ARIT-LPZ-RA-0793-2019 Proveído anulado. La Administración Tributaria habría rechazado la solicitud de prescripción del contribuyente, vulnerando los derechos constitucionales de la defensa y el debido proceso, en el cual no consideró la solicitud del contribuyente, y tampoco tomo en cuenta los antecedentes del caso, emitiendo un criterio sin fundamento legal ni factico. Ahora el SIN deberá emitir un nuevo acto administrativo definitivo debidamente fundamentado y motivado respecto a la solicitud de prescripción planteada por el contribuyente.

ARIT-LPZ-RA-0793-2019

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0793/2019 

Recurrente: 

Servicios de Pretensado y Construcción Ltda. “SERPREC LTDA.”, legalmente representada por Magno Guillermo Mayori Machicao

.

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Administración Recurrida

.

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Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Geren Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Celideth Ochoa Castro

Acto Impugnado: 

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Proveido No 241929000025 (SIN/GGLPZIDICCICC/PROV/00024/2019)

Expediente: 

ARIT-LPZ-0281/2019 

who

Lugar y Fecha: 

La Paz, 15 de julio de 2019 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 0793/2019 de 11 de julio de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente:

Calidad 

AFNOR CERTIFICATION 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

afao El Proveído N° 241929000025 (SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PROV/00024/2019) de 6 de ISO 9001 marzo de 2019, emitido por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio NO COR de Impuestos Nacionales señaló que su facultad para ejecutar la deuda

IQNet autodeterminada mediante las Declaraciones Juradas del IVA e IT por los periodos fiscales agosto; septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2015, enero, febrero y abril

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Jean Carlos le Gumán Rule

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Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (591-2) 2412613 2411973 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia

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III

2016, no se encuentra prescrita, conforme lo previsto en los artículos 59 numeral 4 y 60-11 de la Ley 2492, disponiendo proseguir con la ejecución tributaria hasta el pago total de la deuda tributaria. Asimismo señala que emitió las Resoluciones Sancionatorias Nos. 181729000424, 181729000427, 181729000429 y 181729000428 que al no haber sido impugnadas adquirieron firmeza, correspondiendo iniciar la ejecución tributaria.

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 11.1. Argumentos del Recurrente Servicios de Pretensado y Construcción Ltda. “SERPREC LTDA”, legalmente representada por Magno Guillermo Mayori Machicao conforme se acredita del Testimonio de Poder 103/2008 de 31 de enero de 2008, mediante notas presentadas el 28 de marzo y 10 de abril de 2019, cursantes a fojas 20-28 y 37-38 de obrados, respectivamente, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

La Administración Tributaria rechazó su solicitud de prescripción, mediante el Proveído N° 241929000025 de 6 de marzo de 2019, que vulnera el artículo 28 de la Ley 2341, toda vez que no establece de manera adecuada los hechos ni tampoco señala el derecho aplicable; asimismo, carece de fundamentación, aspectos que lo vician de nulidad.

Cita el artículo 24 de la Constitución Política del Estado, 68 numerales 2, 6 y 7 de la Ley 2492, 17 de la Ley 2341 y señala que correspondía la emisión de una Resolución Administrativa debidamente fundamentada, motivada y congruente en respuesta a su solicitud de prescripción y no de un Proveído. Al efecto, cita la Sentencia Constitucional Plurinacional 0819/2012 de 20 de agosto de 2012.

En aplicación del principio de seguridad jurídica y debido proceso, correspondía que la Administración Tributaria emita una Resolución Administrativa debidamente fundamentada en respuesta a su petición de prescripción conforme lo previsto en el artículo 17 de la Ley de Procedimiento Administrativo, omisión que genera la nulidad del acto impugnado.

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IAITU 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

Cita conceptos doctrinales sobre prescripción y señala que doctrinalmente la prescripción se divide en dos clases: la prescripción adquisitiva por la cual se adquiere un derecho por haberlo poseído durante el término establecido por Ley y la prescripción liberatoria que produce la extinción o la adquisición de derechos por el transcurso del tiempo. ….

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.

Cita el artículo 109 parágrafo Il y 59 de la Ley 2492 y señala que la facultad de ejecución tributaria se encuentra prescrita, toda vez que la Administración Tributaria no ejerció dicha facultad oportunamente, además que no se genero ninguna causal de suspensión o interrupción de la prescripción; consecuentemente, no corresponde efectuar el cobro de los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria emitidos.

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.

La Administración Tributaria no realizó una adecuada consideración de su solicitud de prescripción, toda vez que existen Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria que corresponden a Resoluciones Sancionatorias, las cuales para su ejecución se sujetan al plazo de 2 años conforme el artículo 59 de la Ley 2492, aspecto que no fue debidamente analizado; consecuentemente, su facultad de ejecución de la sanción se encuentra prescrita..

*

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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente o anular el Proveído N° 241929000025 (SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PROV/00024/2019) de 6 de marzo de 2019.

11.2. Auto de Admisión 

El Recurso de Alzada interpuesto por Servicios de Pretensado y Construcción Ltda. “SERPREC LTDA”, legalmente representada por Magno Guillermo Mayori Machicao, fue admitido mediante Auto de 15 de abril de 2019, notificado por cédula tanto a la empresa recurrente y a la Administración Tributaria el 26 y 29 de abril de 2019 afaq respectivamente, fojas 39-47 de obrados.

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II.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Celideth Ochoa Castro conforme se acredita de la

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Juan Carlos Gurmán Ayo

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III 

Resolución Administrativa de Presidencia No 031900000094 de 1 de febrero de 2019, por memorial presentado el 13 de mayo de 2019, cursante a fojas 50-55 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente:

Cita los artículos 28 y 36 parágrafo ll de la Ley 2341 y señala que el acto impugnado

consigna un cuadro que contiene los PIET’s emitidos, los datos del formulario, periodo, gestión, número de orden, fecha de la declaración jurada, fecha de emisión y notificación. Asimismo señala que conforme el artículo 108 de la Ley 2492 concordante

con el artículo 4 del DS 27874, el inicio de la ejecución tributaria se realizará al tercer día siguiente de la notificación con los Proveídos de inicio de Ejecución Tributaria, momento a partir del cual se ejecutarán las medidas coactivas correspondientes de acuerdo a lo previsto en el artículo 110 del Código Tributario.

Del mismo modo el acto impugnado cita el artículo 59 numeral 4 y 60 parágrafo II de la Ley 2492 y señala que el término de prescripción de 4 años para ejercer la ejecución tributaria de las declaraciones juradas correspondientes al IVA e IT de los periodos fiscales agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2015, enero, febrero y abril 2016, inicia el 1 de enero de 2018 y concluye el 31 de diciembre de 2021; consecuentemente dichas facultades no se encuentran prescritas. Asimismo el acto impugnado señala que se emitieron PIET’s para iniciar la ejecución de la sanción contenida en Resoluciones Sancionatorias las cuales al no haber sido impugnadas adquirió firmeza.

El Proveído N° 241929000025 de 6 de marzo de 2019, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 28 de la Ley 2341, toda vez que fue dictado por autoridad competente, no carece de objeto, no es ilícito o imposible, cumplió con el procedimiento legalmente establecido y no es contrario a la Constitución Política del Estado, además que contiene un pronunciamiento expreso y fundamentado sustentado en los hechos y antecedentes de cada uno de los PIET’s. emitidos y la valoración de lo alegado por el sujeto pasivo.

Cita la Sentencia Constitucional 195/2010-R de 24 de mayo de 2010 y señala que el derecho de petición reside en la posibilidad de que el sujeto pasivo obtenga una

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respuesta a su solicitud, lo que no implica que la Administración Tributaria esté comprometida a pronunciarse según los intereses del peticionario; sin embargo, se debe fundamentar la negativa o rechazo, aspecto que fue cumplido, toda vez que la respuesta negativa a la solicitud del sujeto pasivo, se fundamenta en los antecedentes y el derecho aplicable al caso, expuestos a momento de la emisión del acto administrativo.

:

El recurrente no efectúa ningún cómputo con el fin de demostrar sus aseveraciones, tampoco señala los periodos por los cuales aplicaría la prescripción, aspecto que incumple con lo establecido en el inciso d) del artículo 198 de la Ley 2492, toda vez que el sujeto pasivo debe especificar los periodos que a su criterio habría operado la prescripción.

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De la revisión al Sistema Integrado de Recaudo para la Administración Tributaria, se evidenció la existencia de declaraciones juradas correspondientes al IVA e IT mismas que no fueron canceladas por el sujeto pasivo, estableciéndose por tal hecho tributos no pagados a la fecha de vencimiento de cada obligación tributaria, consecuentemente, dichas declaraciones juradas adquirieron la calidad de títulos de ejecución tributaria conforme lo previsto en el artículo 108 parágrafo I numeral 6 del Código Tributario, motivo por el que se emitieron los Proveídos de inicio de Ejecución Tributaria, anunciando al sujeto pasivo el inicio de la acción coactiva.

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Cita el artículo 78 parágrafo I de la Ley 2492, 7 del DS 27310 y señala que la información comunicada a la Administración Tributaria a través de una declaración jurada, libre y voluntaria por el sujeto pasivo, constituye el fiel reflejo de la verdad de los hechos, actos y datos que contiene la misma, determinando el compromiso del suscribiente a responder ante la Administración Tributaria por la información enviada.

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AFNOR CERTIFICATION 

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La solicitud de prescripción por parte del sujeto pasivo fue presentada en etapa de ejecución tributaria, vale decir, después de la notificación con los Proveidos de Inicio de Ejecución Tributaria, correspondiendo aplicar al efecto las disposiciones relativas a la prescripción en dicha etapa; en ese contexto, el acto impugnado efe de la prescripción de acuerdo a lo establecido en los artículos 59 y 60 parágrafo II de

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Juan Carlos

Guzmán Ruizlet VVPB

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II

la Ley 2492 sin las modificaciones realizadas por las Leyes 291, 317 y 812,

estableciendo que el curso de la prescripción se iniciará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria, requisito cuya omisión no solamente imposibilita al Ente Fiscal a realizar las medidas coactivas respectivas, sino que también impide el inicio del cómputo de la prescripción de la facultad de ejecución, hasta la notificación con el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria, conforme el artículo 4 del DS 27874, siendo que el presente caso el sujeto pasivo fue notificado con los Proveídos de inicio de Ejecución Tributaria Nos. 293300032616, 293300033316, 293300033616, 293300033916; 293300050316, 293300035116, 293300035716, 293300034516, 293300035516, 331729000644, 331729000645, 331729000646, 331729000642 y 331729000643 el 27 de junio de 2017; consecuentemente, sus facultades para ejercer la ejecución tributaria de las declaraciones juradas consignadas en los referidos PIET’s, no se encuentran prescritas.

También se debe tener presente que a la fecha de notificación de los referidos Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, se encontraban vigentes las modificaciones a los artículos 59 y 60 del Código Tributario, realizadas por las Leyes 291, 317 y 812; en ese entendido, el artículo 59 de la Ley 2492 modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, establece que la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible; consecuentemente, dichas facultades no están prescritas. Asimismo el acto

impugnado hace referencia a la emisión de los PIET’s por Resoluciones Sancionatorias que al no haber sido impugnadas adquirieron firmeza, correspondiendo iniciar la ejecución tributaria; por cuanto el argumento expuesto por el recurrente referente a la inadecuada discriminación de la existencia de PIET’s por Declaraciones Juradas y Resoluciones Sancionatorias carece de fundamento.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Proveido No 241929000025 (SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PROV/00024/2019) de 6 de marzo de 2019.

II.4 Apertura de término probatorio y producción de prueba Mediante Auto de 14 de mayo de 2019, se dispuso la apertura del término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d)

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada en Secretaría al recurrente y a la Administración Tributaria el 15 de mayo de 2019; período dentro el cual el recurrente ratificó la prueba documental presentada por la Administración Tributaria y la documentación presentada junto con el Recurso de Alzada; al efecto, por Proveído de 3 de junio de 2019 se dio por ratificada la prueba documental señalada, actuación notificada en secretaría a las partes el 5 de junio de 2019; fojas 56-59 y 62 de obrados.

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La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante memorial presentado el 4 de junio de 2019, ratificó en calidad de prueba pre constituida los antecedentes administrativos adjuntados a momento de responder el Recurso de Alzada; al efecto, por Proveído de 5 de junio de 2019, se dio por ratificada la prueba documental señalada, actuación notificada en secretaría a las partes el 5 de junio de 2019; fojas 60-61 y 63 de obrados. En

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11.5. Alegatos Dentro del plazo establecido por el artículo 210 parágrafo II del Código Tributario, la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 24 de junio de 2019, presentó alegatos ratificando los argumentos expuestos en su Recurso de Alzada, enfátizando en que el acto administrativo impugnado cumple con los requisitos – establecidos en el artículo 28 de la Ley 2341, toda vez que expone los hechos y la normativa aplicable al caso, motivo por el que no corresponde aplicar lo dispuesto en el artículo 36 parágrafo Il de la Ley 2341. Asimismo señala que sus facultades para efectuar la ejecución de la deuda tributaria respecto a las declaraciones juradas del

IVA e IT de los periodos fiscales agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre

2015, enero, febrero y abril de 2016 iniciaron a partir del día siguiente de la notificación con los Proveidos de inicio de Ejecución Tributaria efectuada el 27 de junio de 2017 conforme lo previsto en los artículos 59, 60 parágrafo Il y 4 del DS 27874; consecuentemente, dichas facultades se encuentran incólumes; al efecto, se emitió el afao

ISO 9001 Proveído de 25 de junio de 2019, que dio por formulados los alegatos en conocimiento

de la parte contraria, actuación notificada a las partes en Secretaría el 26 de junio de 2019, fojas 64-67 y 72 de obrados.

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Mediante nota presentada el 24 de junio de 2019, el recurrente presentó alegatos manifestando que el Proveído N° 241929000025 de 6 de marzo de 2019, vulnera el artículo 28 de la Ley 2341, toda vez que no establece de manera adecuada los hechos ni tampoco señala el derecho aplicable; asimismo carece de fundamentación, aspectos que lo vician de nulidad. Asimismo señala que sus facultades para efectuar la ejecución tributaria respecto a los Proveídos de inicio de Ejecución Tributaria Nos. 293300032616, 293300033316, 293300033616, 293300033916, 293300050316, 293300035116, 293300035716, 293300034516, 293300035516, 331729000644, 331729000645, 331729000646, 331729000642 y 331729000643 se encuentra prescrita, además que el Ente Fiscal no consideró de forma adecuada su solicitud de prescripción toda vez que las Resoluciones Sancionatorias a las que hace referencia en el acto impugnado se sujetan a un plazo de 2 años conforme el artículo 59 de la Ley 2492, aspecto que no fue debidamente analizado; al efecto, se emitió el Proveido de 25 de junio de 2019, que dio por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria, actuación notificada a las partes en Secretaría el 26 de junio de 2019, fojas 68-71 y 73 de obrados.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el contribuyente Servicios de Pretensado y Construcción Ltda. “SERPREC LTDA”, presentó sus Declaraciones Juradas de acuerdo al siguiente detalle:

DECLARACIONES JURADA

FORM 

PERIODO 

IMPORTE EN 

Bs. 

|

200 400 200

EJECUCIÓN

TRIBUTARIA DDJJ 2054425308 | DDJJ 2054425060 : DDJJ 2055101532 DDJJ 2055101333 DDJJ 2055860047 DDJJ 2056411844 DDJJ 2056406063 DDJJ 2057095635 DDJJ 293300035716,

400

200 200 400

200 400

Ago-2015 Ago-2015 Sep-2015 Sep-2015 Oct-2015 Nov-2015 Nov-2015 Dic-2015 Dic-2015

177.658 

71.667 176.691 

62.359 325.923 92.408 37.997 123.055 53.822 

DDIJ 2058315572 | DDJJ 2057723202

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Feb-2016 Ene-2016

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DDJJ 2058303091 DDJJ 2057738656 DDJJ 2959904561

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Feb-2016 Ene-2016 Abr-2016

13.608 60.175 43.278 

|

|

Posteriormente y conforme lo establecido en el artículo 108 de la Ley 2492, concordante con el artículo 4 del DS 27874, la Administración Tributaria anunció al contribuyente que dará inicio a la ejecución tributaria de los mencionados títulos al tercer día de su legal notificación con los Proveidos de inicio de Ejecución Tributaria que se detallan a continuación:

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293300035516 331729000644 331729000645 331729000646 331729000642 331729000643

10/06/16 10/06/16 10/06/16 . 10/06/16 10/06/16 10/06/16 10/06/16 10/06/16 10/06/16 31/07/17 31/07/17 

31/07/17 1, 31/07/1

31/07/17 

FECHA NOTIFIC. PIET 

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Por memorial presentado a la Administración Tributaria el 5 de junio de 2018, Servicios de Pretensado y Construcción Ltda. “SERPREC LTDA” a través de su representante legal, solicitó la prescripción de las acciones del Ente Fiscal para ejercer su facultad de ejecución tributaria del Impuesto a las Transacciones respecto a los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 293300032616, 293300033316, 293300033616, 293300033916, 293300050316, 293300035116, 293300035716, 293300034516, 293300035516, 331729000644, 331729000645, 331729000646, 331729000642 y 331729000643, en aplicación de los artículos 59-1 y 60 de la Ley 2492, fojas 45-46 cuerpo 14 de antecedentes administrativos.

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La Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió el Proveído N° 241929000025 (SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PROV/00024/2019) de 6 de marzo de 2019, por medio del cual señaló que su facultad para ejecutar la deuda

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III

autodeterminada mediante las Declaraciones Juradas del IVA e IT por los periodos fiscales agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2015, enero, febrero y abril 2016, no se encuentra prescrita, conforme a lo previsto en los artículos 59 numeral 4 y 60-11 de la Ley 2492, disponiendo proseguir con la ejecución tributaria hasta el pago total de la deuda tributaria. Asimismo señala que emitió las Resoluciones Sancionatorias Nos. 181729000424, 181729000427, 181729000429 y 181729000428 que al no haber sido impugnadas adquirieron firmeza, correspondiendo iniciar la ejecución tributaria, actuación notificada por cédula el 8 de marzo de 2019; fojas 38 43 cuerpo 14 de antecedentes administrativos.

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-11l de la Ley 3092, se tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Servicios de Pretensado y Construcción Ltda. “SERPREC LTDA”, legalmente representada por Magno Guillermo Mayori Machicao en el Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.

De inicio, se hace necesario puntualizar que en el petitorio del Recurso de Alzada, la parte recurrente solicita la revocatoria o la nulidad del acto administrativo impugnado; en ese contexto, de la lectura del citado Recurso, se advierte que argumenta tanto aspectos de fondo como de forma, por esta razón, siendo obligación de esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitir un criterio y/o posición respecto a todos y cada uno de los planteamientos formulados, inicialmente se efectuará la revisión de la existencia o no de los vicios procesales denunciados, y si los mismos se encuentran legalmente sancionados

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con la nulidad, sólo en caso de ser inexistentes, se ingresará al análisis de los aspectos de fondo planteados.

1.1. ASPECTOS DE FORMA 1.1.1 Fundamentación del acto impugnado El recurrente dentro de los argumentos expuestos en su Recurso de Alzada y alegatos señala que la Administración Tributaria rechazó su solicitud de prescripción mediante el Proveído N° 241929000025 de 6 de marzo de 2019, que vulnera el artículo 28 de la Ley 2341, toda vez que no establece de manera adecuada los hechos ni tampoco señala el derecho aplicable; asimismo, carece de fundamentación, aspectos que lo vician de nulidad.

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Agrega que en aplicación del principio de seguridad-jurídica y debido proceso, correspondia que la Administración Tributaria en respuesta a su petición de prescripción emita una Resolúción Administrativa debidamente fundamentada y no un Proveído conforme lo previsto en el artículo 17 de la Ley de Procedimiento Administrativo, omisión que genera la nulidad del acto impugnado.

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La Administración Tributaria en respuesta al agravio manifestado por el recurrente señala que el Proveído N° 241929000025 de 6 de marzo de 2019, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 28 de la Ley 2341, toda vez que fue dictado por autoridad. competente, no carece de objeto, no es ilícito o imposible, cumplió con el procedimiento legalmente establecido y no es contraria a la Constitución Política del Estado, además que contiene un pronunciamiento expreso y fundamentado en los hechos y antecedentes de cada uno de los PIET’s emitidos y la valoración de lo alegado por el sujeto pasivo.

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Cita la Sentencia Constitucional 195/2010-R de 24 de mayo de 2010 y señala que el afao derecho de petición reside en la posibilidad de que el sujeto pasivo obtenga una respuesta a su solicitud,” lo que no implica que la Administración Tributaria esté comprometida a pronunciarse según los interese del peticionario; sin embargo, se IQNet debe fundamentar la negativa o rechazo, aspecto que fue cumplido, toda vez que la respuesta negativa a la solicitud del sujeto pasivo, se fundamenta en los antecedentes

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y el derecho aplicable al caso, expuestos a momento de la emisión del acto administrativo; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 24 de la Constitución Política del Estado, en relación al derecho de petición, dispone: Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario. 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone:

  1. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales 

en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

El artículo 68, numerales 6 y 7 del Código Tributario, con relación a los derechos del sujeto pasivo, menciona: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

El artículo 16, incisos a) y h) de la Ley 2341, establecen: En su relación con la Administración Pública, las personas tienen los siguientes derechos: a) A formular peticiones ante la Administración Pública, individual o colectivamente. h) A obtener una respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes que formulen. 

El artículo 28 de la Ley 2341 en sus incisos b) y e), establece: Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa 

y en el derecho aplicable; 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

  1. e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados. 

El artículo 5 del DS 27310, dispone: El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria. A efectos de la prescripción prevista en los Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492, los términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. 

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Previo a ingresar al análisis de la problemática que nos ocupa, es necesario considerar que el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso debe ser parte de todas las actuaciones administrativas; por consiguiente, es obligación de los organismos y dependencias de la Administración Pública a su cumplimiento; es en ese contexto, que dicho precepto constitucional establece de manera expresa que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se traduce que los actos y actuaciones en un proceso administrativo se deben ajustar no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales; esto implica garantizar el correcto ejercicio de la Administración Pública a través de la emisión de actos administrativos, los que no deben resultar contrarios a los principios del Estado de Derecho.

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Es necesario considerar también que la fundamentación de todo acto administrativo, – además de justificar el accionar administrativo, debe valorar todos los argumentos

planteados por el administrado a objeto de que el ente fiscal pueda calificar su impertinencia o descartar su relevancia; lo que implica, que la valoración de los descargos sean documentos o argumentos, se constituye en uno de los requisitos del acto administrativo que dan la seguridad de que se trata de una resolución fundada. afaq En ese contexto, existirá una resolución fundada únicamente cuando se asiente sobre un conjunto de elementos fácticos, entre ellos, la valoración, compulsa y revisión de

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la documentación presentada u obtenida así como de los argumentos expuestos y la

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emisión de una respuesta fundamentada y congruente conforme el planteamiento manifestado por el solicitante.

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Corresponde enfatizar que. la doctrina administrativa señala que la función administrativa en el ámbito tributario está encargada de llevar adelante las obligaciones impositivas, requiriendo para ello que declaren o exterioricen su voluntad con la emisión de un acto administrativo bajo los alcances del artículo 27 de la Ley 2341, esto implica, que necesariamente se deben cumplir todos los recaudos determinados en el Ordenamiento Jurídico Administrativo; en ese contexto, la validez de los actos administrativos depende de que en ellos concurran los requisitos esenciales de eficacia, siendo su característica esencial la presunción de su validez y legalidad; es menester también mencionar que los actos administrativos tienen en su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa.

En el presente caso, se tiene que de la revisión de antecedentes administrativos Servicios de Pretensado y Construcción Ltda. “SERPREC LTDA” a través de su representante legal, por memorial presentado a la Administración Tributaria el 5 de junio de 2018, solicitó a la Administración Tributaria la prescripción de las acciones del Ente Fiscal para ejercer su facultad de ejecución tributaria respecto a los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 293300032616, 293300033316, 293300033616, 293300033916, 293300050316, 293300035116, 293300035716, 293300034516, 293300035516, 331729000644, 331729000645, 331729000646, 331729000642 y 331729000643, en aplicación de los artículos 59-1 y 60 de la Ley 2492, conforme se evidencia a fojas 45-46 (cuerpo 14) de antecedentes administrativos.

En respuesta a dicha solicitud, la Administración Tributaria, emitió el, Proveido No 241929000025 (SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PROV/00024/2019) de 6 de marzo de 2019, por medio del cual señaló que su facultad para ejecutar la deuda autodeterminada mediante las Declaraciones Juradas del IVA e IT por los periodos fiscales agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2015 y febrero 2016, no se encuentra prescrita conforme a lo previsto en los artículos 59 numeral 4 y 60-11 de la Ley 2492, disponiendo proseguir con la ejecución tributaria hasta el pago total de la deuda tributaria. Asimismo señala que emitió las Resoluciones Sancionatorias Nos. 181729000424, 181729000427, 181729000429 y 181729000428 que al no haber sido impugnadas adquirieron firmeza, correspondiendo iniciar la ejecución tributaria, según se verifica a fojas 41-43 (cuerpo 14) de antecedentes administrativos.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

De la lectura al Proveído N° 331/2018 de 12 de junio de 2018, es evidente que carece de una debida motivación y fundamentación de hecho y de derecho, toda vez que en su contenido no explica de forma clara las razones que fundamentan los motivos por los que considera que la prescripción de las facultades de ejecución tributaria respecto a los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 293300032616, 293300033316, 293300033616, 293300033916, 293300050316, 293300035116, 293300035716, 293300034516, 293300035516, 331729000644, 331729000645, 331729000646, 331729000642 y 331729000643 no corresponde, toda vez que en el párrafo segundo consigna un cuadro donde detalla solamente 10 PIET’s emitidos respecto al tributo omitido de las declaraciones juradas del IVA e IT de los periodos fiscales agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2015 y febrero de 2016, sin considerar que se trata de 14 Proveidos de inicio de Ejecución Tributaria sobre los que el ahora recurrente planteó prescripción..

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Continuando con la revisión del referido Proveído N°331/2018 de 12 de junio de 2018, se evidencia que en el quinto párrafo realiza el análisis de la prescripción de las facultades de ejecución del adeudo tributario, respecto solamente a los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 293300032616, 293300033316, 293300033616, 293300033916,‘ 293300050316, 293300035116, 293300035716, 293300034516, 293300035516, es decir, hace mención solamente a 9 PIET’s, estableciendo que sus facultades para la ejecución tributaria de las declaraciones juradas consignadas en dichos actuados no se encuentra prescrita.

Finalmente en el último párrafo del acto impugnado el Ente Fiscal señala de forma textual lo siguiente: “...con relación a los Proveídos de inicio de Ejecución Tributaria Nros. 331729000646, 331729000645, 331729000644, 331729000643 y 331729000642 de 31 de julio de 2017, de la revisión de antecedentes administrativos se advierte que el 14/08/2017 ésta Administración Tributaria representada por la afao Gerencia GRACO La Paz, emitió las Resoluciones Sancionatorias Nros. 181729000424, 181729000427, 181729000429 y 181729000428 notificadas en fecha 31 de agosto de 2017, y al no haber sido impugnadas adquirieron firmeza, de acuerdo TQNet a lo establecido en el Artículo 143 de la Ley N° 2492, correspondiendo iniciar la ejecución tributaria.” De la lectura a dicho párrafo es evidente que la Administración

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Tributaria de forma incongruente hace referencia a que se habrían emitido Resoluciones Sancionatorias las cuales al no haber sido impugnadas adquirieron firmeza, vinculándolas con los Proveídos de inicio de Ejecución Tributaria Nos. 331729000644, 331729000645, 331729000646, 331729000642 y 331729000643; sin embargo, de la revisión a los antecedentes administrativos, se evidencia que los referidos PIET’s fueron emitidos a efectos de iniciar la ejecución tributaria de las declaraciones juradas impagas respecto al IVA e IT de los periodos fiscales enero, febrero y abril de la gestión 2016 y no así para efectuar el cobro de la sanción como erradamente se afirma en el Proveido No 241929000025 de 6 de marzo de 2019, aspecto que genera una evidente confusión en cuanto a la decisión del Ente Fiscal en respuesta a la solicitud de prescripción de la ejecución tributaria planteada por el sujeto pasivo.

Habrá que enfatizar también, que en el memorial presentado ante la Administración Tributaria el 5 de junio de 2018, el ahora recurrente planteó la prescripción de las acciones del Ente Fiscal para ejercer su facultad de ejecución tributaria respecto al adeudo tributario consignado en los Proveidos de inicio de Ejecución Tributaria Nos. 293300032616, 293300033316, 293300033616, 293300033916, 293300050316, 293300035116, 293300035716, 293300034516, 293300035516, 331729000644, 331729000645, 331729000646, 331729000642 y 331729000643, conforme lo previsto en el artículo 59 parágrafo I numeral 4) de la Ley 2492 sin hacer mención alguna a la prescripción de las facultades respecto a la ejecución de la sanción como erradamente se consigna en Proveido No 241929000025 de 6 de marzo de 2019, hecho que genera incongruencia en cuanto a la respuesta esgrimida en el ahora acto impugnado respecto a la solicitud efectuada por el sujeto pasivo, hecho que indudablemente incide en la falta de fundamentación del acto administrativo impugnado

Al respecto, corresponde traer a colación la Sentencia Constitucional Plurinacional 1083/2014 de 10 de junio, que en relación a las acepciones que conlleva el elemento congruencia estableció: “…amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena 

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correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión”; situación que la Administración Tributaria no consideró en el acto impugnado, debido a que emitió un pronunciamiento que en ningún momento fue solicitado por el sujeto pasivo, referente a las facultades de ejecución de la sanción, vinculando a tal hecho la emisión de los Proveídos de inicio de Ejecución Tributaria Nos. 331729000644, 331729000645, 331729000646, 331729000642 y 331729000643 emitidos el 31 de julio de 2017 que, según la revisión de antecedentes administrativos no corresponden al cobro de la sanción sino a la ejecución del adeudo tributário por declaraciones juradas impagas, vulnerando de esta manera la congruencia externa que debe existir entre el planteamiento expuesto por el sujeto pasivo y lo resuelto por el Ente Fiscal…

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A lo mencionado se suma que el artículo 5 de la Ley 2341, aplicable en el presente caso por expresa disposición del artículo 74 de la Ley 2492, determina que los órganos administrativos tendrán competencia para conocer y resolver un asunto administrativo cuando éste emane, derive o resulte expresamente de la Constitución Política del Estado, las leyes y las disposiciones reglamentarias; la competencia atribuida a un órgano administrativo es irrenunciable, inexcusable y de ejercicio obligatorio y sólo afaq 

ISO 9001 puede ser delegada, sustituida o avocada conforme a Ley; asimismo, el artículo 62 del

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DS 27113, al referirse a las facultades y deberes de la autoridad administrativa, señala

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en el inciso o) el de aceptar o rechazar peticiones, reclamaciones y recursos, lo que indudablemente demuestra que es una atribución del Ente Fiscal el de emitir un criterio

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definitivo, fundamentado y congruente sobre cualquier petición que presente el administrado, hecho que como se demostró “ut supra” no ocurrió en el presente caso.

Conforme lo relacionado se evidencia que si bien la Administración Tributaria a través del acto impugnado rechazó la solicitud de prescripción efectuada por el sujeto pasivo; sin embargo, dicha decisión no cuenta con el debido fundamento de hecho y de derecho, toda vez que al momento de efectuar el cómputo de la prescripción de sus facultades para ejecutar la deuda tributaria derivada de las declaraciones juradas impagas del contribuyente, no consideró la totalidad de los PIET’s sobre los cuales el sujeto pasivo efectuó su solicitud, es decir, solamente realizó su análisis en base a los Proveídos de inicio de Ejecución Tributaria Nos. 293300032616, 293300033316, 293300033616, 293300033916, 293300050316, 293300035116, 293300035716, 293300034516, 293300035516, según se evidencia en el párrafo quinto del acto impugnado, omitiendo por completo emitir pronunciamiento respecto a la prescripción de los restantes PIET’s Nos. 331729000644, 331729000645, 331729000646, 331729000642 y 331729000643, los cuales conforme la revisión de antecedentes administrativos también fueron emitidos a efectos de la ejecución del tributo omitido de las referidas declaraciones juradas impagas y no así para el cobro de la sanción como erradamente señala el Ente Fiscal a través del acto administrativo ahora

impugnado.

En ese entendido, la Administración Tributaria no consideró la solicitud efectuada por el recurrente así como tampoco tomó en cuenta los antecedentes del caso a momento de emitir el acto impugnado, hecho que impidió emitir un criterio fundamentado fáctica y legalmente respecto al planteamiento expuesto por el sujeto pasivo, pese a contar con la atribución de emitir una posición definitiva respecto a las solicitudes que efectúan los administrados, sin considerar el derecho fundamental que toda persona tiene precisamente a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal, fundamentada y congruente, hecho que impide a esta instancia recursiva emitir pronunciamiento respecto a los aspectos de fondo : planteados por el recurrente, en tanto la referida omisión sea subsanada por el Ente Fiscal; consecuentemente, ante la falta de los requisitos esenciales en el acto administrativo emitido por la Administración Tributaria establecidos por el inciso e) del

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artículo 28 de la Ley 2341 y 31 del DS 27113, implica la existencia de vicios de nulidad .que provocan la vulneración de los derechos al debido proceso y a la defensa,

omisiones que se encuentran sancionadas con la nulidad de obrados.

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Respecto al argumento expuesto por el recurrente en sentido de que no correspondía emitirse un Proveído sino una Resolución Administrativa debidamente fundamentada en respuesta a su solicitud de prescripción, corresponde señalar que los artículos 27 y 28 de la Ley 2341, aplicables por disposición expresa del artículo 201 de la Ley 2492, indican expresamente que un acto administrativo es toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, capaz de producir efectos jurídicos sobre el administrado, es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo; así como se constituyen como elementos esenciales, entre otros, del acto administrativo la competencia, que se traduce en que necesariamente debe ser dictado por autoridad competente; la causa, es decir, sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; cuyo objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible; debiendo encontrarse fundamentadas en forma concreta las razones que inducen a su emisión.

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En ese contexto, es evidente que el proveido No 241929000025 (SIN/GGLPZ/DJCCICC/PROV/00024/2019) de 6 de marzo de 2019, no solamente es un acto administrativo definitivo de carácter particular que produjo efectos jurídicos en el administrado, sino que también fue notificado por cédula al ahora recurrente el 8 de marzo de 2019, según se verifica a fojas 38-43 cuerpo 14 de antecedentes administrativos, situación que demuestra de manera incuestionable que dicho acto administrativo salió del ámbito interno del Ente Fiscal, lo cual hace del citado Proveído un acto plenamente válido, que si bien carece uno de los requisitos previstos en el artículo 28 inciso e) de la Ley 2341, motivo que genera la nulidad del afaq referido acto administrativo; sin embargo, cumple con los demás requisitos al estar firmado por autoridad competente y al contener un objeto cierto, lícito y materialmente posible que se traduce en el rechazo de la solicitud de prescripción IQNet planteada por el sujeto pasivo, brindándole la posibilidad al ahora recurrente de reclamar y solicitar se deje sin efecto precisamente ese acto administrativo, por

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considerarse lesivo a sus derechos e intereses, hecho que motivó a esta instancia recursiva la admisión de dicha impugnación, precisamente por considerar al Proveído No 241929000025 un acto administrativo definitivo de carácter particular que produjo efectos jurídicos en el administrado, independientemente de la denominación de dicho acto administrativo, motivo por el que corresponde desestimar el argumento expuesto por el recurrente.

Con relación a la cita de la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0819/2012 de 20 de agosto de 2012, efectuada por el recurrente, corresponde señalar que dicho precedente judicial se circunscribe a analizar la vulneración del derecho de petición, estableciendo entre su razonamiento legal causales para su producción, entre la que destaca que la vulneración del derecho a la petición se realiza cuando la solicitud no es atendida de manera clara, precisa, completa y congruente con lo solicitado, razonamiento que fue cumplido por esta instancia de Alzada en el presente caso, conforme el análisis realizado precedentemente.

En ese contexto, al ser evidente la existencia de vicios que causaron la vulneración de los derechos constitucionales del debido proceso y la defensa garantizados por los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de Estado y 68, numeral 6) de la Ley 2492, corresponde anular el. Proveído N° 241929000025 (SIN/GGLPZ/DJCC/CC/PROV/00024/2019) de.6 de marzo de 2019, emitido por la Gerencia Grandes Contribuyentes. La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, debiendo el Ente Fiscal emitir un nuevo acto administrativo en el que exponga de manera fundamentada y motivada la aceptación o rechazo de la solicitud de prescripción planteada por el contribuyente Servicios de Pretensado y Construcción Ltda. “SERPREC LTDA”, cumpliendo los requisitos establecidos por los incisos by e) del artículo 28 de la Ley 2341.

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492;

.

..

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AITU 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

RESUELVE: PRIMERO: – ANULAR ..el. . Proveído N° 241929000025 (SIN/GGLPZIDJCC/CC/PROV/00024/2019) de 6 de marzo de 2019, emitido por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales; consecuentemente, la Administración Tributaria debe emitir un nuevo acto administrativo definitivo en el que exponga de manera fundamentada y motivada la aceptación o rechazo de la solicitud de prescripción planteada por el contribuyente Servicios de Pretensado y Construcción Ltda. “SERPREC LTDA”,.cumpliendo los requisitos establecidos por los incisos b y e) del artículo 28 de la Ley 2341 y 31 del DS 27113.

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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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Gonzales e Meriles López

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridade General de impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código Tributario y sea con nota de atención.

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CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación.

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Regístrese, hágase saber y cúmplase.

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Tributaria – La Paz 

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: 9001 IBNORCA Sistema de Gestión

de la Calidad Certificado N° 771/14 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachig (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní)

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