ARIT-LPZ-RA-0763-2020 Obligaciones impositivas sobre base cierta por tributo omitido e intereses por el IVA e IT Y Régimen Complementario IVA, sanción de la conducta del contribuyente con multa por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales, el contribuyente señala que debió ser notificado en su domicilio real, porque ya no vive en el país, además el contribuyente dio de baja su NIT, también tienen una causa judicial por alquileres impagos, error por parte de su contador en las declaraciones juradas no se registraron los depósitos por parte de la inquilina, y que solo es un apoderado para cobro de alquileres. Se demostró que no tiene un poder que acredite que es “apoderado”, no presentó los descargos solicitados, y se concluye que el contribuyente no declaró la prestación de servicios por concepto de alquileres, por tanto, se confirma la resolución determinativa.

ARIT-LPZ-RA-0763-2020

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinaclonal de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0763/2020 

Recurrente: 

Marilú Martha Escobar Camacho, representada legalmente por Ruth Soraya C. Torres Arévalo 

Administración Recurrida: 

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Karen Cecilia López Paravicini 

**** 

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Acto Impugnado: 

– • **** 

Resolución Determinativa N° 172020000441 (SIN/GDLPZ V/DJCC/UTJ/RD/55/2020) 

Expediente: 

ARIT-LPZ-0221/2020 

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Lugar y Fecha: 

La Paz, 18 de septiembre de 2020 

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VISTOS: El Recurso de Alzada, el auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes.cursantes.en.el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 0763/2020 de 18 de septiembre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

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  1. I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Determinativa N° 172020000441 (SIN/GDLPZ 1/DJCC/UTJI RD/55/2020) de 14 de febrero de 2020, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió determinar de oficio sobre Base Cierta, las obligaciones impositivas de la contribuyente Marilú Martha Escobar Camacho, en el monto de 7.776 UFV’s por tributo omitido e intereses, por el Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones de los periodos fiscales octubre a diciembre 2013, enero a diciembre 2014, enero a diciembre 2015 y enero a noviembre 2016 y por el Régimen Complementario – IVA por los periodos fiscales diciembre 2013, marzo, septiembre y diciembre 2014; asimismo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 165 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

de la Ley 2492, concordante con el artículo 42 del DS 27310, sancionó su conducta con 6.326 UFV’s por omisión de pago; así también, impuso la multa de 1.500 UFV’S por incumplimiento a deberes formales, establecida mediante Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

  1. 11. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZAD

II.1 Argumentos de la Recurrente Marilú Martha Escobar Camacho representada legalmente por Ruth Soraya C. Torres Arévalo conforme se acredita del Testimonio de Poder No 780/2019 de 5 de diciembre de 2019, mediante memoriales presentados el 13 de marzo y 18 de junio de 2020, cursantes a fojas 35-40 y 44-49 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente: 

El contrato de alquiler fue suscrito el 15 de octubre de 2013, entre Marilú Escobar Camacho y Adela Adrián Gutiérrez – José Cárdenas Urquidi (Esposo), por un canon mensual de Bs2.100.-, cuyo pago era efectuado de manera exclusiva y única a la cuenta bancaria BNB No 1520173567. Pese a innumerables reclamos, la inquilina no pagó sus alquileres en forma completa y regular por los meses comprendidos entre noviembre 2013 y diciembre 2016, los depósitos bancarios acreditan de forma cierta los pagos recibidos, siendo que la inquilina y su esposo adeudan alquileres por Bs56.700.-, llevándose a cabo un proceso judicial en la Sala Civil Segunda de La Paz, que fue dado a conocer a la Administración Tributaria de forma oportuna, luego de notificada la Orden de Verificación. 

La persona interesada o contribuyente debe ser notificada en su domicilio real, como en cualquier procedimiento administrativo o judicial, que para efectos tributarios también se constituye en domicilio fiscal. Desde un inicio, Marilú Escobar Camacho, se apersonó al Ente Fiscal, señalando que su nuevo domicilio real como fiscal desde junio de 2018 se encuentra en: 7 rue de Douai, 75009 París, República de Francia, correspondiendo la notificación de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa en dicho domicilio en el extranjero, a efecto de asumir defensa y presentar descargos. Inclusive, en el presente caso no se dio cumplimiento al término de la distancia 

aplicable en el presente procedimiento administrativo-tributario. 

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La Administración Tributaria en el acto impugnado señala que de acuerdo al artículo 37 de la Ley 2492, las personas naturales y jurídicas deben para efectos tributarios, fijar su domicilio dentro del territorio nacional, preferentemente en el lugar de su actividad comercial, siendo que la contribuyente fijó su domicilio fiscal y particular en la calle Nicaragua N° 1846, zona Miraflores; sin embargo, dicho criterio es incorrecto, en razón-a que la obligación de señalamiento de domicilio fiscal en territorio nacional es, válida para contribuyentes activos y que realizan actividades comerciales y productivas, cuyos hechos generadores se realicen dentro del territorio nacional; consecuentemente, es una interpretación errónea considerar el domicilio fiscal ampliable de forma extra-territorial, más aun cuando el contribuyente no posee domicilio desde la baja de su NIT. 

***..

La solicitud de baja del NIT, fue aceptada previa verificación del cumplimiento de todas sus obligaciones tributarias, desde octubre 2018, momento a partir del cual, la contribuyente cambió de domicilio fiscal y real a otro país (Francia), no teniendo actividad económica o comercial en Bolivia, por ende, ninguna obligación de tener domicilio fiscal para efectos tributarios

– 

– 

La contribuyente, en cuanto tomó conocimiento extra oficialmente de la Vista de Cargo, señaló inmediatamente su nuevo domicilio fiscal y real, observando la vulneración de su derecho oportuno a la defensa, que vicia el procedimiento administrativo-tributario. En este sentido y ante esta situación de hecho y de derecho, no surge obligación para las personas naturales de mantener de manera infinita su domicilio fiscal en Bolivia, s aún, si dependen de otra administración fiscal con domicilio conocido; consecuentemente, el hecho de continuar notificando actos esenciales en una dirección antigua y errónea, pone de manifiesto la vulneración del derecho a la defensa, al efecto, cita las Sentencias Constitucionales Nros. 14 de 10 de marzo de 2016 y 0176/2016 de 17 de febrero de 2016. 

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La situación anormal antes señalada, dificulto de sobremanera asumir correctamente su defensa, por cuanto tuvo que otorgar un poder de representación, con el fin de poder recuperar documentos fiscales que eran exigidos por el Ente Fiscal y que los mismos se encuentran dentro de un proceso judicial contra la misma denunciante por alquileres impagos. El Ente Fiscal no realizó la verificación ante la Sala Civil Segunda, a efectos de identificar el talonario fiscal original solicitado, pese al señalamiento oportuno que 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarand) 

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dicha prueba se encontraba en una oficina pública, aspecto que vicia de nulidad el procedimiento de fiscalización y actos ulteriores. 

Tal como señalan la vista de Cargo y la Resolución Determinativa, las declaraciones juradas fueron presentadas dentro del periodo comprendido entre octubre de 2013 y diciembre 2016 por los impuestos IVA, IT y RC-IVA, por tanto, no se incumplió ningún deber formal. El 12 y 28 de marzo de 2019 se presentaron dos notas especificando que el talonario fiscal requerido se encontraba en la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, precisamente por la causa judicial de alquileres impagos, todo ello conforme a los artículos 139, 144-111, 151-1 y III del Código de Procedimiento Civil; sin embargo, el contenido de dichas notas, ni los fundamentos jurídicos fueron mencionados y mucho menos contestados en la Resolución Determinativa, consecuentemente, el Ente Fiscal no motivó en derecho la razón por la cual no aplicó los precitados artículos, aspecto que genera indefensión a la contribuyente. 

Por error del contador, en las declaraciones juradas no se registraron los 12 depósitos bancarios recibidos a nombre de la inquilina entre octubre 2013 y diciembre 2016, por concepto de garantía y alquileres, que suman un total de Bs23.486.-, de los cuales se devengaría impuestos por el IVA y el IT de Bs3.757,76. 

La Administración Tributaria menciona que la Resolución Determinativa, se realizó 

sobre base cierta y que entre los procedimientos aplicados se encuentran: Análisis de documentación presentadas por terceros (bancos) y Determinación de ingresos no declarados por el contribuyente sobre base cierta. Asimismo entre la documentación entregada por terceros se menciona correctamente los extractos bancarios del BNB de la cuenta No 1520173567, que registra de forma clara y precisa los montos recibidos por concepto de garantía y alquileres que totalizan el monto pagado por alquileres de 

Bs23.486.-, sin embargo, en el análisis incrementa artificialmente los hechos existentes 

sobre la base de la presentación de un contrato de alquiler por parte de la denunciante, el cual no prueba el acaecimiento del hecho generador, fuera de lo establecido por el banco BNB y los respectivos extractos bancarios. 

La Administración Tributaria infiere una presunción, en base a la presentación de un contrato de alquiler, no reconocido ante notario. Se desvirtuó el cálculo del tributo 

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devengado sustentado en los extractos oficiales de la cuenta del BNB, que permite relacionar cada pago recibido por parte de la denunciante o familiares y los que no han sido pagados los cuales se encuentran en litigio judicial, estableciendo la base imponible precisa, arriba indicada.__ 

El Ente,-Fiscal, en la página 15 del acto impugnado comete un grave error de interpretación de los artículos 4 inciso a) de la Ley 843 y 2 inciso b) del D$ 21532, referidos al perfeccionamiento del hecho imponible en el caso de ventas de otros bienes, en el momento de facturación o entrega del bien, lo que ocurra primero. El presente caso se refiere a un alquiler y no se trata de una venta; menos de una transferencia de dominio, resultando ilógico solo el hecho de citar la mencionada normativa, que es inaplicable en el caso de arrendamiento. El hecho generador se da con el pago efectivo y real del alquiler, que permite determinar el hecho imponible, aspecto en el que radica el agravio para la contribuyente; sin embargo, la simple presentación de un contrato de alquiler, no supone la existencia de un hecho económico generador de la obligación tributaria, en tal caso, los extractos bancarios. recabados por el SIN, son innecesarios. 

El sujeto pasivo, generalmente resulta ser el propietario del bien inmueble. En el presente caso, la contribuyente era únicamente apoderada del propietario, por cuanto no corresponde aplicar la noción de “ingreso por alquiler de bienes raíces PROPIOS”, toda vez que lo recibido de la inquilina deudora’fue pagado al poderdante y antiguo propietario del bien inmueble. 

Todas las pruebas presentadas son lícitas, pertinentes, no dilatorias y plenamente probatorias, en aplicación del artículo 81 de la Ley 2492, aclara que el señalamiento del nuevo domicilio real y fiscal desde octubre de 2017 fuera del territorio nacional, fue antes de iniciarse el procedimiento administrativo y que los extractos bancarios demuestran los ingresos efectivamente percibidos por el denunciante. 

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Hace notar también que, la denuncia injustificada en su contra proviene de una funcionaria del Servicio de Impuestos Nacionales de nombre Mariela Valeria Urquidi Adrián o Gutiérrez, ejerciendo indebidamente influencia, reservándose acciones penales en su contra y se eleve sobre este punto especifico denuncia ante el Director del Ente Fiscal. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarann 

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III IIIIII 

NIE 

Conforme a los argumentos expuestos solicita anular o revocar la Resolución Determinativa N° 172020000441 (SIN/GDLPZ W/DJCC/UTJ/RD/55/2020) de 14 de febrero de 2020. 

II.2 Auto de Admisión 

El Recurso de Alzada interpuesto por Marilú Martha Escobar Camacho representada legalmente por Ruth Soraya C. Torres Arévalo, fue admitido por Auto de 24 de junio de 2020, notificado mediante cédula tanto a la Gerente Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales y a la recurrente el 30 de junio de 2020, respectivamente; fojas 50-58 de obrados. 

II.3 Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Karen Cecilia López Paravicini conforme la Resolución Administrativa de Presidencia No 032000000439 de 27 de mayo de 2020, por memorial presentado el 20 de julio de 2020, cursante a fojas 7178 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

Los actos jurídicos que celebró la Administración Tributaria, contra la contribuyente, con el fin de obtener el pago de la deuda tributaria contenida en el ahora acto impugnado, se realizó bajo el respeto a los derechos, reglas, principios y garantías básicas fijadas por el orden jurídico nacional. En ese entendido, actuó dentro de los parámetros de derecho a la seguridad, aplicando objetivamente las normas jurídicas tributarias, poseyendo pleno conocimiento la contribuyente de sus derechos y obligaciones en el marco de la garantía del debido proceso, observando el conjunto de requisitos que significan el procedimiento de determinación, para que asuma defensa adecuadamente ante cualquier tipo de acto, que podría afectar sus derechos, 

Respecto a lo señalado por la recurrente sobre el motivo por el cual no habría entregado el talonario de facturas solicitado por la Administración Tributaria; se puede advertir el Ente Fiscal ha valorado este argumento desde la solicitud de ampliación de plazo de presentación de documentación a la notificación con la Orden de Verificación el 27 de febrero de 2019, aspecto que fue respondido a través de los Autos respectivos; cabe señalar que, la emisión de la Resolución Determinativa fue el 14 de febrero de 

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2020, evidenciando que transcurrió más de los tres meses solicitados en sus notas de ampliación de plazos y no presentando el documento extrañado. 

La Administración Tributaria obtuvo documentación e información de terceros, como el contrato de alquiler, boletas de pago bancarias del BNB, que permitieron identificar transacciones que generan ingresos no declarados conforme lo establece el inciso b) del artículo 4 de la Ley 843, documentación que fue valorada en la vista de Cargo y la Resolución Determinativa ahora impugnada. Asimismo, la recurrente en su memorial de 28 de noviembre de 2019, señala que acompaña copia del último Recibo de Alquiler girado a nombre del Sr. LeonRomero de 2014; al respecto, dentro del acto impugnado 

stos extremos, además, se advierte la determinación del impuesto sobre base cierta se basó en la documentación que cursa en antecedentes administrativos, siendo que la ahora recurrente no presentó toda la información requerida que pueda determinar sus obligaciones, al efecto cita lo establecido el artículo 76 de la Ley 2492. 

.....

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– 

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De conformidad a la consulta del 

Contribuyentes, la recurrente fue notificada en el domicilio registrado por ella como domicilio tributario en una declaración jurada ante el Ente Fiscal, siendo que el domicilio que se detalla en su Recurso de Alzada en la República de Francia, no puede ser considerado para efectos procesales, toda vez que no se encuentra registrado en el Padrón de Contribuyentes, conforme lo previsto en el artículo 37 de la Ley 2492. Para efectos tributarios las personas naturales y 

jurídicas deben fijar su domicilio dentro del territorio nacional, preferentemente en el 

  • lugar de su actividad comercial; por lo expuesto, la contribuyente fijó su domicilio fiscal 

y particular en la calle Nicaragua N° 1846 de la zona de Miraflores, realizando las respectivas notificaciones en dicha dirección, siendo que el domicilio señalado por la contribuyente en sus notas de descargo, no se encuentra registrado en el padrón del Ente Fiscal

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La baja o inactivación del NIT, no implica la baja del domicilio fiscal, por el hecho de dejar de ejercer la actividad registrada por el contribuyente en el Padrón de Contribuyentes, lo que no implica la suspensión del ejercicio de la facultad de control y verificación que posee la Administración Tributaria frente a las obligaciones del contribuyente, que pueden ser practicadas aun frente a un contribuyente que se encuentra inactivo, aspecto que se produjo en el presente caso, así lo establecen las Sentencias Nros. 14 de 10 de marzo de 2016 y 0176/2016S1 de 17 de febrero de 

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2016, relacionadas a que todo contribuyente tiene el deber de señalar domicilio dentro del territorio nacional y que cuando realiza su cambio debe comunicar el mismo a la Administración Tributaria. 

Es necesario considerar los requisitos para la declaratoria de nulidad de los actos administrativos, que fueron citados en la Sentencia Constitucional No 1380 de 16 de agosto de 2013 y en el artículo 55 del DS 27113, señalando que será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público, situación que no ocurrió en el presente caso, toda vez que la ahora recurrente fue legalmente notificada en su domicilio fijado en la Calle Nicaragua N° 1846 de la zona Miraflores al constituir la última dirección que indica el Padrón de Contribuyentes. 

Los procedimientos y técnicas aplicadas en la fiscalización para la determinación, se realizaron bajo las disposiciones tributarias vigentes sobre Base Cierta, la que se efectua tomando en cuenta los documentos que permiten conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. Bajo ese criterio de conformidad a lo dispuesto por al parágrafo I del artículo 43 de la Ley 2492, cuando el sujeto pasivo no hubiera proporcionado a la Administración Tributaria la documentación requerida para el cumplimiento de la revisión y con este fin puede obtener información de terceros, que permita conocer de forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. Asimismo, de la revisión de antecedentes administrativos a fojas 64 a 67 cursa el 

contrato de alquiler entre las partes intervinientes y el reconocimiento de firmas. 

Según el memorial presentado por la contribuyente en el que afirma que tuvo un 

contrato con la Sra. Adela Adrián Gutiérrez de Urquidi, toda vez que existió entrega del bien por parte de la contribuyente, cumpliendo con lo establecido en los artículos 4 inciso a) de la Ley 2492 y 2 inciso b) del DS 21532 que refiere que, el hecho imponible se perfeccionará en el caso de ventas de otros bienes en el momento de la facturación o la entrega del bien, lo que ocurra primero, por tanto al existir un contrato de alquiler transfirió de forma temporal el bien inmueble a cambio de una prestación. 

La recurrente con el único fin de burlar sus obligaciones tributarias, argumenta solo ser una apoderada del propietario, sin embargo, de la revisión del Padrón de Contribuyentes se tiene que la misma es titular del NIT 308828013, siendo responsable 

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de las obligaciones y derechos conforme lo establece la Ley 2492, información proporcionada por el SIRAT II, que es un medio fehaciente que demuestra los hechos gravados, esta goza de validez probatoria conforme lo dispone el artículo 7 del DS 27310, evidenciándose que la recurrente se inscribió en el Nuevo Registro Nacional de Contribuyentes declarando como actividad principal el Código N° 71002 – Alquiler de Bienes Propios y no así como apoderada de otro NIT. 

La contribuyente reconoce la percepción de ingresos y su omisión de pago, dando por bien hecho todo el accionar de la Administración Tributaria y su conformidad con la deuda. En referencia al anuncio de inicio de juicio penal en contra de Mariela Valeria Urquidi Adrián o Gutiérrez hija de la inquilina y supuesta funcionaria del SIN, la recurrente no presenta pruebas del supuesto uso de influencias, considerando que la Administración Tributaria no está facultada para establecer la existencia de dicho delito, correspondiendo acudir a las instancias correspondientes para la respectiva investigación. 

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De la misma forma solicita el cumplimiento de los artículos 198 inciso e) y 211 de la Ley 2492 y que esta autoridad sel pronuncie solamente sobre los argumentos plasteados en, Recurso de Aizada y no sobre otros aspectos no impugnados por la contribuyente, respetando el respectivo Principio de Congruencia. ; 

– 

– 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa : No 172020000441 (SIN/GDLPZ I/DJCC/UTJ/RD/55/2020) de 14 de febrero de 2020. 

11.4 Apertura de término probatorio y producción de pruebas Mediante Auto de 20 de julio de 2020, se aperturó el término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 22 de julio de 2020; fojas 79-80 de obrados. 

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Por memorial presentado el 29 de julio de 2020, la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Karen Cecilia López Paravicini, ofreció, propuso, reprodujo y ratificó en calidad de prueba pre constituida, la documentación detallada a continuación: Vista de Cargo N° 291920001439 de 7 de noviembre de 2019, más su notificación y la Resolución Determinativa No 

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del Galdad Cettadon771/74 

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III 

172020000441 de 14 de febrero de 2020, más su notificación, documentación que fue adjuntada al memorial de Respuesta Negativa al Recurso de Alzada; al efecto, por Proveido de 30 de julio de 2020, se dio por ratificada la documentación señalada, actuación notificada a las partes en Secretaría el 5 de agosto de 2020; fojas 8284 de 

obrados. 

11.5 Alegatos El recurrente así como la Administración Tributaria no formularon alegatos dentro de los plazos establecidos en el artículo 210 del Código Tributario. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

De acuerdo a nota presentada por Adela Octavia Adrián Gutiérrez de Urquidi, recepcionada por la Administración Tributaria el 14 de noviembre de 2016, mediante la cual realiza una denuncia por no emisión de facturas de alquiler en contra de Marilú Martha Escobar Camacho desde el 15 de octubre de 2013 hasta el momento de la finalización del contrato el 7 de noviembre de 2016, es decir por 3 años y 22 días, como se evidencia en base a los comprobantes de depósito en cuenta de la Sra. Escobar de algunos meses, siendo el más reciente, el pago anticipado del mes de octubre 2016 por Bs2.120., al efecto adjunta fotocopias simples del contrato de alquiler y cinco (5) boletas de depósito en la Cuenta: 152-0173567 del Banco Nacional de Bolivia S.A.; fojas 288-298 de antecedentes administrativos

Según el Informe CITE: SIN/GDLPZ-1/DF/SFVE/INF/16330/2018 de 27 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria concluye que, la denuncia presentada por Adela Octavia Adrián Gutiérrez de Urquidi es procedente, toda vez que se verificó que no emitió las facturas por lo ingresos obtenidos por concepto de alquileres correspondiente a los periodos de octubre 2013 a noviembre 2016, considerando pertinente la generación de una Orden de Verificación Externa para el contribuyente denunciado; fojas 399-401 de antecedentes administrativos. 

La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales emitió a nombre de la contribuyente Marilú Martha Escobar Camacho, la Orden de Verificación N° 18200200143 el 3 de diciembre de 2018, Formulario 7531, modalidad “Verificación especifica Débito IVA y su efecto en el IT y el RC-IVA”, con alcance al Débito Fiscal IVA y efecto en el IT y el RC-IVA, correspondientes a los periodos fiscales octubre a 

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diciembre 2013, enero a diciembre 2014, enero a diciembre 2015 y enero a diciembre 2016. Asimismo, mediante Requerimiento F-4003 N 00146343 de 5 de febrero de 2019, solicitó declaraciones juradas RCIVA – F.610, notas de respaldo al debito fiscal IVA, Extractos bancarios, entre otros, contratos de alquiler y otra documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso de verificación; actuaciones notificadas a la citada contribuyente por cédula el 27 de febrero de 2019; fojas 3-4 y 8-11 de antecedentes administrativos. 

Mediante memorial presentado a la Administración Tributaria el 12 de marzo de 2019, Marilú Martha Escobar Camacho señala que su domicilio real se encuentra ubicado en: 7 rue de Douai, 75009 Paris – República de Francia; asimismo, solicitó ampliación de plazo para la presentación de la documentación requerida y que se realice las notificaciones de las actuaciones emitidas en el domicilio procesal de su abogada ubicada en la calle Potosí esq.Colón No. 1315 – Planta Alta; al efecto, el Ente Fiscal emitió el Auto N° 251920000076 de 14 de marzo de 2019, que dispuso la ampliación del plazo, por 5 días hábiles, computables a partir de su notificación, actuación notificada vía electrónica a la contribuyente el 27 de marzo de 2019; fojas 13 y 1718 de antecedentes administrativos. 

Asimismo, mediante memorial presentado al Ente Fiscal el 28 de marzo de 2019, la contribuyente, solicitó ampliación de tres (3) meses para remitir el talonario fiscal original solicitado, toda vez que se encuentra en juzgados, además señaló que no asumió conocimiento de la notificación del Auto anterior, reitera que se notifique las actuaciones emitidas en el domicilio procesal de su abogada ubicado en la Av. Sucre esq. Yanacocha N° 948, Piso 1, Oficina No 105; asimismo adjunta cinco (5) Recibos de Alquiler; al efecto, la Administración Tributaria emitió el Auto N° 251920000536 de 19 de agosto de 2019, que dispuso la ampliación del plazo por 5 días hábiles, computables a partir de su notificación, actuación notificada mediante cédula a la contribuyente el 6 de septiembre de 2019; fojas 2021 y 27-32 de antecedentes administrativos

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Por Requerimiento F-4003 N° 00147302 de 8 de octubre de 2019, la Administración Tributaria solicitó a Marilú Martha Escobar Camacho las declaraciones juradas RCIVA – F.610, notas de respaldo al débito fiscal IVA, Extractos bancarios, entre otros, contratos de alquiler y otra documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso de verificación de octubre 2013 a diciembre 2016; actuaciones notificadas a 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaran) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (5912) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

ILUT 

la citada contribuyente por cédula el 23 de octubre de 2019; fojas 33-37 de antecedentes administrativos. 

El Acta por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 00175132, detalla que la contribuyente Marilú Martha Escobar Camacho, incurrió en el incumplimiento al deber formal de: “No entregar ninguna documentación e información requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación“, contraviniendo el artículo 70 numerales 4 y 6 y el artículo 100 numeral I de la Ley 2492; razón por la cual fue sancionada con una multa de 1.500 UFV’s de conformidad al Anexo, numeral 4, subnumeral 4.1 de la RND N° 10-0033-16; fojas 42 de antecedentes administrativos. 

Mediante nota Cite: OP.CON/1353/2019 recepcionada por el Ente Fiscal el 12 de abril de 2019, el Banco Nacional de Bolivia S.A. remitió los archivos y registros de la gestión octubre 2013 a diciembre 2016, debidamente legalizados tanto de los depósitos y retiros de Marilú Martha Escobar Camacho – Caja de Ahorros No 152-0173567; fojas 199-232 de antecedentes administrativos. 

El Ente Fiscal en base al Informe CITE: SIN/GDLPZ I/DFIUVE/INF/260/2019, emitió la Vista de Cargo N° 291920001439 (CITE: SIN/GDLPZ 1/DF/UVENC/47/2019) de 7 de noviembre de 2019, contra Marilú Martha Escobar Camacho, en la que estableció sobre base cierta la obligación tributaria de 15.493 UFV’s, importe que incluye los impuestos omitidos (IVA, IT y RC-IVA), intereses, sanción preliminar de omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales, actuación notificada mediante cédula a la citada contribuyente el 25 de noviembre de 2019; fojas 265-282 de antecedentes administrativos. 

Mediante memorial presentado ante la Administración Tributaria el 24 de diciembre de 2019 Marilú Martha Escobar Camacho, representada legalmente por Ruth Soraya C. Torres Arévalo, presentó argumentos y documentos de descargos a la Vista de Cargo No 291920001439 de 7 de noviembre de 2019, señalando que se identificó argumentos de vicios procesales de nulidad respecto a la notificación de los actos administrativos y respecto a los montos realmente recibidos por concepto de alquiler que se encuentran respaldados por los depósitos realizados por la denunciante a la cuenta bancaria No 1520173567 del BNB, reiterando extorsión y uso indebido de influencias 

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1

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TAIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

sobre un funcionario del SIN, domicilio real y fiscal y domicilio ad litem; fojas 408-411 y 430-447 de antecedentes administrativos. 

Posteriormente, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa No 172020000441 (SIN/GDLPZ 1/DJCC/UTJ/ RD755/2020) de 14 de febrero de 2020, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, que resolvió determinar de oficio sobre Base Cierta, las obligaciones impositivas de la contribuyente Marilu Martha Escobar Camacho, en el monto de 7.776 UFV’s por tributo omitido e intereses, relativos a los impuestos al Valor Agregado, a las Transacciones de los periodos fiscales octubre a diciembre 2013, enero a diciembre 2014, enero a diciembre 2015 y enero a noviembre 2016 y por el Régimen Complementario – IVA por los periodos fiscales diciembre 2013, marzo, septiembre y diciembre 2014; asimismo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 165 de la Ley 2492, concordante con el artículo 42 del DS 27310, sancionó su conducta con 6.326 UFVs por omisión de pago; así también, impuso la multa de 1.500 UFV‘s por incumplimiento a deberes formales, establecida, mediante Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 175132; acto administrativo definitivo notificado mediante cédula al citado contribuyente el 21 de febrero de 2020; fojas 479509 y 511 514 de antecedentes administrativos

  1. IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con’ las formalidades establecidas por los artículos 143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211III de la Ley 3092, se tiene: . – – 

afaq 

ISO 900

Calidad FON CEFIKATION 

TIF 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Marilú Martha Escobar Camacho en el Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta 

TQNet 

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Instancia Recursiva. 

NB/ISO 

9001 IBNORCA 

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Smedegedi 

de la Caldad Certificadol77114 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach‘a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani

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De inicio, se hace necesario puntualizar que la recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada, solicitó revocar y/o anular la Resolución impugnada, toda vez que de la lectura del mismo, se advierte que plantearon argumentos de forma relacionados a las notificaciones de los actos administrativos; en ese contexto, siendo obligación de esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitir un criterio y/o posición respecto a todos y cada uno de los planteamientos formulados por el recurrente con la finalidad de evitar nulidades, se efectuará inicialmente la revisión de los vicios denunciados y si estos están legalmente sancionados con la nulidad y sólo en caso de no ser estos 

evidentes, se procederá al análisis de las cuestiones de fondo planteadas. 

IV.1. VICIOS DE NULIDAD IV.1.1. Notificaciones de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa Marilú Martha Escobar Camacho, representada legalmente por Ruth Soraya C. Torres Arévalo en su Recurso de Alzada manifiesta que como en cualquier procedimiento administrativo o judicial, la persona interesada o contribuyente debe ser notificada en su domicilio real, que para efectos tributarios también se constituye en domicilio fiscal. Desde un inicio, Marilú Escobar Camacho, se apersonó al Ente Fiscal, señalando que su nuevo domicilio real como fiscal desde junio de 2018 se encuentra en: 7 rue de Douai, 75009 París, República de Francia, correspondiendo la notificación de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa en dicho domicilio en el extranjero, a efecto de asumir defensa y presentar descargos. 

Agrega que la solicitud de baja del NIT, fue aceptada previa verificación del cumplimiento de todas sus obligaciones tributarias, desde octubre 2018, momento a partir del cual, la contribuyente cambio de domicilio fiscal y real a otro país (Francia), no teniendo actividad económica o comercial en Bolivia, por ende, ninguna obligación de tener domicilio fiscal para efectos tributarios, más aún, considerando que depende de otra administración fiscal con domicilio conocido; consecuentemente, el hecho de continuar notificando actos esenciales en una dirección antigua y errónea, pone de manifiesto la vulneración de su derecho a la defensa. 

La Administración Tributaria en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada, señala que, de conformidad a la consulta del Padrón de Contribuyentes, la recurrente fue notificada en el domicilio registrado por ella como domicilio tributario en una declaración jurada ante el Ente Fiscal, siendo que el domicilio que se detalla en su 

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III 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Recurso de Alzada en la República de Francia, no puede ser considerado para efectos procesales, toda vez que no se encuentra registrado en el Padrón de Contribuyentes, conforme lo previsto en el artículo 37 de la Ley 2492. 

Agrega que para efectos tributarios las personas naturales y jurídicas deben fijar su domicilio dentro del territorio nacional; preferentemente en el lugar de su actividad 

comercial; en tal sentido, la contribuyente fijó su domicilio fiscal y particular en la calle – Nicaragua N° 1846 de la zona de Miraflores, realizando las respectivas notificaciones 

en dicha dirección, más aun cuando el domicilio señalado por la contribuyente en sus notas de descargo, no se encuentra registrado en el Padrón de Contribuyentes; al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

El artículo 37 del Código Tributario Boliviano, señala que: “Para efectos tributarios las personas naturales y jurídicas deben fijar su domicilio dentro del territorio nacional, preferentemente en el lugar de su actividad comercial o productiva”. 

El artículo 41 del precitado cuerpo legal, señala que: “El sujeto pasivo, y el tercero responsable podrán fijar domicilio especial dentro del territorio nacional a los efectos tributarios con autorización expresa de la Administración Tributaria”. 

— — 

– 

– 

– 

– 

El artículo 68 de la Ley 2492, señala: Constituyen derechos del sujeto pasivo, entre otros el siguiente: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los – procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

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ANOT UVIATOK 

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Sobrado 

El artículo 83 de la mencionada Ley, con relación a los Medios de Notificación establece que: 1. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los 

medios siguientes, según corresponda: 

  1. Personalmente; 2. Por Cédula; 3. Por Edicto; 4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaran) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo· La Paz, Bolivia 

  1. Tácitamente; 6. Masiva; 7. En Secretaría; II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas extraordinarias 

El artículo 84 de la Ley 2492, señala: 1. Las vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este Código; así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal. //. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su representante legal de la copia integra de la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y lugar legibles en que se hubiera practicado. III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos legales. 

El artículo 85 de la citada Ley menciona que: l. Cuando el interesado o su 

representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente. II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la 

Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bellvia 

de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará la diligencia. 

Inicialmente, se debe considerar que en materia de nulidades, la doctrina administrativa indica que los actos administrativos son y deberán ser considerados válidos hasta el momento en que sean declarados por Autoridad competente anulados o revocados, para esto es necesario que los mencionados vicios de procedimiento, sean denunciados por el interesado ante la Instancia Administrativa pertinente, toda 

vez que cuando se trata de actos anulables, que son presentados ante esta instancia

Resulta importante considerar que la indefensión absoluta del administrado dentro de un procedimiento administrativo, se da como consecuencia del desconocimiento de las acciones o actuaciones procedimentales llevadas a cabo en su contra, que le impediría materialmente asumir defensa, dando lugar a que en su perjuicio se lleve adelante un procedimiento en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones; bajo ese contexto, esta Instancia Recursiva verificará la existencia o no de la indefensión alegada e invocada por el recurrente, derivada de vicio en las notificaciones realizadas por la Administración Tributaria 

– 

– 

– 

– 

– 

Ingresando al análisis propiamente dicho de los medios de notificación, se establece que ante fa imposibilidad de practicar una notificación personal conforme determina el artículo 84-del Código Tributario, es decir, la entrega al interesado o su representante legal de la copia integra de la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, el legislador previo a la modalidad de notificación por cédula, cuyas regulaciones se encuentran previstas en el artículo 85 del citado Código, actuación practicada en el caso que el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, en cuyo caso, el servidor público de la Administración Tributaria debe dejar un aviso de visita a cualquier persona mayor de 18 años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a una hora determinada del día siguiente hábil siguiente. 

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ISO 9001 

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En caso de no ser habido en dicha ocasión, se procederá a elaborar la representación correspondiente estableciendo las circunstancias y hechos anotados, lo que dará lugar a la notificación por cédula, la cual deberá estar constituida por una copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que lo expidiera y será entregada por el servidor público de la 

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NB/ISO 

9001 IBNORCA 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

III 

Administración Tributaria en el domicilio del que debiera ser notificado o cualquier persona mayor de 18 años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que deberá suscribir la diligencia. 

En el presente caso, de la compulsa a los antecedentes administrativos, se tiene que el Oficial de Diligencia de la Administración Tributaria, se hizo presente el día 26 de febrero de 2019 en el domicilio de la contribuyente Marilú Martha Escobar Camacho ubicado en la calle Nicaragua N° 1846 de la zona de Miraflores, a objeto de notificarle con la Orden de Verificación N° 18200200143 de 3 de diciembre de 2018 y Requerimiento No 00146343 de 5 de febrero de 2019. Al no ser encontrada, se dejó el Aviso de Visita a la Asesora Tributaria de la contribuyente Ruth Soraya Corina Torres Arévalo, comunicando que volverá al día siguiente, es decir, el 27 de febrero de 2019 

a horas 9:00; en la fecha y hora señalada, el servidor de la Administración Tributaria se constituyó una vez más en el precitado domicilio, con la finalidad de notificar la referida Orden de Verificación; sin embargo, al no ser habida la contribuyente, se procedió a realizar la Representación Jurada para notificación por Cédula, el 27 de febrero de 2019, asimismo, se emitió la instrucción para la respectiva Notificación por Cédula; fojas 8-10 de antecedentes administrativos. 

Con la instrucción para la Notificación por Cédula, el servidor de la Administración Tributaria, se presentó nuevamente en el domicilio ubicado en la calle Nicaragua No 1846 – Zona de Miraflores, a objeto de realizar la notificación con la Orden de 

Verificación N° 18200200143 y Requerimiento No 00146343, entregando copia de Ley 

y diligencia de notificación de los referidos actos administrativos a Jael Carmen Merlo 

Miranda, mayor de edad y en calidad de auxiliar de la contribuyente, el 27 de febrero 

de 2019; acto que cursa a fojas 11 de antecedentes administrativos. 

Asimismo, la notificadora de la Administración Tributaria, se hizo presente el día 22 de noviembre de 2019 en el domicilio de la contribuyente Marilú Martha Escobar Camacho ubicado en la calle Nicaragua N° 1846 de la zona de Miraflores, a objeto de notificarle con la vista de Cargo N° 291920001439 de 7 de noviembre de 2019. Al no ser encontrada, se dejó el Aviso de Visita a la abogada de la contribuyente Ruth Soraya Corina Torres Arévalo, comunicando que volverá al día siguiente, es decir, el 25 de noviembre de 2019 a horas 9:00 a.m.; en la fecha y hora señalada, el servidor de la Administración Tributaria se constituyó una vez más en el precitado domicilio, con la 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinaclonal de Bolivia 

finalidad de notificar la referida Vista de Cargo; sin embargo, al no ser habida la contribuyente, se procedió a realizar la Representación Jurada para notificación por Cédula, el 25 de noviembre de 2019, asimismo, se emitió la instrucción para la respectiva Notificación por Cédula; fojas 279-281 de antecedentes administrativos. 

Con la instrucción para la Notificación por Cédula, el servidor de la Administración Tributaria, se presentó nuevamente en el domicilio ubicado en la calle Nicaragua No 1846 – Zona de Miraflores, a objeto de realizar la notificación.con la vista de Cargo No 291920001439, entregando copia de Ley y diligencia de notificación de la referida Vista de Cargo a Ruth Soraya Corina Torres Arévalo, mayor de edad y en calidad de abogada de la contribuyente, el 25 de noviembre de 2019, acto que se encuentra respaldado con la firma del testigo de actuación Mónica Gutiérrez Q. con cédula de identidad No 4997456 LP.; cursante a fojas 282 de antecedentes administrativos. 

— 

– 

– 

– 

Por nota presentada a la Administración Tributarja el 24 de diciembre de 2019, Marilú Martha Escobar Camacho presentó observaciones y descargos a la vista de Cargo, señalando que, existen notificaciones en el domicilio erróneo con la vista de Cargo y la Resolución Determinativa, asimismo, la determinación de la base imponible fue realizada en base cierta, empero la Administración Tributaria, presumió ingresos por alquiler en base al contrato, además, reitera extorsión y uso indebido de influencias. Adicionalmente, presenta el extracto histórico de la cuenta No 1520173568 del Banco Nacional de Bolivia-S.A y Carnet-Electoral de la República de Francia; fojas 408-411 y 431-447 de antecedentes administrativos. 

afao ISO 900

En relación a la notificación con la Resolución Determinativa N° 172020000441 de 14 de febrero de 2020, corresponde señalar que el 20 de febrero de 2020 a horas 15:30, el servidor de la Administración Tributaria se hizo presente en la calle Nicaragua No 1846 de la zona de Miraflores,-a objeto de notificar a la recurrente con la citada Resolución Determinativa, al no ser habida, dejó el Aviso de Visita a Netzy Lazarte secretaria de Lino – Sandy & Asociados SRL, comunicando que volverá nuevamente el 21 de febrero de 2020 a horas 10:30; siendo que en dicha fecha no pudo ser habido la contribuyente, labrándose la Representación Jurada para la Notificación por Cédula, emitiéndose la Instrucción para la Notificación por Cédula por medio de la cual se autorizó la notificación mediante cédula con el acto definitivo; en base a dicha disposición, el servidor de la Administración Tributaria se presentó nuevamente al 

Calidad 

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9001 IBNORCA Sistema de Gestión 

del calidad CethodN7144 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarann 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

domicilio ubicado en la calle Nicaragua N° 1846 de la zona de Miraflores, entregando copia de Ley y diligencia de notificación de la referida Resolución Determinativa a Ruth Soraya Corina Torres Arévalo, mayor de edad y en calidad de apoderada de la contribuyente el 21 de febrero de 2020, acto en el que de igual forma se evidencia la firma de testigo de actuación Netzy Lazarte con cédula de identidad No 8484036 L.P.; cursante a fojas 511-514 de antecedentes administrativos, 

Conforme lo relacionado, es menester destacar que la ahora recurrente tuvo conocimiento de los actuados emitidos por la Administración Tributaria, prueba clara de este aspecto es que ante la notificación con la Orden de Verificación, presentó memoriales el 12 y 28 de marzo de 2019 solicitando al Ente Fiscal ampliación del plazo para la presentación de la documentación requerida al inicio de la verificación. Asimismo, ante la notificación con la vista de Cargo N° 291920001439 el 25 de noviembre de 2019, dentro del plazo previsto por el artículo 98 de la Ley 2492, presentó argumentos y documentos de descargo, mediante nota presentada el 24 de diciembre de 2019. Finalmente, ante la notificación con la Resolución Determinativa No 172020000441, ejercitó su derecho a impugnar dicho acto administrativo, dentro del plazo previsto por el artículo 143 de la Ley 2492; consecuentemente, no se evidencia que se hubiese causado indefensión al sujeto pasivo, que motive a una reposición de obrados. 

Con relación al argumento de la recurrente, en sentido que correspondía la notificación 

de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa en su domicilio constituido en el 

extranjero, al respecto, corresponde señalar que los artículos 37 y 70 numeral 3 de la Ley 2492, determinan que las personas naturales y jurídicas deben fijar su domicilio dentro del territorio nacional, preferentemente en el lugar de su actividad comercial o 

productiva; y que constituye obligación tributaria del sujeto pasivo fijar domicilio y comunicar su cambio, caso contrario, el domicilio fijado se considerará subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el mismo; en ese contexto, de acuerdo a la consulta al Padrón de Contribuyentes cursante a fojas 6 de antecedentes administrativos, la contribuyente Marilú Martha Escobar Camacho, declaró como 

domicilio fiscal en la Calle Nicaragua N° 1846 de la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz, es decir, fue constituido dentro del territorio nacional, correspondiendo en consecuencia que los actos administrativos emitidos por el Ente Fiscal sean notificados 

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AUTORIDAD DE THPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

en dicho domicilio; al no evidenciarse el cambio del mismo, conforme lo previsto en las mencionadas disposiciones normativas

Asimismo, cabe señalar que en los periodos verificados, comprenden de octubre 2013 a diciembre 2016,-perjodo en el que la ahora recurrente tenía como estado de Activo Habilitado de acuerdo con la consulta al Padrón de Contribuyentes de la Administración Tributaria cursante a fojas 6 de antecedentes administrativos; ‘asimismo, corresponde señalar que la inactivación del NIT, no implica la restricción de las facultades del Ente Fiscal relacionadas al control, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y de determinación de adeudos tributarios; previstas en los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, aspecto que ocurrió en el presente caso; consecuentemente, las notificaciones con la vista de Cargo N° 291920001439 y la Resolución Determinativa N° 172020000441 son válidas, toda vez que en los periodos fiscalizados (2013 a 2016) e contribuyente tuvo actividad económica, por ende, se encontraba sujeto al cumplimiento estricto de sus obligaciones fiscales, siendo que la inactivación de su NIT fue efectuado recién en octubre de la gestión 2018. 

– 

– 

-..-. 

– 

– 

Con relación a lo argumentado por la recurrente respecto a que fijó su domicilio en París, República de Francia perteneciendo a otra Administración Tributaria; al respecto, es menester aclarar que según el artículo 41 de la Ley 2492, el sujeto pasivo o tercero responsable, podrá fijar un domicilio especial el cual esté dentro del territorio nacional a los efectos tributarios, mismo que requiere la autorización expresa de la Administración Tributaria; en ese entendido, el establecimiento de un domicilio fuera del territorio nacional, no está enmarcado en la normativa antes mencionada; consecuentemente, el domicilio fiscal señalado por la ahora recurrente (7 rue de Douai, 75009 Paris, República de Francia), no reviste ninguna validez en el ámbito tributario nacional, por tanto, la Administración Tributaria no tenía la obligación legal de notificar los actos administrativos emitidos contra Marilú Martha Escobar Camacho en dicho domicilio. 

afao ISO 900

Calidad 

AFHOI CERTIFICLTION 

U

Conforme lo expuesto precedentemente, se establece que contrariamente a lo aseverado por el recurrente, no se ocasionó indefensión en el procedimiento de notificación de la Vista de Cargo N° 291920001439 y de la Resolución Determinativa No 172020000441, por el contrario asumió pleno conocimiento del proceso de fiscalización instaurado en su contra derivado de las obligaciones tributarias del 

LOLTOSA Yariflen

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NB/150 

9001 IBNORCA Sistema de Gesti 

de bacted CertticadoN71/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Transacciones y Régimen Complementario al IVA de los periodos fiscales octubre a diciembre 2013, enero a diciembre 2014, enero a diciembre 2015 y enero a diciembre 2016, ejercitando su derecho a la presentación de descargos a la vista de Cargo N° 291920001439 (SIN/GDLPZ 1/DF/UVENC/47/2019) de 7 de noviembre de 2019 e impugnación como 

ensa a través de la interposición del Recurso de Alzada en contra de la Resolución Determinativa N° 172020000441 (SIN/GDLPZ 1/DJCC/UTJ/RD/55/2020) de 14 de febrero de 2020; en ese contexto, los agravios relacionados a vicios procedimentales en la notificación y vulneración al derecho a la defensa alegados por el recurrente no corresponden; consecuentemente, se desestima la posibilidad de retrotraer obrados por esta causa. 

IV.2. ASPECTOS DE FONDO IV.2.1. Determinación de la Base imponible Marilú Martha Escobar Camacho, representada legalmente por Ruth Soraya C. Torres Arévalo en su Recurso de Alzada manifiesta que la Resolución Determinativa, menciona que se realizó sobre base cierta y que entre los procedimientos aplicados se encuentran: Análisis de documentación presentadas por terceros (bancos) y Determinación de ingresos no declarados por el contribuyente sobre base cierta. Asimismo entre la documentación entregada por terceros se menciona correctamente los extractos bancarios del BNB de la cuenta No 1520173567, que registra de forma clara y precisa los montos recibidos por concepto de garantía y alquileres que totalizan el monto pagado por alquileres de Bs23.486.– sin embargo, la Administración Tributaria incrementa artificialmente los hechos existentes sobre la base de la presentación de un contrato de alquiler por parte de la denunciante, el cual no prueba 

el acaecimiento del hecho generador 

Agrega que la Administración Tributaria infiere una presunción, en base a la presentación de un contrato de alquiler, no reconocido ante notario. Se desvirtuó el cálculo del tributo devengado sustentado en los extractos oficiales de la cuenta del BNB, que permite relacionar cada pago recibido por parte de la denunciante y los que no fueron pagados los cuales se encuentran en litigio judicial. 

La Administración Tributaria en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada señala que, los procedimientos y técnicas aplicadas en la fiscalización para la determinación, 

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se realizaron bajo las disposiciones tributarias vigentes sobre Base Cierta, la que se efectúa tomando en cuenta los documentos que permiten conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. Bajo ese criterio de conformidad a lo dispuesto por al parágrafo I del artículo 43 de la Ley 2492, cuando el sujeto pasivo no hubiera proporcionado a la Administración Tributaria la documentación requerida para el cumplimiento de la revisión y con este fin puede obtener información de terceros, que permita conocer de forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. Asimismo, de la revisión de antecedentes administrativos a fojas 64 a 67 cursa el contrato de alquiler entre las partes intervinientes y el reconocimiento de firmas; al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

El artículo 4 inciso b) de la ley 843, refiere: “…el hecho imponible se perfeccionará en el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice la ejecución o prestación, o desde la precepción total o parcial del precio, el que fuere anterior (…) En todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota fiscal o documento equivalente”. 

El artículo 19 de la Ley 843, establece: “Con el objeto de complementar el régimen del Impuesto al-Valor Agregado, créase un impuesto sobre los ingresos de las personas naturales y sucesiones indivisas, provenientes de la inversión de capital, del trabajo o de la aplicación conjunta de ambos factores. Constituyen ingresos,’cualquiera fuera su denominación o forma de pago: a) Los provenientes del alquiler, subalquiler u otra forma de explotación de inmuebles urbanos o rurales, salvo que se trate de sujetos alcanzados por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas”. 

El artículo 72 de la Ley 843 señala que: “El ejercicio en el territorio nacional, del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad – lucrativa o no- cualquiera sea la naturaleza del sujeto que 

la preste, estará alcanzado con el impuesto que crea este Titulo, que se denominará Impuesto a las Transacciones, en las condiciones que se determinan en los artículos siguientes”

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaran) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 2471973.www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

El artículo 74 del mencionado cuerpo normativo establece: “El impuesto se determinará sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el periodo fiscal por el ejercicio de la actividad gravada”. 

Inicialmente, es necesario señalar que la determinación del adeudo tributario se funda en la información, datos y prueba que la Administración Tributaria pueda obtener sobre los hechos generadores, de modo que le permita evidenciar y por sobre todo demostrar fácticamente los resultados de la determinación; si bien, esta información puede ser conseguida del contribuyente, también se podrá obtener de terceras personas o agentes de información e inclusive de la propia labor de investigación de la Administración Tributaria con el fin de obtener pruebas de hechos imponibles ocurridos de conformidad a las facultades otorgadas por el artículo 100 de la Ley 2492; sin embargo, es pertinente que dichos datos, pruebas o información permitan d la realización de los hechos generadores y que permitan establecer su cuantía: es decir, que cada conclusión tenga su respaldo objetivo, evidente y comprobable. 

Bajo los lineamientos antes expuestos y de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene, que el sujeto activo emitió la Orden de Verificación Externa No 18200200143 el 3 de diciembre de 2018, como resultado del Informe CITE: SIN/GDLPZ VDF/SFVE/INF/16330/2018 de 27 de noviembre de 2018, donde se establece que la denuncia presentada por Adela Octavia Adrián Gutiérrez de Urquidi es procedente, toda vez que se verificó que no emitió las facturas de los ingresos obtenidos por concepto de alquileres correspondientes a los periodos fiscales de octubre 2013 a noviembre 2016, cuyo alcance se circunscribe al Débito Fiscal IVA y su efecto en el IT y RC-IVA, correspondientes a los periodos fiscales octubre a diciembre 2013, enero a diciembre 2014, enero a diciembre 2015 y enero a diciembre 2016; requiriendo al efecto documentación detallada en los F-4003 Requerimientos Nros. 00146343 y 00147302, la que no fue proporcionada por el sujeto pasivo, razón por la que se emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 00175132 cursante en fojas 42 de antecedentes administrativos. 

Posteriormente, el 7 de noviembre de 2019, el Ente Fiscal emitió la Vista de Cargo No 291920001439, que estableció la deuda tributaria que asciende a 15.483 UFV’s, importe que incluye el impuesto omitido intereses y sanción preliminar de omisión de pago, del IVA, IT y RC-IVA correspondiente a los periodos fiscales octubre a diciembre 

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2013, enero a diciembre 2014, enero a diciembre 2015 y enero a diciembre 2016, así como la multa de por incumplimiento de deberes formales que asciende a 1.500 UFV’s. Ante la notificación del acto preliminar, la recurrente el 24 de diciembre de 2019, presentó argumentos y documentos de descargo. Finalmente, el 14 de febrero de 2020, el Ente Fiscalemitió la Resolución Determinativa N° 172020000441 (SIN/GDLPZ 1/DJCC/UTJÄRD/55/2020), ratificando el adeudo establecido en el acto preliminar. 

En razón a que la contribuyente durante el proceso de verificación no presentó declaraciones juradas del RCIVA Form. 610, y tampoco notas fiscales de respaldo al Débito Fiscal IVA (Copia), referidos a los periodos fiscales de octubre 2013 a diciembre 2016, la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales a efectos de verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente Marilú Martha Escobar Camacho referidas al IVA, IT y RCIVA de los periodos fiscales de octubre 2013 a diciembre 2016, realizó las sigựientes acciones: 

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– — 

– – 

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– 

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– 

– 

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  • Análisis y relevamiento de toda la documentación obtenida en el proceso de Verificación. ‘ 

  • Ařálisis de documentación presentada por terceros (contrato de alquiler) – 

Presentado por la denunciante. 

  • Verificación de Declaraciones Juradas F200 (IVA). 

Vérificación de Declaraciones Juradas F-400 (IT). – Verificación de Declaraciones Juradas F-610 (RCIVA).” ::. Determinación de Ingresos no declarados por el contribuyente sobre BASE CIERTA. 

  • Determinación de Impuestos omitidos por IVA, IT, RC-IVA. 
  • Verificación de Deberes Formales. 
  • Otros procedimientos. 

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En base a la información detallada precedentemente estableció que la contribuyente se encontraba inscrita en el Padrón de Contribuyentes a partir del 25 de junio de 2013 hasta 19 de octubre de 2018, en la actividad “Alquiler de Bienes Raíces Propios”, sujeta al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) y Régimen Complementario del IVA – Agentes de Retención. 

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En el contexto anterior y en uso de las facultades otorgadas por el Código Tributario, la Administración Tributaria determinó sobre base cierta la base imponible del Impuesto 

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del Calidad CertihadoN7114 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (5912) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

al Valor Agregado (IVA). Impuesto a las Transacciones (IT) y Régimen Complementario del IVA en aplicación del artículo 43, parágrafo I de la Ley 2492, considerando la denuncia por no emisión de recibo de alquiler presentada por Adela Octavia Adrián Gutiérrez de Urquidi, cuyo contrato de arrendamiento señala un canon mensual B$2.100.- por un plazo de tres meses forzosos y tres meses voluntarios, iniciando el mismo a partir del 15 de octubre de 2013, estableciendo una tácita reconducción salvo preaviso mínimo de 30 días antes de la finalización del contrato. Conforme lo señalado, la denunciante alquiló el bien inmueble por el tiempo de 3 años y 22 días desde el 15 de octubre de 2013 hasta el 7 de noviembre de 2016, según se detalla a continuación: 

PERIODOSI 

| DIAS DE GESTION ALQUILER 

IMPORTE 

SEGÚN CONTRATO 

IMPORTE 

TOTAL POR DIAS 

CONCEPTO DE 

PAGOS :

IMPORTE DECLARADO EN FORM: 200 Y 400 

.. 

.. 

VENTAS NO DECLARADAS 

.. 

1.050 2.100 2.100 

15 

Oct-2013 Nov-2013 Dic-2013 

30 

2.100) 2.100 2.100 

1.050 2.100 2.100 

Alquiler casa de 2 pisos Alquiler casa de 2 pisos Alquiler casa de 2 pisos 

30 

37 

(…) 

(...

(...) 

(…) | 36 Sep-2016 

30 

2.100 

2.100 | Alquiler casa de 2 pisos Oct-2016 

30 

2.100 

2.100 Alquiler casa de 2 pisos Nov-2016 

2.100 

490 Alquiler casa de 2 pisos TOTAL 

79.800 77.140 Fuente: Resolución Determinativa N° 172020000441, página 8, fojas 486 de antecedentes administrativos

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La determinación de la base imponible realizada por la Administración Tributaria fue sobre base cierta, de acuerdo a lo previsto en el artículo 43 parágrafo | de la Ley 2492, que dispone que la base imponible podrá determinarse sobre base cierta tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo; en ese sentido, la denuncia fue corroborada por el ente fiscal en ejercicio de sus facultades de control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación establecidas en los artículos 

66 y 100 de la Ley 2492, sobre el alquiler de un bien inmueble situado en la calle 

Nicaragua N° 1846, zona Miraflores, por más de tres años, sin la emisión de nota fiscal o documento equivalente, con un canon de alquiler mensual de Bs2.100.- según “Contrato de Alquiler” de fecha 15 de octubre de 2013, firmado entre la ahora recurrente y Adela Octavia Adrián Gutiérrez de Urquidi, en base al cual se realizó la determinación de ingresos no declarados por concepto de alquileres por parte de Marilú Martha Escobar Camacho, toda vez que se efectivizó la contraprestación del alquiler por parte de la referida contribuyente, quien no niega tal situación, sino más 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

bien reconoce que la denunciante solo le pago algunos meses, aspecto que evidencia la no emisión de facturas y la correspondiente declaración de los impuestos IVA, IT y RC-IVA, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos, 4 inciso b), 72 y 19 inciso a) de la Ley 843, siendo evidente la prestación de servicios de alquiler por parte de Marilú Martha Escobar Camacho. 

Al respecto la recurrente en su Recurso de Alzada argumenta que el contrato de alquiler no constituye prueba ni acredita el hecho generador de las obligaciones tributarias por el IVA, IT y RC-IVA, siendo que las boletas de depósito realizadas por la inquilina en la cuenta No 1520173567 del Banco Nacional de Bolivia S.A., acreditan de forma precisa los montos percibidos por concepto de alquileres y garantía, en cumplimiento a lo estipulado en el Contrato de Alquiler de 15 de octubre de 2013, en ese contexto, los servicios de alquiler prestados por Marilú Martha Escobar Camacho a su inquilina Adèla Octavia Adrián Gutiérrez de Urquidi, se llegaron a materializar, aspecto que es reconocido por la propia recurrente en su Recurso de Alzada, en el cual señala: Pese, a innumerables reclamos, la inquilina NO ha pagado sus alquileres de forma completa y regular entre noviembre 2013 y diciembre del 2016, (...), configurándose de esta manera lo previsto en el artículo 4 inciso b) de la Ley 843, momento a partir del cual surgió la obligación de la ahora recurrente de emitir la correspondiente factura o recibo de alquiler y declarar los mismos ante el Ente Fiscal, independientemente al hecho de que la denunciante no le hubiera cancelado algunos meses el canon mensual de alquiler. – 

Asimismo, se aclara a la ahora recurrente que, de acuerdo al artículo 4 inciso b) de la Ley 843, una vez perfeccionado el hecho imponible, es decir, la prestación de servicios o de otras prestaciones, cualquiera fuese su naturaleza, desde el momento en que se finalice la ejecución o prestación, o desde la precepción total o parcial del precio el que fuere anterior, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota fiscal o documento equivalente y el correspondiente pago de tributos sobre la misma. En el 

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caso de alquileres de bienes inmuebles, la factura o nota fiscal debe emitirse con 

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carácter mensual a la conclusión del periodo de prestación por el cual se devenga el pago o contraprestación mensual o a momento de su pago lo que ocurra primero. En el presente caso se evidencia que efectivamente se configuró la prestación del alquiler conforme lo señalado por la recurrente y sustentado por el Contrato de Alquilerde 15 de octubre de 2013 suscrito por Marilú Martha Escobar Camacho y Adela Octavia 

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Erma de Gestión 

debalded Cotabl7711

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani 

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Adrián Gutiérrez de Urquidi, consecuentemente la ahora recurrente se encontraba en la obligación de emitir la respectiva factura y declarar las mismas ante el SIN; sin embargo, dicho aspecto no ocurrió en el presente caso, motivo por el que la Administración Tributaria determinó tributos omitidos respecto al Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Transacciones y el Régimen Complementario al IVA, sobre la base imponible cierta determinada en función del canon mensual de alquiler estipulado en el referido Contrato. 

También se evidencia que la Administración Tributaria mediante CITE: SIN/GDLPZ I/DFISFVE/NOT/00565/2019 de 1 de febrero de 2019, solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, gestione la solicitud de información al Banco Nacional de Bolivia S.A. respecto a depósitos y retiros de la cuenta No 152-0173567 de Marilú Martha Escobar Camacho, según nota que cursa en fojas 41 de antecedentes administrativos; solicitud que fue respondida por la mencionada entidad financiera el 12 de abril de 2019, detallando depósitos y retiros realizados en la cuenta de la ahora recurrente, además, adjuntó fotocopias de las respectivas boletas. Es menester aclarar que esta información sirvió a la Administración Tributaria para verificar que los pagos presentados por la denunciante fueron realizados conforme las estipulaciones consignadas en el mencionado “Contrato de Alquiler”. 

Lo expuesto precedentemente, demuestra que la Administración Tributaria efectuó el procedimiento de determinación contra la ahora recurrente sobre base cierta, conforme lo previsto en el artículo 43, parágrafo I de la Ley 2492, basando tal determinación en el“Contrato de Alquiler” de 15 de octubre de 2013 suscrito entre Marilú Martha Escobar Camacho y Adela Octavia Adrián Gutiérrez de Urquidi, documento en el que se pactó el canon de alquiler de Bs.100.- mensuales, consecuentemente, en aplicación del artículo 4 inciso b) de la Ley 843 el cual señala que en el caso de prestación de servicios o de otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza el nacimiento del hecho imponible se perfeccionará desde el momento en que finalice la prestación o desde la percepción total o parcial del precio; es así que en el presente caso, la prestación del servicio de alquiler fue efectivamente materializado, conforme lo señalado por la recurrente y corroborado por la Administración Tributaria conforme las estipulaciones pactadas en el mencionado Contrato de Alquiler, aspecto que denota el nacimiento efectivo del hecho generador del tributo, surgiendo la obligación de la ahora recurrente de emitir la respectiva factura o nota fiscal equivalente, por los alquileres 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

pactados por los periodos fiscales comprendidos entre octubre 2013 a noviembre de 2016 (tiempo de duración de la prestación del alquiler), así como declarar dichas facturas ante la Administración Tributaria. 

En relación con el-argumento manifestado por la ahora recurrente, referido a que era únicamente apoderada del propietario, por cuanto no corresponde aplicar la noción de “ingreso por alquiler de bienes raíces PROPIOS”, toda vez que lo recibido de la inquilina deudora fue pagado al poderdante y antiguo propietario del bien inmueble; al respecto, cabe aclarar que los sujetos pasivos, de acuerdo a la RND 10-003204 de 19 de noviembre de 2004, que están alcanzados con alguno de los impuestos establecidos en la Ley 843, tienen la obligación de registrarse en el 

  • Padrón de Contribuyentes para obtener su NIT, de acuerdo a las actividades 

gravadas que desarrollan; en este sentido, es el propio sujeto pasivo quien declara su función principal, es decir, Marilú Martha Escobar Camacho estableció su actividad como “Alquiler de Bienes Raíces Propiosde acuerdo a consulta que cursa en fojas 6 de antecedentes administrativos, por tanto, no se evidencia en ningún documento que curse en antecedentes administrativos, que la mencionada contribuyente funja como apoderada de otro sujeto pasivo, razón por la que corresponde desestimar dicho argumento, al no tener asidero legal o fáctico alguno. 

– 

– 

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— —.. –– 

– –– 

Con relación al argumento de la recurrente en sentido de que el Ente Fiscal, en la página 15 del acto impugnado-comete un grave error de interpretación de los artículos 4 inciso a) de la Ley 843 y 2 inciso b) del DS 21532, referidos al perfeccionamiento del hecho imponible en el caso de ventas de otros bienes, siendo que el presente caso se refiere a un alquiler y no se trata de una venta; al respecto, corresponde señalar que si bien la Administración Tributaria hace referencia por error al artículo 4 inciso a) de la Ley 843, debiendo consignar el artículo 4 inciso b) como norma legal de sustento a la obligación tributaria del IVA, de acuerdo al análisis realizado ut supra, acomo debió citar el inciso d) del artículo 2 del DS 21532; sin embargo, dichos errores no implican una vulneración del derecho a la defensa de la ahora recurrente, así como tampoco incide en la determinación de sus obligaciones tributarias, más aun cuando en la gina 24 del acto administrativo impugnado, el Ente Fiscal sustenta legalmente la determinación señalando lo siguiente: ...se determinó que la contribuyente no declaró el ingreso por alquiler de bienes raíces propios, estableciendo reparos en el … (IVA) …(IT)

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Sistema de Gestion 

del Gildad Certhodon-771/14 

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UNI 

el (RC-IVA) de los períodos.…, determinando que la conducta de la contribuyente Escobar Camacho Marilú Martha....contraviene el numeral 1 del Artículo 70 de la Ley 2492; Artículos 4, 5, 7, 19, 30, 32, 72, 73, 74 y 75 de la Ley 843 (Texto Ordenado Vigente); 4 y 7 del DS 21530; Artículos 2 y 7 del DS 21532 y Artículo 9 inc. b), inc. c) e inc. d) del DS 21531″; consecuentemente, se evidencia la fundamentación legal en base de la cual la Administración Tributaria determinó 

sus observaciones, correspondiendo desestimar el argumento expuesto por la 

recurrente, 

Con relación a la observación de la parte recurrente respecto a que el 12 y 28 de marzo de 2019, se presentaron dos notas especificando que el talonario fiscal requerido se encontraba en la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; sin embargo, el contenido de dichas notas, ni los fundamentos jurídicos fueron mencionados y mucho menos contestados en la Resolución Determinativa; al respecto corresponde señalar que el acto administrativo ahora impugnado con relación a dicho argumento señala: “La Gerencia Distrital La Paz I, mediante Autos No 251920000076 y N° 251920000536, amplia el plazo de 

esentación solicitados en dos ocasiones por la contribuyente; argumentando que el talonario no se encontraba en su poder y que requería de un tiempo de tres meses para obtener los documentos solicitados, se debe considerar que, desde la fecha de solicitud hasta la fecha de emisión de los Autos, incluso hasta la emisión de la presente Resolución Determinativa, transcurrieron más de los tres meses solicitados y no presentó descargos de los periodos requeridos (…); al respecto, se puede evidenciar que la Administración Tributaria, en el acto impugnado, dio respuesta y valoró las solicitud del sujeto pasivo, en ese sentido, lo argumentado por el recurrente en su Recurso de Alzada sobre este punto, no tiene asidero legal ni fáctico, aspecto por el cual se desestima lo señalado. 

Con referencia al argumento de la recurrente, vinculado a que en aplicación de los artículos 139, 144-III, 151-1 y III del Código de Procedimiento Civil instauró una causa judicial por los alquileres impagos; sin embargo, en los fundamentos de la Resolución Determinativa, no existe la explicación de la razón por la cual no aplicó los precitados artículos, aspecto que genera indefensión; al respecto, corresponde señalar que el acto administrativo impugnado en su página 15 señala de forma textual lo siguiente: “... la contribuyente realiza una cronología de hechos respecto 

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a la relación con la persona de quien habría sido víctima de amenazas, haciendo mención que tiene una demanda judicial por impago de alquileres, reconociendo que hubo una entrega del bien, al existir la existencia de un contrato firmado entre la contribuyente y la Sra. Adela Adrián Gutiérrez de Urquidi …, en ese contexto el Ente Fiscal en el acto impugnado emitió un criterio en cuanto al proceso judicial instaurado por los alquileres impagos. Ahora bien con relación a la aplicación de los-ártículos del Código de Procedimiento Civil, se debe considerar que la Administración Tributaria no es la instancia competente para dilucidar cuestiones en índole civil, así como tampoco aplicar dichos preceptos normativos que corresponden al ámbito privado y que no tienen la más mínima incidencia en cuanto a la determinación de ingresos no declarados por la prestación de servicios de alquiler, el cual se constituye en el objeto de análisis; consecuentemente corresponde desestimar dicho argumento, al carecer de asidero fáctico y legal aplicable, al presente caso. :” : 

Respecto al argumento de la recurrente en relación a que la denuncia injustificada en su contra proviene de una funcionaria del Servicio de Impuestos Nacionales de nombreMariela Valeria Urquidi Adrián o Gutiérrez, ejerciendo indebidamente influencia en el presente caso, reservándose acciones penales en su contra; al respecto, cabe señalar que si este hecho ocurriese es obligación del o los interesados iniciar y dar prosecución a las acciones legales pertinentes ante las autoridades llamadas por Leyaefectos de demostrar la existencia de tal hecho, siendo que por disposición del artículo 197 parágrafo || inciso b) del Código Tributario, están excluidas de la competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria, las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por Ley a la jurisdicción ordinaria; consecuentemente, corresponde desestimar la solicitud expuesta por la ahora recurrente. 

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Conforme el análisis realizado, se concluye que la contribuyente Marilu Martha Escobar Camacho no declaró la prestación de servicios por concepto de alquileres respecto al inmueble ubicado en la calle Nicaragua N° 1846 zona de Miraflores alquilado a Adela Octavia Adrián Gutiérrez de Urquidi, lo que se constituye en hecho generador de los Impuestos al Valor Agregado, a las Transacciones y al Régimen Complementario al IVA – Contribuyente Directo de acuerdo a los artículos 4, 19, 72 y 74 de la Ley 843; consecuentemente, en el marco de la normativa y los hechos 

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corresponde confirmar la deuda tributaria establecida en la Resolución Determinativa N° 172020000441 (SIN/GDLPZ 1/DJCC/UTJ/RD/55/2020) de 14 de febrero de 2020, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales. 

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 172020000441 (SIN/GDLPZ 1/DJCC/UTJ/RD/55/2020) de 14 de febrero de 2020, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales contra la contribuyente Marilú Martha Escobar Camacho; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido por el Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones de los periodos fiscales octubre a diciembre 2013, enero a diciembre 2014, enero a diciembre 2015 y enero a noviembre 2016 y por el Régimen Complementario – IVA por los periodos fiscales diciembre 2013, marzo, septiembre y diciembre 2014; así como la multa por incumplimiento de deberes formales establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 00175132. 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente, 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

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CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

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Lic. Cecilia Velez Dorado 

Directora Ejecutiva Regional Dirección Ejecutiva Regional Autordad Regional de Impugnación 

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