ARIT-LPZ-RA-0813-2019 Se anula Resolución Determinativa. El contribuyente presenta ante la Autoridad Tributaria formulario de Rectificación, el cual fue rechazado con aspectos totalmente diferentes a los planteados y solicitados por el contribuyente, lo que lo convierte en una fundamentación incongruente, lo cual vicia de nulidad el acto administrativo.

ARIT-LPZ-RA-0813-2019

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0813/2019 

Recurrente: 

Anoop Roopani 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Iván Arancibia Zegarra

Acto Impugnado: 

Resolución Administrativa N° 231920000251 (SIN/GDLPZ I/DF/RA/00069/2019)

Expediente: 

ARIT-LPZ0388/2019 

Lugar y Fecha: 

La Paz, 22 de julio de 2019 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 0813/2019 de 18 de julio de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente:

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Administrativa N° 231920000251 (SIN/GDLPZ I/DF/RA/00069/2019) de 6 de marzo de 2019, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, dispuso rechazar el Proyecto de Rectificatoria del Formulario 521 con No.

afaq de Orden 2080725706, correspondiente a la Declaración Jurada del Impuesto al Valor iso 9001 Agregado F-200 del periodo fiscal diciembre 2016, presentado por el contribuyentSAMOR CERTIHICATION Anoop Roopani con NIT 292776023, en mérito al Informe CITE: SIN/GDLPZ 1/DF/SFVE/INF/01049/2019 de 6 de marzo de 2019.

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 11.1. Argumentos del Recurrente Anoop Roopani mediante nota presentada el 15 de abril de 2019, cursante a fojas 20-24 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

Inicialmente presentó el Formulario 200 del periodo de diciembre 2016, con importes de cero tanto en las ventas como en las compras; sin embargo, tal periodo tuvo

movimientos de Bs331.952.- en ventas y B$2.267.000.- en compras, además, hace

notar que canceló en su totalidad el Impuesto a las Transacciones generado por las ventas rectificadas del mencionado periodo.

El 4 de julio de 2018, solicitó la rectificatoria del Formulario 200 de diciembre 2016; en consecuencia, mediante Auto N° 251820000544 el Ente Fiscal le requirió la presentación de variedad de documentación, que fue entregada dentro del plazo otorgado.

El Ente fiscal no realizó ninguna observación a las ventas declaradas a través del Formulario 521; sin embargo, si lo hizo con las compras, indicando que la póliza de importación y/o notas fiscales no son válidas para crédito fiscal, toda vez que de la revisión del medio de pago presentado, verificó que quien realiza el pago de la compra (importación) es un tercero, siendo que la cuenta debió corresponder obligatoriamente a los sujetos titulares del NIT, de acuerdo al artículo 4, numeral II de la RND 10-0017 15; al respecto, cita el artículo 2 de la norma citada, con el que señala que el alcance de la referida RND no se aplica a aquellas compras que fueron realizadas fuera del país como es el caso de sus importaciones provenientes de la India. Además, tiene facturas de compras dentro de territorio nacional, emitidas por Depósitos Aduaneros, las cuales tienen un importe menor a Bs50.000.-; que el Ente Fiscal de igual manera rechazó basado en la misma normativa. –

La Administración Tributaria observa la apropiación indebida de un saldo de crédito fiscal a favor del contribuyente, toda vez que de la revisión del Formulario 521, en la casilla 635 (Saldo de Crédito Fiscal del periodo anterior a compensar) consigna el importe de Bs470.499.-; sin embargo, el formulario 200 del periodo noviembre 2016, en la casilla 592 (saldo definitivo de crédito fiscal a favor del contribuyente para el

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

siguiente periodo) consigna Bs0.-; respecto a este punto, los fiscalizadores no deberían

tomar en cuenta los saldos de las casillas 635 ni 592 para la aprobación de la rectificatoria, porque esas casillas no determinan la deuda tributaria, que de acuerdo al artículo 78-11l de la Ley 2492, no es rectificatoria la declaración jurada que actualiza cualquier información o dato brindado no vinculado a la determinación de la deuda tributaria; a ello se suma que, el alcance asignado por el Ente Fiscal en la Resolución Administrativa N° 231920000251, no engloba las casillas 635 del proyecto de rectificatoria y menos aún la casilla 592 del Formulario 200 del periodo noviembre 2016.

El artículo 54 del capítulo sexto de la RND 10-0021-16, para la apropiación del crédito fiscal, establece como requisitos principales que el documento sea original, tenga medio fehaciente de pago y se encuentre vinculada a la actividad económica, aspectos, que fueron cumplidos conforme la documentación proporcionada; por lo tanto, el criterio adoptado por el Ente Fiscal no corresponde, debido a que utiliza una norma que no alcanza a las compras realizadas mediante DUI’s ni a las compras de servicios realizados a depósitos aduaneros, tampoco corresponde las observaciones a las casillas 635 y 592.

Conforme a los argumentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución Administrativa N° 231920000251 (SIN/GDLPZ 1/DF/RA/00069/2019) de 6 de marzo de 2019.

II.2. Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Anoop Roopani, fue admitido mediante Auto de 22 de abril de 2019, notificado personalmente al recurrente el 26 de abril de 2019 y por cédula a la Administración Tributaria el 2 de mayo del mismo año; fojas 25-30 de obrados.

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11.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales. legalmente Net representado por Iván Arancibia Zegarra conforme acredita la Resolución SERENTESEN Administrativa de Presidencia No 031700001413 de 29 de septiembre de 2017, por

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memorial presentado el 17 de mayo de 2019, cursante a fojas 33-37 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

La rectificación de las declaraciones juradas, no corresponde a un proceso de determinación, siendo ésta una verificación que se efectúa para establecer la procedencia de la solicitud presentada por el contribuyente, evaluando si la documentación contable, comercial, financiera o de cualquier otro tipo de respaldo, condice con el proyecto de declaración jurada rectificatoria, debiendo ser éstas el fiel reflejo de la verdad, comprometiendo la responsabilidad de quien la suscribe, conforme lo estipulado en el artículo 78 de la Ley 2492.

El contribuyente pretende apropiarse indebidamente de un saldo de crédito fiscal a su favor, toda vez que en el Formulario 521, con el que proyecta rectificar el F-200 de diciembre 2016, en la casilla 635 (Saldo de Crédito Fiscal del periodo anterior a compensar) consignó el importe de Bs470.499.-; sin embargo, el F-200 de noviembre 2016, en la casilla 592 (Saldo definitivo de crédito fiscal a favor del contribuyente para el siguiente periodo) consigna BsQ.-; a ello se suma que no es posible apropiar el crédito fiscal del periodo de noviembre 2016, toda vez que este se encuentra con proyecto de rectificación pendiente, el cual todavía no fue aprobado; razón por la que la solicitud de rectificatoria no es procedente.

La Resolución Administrativa N° 231920000251 se encuentra debidamente respaldada y cumple con los requisitos del acto administrativo; además, valoró correctamente la solicitud de rectificación a través de la verificación de las compras y ventas declaradas. y su incidencia en el proyecto de rectificatoria.

De la documentación presentada por el contribuyente verificó que los ingresos obtenidos en diciembre 2016 son de Bs331.952.-, conforme lo proyectado en el F-521 con N° de Orden 2080725706; en cuanto a las compras verificó que el importe no válido para crédito fiscal asciende a Bs2.267.000.-; en tal sentido, determinó la existencia de diferencias respecto a las compras, entre lo verificado en la documentación y lo proyectado en el F-521, razón por la que la solicitud de rectificatoria fue rechazada.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

El acto ahora impugnado se adecua a lo establecido por el artículo 28 del DS 27310, aspecto que demuestra que no se vulneró los principios de política fiscal, sencillez e igualdad. Además, en el presente caso no concurre ninguno de los dos presupuestos contenidos en el artículo 55 del DS 27113 para que opere la nulidad, toda vez que no se causó indefensión al administrado menos lesión al interés público; al respecto, cita la SC 287/2003-R.

La Administración Tributaria para disponer la procedencia o improcedencia de la solicitud de rectificatória, está obligada a verificar el comportamiento tributario de los contribuyentes y no solo limitarse a la revisión superficial de lo únicamente presentado por el contribuyente; es decir, debe revisar la integridad de los movimientos del contribuyente y que las facturas o notas fiscales cuenten con respaldo suficiente para comprobar que las transacciones fueron efectivamente realizadas.

.

En cumplimiento a los artículos 198, inciso e) y 211. del Código Tributario, solicita que esta Autoridad se pronuncie únicamente sobre los argumentos planteados en el Recurso de Alzada, respetando el principio de congruencia; al efecto, cita el Auto Supremo N° 194, las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0135/2011 y AGIT RJ 0855/2012 y las Sentencias Constitucionales Nos. 1312/2003-R y 0471/2005-R.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa No 231920000251 (SIN/GDLPZ 1/DF/RA/00069/2019) de 6 de marzo de 2019.

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba Mediante Auto de 20 de mayo de 2019, se aperturó el término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada por Secretaría al recurrente y a la Administración Tributaria el 22 de mayo de 2019; fojas 38-39 de obrados.

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Por memorial presentado el 6 de junio de 2019, la Administración Tributaria ofreció, propuso, reprodujo y ratificó en calidad de prueba pre constituida los antecedentes IQNet administrativos remitidos a momento de responder al Recurso de Alzada; al efecto, por LEIMANTI SE Proveído del 10 de junio de 2019, se dio por ratificada la prueba documental señalada,

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actuación notificada en Secretaría a las partes el 12 del mismo mes y año; fojas 40-41 y 181 de obrados.

Mediante nota presentada el 7 de junio de 2019, Anoop Roopani complemento pruebas a la interposición del Recurso de Alzada, consistentes en fotocopias simples de los siguientes documentos: Kardex de inventario de la gestión 2016, libros de compras y ventas del periodo de diciembre 2016, DUI’s correspondientes a diciembre 2016, factura de compra emitida por la DẠB, facturas de ventas correspondientes a diciembre 2016 así como la última emitida en noviembre 2016, comprobantes de egreso de diciembre 2016, comprobantes de ingreso del mismo periodo más una de noviembre 2016, así como la Resolución Administrativa N° 231820001389 de aceptación a la rectificación de marzo 2016; al efecto, por Proveído de 10 de junio de 2019, se dispuso por ratificada y ofrecida la prueba documental señalada, en tanto cumpla lo establecido en los artículos 81 y 217 de la Ley 2492, actuación notificada por secretaria a las partes el 12 de junio de 2019; fojas 42-180 y 182 de antecedentes administrativos.

11.5. Alegatos Mediante memorial presentado el 28 de junio de 2019, Anoop Roopani, expuso alegatos escritos reiterando los argumentos. esgrimidos en su Recurso de Alzada, consistentes en que la casilla 635 (Saldo de crédito fiscal del periodo anterior a compensar) está fuera del alcance establecido en la Resolución Administrativa; y, que la RND 10-0017-15 con la que la Administración Tributaria sustenta su decisión, no aplica a compras de mercancías realizadas fuera del territorio nacional ni a compras que no sobrepasan los Bs50.000.-; al efecto, el Proveído de 1 de julio de 2019, se dio por formulados los alegatos, acto que fue notificado en secretaría al recurrente el 3 de julio del mismo año; fojas 183-188 de obrados.

Finalizado el plazo para la presentación de alegatos, se advierte que la Administración Tributaria, no presentó alegatos conforme establece el artículo 210, parágrafo II del Código Tributario.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA Por nota presentada el 4 de julio de 2018, Anoop Roopani solicitó la rectificación del formulario 200 con N° de orden 2565560084, correspondiente al periodo de diciembre

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

2016, toda vez que por error fue enviado sin movimiento, debiendo consignarse Bs331.952.- en ventas y Bs2.267.000.- en compras. De la misma forma, por nota presentada el 13 de septiembre de 2018, el recurrente informó que el 12 de septiembre de ese año envió el formulario 521 con N° de Orden 2080725706; fojas 1 y 4 de antecedentes administrativos..

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Mediante Auto N° 251820000544 de 13 de agosto de 2018, la Administración Tributaria resolvió otorgar al contribuyente Anoop Roopani el plazo improrrogable de 5 días hábiles a partir de la notificación con el presente Auto, para que presente la siguiente documentación: Proyecto de Rectificatoria Formulario 521, Libro de Compras IVA,

  • Libro de Ventas IVA, Facturas originales de compras, Copia de las facturas de ventas,

Pólizas de importación o Dul’s efectuadas así como la documentación asociada a la misma (factura comercial, documentación de transporte, póliza de seguro, parte de recepción, lista de empaque, certificado de origen y otra que respalde la póliza, así como los medios fehacientes de pago), comprobantes contables de registro por las ventas y compras efectuadas, inventarios de mercaderías y cualquier otra documentación que el fiscalizador: le solicite durante el proceso de verificación; actuación notificada de forma electrónica al sujeto pasivo el 30 de agosto de 2018; fojas 7-9 de antecedentes administrativos.

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El ente fiscal mediante Acta de Recepción de Documentos de 12 de septiembre de 2018, hizo constar que Anoop Roopani entregó a la Administración Tributaria: El Formulario 521 con N° de Orden 2080725706, libro de ventas, copias de las facturas de ventas con N° de autorización 250100483186, libro de compras, pólizas de importación, recibos de Banco Unión, facturas comerciales, manifiestos de carga, certificados de origen, comprobantes de egresos e ingresos, kardex de inventarios, entre otros; fojas 10 de antecedentes administrativos.

afao El Informe CITE: SIN/GDLPZ-1/DF/SFVE/INF/01049/2019 de 6 de marzo de 2019,“scalidade emitido por la Administración Tributaria, concluyó que la solicitud de rectificatoria de la Declaración Jurada F-200 IVA con N° de orden 2565560084 del periodo fiscal “IoNet

diciembre 2016, presentado por el contribuyente Anoop Roopani, no es procedente; EVENTS SON

  • en consecuencia, rechazó el proyecto de rectificatoria F-521 con N° de Ordena

2080725706; fojas 164-167 de antecedentes administrativos.

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La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Administrativa N° 231920000251 (SIN/GDLPZ 1/DF/RA/00069/2019) de 6 de marzo de 2019, que rechazó el Proyecto de Rectificatoria del Formulario 521 con N° de Orden 2080725706, correspondiente a la Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado F-200 del periodo fiscal de diciembre 2016, presentado por el contribuyente Anoop Roopani con NIT 292776023, en mérito al Informe CITE: SIN/GDLPZ-1/DF/SFVE/INF/01049/2019; acto administrativo notificado de forma electrónica al contribuyente Anoop Roopani el 27 de marzo de 2019; fojas 168-172 de antecedentes administrativos.

  1. I FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas

en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-111 de la Ley 3092, se tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Anoop Roopani; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta instancia Recursiva.

IV.1. Vicios de Nulidad 

El recurrente señala en su Recurso de Alzada que la Administración Tributaria observó la apropiación indebida del saldo de crédito fiscal a favor del contribuyente; empero, los fiscalizadores no deberían tomar en cuenta los saldos de las casillas 635 ni 592 para la aprobación de la rectificatoria, porque esas casillas no determinan la deuda tributaria que de acuerdo al artículo 78-111 de la Ley 2492, no es rectificatoria la declaración jurada que actualiza cualquier información o dato brindado no vinculado a la determinación de la deuda tributaria; a ello se suma que el alcance asignado por el Ente Fiscal en la Resolución Administrativa N° 231920000251, no engloba las casillas

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635 del proyecto de rectificatoria y menos aún la casilla 592 del Formulario 200 del ! periodo noviembre 2016.

Continua señalando que el criterio adoptado por el Ente Fiscal no corresponde, debido a que para el rechazo a la rectificación utiliza una norma (RND 10-0017-15) que no alcanza a las compras realizadas mediante DUI’s ni a las compras de servicios realizados a depósitos aduaneros que son por un importe menor a Bs50.000.-.

La Administración Tributaria en su respuesta señala que el contribuyente pretende apropiarse indebidamente de un saldo de crédito fiscal a su favor, toda vez que en el Formulario 521, con el que proyecta rectificar el F-200 de diciembre 2016, en la casilla 635 (Saldo de Crédito Fiscal del periodo anterior a compensar) consignó el importe de B$470.499.-; sin embargo, el F-200 de noviembre 2016, en la casilla 592 (Saldo, definitivo de crédito fiscal a favor del contribuyente para el siguiente periodo).consigna un importe de Bs0.-; a ello suma que no es posible apropiar el crédito fiscal del periodo noviembre 2016, toda vez que este también se encuentra con proyecto de rectificación pendiente, el cual todavía no fue aprobado; razón por la que la solicitud de rectificatoria no es procedente.

Añade que, para disponer la procedencia o improcedencia de la solicitud de.. rectificatoria, está obligada a verificar el comportamiento tributario de los sujetos pasivos y no solo limitarse a la revisión superficial de lo únicamente presentado por el contribuyente; es decir, debe revisar la integridad de los movimientos del contribuyente y que las facturas o notas fiscales cuenten con respaldo suficiente para comprobar que las transacciones fueron efectivamente realizadas; al respecto, corresponde el

siguiente análisis:

AFNOR CERTIFICATION 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: 1. Toda persona será afao 

ISO 9001 protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus calidad derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a at la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin lNet dilaciones. 

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El artículo 68 en sus numerales 2 y 6 del Código Tributario, establece los siguientes derechos del sujeto pasivo: 2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. (…) 6

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través

del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código

El artículo 78 del mismo cuerpo legal, dispone: 1. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y comunicados 

a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos 

señalados por este Código. II: Podrán rectificarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa 

del sujeto pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación tenga como efecto aumento o saldo a favor del Fisco o la disminución del saldo a favor del declarante. 

También podrá rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando la rectificación 

tenga como efecto el aumento del saldo a favor del sujeto pasivo o la disminución del saldo a favor del Fisco, previa verificación de la Administración Tributaria. Los límites, formas, plazos y condiciones de las declaraciones rectificatorias serán establecidos mediante Reglamento. En todos los casos, la Declaración Jurada 

rectificatoria sustituirá a la original relación a los datos que se rectifican. III. No es rectificatoria la Declaración Jurada que actualiza cualquier información o

brindado a la Administración Tributaria no vinculados a la determinación de la Deuda Tributaria. En estos casos, la nueva información o dato brindados serán tomados como válidos por la Administración Tributaria a partir de su presentación. 

El artículo 28 parágrafos I, II y IV del Decreto Supremo 27310, sobre la Rectificatoria a Favor del Contribuyente, modificado por el artículo 2 parágrafo VI del DS 2993 de 23 de noviembre de 2016, establece: (RECTIFICATORIAS A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE) I. La Declaración Jurada Rectificatoria que incremente saldos a 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

favor del contribuyente podrá ser efectuada por una sola vez, por cada impuesto y período fiscal. II. Esta rectificatoria, conforme lo dispuesto en el párrafo segundo del Parágrafo || del Artículo 78 de la Ley N° 2492, deberá ser aprobada por la Administración Tributaria antes de su presentación. La aprobación será resultado de la verificación de los documentos que respalden la determinación del tributo, conforme se establezca en la reglamentación que emita la Administración Tributaria /V. La solicitud de rectificación de la Declaración Jurada podrá ser presentada hasta antes de que concluya el período de prescripción, o hasta antes del inicio de la Fiscalización o Verificación, lo que ocurra primero. 

El artículo 201 de la Ley 2492, señala: Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Solo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 3.

El artículo 4 del DS 27113, respecto a la garantía ciudadana, señala: La petición es un derecho de los ciudadanos y compromete a la administración pública a dar una respuesta oportuna y pertinente

La ley 2341 en su artículo 16, señala que: En su relación con la Administración Pública, las personas tienen los siguientes derechos: a. A formular peticiones ante la Administración Pública, individual o colectivamente. h. A obtener una respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes que formulen. 

:

El artículo 27 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, en relación al acto administrativo, dispone: Se considera acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los afao requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos calidad jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume anter legitimo. 

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El artículo 28 de la Ley 2341, establece: Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: 

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III

  1. a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y 

en el derecho aplicable; . c) Objeto: El objeto debe ser cierto, licito y materialmente posible; d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales 

y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta la

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados 

en el inciso b) del presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

El artículo 36, parágrafo II de la Ley de Procedimiento Administrativo indica que no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

El DS 27113 que reglamenta la Ley 2341, en su artículo 55 establece: Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas

Previo a ingresar al análisis de la problemática que nos ocupa, es necesario considerar que el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso debe ser parte de todas las actuaciones administrativas; por consiguiente, es obligación de los organismos y dependencias de la Administración Pública a su cumplimiento; es en ese contexto, dicho precepto constitucional establece de manera expresa que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se traduce que los actos y actuaciones en un proceso administrativo se deben ajustar no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales; esto implica garantizar el correcto ejercicio de la Administración Pública a través de la emisión de

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actos administrativos, los que no deben resultar contrarios a los principios del Estado de Derecho.

En ese contexto, toda autoridad administrativa tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes. De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y a controvertir las pruebas a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio.

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El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso y’a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez. Se define el derecho al debido proceso, como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos. y se logre la aplicación correcta de la justicia. La fundamentación de las resoluciones administrativas y las notificaciones de las mismas; constituyen elementos inherentes a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución en el ámbito administrativo, necesariamente debe exponer los sustentos de hecho y de derecho que motivaron asumir una determinada decisión, de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y de esta manera puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios de impugnación establecidos en el ordenamiento jurídico.

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La fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye un elemento en inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la TNet autoridad que emite una resolución necesariamente debe exponer el sustento de ELEMENTS hecho y de derecho que motivaron asumir una determinada decisión, de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa

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comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento jurídico. Se debe también enfatizar que los artículos 16 de la Ley 2341 y 4 del DS 27113, aplicables por disposición del artículo 201 de la Ley 3092, en relación a la petición señalan es un derecho de los ciudadanos y compromete a la administración pública a dar una respuesta oportuna y pertinente, además de obtener una respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes

  • que formulen.

Sobre temas análogos, el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció en la Sentencia Constitucional 0114/2015-S2 de 23 de febrero de 2015, lo siguiente: “...el debido proceso se constituye en un derecho/garantía/principio de orden general y complejo, a su vez compuesto por los siguientes otros derechos y garantías: A un proceso público, al juez natural, a la igualdad procesal de las partes, a no declarar contra mismo, a la defensa material y técnica, a la comunicación previa de la acusación, a ser juzgado sin dilaciones indebidas, a la congruencia entre acusación y condena, a la valoración razonable de la prueba, a la motivación y congruencia de las decisiones, a la concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa y las garantías de presunción de inocencia y del non bis in idem. Esta lista, conforme al principio de progresividad de los derechos fundamentales (art. 13 de la CPE), es enunciativa, dado que puede ser ampliada de acuerdo a su desarrollo normativo, doctrinal y jurisprudencial en la perspectiva de materializar el valor justicia”

De la misma manera, el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció la distinción entre fundamentación y motivación de las resoluciones; en ese contexto, la Sentencia Constitucional Plurinacional 1414/2013 de 16 de agosto, señaló lo siguiente: “El derecho a la fundamentación de un fallo es una garantía de legalidad que establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la obligación de la autoridad que lo emite para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué considera que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa”. 

Hechas las precisiones anteriores, es necesario enfatizar que los contribuyentes tienen derecho a que los procedimientos aplicables cuenten con las correspondientes

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garantías como el debido proceso y derecho a la defensa, lo que implica que la documentación que aporta el solicitante con el fin de respaldar lo argumentado debe ser objeto de análisis, pero además las conclusiones sobre su pertinencia, aceptación o rechazo deben encontrarse reflejadas en el acto administrativo correspondiente. En este punto es importante precisar que el trámite de rectificatoria no es un proceso de determinación de deudas tributarias, sino más bien un proceso de verificación que efectúa la Administración Tributaria para establecer la procedencia de la solicitud de rectificación que presenta el contribuyente mediante el Portal Tributario, proceso en el que debe abocarse a verificar si la documentación contable y de soporte presentados por el contribuyente, condice con el proyecto de declaración jurada rectificatoria, que permita establecer su aceptación o rechazo.

.

O

De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que por nota presentada ante la Administración Tributaria el 4 de julio de 2018, cursante a fojas 4 de antecedentes administrativos, Anoop Roopani solicitó la rectificación del formulario 200 con N° de orden 2565560084 correspondiente al periodo de diciembre 2016, con importes de Bs331.952.- en ventas y de Bs2.267.000.- en compras, esto debido a que en primera instancia se envió el formulario sin movimiento

En respuesta a dicha nota, el Ente Fiscal a través del Auto N° 251820000544 de 13 de agosto de 2018, solicitó al sujeto pasivo que en el plazo improrrogable de 5 días hábiles a partir de la notificación con el presente Auto, presente la siguiente documentación: Proyecto de Rectificatoria Formulario 521, Libro de Compras IVA, Libro de Ventas IVA, Facturas originales de compras, Copia de las facturas de ventas, Pólizas de importación o DUI’s efectuadas así como la documentación asociada a la misma (factura comercial, documentación de transporte, póliza de seguro, parte de recepción, lista de empaque, certificado de origen y otra que respalde la póliza, así como los medios fehacientes de pago), comprobantes contables de registro por las ventas yafao compras efectuadas, inventarios de mercaderías y cualquier otra documentación que calidad el fiscalizador le solicite durante el proceso de verificación; actuación que fue notificada de forma electrónica al ahora recurrente el 30 de agosto de 2018; así se advierte a Net fojas 7-9 de antecedentes administrativos.

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III:

.

II 

Mediante Acta de Recepción de Documentos de 12 de septiembre de 2018, el Ente Fiscal hizo constar que Anoop Roopani entregó la siguiente documentación: El Formulario 521 con N° de Orden 2080725706, libro de ventas, copias de las facturas de ventas con N° de autorización 250100483186, libro de compras, pólizas de importación, recibos de Banco Unión, facturas comerciales, manifiestos de carga, certificados de origen, comprobantes de egresos e ingresos, kardex de inventarios, entre otros; aspecto que se puede observar a fojas 10 de antecedentes administrativos.

El proceso concluyó con la emisión de la Resolución Administrativa N° 231920000251 (SIN/GDLPZ I/DF/RA/00069/2019) de 6 de marzo de 2019, realizada en base al Informe CITE: SIN/GDLPZ-1/DF/SFVE/INF/01049/2019, que resolvió rechazar el Proyecto de Rectificatoria del Formulario 521 con N° de Orden 2080725706, correspondiente a la Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado F-200 de! periodo fiscal de diciembre 2016, acto administrativo definitivo que es objeto de impugnación ante esta instancia recursiva.

Ingresando al análisis la problemática en cuestión y a objeto de tener una comprensión total de las observaciones técnicas por las que fue rechazada la solicitud de rectificación, es que se transcribe in extenso las observaciones realizadas por la Administración Tributaria a través de la Resolución Administrativa N° 231920000251 (SIN/GDLPZ I/DF/RA/00069/2019) de 6 de marzo de 2019, es así que a fojas 168 de antecedentes administrativos, se advierte que expresa lo siguiente: “(…) Que de acuerdo al Informe de fiscalización con CITE: SIN/GDLPZ 1/DF/SFVE/INF/01049/2019 de fecha 06/03/2019, se verificó que los ingresos obtenidos en el periodo diciembre de 2016 fueron de Bs331.952.– (), proyectado en el F521 IVA con N° de Orden 2080725706 (...); es decir, el Ente Fiscal en cuanto a las ventas manifiesta su conformidad al indicar que el importe consignado en el formulario 521 (rectificatoria) es el correcto.

Situación distinta ocurre con las compras, toda vez que a fojas 169 de antecedentes administrativos, la Resolución Administrativa N° 231920000251 impugnada, en su página 2, señala: “(…) Que de acuerdo al Informe de fiscalización con CITE: SIN/GDLPZ-1/DF/SFVE/INF/01049/2019 de fecha 06/03/2019, se verificó que el 

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importe de la compras no es válido para Crédito Fiscal en el periodo Diciembre de 2016, que asciende a Bs.267.000.- (…), de acuerdo al siguiente detalle: 

FACTURAS PRESENTADAS POR EL CONTRIBUYENTE 

TRIBUYENTES 

N’DE 

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PERIODO.

NRO. AUTORIZACIÓN

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06/12/2016 1214930251. ADACOMPAPR

463.500,00 oct-16 1 21723 | 446401600000867 08/12/2016 161462027 M . DAB

1.733,94

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13/12/2016 121493025 ADACOMPAPR 282.638,46 oct-16 23654 446401600000867 | 14/12/2016 161462027

DAB

1.092,37 a) oct-160 L 3 19/12/2016 121493025]. ADACOMPAPR. 265.669,23 a) oct-16 0

3 28/12/2016 121493025 ADACOMPAPR .471.961,54 a). oct-16 0

3

28/12/2016 121493025 ADACOMPAPR

471.961,54 oct-16 28699 446401600000867 29/12/2016 161462027 … DAB

+ 1.763,94 a ) oct-16 | 28700 – 446401600000867. 29/12/2016 161462027 . DAB

1.763,94a) TOTAL

2.267.000 . . Observaciones según verificación: a) NOTA FISCAL NO VALIDA PARA CRÉDITO FISCAL.- El contribuyente presentó medio de pago de la transacción de compra (transferencia bancaria), evidenciándose que un tercero realiza el pago por la compra de bienes (importación), determinándose que no existe vinculación económica del contribuyente con la empresa que vendió los productos, siendo que las compras por importes superiores a Bs50.000 deben estar respaldadas con documento emitido o reconocido por el sistema financiero y que la cuenta deberá corresponder obligatoriamente a los sujetos pasivos titulares del NIT, por lo tanto las pólizas de importación y/o notas fiscales no son válidas para crédito fiscal de acuerdo al artículo numeral ll de la RND 10-0017-15. 

4464016000

P

Por lo expuesto anteriormente (...), se determinó que existen diferencias respecto a las compras, entre lo verificado en la documentación y lo que muestra el Proyecto de ** Rectificatoria F-521 con N° de Orden 2080725706 del periodo fiscal diciembre de 2016, (...)”. Continua señalando: “(...) se verificó que el contribuyente en el Formulario 521 con Número de Orden 2080725706 en la casilla 635 (Saldo de Crédito Fiscal del periodo anterior a compensar) consignó el importe de Bs470.499.-, verificándose que el contribuyente ROOPANI ANOOP se apropió indebidamente de un saldo de crédito fiscal a favor del contribuyente inexistente; toda vez que verificado el Formulario 200 con N° de Orden 2965060389 en la casilla 592 (Saldo definitivo de crédito fiscal a favorafaq del contribuyente para el siguiente periodo) consigna un importe de cero bolivianos de calidad periodo noviembre de 2016. Por tanto la solicitud de rectificatoria para aprobar el FTIRTA 521 con de Orden 2080725706, NO ES PROCEDENTE del periodo diciembre del Net] 2016″. 

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Ahora bien, conforme lo expuesto anteriormente con relación a la observación de la apropiación indebida del saldo de crédito fiscal del periodo anterior, aspecto que derivó en el rechazo de la solicitud de rectificatoria del ahora recurrente, corresponde señalar que de la lectura de la nota presentada por Anoop Roopani ante la Administración Tributaria, solicitando la rectificación del F-200 del periodo de diciembre 2016, cursante a fojas 4 de antecedentes administrativos, ésta señala: “Mediante la presente, solicito pueda dar curso a la rectificatoria del formulario 200 con N° de Orden 2565560084 correspondiente al periodo 12/2016 ya que por error el mismo fue enviado sin movimiento debiendo consignar en ventas Bs331.952,00 (…) y compras Bs 2.267.000,00 (...)“; es decir, el recurrente centra su solicitud únicamente en las ventas y compras por los importes detallados; aspectos que concuerdan con los datos registrados en el Formulario 521 “Solicitud de Rectificación” con N° de Orden 2080725706, extraído del sistema del Servicio de Impuestos Nacionales, cursante a fojas 14 de antecedentes administrativos, que específicamente establece las casillas a rectificarse, siendo éstas: 13 y 26, conforme se detalla a continuación:

Codigo Casilla

1 Valor Original 

. usinas 

ectifica

valor a Rectificar

331952 

13 

2

2267000 

A ello se suma que de la lectura de la Resolución Administrativa N° 231920000251 (SIN/GDLPZ 1/DF/RA/00069/2019) de 6 de marzo de 2019, página 1, cursante a fojas 168 de antecedentes administrativos, la Administración Tributaria estableció el alcance de la verificación, señalando: “El presente alcance de la verificación de la solicitud de RECTIFICATORIA del F200 IVA N° de Orden 2565560084, está en atención a la modificación realizada por el total de las ventas declaradas en la casilla 13 (Venta de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno, excepto ventas gravadas tasa cero) y compras declaradas en la casilla 26 (Compras directamente vinculadas a . actividades grabadas) y su incidencia del proyecto de rectificatoria F-521 IVA con No de orden 2080725706“; es decir, el Ente Fiscal en el acto definitivo también limita el alcance de la verificación exclusivamente a las casillas 13 y 26.

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De lo expuesto, es evidente que el sujeto pasivo solicitó al Ente Fiscal la rectificatoria de la casilla 13 (Venta de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno, excepto ventas gravadas tasa cero) por el importe de Bs331.952.- y la casilla 26 (Compras directamente vinculadas a actividades grabadas) por el monto que asciende a Bs2.267.000.-; sin embargo, la Administración Tributaria de manera incongruente a la solicitud del sujeto pasivo, observó además de las casillas 13 y 26, la casilla 635 referida al saldo de crédito fiscal del periodo anterior a compensar, señalando en la página 3 del acto impugnado, lo siguiente: “... se verificó que el contribuyente en el Formulario 521 con Número de Orden 2080725706 en la casilla 635 (Saldo de Crédito Fiscal del periodo anterior a compensar) consigno el importe de Bs470.499, verificándose que el contribuyente ROOPANI ANOOP se apropió indebidamente de un Saldo de Crédito Fiscal a favor del contribuyente inexistente; (...)”, afirmación que es incorrecta toda vez que en el citado formulario-521, presentado por el contribuyente cursante a fojas 14 de antecedentes, no se evidencia tal casilla como un valor a rectificar, en ese sentido, se establece una incoherencia entre lo pedido por el contribuyente y lo resuelto por el ente fiscal.

Al efecto, la Sentencia Constitucional 2016/2010-R, de 9 de noviembre de 2010, explica: “En este contexto, debe señalar que uno de los elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes; en ese contexto, es impera 

artes; en ese contexto, es imperante además precisar que la vulneración al debido proceso en su elemento congruencia puede derivar de dos causales concretas a saber: a) Por incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también el derecho a la defensa; y, b) por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa, falla adicionando o incorporando elementos no peticionados o no afao discutidos por las partes en el curso de la causa”; al respecto, toda vez que en el calidad presente caso se denota la existencia de incongruencia entre lo solicitado y lo resuelto, AF) aspecto que deriva en una fundamentación incongruente aditiva del acto administrativo 1 Net impugnado, corresponde que dicho acto sea anulado, toda vez que el Ente Fiscal vulneró el derecho al debido proceso, establecido en el artículo 68 numeral 6 del Código Tributario, así como lo dispuesto en el artículo 16, incisos h) de la Ley 2341

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respecto a la obtención de una respuesta fundada y motivada a las peticiones que se formulen, así como el artículo 4 del DS 27113, que compromete a la administración pública a dar una respuesta oportuna y pertinente; normativa aplicable por disposición del artículo 201 de la Ley 3092.

En este punto, es pertinente hacer notar que si bien el recurrente en el proyecto de rectificatoria del Formulario 200, cursante a fojas 12 y 13 de antecedentes administrativos, evidentemente consignó en la casilla 635 (Saldo de crédito fiscal del periodo anterior a compensar) el importe de Bs470.499.-; empero, de acuerdo al Formulario 200 del periodo noviembre 2016, en la casilla 592 (Saldo definitivo de crédito fiscal a favor del contribuyente para el siguiente periodo), este no registra monto alguno; no obstante, es la propia Administración Tributaria que señala en la respuesta al presente Recurso de Alzada que el periodo de noviembre 2016, también se encuentra con proyecto de rectificación pendiente de decisión; bajo ese contexto, corresponde señalar que si bien no es correcto que el sujeto pasivo se apropie de un saldo de crédito fiscal de periodo anterior a compensar que aún no fue resuelto por el ente fiscal; tampoco es factible que la Administración Tributaria simplemente rechace dicho importe cuando no se cuenta con Resolución Administrativa de rechazo o aceptación del proyecto de rectificación del periodo noviembre 2016; es decir, el Ente Fiscal debió resolver previamente la solicitud de rectificación del citado periodo fiscal anterior a efectos de asumir una posición al respecto, lo contrario implica adelantarse a criterios que no corresponden vulnerando el debido proceso en la tramitación de la rectificatoria del IVA del periodo diciembre 2016.

En ese contexto corresponde hacer notar que si bien el sujeto activo no está impedido de revisar los importes registrados en la casilla 635 del formulario 200 IVA, correspondiente al “saldo de crédito fiscal del periodo anterior a compensar” que el contribuyente modificó en su proyecto de rectificatoria de diciembre 2016; no obstante, esta revisión debe llevarse a cabo a través de un proceso de verificación o fiscalización, según corresponda, más no así en este proceso de rectificación que está limitado a la rectificación de las ventas y compras conforme el formulario 521 presentado por el contribuyente.

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Con relación al argumento del recurrente en sentido de que la Administración Tributaria observó que la póliza de importación y/o notas fiscales no son válidas para crédito fiscal, toda vez que de la revisión del medio de pago presentado, se verificó que quien realiza el pago de la compra (importación) es un tercero, siendo que la cuenta debió corresponder obligatoriamente a los sujetos titulares del NIT, de acuerdo al artículo 4, numeral II de la RND 10-0017-15; al respecto, corresponde señalar que el referido artículo de la señalada RND, establece: Respaldo de Transacciones con Documentos de Pago) Los depósitos directos en efectivo a una cuenta deberán ser realizados a nombre de los titulares del Número de Identificación Tributaria (NIT), cuidando que la documentación emitida refleje este aspecto. A efectos de la presente Resolución la cuenta deberá corresponder obligatoriamente a los sujetos pasivos titulares del NIT, que participan en una transacción; de lo transcrito se evidencia, que el Ente Fiscal establece una exigencia y/o formálidad al sujeto pasivo, que no se adecúa al presente caso, toda vez que al tratarse de una importación, proveniente de la “India”; no se le puede exigir al proveedor de ese país : que tenga un número de cuenta bancaria en el territorio nacional a efectos de poder realizar transacciones con personas de nuestro país; así como tampoco le es exigible encontrarse constituida o contar con un NIT en nuestro Estado; de lo que se infiere que la Administración Tributaria al apoyar su decisión en dicha normativa, vulnera el — debido proceso en su elemento del derecho a la defensa del sujeto pasivo: B

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.

.

A lo anterior se suma que la mencionada RND en su artículo 2, establece su alcance o al señalar: “La presente Resolución alcanza a todas las personas naturales o jurídicas, sea cual fuere la forma de asociación que utilicen, entidades e instituciones públicas, empresas públicas y organismos del Estado que realicen pagos por la adquisición o venta de bienes y/o servicios cuyo valor total sean iguales o mayores a Bs50.000.– (Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos), sean éstas al contado, al crédito o a través de pagos parciales, dentro del territorio nacional. (Las negrillas afao son nuestras); de ello, se evidencia que dicha disposición normativa circunscribe su uscalidade aplicación a transacciones realizadas exclusivamente dentro el territorio nacional, excluyendo de su alcance a las importaciones o exportaciones, lo que también lNet demuestra la incorrecta aplicación de la norma por parte del Ente Fiscal.

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana taśaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní)

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De la misma manera, con relación a las observaciones realizadas por la Administración Tributaria sobre las facturas del proveedor Depósitos Aduaneros fundadas en el referido artículo 4 numeral II de la RND 10-0017-15; corresponde señalar que, conforme lo anteriormente explicado, dicha disposición normativa alcanza a transacciones de compra y venta realizadas dentro de territorio nacional, y cuyo importe supere los Bs50.000.-; en tal sentido, si bien las facturas observadas (Nos. 21723, 23654, 28699 y 28700) corresponden a transacciones realizadas dentro de territorio nacional; no obstante, su monto alcanza a Bs 1.733,94.-, Bs1.092,37.-, Bs1.763,94.- y Bs1.763,94:-,’ respectivamente; lo que significa que se tratan de importes menores a lo establecido en la referida norma, razón por la que las observaciones del Ente Fiscal basadas en la citada disposición normativa, son

erradas.

Bajo las circunstancias descritas precedentemente, se establece que el sujeto activo para el rechazo de la declaración jurada rectificatoria plasmó su decisión en el acto impugnado con aspectos completamente distintos a las razones que motivaron la solicitud realizada del sujeto pasivo; abordando circunstancias diferentes a lo solicitado por el contribuyente en el proceso de rectificación; aspectos que se traducen en una fundamentación incongruente que rechaza el proyecto de rectificación, situación que definitivamente configuró vicios de nulidad en el acto administrativo impugnado, requisito esencial establecido en el artículo 28 inciso e) de la Ley 2341, afectando a la garantía del debido proceso y derecho a la defensa del ahora recurrente Anoop Roopani, consagrados en los artículos 115, parágrafo II de la Constitución Política del Estado, 68 numerales 6, 7 de la Ley 2492 y 28 de la Ley 2341; por tanto, al haberse comprobado vicios de nulidad esta Instancia Recursiva se ve impedida de ingresar al análisis de los aspectos de fondo planteados; consecuentemente, corresponde anular. la Resolución Administrativa N° 231920000251 (SIN/GDLPZ I/DF/RA/00069/2019) de 6 de marzo de 2019, a efectos que la Administración Tributaria emita un acto administrativo debidamente fundamentado y acorde a las circunstancias y motivos que originaron la rectificación, así como debe tomar en cuenta todas las observaciones respecto a la aplicación de la RND 10-0017-15 de 26 de junio de 2015.

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IN1 

AIT

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

RESUELVE: PRIMERO: ANULAR la Resolución Administrativa N° 231920000251 (SIN/GDLPZ 1/DF/RA/00069/2019) de 6 de marzo de 2019, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales contra Anoop Roopani; consecuentemente, la Administración Tributaria debe emitir un acto administrativo debidamente fundamentado en base a los términos planteados respecto a la solicitud de rectificación del Formulario 200 IVA, Formulario 521 con ‘N° de Orden 2080725706, correspondiente al periodo fiscal diciembre 2016.

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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. * *

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención.

27 

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vots 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación.

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ISO 9001 

Calidad AFNOR CERTIFICATION 

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Viviah L. 15 rogo)

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

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MANAGER 

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SMENIS 

RCVD/avv/rms/viar/m.vc/mhgc

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Kic. Seettia Velez Doradc

Directora Ejecutiva Regional Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria – La Pa

NB/ISO 

9001 IBNORCA) 

Sistema de Gestión 

de la Calidad Certificado N° 771/14 

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Justiga trautaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní)

Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (5912) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia