considerando que resulta subjetivo arribar a la conclusión que el domicilio declarado por el proveedor no posee características para actividades comerciales y peor aún no justificó las razones para aprobar o desestimar la misma, incumpliendo lo determinado por la Autoridad General de Impugnación Tributaria. En cuanto a las facturas Nos. 692 y 705 del proveedor Julio Calle Flores, no se aclara la razón por la que se depuran dichas facturas, considerando que es la propia administración es la que señala que fue el proveedor quien no reportó dichas notas fiscales en su Libro de Ventas; en tal sentido, se tiene que dicha responsabilidad es únicamente atribuible al proveedor y de ninguna negra puede ser imputada al ahora recurrente; asimismo, el Ente Fiscal no justificó el motivo por el cual se exigió la presentación de medios de fehacientes de pago, que solo se exige a operaciones que superan Bs50.000.-, lo que demuestra que el Ente fiscal no atendió las recomendaciones establecidas por la instancia jerárquica. 

Por otra parte, no existe pronunciamiento respecto a que en la determinación determinar la utilidad neta debe considerarse todos los gastos erogados para la obtención de la utilidad, es decir, las facturas de compras depuradas de que estas cumplan con los requisitos de validez, debieron ser consideradas para el IVE, ya que dichos gastos fueron efectivamente utilizados para el desarrollo de la actividad hecho que ocasiona vulneración al derecho a la defensa, además de incumplir las observaciones realizadas por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0795/2019. 

En relación al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, el Ente Fiscal de forma 

arbitraria señala que para la valuación de los inventarios y su efecto en el costo de 

ventas, el ahora recurrente habría utilizado el método periódico, lo cual no es cierto y no posee asidero legal en hechos probados, toda vez que de la revisión del acto impugnado, los papeles de trabajo y el informe de auditoría externa presentado no existe ningún acápite que señale que el recurrente habría utilizado tal método para el manejo de los inventarios. 

La Administración Tributaria, en su memorial de respuesta manifiesta que en cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 0795/2019 de 22 de julio de 2019, en la Resolución Determinativa ahora impugnada mediante cuadro se encuentran detalladas las observaciones signadas bajo los 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinaclonal de Bolivia 

numerales 1 al 8; para la apropiación correcta del crédito fiscal deben concurrir requisitos establecidos por Ley, al efecto se solicitó al sujeto pasivo presentar el inventario de activos fijos a fin de conocer si los vehículos con placas Nos. 2873 ESE, 1224 YTC, 1731 NCU y 631 BZT,-se encuentren registrados como activos fijos de la empresa unipersonal del recurrente, siendo este requisito se constituye el principal, más no el único para determinar la correcta apropiación del crédito fiscal. En ausencia de dicho requisito, se solicitó documentos que acrediten el derecho propietario de los vehículos, evidenciándose que no todos eran de propiedad del contribuyente

Mediante un cuadro expuesto en la Resolución Determinativa impugnada se tiene que los vehículos con placa Nos. 2873 ESE y 1224 YTC cuentan con documento de propiedad, mientras que los vehículos con placa Nos. 1731 NCU y 631 BZT no cuentan con ningún respaldo que acredite su propiedad; no obstante, se debe considerar que ninguno de los vehículos se encuentran activados en los activos fijos de la empresa unipersonal, en consecuencia, el crédito fiscal de las facturas no puede ser válido para la apropiación de crédito fiscal; en tal sentido, las explicaciones expuestas en los actos admiņistrativos son bastante claras y precisas, por tanto no se advierten contradicciones como refiere el recurrente. 

– 

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Agrega que según el recurrente, no se habría dado cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0795/2019; sin embargo, se evidencia que en la vista de Cargo y el ahora acto impugnado, existe una clara y bien fundamentada explicación en relación a la depuración de las facturas por compra de combustible de los vehículos que no fueron activados como activos fijos de la empresa unipersonal y que tampoco son de propiedad del recurrente, por tanto se dio cumplimiento a lo dispuesto por la instancia jerárquica; añade que según lo manifestado por el recurrente, se habría vulnerado su derecho a la defensa y el debido proceso; empero, estos aspectos no son evidentes, ya que carecen de razones reales parea su relevancia, en tal sentido se ve por conveniente no dar mayor respuesta a las mismas, puesto que el recurrente no identifica de manera real y cuantificable como se habría vulnerado dichos principios, lo que imposibilita dar una respuesta coherente a las mismas; al respecto, corresponde el siguiente análisis

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De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 171820001658 (SIN/GDLPZ 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarann) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (5912) 2412613.-2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

I/DJCC/TU/RD/246/2018) de 17 de agosto de 2018, determinando de oficio las obligaciones impositivas determinadas sobre base cierta de Víctor Justino Apaza Callisaya en la suma de 256.754 UFVs, importe que incluye tributo omitido, actualización e intereses, resultante de la verificación de ciertas transacciones, hechos 

o elementos específicos relacionados con e

IVA, IT-Retenciones, IUE, IUE 

Retenciones, correspondiente a la gestión fiscal con cierre a marzo 2014; asimismo, sancionó con la Multa por Omisión de Pago del 100% conforme lo dispuesto por el artículo 165 de la Ley 2492, cuyo importe alcanza a la suma de 214.618 UFV’S

Víctor Justino Apaza Callisaya, mediante memorial presentado el 17 de septiembre de 2018, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa No 171820001658 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/TJ/RD/246/2018) de 17 de agosto de 2018, cuya tramitación concluyó con la Resolución del Recurso de Alzada ARITLPZ/RA 0593/2019 de 6 de mayo de 2019, que resolvió: “ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la vista de Cargo N° 291820000333 (SIN/GDLPZ I/DF/FVE-I/VC/332/2018) de 24 de mayo de 2018, inclusive, consecuentemente, la Administración Tributaria debe emitir un nuevo acto administrativo preliminar contra Victor Justino Apaza Callisaya, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos, actos y elementos de prueba que fundamenten los cargos de conformidad a los artículos 96-1 de la Ley 2492 y 18 del DS 27310“, acto notificado a las partes el 8 de mayo de 2019. 

La Administración Tributaria, interpuso Recurso Jerárquico contra Recurso de Alzada ARITLPZ/RA 0593/2019, trámite que concluyó con la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0795/2019 de 22 de julio de 2019, que resolvió: CONFIRMAR la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZRA 0593/2019 de 6 de mayo de 2019, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Victor Justino Apaza Callisaya, contra la Gerencia distrital La Paz / del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); que anuló obrados con reposición hasta la vista de Cargo N° 291820000333 de 24 de mayo de 2018, a objeto de que la citada Administración Tributaria emita un nuevo acto preliminar tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos, actos y elementos de prueba que fundamenten los cargos, conforme los artículos 96, Parágrafo I del CTB; y su reglamento; todo de conformidad a lo previsto en el Artículo 212, Parágrafo I, Inciso 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Eslado Plurinaclonal de Bolivia 

  1. b) del mencionado Código”, acto notificado a la Administración Aduanera el 26 de julio de 2019

Conforme lo relacionado-y-toda-vez que el recurrente expone como agravio el incumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0795/2019 de 22 de julio de 2019, :esta Instancia de Alzada procederá a verificar si el nuevo acto adăinistrativo que ahora es impugnado, cumplió o no con lo dispuesto por la Instancia Jerárquica; en ese entendido, se tiene lo siguiente: 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ:0795/2019 de 22 deljūlio de 2019 

T : (Fojas 1820-1830 de antecedentes administrativos

.

– 

– 

xiv. De lo anterior se advierte que la Administración Tributarla observó las factura correspondientes a la compra de diésel relacionadas al vehículo con Placa Control 1224YTC, señalando la ausencia de registro de los vehículos en los estado financieros; no obstante, valorando los descargos presentados validó las factura correspondientes al vehículo con Placa-de, Control 2873 ESE debido a que contribuyente presentó el Certificado de Registro de Propiedad registrado en RUAT, que demostró la propiedad, en tanto que desestimó, la prueba correspondiente al vehículo con Placa de Control 1224 YTC, consistente en Fotocopias de DUI, Certificado de Registro de Propiedad de Vehículo Automotor Testimonio de Poder No 196/2012 y Certificado de Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT2015), argumentando que dicha documentación no surte efecto probatorio por no haberse activado el vehículo como parto del activo fijo de su balance general, resultando diferente el análisis que efectuó para cada uno de los vehiculos señalados, puesto que validó el crédito fiscal de las facturas correspondientes al vehículo con Placa de Control 2873 EŞE por contar con registro propietario; en tanto que en relación al vehículo con Placa de Control 1224 YTC las depuró por no formar parte de los activos fijos del balance general y si bien observó que tampoco contaba con registro propietario, empero únicamente en el Recurso Jerárquico explicó que el vehículo le correspondería a Margarita Calle Mamani cuando este aspecto no formó parte de la Resolución Determinativa. 

xv.Lo salado, se traduce en una falta de fundamentación respecto a la observación de las facturas por concepto de combustible, resultando ambigua, pues no, indica con precisión y de forma uniforme las causas que motivaron la depuración de dichas facturas, impidiendo que el Sujeto Pasivo, en conocimiento cierto de la observación, asuma una adecuada defensa, conforme prevé el Artículo 68, Numerales 6 y 7 del CTB; además, el argumento expuesto, solo en el Recurso Jerárquico, no suple la ausencia de fundamentación advertida, consecuentemente, corresponde *confirmar en este punto la decisión’de laAlzada

xvi. En cuanto a la observación de las; Facturas. Nos. 75, 78, 692 y 705, de la revisión de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa se advierte que según el Cuadro: “CÉDULA DE ANÁLISIS, REVISION Y VALIDACIÓN DE COMPRAS” (fs. 1422-1426 y 1535-1539 de antecedentes administrativos, c.8), las Facturas. Nos 75 y 78 fueron observadas con el Código: 4) Revisado el sistema ŞIRAT 2 se verificó que el proveedor no tiene entre sus ventas la factura de compra, es decir que, la Administración Tributaria no refutó la documentación que el Sujeto Pasivo presento como descargo, sino que se limitó a observar que el proveedor no declaró las facturas, lo que vulnera el derecho a la Defensa puesto que si bien conforme el Artículo 70, Numerales 4 y 5 del CTB, es deber del Contribuyente respaldar sus operaciones gravadas y demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan, no obstante, la Administración Tributaria tiene la obligación de tener en cuenta las pruebas presentadas en la Resolución Determinativa, emitiendo pronunciamiento fundamentado sobre su aceptación o rechazo, de acõerdo con lo establecido en el Artículo 68, Numeral 7 del citado Código. 

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xvii. Del mismo modo en relación a las facturas Nos. 692 y 705 emitidas por Bs8.000 y B$16.000 respectivamente, se tiene que fueron observadas con el Código: 7) “Compras que no se encuentran respaldadas con medios fehacientes de pago, asimismo se observa que los proveedores no declaran o declaran importes inferiores en sus Declaraciones Juradas F-200 NVA. Por tanto dichas facturas no son válidas para Crédito Fiscal IVA evidenciándose que la Administración Tributaria nuevamente incurre en vulneración del derecho a la Defensa del Sujeto Pasivo, ya que para la depuración considera la omisión o la incompleta declaración del Impuesto por parte del proveedor, además de extrañar la presentación de los medios fehacientes de pago, sin explicar por qué en el presente caso, corresponde cumplir con una obligación aplicable a operaciones por importes iguales o mayores a Bs50.000. conforme prevé el Articulo 37. del Decreto Supremo N° 27310 Reglamento al Código Tributarlo Boliviano (RCTB), modificado por la Disposición Final Cuarta del Decreto Supremo N° 772 y la Resolución Normativa de Directorio (RND) NO 10-0011-11, de 20 de mayo de 2011. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvísa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (5912) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

xxi. Asimismo, cabe señalar que el contribuyente, el 28 de junio de 2018, presentó descargos a la vista de Cargo, indicando entre otros aspectos: De la normativa citada, se evidencia que para así determinar la utilidad Neta de la gestión debe considerarse todos los gastos que hayan sido erogados para la obtención de la utilidad, es decir que las facturas de compras depuradas por su instancia administrativa dentro del proceso de fiscalización debieron ser consideradas para el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, ya que dichos gastos fueron efectivamente utilizados para desarrollar mi actividad, por lo que no considerar estos gastos, transgrede de igual modo el principio de verdad material (…) es deber de la administración tributaria verificar mediante todos los medios posibles si realmente fueron erogados dichos gastos (...) (ts. 1454 vta. de antecedentes administrativos, c8); no obstante, la Administración Tributaria, en cuanto a la determinación del IVE, se limitó a indicar en la Resolución Determinativa: “(...) al respecto el contribuyente no presentó documentación que demuestre lo contrario, ratificándose el reparo establecido (...)” (fs. 1571 de antecedentes administrativos, c8), aspecto que incide en la falta de pronunciamiento y fundamentación respecto a los argumentos formulados y vulnera el Artículo 68, Numeral 7 del CTB, correspondiendo en este punto confirmar la decisión de la ARIT. 

xxii. Del mismo modo, en cuanto a la Cuenta Costo de Material de Construcción, de la revisión del cuadro: “DETERMINACIÓN DEL QUE A FAVOR DEL FISCOexpuesto en la vista de Cargo (fs. 1432 de antecedentes administrativos, C8) se tiene que en el rubro “EGRESOS” se refleja la Cuenta “Costo de Material de Construcción” con el importe declarado por el contribuyente y lo determinado según fiscalización, cuyo ajuste tampoco fue explicado ni en la vista de Cargo ni en la Resolución Determinativa y si bien la Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico, indica que dicho cálculo se encuentra expuesto en el Papel de Trabajo “Calculo del Costo de Materiales de Construcción, no existe evidencia de que el mismo hubiera sido puesto en conocimiento del contribuyente, por lo que es evidente la falta de fundamentación de la observación a la Cuenta Costo de Material de Construcción, tal como advirtió la ARIT, correspondiendo confirmar su decisión en este punto. (...

Bajo el contexto anterior y de la lectura del nuevo acto definitivo, emitido por efecto de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0795/2019 de 22 de julio de 2019, se advierte lo siguiente: 

Resolución DeterminativaN 1720200007207SINGDLPZ UDJCCIUTJ/RD/105/2020) de 5 de junio de 2020

(Fojás 2109 2164 de antecedentes administrativos) 

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.. 

Que, en fecha 31 de enero de 2020, el contribuyente APAZA CALL/SAYA VICTOR JUSTINO (…) presentó pruebas de descargo a la Vista de Cargo N° 291920001605 con CITE: SIN/GDLPZ 1DF/UFENC/16/2019 de 30 de diciembre de 2019, los mismos que señalan: 

  1. a) Facturas por consumo de combustible (…) ANALIS DE DESCARGOS Corresponde aclarar al contribuyente sobre los vehículos con placas 2873 ESE y 1224 YTC, las mismas cumplen con los requisitos que especifica el Parágrafo I del artículo 41o de la RND N° 10-001607 (...

Asimismo el contribuyente demostró la vinculación de la compra con la actividad gravada, cumplimiento lo establecido en la Ley N° 843, Art. 8 inciso a) que seriala (...) Presentando documentación, fundamentación del destino de la compra y de su utilización en su actividad gravada, consistente en: 

-Para el vehículo con placa 2873ESE presentó fotocopia del Certificado de Propiedad – Vehiculo Automotor (CRPVA), a nombre del contribuyente propietario VICTOR JUSTINO APAZA CALL/SAYA. Para el vehículo con placa 1224YTC presentó la DUI C22130, Fotocopia del Certificado de Propiedad del Vehículo, certificado de SOAT 2015 y Poder Notarial N° 196/2012 de la Señora MARGARITA CALLE DE CONDE en Favor del contribuyente Sr, VICTOR JUSTINO APAZA CALLISAYA. 

Del mismo modo el contribuyente cumplió con lo establecido en el Numeral 5 del Artículo 70% de la Ley N° 2492, que establece como obligación del sujeto pasivo ...Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le corresponden...el Numeral 6 del artículo 70o de la Ley N° 2492, que establece como obligación del sujeto pasivo: ...Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria…, por lo que corresponde el cómputo del crédito fiscal

  1. d) Cruce de información, Facturas no dosificadas y no declaradas por el proveedor, (...) ANALIS DE DESCARGOS Al no existir otra documentación adicional a las facturas presentadas por el contribuyente, la Administración Tributaria en sus facultades de control, comprobación, verificación e investigación, se procedió a indagar las compras realizadas de las facturas que cuentan con las observaciones (4), (6) y (7) en la CÉDULA DE ANALISIS 

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AUTORIDAD DE THPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bollvia 

Y REVISION DE COMPRAS consignadas en las páginas 11, 12 y 13 de la Vista de Cargo N° 291920001605 con CITE: SIN/GDLPZ I/DF/UFENC/16/2019 de fecha 30/12/2019, de la revisión y verificación efectuada se determinó que el contribuyente reporta compras a los siguientes proveedores, mismos que son sujetos a evaluación e indagación tal como se muestra a continuación: (...

Ob

Razón social 

Detalle 

del – facturas 

Revisión del Libro de Ventas 

Revisión de 

las Declaracione

Juradas 

Revisión de las compras del Proveedor 

Revisión de Reporte lo que le vendieron en 

el sistema 

SIRA

Revisión de las importaciones del 

Proveedor 

Julio Calle Flore

Facturas N° 705 y 

692 

No reporta la factura como 

venta realizada en su libro de venta

Durante el 

periodo indicado en las 

fechas de las facturas (agosto y septiembre) el 

proveedor declarada el F 

200 en cero 

El proveedor no reporta compras relacionadas a 

material de 

construcción, debido a que no es 

fabricante o productor, lo cual 

da a lugar a aseverar que no tiene mercaderia disponible para la 

venta. 

No tiene 

compras. reportadas por sus proveedores 

vinculados a materiales de construcción 

Al no tener compras, se revis

si tiene importaciones, como resultado se 

evidenció que no tiene importaciones 

realizadas en ninguna gestión a 

la fecha 

Marcos 

Facturas Antonio 

IN 75 y Zenteno Matias 

Reporta ventas en el 

mes de diciembre, sin embargo en el mismo 

no se encuentran las facturas 

75 y 78. 

| Tiene declaración jurada en el 

mes de diciembre 

Debido a que las ventas realizadas son en el mes d

diciembre, el proveedor debe tener Mercaderi pla disponible para su venta, sin embarg

no tiene presentaciones 

anteriores a diciembre 2013, es decir no tiene 

mercadería disponible para su 

venta. 

No tiene 

compras reportadas por Sus proveedores 

vinculados a materiales de construcción. 

Al no tener compras, se reviso 

si tiene importaciones, como resultado s

evidenció que no tiene importaciones 

realizadas en ninguna gestión a 

la fecha 

— 

… 

  1. Verificada la consulta de padrón, el proveedor ZENTENO MATIAS MARCO ANTONIO con NIT 5961784016 con ‘estado inactivo Automático a la fecha, ‘se procedió a realizar la verificación,-indagación al domicilio declarado en fecha 13/12/2019, al respecto nos entrevistamos con la propietaria del domicilio ubicado en el pasaje 4 (callejón 4) N° 1095 Zona: Santiago 1, la Sra. Sandra Arancibia misma que indica el Sr. Zenteno Matias Marco Antonio no ocupó el lugar ni como domicilio habitual, ni tampoco como fiscal e indica que no lo conoce, declaración concordante dado que las características del domicilio verificado no es zona comercial ni para actividades de ferretería, firmando así la respectiva Acta de verificación. Por tanto, se constituye en otro elemento para aseverar la inexistencia de la efectiva realización de la transacción. 

Por lo descrito anteriormente, constituyen elementos adicionales para aseverar la no existencia de la efectiva realización de la transacción, por lo que se establece la inexistencia de la transacción de acuerdo a lo que señala el inciso b) Parágrafo II del Artículo 8o de la Ley 2492 y el Artículo 4 o de la Ley 843

  1. 2. Sobre el impuesto a la Utilidad de Empresas (UE) ANALIS DE DESCARGOS Respecto a gastos de operación son gastos no vinculados con la actividad gravada como ser: Compras de combustible de vehículos sin evidencia de la propiedad del vehículo, compras de tarjetas para puntos VIVA, material didáctico, medicamentos y otras compras no vinculadas que se muestran a detalle en el cuadro “Cédula de análisis, revisión y validación de compras” hecho advertido en el análisis del impuesto al valor Agregado, por lo tanto tiene su incidencia en el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas contraviniendo el artículo 8o del DS No 24051 

afao 

ISO 900

Calidad 

WERPL CLIMA 

110 

en til 

POBO 

IQNet 

LIQUIDACION DEL IUE PERIODOS: Abril 2013 a Marzo 2014 (Expresado en Bolivianos) COSTOS DE CONSTRUCCIÓN 

Subtotal según | Contribuyente 

1.474.762,3

Subtotal según Fiscalización 

644.401,53 a

Costos de Material de Construcción 

4131 

Jien Carlos l’s Gunnen Ruiz 

°°

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NB/150 

9001 IBNORCA Semde Geta 

obchod GothctN7114 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

  1. a) Análisis del costo de ventas, de acuerdo a la actividad económica del contribuyente, el cual se dedica al rubro de construcciones, el contribuyente reconoce gastos por la compra de materiales de construcción, es decir la materia prima uno de los elementos principales del costo, efectuada la revisión al Costo de Ventas presentado por el contribuyente de acuerdo a requerimiento, se establece que existen inconsistencias dentro del rubro, dado que el contribuyente realizó un solo registro contable al final del periodo para la determinación del costo de ventas, es decir que utiliza el método periódico para la valuación de sus inventarios y su efecto en el costo de vonta, sin embargo el importe apropiado no cuenta con ningún registro y/o calculo auxiliar que detalle de manera clara el importe apropiado en el periodo, tampoco cuenta con respaldos acerca de los ingresos y salidas de productos para la venta (kardex) como son los materiales de construcción, ni un inventario de materia prima base para la construcción final, por tanto se procedió a realizar una revisión de las facturas de compras que inciden directamente en el costo de ventas de las cuales se realizó control cruzado a determinados proveedores al ser los más recurrentes y representativos con el fin de verificar las compras y que las mismas cumplan los requisitos de validez para su deducción de la base imponible, de esa manera se realiza la reconstrucción del costo en base al mismo método utilizado por el contribuyente (periódico) en aplicación del principio de uniformidad detallado en la norma de Contabilidad N° 1 (…) 

De lo descrito, se advierte que la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa N° 172020000720 (SIN/GDLPZ W/DJCC/UTJ/RD/105/2020) de 5 de junio de 2020, expuso sus argumentos en relación a las observaciones que efectuó la Autoridad General de Impugnación Tributaria resumidos en los siguientes acápites: Facturas por consumo de combustible; Cruce de información, facturas no dosificadas y no declaradas por el proveedor; Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas; Análisis del Costo de Ventas, mismos que serán analizados a continuación: 

De manera previa, es menester aclarar que el recurrente en su Recurso de Alzada, dentro de sus argumentos, involucra observaciones y comparaciones con las facturas por compra de combustible de los vehículos con placa Nos. 2873 ESE y 1224 YTC, respecto de las facturas relacionadas con los vehículos con placa Nos. 1731 NCU Y 631 BTZ, sin embargo, las facturas correspondientes a los vehículos con placa Nos. 1731 NCU, 631 BTZ y 2873 ESE, no fueron observados por esta Instancia Recursiva ni Jerárquica; en tal sentido, el análisis del presente acápite se circunscribe al cumplimiento o no de los dispuesto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0795/2019, solamente en referencia a las facturas por compra de combustible correspondiente al vehículo con placa No. 1224 YTC, que como se manifestó anteriormente fueron las únicas facturas observadas en Instancia de Alzada y Jerárquica. 

Efectuada la aclaración que antecede, en lo que respecta a las facturas de consumo de combustible, correspondiente al vehículo con placa 1224 YTC, el Ente Fiscal refiere que el sujeto pasivo, presentó documentación que acredita que dicho vehículo es de propiedad de Víctor Justino Apaza Callisaya, toda vez que cuenta con la DUI, fotocopia 

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LIITTI 

NITI 

AUTORIDAD DE IÚPUGNACIÓN TRIBUTAALA Estado Plurinaclonal de Bollvia 

del certificado de propiedad del vehículo, certificado SOAT y Poder Notarial N° 1986/2012 de Margarita Calle de Conde en favor de Víctor Justino Apaza Callisaya; asimismo, señala que el sujeto pasivo demostró la vinculación de la compra con la actividad gravada, cumpliendo lo establecido en el artículo 8 inciso a) de la Ley 843, a cuyo efecto valido el crédito fiscal de las facturas por consumo de combustible emitidas para la placa No 1224 YTC, aspecto que se .corrobora del cuadro CEDULA DE ANÁLISIS Y REVISION DE COMPRAS inserto en la página 10 del acto administrativo, en el cual se advierte que las facturas Nos. 118999, 3296, 9463 y 3678 por concepto de compra de combustible corresponden al vehículo con placa No 1224 YTC, fueron consideradas como válidas crédito fiscal. 

  • En lo que respecta a las Facturas no declaradas por el proveedor, se advierte que 

facturas Nos. 75 y 78, emitidas por el proveedor Marco Antonio Matias Zenterio y las facturas Nos. 705 y 692, emitidas por el proveedor Julio Calle Flores se advierte que ! la Administración Tributaria, fundamenta sus observaciones señalando que ante la inexistencia de documentación adicional a las facturas presentadas por el sujeto pasivo, efectuó la revisión de la información de los proveedores provista por el Sistema de Información para el Recaudo de la Administración Tributaria SIRAT 2 y de la revisión de la importaciones, estableció que los mencionados proveedores no tuvieron mercadería disponible para la venta, toda vez que no tienen compras reportadas por sús proveedores relacionados a materiales de construcción 

De la misma manera, sala que de la revisión de las importaciones de los mencionados proveedores, los mismos no habrían efectuado importaciones en ninguna gestión fiscal; adicionalmente, se advierte que la Administración Tributaria, mediante Acta de Verificación In Situ, adjunta a fojas 1312 de antecedentes administrativos, se constituyó en domicilio fiscal declarado por el proveedor Marco Antonio Zenteno Matías, llegando a entrevistar a Sandra Arancibia, propietaria del domicilio ubicado en el pasaje 4 (callejón 4) No 1095 Zona: Santiago I, quien indicó que el citado proveedor, no ocupó el lugar ni como domicilio habitual y que no lo conoce, firmando en constancia de lo señalado; asimismo, se advierte que en cumplimiento a la observación realizada por la instancia Jerárquica, el Ente Fiscal no observó que las transacciones debieran cumplir con la obligación de respaldar sus operaciones conforme lo dispone el artículo 37 del DS 27310, modificado por la Disposición Final Cuarta del DS 772; en ese entendido, se advierte que el Ente Fiscal, 

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afao ISO 900

Calidad 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir Jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaranl) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613.- 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

HI 

en base a documentación presentada por el recurrente, información obtenida de sus sistemas informáticos e información de terceros, actuaciones que constan en antecedentes administrativos, emitió pronunciamiento fundamentando sus observaciones, 

En relación al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, relacionado con las facturas que fueron observadas en cuanto a su deducibilidad, se tiene que de acuerdo a lo expresado por el recurrente, debieron ser consideradas en el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, ya que estos habrían sido efectivamente utilizados para desarrollar sus actividades; al respecto, se advierte que la Administración Tributaria fundamenta sus observaciones señalando que los pagos realizados por concepto de compra de combustible de vehículos, no se evidenció que sea de propiedad del recurrente, a cuyo efecto en la página 14 del acto impugnado refirió: “Por otro lado tampoco se cuenta con ninguna documentación adicional que demuestre la pr de los vehículos con placas 1731 NCU y 631 BZT (…) por tanto las mismas no se encuentran vinculadas con la actividad gravada del contribuyente y no puede ser computable ser computable para beneficio de crédito fiscal”

Del mismo modo, en la página 23 refiere: b) Análisis del rubro gastos de operación, efectuada la revisión al rubro gastos operativos en base a la revisión de respaldos detallado en la Cédula de Análisis (…) se determinó un total de (…) correspondiente a compras netas por concepto de diversos gastos operativos mismos que difieren con el importe declarado por el contribuyente ya que el mismo incluye dentro del rubro gastos de operación gastos no vinculados con la actividad gravada como ser: compras de combustible de vehículos sin evidencia de la propiedad del vehículo, compras de tarjetas para puntos VIVA, material didáctico (…) por lo tanto tiene su incidencia en el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas contraviniendo el artículo 8 del DS 24051 (…) por tanto se toma en cuenta para la correcta presentación del rubro gastos de operación solamente los gastos vinculados con la actividad gravada (…); en ese entendido, se advierte que el Ente Fiscal, estableció en el acto impugnado los motivos por los que los descargos presentados por el ahora recurrente no desvirtúan las observaciones a los gastos no vinculados con la actividad gravada en la determinación 

del IUE. 

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AUTORIDAD DE HPUGNACIÓN TAJDUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

En relación al rubro Costo de Ventas, se advierte que en las paginas 20-22 de la Resolución Determinativa ahora impugnada, el Ente Fiscal expresa el análisis respecto de la cuenta Costo de Material de Construcción, misma que es parte integrante del rubro Costo de Ventas, señalando que el contribuyente solo realizó un registro al final del periodo en la valuación de su inventario; en tales circunstancias el Ente Fiscal estableció la utilización del método del sistema periódico para determinar el costo de ventas y tomando en cuenta que el sujeto pasivo no efectuó ningún registro contable, calculo auxiliar u otro respaldo respecto de los ingresos y salidas de los productos para la venta (kardex) como son los materiales de construcción, ni un inventario de materia prima base para la construcción final; adicionalmente, en función a las facturas que inciden directamente en el costo de ventas, realizó control cruzado a determinados proveedores más recurrente y representativos con el fin de verificar que dichas compras cumplan con los requisitos de validez para su deducción de la base imponible; consecuentemente, conforme lo relacionado precedentemente, se advierte que el Ente’ Fiscal, determinó el costo de Material de Construcción en la suma de Bs644401,53 en función al inventario inicial que fue extractada de los estados financieros de la gestión 2013, proporcionado por el recurrente y las compras conforme se evidencia del cuadro expuesto en la página 22 de la Resolución Determinativa impugnada; lo anteriormente expuesto, denota que el Ente Fiscal, expone de manera fundamentada el procedimiento seguido en la reconstrucción de los inventarios y, por ende la determinación del costo de Ventas de la empresa recurrente, en base a los registros contables que proporcionó el ahora recurrente. 

– 

— 

– 

– 

Conforme, lo señalado en los párrafos precedentes, se evidencia que la Administración Tributaria, en cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución de Recurso jerárquico AGIT-RJ 0795/2019 de 22 de julio de 2019, sustanció el proceso de fiscalización en apego a las reglas del debido proceso, exponiendo sus fundamentos a objeto de respaldar sus observaciones; a cuyo efecto, validó el crédito fiscal de las facturas correspondientes al vehículo con placa No. 1224 YTC al constatar que los documentos de derecho propietario corresponde al ahora recurrente; en cuanto a las facturas Nos. 75, 78, 692 y 705 respaldo sus observaciones en base a la documentación presentada por el sujeto pasivo y la información obtenida del sistema de información provista por el SIRAT 2. 

afao ISO 900

Calidad 

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NB/ISO 

9001 IBNORCA 

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CottaN714 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaran) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (5912) 2412613.-2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

En lo que refiere a los gastos en la determinación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, respaldo su posición demostrando que los gastos por compra de vehículos no son propiedad del sujeto pasivo, compras de tarjetas Puntos VIVA, material didáctico, entre otros no corresponden a la actividad gravada del ahora recurrente y por tanto no consideradas en la determinación del IUE y finalmente 

expuso argumentos respecto al Rubro Costo de Venta que involucra la reconstrucción de los inventarios y la determinación de la cuenta Costo de Material de Construcción; lo que pone en evidencia, que la Administración Tributaria respaldo correctamente el proceso determinativo, cumpliendo con los requisitos que establecen los artículos 99 Il de la Ley 2492 y 19 del DS 27310 referidos a la fundamentación de hecho y derecho de la Resolución Determinativa impugnada, cuya determinación se respalda tanto por los papeles de trabajo elaborados por el Ente Fiscal como por los documentos e información que consta en antecedentes administrativos, desvirtuando lo argumentado por el recurrente

Por otra parte, en cuanto se refiere a las observaciones en el rubro de Gastos de Operación, específicamente de las cuentas de sueldos y salarios (mano de obra), servicios contables (honorarios profesionales), servicio celular, gastos generales, trámites Fundempresa, Servicio de refrigerio, seguros, gas licuado, material de escritorio, transporte terrestre, depreciación de muebles y enseres, mismas que se encuentran inmersas en el cálculo de la determinación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas; asimismo, en lo que se refiere a las observaciones relacionadas al Impuesto a las TransaccionesRetenciones y el Impuesto sobre las Utilidades de las EmpresasRetenciones, el recurrente no manifestó ningún argumento al respecto; consecuentemente, al no formar parte en el Recurso de Alzada, corresponde ratificar las observaciones realizadas por la Administración Tributaria

De la misma manera, respecto a la multa por incumplimiento a deberes formales, cabe señalar que de la lectura del Recurso de Alzada presentado por la ahora recurrente, se advierte que no objetó la imposición de dicha multa impuesta a través del Acta de Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No. 175347, por el importe de 500 UFV’s; en ese entendido, se tiene que la multa al no formar parte de la presente impugnación, corresponde ratificar las observaciones y la referida multa impuesta por el Ente Fiscal. 

. . 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinaclonal da Bolivia 

Conforme el análisis efectuado, la determinación de tributos se encuentra fundamentada en cuanto a la depuración de credito fiscal, gastos en la determinación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas y la valoración de descargos presentados en la vista de Cargo así como el cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución de Recurso Jerarquico; consecuentemente, corresponde confirmar la Resolución Determinativa N° 172020000720 (SIN/GDLPZ I/DJCC/UTJ/RD/105/2020) de 5 de junio de 2020, manteniendo firme y subsistente la determinación de las obligaciones impositivas del recurrente sobre base cierta por el Impuesto al Valor Agregado, impuesto a las Transacciones-Retenciones, Impuesto sobre las Utilidades de la Empresas e Impuesto sobre las Utilidades de la EmpresasRetenciones, relativo a los períodos fiscales de abril a diciembre 2013 y enero a marzo 2014, respecto a tributo omitido más intereses y sanción por omisión de pago, así como la muita de 500 UFV’s por incumplimiento a deberes formales establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° -175347. 

POR TANTO: La Disectora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título: V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894

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– 

– 

— 

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RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 172020000720 (SIN/GDLPZ 1/DJCC/UTJ/RD/105/2020) de 5 de junio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales contra Víctor Justino Apaza Callisaya; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido actualizado, intereses y sanción por omisión de pago, respecto al Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las TransaccionesRetenciones, Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas Retenciones, correspondiente a los períodos fiscales de abril a diciembre 2013 y enero a marzo 2014, así como la multa por incumplimiento a deberes formales, establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 175347

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Calidad CERVICATION 

219 

Juin Carlos Gulin Ruiz) 

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9001 IBNORCA Sistema de Gestión 

de la callad CataN77114 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (5912) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

Gonzako le Merikes Lópti 

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

SA 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Lourdesana A 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

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Lic. Cecilia Velez Dorad

Directora Ejecutiva Regional 

  • Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Regional de Impugnación 

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RCVD/jcgrirms/lavm/gjml/vqr 

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