ARIT-LPZ-RA-0765-2020 Tributo omitido sobre base cierta por el IVA, más intereses y sanción por omisión de pago, el contribuyente alega que no se analizó correctamente los descargos presentados, también hay observaciones en declaraciones de ventas de proveedores y notas fiscales y que la conducta de omisión de pago es incorrecta, se confirma la resolución determinativa ya que todo lo alegado por el contribuyente no presentó pruebas que desvirtúen la acusación y que la Administración Tributaria actuó bajo normativa y siempre velando el derecho de defensa.

ARIT-LPZ-RA-0765-2020

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZIRA 0765/2020 

Recurrente: 

Icaro Construcciones S.R.L. legalmente representada por Omar Raúl Tapia Cabrera 

Administración Recurrida: 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Marco Javier Baldivia Saavedra 

Acto Impugnado: 

Resolución Determinativa N° 172029000240 (SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/83/2020) 

Expediente: 

ARITECPZ-0312/202

Lugat y Fecha 

La Paz, 18 de septiembre de 2020 

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VISTOŚ: EI/Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración — Tributaria Recuirida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ No 0765/2020 de 18 de septiembre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; todo cuanto se tuvo presente: 

.. 

  1. 1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Determinativa 172029000240 (SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/ RD/83/2020) de 16de marzo de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra Ícaro Construcciones S.R.L, estableciendo sobre base cierta el tributo omitido de 2.235 UFV’s por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), más intereses y sanción por omisión de pago por el periodo fiscal febrero 2019. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaranl) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

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  1. I TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA II.1 Argumentos del Recurrente Ícaro Construcciones S.R.L legalmente representada por Omar Raúl Tapia Cabrera, conforme acredita el Testimonio de Poder No 1830/2020 de 24 de junio de 2020, mediante nota presentada el 24 de junio de 2020, cursante a fojas 24-31 de obrados, interpuso Recurso de Alzada expresando lo siguiente: 

La Resolución Determinativa impugnada, se encuentra viciada de nulidad, carece de la debida fundamentación jurídica, no analizo correctamente los descargos que se presentaron en su momento, vulnerando las garantias del debido proceso, a la defensa y a la seguridad jurídica

Al amparo del artículo 77 de la Ley 2492 presentó al ente fiscal: nota de presentación de documentos de 29 de octubre de 2019, Recibos de Caja Nos. 0003446 y 0003454, asimismo, registros contables, Libros de Compras y declaraciones juradas, que demuestran que la factura observada es completamente válida, además es original, y corresponde a la compra de 5 piezas de taladro, 10 equipos de torres de andamios metálicos y una compactadora manual, que corresponde a su proyecto hidroeléctrico La Muma. 

Es de entera responsabilidad del proveedor regularizar su declaración de venta y del ente fiscal realizar esos controles a los proveedores y no a su empresa, que está demostrando con documentación que si existió el hecho generador, por consiguiente no puede asumir facultades que no le competen, como pretende la Gerencia Graco La Paz, Cita el artículo 54 de la RND 10002116 y señala que demostró que existió la compra venta de bienes, la factura cumple los requisitos de validez para beneficiarse del crédito fiscal. 

La Vista de Cargo y la Resolución Determinativa se encuentran viciadas de nulidad, debido a que no cumplen los requisitos establecidos por los artículos 96 y 99 de la Ley 2492. El acto preliminar no contiene los elementos y valoraciones exigidos por la norma para sustentar la emisión del acto definitivo, razonamiento necesario que posibilita el derecho a la defensa, Si bien no niega que los documentos presentados son parte de las transacciones que derivó a la emisión de la factura; sin embargo, sin fundamento técnico legal señala que no es suficiente, es decir, los citados actos no 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

señalan los argumentos o razones por las que no se aceptó dicha documentación, toda vez que se limita a realizar un listado de la documentación sin ningún análisis, menor establece la deuda sobre base cierta. Se asumió que la factura no es válida, siendo que se presentó el original;-señala que no existió la efectiva realización de la transacción, sin considerar que es posible adquirir grandes cantidades de material de construcción sin que se haya utilizado; asevera que no cuenta con medios de pago cuándo se presentaron los movimientos de inventarios y otros que acreditan la existencia de la transacción; documentación que debió ser valorada en su real dimensión. 

Situación similar sucede con la calificación de la sanción por omisión de pago, que carece de fundamentación solo señala que las acciones y omisiones constituyen indicios de omisión de pago. 

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Como prueba señala que posee la factura original que evidencia la transacción y que además cumple lo establecido en la RND 10-0021-16, sin embargo, no’fue valorada, situación que demuestra que no cumple lo establecido por el artículo 96 de la Ley 2492. La doctrina, jurisprudericia y fallos administrativos han establecido la obligación de fundamentàr la Vista de cargo bajo pena de nulidad, omisión que vulnera el debido proceso en su elemento del derecho á una decisión motivada, Cita las Resoluciones AGIT-RJ-1473/2017 y AGI-RJ-1180/2017. 

— 

En virtud al artículo 76 de la Ley 2492, la Administración Tributaria tiene la carga de la prueba en el procedimiento de determinación, debiendo indudablemente probar la veracidad de los hechos, aportando los medios de prueba aceptados legalmente. Se debe tener presente que la finalidad de los recursos administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma de tutelar el legítimo derecho del sujeto activo a percibir la deuda, así como el del sujeto pasivo a que se 

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presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones, hasta que en debido 

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proceso se pruebe lo contrario. 

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El 19 de noviembre de 2019 se labró un acta de verificación de domicilio de José Alberto Robles Flores, cuando dicho contribuyente se encontraba en estado inactivo solicitado, situación que no permite verificar una actividad que ya no existe; pero si otorga al ente fiscal certeza que la inactivación solicitada y aceptada por la propia 

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Administración sin que hubiera observaciones al cierre de dicha actividad, en consecuencia, no se puede decir, que dicha actividad no existió, menos se puede concluir que no existió la transacción. 

No se requirió a los proveedores información sobre las facturas declaradas por Ícaro Construcciones S.R.L., para efectuar el respectivo cruce de facturas, señala que existen las facturas originales que dan fe de la dosificación efectuada por el ente fiscal 

Presentó todos los documentos contables, así como los recibos de caja o egreso que evidencian la realización de la transacción con el proveedor de manera concreta y objetiva, empero el ente fiscal lo desvirtuó subjetivamente. 

Cumplió y demostró los tres preceptos legales necesarios, esenciales y concurrentes, referidos a: 1) la existencia de las facturas, que perfecciona el hecho imponible, 2) que las compras estén vinculadas con la actividad gravada, no siendo su responsabilidad que el proveedor no declaró la misma y 3) la realización efectiva de la transacción. El primero y último ligados a los medios fehacientes de pago, no siendo suficiente solo la factura sino que deberá estar consignada en registros susceptibles de ser verificados, establecidos por el Código Tributario y Código de Comercio, mismos que fueron presentados como respaldo. 

Señala que no obstante de no estar obligado a respaldar con documentos bancarios las compras inferiores a Bs50.000.– adjuntó la fotocopia de los cheques Nos. 0003446 y 0003454 correspondiente al pago de la factura No 1712, por la compra de 5 taladros, 10 equipos de andamio y una compactadora manual; los que fueron para el cumplimiento del contrato de obra que obliga a ejecutar el trabajo, suministrar el equipo y materiales, por consiguiente se encuentra vinculada a la actividad gravada. Si bien, los referidos cheques se encuentran a nombre del apoderado de la empresa; sin embargo, los recibos de caja o Egreso se encuentran firmados por el proveedor, documentación que fue presentada en la etapa administrativa, empero no fueron valorados 

La calificación de la conducta como omisión de pago es incorrecta, toda vez que se denostó ampliamente que no se verifica ningún pago de menos del tributo, ya que las observaciones son incorrectas. 

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III 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Eslado Plurinacional de Bolivia 

Su empresa presentó y volverá a presentar toda la documentación y evidencia contable que cuenta que demuestra la validez de su posición tributaria y el derecho que tiene al cómputo del crédito fiscal de la factura observada. 

Corresponde-a-la Administración explicar exactamente porqué asume qué no se realizó la transacción o por qué asumē que el proveedor no emitió la factura observada, hecho que le deja en indefensión debido a que se le obliga a demostrar que las facturas fueron emitidas por el proveedor, no tiene sentido lógico asumir que por el hecho de pagar por caja o en efectivo, la factura no fue emitida por el proveedor o debido a que no se tiene certificación de la firma del proveedor se asuma que la factura no demuestra la transacción o no fue emitida. Adicionalmente no cursa ninguna documentación que evidencie que revisaron los registros del proveedor, siendo imposible como contribuyente efectuar el control de la correcta declaración de sus proveedores, 

I b 

En este caso el proveedor o sujeto pasivo tiene la condición juridica y económica de Agente de percepción, por lo cual es el único legalmente obligado al pago directo del tributo, aspecto reconocido en el artículo 30 de la Ley 2492, debido a que junto al precio de sus productos percibe el IVA por parte del sujeto a quien está dirigido el tribuțo (consumidor) 

La Administración Tributaria no reconoce como respaldo del pago los comprobantes de Caja o Egreso que sustentan la transacción, los que se encuentra correctamente registrados en su respectivos Mayores Contables, el pago a los proveedores y la salida de dinero de sus cuentas a través de sus cheques e incluso los kárdex de inventarios que se adjuntarán en el periodo de prueba demuestran claramente que si se produjo la transacción. 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Determinativa No 172029000240 (SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/83/2020) de 16 de marzo de 2020, 

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II.2 Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Ícaro Construcciones S.R.L legalmente representada por Omar Raúl Tapia Cabrera fue admitido por Auto de 1 de julio de 2020, notificado mediante cédula a la Administración Tributaria recurrida y de forma 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mít’ayir jach‘a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodeguambaeti onomita mbaerepi Vae (Guaranl) 

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personal a la empresa recurrente el 6 y 7 de julio de 2020 respectivamente, fojas 3237 de obrados. 

II.3 Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Marco Javier Baldivia Saavedra conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia No 032000000039 de 10 de enero de 2020, por memorial presentado el 21 de julio de 2020, cursante a fojas 40-48 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

Se valoró apropiadamente toda la documentación presentada por el contribuyente y se llegó a la conclusión que dicha documentación presenta contradicciones, debido a que la factura observada corresponde a José Alberto Robles Flores y los Cheques fueron emitidos a nombre de Omar Tapia Cabrera, no habiendo la empresa justificado por qué el documento, que a su criterio sustenta el pago, corresponde a la transacción con la factura observada, fue emitido a nombre de una tercera persona, tampoco justificó la relación existente entre dicha persona y el proveedor. 

El proceso de verificación constituye una facultad de la Administración Tributaria conforme establece el artículo 66, numeral 1 de la ley 2492, no siendo evidente lo alegado por el ahora recurrente que el acto impugnado infiera que es obligación del contribuyente verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de sus proveedores. Si bien es cierto que la facultad de control y verificación corresponde al sujeto activo; no es menos cierto que la misma generalmente se la ejercite en forma posterior; en el presente caso a fojas 35-40 cursa evidencia sobre el incumplimiento del proveedor, aspecto que desvirtúa lo alegado por el recurrente respecto a que el ente fiscal no habria iniciado acciones contra este. 

La Resolución Determinativa impugnada cumple todos y cada uno de los requisitos establecidos por el artículo 99 de la ley 2492, en especial lo referente a la fundamentación de hecho y derecho; toda vez que precisa con exactitud las circunstancias fácticas sobre la valoración de documentación presentada; toda vez que del análisis de la misa se estableció que la factura tiene como respaldo del pago cheques girados a nombre de una tercera persona (Omar Raúl Tapia Cabrera), sin precisar su relación con el proveedor, lo que impide acreditar la efectiva 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

materialización de la transacción; además durante la tramitación del proceso de determinación, el sujeto pasivo no se pronunció sobre la intervención de dicha persona, en ese sentido, al poseer elementos inconsistentes no puede ser considerada como medio fehaciente de pago que acredite la efectiva realización de la transacción. 

Aclara que toda documentación presentada como prueba debe cumplir los requisitos de pertinencia y oportunidad conforme dispone el artículo 81-dela Ley 2492, en este caso, el recurrente pretende suplir su omisión en su Recurso de Alzada señala que la persona a que consignan los cheques es el apoderado de la empresa quien cobró y pagó la compra, aspecto que demostraría con los recibos de caja presentados; sin embargo tales recibos no pueden ser considerados documentos de respaldo de la transacción porque no acreditan que el pago se efectuó al proveedor. 

En procura de encontrar la verdad material respecto a los hechos que fueron objeto de revisión, se efectuó la verificación del domicilio del proveedor José Alberto Flores i Robles, empero no fue encontrado, por lo que se lo catalogo como “Contribuyente No Habido, en ese sentido, de dicho proceso no se obtuvo resultados que corroboren la efectiva realización de la transacción realizada con la factura observadas

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De la revisión de las páginas 3-6 del acto impugnado se puede verificar el desarrollo de los fundamentos de hecho y derecho que respalda la determinación asumida, basada en hechos concretos y normativa vigente, lo que demuestra que se cumplió a 

cabalidad con la fundamentación de los hechos que exige el artículo 99 de la Ley 2492. 

De acuerdo al artículo 70, numerales 4 y 5 de la Ley 2492, es deber del contribuyente facilitar documentación o elementos de prueba que permitan arribar a la verdad histórica de los hechos, es decir, poseer elementos que respalden sus transacciones, no siendo suficiente presentar únicamente la factura, cita al efecto la Sentencia 55/2014 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia. 

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Se subsumió adecuadamente la conducta del contribuyente a la contravención de omisión de pago descrita en el artículo 165 de la Ley 2492, al haber pagado de menos el tributo por apropiación indebida del crédito fiscal contenido en la factura No 1712. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarant) 

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II

Conforme los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa N° 172029000240 (SIN/GGLPZDJCC/UTJ/RD/83/2020) de 16 de marzo de 2020

11.4 Apertura de término probatorio y producción de pruebas Mediante Auto de 22 de julio de 2020, se aperturó el término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 de! Código Tributario, actuación notificada por Secretaría al recurrente y a la Administración Tributaria el 22 de julio de 2020, período dentro del cual, la Administración Tributaria ofreció, reprodujo y ratificó en calidad de prueba pre constituida los antecedentes administrativos del acto administrativo impugnado remitidos junto al memorial de respuesta al Recurso de Alzada, consistente en una carpetas con 96 fojas; al efecto por Proveído de 10 de agosto de 2020, se dio por ofrecida y ratificada la prueba documental señalada, actuación notificada a las partes el 12 de agosto de 2020, fojas 49-52 y 87 de obrados. 

Ícaro Construcciones S.R.L, legalmente representada por Omar Raúl Tapia Cabrera, por nota presentada el 11 de agosto de 2020, ofreció reprodujo y ratificó en calidad de prueba los antecedentes administrativos remitidos por el ente fiscal, el original de la factura N° 1712 observada, Comprobantes de Egresos Nos, 22, 32, Recibos de Caja Nos. 2063 y 2078, cheques Nos. 3446 y 3464, minuta de contrato con el Gobierno Autónomo Municipal de Ichoca que respalda las construcciones y proyectos de electrificación “Construcción Min Central Hidroeléctrica La Mumay acredita las compras de materiales de construcción y eléctrico; Libros de Compras IVA, declaraciones juradas de los periodos sujetos a revisión; Comprobantes de Traspaso de la mercadería comprada a Inventarios. Por Proveido de 12 de agosto de 2020 se dio por ratificada y ofrecida la prueba documental señalada, actuación notificada a las partes por Secretaría el 12 de agosto de 2020, fojas 5386 y 88 de obrados

11.5 Alegatos Conforme el artículo 210 parágrafo ll de la Ley 2492, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales por memorial presentado el 31 de agosto de 2020, formuló alegatos en conclusión manifestando que se valoro apropiadamente toda la documentación presentada por el contribuyente, que la empresa contribuyente no justificó el motivo por el cual gira los cheques a nombre de una tercera persona y no al proveedor, el acto impugnado no refiere en ninguna de 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

sus partes que el contribuyente deba comprobar el cumplimiento de obligaciones tributarias de sus proveedores, sino que tiene que respaldar sus transacciones mediante documentos probatorios de la efectiva realización de sus transacciones; la Resolución Determinativa ahoraimpugnada cumple los requisitos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492, especificamente los fundamentos de hecho y derecho y sobre la calificación de su conducta tributaria. Por Proveído de 1 de septiembre de 2020, se dio por formulados, los alegatos en conocimiento de la parte contraria; actuación notificada a las partes por-Secretaría el 2 de septiembre de 2020, fojas 89 93 de obrados. 

La parte recurrente, por memorial presentado el 9 de septiembre de 2020, solicita se tenga presente a momento de emitir la correspondiente Resolución, los argumentos expuestos en su Recurso de Alzada, especialmente que en todo momento cumpliói con la normativa tributaria vigente, efectuó un correcto pago de sus obligaciones : tributarjás y que la documentación proporcionada antes de la emisión de la Vista de Cargo y presentada ante esta instancia recursiva demuestra que la empresa se i apropio del crédito fiscal de facturas completamente válidas. Al efecto el proveido de 10 de septiembre de 2020, señala que se tendrá presente, actuación notificada a las partes/porSecretaría el 16 de septiembre de 2020, fojas 94102 

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  1. I. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 15 de octubre de 2019, notifico mediante cédula de forma personal a Álvaro Echenique Pacheco en representación legal de Icaro Construcciones S.L. con la Orden de Verificación No 19990204847, modalidad “Verificación Específica Crédito IVA”, con alcance a la verificación de todos los hechos y/o elementos relacionados con el crédito fiscal – IVA del periodo fiscal febrero 2019; requiriendo al efecto la presentación de la factura de compra original N° 1712, documentación que respalde el pago realizado, y otra documentación que el fiscalizador solicite para verificar la transacción que respalda la nota fiscal detallada en Anexo adjunto, fojas 5-6 y 11-16 de antecedentes administrativos

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La Vista de Cargo N° 291929000920 (SIN/GGLPZ/DFNC/640/2019), se emitió el 4 de diciembre de 2019, estableciendo sobre base cierta el tributo omitido de 2.235 UFVs por el IVA, más intereses y sanción preliminar de omisión de pago por el periodo fiscal 

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febrero 2019; acto notificado vía electrónica el 11 de diciembre de 2019, fojas 68-76 

de Antecedentes administrativos. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 16 de marzo de 2020, emitió la Resolución Determinativa N° 172029000240 (SIN/GGLPZIDJCC/UTJ/RD/83/2020), estableciendo sobre base cierta el tributo omitido de 2.235 UFV’s por el IVA, más intereses y sanción por omisión de pago por el periodo fiscal febrero 2019, acto notificado mediante cédula el 4 de junio de 2020, fojas 83-90 y 92-93 de antecedentes administrativos

  1. IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 21111l de la Ley 3092, se tiene

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Ícaro Construcciones S.R.L. legalmente representada por Omar Raúl Tapia Cabrera, la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva. 

IV.1 ASPECTOS DE FORMA IV.1.1 Vicios de Nulidad Icaro Construcciones S.R.L. a través de su representante legal manifiesta en sus notas de Recurso de Alzada y alegatos que el acto preliminar no establece los hechos actos ni la pertinencia de la norma que pretende aplicar, no argumenta las razones, hechos y condiciones para que las transacciones no sean válidas y que genere seguridad y certeza en el caso; sólo se limita a realizar un listado de la documentación obtenida del sujeto pasivo, sin ningún análisis y contraste de documentos o conexiones con las normas que se pretende aplicar. No se valoró adecuadamente las pruebas presentadas, incumplió con el objetivo de verificar las obligaciones tributarias 

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del proveedor, insinuando que no es obligación de su empresa menos determinar una potencial deuda tributaria sobre base cierta, además, la calificación de la sanción por omisión de pago carece de fundamentación, debido a que solo se afirmó que las acciones y omisiones del contribuyente constituyen indicios de la citada contravención; al efecto; consecuentemente, la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa se encuentran viciadas de nulidad. 

La Administración Tributaria manifiesta en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada y alegatos que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa cuentan la valoración integral de la documentación presentada por la empresa recurrente; asimismo, exponen los fundamentos de hecho y derecho para la determinación de la deuda tributaria y que motivaron la emisión de la Resolución Determinativa. Las pruebas presentadas consistentes en Recibos de Caja no son medios de pago, toda vez que, no acreditan la realización de la transacción ni permiten verificar la efectiva realización de la transacción, los Comprobantes de Egreso solo demuestran el registro contable de la nota fiscal observada, además se evidenció que en el domicilio fiscal i declarado por su proveedor no existió ninguna actividad económica; al respecto, . corresponde efectuar el siguiente análisis: 

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E’ artículo 115, iparágrafo II de la Constitución Política del Estado, dispone: El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

– 

– 

… 

El artículo 68, en sus numerales 6 y 7 del Código Tributario, dispone: Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deben ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

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Los parágrafos I y III del artículo 96 de la Ley 2492, establecen: 

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dela Corto 771774 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvísa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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  1. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones 

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la 

liquidación previa del tributo adeudado. III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda

El artículo 98 del Código Tributario en relación a los descargos de la Vista de Cargo, dispone: Una vez notificada la vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los descargos que estime convenientes

El parágrafo II, del artículo 99 de la Ley 2492, sala: La Resolución Determinativa que dicte la Administración Tributaria deberá contener como requisitos mínimos: lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

Por su parte el artículo 18 del DS 27310, sala que: la Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá consignar los siguientes requisitos esenciales: a) Número de la Vista de Cargo b) Fecha. c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. d) Número de registro tributario, cuando corresponda. e) indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es). f) Liquidación previa de la deuda tributaria. g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, acomo la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la 

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AUTORIDAD DE THPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bollvia 

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del 

artículo 9de la Ley N° 2492. h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

El articulo 19-del DS 27310, dispone que: La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos minimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las especificaciones sobre la deuda tributaria se rèfieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones aplicables al caso. 

Inicialmente, se hace necesario señalar que el artículo 115 de la Constitución Política del Estaço, garantiza el derecho al debidó.proceso, a la defensa ya una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se traduce que los actos y actuaciones en un proceso administrativo se deben ajustar no sólo, al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales; esto implica garantizar el correcto ejercicio de la Administración Pública a través de la emisión de actós ádministrativos, los que no deben resultar contrarios a los principios del Estado de Derecho. 

En ese contexto, toda autoridad administrativa tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes. De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y a controvertir las pruebas ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantias establecidas en su beneficio. 

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Se debe enfatizar también que los actos de la Administración Tributaria se encuentran regulados por disposiciones legales vigentes, las que instituyen requisitos, condiciones y formalidades que se deben cumplir; es así que en el ámbito impositivo el Código Tributario en sus artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492 y artículo 29 del DS 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613.- 2411973 . www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

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27310, establece las amplias facultades que tiene la Administración Tributaria de control, verificación, fiscalización, investigación, determinación de tributos y otras. Habrá que señalar que el artículo 96, parágrafo 1 de la Ley 2492, dispone que la Vista de Cargo que dicte la Administración Tributaria deberá contener los hechos actos, datos, elementos y valoraciones que fundamentan la Resolución Determinativa; asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta según corresponda. 

Efectuadas las consideraciones legales, se tiene que de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz dei Servicio de Impuestos Nacionales, mediante la Orden de Verificación N° 19990204847, inició el proceso de verificación correspondiente al Impuesto al Valor Agregado derivado del crédito fiscal contenido en la factura de compra, declarada por la empresa Ícaro Construcciones S.R.L., descrita en Anexo adjunto. Al efecto, de acuerdo, al Acta de Recepción de Documentación de 29 de octubre de 2019, el contribuyente entregó 2 Recibos de Caja, 2 fotocopias de cheques, Form-200 y Libro de Compras. Resultado de la verificación, se emitió la Vista de Cargo N° 291929000920 (SINGGLPZ/DFNC/640/2019) de 4 de diciembre de 2019 y posteriormente la Resolución Determinativa N° 172029000240 (SIN/GGLPZDJCC/UTJ/RD/83/2020) de 16 de marzo de 2020, estableciendo sobre base cierta el tributo omitido de 2.235 UFV’s el 

IVA, más interese y sanción por omisión de pago del periodo fiscal febrero 2019. 

De la lectura de la Vista de Cargo N° 291929000920 (SIN/GGLPZ/DFNC/640/2019) de 4 de diciembre de 2019, se advierte que la Administración Tributaria en ejercicio de sus amplias facultades otorgadas por el Código Tributario y disposiciones reglamentarias conexas, determinó sobre base cierta las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, emergente de la revisión de la nota fiscal observada descrita en el Anexo a la Orden de Verificación, cuyo resultado de describe en el cuadro “Detalle de facturas observadasasí como la aclaración de la observación, consignados a fojas 53 de antecedentes administrativos; asimismo, en el “Cuadro de Subconceptos y Fundamentos Legales de los Cargos (IVA)del citado acto preliminar, fojas 57 de antecedentes administrativos; se advierte que el ente fiscal especificó con precisión la factura observada y el motivo de la observación (literal A), identificando el concepto de la depuración del crédito fiscal y su respectivo respaldo legal relacionado a la normativa del IVA; es decir, efectuó la depuración del crédito fiscal por apropiación 

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indebida, porque no existió la efectiva realización de la transacción y que no cuenta con medios de pago probatorios, incumpliendo los artículos 70, numerales 4 y 5 de la Ley 2492 y artículo 8 de la Ley 843 y 54 parágrafos I y II de la RND 10-0021-16. En sintesis, se evidencia el análisis-técnico y-legal que sustentó la determinación sobre base cierta, resultado de las actuaciones de control, verificación y fiscalización, detectando facturas no válidas para crédito fiscal.

De la misma manera, la Administración Tributaria en el citado acto preliminar identifico al sujeto pasivo, el NIT, estableció el tributo omitido, la liquidación previa de la deuda tributaria, el objeto y alcance de la determinación preliminar referente al IVA derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por la empresa contribuyente por el periodo fiscal febrero 2019, contiene la firma y nombre de la autoridad competente, así también señala el plazo para que la empresa recurrente pueda presentar descargos; lo que demuestra que la citada actuación administrativa preliminar cumple con los requisitos previstos por los artículos 96 de la Ley 2492 y 18 : del DS 2310, en especial con la relación de hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamentan la Resolución Determinativa. 

La Resolución Determinativa N° 172029000240 (SIN/GGLPZDJCČIUTJ/ RP/83/2020) de 16 de marzo de 2020, contiene la identificación del sujeto pasivo y los motivos que originaron la determinación de la deuda tributaria, emergente de la 

depuración del crédito fiscal ampliamente fundamentado, según consta en las páginas :: 2-3 y 5 del acto impugnado, donde señala la observación a la nota fiscal cuyo crédito 

fiscal se depuró con la literal A) El contribuyente no presenta documento de pago que demuestre la efectiva realización de la transacción con el proveedor. 

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El acto impugnado en su página 4, señala que del análisis y verificación de la documentación presentada como respaldo de sus compras, estableció que los Recibos de Caja y cheques a nombre de una tercera persona, no pueden ser considerados como documentos de respaldo de la transacción que demuestre la efectiva realización del hecho económico, es decir, no existió el perfeccionamiento del hecho imponible, por tanto, la factura no es válida para el cómputo del crédito fiscal en razón a que los comprobantes de Egreso sólo demuestran el registro contable de la factura y no así el pago efectivo realizado al proveedor y debido a que su proveedor José Alberto Flores fue identificado como “Contribuyente no Habido’; en el Padrón de 

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III 

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Contribuyentes se encuentra en estado inactivo solicitado desde el 16/10/2019. 

Adicionalmente, constató que no existió actividad económica alguna, según lo descrito en las Actas de Verificación de Domicilio Fiscal de 19 de noviembre de 2019

Con relación a los fundamentos de derecho, en la parte considerativa consigna los artículos 8 de la Ley 843, 70 numerales 4 y 5 y 76 de la Ley 2492, 8 del DS 21530, 7 del DS 27310, 54 parágrafos I y II de la RND 100021-16, normativa que sustenta la determinación de la base imponible por depuración del crédito fiscal, constituyendo base para la liquidación de la deuda tributaria del IVA, estableciendo que el contribuyente no determinó conforme a Ley, el crédito fiscal IVA de sus compras por los periodos fiscales abril, mayo y agosto 2018. 

Lo anterior, muestra la existencia de fundamentación en el acto administrativo impugnado, toda vez que describe el respaldo legal del reparo determinado, la factura, la observación y la norma tributaria que respalda la posición del ente fiscal, aspecto que evidencia el cumplimiento de los parámetros establecidos en los artículos 99 de la Ley 2492 y 19 del DS 27310; es decir, contiene el análisis y valoración de todos los elementos presentados por el ahora recurrente, referidos a la factura emitida por el proveedor José Alberto Robles Flores, recibos de pago y fotocopia de cheques girados a nombre de un tercero; en consecuencia, corresponde desestimar la posibilidad de retrotraer obrados por vicios de nulidad resultantes del incumplimiento de requisitos, en consideración a que no se vulneró el debido proceso y derecho a la defensa, debido a que el sujeto pasivo asumió conocimiento pleno de las observaciones a su crédito fiscal desde el momento de la notificación con la Orden de Verificación, temiendo la posibilidad de presentar descargos a la Vista de Cargo dentro del término otorgado en el artículo 98 de la Ley 2492, no habiendo ejercido dicho derecho, razón por la que se emitió la Resolución Determinativa ahora impugnada ratificando las observaciones 

establecidas en el acto preliminar. 

En cuanto al argumento del recurrente referido a que la sanción por omisión de pago carece de fundamentación, según se corrobora en la vista de Cargo, a fojas 55 de antecedentes administrativos, en el primer párrafo indica: ... las acciones y omisiones detalladas anteriormente constituyen indicios de Omisión de Pago, sancionándose dicha conducta con el 100% (…) del tributo omitido actualizado. De conformidad al artículo 165o y el artículo 42° del DS 27310.... Asimismo, en el tercer párrafo del punto 

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AUTORIDAD DE JMPUGNACIÓN TRIBUTAALA Estado Plurinacional de Bolivia 

“Calificación preliminar de la conducta” del acto preliminar, señala: “...De merecer objeción a la presente, según lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley N° 2492-CTB, dispondrá de un plazo de treinta (30) dias calendario (…) para formular y presentar pruebas referidas a la presente-Vista-de. Cargo...“. En el segundo párrafo del Considerando-de la Resolución Determinativa impugnada, cursante a fojas 92 de antecedentes administrativos, señala que se estableció que el sujeto pasivo no présentó documentación que permitan verificar la validez de las transacciones con el proveedor, evidenciándose que el contribuyente apropio de manera indebida crédito fiscal por negligencia, imprudencia y/o impericia del contribuyente, se pudo establecer el pago de menos del IVA por el periodo fiscal febrero 2019, situación que configuró la citada conducta del contribuyente; en ese entendido, el agravio invocado por el recurrente no corresponde, toda vez que se especificaron las razones por las cuales el sujeto activo estableció la comisión de la conducta atribuida al contribuyente. 

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Lo anterior permite corroborar que la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa impugnada realizó la valoración de los argumentos y documentación aporțáda por el ahora recurrente; de lo que se infiere que dicho acto definitivo detalló la razón específica o motivos por los cuales la documentación presentada no fue suficiente para desvirtuar el tributo omitido por el IVA emergente de la depuración del crédito fiscal; es decir, fundamentó su posición técnica y legalmente; en este sentido, al no evidenciar vulñeración del debido proceso como erịóneamente afirma el recurrente, no corresponde retrotraer obrados por esta causa. 

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IV.2. ASPECTOS DE FONDO IV.2.2 Depuración de Crédito Fiscal Ícaro Construcciones S.R.L. en su Recurso de Alzada y alegatos manifiesta que según el acto impugnado, la factura depurada no es válida para el cómputo del crédito fiscal, pese a que fue presentada en originales, respaldadas con Comprobantes de Egreso, Recibos de Caja y fotocopia de 2 cheques, que no fueron analizados en su real dimensión, a ello se suma que tampoco fueron revisados los Libros de Compras IVA; más al contrario, correspondía que la Administración Tributaria, en ejercicio de las facultades, realice la verificación al proveedor o les solicite información, función que no corresponde al contribuyente, además, no puede sustentar la inexistencia de la transacción, debido a que el proveedor no tiene actividades desde el 16 de octubre de 2019, es decir, según el principio de verdad material no se puede verificar una 

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actividad que ya no existe; adicionalmente, se cumplió con lo establecido en los artículos 54 parágrafo I, numerales 1, 2, 3 y 4 y Parágrafo Il numerales 1 y 2 de la RND 10-002116. 

Alega que el ente fiscal pretende coaccionar a presentar medios de pago cuando el monto no supera los Bs50.000.-, situación no contemplada en el DS 772, artículo 37 de DS 27310; además, de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 del Código Tributario, no corresponde a la empresa ahora recurrente que pague nuevamente el tributo retenido por el proveedor por las faltas o los incumplimientos de éste último. Asimismo, la calificación de la conducta como omisión de pago es incorrecta, toda vez que se demostró ampliamente que no existen pagos de menos de los tributos. 

La Administración Tributaria en su respuesta al Recurso de Alzada y alegatos señala que según el Padrón de Contribuyentes el proveedor José Alberto Flores Robles tiene estado “Inactivo solicitadodesde el 16 de octubre de 2019; adicionalmente, indica que evidenció que en el domicilio fiscal declarado por dicho sujeto pasivo no existió ninguna actividad económica de acuerdo a lo descrito en el Acta de Verificación de Domicilio de 19 de noviembre de 2019; en ese entendido, el contribuyente incumplió con lo establecido en el artículo 70 numerales 4 y 5 de la ley 2492, 8 incisos a y b) de la Ley 843, debido a que la documentación presentada no demuestra la efectiva realización de la transacción; finalmente, el contribuyente confundió los medios fehacientes de pago con bancarización; al respecto, se tiene el siguiente 

análisis

El primero párrafo del artículo 13 de la Ley 2492; dispone: La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantia real o con privilegios especiales. 

El artículo 70 numerales 4 y 5 del Código Tributario, referente a las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, refiere: Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, acomo otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas

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  1. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, (…

El artículo 76 del citado cuerpo-legal, establece la carga de la prueba, disponiendo que: En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

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El artículo 165 de la Ley 2492, establece: El que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria.com El artículo 42 del DS 27310, dispone: La multa por omisión de pago a que se refiere el Artículo 165 de la Ley N° 2492, será calculada con base en el tributo omitido determinado, a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda. 

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... 

5!’artículo 8 de la Ley 843, con relación al crédito fiscal señala que: “...del impuesto determinado por la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los responsables restarán: a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el artículo 15 sobre el 

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable 

del gravamen. b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto de 

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los precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el periodo fiscal que se liquida. 

El artículo 54 de la RND 10-0021-16, dispone: 1. La Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente es válida para respaldar la liquidación de los impuestos IVA, RCIVA, IUE y como descargo en el Sistema Tributario Integrado (STI), en los términos dispuestos en la Ley N° 843 (Texto Ordenado Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que cumplan los siguientes requisitos: (...) 2. Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, consignando el Número de Identificación Tributaria del Sujeto Pasivo emisor, el número de Factura y el Número de Autorización (...

En el presente caso, resultado del proceso de revisión iniciado con la Orden de Verificación N° 19990204847, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales en la Resolución Determinativa N° 172029000240 (SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/83/2020) de 16 de marzo de 2020, estableció sobre base cierta, sustentada en la información y documentación presentada por el contribuyente y la obtenida de la base de datos del SIRAT II; que la factura N° 1712 consignada en el Anexo adjunto a la Orden de Verificación del proveedor José Alberto Robles Flores presenta la observación “A) El contribuyente no presenta documento de pago que demuestre la efectiva realización de la transacción con el proveedor, conforme se detalla a continuación: 

DETALLE DE FACTURAS OBSERVADA

Importe Fecha IN Factural No Autorización 

Razón Social 

Obsev. 

Observado 07/02/19 | 1712 | 46310900126253 José Alberto Robles Flores 

39.500

Total 39.500 

Aclaración de la observación

  1. A) El contribuyente no presenta documento de pago que demuestre la efectiva realización de la 

transacción con el proveedor. Factura no válida para el cómputo del crédito fiscal IVA, en aplicación a lo establecido en los numerales 4 y 5 del art+iculo 70o de la Ley N° 2492, artículo 8 de 

la Ley N° 843 y numeral 2, parágrafo II, artículo 54 de la RND 10-0021-156 Fuente: Páginas 2-3 de la Resolución Determinativa N° 172029000240 

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En el contexto citado precedentemente, es necesario hacer énfasis que el cómputo del crédito fiscal IVA, está condicionado: a la existencia real de una operación que se 

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encuentre respaldada por un documento debidamente emitido al detentador del mismo y a la obligación de presentar los documentos que respalden dicha transacción cuando se ponga en duda el valor del crédito fiscal y sea requerido de manera fundada por la Administración Tributaria.—— 

Es necesario precisar que el artículo 70 numeral 4 de la Ley 2492, establece la obligación del sujeto pasivo de respaldar sus actividades.gravadas, citando de manera enunciativa mas no limitativa, como respaldo los libros, registros, facturas, otros documentos, instrumentos públicos; en este sentido, si bien es cierto que dicha norma no especifica “los medios probatorios de pago”; sin embargo, la Administración Tributaria, en ejercicio de sus amplias facultades de control, verificación fiscalización e investigación, está en la posibilidad legal de requerir al contribuyente la documentación pertinente a objeto de verificar la realización efectiva de la transacción, por ende la procedencia o improcedencia del crédito fiscal…más aun cuando de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 5 del citado artículo, el sujeto pasivo tiene la obligación de demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que i considere le corresponden. 

——.–. 

Se debe enfatizar que en términos tributarios la eficacia probatoria de la factura dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y la autenticidad que normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas referidas al 

efecto. En nuestro sistema impositivo, la factura es un documento que prueba un 

  • hecho generador relacionado directamente con un débito o crédito fiscal; sin embargo, para su plena validez, tendrá que ser corroborado por los órganos de control del Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público según corresponda. 

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Corresponde agregar que la Administración Tributaria en el marco de sus facultades establecidas en el artículo 64 de la Ley 2492, emitió la RND 10-0021-16, que en su articulo 54, establece los requisitos que debe contener una factura, nota fiscal o documento equivalente, para ser considerada como válida y respaldar la liquidación del Impuesto al Valor Agregado, entre los que se encuentra, el haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, consignando el número de identificación tributaria del sujeto pasivo emisor, el número de factura, así como el número de autorización; además, deberá ser respaldada con otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la efectiva realización de una transacción. 

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Es preciso mencionar que la factura observada corresponde al proveedor José Alberto Robles Flores; al efecto, cursan a fojas 37-38 de antecedentes administrativos, el Acta de Verificación de Domicilio Fiscal de 16 de octubre de 2019, a través de la cual la Administración Tributaria en aplicación del principio de verdad material, respaldo que se apersonó en el domicilio fiscal del citado contribuyente ubicado en la avenida Calixto Ascarrumz N° 2186 B, a objeto de verificar la existencia de la actividad económica; al efecto, se estableció que el propietario del domicilio declarado, Jaime Isidro Mendoza con CI 2365076 LP aseguró no conocer al citado contribuyente y nunca haber alquilado ninguna instalación de su domicilio, situación que comunicó el pasado año a la Gerencia Distrital La Paz II, aspecto que fue señalado en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada, según se corrobora a fojas 3738 de antecedentes administrativos; sin embargo, cabe aclarar que la observación del domicilio del proveedor no es el sustento de la depuración del crédito fiscal, conforme se advierte de la aclaración de la observación A) de la página 3 del acto impugnado. 

Con relación al argumento del recurrente que no corresponde pagar nuevamente el tributo retenido por el proveedor ni es responsable por las faltas o los incumplimientos de éste último; al efecto, es necesario señalar que el artículo 13 de la Ley 2492, dispone que las obligaciones tributarias constituyen un vínculo de carácter personal; asimismo, el artículo 70 del mencionado cuerpo legal, menciona que el sujeto pasivo tiene la ineludible obligación de respaldar las actividades y operaciones gravadas a través de documentos y/o instrumentos publicados conforme se establezca en la normativa pertinente; en ese entendido, se debe aclarar que en el presente caso, a la empresa Icaro Construcciones S.R.L. le corresponde la obligación de demostrar sus créditos impositivos a través de los distintos medios de prueba dispuestos en el artículo 77 del Código Tributario; sin embargo, no lo hizo, en ese entendido, el citado agravio no corresponde

En necesario agregar que es cierto que no corresponde al comprador, ahora recurrente, verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de sus proveedores, motivo por el cual precisamente el ente fiscal a objeto de verificar la efectiva realización de las transacciones se apersonó a los domicilios fiscales del proveedor José Alberto Robles Flores, donde el propietario del inmueble declaró no conocer a dicho contribuyente y que no les alquiló su domicilio, situación que se encuentra descrita en el Acta de Verificación de Domicilio Fiscal de 19 de noviembre 

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de 2019, obtenido por la Administración en el marco de sus amplias facultades establecidas en el artículos 21, 95 y 100 de la Ley 2492, más aún cuando la misma no fue controvertida por la empresa ahora recurrente ante la Vista de Cargo, ni presentó documentación adicional que permita-acreditar con certeza la efectiva realización de las transacciones comerciales efectuadas con las notas fiscales observadas; por consiguiente, corresponde confirmar los-reparos establecidos por el ente fiscal, en sujeción a los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley 2492 

En cuanto al argumento del recurrente referido a que el Acta de Verificación de Domicilio de 19 de noviembre de 2019, no puede sustentar la inexistencia de la transacción, debido a que el proveedor ya no tenía actividades desde el 16 de octubre de 2019, es necesario señalar que a fojas 39 de antecedentes administrativos, cursa la consulta del Padrón de Contribuyentes de la Administración Tributaria del proveedor José Alberto Robles Flores que en su punto. “Datos Actividades” establece que realizaron actividades hasta el 16 de octubre de 2019. 

No obstante de lo señalado en el párrafo precedente, se debe reiterar que en el Acta de Verificación de Domicilio mencionado, el ente fiscal estableció de manera expresa que el’propietàrio del citado inmueble declaró no conocer al mencionado proveedor y que no les alquiló ninguna de las instalaciones ubicadas en la avenida Calixto Ascárrumz No 2186 B, zona Villa Copacabana; en ese entendido, es evidente que si bien la verificación del sujeto activo a los mencionados domicilios, fue realizada cuando los mencionados proveedores presuntamente no contaban con actividad, se determinó que al no contar con acceso al mencionado inmueble el proveedor no ejerció actividades económicas en el mismo, lo que demuestra la inexistencia de las 

transacciones observadas en el acto preliminar, aspecto que no fue desvirtuado por el 

  • sujeto pasivo en eltérmino establecido en el artículo 98 de la Ley 2492. 

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Con relación a la cita del Auto Supremo N° 477 de 22 de noviembre de 2012, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia que invoca el recurrente; es menester señalar, que los fallos provenientes del mencionado tribunal, tienen un basamento en función a los argumentos, antecedentes e incluso circunstancias atinentes al caso sometido a dicha jurisdicción, lo que hace inaceptable tomar como precedente el citado Auto; a esto se suma que, el artículo 5 de la Ley 2492, no establece como fuente del Derecho Tributario los Autos Supremos, las Sentencias o Resoluciones judiciales emitidas 

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dentro de la jurisdicción ordinaria; consecuentemente, corresponde desestimar lo invocado por el sujeto pasivo

Con relación al argumento del recurrente que la calificación de la conducta como omisión de pago es incorrecta en razón a que no se verifica ningún pago menor de tributos, por ser las observaciones improcedentes; corresponde señalar, que de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 de la Ley 2492 y 42 del DS 27310, el que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado sobre el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda

En el contexto normativo señalado, es menester enfatizar que del análisis efectuado en los párrafos anteriores se tiene que la Administración Tributaria en la vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada estableció que la empresa recurrente se apropió incorrectamente del crédito fiscal de la factura observada, del periodo fiscal febrero 2019, adecuando su accionar a la contravención establecida en el artículo 165 de la Ley 2492, que dispone el que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria será sancionado con el cien por ciento (100%) del 

para la deuda tributaria; en consecuencia, corresponde confirmar la calificación de la conducta de la empresa recurrente como omisión de pago, siendo pasible a la sanción equivalente al 100% del tributo omitido establecido en la Resolución Determinativa impugnada. 

Respecto a la prueba presentada ante esta instancia recursiva en el término de prueba aperturado con Auto de 22 de julio de 2020, corresponde aclarar que el representante legal de la empresa Ícaro Construcciones S.R.L. remitió en calidad de descargo los originales de la factura observada No 1712, Minuta de Contratos de Construcciones suscrito con el Gobierno Autónomo Municipal de Ichoca, Libros de Compras IVA, declaración jurada, Comprobantes de Egreso Nos. 22 y 32, nota de entrega de material, recibos de Caja y fotocopias de cheques Nos. 0003446 y 0003464; al respecto, corresponde señalar que fueron presentados por el ahora recurrente ante la Administración Tributaria misma que fue objeto de análisis, habiéndose establecido que los comprobantes de pago y/o Recibos de Caja, nota de entrega, cheques Nos. 0003446 y 0003464 no fueron considerados como válidos, toda vez que los citados cheques fueron emitidos a nombre de un tercero, no habiendo el contribuyente 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

demostrado en su oportunidad la relación que existía de éste con el proveedor, no existe certeza de que fueron utilizados para el pago de la transacción efectuada con la factura observada, concluyendo que el sujeto pasivo no desvirtuó las observación referida a la inexistencia-de-la-realización de la transacción, que implica una apropiación indebida del crédito fiscal del contribuyente, motivo por el que no ameritan mayor pronunciamiento por parte de ésta Instancia Recursiva. 

En consideración a los antecedentes de hecho y derecho antes expuestos, se evidencia que la Administración Tributaria ajustó el procedimiento de verificación al marco legal vigente, habiendo observado el debido proceso, derecho a la defensa y seguridad jurídica, no obstante, el recurrente no desvirtuó los cargos formulados en su contra con medios probatorios idóneos, en sujeción al artículo 70, numerales 4 y 5 del Código Tributario; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el tributo: omitido, más intereses y sanción por ómisión, de pago, por el impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo fiscal febrero 2019 establecido en el acto impugnado 

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PORTANTO: : La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de impugnación Trisutaria-La-Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

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RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 172029000240 (SIN/GGLPZ/DJCCIUTJ/RD/83/2020) de 16 de marzo de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos, contra la empresa Ícaro Construcciones-S.R.L.; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido, más intereses y sanción por omisión de pago, por el impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo fiscal febrero 2019. 

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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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NB/ISO 

9001 IBNORCA Stema de Geo 

10lad Certo P7114 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs: (591-2) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

TIDAKINAKAMAPUNTARRATUA YAO MAKUMINARAIKADIN 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención

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CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, hágase saber y cúmplase

  1. 11

BU 

Lic. Cecilia Velez Dorado 

Directora Ejecutiva Regional Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Regional de Impugnaciór 

Tributarla La Paz 

Loude 

RCVD/avm/mslaw/mchf/metp 

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