ARIT-LPZ-RA-0864-2019 Auto Administrativo revocado parcialmente. La facultad de ejecución de deuda tributaria y ejecución de sanción quedan prescritas; sin embargo, se mantiene firme el rechazo de nulidad planteado por la contribuyente. Respecto a la nulidad, la contribuyente alega que el RUC sobre el cual recae la deuda tributaria habría sido obtenido utilizándose documentos falsificados, pero no existe a la fecha una sentencia judicial ejecutoriada que confirme la existencia del delito.

ARIT-LPZ-RA-0864-2019

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0864/2019 

Recurrente: 

Mónica Jhuliet Mendoza Guzmán 

Administración Recurrida: 

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos – Nacionales, legalmente representada por Iván Arancibia Zegarra

Acto Impugnado: 

Auto Administrativo N° 391920000036 (SIN/GDLPZ-I/DJCCIUCCIAUTA/00024/2019) 

Expediente: 

ARIT-LPZ-0414/2019 

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Lugar y Fecha: 

La Paz, 29 de julio de 2019 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe. Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 0864/2019 de 25 de julio de 2019, emitido por la Sub. Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente:

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  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO EI Auto Administrativo N° 3 91920000036 (SIN/GDLPZ I/DJCC/UCCIAUTA/00024/2019) de 28 de febrero de 2019, emitido por la Gerencia Distrital La Pazi del Servicio de Impuestos Nacionales resolvió rechazar las solicitudes de nulidad planteada por Mónica Jhuliet Mendoza Guzmán así como la prescripción de las facultades de ejecución de la deuda tributaria y de la sanción contenida en la Resolución Determinativa N°:30457525 de 11 de septiembre de 2006, disponiendo proseguir con la ejecución tributaria anunciada mediante Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 20-0048/07 de 26 de enero de 2007, de conformidad a lo establecido en los artículos 59 y siguientes de la Ley 2492.

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní)

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA II.1. Argumentos del Recurrente Mónica Jhuliet Mendoza Guzmán, mediante nota presentada el 22 de abril de 2019, cursante a fojas 8-20 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 10 de mayo de 2001, dio de baja su RUC; sin embargo, el 17 de octubre de 2002, personas inescrupulosas tramitaron su inscripción al régimen general en base a documentos falsificados, siendo que hasta la fecha no fueron encontrados los autores de dicho delito.

La Vista de Cargo N° de Orden 2029839626 de 23 de mayo de 2006; la Resolución Determinativa N° de Orden 30457525 de 11 de septiembre de 2006, el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GDLP-DJTCC-UCC-P/TET-20-0048/07 de 26 de enero de 2007 y las medidas de ejecución tributaria son nulos, toda vez que se basan en el

RUC 8683794 el cual fue obtenido empleando instrumentos falsificados conforme se

evidencia de los informes periciales cursantes en antecedentes administrativos, los

cuales establecen que las firmas y los documentos utilizados para la obtención del

referido RUC son falsos; consecuentemente, corresponde la nulidad de los documentos que inserten en su contenido el RUC 8683794 por tratarse de documentos falsos.

La Administración Tributaria de forma errada considera a los documentos falsos para la obtención del RUC como actos administrativos bajo presunción de legitimidad, toda vez que no existen elementos para considerar que la Administración Tributaria sea la responsable de la falsificación de dichos documentos, toda vez que se trata de un

delito penal de uso de instrumento falsificado del cual fueron víctimas y que se

***

**

encuentra plenamente probado mediante estudios grafotécnicos realizados por el Instituto de Investigaciones Forenses, los que señalan que las firmas en los .

documentos utilizados para la obtención del RUC son falsos. Señala también que en ! materia penal no se pudo identificar a los responsables de la falsificación, siendo una

condición de imposible cumplimiento; en ese entendido, no corresponde que la

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  • AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

Administración Tributaria exija una sentencia ejecutoriada contra los responsables cuya identidad se desconoce.

No corresponde que la Administración Tributaria continúe con la ejecución tributaria a sabiendas que tanto el contribuyente como el Ente Fiscal fueron víctimas del delito de falsificación; consecuentemente, incumplió su dëber de valorar la prueba presentada, siendo que no corresponde solicitar una sentencia ejecutoriada que es de imposible cumplimiento. Asimismo, se debe considerar la vulneración del derecho a la defensa y debido proceso, toda vez que se procedió a determinar, obligaciories en total desconocimiento de la existencia de un RUC activo habilitado a su nombre y que existía un procedimiento de determinación en casos especiales iniciado en su contra.

Cita los artículos-59 y 60 de la Ley 2492 y señala que corresponde declarar la prescripción de las facultades del Ente Fiscal para ejecutar la deuda tributaria y la sanción por omisión de pago, consignada en la Resolución Determinativa N° Orden 30457525; al efecto, invoca la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2082/2013 así como la Sentencia Constitucional-1169/2016-S3 y señala que corresponde aplicar la norma vigente a momento de producirse el hecho generador; consecuentemente, las Leyes 291, 317 y 812 que amplían el término de prescripción de manera menos favorable para el contribuyente no pueden aplicarse de forma retroactiva, aspecto que . vulnera el orden público y la seguridad jurídica, siendo que la Constitución Política del Estado establece la aplicación de una Ley posterior únicamente cuando es beneficiosa

para el contribuyente. Se debe considerar que las Sentencias Constitucionales gozan

I

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de vinculatoriedad por lo que la ratio decidendi de la mismas deben ser cumplidas.

La Administración Tributaria tiene el plazo de 4 años para ejercer su facultad de ejecución tributaria respecto a la deuda y de 2 años para la ejecución de la sanción, plazo que concluyó con anterioridad a la puesta en vigencia de las Leyes 291, 317 y 812; consecuentemente, dichas facultades se encuentran prescritas.

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El Código: Tributario no reconoce a las medidas coactivas como causales de suspensión o interrupción de la prescripción, toda vez que las mismas se encuentran reguladas por los artículos 61 y 62 de la Ley 2492. Asimismo se debe considerar que

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desde el 2007 al 2014, la Administración Tributaria no ejercito ninguna medida de ejecución; consecuentemente, sus facultades de ejecución de la deuda tributaria y la sanción se encuentran prescritas, conforme lo previsto en los artículos 59 y 60 del Código Tributario.

La Administración Tributaria no considera la vinculatoriedad de la Sentencia Constitucional 1169/2016-S3, al señalar que no tiene relación al caso por tratarse de un tema aduanero; sin embargo, ignora que las partes de una acción de Amparo Constitucional son intrascendentes, siendo importante aplicar el razonamiento jurídico que obliga a todas las autoridades a cumplir la línea del Tribunal Constitucional.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar el Auto Administrativo No 391920000036 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/UCCIAUTA/00024/2019) de 28 de febrero de 2019.

11.2. Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Mónica Jhuliet Mendoza Guzmán, fue admitido mediante Auto de 26 de abril de 2019, notificado de forma personal a la recurrente y por cédula a la Administración Tributaria el 2 y 7 de mayo de 2019, respectivamente; fojas 21-26 de obrados.

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por lyán Arancibia Zegarra conforme se acredita de la Resolución Administrativa de Presidencia No 031700001413 de 29 de septiembre de 2017, por memorial presentado el 22 de mayo de 2019, cursante a fojas 29-34 de obrados,

respondió negativamente expresando lo siguiente:

Cita los artículos 76 y 78 de la Ley 2492 y señala que la carga de la prueba le corresponde a quien pretenda hacer valer sus derechos; en ese entendido, si bien la recurrente puso en conocimiento de la Administración Tributaria el Dictamen Pericial Documentológico REG.GRAL IDIF 014547-08 de 10 de junio de 2010, dicha documentación no tiene valor probatorio, toda vez que se halla sometido a la i.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

valoración de la sana crítica del Juez encargado del proceso penal, no siendo competencia del Ente Fiscal la determinación de la falsedad o no de los documentos utilizados para la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.

La Vista de Cargo No – 2029839626, de 23 de mayo de 2006, la Resolución Determinativa N° 30457525 de 11 de septiembre de 2006, el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria GDLP-DJTCC-UCC-P/TET-20-0048/07 de 26 de enero de 2007 y las medidas de ejecución tributaria, son actos que se presumen legítimos en aplicación del artículo 65 de la Ley 2492.

No constituye facultad de la Administración Tributaria el procesamiento del delito penal por la presunta falsificación de los documentos utilizados para la inscripción al Registro Único de Contribuyentes, toda vez que las únicas facultades reconocidas se encuentran establecidas en el artículo 66 de la Ley 2492; consecuentemente, al no constituir en prueba idónea el dictamen pericial presentado por la recurrente, se tiene que los actos emitidos por el Ente Fiscal son legítimos, motivo por el que su solicitud de nulidad es inviable.

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Corresponde la aplicación supletoria del Código Civil, toda vez que la Ley 2492 adolece de vacíos respecto a las causales de prescripción en fase de ejecución tributaria, en el entendido que el artículo 61 del referido cuerpo normativo, establece únicamente causales de interrupción en etapa de determinación de la deuda tributaria,

hecho que demuestra el vacío en cuanto a la interrupción de la prescripción en fase de ejecución tributaria respecto al accionar de la Administración Tributaria en su calidad de acreedor, siendo irrefutable la aplicación supletoria del artículo 1503 parágrafo II del Código Civil; consecuentemente, las medidas coactivas efectuadas por el Ente Fiscal constituyen causales de interrupción de la facultad de ejecución tributaria ya que buscan no solo generar información acerca del patrimonio del sujeto pasivo sino que además reflejan la voluntad del acreedor de no abandonar su facultad de cobro.

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La Administración Tributaria ejercitó su derecho de acreedor de la deuda tributaria a partir de la notificación con el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria, realizando al

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efecto medidas coactivas como: solicitudes de no solvencia fiscal, anotación preventiva, retención de fondos e hipoteca legal, las cuales fueron efectuadas en las gestiones 2007, 2008, 2014 y 2019; consecuentemente, su facultad de ejecución de la deuda tributaria y de la sanción se encuentra incólume.

Para que una Sentencia Constitucional sea considerada como precedente vinculante en un determinado caso, debe versar sobre la materia y hechos similares; en ese entendido, la Sentencia Constitucional 1169/2016-S3 de 26 de octubre de 2016 trata sobre temática aduanera y no impositiva; en consecuencia, no es posible su aplicación por analogía al presente caso.

  • Debe existir un pronunciamiento solo respecto a los argumentos planteados en el : Recurso de Alzada, en aplicación del principio de congruencia, en cumplimiento de los artículos 198 inc. e) y 211 de la Ley 2492, caso contrario constituye una vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso consagrados en el artículo 115-11 de la Constitución Política del Estado; al respecto, invoca las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0790/2017 de 3 de julio de 2017 y 0135/2011 de 28 de febrero de 2011.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Auto Administrativo N° 391920000036 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/UCCIAUTA/00024/2019) de 28 de febrero de

II.4 Apertura de término probatorio y producción de prueba Mediante Auto de 23 de mayo de 2019, se dispuso la apertura del término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada en Secretaría al recurrente y a la Administración Tributaria el 29 de mayo de 2019; período dentro el cual la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante memorial presentado el 7 de junio de 2019, ratificó en calidad de prueba pre constituida los antecedentes administrativos, adjuntados a momento de responder el Recurso de Alzada; al efecto, por Proveido de 10 de junio de 2019, se dio por ratificada la prueba

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

documental señalada, actuación notificada en secretaría a las partes el 12 de junio de 2019; fojas 35-39 de obrados.

Por nota presentada el 18 de junio de 2019, la recurrente ratificó la prueba documental presentada por la Administración Tributaria a momento de responder al Recurso de Alzada; al efecto, por Proveído de 18 de junio de 2019 se dio por ratificada la prueba documental señalada en tanto cumpla con lo establecido en los artículos 81 y 217 del Código Tributario, actuación notificada en Secretaría a las partes el 19 de junio de 2019; fojas 40-42 de obrados.

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11.5. Alegatos Por nota presentada el 8 de julio de 2019, la recurrente presentó alegatos enfatizando en que la Vista de Cargo N° de orden: 2029839626 de 23 de mayo de 2006, la Resolución Determinativa N° de orden 30457525 de 11 de septiembre de 2006, el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria GDLP-DJTCC-UCC-P/TET-20-0048/07 de 26 de enero de 2007 y las medidas de ejecución tributaria son nulos, toda vez que se basan en el RUC 8683794 el cual fue obtenido empleando instrumentos falsificados, conformie se evidencia de los informes periciales cursantes en antecedentes administrativos, los cuales establecen que las firmas y los documentos utilizados para la obtención del referido RUĆ son falsos, siendo que en materia penal no se pudo e identificar a los responsables de la falsificación, en ese entendido, no corresponde que la Administración Tributaria exija una sentencia ejecutoriada contra los responsables cuya identidad se desconoce, constituyendo una condición de imposible cumplimiento. Asimismo señala que conforme los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, corresponde declarar la prescripción de las facultades del Ente Fiscal para ejecutar la deuda tributaria y la sanción por omisión de pago consignada en la Resolución Determinativa N° Orden 30457525, al efecto esta instancia Recursiva mediante Proveido de 9 de julio de 2019, dio por formulados los alegatos en conocimiento de la

afao parte contraria, actuación notificada en Secretaría a las partes el 10 de julio de 2019, fojas 48-56 de obrados.

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La Administración Tributaria, no presentó alegatos conforme lo previsto en el artículo 210 parágrafo II del Código Tributario.

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  1. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA La Vista de Cargo No. Orden 2029839623 de 23 de mayo de 2006 emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, estableció sobre base presunta la obligación impositiva de Mónica Jhuliet Mendoza Guzmán por el monto de

4.304 UFV’s que incluye tributo omitido e intereses, así como una sanción por omisión

de pago, derivado de la falta de presentación de su declaración jurada del IT correspondiente al periodo fiscal enero 2004, de conformidad a lo establecido en el artículo 44 numeral 2), 45, 97 parágrafo II de la Ley 2492 y 34 parágrafo II del DS 27310, actuación notificada de forma masiva mediante publicaciones efectuadas el 24 de mayo y 8 de junio de 2006, fojas 3-5 de antecedentes administrativos.

La Resolución Determinativa N° de Orden 30457525 de 11 de septiembre de 2006 emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales resolvió determinar sobre base presunta las obligaciones impositivas de la contribuyente Mónica Jhuliet Mendoza Guzmán, por el monto de 8.247 UFV’s que incluye tributo omitido, intereses y sanción por omisión de pago, por la falta de presentación de su declaración jurada del IT correspondiente al periodo fiscal enero 2004, de conformidad a lo establecido en el artículo 44, numeral 2, 45, 97 parágrafo II de la Ley 2492 y 34 parágrafo II del DS 27310; acto administrativo notificado de forma masiva mediante publicaciones efectuadas el 15 y 30 de septiembre de 2006, fojas 8-10 de antecedentes administrativos.

El Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GDLP-DJTCC/UCC-P/TET-20-0048/07 de 26 de enero de 2007, establece que estando firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa N° 30457525 de 11 de septiembre de 2006 y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 2492, se dio a conocer a la contribuyente Mónica Jhuliet Mendoza Guzmán el inicio de la ejecución tributaria del mencionado

título transcurrido el tercer día de su legal notificación con el señalado PIET, a partir del cual se realizarán las medidas coactivas correspondientes conforme establece .el artículo 110 de la citada Ley 2492, hasta el pago total de la deuda tributaria; acto administrativo notificado de forma masiva mediante publicaciones efectuadas el 17 y 21 de mayo de 2007; fojas 16, 19-20 de antecedentes administrativos.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

Por memorial presentado el 8 de julio de 2010, Mónica Jhuliet Mendoza Guzmán se apersonó ante la Administración Tributaria, solicitando la anulación del RUC 8683794 y se deje sin efecto el proceso de ejecución tributaria y las medidas coactivas iniciadas en su contra, ärgumentando que los documentos para la obtención del referido RUC el año 2002 son falsos, toda vez que no tuvo actividad tributaria desde la gestión 2001; al efecto, adjuntó fotocopias legalizadas del proceso de acto preparatorio seguido ante el Juzgado Tercero de Sentencia; fojas 76-191 de antecedentes administrativos. ***** .

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Mediante nota presentada a la Administración Tributaria el 9 de enero de 2019, Mónica Jhuliet Mendoza Guzmán, solicitó la nulidad de la Vista de Cargo No. Orden 2029839623, Resolución Determinativa N° Orden 30457525, Proveido de Inicio de Eejcución Tributaria GDLP-DJTCC/UCC-PIETET-20-0048/07 y las medidas de ejecución tributaria, toda vez que se basan en el RUC 8683794 que fue obtenido empleando instrumentos falsificados; asimismo, solicitó la prescripción de las acciones del Enté Fiscal para ejercer la facultad de ejecución de la deuda tributaria y la sanción contenida en la referida Resolución Determinativa, conforme lo previsto en los artículos 59 y 60 de la Ley 2492 sin modificaciones; fojas 288-296 de antecedentes administrativos.”

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La Gerencia Distrital La Paz 1.del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió el Aụto Administrativo N° 391920000036 (SIN/GDLPZ-I/DJCCIUCCIAUTA/00024/2019) de 28-2 de febrero de 2019, que resolvió rechazar la solicitud de nulidad planteada por Mónica Jhuliet Mendoza Guzmán y de prescripción de las facultades de ejecución de la deuda tributaria y de la sanción contenida en la Resolución Determinativa N° 30457525 de 11 de septiembre de 2006, disponiendo proseguir con la ejecución tributaria anunciada mediante Provėído de inicio de Ejecución Tributaria N° 20-0048/07 de 26 de enero de 2007, de conformidad a lo establecido en los artículos 59 y siguientes de la Ley 2492, actuación notificada de forma personal el 4 de abril de 2019; fojas 303-308 de antecedentes administrativos.

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  1. IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-11 de la Ley 3092, se tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Mónica Jhuliet Mendoza Guzmán en el

Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.

De inicio, se hace necesario puntualizar que en el petitorio del Recurso de Alzada, la parte recurrente solicita la revocatoria del acto administrativo impugnado; sin embargo, de la lectura del citado Recurso, se advierte que argumenta tanto aspectos de fondo como de forma, por esta razón, siendo obligación de esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitir un criterio y/o posición respecto a todos y cada uno de los planteamientos formulados, inicialmente se efectuará la revisión de la existencia o no de los vicios procesales denunciados y si los mismos se encuentran legalmente sancionados con la nulidad, sólo en caso de ser inexistentes, se ingresará al análisis de los aspectos de fondo planteados.

IV.1. ASPECTO DE FORMA 1.1.1. Nulidad del RUC La recurrente en los argumentos expuestos en su Recurso de Alzada y alegatos señala que la Vista de Cargo N° de Orden 2029839626 de 23 de mayo de 2006, la Resolución Determinativa N° de Orden 30457525 de 11 de septiembre de 2006, el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria GDLP-DJTCC-UCC-P/TET-20-0048/07 de 26 de enero de 2007 y las medidas de ejecución tributaria son nulos, toda vez que se basan en el RUC 8683794 el cual fue obtenido empleando instrumentos falsificados conforme se

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

evidencia de los informes periciales cursantes en antecedentes administrativos, los cuales establecen que las firmas y los documentos utilizados para la obtención del referido RUC son falsos:

Continua señalando que en materia penal no se pudo identificar a los responsables de la falsificación, siendo una condición de imposible cumplimiento; en ese entendido, .no corresponde que la Administración Tributaria exija una sentencia ejecutoriada contra los responsables cuya identidad se desconoce; en consecuencia, no corresponde continuar con la ejecución tributaria a sabiendàs, que tanto el contribuyente como el Ente Fiscal fueron víctimas del delito de falsificación.

La Administración Tributaria en respuesta al agravio manifestado por el recurrente señala que conforme los artículos 76 y 78 de la Ley 2492, la carga de la prueba le corresponde a quien pretenda hacer valer sus derechos; en ese entendido, si bien la recurrente puso en conocimiento de la Administración Tributaria el Dictamen Pericial Documentológico REG.GRAL IDIF 014547-08 de 10 de junio de 2010, éste no tiene valor probatorio, toda vez que se halla sometido a la valoración de la sana crítica del Juez encargado del proceso penal, no siendo competencia del Entė. Fiscal – la determinación de la falsedad o no de los documentos utilizados para la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes:

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La Vista de Cargo N° de Orden 2029839626 de 23 de mayo de 2006, la Resolución Determinativa N° de Orden 30457525 de 11 de septiembre de 2006, el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GDLP-DJTCC-UCC-P/TET-20-0048/07 de 26 de enero de 2007 y las medidas de ejecución tributaria, son actos que se presumen legítimos en aplicación del artículo 65 de la Ley 2492, no siendo facultad de la Administración Tributaria el procesamiento del delito penal por la presunta falsificación de los documentos utilizados para la obtención del RUC 8683794, toda vez que las únicas facultades reconocidas se encuentran establecidas en el artículo 66 del Código Tributario; consecuentemente, al no constituir en prueba idónea el dictamen pericial presentado por la recurrente, se tiene que los actos emitidos por la Administración Tributaria son legítimos, motivo por el que su solicitud de nulidad es inviable; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

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III 

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El artículo 197 parágrafo II del Código Tributario dispone: No competen a la Superintendencia Tributaria: a). El control de constitucionalidad; b) Las cuestiones de indole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción ordinaria; c) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración Tributaria, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones. d) Las decisiones sobre cuestiones. de competencia entre la Administración Tributaria y las jurisdicciones ordinarias o especiales, ni las relativas a conflictos de atribuciones; e) Conocer la impugnación de las normas administrativas dictadas con carácter general por la Administración Tributaria. 

De la compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración Tributaria efectuó una determinación mixta contra Mónica Jhuliet Mendoza Guzmán, a consecuencia de la falta de presentación de su declaración jurada del IT correspondiente al periodo fiscal enero 2004, en el marco del Procedimiento Determinativo para Casos Especiales previsto en el artículo 97 parágrafo II del Código

Tributario y 34 parágrafo II del DS 27310, a tal efecto emitió la Vista de Cargo No. Orden 2029839623 de 23 de mayo de 2006, estableciendo un adeudo preliminar de 4.304 UFV’s que incluye tributo omitido e intereses, así como la sanción por omisión de pago, actuación notificada de forma masiva mediante publicaciones efectuadas el 24 de mayo y 8 de junio de 2006.

De forma posterior la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa No Orden 30457525 de 11 de septiembre de 2006, que resolvió determinar sobre presunta las obligaciones impositivas de la contribuyente por 8.247 UFV’s que incluye tributo omitido, intereses y sanción por omisión de pago, acto administrativo notificado de forma masiva mediante publicaciones efectuadas el 15 y 30 de septiembre de 2006.

La Administración Tributaria emitió el Proveido de inicio de Ejecución Tributaria GDLP DJTCC/UCC-P/TET-20-0048/07 de 26 de enero de 2007, a efectos de proceder con la ejecución del adeudo establecido en la Resolución Determinativa N° 30457525 de 11 de septiembre de 2006, al constituirse en título de ejecución tributaria conforme lo previsto en el artículo 108 del Código Tributario, acto administrativo notificado de forma masiva mediante publicaciones efectuadas el 17 y 21 de mayo de 2007.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

Por memorial presentado el 8 de julio de 2010, la ahora recurrente se apersonó ante la Administración Tributaria, solicitando la anulación del RUC 8683794 y se deje sin efecto el proceso de ejecución tributaria y las medidas coactivas iniciadas en su contra, argumentando que los documentos para la obtención del referido RUC el año 2002 son falsos, toda vez que no tuvo actividad tributaria desde la gestión 2001, fecha en la que dio de baja su anterior RUC; al efecto, adjuntó fotocopias legalizadas del proceso de acto preparatorio seguido ante el Juzgado Tercero de Sentencia, dentro del cual se elaboró el Dictamen Pericial Documentalógico REG. GRAL. IDIF 014547-08 IDIF-LABCRIM-DOC 000070-010 de 10 de junio de 2010 cursante a fojas 166-180 de antecedentes administrativos, el cual estableció que la firma inserta en los documentos y formularios empleados para el trámite de empadronamiento y apertura del RUC 8683794 no pertenecen a Mónica Jhuliet Mendoza Guzmán, en cuyo respaldo solicitó a la Administración Tributaria la nulidad de dicho registro tributario y se deje sin efecto la obligaciones tributarias determinadas en su contra, aspecto que corresponde dilucidar en el presente caso ,

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  1. W.

Para la finalidad antes mencionada, es pertinente señalar que por disposición del artículo: 197 parágrafo Il inciso b) del Código Tributario, están excluidas de la competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria, las cuestiones de índole civil -… o penal atribuidas por Ley a la jurisdicción ordinaria. Asimismo el inciso c) de la precitada disposición normativa señala que tampoco competen a la Autoridad de Impugnación Tributaria las cuestiones relacionadas con actos de la Administración : Tributaria que por disposición normativa estén atribuidas a otras jurisdicciones; en ese entendido, lo señalado por la recurrente respecto a que en materia penal no se pudo .. identificar a los responsables de la falsificación de los documentos empleados para el trámite de empadronamiento y la obtención del RUC 8683794, siendo una condición de imposible cumplimiento, no corresponde ser considerada ni analizada por esta Instancia de Alzada, al no tener competencia para determinar tal hecho, aspecto que

atao genera incertidumbre respecto a la existencia o no del ilícito denunciado por la recurrente, es decir, no existe certeza jurídica respecto a los hechos que en la actualidad se encuentran sujetos de investigación en la vía penal.

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Respecto al Dictamen Pericial Documento lógico REG. GRAL. IDIF 014547-08 IDIF LABCRIM-DOC 000070-010 de 10 de junio de 2010, cursante a fojas 166-180 de antecedentes administrativos, alegado por la recurrente, corresponde señalar que si bien dicha pericia concluye que las firmas consignadas en los documentos cuestionados para el empadronamiento y obtención del RUC 8683794, no corresponden a la gráfica de Mónica Jhuliet Mendoza Guzmán; sin embargo, no se

evidencia pronunciamiento alguno por parte del Juez Tercero de Sentencia en lo

  • Penal, más aun considerando que dicho Dictamen Pericial fue remitido a conocimiento

de la referida autoridad jurisdiccional el 16 de junio de 2010 mediante CITE LAB. CRIM. No. 089/10, conforme se evidencia a fojas 189 de antecedentes administrativos; sin embargo, a la fecha no se cuenta con un fallo judicial que establezca la existencia del delito, los autores y la responsabilidad del ilícito denunciado, lo que genera incertidumbre con relación al argumento expuesto por la recurrente; no obstante, conforme se tiene dicho precedentemente, esta Instancia Recursiva no tiene competencia para emitir pronunciamiento respecto a situaciones de índole penal o de actos emitidos por la Administración Tributaria que por disposición normativa estén atribuidas a otras jurisdicciones.

Con relación al argumento expuesto por la recurrente en sentido de que la Administración Tributaria habría incumplido su deber de valorar la prueba presentada, siendo que no corresponde solicitar una Sentencia Ejecutoriada que es de imposible cumplimiento; al respecto, corresponde señalar que la Administración Tributaria en el acto administrativo impugnado valoró los descargos presentados por la ahora recurrente respecto a la nulidad del RUC 8683794 y las actuaciones administrativas emitidas durante la tramitación del procedimiento de determinación y ejecución, señalando al efecto que en tanto no exista una Sentencia Ejecutoriada que determine la falsedad aludida en la obtención del referido RUC así como la documentación y formularios utilizados en el empadronamiento, los actuados emitidos durante el procedimiento de determinación se presumen legítimos, conforme lo previsto en el artículo 65 de la Ley 2492, es decir, el Ente Fiscal emitió un pronunciamiento expreso en respuesta a las alegaciones manifestadas por la contribuyente, hecho, que denota la valoración de la prueba presentada en instancia administrativa, motivo que induce a desestimar el agravio expuesto por la recurrente.

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AUTORİDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

Con relación al argumento en el que la recurrente señala que el 10 de mayo de 2001, dio de baja su RUC; sin embargo, el 17 de octubre de 2002, personas inescrupulosas

tramitaron su inscripción al régimen general en base a documentos falsificados, corresponde señalar que conforme se tiene dicho precedentemente, en la actualidad no se tiene certeza respecto a la veracidad de las aseveraciones manifestadas por la recurrente sobre la supuesta falsificación de documentos para su inscripción ante los registros de la Administración Tributaria y la obtención del, RUC 8683794, toda vez que no existe un fallo judicial que establezca la existencia de tal, delito, los autores y la responsabilidad del ilícito denunciado, por el contrario, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que a fojas 2 cursa la Consúlta al Padrón de Contribuyentes donde claramente se señala su inscripción al Régimen General efectuada el 17 de octubre de 2002, información que permitió a la Administración Tributaria, iniciar el procedimiento determinativo en casos especiales ante la verificación de la falta de presentación de su declaración jurada correspondiente ‘al IT del periodo fiscal enero 2004; én ese contexto, los actos emitidos por la Administración Tributaria se presumen legítimos conforme lo previsto en el artículo 65 de la Ley 2492, ante la inexistencia de una sentencia Ejecutoriada que demuestre los extremos señalados por la recurrente.

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Respecto al argumento de la recurrente que versa sobre la vulneración del derecho a

la defensa y debido proceso, toda vez que se procedió a determinar- obligaciones en : total desconocimiento de la existencia de un RUC activo habilitado a su nombre y que

existía un procedimiento de determinación en casos especiales iniciado en su contra, corresponde señalar que de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración Tributaria en el presente caso, inició un procedimiento determinativo en casos especiales contra Mónica Jhuliet Mendoza Guzmán, a consecuencia de la falta de presentación de su declaración jurada correspondiente al IT del periodo fiscal enero 2004, en el marco del Procedimiento Determinativo para Casos Especiales previsto en el artículo 97 del Código Tributario, emitiendo al efecto al Vista de Cargo N° de Orden 2029839626 de 23 de mayo de 2006 y posteriormente la Resolución Determinativa N° de Orden 30457525 de 11 de septiembre de 2006; en ese contexto, habrá que enfatizar que a momento de la instauración del referido procedimiento determinativo la ahora recurrente se encontraba inscrita al régimen

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W

general, conforme se evidencia de la Consulta al Padrón de Contribuyentes cursante a fojas 2 de antecedentes administrativos.

En ese contexto, al haber aplicado la Administración Tributaria el procedimiento de

determinación emergente de los casos especiales considerados en el parágrafo II del. artículo 97 de la Ley 2492, correspondía que el Ente Fiscal notifique dichos actos de forma masiva, cumpliendo con el procedimiento de notificación previsto en el artículo 89 del referido cuerpo normativo, precepto legal que dispone que las vistas de Cargo, Resoluciones Determinativas y Resoluciones Sancionatorias emergentes del procedimiento determinativo en casos especiales establecido en el artículo 97 de la Ley 2492, la notificación se debe efectuar en órganos de prensa de circulación nacional citando a los sujetos pasivos para que en el plazo de 5 días computables a partir de la publicación se apersonen a la Administración Tributaria a efectos de su notificación y transcurrido dicho plazo sin que se hubiera apersonado el contribuyente, la Administración Tributaria efectuará una segunda y última publicación en los mismos medios dentro de los quince días posteriores a la primera, en las mismas condiciones.

Dentro del citado marco normativo y de la revisión de antecedentes administrativos se verifica que la Administración Tributaria cumplió tal procedimiento, toda vez que procedió a notificar a la ahora recurrente con la vista de Cargo No.. Orden 2029839623 de forma masiva mediante publicaciones efectuadas el 24 de mayo y 8 de junio de 2016, conforme consta a fojas 3-5 de obrados, así como la Resolución Determinativa N° de Orden 30457525 notificada de forma masiva el 15 y 30 de septiembre de 2006 según se verifica de las publicaciones cursantes a fojas 8-10 de antecedentes administrativos, lo que conlleva a establecer que cumplió con el procedimiento de notificaciones masivas previsto en el artículo 89 del Código Tributario; consecuentemente, los actos administrativos emitidos y notificados por el Ente Fiscal durante el procedimiento de determinación se encuentran dentro del marco normativo citado precedentemente, motivo por el que no se observa la vulneración del debido proceso y el derecho a la defensa de la ahora recurrente, no siendo un argumento suficiente para anular obrados por esta causa.

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IV.2. ASPECTO DE FONDO 1.2.1. Prescripción La recurrente señala en los argumentos de su Recurso de Alzada y alegatos que conforme los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, corresponde declarar la prescripción de las facultades del Ente Fiscal para ejecutar la deuda tributaria y la sanción por omisión de pagó consignada en la Resolución Determinativa N° Orden 30457525; al efecto, invoca la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ, 2082/2013 así como la Sentencia Constitucional 1169/2016-S3 y. señala que corresponde aplicar la norma vigente a momento de producirse el hecho generador; .consecuentemente, las Leyes 291, 317 y 812 que amplían el término de prescripción de manera menos favorable para el contribuyente no pueden aplicarse de forma retroactiva. .

..

.

.

Continua señalando que la Administración Tributaria tiene el plazo de 4 años para ejercer su facultad de ejecución tributaria respecto a la deuda y de 2 años para la ejecución de la sanción, siendo que el Código Tributario no reconoce a las medidas coactivas como causales de suspensión o interrupción de la prescripción, toda vez que dichas causales se encuentran expresamente reguladas en los artículos 61sy 62 de la Ley 2492. Asimismo se debe considerar que desde el año 2007 al año 2014, la Adņinistración Tributaria no ejercitó ninguna medida de.. –ejecución; conșecuentemente, sus facultades de ejecución de la deuda tributària se encuentran prescritas.

.

.

La Administración Tributaria señala que corresponde la aplicación supletoria del Código Civil, toda vez que la Ley 2492 adolece de vacíos respecto a las causales de prescripción en fase de ejecución tributaria, en el entendido que el artículo 61 del referido cuerpo normativo, establece únicamente causales de interrupción en etapa de determinación de la deuda tributaria, hecho que demuestra el vacío en cuanto a la interrupción de la prescripción en fase de ejecución tributaria respecto al accionar de la Administración Tributaria en su calidad de acreedor, siendo irrefutable la aplicación del artículo 1503 parágrafo II del Código Civil.

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Añade que ejerció su derecho de acreedor de la deuda tributaria a partir de la notificación con el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria, realizando al efecto

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medidas coactivas como: solicitudes de no solvencia fiscal, anotación preventiva, retención de fondos e hipoteca legal las cuales fueron realizadas en las gestiones 2007, 2008, 2014 y 2019; consecuentemente, su facultad de ejecución de la deuda tributaria y de la sanción se encuentra incólume; al respecto corresponde el siguiente análisis:

El artículo 59 del Código Tributario, establece: 1. Prescribirán a los cuatro.(4). años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años. 

El artículo 60 de la Ley 2492, en su parágrafo II, dispone: En el supuesto 4 del parágrafo I del artículo anterior, el término se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

El artículo 61 de la Ley 2492, en relación a las causales de interrupción de la prescripción, dispone: La prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. El artículo 108 del Código Tributario, en su parágrafo I, numeral 3, dispone: La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: 3. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada

El artículo 4 del DS 27874, dispone: La ejecutabilidad de los títulos listados en el Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley N° 2492, procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveido que dé inicio a la ejecución tributaria, acto que, de conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable. 

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El artículo 5 del DS 27310, señala: El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como en sede judicial, inclusive en la etapa de ejecución tributaria. ..

Inicialmente, corresponde señalar que la prescripción está instituida como un modo de liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la legislación tributaria nacional se constituye en un medio legál, por el cual el sujeto pasivo adquiere el derecho de la dispensa de la exigibilidad de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo y/o vencimiento extingue su facultad de controlar, investigar, verificar, .comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias; bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo.

Corresponde también señalar que la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, expresamente dispone que: Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a partir de la vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo este Código”; asimismo, la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, establece que a los efectos de aplicar el criterio de validez temporal de la Ley tributaria, establecido por la Disposición Transitoria Primera de la Ley, el concepto de procedimiento administrativo en trámite se aplicará a todos los actos que pongan fin a una actuación administrativa y por tanto puedan ser impugnados utilizando los recursos administrativos admitidos por Ley; en consecuencia, los procedimientos administrativos abajo señalados que estuvieran en trámite a la fecha de publicación de la Ley 2492, deberán ser resueltos conforme a las normas y procedimientos vigentes antes de dicha fecha: a) Fiscalización y determinación de la obligación tributaria; b) Procedimiento sancionatorio; c) Control y cobro de autodeterminación; d) Impugnación y; e) Cobranza coactiva; lo que implica,

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que al haberse sustanciado un procedimiento de determinación o imposición de sanciones dentro del marco normativo de la Ley 2492; es decir, con anterioridad a las modificaciones efectuadas por las Leyes 291, 317 y 812, es ésta la norma con la que se debe concluir el procedimiento, así como, el de ejecución tributaria, toda vez que se trata de deudas determinadas con anterioridad a la puesta en vigencia de las modificaciones a la Ley 2492.

Es pertinente reiterar que el presente caso se encuentra en ejecución tributaria, precisión que resulta necesario resaltar toda vez que la solicitud de extinción de las obligaciones tributarias no es posible de materializar, en el entendido, que material del tributo continua vigente, empero, es la facultad de ejecución del adeudo

tributario y de la sanción la que se encuentra susceptible de ser declarad en el entendido que se encontraría fuera de plazo al no haber sido ejercitada en el término previsto en el artículo 59, parágrafo I, numeral 4 de la Ley 2492, norma aplicable al presente caso conforme el análisis expuesto precedentemente:

IV.2.2. Prescripción de la facultad de ejecución de la deuda tributaria Previo a ingresar al análisis de la procedencia o no de la prescripción de la facultad de ejecución tributaria, solicitada por la ahora recurrente en su Recurso de Alzada, corresponde señalar que el artículo 109, parágrafo II de la Ley 2492, establece que contra la ejecución fiscal sólo son admisibles tres causales de oposición, entre ellas, cualquiera de las formas de extinción de la deuda tributaria prevista por el Código Tributario; en ese entendido, esta Instancia Recursiva en este punto de análisis se ceñirá en el examen de la prescripción invocada por la recurrente, considerando que se encuentra comprendida como causal de oposición a la ejecución tributaria, fase en la que precisamente se encuentra el caso en estudio.

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración Tributaria dio inicio al procedimiento determinativo en casos especiales contra Mónica Jhuliet Mendoza Guzmán por la omisión en la presentación de su Declaración Jurada correspondiente al IT del periodo fiscal enero 2004, emitiendo al efecto la Vista de Cargo N° de Orden 2029839626 de 23 de mayo de 2006 y posteriormente la Resolución Determinativa N° Orden 30457525 de 11 de septiembre de 2006 por medio

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de la cual resolvió determinar sobre presunta las obligaciones impositivas de la referida contribuyente, por el monto de 8.247 UFV’s que incluye tributo omitido, intereses y sanción por omisión de pago, acto administrativo notificado de forma masiva mediante publicaciones efectuadas el 15. y 30 de septiembre de 2006, conforme se évidencia a fojas 8-10 de antecedentes administrativos.

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Como consecuencia de lo anterior, la Administración Tributaria emitió el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria GDLP-DJTCC/UCC-P/TET-20-0048/07 de 26 de enero de 2007, anunciando a Mónica Jhuliet Mendoza Guzmán que estando firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa N° 30457525 de 11 de septiembre de 2006 y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 2492, se daría inicio a la Ejecución Tributaria de la mencionada Resolución al tercer día de su legal notificación, a partir del cual se realizarán las medidas coactivas correspondientes conforme establece el artículo 110 de la Ley 2492, hasta el pago total de la deuda tributaria, acto administrativo notificado de forma masiva mediante publicaciones efectuadas el 17 y 21 de mayo de 2007, conforme consta a fojas 16, 19-20 de antecedentes administrativos.

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Por“ nota presentada a la Administración Tributaria el 9 de enero de 2019, Mónica Jhuliet Mendoza Guzmán solicitó la prescripción de las acciones del Ente Fiscal pařá ejercer la facultad de ejecución-de-la deuda tributaria y la sanción contenida en la referida Resolución Determinativa N° Orden 30457525, conforme lo previsto en los artículos 59 y 60 de la Ley 2492 sin modificaciones; al efecto, la Administración Tributaria mediante el Auto Administrativo N° 391920000036 (SIN/GDLPZ 1/DJCC/UCCIAUTA/00024/2019) de 28 de febrero de 2019, resolvió rechazar la solicitud de prescripción de las facultades de ejecución de la deuda tributaria y de la sanción contenida en la citada Resolución Determinativa, disponiendo proseguir con la ejecución tributaria anunciada mediante Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° 20-0048/07 de 26 de enero de 2007, de conformidad a lo establecido en los artículos 59 y siguientes de la Ley 2492, actuación notificada de forma personal el 4 de abril de 2019; según se evidencia a fojas 303-308 de antecedentes administrativos.

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En este punto, es importante recordar que conforme el artículo 4 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004, la ejecutabilidad de los Títulos de Ejecución Tributaria previstos en el parágrafo I, artículo 108 del Código Tributario, procede: “(…) al tercer día siguiente de la notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria”; precepto normativo que determina el efecto compulsivo y coercitivo al administrado

para el pago de la deuda tributaria al tercer día de la notificación con la mencionada actuación, que constituye la intimación que emplaza al deudor a cancelar sus obligaciones tributarias determinadas o auto determinadas, lo que implica, que a partir de la puesta en vigencia del citado Decreto Supremo las Administraciones Tributarias cuentan con la posibilidad cierta y legal de conminar al pago a través de los citados Proveídos de Ejecución Tributaria, bajo apercibimiento de iniciar las medidas coactivas establecidas en el artículo 110 y siguientes del Código Tributario, como ocurrió en el presente caso. A mayor abundamiento corresponde señalar que el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria se constituye en el acto que complementa la Resolución Determinativa constituida en Título de Ejecución Tributaria a efecto de su ejecución, actuación que contiene esencialmente la conminatoria para el pago de la obligación tributaria determinada que está pendiente de pago; es decir, es la comunicación compulsiva por parte del Ente Fiscal para obligar el pago de un Título de Ejecución Tributaria, lo que supone legalmente y conforme al artículo 4 del DS 27874, el inicio de la fase de ejecución tributaria.

En ese entendido, siendo que la notificación a Mónica Jhuliet Mendoza Guzmán con el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria GDLP-DJTCC/UCC-P/TET-20-0048/07, se produjo de forma masiva mediante publicaciones efectuadas el 17 y 21 de mayo de 2007, tomando ésta última fecha como válida a efectos del cómputo de la prescripción conforme se desprende de la diligencia de notificación cursante a fojas 19-20 de antecedentes administrativos; el cómputo de la prescripción de cuatro (4) años, para la ejecución del adeudo tributario, se inició a partir del día siguiente a dicha notificación conforme el artículo 60, parágrafo II de la Ley 2492, es decir, inició el 22 de mayo de 2007 y concluyó el 22 de mayo de 2011, aspecto que se expresa en el siguiente cuadro:

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Conformé el cuadro descrito precedentemente, se tiene que dentro del plazo 4 años establecidos por Ley, la Administración Tributaria no ejercitó su facultad para ejecutar la obligación tributaria contenida en la Resolución Determinativa N° Orden 30457525 de 11 de septiembre de 2006, iniciada con el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria GDLP-DJTCC/UCC-P/TET-20-0048/07 de 26 de enero de 2007; consecuentemente, dichas facultades se encuentran prescritas.

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IV.2.3. Prescripción de la facultad de ejecución de la sanción Para una adecuada comprensión de presente, acápite (ejecución de la sanción) corresponde señalar que antes de las modificaciones introducidas a la Ley 2492, : mediante las Leyes 291 de 22 de septiembre de 2012 y 317 de 11 de diciembre de 2012, el artículo 59 establecía que las acciones de la Administración Tributaria para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribía a los dos (2) años; en ese contexto, para su cómputo el artículo 60 de la citada disposición legal, preveia que el plazo para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias se computa desde el momento en el que se adquiere la calidad de título de ejecución tributaria.

Bajo ese contexto, se tiene que la Administración Tributaria notificó a Mónica Jhuliet Mendoza Guzmán en forma masiva el 15 y 30 de septiembre de 2006, con la Resolución Determinativa N° Orden 30457525 de 11 de septiembre de 2006; sin embargo, en el plazo de veinte (20) días el sujeto pasivo no activó el mecanismo de impugnación establecido en el artículo 143 del Código Tributario, esto es hasta el 23 de octubre de 2006, hecho que originó que el 24 de octubre de 2006, la referida Resolución Determinativa, adquiera la calidad de título de ejecución tributaria, momento a partir del cual se inició el cómputo del plazo de dos (2) años para que la Administración Tributaria ejerza su facultad de ejecución de la sanción de omisión de pago, conforme se refleja en el siguiente cuadro:

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CÓMPUTO DE LA PRESCRIPCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN Resoluci 

Notificación Determinativa 

para impugnar Prescripción 

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30-sep-2006 23-oct-2006 24-oct2006 2 años 30457525 

24-oct-2008

En el contexto anterior, se tiene que la ejecución de la sanción por omisión de pago impuesta mediante la Resolución Determinativa N° Orden 30457525 de 11 de septiembre de 2006, prescribió el 24 de octubre de 2008; en consecuencia, la citada facultad de ejecución de sanciones por omisión de pago a la fecha de emisión del acto administrativo impugnado, se encuentra prescrita.

Respecto a las medidas coactivas tendientes al cobro que según la Administración Tributaria constituyen causales de interrupción para el cómputo de la prescripción conforme lo previsto en el artículo 1503 del Código Civil; corresponde indicar que los artículos 61 y 62 de la Ley 2492, no reconocen las medidas coactivas como causales de suspensión o interrupción del cómputo de la prescripción; asimismo, con relación a la aplicación del Código Civil cabe aclarar que el Código Tributario en el Título I, Capítulo III, Sección VII, Subsección V, refiere a las formas de extinción de la obligación tributaria, entre estas formas de extinción se encuentran: el pago, la compensación, confusión, condonación, prescripción. Sobre el instituto jurídico de la prescripción, se encuentra correctamente detallado el cómputo, interrupción y suspensión, lo que hace de manera incuestionable que la materia impositiva sea especial, de preferente aplicación y de cumplimiento en el ámbito impositivo; en ese sentido, corresponde rechazar dicho argumento.

Con relación a la cita de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2082/2013 que da cuenta la recurrente, corresponde señalar que el razonamiento plasmado en dicho precedente administrativo, señala que el inicio del cómputo de la prescripción para el ejercicio de la facultad de ejecución de la sanción comienza desde que el acto que impone la sanción adquiere la calidad de título de ejecución tributaria conforme lo previsto en el artículo 60 parágrafo III de la Ley 2492; asimismo, señala que el Código Tributario no. reconoce las medidas coactivas como causales de suspensión o interrupción de la prescripción; adicionalmente, respecto a la ejecución de la deuda tributaria señala que el

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

cómputo comienza desde la notificación con el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria conforme lo previsto en el artículo 4 del DS 27874, razonamiento que fue cumplido por esta

instancia de Alzada en el presente caso, conforme el análisis realizado precedentemente.

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Respecto a la Sentencia Constitucional N° 1169/2016-S3 de 26 de octubre de 2016, invocada por la recurrente en su Recurso de Alzada; corresponde señalar que la vinculatoriedad de las Sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional se produce cuando existe analogia entre los hechos que dieron lugar al precedente y al caso que está en consideración del juzgador, considerando que la analogía se constituye en un principio de interpretación del derecho que se sustenta en la semejanza que debe existir entre los casos bajo análisis, evitando así la diferencia radical entre ambos; este aspecto se encuentra establecido en la Sentencia Constitucional 0542/2006-R de 12 de junio de 2006, que estableció: “(…) En consecuencia, la aplicación del principio de vinculatoriedad de la jurisprudencia constitucional está sujeta a la regla de la analogía, vale decir que los supuestos fácticos de la problemática resuelta mediante la sentencia constitucional en la que se crea la jurisprudencia sean análogos a los supuestos fácticos de la problemática a resolverse mediante la sentencia en la que se aplicará la jurisprudencia o el precedente obligatorio (…)”. .

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Lo anterior, permite concluir que la Sentencia Constitucionals invocada por la récurrente, no cumple con el requisito de la vinculatòriedad, considerando que el supuesto fáctico para el caso bajo análisis no es análogo al que se expuso en el referido fallo constitucional, toda vez que lo analizado y resuelto en el caso de la Sentencia Constitucional N° 1169/2016-S3, está referido a las modificaciones incorporadas por las Leyes 291 y 317; no obstante, en el caso bajo análisis no se considera la citada normativa y las mismas no forman parte o respaldan la decisión de ésta instancia recursiva; consecuentemente, lo invocado por la ahora recurrente no corresponde.

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Bajo los parámetros antes mencionados, se tiene que las facultades para la ejecución tributaria de la deuda determinada y la ejecución de la sanción por omisión de pago contenida en la Resolución Determinativa N° Orden 30457525 de 11 de septiembre de 2006, se encuentran prescritas, consecuentemente, conforme los argumentos

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expuestos precedentemente, corresponde revocar parcialmente el Auto Administrativo N° 391920000036 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/UCCIAUTA/00024/2019) de 28 de febrero de 2019, emitido por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales;

esto implica, mantener firme y subsistente el rechazo de la nulidad planteada por Mónica Jhuliet Mendoza Guzmán; y, dejar sin efecto por prescripción la facultad de

ejecución de la deuda tributaria y ejecución de la sanción consignada en la Resolución Determinativa N° Orden 30457525 de 11 de septiembre de 2006.

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el Auto Administrativo N° 391920000036 (SIN/GDLPZ-I/DJCCIUCCIAUTA/00024/2019) de 28 de febrero de 2019, emitido por la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales contra Mónica Jhuliet Mendoza Guzmán; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el rechazo de la nulidad planteada por la referida contribuyente; y, se deja sin efecto por prescripción la facultad de ejecución de la deuda tributaria y ejecución de la sanción consignada en la Resolución Determinativa N° Orden 30457525 de 11 de septiembre de 2006.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código

Tributario y sea con nota de atención.

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CUARTO: Conforme preel artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

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Lic. Cecilia Velez Doradc

Directora Ejecutiva Regional Dirección Ejecutiva Regional –.. Autoridad Regional de Impugnaciór ..

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