ARIT-LPZ-RA-0764-2020 Tributo omitido sobre base cierta por el IVA, más intereses y sanción por omisión de pago, el proveedor del contribuyente emitía notas fiscales sin respaldo legal, pero el contribuyente no menciona en su recurso de alzada que presentó la documentación requerida oportunamente por tanto existe una faltad de fundamentación, el contribuyente no determinó conforme a Ley el crédito fiscal IVA de sus compras, por tanto, se confirma la resolución determinativa.

ARIT-LPZ-RA-0764-2020

111 

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AIT. 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZIRA 0764/2020 

Recurrente: 

Gosmart Ingeniería S.R.L. legalmente representada por Ariel Rómulo Rosales Rojas 

Administración Recurrida: 

– 

..-. 

– 

– 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Marco Javier Baldivia Saavedra 

Acto Impugnado: 

Resolución Determinativa N° 172029000163 (SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/61/2020) 

Expediente: 

ARIT-LPZ-0270/2020 — 

Lugar, y Fecha: 

La Paz, 18 deseptiembre de 2020 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración– Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente, administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 0764/2020 de 18 de septiembre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; todo cuanto se tuvo presente: 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Determinativa N° 172029000163 (SIN/GGLPZIDJCCIUTJI RD/61/2020) de 12 de febrero de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra Gosmart Ingeniería S.R.L, estableciendo sobre base cierta el tributo omitido de 27.940 UFV’s por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), más intereses y sanción por omisión de pago de los periodos fiscales enero, mayo, agosto y diciembre 2018. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodeguambaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs: (5912) 24126132411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

II

TITUUT 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 11.1 Argumentos del Recurrente Gosmart Ingeniería S.R.L. legalmente representada por Mario Fabricio Castro Cordero y Ariel Rómulo Rosales Rojas, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 212/2020 de 9 de junio de 2020, mediante nota presentada el 10 de junio de 2020, cursante a fojas 15-17 de obrados, interpusieron Recurso de Alzada expresando lo siguiente: 

La Administración Tributaria observó sus facturas con un argumento subjetivo que no se encuentra relacionado con su accionar, al señalar que al revisar sus facturas de compras, constató que: …el proveedor del contribuyente cuenta con antecedentes como producto de otras verificaciones, fundamento que vulnera de manera flagrante la seguridad jurídica, toda vez que el ente fiscal no puede establecer sanciones basada en supuestos, máxime si la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa no refieren norma legal alguna para considerar que el supuesto antecedente del proveedor constituye un presupuesto de hecho que sustente la depuración del crédito fiscal. tampoco que el proveedor fue condenado por emisión de notas fiscales sin respaldo legal o que existe sanción ejecutoriada en su contra, extremos que podrian considerarse como antecedente de hecho o derecho, cita al efecto la SCP 1925/2012

El acto impugnado en su página 2 entra en contradicciones, primero refiere antecedentes del proveedor sin especificar ninguno, luego señala que se constituyó en su domicilio fiscal, concluyendo con una sola visita que el mismo no tiene domicilio ni actividad económica sin sustentar que el proveedor no existe, afectando los derechos de la empresa contribuyente y no del proveedor; esta forma de proceder del ente fiscal contradice lo dispuesto por los artículos 96 y 99 del Código Tributario, debido a que los actos emitidos deben contener los fundamentos de hecho y derecho, situación que no sucede en el presente caso, toda vez que no consigna la normativa que sustente la depuración por presuntos antecedentes del proveedor, los que aún de ser ciertos no son de responsabilidad de Gosmart, sino de un tercero. Cita al efecto, la Resolución AGIT-RJ1449/2017

La arbitrariedad denunciada vulnera su derecho a la defensa, al verse imposibilitados de defenderse de la acusación subjetiva respecto a que el proveedor tendría antecedentes, dado que no existe normativa que respalde que el ente fiscal tiene 

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AUTORIDAD DE THPUGNACIÓN TRIBUTARIA Eslado Plurinacional de Bolivia 

razón, además no pueden asumir defensa por el proveedor. Señala como precedente lo dispuesto por la resolución AGIT-RJ-1093/2017. 

La Vista de Cargo y Resolución Determinativa-señalan en la parte considerativa que la determinación se realizó sobre base cierta; extremo que no se explica, debido a que se utilizó como fundamento un hecho subjetivo; no obstante que, durante la rificación presentó documentos originales, en cambio el ente fiscal sólo se limitó a depurar sus notas fiscales en función a la calidad del proveedor, señalando textualmente que al no encontrar el domicilio se presumió que no se realizó la transacción efectiva; peor aún, que se hizo sobre base cierta; empero, pone como causal que el contribuyente no presentó documentación que demuestre la efectiva realización de la transacción, siendo por demás evidente que la determinación se efectuó sobre base presunta según el artículo 44 del código Tributario. 

En suma, la Administración efectuó dos presunciones, primero que no se realizaron efectivamente las transacciones porque no se encontró el domicilio del proveedor y segundo, que el contribuyente no presento medios de pago que demuestren la validez de las transacciones comerciales, por consiguiente las compras son inexistentes; sin embargo, estas presunciones son contradictorias, ya que no explica si la presentación. de medio de pago desvirtuaria la observación de la invalidez del domicilio. 

2) 

—- 

– 

Aclara que de acuerdo al DS 772, solo es obligatorio presentar medios fehacientes de pago con respaldo de documentos bancarios a partir del importe de Bs50.000.-, en el presente caso ninguna de sus facturas superan el monto señalado, por lo que la exigencia del ente fiscal carece de legalidad. 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Determinativa N° 172029000163 (SIN/GGLPZDJCC/UTJ/RD/61/2020) de 12 de febrero de 2020

hasta el vicio más antiguo. 

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11.2 Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Gosmart Ingeniería S.R.L. legalmente representada por Mario Fabricio Castro Cordero y Ariel Rómulo Rosales Rojas fue admitido por Auto de 18 de junio de 2020, notificado mediante cédula a la 

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Administración Tributaria recurrida y a la empresa recurrente el 26 y 29 de junio de 2020 respectivamente, fojas 18-26 de obrados

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Marco Javier Baldivia Saavedra conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia No 032000000039 de 10 de enero de 2020, por memorial presentado el 13 de julio de 2020, cursante a fojas 29- 35 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

El contribuyente confunde los términos contenidos en el acto impugnado, insinuando que en el proceso determinativo se utilizaron argumentos subjetivos, siendo que se consideró la información proporcionada por él mismo, para depurar el crédito fiscal inadecuadamente apropiado. En las páginas 26 del acto impugnado se precisa que las notas fiscales que consignan la letra B) se observaron porque el contribuyente no presenta documentación que permita verificar la validez de la transacción con el proveedor, asimismo, se menciona los artículos 2 y 4 de la Ley 843, 36, 37 y 40 de Código de Comercio y 70, numerales 4 y 5 de la Ley 2492, normativa que sustenta la depuración de las notas fiscales. 

Si bien también se menciona: En el proceso de verificación y determinación del adeudo tributario, se constató que el proveedor del contribuyente, cuenta con antecedentes como producto de otras verificaciones (...)” “...tras haberse constituido al domicilio fiscal, así como a la dirección que figura en las notas fiscales emitidas por el proveedor y habiéndose constatado que el proveedor no cuenta con actividades económicas o comerciales, se concluye que no hubo entrega del bien o acto equivalente, por tanto no se generó el nacimiento del hecho imponible que señala el art. 4 de la Ley N° 843sin embargo, lo citado simplemente constituye una relación de antecedentes sobre el accionar y proceder del proveedor en casos similares

vez que, como ente fiscal, ejecutó actos de investigación para verificar la autenticidad de las facturas, como el comprobar el domicilio de los proveedores, constatándose su inexistencia; situación que no constituye la fundamentación de la depuración de las notas fiscal efectuada, siendo inadmisible que el contribuyente pretenda confundir la relación de antecedentes con la fundamentación técnica o peor aún que infiera que el 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

acto impugnado no cumple dicho requisito. En ese contexto, tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa impugnada cumplen lo establecido por los artículos 96 y 99 de la Ley 2492, no siendo evidente lo alegado por el contribuyente 

— 

— 

Reitera que la principal observación que sustenta los cargos es la falta de presentación de documentos que demuestren la valides de las transacciones observadas, no así, los antecedentes del proveedor, quien posee nefastas referencias sobre la veracidad de sus transacciones

El contribuyente no cumplió las obligaciones establecidas en los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley 2492, debido a que no facilitó información o documentos que demuestren la procedencia y cuana de los créditos fiscales de las facturas observadas – lo que ocasionó„su depuración y. la aplicación de sanciones por apropiación indebida del mismo. Cita al efecto la Sentencia-No300/2010 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia que refiere a la obligación de respaldar la realización efectiva de las transacciones y pagos efectuados al proveedor. 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

En ese contexto, lo señalado en el acto impugnado respecto a la inexistencia de los domicilios fiscales de los proveedores de las facturas observadas, simplemente es una_ contextualización de los hechos que permite exponer los elementos fácticos sobre los cuales se constituye su pretensión y no representa el justificativo principal de la depuración. 

No obstante, que el contribuyente presentó los originales de las facturas no proporcionó otro tipo de documentación que demuestre la procedencia y cuantía de los créditos impositivos, motivo por el cual se observaron dichas notas fiscales, 

El procedimiento de determinación fue sobre base cierta, en ningún momento se mencionó que se hubiera efectuado sobre base presunta, menos que se habría configurado los requisitos para ejecutar dicha modalidad de determinación, por tanto 

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no existe contradicción en sus declaraciones, 

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Si bien el artículo 37 del DS 27310 y la Disposición final del DS 772, exigen que las transacciones superiores a Bs50.000.- deben ser respaldadas por documentos 

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fehacientes de pago emitidos por instituciones de intermediación financiera, dicha situación no es limitante para que los contribuyentes no respalden sus transacciones conforme el numeral 4 del artículo 70 de la Ley 2492. 

Conforme los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa No 172029000163 (SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/61/2020) de 12 de febrero de 2020. 

11.4 Apertura de término probatorio y producción de pruebas Mediante Auto de 14 de julio de 2020, se aperturó el término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada por Secretaría al recurrente y a la Administración Tributaria el 15 de julio de 2020, período dentro del cual, la Administración Tributaria ofreció, reprodujo y ratificó en calidad de prueba pre constituida los antecedentes administrativos del acto administrativo impugnado remitidos junto al memorial de respuesta al Recurso de Alzada, consistente en una carpetas con 90 fojas; al efecto por Proveido de 10 de agosto de 2020, se dio por ofrecida y ratificada la prueba documental señalada, actuación notificada a las partes el 12 de agosto de 2020, fojas 36-40 de obrados

11.5 Alegatos Por nota presentada el 14 de agosto de 2020, se apersonó Ariel Rómulo Rosales Rojas adjuntando el Testimonio de Poder N° 212/2020 de 9 de junio de 2020 que acredita el poder especial y suficiente otorgado por los socios de Gosmart Ingeniería S.R.L. Por Decreto de 17 de agosto de 2020 se dio por apersonado a Ariel Rómulo Rosales Rojas en calidad de representante legal de Gosmart Ingeniería S.R.L., actuación notificada a las partes por Secretaría el 19 de agosto de 2020, fojas 4144 y 104105 de obrados. 

Conforme a las previsiones del parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales representada por Marco Javier Baldivia Saavedra, por memorial presentado el 27 de agosto de 2020, formuló alegatos en conclusión reiterando los argumentos del memorial de respuesta al Recurso de Alzada, respecto a que la depuración del crédito fiscal que fue debido a que el contribuyente no presentó documentación que permita 

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AUTORIDAD DE THPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bollvis 

verificar la validez de la transacción con el proveedor, el acto impugnado se encuentra debidamente fundamentado y además los actos fueron emitidos observando el debido proceso, el derecho a la defensa y los principios previstos en el artículo 4 de la Ley 2341. Por Proveido de 31 de agosto de 2020,-se dieron por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria, actuación notificada a las partes en Secretaría el 2 de septiembre de 2020, fojas 46-49 y 123 de obrados. 

Gosmart Ingeniería S.R.L., legalmente representada por Ariel Rómulo Rosales Rojas, por nota presentada el 31 de agosto de 2020, formuló alegatos-en conclusiones, manifestando que entregó todo lo requerido; sin embargo, la Administración Tributaria afirma que no presentó documentación que permita verificar la validez de la transacción; con el argumento subjetivo que el proveedor cuenta con antecedentes como producto de otras verificaciones, se sustenta la depuración del crédito fiscal de sus facturas, vulnerando la seguridad jurídica, principio de legalidad y derecho a la defensa. Señala que el incumplimiento de las obligaciones del proveedor establecidas en el artículo 70 de la ley 2492; de ninguna forma legal puede afectar a su empresa. La Vista, de Cargo y Resolución Determinativa señalan que la determinación se efectuó sobre base cierta; empero, presumen que no existió la realización efectiva de las transacciones con el argumento que el proveedor tiene antecedentes.y que no existe… su domicilio; por consiguiente dichos actos carecen de la debida fundamentación y 

motivación, sólo se limitan a transcribir la normativa sin señalar como se transgredió. 

  • Por proveido de 2 de septiembre de 2020 se dieron por formulados los alegatos en 

conocimiento de la parte contraria, actuación notificada a las partes por Secretaría el 2 de septiembre de 2020, fojas 50-122 y 124 de obrados. 

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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 18 de octubre de 2019, notificó de forma personal a Ariel Rómulo Rosales Rejas en representación legal de Gosmart Ingeniería S.R.L. con la Orden de Verificación N° 19990204805, modalidad “Verificación Específica Crédito IVA”, con alcance a la verificación de todos los hechos y/o elementos relacionados con el crédito fiscal IVA de los periodos fiscales enero, mayo, agosto y diciembre 2018; requiriendo al efecto la presentación de facturas de compras originales detalladas en Anexo adjunto, documentación que respalde el pago realizado, y otra documentación que el 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a.kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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fiscalizador solicite para verificar las transacciones que respaldan las notas fiscales detalladas en Anexo, fojas 6-7 de antecedentes administrativos. 

Por nota presentada el 28 de octubre de 2019, el sujeto pasivo solicitó plazo adicional para la presentación de la documentación requerida mediante Orden de Verificación No 19990204805; por Auto N° 251929000631 de 5 de noviembre de 2019 se otorgó el plazo de 5 dias adicionales, computables a partir de su notificación. Actuación notificada de forma personal el 8 de noviembre de 2019, fojas 10, 12-13 de antecedentes administrativos. 

La Vista de Cargo N° 291929001020 (SIN/GGLPZ/DFNC/682/2019), se emitió el 16 de diciembre de 2019, estableciendo el tributo omitido de 27.939 UFV’s por el IVA, más intereses y sanción preliminar de omisión de pago por los periodos fiscales enero, mayo, agosto y diciembre 2018; acto notificado de forma personal el 24 de diciembre de 2019, fojas 60-69 de Antecedentes administrativos. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 12 de febrero de 2020, emitió la Resolución Determinativa N° 172029000163 (SIN/GGLPZ/DJCCIUTJ/RD/61/2020), estableciendo sobre base cierta el tributo omitido de 27.940 UFV’s por el IVA, más intereses y sanción por omisión de pago por los periodos fiscales enero, mayo, agosto y diciembre 2018, acto notificado mediante cédula el 13 de marzo de 2020, fojas 7889 de antecedentes administrativos. 

  1. I FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211Ill de la Ley 3092, se tiene: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Gosmart Ingeniería S.R.L. legalmente representada por Ariel Rómulo Rosales Rojas, la posición final se sustentará acorde 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva. 

IV.1 Vicios de nulidad Gosmart Ingeniería S.R.L. legalmente representada por Ariel Rómulo Rosales Rojas en su Recurso de Alzada y alegatos manifiesta que los actos emitidos, deben contener los fundamentos de hecho y derecho conforme establecen los artículos 96 y 99 del Código Tributario, situación que no sucede en el presente caso, debido a que el ente fiscal observó sus facturas de compras con un argumento subjetivo que no se encuentra relacionado con su accionar, toda vez que la vista de Cargo y Resolución Determinativa no refieren norma legal alguna para considerar que el supuesto antecedente del proveedor constituye un presupuesto de hecho que sustente la , depuración del crédito fiscal; tampoco indica que el proveedor-fue condenado por emisión de notas fiscales sin respaldo legal o que existe sanción ejecutoriada en su contra que podrían considerarse como antecedentes de hecho o derecho, lo que evidencia la vulneración de la seguridad jurídica y su derecho a la defensa, cita al efecto la SCP 1925/2012. 

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Agrega, que según el acto impugnado la determinación fue sobre base cierta; sin embargo, es evidente que’fue sobre base presunta según el artículo 44 de la Ley 2492; toda vez que se efectuó dos presunciones, primero que no se realizaron efectivamente las transacciones porque no se encontró el domicilio del proveedor y segundo, que el contribuyente no presentó medios de pago que demuestren las transacciones comerciales, por consiguiente las compras son inexistentes; presunciones que resultan ser-contradictorias, ya que no explica si la presentación de medio de pago desvirtuaría la observación de la invalidez del domicilio. 

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La Administración Tributaria, en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada y alegatos señala que el contribuyente confunde los términos contenidos en el acto impugnado, insinuando que en el proceso determinativo se utilizaron argumentos subjetivos, siendo que se consideró la información proporcionada por él mismo para depurar el crédito fiscal inadecuadamente apropiado. El acto impugnado especifica que las notas fiscales se observaron debido a que: “... el contribuyente no presenta 

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documentación que permia verificar la validez de la transacción con el proveedor, cita los artículos 2 y 4 de la Ley 843; 36, 37 y 40 de Código de Comercio y 70, numerales 4 y 5 de la Ley 2492. 

Añade que tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa impugnada cumplen lo establecido por los artículos 96 y 99 de la Ley 2492, toda vez que a objeto de verificar la autenticidad de las facturas ejecutó actos de investigación, como comprobar el domicilio de los proveedores, constatandose su inexistencia; sin embargo, esa situación no constituye la fundamentación de la depuración de las notas fiscales, sino la falta de presentación de documentos que demuestren la realización de las transacciones observadas conforme dispone el artículo 70 de la Ley 2492. Si bien, presentó los originales de las facturas no proporcionó otro tipo de documentación que demuestre la procedencia y cuantía de los créditos impositivos. 

El procedimiento de determinación fue sobre base cierta, en ningún momento se mencionó que se hubiera efectuado sobre base presunta, menos que se habría configurado los requisitos para ejecutar dicha modalidad de determinación, por tanto no existe contradicción en sus declaraciones; al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

El artículo 115, parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado, dispone: El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

El artículo 68 numerales 6 de la Ley 2492, establece: Constituye derecho del sujeto pasivo: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta para los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

El artículo 96, parágrafos I y II de la Ley 2492, establece: 1. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero-responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado. III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento 

viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda. 

El artículo 98 del Código Tributario en relación a los descargos de la Vista de Cargo, dispone: Una vez notificada la vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

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El artículo 99, parágrafo ll de la Ley 2492 acomoda: La Resolución Determinativa que dicté la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria.– fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

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El artículo 18 del DS 27310, señala que: la Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá consignar los siguientes requisitos esenciales: a) Número de la Vista de Cargo b) Fecha. c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. d) Número de registro tributario, cuando corresponda. e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es). f) Liquidación previa de la deuda tributaria. g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

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sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 de

artículo 98° de la Ley N° 2492. h) El artículo 19 del DS 27310 indica: La Resolución Determinativa deberá consignar 

los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones aplicables al caso. 

Inicialmente, se hace necesario salar que el artículo 115 de la Constitución Política 

del Estado, garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, concordante a ello el artículo 68, numerales 6 y 7 de la Ley 2492, dispone que entre los derechos del sujeto pasivo se encuentra el debido proceso, el de formular, aportar en la forma y plazos previstos en este Código todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tomados en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución; de lo que se infiere que el sujeto pasivo tiene pleno derecho de presentar en su defensa las pruebas o descargos que crea convenientes para desvirtuar los cargos que se le atribuyen. 

De igual manera, es necesario considerar que el derecho a la fundamentación de un fallo, es una garantía de legalidad que establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por fundamentación la obligación de la autoridad que lo emite para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y motivación, que exprese una serie de razonamientos lógicojurídicos sobre el porqué considera que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa. Al respecto, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0136/2014 de 10 de enero en su parte pertinente estableció el siguiente entendimiento: El debido proceso previsto en el art. 115./l de la CPE, ha sido entendido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, como el derecho a un proceso justo y equitativo, a través del cual el ciudadano sea protegido de posibles arbitrariedades, debiendo concurrir en todas las resoluciones pronunciadas tanto en sede judicial como administrativa el elemento de la motivación que en definitiva garantiza al procesado el conocer con certeza por que se 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN THIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

le aplicó determinada sanción y cuál es la relación de esta con los hechos cuya comisión le fueron atribuidos; es decir que toda resolución pronunciada, debe exponer claramente las razones y normas que la respaldan proporcionando el convencimiento respecto a su legalidad y a lo acertadas de las razones que llevaron a asumir determinada decisión”. 

… 

Efectuadas las consideraciones legales, se tiene que de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Gerencia Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 18 de octubre de 2019, notifico de forma personal al representante legal de Gosmart Ingeniería S.R.L. con la Orden de Verificación No 19990204805, comunicando el inicio de la verificación del crédito fiscal de las facturas de compras consignadas en el anexo adjunto declaradas en los periodos fiscales enero, mayo, agosto y diciembre 2018, solicitando para el efecto la presentación de facturas de compras originales detalladas en el citado anexo, documentación que respalde el pago realizado y otra documentación que el fiscalizador solicite. Resultado de dicha verificación el ente fiscal ’emitió la Vista de Cargo N° 291929001020 (SIN/GGLPZ/DFNC/682/2019), de 16 de diciembre de 2019, estableciendo preliminármente sobre base cierta el tributo omitįdo de 27.939 UFV’s más intereses y sanción preliminar de.omisión de pago por el IVA de los periodos fiscales antes mencionados. Posteriormente, el 12 de febrero de 2020, se emitió la Resolución – – — Determinativa N° 172029000163 (SIN/GGLPZDUCCI UTJ/RD/61/2020), ratificando el IVA omitido establecido en la vista de Cargo. 

Con relación a la vulneración al debido proceso en su elemento al derecho a la defensa que invoca la empresa Gosmart Ingeniería S.R.L., corresponde mencionar que el debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso y permite tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez. Se define el derecho al debido proceso, como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. 

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En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se advierte que el sujeto pasivo tuvo conocimiento del proceso determinativo iniciado en su contra con 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.:(5912) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

IIIIIII 

la Orden de Verificación, así como de los resultados al que se arribó en dicha verificación, en aplicación de lo dispuesto en las Leyes 2492 y 2341 y sus Reglamentos que establecen los requisitos esenciales que deben contener los actos administrativos, cuya inobservancia da lugar a la nulidad, garantizando así el debido proceso y al derecho a la defensa, con la notificación de la Vista de Cargo, contando con el plazo para ejercer sus derechos de ofrecer pruebas que hagan a su derecho, no habiendo presentado prueba alguna para desvirtuar las observaciones efectuadas por el ente fiscal dentro del término otorgado por la Ley 2492, igualmente ante la notificación de la Resolución Determinativa ejerció su derecho de interponer el presente Recurso de Alzada. Lo mencionado, evidencia que en ningún momento se vulneró el debido proceso en su elemento de derecho a la defensa del recurrente por consiguiente, al no evidenciarse vicio alguno que vulnere el derecho del recurrente, no corresponde anular obrados por este concepto. 

Respecto a la vulneración de la seguridad jurídica y falta de fundamentación de hecho y derecho que alude el representante legal de Gosmart Ingeniería S.R.L. en su Recurso de Alzada, se debe considerar que los actos de la Administración Tributaria se encuentran regulados por disposiciones legales vigentes, las que instituyen requisitos, condiciones y formalidades que se deben cumplir; es así que en el ámbito impositivo los artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492 y 29 del DS 27310, establecen las amplias facultades que tiene la Administración Tributaria de control, verificación, fiscalización, investigación, determinación de tributos y otras. Habrá que señalar que el artículo 96, parágrafo I de la Ley 2492, dispone que la Vista de Cargo que dicte la Administración Tributaria deberá contener los hechos actos, datos, elementos y valoraciones que fundamentan la Resolución Determinativa; asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta según corresponda. 

De igual forma, el artículo 99, parágrafo ll de la Ley 2492, dispone que la Resolución Determinativa que dicte la Administración Tributaria deberá contener como requisitos mínimos -entre otros- fundamentos de hecho y de derecho, concordante con lo establecido por el artículo 19 del DS 27310. Asimismo, el artículo 28 de la Ley 2341, aplicable en virtud al artículo 74, numeral 1 de la Ley 2492, establece que uno de los elementos esenciales de los actos administrativos es que sean fundamentados, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando además la motivación del mismo, el cual 

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AUTONIDAD DE JMPUGNACIÓN TABUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

debe sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable. 

– 

– – 

… 

De la lectura de la Vista de Cargo N° 291929001020 (SIN/GGLPZ/DFNC/682/2019). de 16 de diciembre de 2019, se advierte que la Administración Tributaria en ejercicio de sus amplias facultades otorgadas por el Código Tributario y disposiciones réglamentarias conexas, determinó sobre base cierta las obligaciones tributarias de Gosmart Ingeniería S.R.L., emergente de la revisión de las notas fiscales observadas y detalladas en el Anexo a la Orden de Verificación, obteniendo como resultado observaciones que se describen en el cuadro “Análisis de las Facturas Declarados por el Contribuyente, consignado en su página 2, cuyo respaldo legal se cita en su página 6, en el Cuadro de Subconceptos y Fundamentos Legales de los Cargosdel citado acto preliminar, fojas 65 de antecedentes administrativos; aspecto que demuestra que’, el ente ‘fiscal detalló con precisiónlas facturas observadas y el motivo de la observación a cada nota fiscal (observación B), identificando el concepto de la depuración del crédito fiscal y su respectivo respaldo legal relacionado al IVA; es decir, efectuó la depuración del crédito fiscal por apropiación indebida, salando que el contribuyente no presentó documento que permita verificar la validez de las transacciones con el proveedor, incumpliendo los artículos 70, numerales 4 y 5 de la. Ley 2492 y artículo 8 de la Ley 843. En síntesis, se evidencia el análisis técnico y legal que sustentó la determinación sobre base cierta, resultado de las actuaciones de control, verificación y fiscalización, detectando facturas no válidas para crédito fiscal, conforme se detalla a continuación: 

– 

– 

– 

DETALLE DE ANÁLISIS DE FACTURAS OBSERVADAS 

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2731018000071B8 | 12/01/2018 ene2018 3517664015 JADHEMAR O. YUGAR

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Total Periodo ano de 2016 mir 2018 3517664015 ADHEMAR O. YUGAR ECO

333 

273102800007188 09/06/2010 May2018 3517664015 JADHEMAR O. YUGAR ECOS 

340 

273101800007188 21/05/2010 May2018 3507664015 ADHEMAR O. YUGAR ECOS 

335 

273101800007188 17/05/2010 mpy-2018 3517664015 ADHEMAR O. YUGAR ECOS 

330 

273101800007166 | 03/05/2016 

Total Porlodo moyo de 2010 ago2018 | 3517664015 ADHEMAR O. YUGAR E. 

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463101800069165 30/08/2018 ago2018 3517664015 ADMEMAR O. YUGAR E

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1 463101800059165 29/08/2018 ago2013 3517664015 JADHEMAR O. YUGAR E

5111 463101800059165 | 23/09/2018 ago2018 3517664015 ADHEMAR O, YUGAR E

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463101800059165 25/08/2018 

Total Porlodo gosto do 2010 dic-2016 | 3517664015 ADHEMAR O. YUGAR E. 

550 

463101600059165 11/12/2016 dic2018 3517664015 ADHEMAR O, YUGAR E

554 463101800069165 06/12/2016 Total Porfodo dichambre de 2018 

TOTAL 

7.798 22.370 40.625 16.848 33.210 36.815 32.500 

25.600 215.76

23.750 26.620 23.200 

16.900 90.470 

39.2001 35.75C 30.800 

34,450 140,200 

22.370 40.625 16.8431 33.210 36.815) 32.500 

25.600 215.766 

23.750 26.620 23.200 

16.900 90.47

9.200 35.750 30.000 

34.450 140.200 

22.680 

17.325 40.005 488,441 

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Aclaración de la Observación B) Factura no válida para descargo IVA. El contribuyente no presenta documentación que permita verificar la 

validez de la transacción con el proveedor. Fuente: Vista de Cargo N° 29192900102

Es necesario puntualizar que el cuadro precedente se encuentra plasmado en la página 2 de la Vista de Cargo N° 291929001020 (SIN/GGLPZ/DFNC/682/2019), de 16 de diciembre de 2019, del cual se puede advertir que detalla las facturas emitidas por el proveedor Adhemar Yugar Ecos, depuradas con la literal B), debido a que el contribuyente Gosmart Ingeniería SRL no respaldo las referidas notas fiscales, con documentación que permita verificar la validez de las transacciones con el proveedor. Asimismo, cita como respaldo legal los artículos 2 y 4 de la Ley 843; 36, 37 y 40 del Código de Comercio y 70, numerales 4 y 5 de la Ley 2492. De lo que se colige, que la depuración del crédito fiscal se efectuó por apropiación indebida, toda vez que el sujeto pasivo no demostró efectivamente la compra de la mercaderia que detalla las facturas observadas, conclusión a la que arriba el ente fiscal luego de verificar los 

comprobantes contables presentados al efecto. 

Es necesario precisar que el numeral 4 del artículo 70 de la Ley 2492, establece la obligación del sujeto pasivo de respaldar sus actividades gravadas, citando de manera enunciativa mas no limitativa, como respaldo los libros, registros, facturas, otros documentos, instrumentos públicos; en este sentido, la Administración Tributaria, en ejercicio de sus amplias facultades de control, verificación fiscalización e investigación, está en la posibilidad legal de requerir al contribuyente la documentación pertinente a objeto de verificar la realización efectiva de la transacción, por ende la procedencia o improcedencia del crédito fiscal

En ese contexto, es pertinente señalar que en términos tributarios la eficacia probatoria de la factura dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y la autenticidad que normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas referidas al efecto. En nuestro sistema impositivo, la factura es un documento que prueba un hecho generador relacionado directamente con un débito o crédito fiscal; sin embargo, para su plena validez, tendrá que ser corroborado por los órganos de control del Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público según corresponda, además deberá ser ratificado con otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la efectiva realización de una transacción. En el presente caso, la empresa recurrente 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TAIBUTARIA Ealado Plurinacional de Bolivia 

manifestó que la depuración de sus facturas se efectuó con argumentos subjetivos, como los antecedentes del proveedor y la inexistencia del domicilio de éste; sin embargo, corresponde aclarar que la depuración del crédito fiscal no responde a la vulneración de la seguridad jurídica, sino a transgresiones a los numerales 4.y 5 del articulo 70 de la Ley 2492, debido a que el contribuyente no presentó documentación que, permita verificar la validez de la transacción con el proveedor, observación identificada con la letra B) conforme se advierte en el cuadro Análisis de las Facturas Declaradas por el Contribuyente de la Vista de Cargo y Resolución determinativa, 

Si bien es cierto, que como ejercicio de las facultades de control e investigación, el ente fiscal efectuó la verificación del comportamiento tributario del proveedor de la empresa ahora recurrente, habiendo establecido que no desarrolla actividad y que su domicilio, es inexistente; sin embargo, esos no fueron los fundamentos de la observación; sino que, conforme ‘se mencionó en los párrafos anteriores, la depuración obedeció únicamente a que no se demostró la validez o efectiva transacción entre la empresa Gosmart Ingeniería S.R.L. y el proveedor Adhemar Yugar Ecos. ‘La referida investigación al proveedor solo tuvo como consecuencia que la cárga de la prueba recaigà en el contribuyente quien está obligado a demostrar’la validez de las transacciones efectuadas con dicho proveedor, mediante documentación idónea, toda vez que es insuficiente presentar como prueba las facturas sin respaldar éstas, con otros documentos fehacientes susceptibles de ser verificados, como ser medios de pago, situación que no ocurrió en el presente caso

– 

– 

— 

– 

– 

De igual forma, la Resolución Determinativa N° 172029000163 (SIN/GGLPZ IDJCC/TJ/RD/61/2020) de 12 de febrero de 2020, contiene la identificación del sujeto pasivo y los motivos que originaron la determinación de la deuda tributaria emergente de la depuración del crédito fiscal ampliamente fundamentado, según consta en las páginas 1-9 del acto impugnado, detallando las notas fiscales cuyo crédito fiscal se depuró con la literal B) el contribuyente no presentó documentación que permita 

validar la validez de la transacción con el proveedor. 

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El acto impugnado en sus páginas 4-5, señala que del análisis y verificación de la documentación presentada por el contribuyente estableció que todas las facturas observadas corresponden a su proveedor Adhemar Yugar Ecos, la sumatoria de las 

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notas fiscales observadas asciende a Bs486.441.-; correspondiente a los periodos fiscales enero, mayo, agosto y diciembre 2018; asimismo, en su parte considerativa contiene los fundamentos de derecho, describe la aplicación de los artículos 2, 4 de la Ley 843; 70, numerales 4 y 5 de la Ley 2492 y 36, 37 y 40 del Código de Comercio, normativa que sustenta la depuración del crédito fiscal, constituyendo base para la liquidación de la deuda tributaria del IVA, estableciendo que el contribuyente no determinó conforme a Ley, el crédito fiscal IVA de sus compras por los periodos fiscales mencionados. 

Lo anterior, muestra la existencia de fundamentación de hecho y derecho en el acto administrativo impugnado, toda vez que describe el respaldo legal del reparo determinado, detallando las facturas, las observaciones y la norma tributaria que respalda la posición del ente fiscal, cumpliendo los parámetros establecidos por los artículos 99 de la Ley 2492 y 19 del DS 27310, no advirtiéndose vulneración alguna a la seguridad jurídica En consecuencia, corresponde desestimar la posibilidad de retrotraer obrados por vicios de nulidad resultantes del incumplimiento de requisitos, en consideración a que no se vulneró el debido proceso y derecho a la defensa, debido a que el sujeto pasivo asumió conocimiento pleno de las observaciones a su crédito fiscal desde el momento de la notificación con la Orden de Verificación hasta la emisión de la Resolución Determinativa ahora impugnada. 

Lo anterior evidencia que la determinación del tributo omitido no se efectuó sobre base cierta con argumentos subjetivos, como afirma la empresa recurrente; sino en aplicación del artículo 43, parágrafo | sobre base cierta, por la falta de respaldo documentario de las transacciones de compras con el proveedor; no existiendo por tanto vulneración a la seguridad jurídica ni al debido proceso en su elemento derecho a la defensa, ya que el sujeto pasivo tuvo conocimiento del proceso determinativo iniciado en su contra con la Orden de Verificación y de los resultados de dicha verificación con la notificación de la Vista de Cargo y posteriormente con la Resolución determinativa ahora impugnada

Respecto de los agravios expresados por el recurrente en alegatos escritos referidos a que presentó toda la documentación requerida en forma oportuna, misma que adjunta a la presente y que permitiría verificar la validez de las transacciones, 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Eslado Plurinacional de Bolivia 

corresponde señalar que dicho argumento no fue expuesto inicialmente a momento de interponer el presente Recurso de Alzada, toda vez que su impugnación se circunscribe a la vulneración de la seguridad jurídica y falta de fundamentación, razón por la cual se constituye en elemento reciente que pretende ser incorporado a la impugnación,”Én este contexto, es menester señalar que conforme establecen los artículos 198 y 211 del Código Tributario, ésta Instancia Recursiva se debe manifestar de manera fundamentada sobre los aspectos planteados por el recurrente en su memorial de Recurso de Alzada; en ese entendido, los argumentos adicionales incluidos en los alegatos escritos y orales, no serán analizados en aplicación del principio de congruencia y la normativa señalada en el presente párrato. 

*********-* 

Con relación a la cita por el recurrente de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1449/2017 y 1093/2017, emitidas por la Autoridad General de Impugnación Tributariá; al efecto, corresponde señalar’tales pronunciamientos tienen un basamento en función a los argumentos, antecedentes e incluso circunstancias propias de cada caso, ‘que no fueron aclarados y menos argumentados por el sujeto pasivo; consecuentemente, no corresponde emitir mayor pronunciamiento al respecto. 

– 

– 

En consideración a los antecedentes de hecho y derecho antes expuestos, se.. —, evidencia que la Administración Tributaria ajustó el procedimiento de verificación al marco legal vigente, habiendo observado el debido proceso, derecho a la defensa y seguridad jurídica, no obstante, el recurrente no desvirtuó los cargos formulados en su contra con medios probatorios idóneos, en sujeción al artículo 70, numerales 4 y 5 del Código Tributario; consecuentemente, corresponde confirmar la Resolución Determinativa N° 172029000163 (SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/61/2020) de 12 de .* febrero de 2020, confirmando el IVA omitido, más intereses y sanción por omisión de pago, por los periodos fiscales enero, mayo, agosto y diciembre 2018. 

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POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 150 del DS. 29894; 

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RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 172029000163 (SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/61/2020) de 12 de febrero de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos, contra la empresa Gosmart Ingeniería S.R.L. S.R.L.; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido, más intereses y sanción por omisión de pago, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales enero, mayo, agosto y diciembre 2018. 

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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo wiec. N5 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, Vse conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento 

obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

Mobiles & TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención, 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

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Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

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RCVD/jcgr/ms/avv/mchf/metp 

Lourde A

Lic. Cbeitia Velez Dorado 

Directora Ejecutiva Regionai Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Regional de Impugnación 

Tilbutarta – La Paz 

e Vargas lenia 

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