ARIT-LPZ-RA-0720-2019 Auto confirmado. El contribuyente solicita la prescripción de la facultad de ejecución tributaria alegando que las leyes y normas no tienen carácter retroactivo, sin embargo, el contribuyente fue notificado con el PIET dentro del plazo legal, y por lo tanto no corresponde la prescripción solicitada.

ARIT-LPZ-RA-0720-2019

JULI11 II 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

-RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0720/2019 

Recurrente: 

Vicente Fernández Castro 

Administración Recurrida: 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia

Acto Impugnado: 

Auto 

No – 251940000223 (SIN/GDOR/DJCC/CCIAUTO/00147/2019)

1

Expediente: 

“ARIT-ORU-0097/2019

Lugar y Fecha: 

La Paz, 1 de julio de 2019 

VISTOS: ; El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y *** producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informes Técnico Jurídico ARIT-LPZ No-0720/2019 de 26 de junio de 2019, emitido por la Sub. Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente:

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO El Auto-No 251940000223 (SIN/GDOR/DJCC/CC/AUTO/00147/2019) de 7 de febrero de 2019, emitido por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales
  • resolvió rechazar la solicitud de prescripción presentada por el contribuyente Vicente Fernández Castro, correspondiente a la deuda tributaria establecida en la Resolución Determinativa N° 17-00309-13 de 26 de junio de 2013, respecto al IVA e IT del periodo fiscal marzo 2008 y al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24 00865-13.

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Justicia tributaria para vivir bien Jan Mitayir jach’a kamani (Aymara) . Mana tasaq kurag kamachig (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973 • www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA II.1. Argumentos del Recurrente Vicente Fernández Castro mediante notas presentadas el 1 y 10 de abril de 2019, cursantes a fojas 7-8 y 11-12 de obrados, respectivamente, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

De acuerdo con el principio de irretroactividad establecido en el artículo 123 de la Constitución Política del Estado, concordante con la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3 de 26 de octubre de 2016, corresponde aplicar el artículo 59, parágrafo I de la Ley 2492, sin las modificaciones incorporadas por la Ley 291, 317 y 812, considerando que los hechos generadores corresponden al periodo fiscal marzo de la gestión 2008.

,

La Resolución Determinativa N° 17-00309-13 adquirió la calidad de título de ejecución tributaria el 18 de julio de 2013, de acuerdo al artículo 108, parágrafo | numeral 3) de la Ley 2492, siendo que el cómputo de 4 años para que la Administración. Tributaria ejerza su facultad de ejecución tributaria comenzó el 19 de julio de 2013 y finalizó el 19 de julio de 2017 conforme el artículo 60 parágrafo 11 del Código Tributario, siendo que durante dicho periodo no se produjo ninguna causal de interrupción ni suspensión del curso de la prescripción conforme prevén los artículos 61 y 62 del citado cuerpo normativo.

El acto impugnado desconoce que las medidas enunciadas por la Administración Tributaria, no constituyen causales de interrupción ni de suspensión del curso de la prescripción. Asimismo, señala que la Resolución Determinativa N° 17-00 26 de junio de 2013, en su numeral segundo impone la multa por omisión de pago, es decir, no determina deuda tributaria, además no corresponde aplicar retroactivamente. el parágrafo IV del artículo 59 de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012 por mandato del artículo 123 de la Constitución Política del Estado y 150 de la Ley 2492; consecuentemente, la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria operó el 19 de julio de 2017, en aplicación a lo establecido en el artículo 59, parágrafo I, numeral 4) del Código Tributario; al efecto, cita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0393/2016 de 18 de abril

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA. Estado Plurinacional de Bolivia

de 2016, en cuanto a la aplicación del artículo 324 de la Constitución Política del Estado.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente el Auto No 251940000223.(SIN/GDOR/DJCC/CCIAUTO/00147/2019) de 7 de febrero de 2019.

11.2. Auto de Admisión ‘El Recurso de Alzada interpuesto por Vicente Fernández Castro, fue admitido mediante Auto de 12 de abril de 2019, notificado de forma personal a la

Administración Tributaria y por cédula al recurrente el 17 y 22 de abril de 2019

  • respectivamente, fojas 13-18 de obrados.

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Jeaninne Verónica Sandy Tapia conforme se acredita de la Resolución Administrativa de Presidencia No 031900000115 de 6 de febrero de 2019, por memorial presentado el 2 de mayo de 2019, cursante a fojas 21-25 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente:

!

El recurrente no explica el por qué se materiálizó la prescripción, toda vez que confunde el inicio de una fiscalización con la ejecución de una deuda determinada firme y exigible; asimismo, señala que los periodos fiscales de la gestión 2008, ya ‘habrían prescrito y que se pretende aplicar la retroactividad; sin embargo, no considera que la deuda tributaria se determinó en vigencia de la Ley 291 y al no haber sido impugnada en el tiempo legal se dio inicio a la facultad de ejecución tributaria la cual se considera imprescriptible.

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Cita los artículos 21, 59, 66, 100 de la Ley 2492 y señala que la Administración Tributaria cuenta con amplias facultades para el cumplimiento de sus funciones, en ese sentido, la Resolución Determinativa N° 17-00309-13 de 26 de junio de 2013 se declaró firme y ejecutoriada al no haber sido impugnada dentro del plazo previsto por Ley, adquiriendo la calidad de Título de Ejecución Tributaria conforme lo previsto en el artículo 108 de la Ley 2492 y 4 del DS 27874.

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Justicia tributaria para vivir bien. Jan Mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasag kuraq kamachig (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

La Disposición Adicional Quinta, de la Ley 291 que modifica el artículo 59 de la Ley 2492, se encuentra en vigencia a partir de su publicación, siendo que en el presente caso la Resolución . Determinativa N° 17-00309-13 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RD/00168/2013) de 26 de junio de 2013, fue emitida cuando estaba vigente la Ley 291, la cual señala que la facultad para ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible; consecuentemente, no se trata de una aplicación retroactiva de la Ley.

La Administración Tributaria no incurrió en inacción, toda vez que realizó varias medidas de cobro entre las que se encuentran notas dirigidas a la ASFI, Tránsito, Registro de Derechos Reales, Cooperativa de Teléfonos Oruro, INFOCRED, Contraloría General del Estado y AFP Futuro de Bolivia.

El acto impugnado cumple con todos los requisitos para su emisión previstos en el artículo 28 de la Ley 2341, plasma de manera clara los hechos acontecidos en sede administrativa, además fundamenta su decisión realizando una valoración amplia y detallada respecto a la normativa legal vigente; consecuentemente, los actos de la Administración Tributaria fueron emitidos observando los principios de legalidad y presunción de legitimidad, verdad material, publicidad y buena fe y respetando los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado.

.

.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Auto N° 251940000223 (SIN/GDOR/DJCC/CC/AUTO/00147/2019) de 7 de febrero de 2019.

11.4 Apertura de término probatorio y producción de prueba Mediante Auto de 3 de mayo de 2019, se aperturó el término de prueba de veinte (20). días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario; actuación notificada tanto al recurrente como a la Administración Tributaria recurrida en Secretaría el 8 de mayo de 2019, período dentro el cual la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Verónica Jeannine Sandy Tapia a momento de apersonarse conforme Resolución Administrativa de Presidencia No 031900000353 de 3 de mayo de 2019, mediante memorial presentado el 21 de mayo de 2019, ratificó en calidad de prueba

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

pre constituida, los antecedentes administrativos, adjuntados en la respuesta al Recurso de Alzada; al efecto, por Proveido de 22 de mayo de 2019, se dio por apersonada a Verónica Jeannine Sandy Tapia en representación de la Administración Tributaria y por ratificada la prueba documental señalada; actuación notificada en Secretaría a las partes el 22 de mayo de 2019, fojas 2627 y 28-32 de obrados.

Concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable Departamental de Recursos de Alzada Oruro, mediante Nota. CIT.E: ARITLP ORU-OF-0333/2019 de 30 de mayo de 2019, remitió el expediente a esta instancia recursiva; al efecto, mediante Auto de 4 de junio de 2019, se dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, acto notificado en Secretaría al recurrente ya la Administración tributaria el 5 de junio de 2019, fojas 33-35.de obrados.

11.5. Alegatos De la revisión de obrados, se verifica que la parte recurrente, así como la Administración Tributaria no presentaron alegatos de acuerdo a las condiciones y plazos previstos en el artículo 210 parágrafo II del Código Tributario.

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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA .La Administración Tributaria mediante Orden de Fiscalización N° 00120FE00115 de 6 de septiembre de 2012, Form. 7504, comunicó al contribuyente Vicente Fernández Castro, el inicio de la verificación de los hechos y/o elementos correspondientes al IVA e IT de los periodos fiscales enero, febrero y marzo 2008, en ese sentido, solicitó documentación mediante Requerimiento No 00113589, actuación notificada por cédula el 26 de septiembre de 2012, fojas 3-7 de antecedentes administrativos.

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La Vista de Cargo CITE: SIN/GDOR/DFIFENC/099/2013 de 22 de mayo de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, estableció un adeudo preliminar de 115.624 UFV’s importe que incluye tributo omitido, intereses, sanción del 100% por la conducta tributaria y multa por incumplimiento a deberes formales, por concepto de IVA e IT del periodo fiscal marzo 2008, calificando preliminarmente la conducta de Vicente Fernández Castro, como Omisión de Pago

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Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

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de acuerdo a lo previsto en el artículo 165 de la Ley 2492, sancionándose dicha conducta con el 100% del impuesto omitido determinado a la fecha de vencimiento expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda de conformidad al artículo 42 del DS 27310, actuación notificada por cédula el 24 de mayo de 2013; fojas 185-201 de antecedentes administrativos.

La Resolución Determinativa N° 17-00309-13 (CITE: SIN/GDOR/DJCCI. UTJ/RD/00168/2013) de 26 de junio de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió determinar de oficio y sobre base cierta la obligación impositiva contra Vicente Fernández Castro, por la suma de 116.418 UFV’s, por IVA e IT más intereses y sanción por omisión de pago por el periodo fiscal marzo 2008, así como la multa de 1.500 UFV’s por incumplimiento de deberes formales; acto notificado por cédula a Vicente Fernández Castro el 28 de junio de 2013; fojas 210-218 de antecedentes administrativos.

El Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-00865-13 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UCC/PROVI549/2013) de 23 de julio de 2013, establece que estando firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa N° 17-00309-13 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RD/00168/2013) de 26 de junio de 2013, conforme a lo establecido por el artículo 108, parágrafo 1 de la Ley 2492, concordante con el artículo 4 del DS 27874, anunció al contribuyente. Vicente Fernández Castro, el inicio de la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día de su legal notificación con el señalado PIET, a partir del cual se realizarán las medidas coactivas correspondientes conforme establece el artículo 110 de la Ley 2492, hasta el pago total de la deuda que asciende a 116.418 UFV’s; acto administrativo notificado por cédula al contribuyente el 20 de septiembre de 2013, fojas 221-224 de antecedentes administrativos.

Por nota presentada a la Administración Tributaria el 2 de enero de 2019, Vicente Fernández Castro, solicitó la prescripción de las acciones para ejercer la facultad de ejecución tributaria, conforme lo previsto en el artículo 59 parágrafo I, numeral 4 de la Ley 2492 sin considerar modificaciones incorporadas por las Leyes 291 y 317,

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  • AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

respecto al Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-00865-13, fojas 232-234 de antecedentes administrativos.

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió el Auto N° 251940000223 (SIN/GDOR/DJCC/CCIAUTO/00147/2019) de 7 de febrero de 2019, que resolvió rechazar la solicitud de prescripción presentada por el contribuyente Vicente Fernández Castro, correspondiente a la deuda tributaria establecida en la Determinativa N° 17-00309-13 de 26 de junio de 2013 respecto al IVA e IT del periodo fiscal marzo 2008 y al Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° 24 00865-13, actuación notificada de forma personal el 15 de marzo de 2019; fojas 235 240 de antecedentes administrativos.

.

..

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al-artículo 211-111. de la Ley 3092, se tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Vicente Fernández Castro en el Recurso de

zada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.

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7.1. Prescripción de la facultad de ejecución tributaria El recurrente en los argumentos de su Recurso de Alzada señala que de acuerdo con el principio de irretroactividad establecido en el artículo 123 de la Constitución Política del Estado, concordante con la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-53 de 26 de octubre de 2016, corresponde aplicar el artículo 59, parágrafo I de la Ley 2492, sin las modificaciones incorporadas por la Ley 291, 317 y 812, considerando

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachig (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní)

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Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973• www.ait.gob.bo.La Paz, Bolivia

III

que los hechos generadores correspondes a los periodos fiscales abril, mayo y junio de la gestión 2008.

Agrega que la Resolución Determinativa N° 17-00309-13 adquirió la calidad de Título de Ejecución Tributaria el 18 de julio de 2013, de acuerdo al artículo 108, parágrafo I numeral 3) de la Ley 2492, siendo que el cómputo de 4 años para que la Administración Tributaria ejerza su facultad de ejecución tributaria comenzó el 19 de : julio de 2013 y finalizó el 19 de julio de 2017, conforme el artículo 60 parágrafo II del Código Tributario y que durante dicho periodo no se produjo ninguna causal de interrupción ni suspensión del curso de la prescripción conforme prevén los artículos 61 y 62 del citado cuerpo normativo.

La Administración Tributaria en respuesta al agravio manifestado por el recurrente señala que la deuda tributaria se determinó en vigencia de la Ley 291 y al no haber sido impugnada en el tiempo legal se dio inicio a la facultad de ejecución tributaria la cual se considera imprescriptible. Asimismo la Disposición Adicional Quinta, de la Ley 291, que modifica el artículo 59 de la Ley 2492 se encuentra en vigencia a partir de su publicación y en el presente caso la Resolución Determinativa N° 17-00309-13 de 26 de junio de 2013, fue emitida cuando dicha disposición normativa se encontraba vigente, la cual señala que la facultad para ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible; consecuentemente, no se trata de una aplicación retroactiva de la Ley.

Añade que a objeto de recuperar los adeudos tributarios se realizó varias medidas de. cobro entre las que se encuentran notas dirigidas a la ASFI, Tránsito, Registro de Derechos Reales, Cooperativa de Teléfonos Oruro, INFOCRED, Contraloría General del Estado y AFP Futuro de Bolivia; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

.

.

El artículo 59 del Código Tributario, establece: 1. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

  1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

.

  1. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. ll. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o 

se inscribiera en un régimen-tributario que no le corresponda. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los 

dos (2) años. 

.

.

– La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó

el artículo 59 de la Ley 2492, estableciendo: 1. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos… 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario 

diferente al que le corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los 

cinco (5) años. ./V. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible. 

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Posteriormente, la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, derogó el último párrafo del parágrafo I, del artículo 59 de la Ley 2492, disponiendo:

Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 

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III 

  1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 
  2. Imponer sanciones administrativas. II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario 

diferente al que le corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los 

cinco (5) años. 1. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible. 

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El artículo 60 del citado Código Tributario, al referirse al cómputo de la prescripción, señala: 1. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo / del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde 

el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria. III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde 

el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

El artículo 61 del referido Código Tributario, en relación a las causales de interrupción de la prescripción, dispone: La prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

El artículo 62 del Código Tributario, en relación a las causales de suspensión de la prescripción, indica: El curso de la prescripción se suspende con: 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

.

La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses.

La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo

. El artículo 108 del Código Tributario, en su parágrafo I, dispone: La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: 1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o 

  • sanción que imponen. (...

El artículo 4 del DS 27874, dispone: La ejecutabilidad de los títulos listados en el Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley 2492, procede al tercer día siguiente de la – notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria, acto que, de 

conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable. 

El artículo 5 del DS 27310, señala: El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como en sede judicial, inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

Inicialmente, corresponde señalar que la prescripción está instituida como un modo de liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la legislación tributaria nacional se constituye en un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere el derecho de la dispensa de la exigibilidad de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo y/o vencimiento extingue su facultad de

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controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias; bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo.

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En este punto, resulta necesario resaltar que si bien el instituto de la prescripción se constituye en una situación de puro derecho consolidada por el transcurso del tiempo, no es menos cierto que la obligación tributaria determinada mantendrá su vigencia en el tiempo, independientemente de las modificaciones incorporadas al Código Tributario, es decir, este instituto no extingue la obligación tributaria, por ello es perfectamente posible que el sujeto pasivo realice pagos aun cuando el adeudo tributario está prescrito y estos se consoliden a favor del Estado, razón por la cual la posibilidad de extinción por prescripción se consolida respecto a la exigibilidad de la obligación tributaria; en ese entendido, la Ley 2492 en vigencia, específicamente dispone cuáles son las facultades que son susceptibles de declararse prescritas, que conforme la citada norma tributaria esta únicamente referida a las facultades de controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias.

De la normativa legal descrita precedentemente, se tiene que en nuestro ordenamiento jurídico antes de las modificaciones introducidas a la Ley 2492, mediante las Leyes 291 de 22 de septiembre de 2012 y 317 de 11 de diciembre de 2012, el artículo 59 establecia que las acciones de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria prescribirían a los cuatro (4) años, esto. implica, que para su cómputo el artículo 60 de la citada disposición legal, preveia que el plazo para ejercer su facultad de ejecución tributaria, se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. No obstante lo señalado, el citado artículo 59 de la Ley. 2492, fue modificado mediante Ley 291. de 22 de septiembre de 2012, estableciendo textualmente en el parágrafo IV La Facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible. Posteriormente, mediante la Ley 812 de 30 de junio

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de 2016, el régimen de la prescripción previsto en el artículo 59 de la Ley 2492 fue nuevamente modificado sólo en sus parágrafos I y II.

Bajo el contexto anterior y de la compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que como resultado de un proceso de determinación la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 17-00309-13 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RD/00168/2013) de 26 de junio de 2013, después de la vigencia de la Ley 29, acto administrativo que estableció una deuda tributaria de 116.418 UFV’s por tributo omitido, más intereses y. sanción por omisión de pago correspondiente al IVA e IT del periodo fiscal marzo 2008, así como la multa del 1.500 UFV’s por haber incurrido en el ilícito de Incumplimiento a Deberes Formales; acto administrativo notificado mediante cédula al contribuyente .e! 28 de junio de 2013, según se evidencia a fojas 210-218 de antecedentes administrativos. Habrá que enfatizar que dicho acto administrativo fue emitido en vigencia de las modificaciones a la Ley 2492 a través de las Leyes 291 y 317; asimismo, no fue objeto de impugnación por ninguna vía, lo que implica que adquirió firmeza, constituyéndose en Título de Ejecución Tributaria conforme establece el artículo 108, numeral 1 del Código Tributario.

En ese entendido, la Administración Tributaria emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-00865-13 de 23 de julio de 2013, anunciando al sujeto pasivo, que al estar firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa N° 17-00309-13 .de 26 de junio de 2013; se daría inicio a la Ejecución Tributaria de la mencionada Resolución, al tercer día de su legal notificación, a partir del cual se realizarán las medidas coactivas correspondientes conforme establece el artículo 110 de la Ley 2492, concordante con el artículo 4 del DS 27874, hasta procurar el pago total de la deuda tributaria, según se verifica a fojas 258 de antecedentes administrativos.

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En conocimiento del citado PIET, por nota presentada a la Administración Tributaria el 2 de enero de 2019, Vicente Fernández Castro, solicitó la prescripción de las acciones para ejercer la facultad de ejecución tributaria, conforme lo previsto en el artículo 59 parágrafo I, numeral 4 de la Ley 2492. sin modificaciones, respecto al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-00865-13; al efecto el Ente Fiscal

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mediante Auto N° 251940000223 (SIN/GDOR/DJCC/CCIAUTO/00147/2019) de 7 de febrero de 2019, resolvió rechazar la solicitud de prescripción presentada por el contribuyente Vicente Fernández Castro, correspondiente a la deuda tributaria establecida en la Resolución Determinativa N° 17-00309-13 de 26 de junio de 2013 respecto al IVA e IT del periodo fiscal marzo 2008 y al Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-00865-13, actuación notificada de forma personal el 15 de marzo de 2019.

En este punto del análisis, es pertinente señalar que para la materialización de la facultad de ejecución tributaria, el Ente Fiscal emitió el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-00865-13 de 23 de julio de 2013, notificado a Vicente Fernández Castro, mediante cédula el 20 de septiembre de 2013; en ese entendido, se tiene que conforme al artículo 4 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004, la ejecutabilidad de los Títulos de Ejecución Tributaria previstos en el parágrafo I, artículo 108 del Código Tributario, procede: “al tercer día siguiente de la notificación con el proveido que dé inicio a la ejecución tributaria”; precepto normativo que determina el efecto compulsivo y coercitivo al administrado al pago de la deuda tributaria al tercer día de la notificación con la mencionada actuación que constituye la intimación que emplaza al deudor a cancelar sus obligaciones tributarias determinadas o auto determinadas, lo que implica, que a partir de la puesta en vigencia del citado Decreto Supremo, las Administraciones Tributarias cuentan con la posibilidad cierta y legal de conminar al pago a través de los citados Proveidos de Ejecución Tributaria, bajo apercibimiento de iniciar las medidas coactivas establecidas en el artículo 110 y siguientes del Código Tributario, como ocurrió en el presente caso. 

A mayor abundamiento corresponde señalar que el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria se constituye en el acto administrativo que complementa la Resolución Determinativa constituida en Título de Ejecución Tributaria a efecto de su ejecución, actuación que contiene esencialmente la conminatoria para el pago de la obligación tributaria determinada que está pendiente de pago, es decir, es la comunicación compulsiva por parte del Ente Fiscal para obligar el pago de un Título de Ejecución

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Tributaria, lo que supone legalmente y conforme al artículo 4 del DS 27874, el inicio de la fase de ejecución tributaria.

En el contexto antes descrito se tiene que el inicio de la fase de ejecución tributaria comenzó a partir del día siguiente de la notificación del mencionado Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria, circunstancia que para el presente caso ocurrió el 20 de septiembre de 2013, según se corrobora a fojas 224 de antecedentes administrativos; en esas circunstancias, se establece que las facultades de la Administración Tributaria para ejecutar la deuda tributaria establecida en la

  • Resolución Determinativa N° 17-00309-13 de 26 de junio de 2013, relacionada con el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° 24-00865-13 de 23 de julio de 2013, se encuentran incólumes de acuerdo a lo establecido en el artículo 59, parágrafo IV de la Ley 2492.

Respecto a las medidas coactivas tendientes al cobro de la deuda tributaria, que según la Administración Tributaria constituyen causales de interrupción para el cómputo de la prescripción; corresponde indicar que, si bien se realizó varias medidas de cobro entre las que se encuentran notas dirigidas a la ASFI, Tránsito, Registro de Derechos Reales, Cooperativa de Teléfonos Oruro, INFOCRED, Contraloría General del Estado y AFP Futuro de Bolivia, estas acciones no se constituyen en causales de interrupción o suspensión conforme al análisis realizado en consecuencia el Ente Fiscal no necesita de un plazo para ejercer la mencionada facultad.

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En relación a la cita de la Sentencia Constitucional N° 1169/2016; corresponde indicar que dicho fallo constitucional hace referencia de manera expresa a la constitucionalidad de las leyes 291 y 317; esto implica, la aplicabilidad de estas normas legales para respaldar una posición fundamentada respecto a la extinción por prescripción, en ese contexto, evidentemente muestra que el Tribunal Constitucional Plurinacional en ningún momento cuestionó la constitucionalidad de las citadas Leyes 291 y 317, exigiendo sólo que su aplicabilidad para el caso concreto que en aquella oportunidad fue analizado (ejecución tributaria), sea debidamente fundamentada; aspecto que en su oportunidad fue así resuelto por el Tribunal Contralor de las Garantías Constitucionales, en tal caso tal precedente

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constitucional de ninguna manera resulta opuesto a la determinación asumida en la presente Resolución de Recurso de Alzada, misma que sustenta la posición asumida respecto a la improcedencia del instituto de la prescripción.

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Respecto a la cita de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0393/2016 de 18 de abril de 2016, que da cuenta el recurrente, corresponde señalar que dicho precedente administrativo aborda el análisis en cuanto a la aplicación del artículo 324 .. de la Constitución Política del Estado; sin embargo, corresponde señalar que dicho precepto normativo no constituye el fundamento legal empleado por la Administración Tributaria para efectuar el rechazo de la oposición por prescripción de la deuda tributaria establecida en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-00865-13 de 23 de julio de 2013 solicitada por el ahora recurrente; en tal sentido, corresponde desestimar el argumento expuesto por el recurrente, al no tener incidencià en el análisis del presente caso.

En el contexto antes descrito se tiene que el ejercicio de la facultad de ejecución de la Administración Tributaria en relación a las obligaciones determinadas en la Resolución Determinativa N° 17-00309-13 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RD/00168/2013) de 26 de junio de 2013, que se encuentra contemplado en el Proveido de inicio de Ejecución Tributaria N° 24-00865-13 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/ UCC/PROV/549/2013) de 23 de julio de 2013, se encuentra incólume en aplicación de los términos de prescripción de la facultad de ejecución tributaria contemplados en el parágrafo IV del artículo 59 de la Ley 2492, considerando además la disposición contenida en el artículo 4 del DS 27874; bajo esas circunstancias, corresponde confirmar el Auto N° 251940000223 (SIN/GDOR/DJCC/CC/AUTO/00147/2019) de 7 de febrero de 2019, emitido por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales.

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

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RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR el . Auto .No 251940000223 (SIN/GDOR/DJCC/CC/AUTO/00147/2019) de 7 de febrero de 2019, emitido por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, consecuentemente, se mantiene firme ŷ subsistente la facultad de ejecución tributaria de la deuda establecida en la Resolución Determinativa > No: 17-00309-13 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RD/00168/2013) de 26 de junio de 2013, en relación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-00865-13. (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UCC/PROV/549/2013) de 23 de julio de 2013.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. .

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código Tributario y sea con nota de atención..

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CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del Recurso Jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días. computables a partir de su notificación.

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Regístrese, hágase saber y cúmplase.

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