ARIT-LPZ-RA-0699-2019 Resolución determinativa anulada. La Administración Tributaria no valoró los argumentos de descargo presentados por el contribuyente, lo que vulneraría el derecho a la defensa y debido proceso, por lo tanto la AIT no puede ingresar a resolver los argumentos de fondo, debiendo la Administración Tributaria emitir un nuevo acto administrativo donde fundamente y valore los argumentos y documentos de descargo presentados por el contribuyente.

ARIT-LPZ-RA-0699-2019

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0699/201

Recurrente: 

Teresa Terrazas Quiroga, legalmente representada por Julio Cesar Arraya Gironda

Administración Recurrida: 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia

Acto Impugnado: 

Resolución Determinativa N° 171840000881 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/TJ/RD/00117/2018) y Auto Administrativo Complementario N° 39194000001 (CITE: SIN/GDOR/DUCCITJ/ AUTA/00001/2019)

Expediente: 

ARIT-ORU-0019/2019

Lugar y Fecha: 

La Paz, 17 de junio de 2019

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT LPZ No 0699/2019 de 17 junio de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente:

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  1. 1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales mediante Resolución Determinativa N° 171840000881 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/TJ/RD/ 00117/2018) de 26 de diciembre de 2018, estableció determinar de oficio y sobre base cierta las obligaciones impositivas de la contribuyente Teresa Terrazas, Quiroga con NIT 635707012, que ascienden a 6.843.886 UFV’s, que corresponde al tributo omitido e

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)

Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

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intereses del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto sobre las Utilidades de las . Empresas, también establece una sanción por omisión de pago de 3.742.930 UFV’s por los periodos fiscales noviembre, diciembre 2007, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2008 y sanciona a la contribuyente con una multa por incumplimiento a deberes formales de 500 UFV’s. Asimismo, por Auto Administrativo Complementario N° 39194000001 (CITE: SIN/GDOR/DJCCI TJAUTA/00001/2019) de 3 de enero de 2019, complementó la citada Resolución Determinativa N° 171840000881 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/TJ/RD/00117/2018), en lo que refiere a la valoración de los descargos, estableciendo que del análisis de los argumentos y documentación presentada como descargo a la vista de Cargo, no son válidas ni suficientes para desvirtuar las observaciones efectuadas.

II: TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA . 11.1 Argumentos del Recurrente 

Teresa Terrazas Quiroga, propietaria de COMERCIALIZADORA DE MINERALES URKUPIÑA “COMINUR”, legalmente representada por Julio Cesar Arraya Gironda, conforme acredita por el Testimonio de Poder N° 087/2019 del 14 de febrero de 2019, mediante notas presentadas el 29 de enero y 14 de febrero de 2019, cursante a fojas 74-81 y 101-107 de obrados, interpuso Recurso de Alzada expresando lo siguiente:

Impugna la Resolución Determinativa N° 171840000881 de 26 de diciembre de 2018 y el Auto Administrativo Complementario N° 39194000001 de 3 de enero de 2019, actos en los cuales la Administración Tributaria realiza cargos y cobros indebidamente imputados con el correspondiente daño económico a la contribuyente; asimismo, señala que el ente fiscal no tomó en cuenta las justificaciones técnico legales y descargo documental presentado a la vista de Cargo N° 291840000374 de 9 de noviembre de 2018, contrariamente los ratifica en los actos administrativos antes

mencionados.

Los antecedentes legales aplicados en los informes técnicos de la Vista de Cargo No 291840000374 de 9 de noviembre de 2018, incurren en los mismos errores de la fiscalización anteriormente realizada, puesto que no toman en cuenta lo establecido en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0488/2014, que dispuso la nulidad de la Vista de Cargo a objeto de que la Administración Tributaria emita un acto

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Piurinacional de Bolivia 

preliminar coherente especificando el método de determinación de la base imponible conforme el Artículo 43 del Código Tributario, acto administrativo ratificado por la Sentencia No 100/2018 de la sala plena del Tribunal de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia..

La Administración Tributaria se aparta nuevamente de la base legal relacionada al. Impuesto al Valor Agregado (IVA), en la comercialización de minerales, en una confusión con la aplicación a los bienes de uso y consumo cotidiano, dando lugar a la determinación errónea de impuestos omitidos, sanción por omisión de pago e incumplimiento a deberes formales. Asimismo, señala que los agravios y cargos que carecen del respaldo técnico legal indispensable para realizar los cobros indebidamente imputados por el ente fiscal en la Resolución Determinativa, estos se hallan relacionados a la determinación del tributo omitido e intereses del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto sobre las Utilidades de la Empresas, así como a la conducta por omisión de pago y al Acta de Contravención Tributaria conceptos detallados en la Resolución Determinativa N° 171840000881 de 26 de diciembre de 2018, deuda que haciende a 10.587.31.6 UFV’s.

La Administración Tributaria, sustentó la facturación y consiguiente declaración y pago de la alícuota del 13% del Impuesto al Valor Agregado por la venta de minerales en el mercado interno, realizando interpretaciones equivocadas de Decretos Supremos que fueron derogados en 2007 y posteriormente el 2014 con la Ley 535; sin embargo, estos son descritos en las páginas 7, 8 y 9 de la Resolución Determinativa impugnada. Cita las disposiciones legales que se aplicaron a las ventas de minerales en el mercado interno: artículos 5, 108 y 323 de la Constitución Política el Estado; 1, 2 y 3 de la Ley 843; 27 y 28 del DS 23670; 11 del DS 25705; 2 de la Ley 3787 y por último la Ley 535 – Ley de Minería y Metalúrgica de 28 de mayo de 2014, la cual deroga la Ley 3787, excepto los artículos 101 y 102, como resultado de esta derogación, ya no existe la facturación, menos la autofacturación.

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Los aspectos antes mencionados, son refrendados por la Nota de Aclaración de 7 de septiembre de 2011, dirigida al Presidente de FENCOMIN por la autoridad del Servicio de Impuestos Nacionales así como expresa la cartilla de educación tributaria del SIN (señalando que, la venta de minerales y concentrados que realizan las cooperativas

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mineras, no pueden ser objeto de retención del IVA). Según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 843, la venta de minerales y concentrados de minerales, no cumplen con las condiciones elementales para ser consideradas ventas, por no tener como destino el uso y consumo particular de únicos dueños o socios de sociedades de personas.. dentro del país y por esta condición los minerales o concentrados de minerales tienen, como destino natural la exportación a otros países, regulados por las Leyes de Exportaciones 1489 y 1963 y sus reglamentos. ..

.

Según lo establecido en el artículo 3 de la Ley 843, no pagan el Impuesto al Valor Agregado IVA las exportaciones, en este caso los minerales en su generalidad, principalmente como materia prima para la exportación: Asimismo, deja constancia que la Ley 0186 de Tasa IVA Cero, en su primera fase tiene pendiente su reglamentación, esta situación no es atribuible al contribuyente, además aclara que actualmente no existe la facturación, menos: la autofacturación para la venta de minerales en el mercado interno.

La facturación y la autofacturación sobre la comercialización, de minerales en el mercado interno, mencionada en los Decretos Supremos citados anteriormente, no pudieron ser aplicados por el Servicio de Impuestos Nacionales, por ser contradictorios a los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 843, que establecen la condición de la facturación para los bienes muebles con destino al uso y consumo particular del único dueño o socios de las sociedades de las personas, además, los minerales y concentrados de minerales tienen como destino la exportación, por esta razón no están alcanzados para facturas en el mercado interno.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Determinativa N° 171840000881 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/TJ/RD/0000117/2017) de 26 de diciembre de 2018 y el Auto Administrativo N° 39194000001 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/TJAUTA/00001/2019) de 3 de enero de 2019.

11.2. Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Julio Cesar Arraya Gironda, en representación legal de Teresa Terrazas Quiroga, propietaria de COMERCIALIZADORA DE MINERALES URKUPIÑA “COMINUR”, fue admitido por Auto de 18 de febrero de

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

2019, notificado de forma personal al recurrente y a la Administración Tributaria el 25 de febrero de 2019, fojas 108-110 de obrados.

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Verónica Jeannine Sandy Tapia conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia No 031900000115 de 6 de febrero de 2019, por memorial presentado el 12 de marzo de 2019, cursante a fojas 113-125 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente:

La recurrente refiere que la vista de Cargo N° 291840000374 de 9 de noviembre de 2018, presenta los mismos errores detallados en la Resolución Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0488/2014 que resuelve anular la vista de Cargo CITE: SIN/GDOR/DF/FENC/221/2013, a objeto de que la Administración Tributaria emita una nueva vista de cargo de manera coherente, especificando el método de determinación de la base imponible conforme establece el artículo 43 del Código Tributario, fundamentando técnica y legalmente su determinación en cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 96 de la Ley 2492.

La verificación se realizó sobre base cierta en base a la documentación parcial presentada por la contribuyente, la remitida por terceros informantes y la contenida en el SIRAT 2; determinando que la contribuyente no declaró, liquidó ni pagó correctamente sus ingresos percibidos conforme a normativa vigente.

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Resultado de la verificación iniciada con la Orden de Fiscalización N° 00’100FE00131, cuyo alcance comprende la revisión del IVA e IUE, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 291840000374 el 9 de noviembre de 2018, que en su contenido refiere los procedimientos utilizados en su análisis, entre estos la revisión de aspectos formales de la documentación solicitada al contribuyente; verificación de los ingresos por venta de minerales en el mercado interno, así como las exportaciones; revisión de Cuentas de Balance; la relación existente entre las Compras y los Gastos; verificación de los ingresos así como los gastos deducibles y los gastos no deducibles, verificación y análisis de la información extraída del sistema integrado SIRAT-II, señalando de forma minuciosa los procedimientos y elementos utilizados para el cálculo de la base

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III

de los reparos establecidos, motivo por el cual el contribuyente conocía de forma exacta la manera en la que fue formulado el cargo.

La observación realizada por la contribuyente a la vista de Cargo se basa en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 0488/2014; además; corresponde hacer énfasis que el método de determinación de la base imponible es sobre base cierta, que establece que la fiscalización fue realizada considerando la documentación parcial presentada por la Contribuyente, información y documentación de terceros, Sistema Integrado de Recaudo Para la Administración Tributaria y Sistema Gauss (facturación) del Servicio de Impuestos Nacionales y como fuente directa, toda la documentación física presentada por la Contribuyente.

Por lo anteriormente expuesto, la Administración Tributaria cumplió lo dispuesto en la Sentencia No 100/2018, toda vez que, con relación a la observación de la base de determinación de los ingresos por venta de mineral, esta se realizó en base a la documentación parcial presentada por la contribuyente, es decir liquidaciones finales de mineral, comprobantes contables, reportes de ventas en el mercado interno, cuadros de : ventas de la gestión 2007 a 2008 de mineral de estaño, importe determinado por fiscalización que iguala con lo reflejado por la contribuyente, sin considerar extractos bancarios

Con relación al alcance de la Orden de Fiscalización N° 00100FE00131, la misma comprende la verificación del Impuesto al Valor Agrado e Impuesto a las Utilidades de las Empresas Sector Minero, por los períodos octubre, noviembre, diciembre 2007, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2008, en cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia 100/2018 y en consecuencia a lo señalado, la Vista de Cargo N° 291840000374 de 9 de noviembre de 2018, cumple con los presupuestos establecidos en el artículo 96 de la Ley 2492.

La contribuyente señala que la Administración Tributaria se aparta nuevamente de la base legal relacionada al Impuesto al Valor Agregado por la comercialización de minerales en el mercado interno, dando lugar a una determinación errónea de impuestos omitidos, sanción por omisión e incumplimiento a deberes formales de acuerdo a la vista de Cargo Nro. 291840000374 y Resolución Determinativa No

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

  1. 17184000088 Al respecto, el ente fiscal cita lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 843 sobre la creación del Impuesto al Valor Agregado, su aplicación y concepto de venta. El inc. a) del artículo 4 de la Ley 843, sobre el perfeccionamiento del hecho imponible. El 188 de la Ley 1297 que establece el régimen impositivo minero. El 96 de la Ley 1777 Código de Minería dispone que, quienes realicen actividades mineras indicadas en el artículo 25 del mismo Código, están sujetos a los impuestos establecidos con carácter general y pagan el impuesto Complementario de la Minería. El 1 de la Ley 3787, de 24 de noviembre de 2007, ‘modificó los artículos 96 y 101 de la Ley 1777. El artículo 2 de la misma ley señala que, el procedimiento de autofacturación establecido en el artículo 28 del DS 23670 y el DŞ 25705, queda derogado a partir del 1 de abril de 2008, encomendándose a los Ministerios de Minería y Metalurgia y de Hacienda, establecer un procedimiento simple para la aplicación y pago del Impuesto al Valor Agregado en el sector minero.

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El 27 del DS 23670 de 8 de noviembre de 1993 determina que, a partir de la fecha de vigencia de presente Decreto Supremo, los sujetos pasivos del régimen impositivo minero, señalados en el artículo 118. de la Ley 1297 de 27 de noviembre de 1991, emitirán facturas o notas fiscales equivalentes por sus ventas al mercado interno de metáles y minerales. El 28 del mismo cuerpo legal dispone que, sin perjuicio de lo. previsto en el artículo anterior, se establece la modalidad de autofacturación, la misma que será aplicada por los compradores de minerales o metales en el mercado interno. Finalmente, cita el artículo 2 del DS 25705 que dispone el procedimiento para la autofacturación.

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Del marco normativo glosado anteriormente, es claro que las transacciones de compra y venta de minerales y metales en el mercado interno están alcanzadas por el IVA, creado mediante Ley 843, surgiendo para los contribuyentes la obligación de emitir facturas por la venta de minerales para la generación del débito y crédito fiscal correspondiente. A los efectos del cumplimiento de dicho mandato legal general y por las particularidades del sector minero, también es evidente que mediante DS 23670 de 8 de noviembre de 2003, se establece el mecanismo de autofacturación para su aplicación por los compradores de minerales o metales en el mercado interno, a tal efecto, autoriza al comprador a emitir la correspondiente autofactura con inclusión del IVA. Posteriormente, mediante DS 25705 de 14 de marzo de 2000, se reglamenta el

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Justicia tributaria para vivir bien Jan.mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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mecanismo de “autofacturación” para el sector exportador, a partir de dicha instructiva legal de ambas carteras de Estado, la contribuyente asume la existencia de un régimen minero especial del IVA diferente al régimen general.

Puntualiza que en el artículo 2 de la Ley 3787, que pretende desconocer la contribuyente, el Legislador únicamente encomienda el establecimiento de un procedimiento simple y expedito para la aplicación del IVA en el sector minero, instructiva que no puede entenderse como la suspensión de la aplicación de dicho impuesto en beneficio del sector minero, como erróneamente pretende entender la contribuyente, en desconocimiento de la verdadera intención del Legislador expresamente manifestada en el artículo 1 de esa misma Ley, cuando en la sustitución del artículo 101 de la Ley 1777, ratifica que las personas naturales y jurídicas que realicen las actividades señaladas en el artículo 25 de dicha Ley entre ellos los

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dores de minerales y metales están sujetos en todos sus alcances al

régimen tributario general de la Ley 843 y sus reglamentos.

En ese entendido, la falta de cumplimiento respecto al procedimiento por los indicados Ministerios de Minería y Hacienda, que extraña a la contribuyente, no supone la exoneración al sector minero del cumplimiento de sus obligaciones impositivas en relación al IVA, las cuales a falta de disposición especial, debieron ser cumplidas conforme el procedimiento general previsto en la Ley 843 y sus reglamentos según claramente se dispone en el artículo 1 de la Ley 3787, respecto a la sustitución del artículo 101 de la Ley 1777. 

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Por otro lado, la contribuyente pretende la aplicación de la Ley 186 de tasa IVA cero, en el proceso de determinación, toda vez que la Empresa de la Contribuyente Comercializadora de Minerales Urkupiña “COMINUR”, constituyó un contrato de riesgo compartido con la Cooperativa Minera Colquechaca Ltda., que se encarga directamente de la administración, producción y comercialización de minerales que se generan para la exportación. Corresponde hacer notar que, de acuerdo al parágrafo | del artículo 14 de la Ley 2492 estos contratos celebrados entre particulares en ningún caso serán oponibles al fisco

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La recurrente en primera instancia en su demanda niega la existencia de normativa

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para la facturación o autofacturación por ventas en el mercado interno, aspecto que quedó desvirtuado en la relación de normativas que se realizó en párrafos anteriores y ahora al hacer referencia a la Ley 186 pretende hacer alcanzar esta normativa a la actividad que realiza, que es la Comercialización de Minerales, pretendiendo hacer valer un contrato de Riesgo Compartido con la Cooperativa Minera Colquechaca Ltda. de acuerdo a Testimonio 30/2003 y con el Estado a través de COMIBOL mediante Resolución 2751/2003, sin considerar que al ser su actividad principal comercialización de minerales no le corresponde.

La Ley 186 alcanza a ventas en el mercado interno de minerales y metales en su primera etapa de comercialización, realizadas por cooperativas mineras, incluidos los productores primarios que produzcan en forma artesanal y estén sujetos a Contrato con el Estado, la contribuyente realiza comercialización de minerales en el mercado interno, pero no está constituida como Cooperativa Minera, no realiza producción primaria ni produce en forma artesanal y peor aún no se encuentra sujeta con contrato con el Estado, por lo que no corresponde su aplicación de lo estipulado en la Ley 186.

Conforme los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa N° 171840000881 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/TJ/RD/00117/2018) de 26 de diciembre de 2018 y el Auto Administrativo Complementario N° 39194000001 (CITE: SİN/GDOR/DJCC/TJ/AUTA/00001/2019).

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Pruebas .

11.4 Apertura de término probatorio y producción de pruebas . Mediante Auto de 13 de marzo de 2019, se aperturó el término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada por Secretaria al representante legal de la recurrente y a la Administración Tributaria el 13 de marzo de 2019, período dentro del cual, el representante legal de la recurrente, mediante nota de 2 de abril de 2019, ratificó los argumentos señalados en el su Recurso de Alzada. Por Proveido de 3 de abril de 2019, se dio por ofrecida la prueba documental señalada, fojas 237-242 de obrados.

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Al haber concluido el plazo para la presentación de pruebas mediante nota CITE: ARITLP-ORU-OF-0202/2019 recepcionada el 5 de abril de 2019, el Responsable de

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Recursos de Alzada Oruro, remitió el expediente administrativo a esta instancia recursiva; al efecto, mediante Auto de 10 de abril de 2019, se dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, acto notificado en Secretaría tanto al representante legal de la recurrente como a la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales la misma fecha; fojas 244-246 de obrados.

11.5 Alegatos Julio Cesar Arraya Gironda en representación legal de Teresa Terrazas Quiroga propietaria de COMERCIALIZADORA DE MINERALES URKUPIÑA “COMINUR”, por nota presentada el 17 de abril de 2019, solicitó día y hora de audiencia para la presentación de alegatos orales; por Proveído de 23 de abril de 2019, se señaló audiencia para el día viernes 3 de mayo de 2019 a horas 15:30, audiencia que se llevó a cabo en la fecha y hora programada conforme se tiene del Acta de Audiencia Pública, ocasión en la que el recurrente reiteró los argumentos de su Recurso de Alzada, observando la determinación de ingresos por venta de minerales en el mercado interno por parte de la Administración Tributaria, la fiscalización vuelve a ratificarse en el parágrafo 1 del artículo 43 de la Ley 2492; sin embargo, no considera la normativa que rige la aplicación del IVA en el sector minero y de manera concreta en el mercado interno de minerales, asimismo, aplica la línea comercial, como si el mineral sería como cualquier otro producto que se vende, compra y se debe aplicar el 13 % del IVA, en los hechos no se puede agregar un centavo de nada al precio del mineral, puesto que el minero es sólo tomador de precios. También argumenta que, nunca se ha dosificado facturas para la compra de minerales en el mercado interno, sólo se aplicó el IVA, el formulario 210 para la exportación de minerales como factura comercial que no tiene débito fiscal, fojas 247-248 y 257-261 de obrados.

Conforme se desprende del Acta cursante fojas 258-261 de obrados, se evidencia que la Administración Tributaria se hizo presente a la Audiencia de alegatos programada para el viernes 3 de mayo de 2019 a horas 15:30 audiencia que se llevó a cabo en la fecha y hora programada conforme se tiene del Acta antes mencionada.

11.6. Auto de ampliación de plazo para la emisión de la Resolución de Alzada. Mediante Auto de Ampliación de 13 de mayo de 2019, en razón a las pruebas ofrecidas y la documentación presentada durante la tramitación del Recurso de Alzada, se

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

solicitó un tiempo adicional para el análisis técnico legal; en ese entendido, por disposición del parágrafo III del artículo 210 del Código Tributario, se dispuso la prórroga para la emisión de la resolución del Recurso de Alzada por 40 días adicionales, actuación notificada a las partes el 15 de mayo de 2019, fojas 262-263 de obrados.

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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales el 14 de diciembre de 2010, notificó personalmente a Jesús Molina Ayala representante legal de Teresa Terrazas Quiroga propietaria de la Comercializadora de Minerales Urkupiña COMINUR, con el formulario 7504 Orden de Fiscalización N° 00100FE00131, modalidad “fiscalización parcial” para la revisión de los hechos, elementos correspondiente al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la gestión fiscal 2008 (octubre a diciembre 2007y enero a septiembre 2008), solicitando para el efecto la documentación detallada en los formularios 4003, Requerimiento Nos. 00104567 y 00113777, fojas 2, :7, 24 de antecedentes administrativos.

Mediante carta presentada el 20 de diciembre de 2010, Jesús Molina Ayala en representación de Teresa Terrazas Quiroga conforme a Testimonio de Poder Now 195/2008, solicitó, a la Gerencia Distrital Oruro prórroga para la presentación de los documentos solicitados; la misma fue aceptada mediante Proveído N° 24-01521-10 . de 22 de diciembre de 2010, notificado por Secretaría el 29 de diciembre de 2010, fojas 8 y 16 de antecedentes administrativos.

El 14 de diciembre de 2011, se emitieron las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 29402, 29403, 29404, 29405, 29406 y 75775, por la presentación parcial de la documentación requerida, registro incorrecto de facturas en el Libro de Compras IVA de los períodos fiscales abril, mayo, julio, agosto y septiembre 2008; no habilitación del Libro de Compras y Ventas IVA; omisión de presentación de los Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci y habilitación de registros contables, las que aplican las multas de 1.500. UFV’s, 500 UFV’s, 50 UFV’s por incumplimiento de deberes formales, establecidas en

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de la Caldad Cethicado No 77177

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los sub numerales 4.1 y 3.2, 3.1, 4.2.1 y 3.3 del Anexo Consolidado inciso A) de la RND 10-003707, fojas 32-37 de antecedentes administrativos.

Concluido el proceso de verificación, el 14 de diciembre de 2011 la Gerencia Distrital Oruro emitió la Vista de Cargo cite: SIN/GDO/DF/FENC/337/2011, estableciendo contra Teresa Terrazas Quiroga obligaciones tributarias de 3.838.436 UFV’s por IVA omitido por los períodos fiscales octubre 2007 a septiembre 2008; 3.857.120 UFV’s. por IVE omitido y 1.445.334 UFV’s por la Alícuota Adiciona del UE, correspondiente a la gestión fiscal 2008; en todos los casos más intereses y sanción preliminar por la conducta del contribuyente de omisión de pago, así como las multas por incumplimiento de deberes formales que suman un total de 8.000 UFV’s. La citada Vista de Cargo fue notificada mediante cédula a la contribuyente Teresa Terrazas Quiroga el 21 de mayo de 2012, fojas 7233-7260 de antecedentes administrativos.

Julio Cesar Arraya Gironda en representación de Teresa Terrazas Quiroga, por carta de 20 de junio de 2012, presentó descargos a la vista de Cargo mencionada, fojasi 7262-7264 de antecedentes administrativos.

El 27 de junio de 2012, se emitió la Resolución Determinativa N° 17-00188-12, determinando de oficio y sobre base cierta las obligaciones impositivas en la suma de. 9.140.890 UFV’s correspondientes al tributo omitido, más intereses y omisión de pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Utilidades de las Empresa y. Alícuota Adicional al Impuesto a las Utilidades de las Empresas por los periodos octubre, noviembre y diciembre 2007 y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre de 2008; además de 8.000 UFV’s por concepto de multas por incumplimiento de deberes formales establecidas en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 294 29405 y 29406. Acto administrativo notificado mediante cédula el 29 de junio de 2012, fojas 7359-7390 de antecedentes administrativos.

Posteriormente. Teresa Terrazas Quiroga propietaria de la Comercializadora de Minerales Urkupiña COMINUR interpuso Recurso de Alzada, que a través de Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0897/2012 de 29 de octubre de 2012, resolvió anular obrados hasta la vista de Cargo No CITE: SIN/GDO/DF/FENC/337/2011,

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

debiendo la Gerencia Distrital Oruro del SIN emitir un nuevo acto, fundamentando su determinación, atendiendo lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 2492, estableciendo técnica y legalmente su posición, por cada observación, especificando el procedimiento empleado para la determinación de ventas en el mercado interno, los ingresos por exportación y los motivos de la depuración de facturas realizada a objeto de determinar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) y la Alícuota Adicional del TUE por los periodos fiscales de octubre 2007 a septiembre 2008, fojas 7394-7403 de antecedentes administrativos.

Posteriormente y luego del Auto de Declaratoria de Firmeza, debido a que ninguna de las partes interpuso Recurso Jerárquico dentro del término establecido por el artículo 144 de la Ley 3092, esta instancia recursiva declaró firme la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0897/2012, posición que anuló obrados hasta la Vista de Cargo con la finalidad de que la Administración Tributaria de cumplimiento al artículo 96 de la Ley 2492, estableciendo técnica y legalmente su posición por cada observación, especificando el procedimiento empleado para la determinación de ventas en el mercado interno, los ingresos por exportación y los motivos de la depuración de facturas realizada a objeto de determinar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) y la Alicuota Adicional del IVÉ por los periodos fiscales de octubre 2007 a septiembre 2008, fojas 7404 de antecedentes administrativos. ;

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Mediante el Informe CITE: SIN/GDO/DF/INF/928/2012 de 19 de noviembre de 2012, se procedió a emitir nuevamente la vista de Cargo CITE: SIN/GDOR/DF/FENC/221/2013, estableciendo como liquidación de la Deuda Tributaria de 27.303.159 UFV’s importe que incluye el Tributo Omitido, intereses, sanción preliminar por la conducta del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), Alícuota Adicional al Impuesto a las Utilidades de las Empresas (AA-IUE) y Multa por incumplimiento a Deberes Formales por los periodos octubre, noviembre y diciembre 2007 y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre de 2008, Vista de Cargo, notificada mediante cédula el 16 de octubre de 2013, fojas 7452-7502 de antecedentes administrativos.

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Juan Carlos Guzmah Ruiz

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ESTYRELSE

III 

El Informe CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/INF/00231/2013 de 30 de diciembre de 2013, señala que en virtud a la evaluación de la documentación presentada a los argumentos de descargo al proceso de fiscalización se estableció que los mismos son insuficientes por lo que no desvirtúan la deuda tributaria establecida en la vista de Cargo, manteniéndose firme y subsistente; por lo expuesto corresponde la emisión de la Resolución Determinativa, fojas 7686-7692 de antecedentes administrativos.

La Resolución Determinativa N° 17-0002-14 de 31 de diciembre de 2013, determinó de oficio y sobre base cierta las obligaciones impositivas de la contribuyente Teresa Terrazas Quiroga, propietaria de COMERCIALIZADORA DE MINERALES URKUPIÑA “COMINUR”, en la suma de 10.949.535 UFV’s, correspondientes al tributo omitido, más intereses y omisión de pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Utilidades de las Empresa y Alícuota Adicional al Impuesto a las Utilidades de las Empresas, por los periodos octubre, noviembre y diciembre 2007 y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre de 2008; además de 9.500 UFV’s por concepto de multas por incumplimiento de deberes formales establecidas en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 29402, 29403, 29404, 29405, 29406 y 75775. Acto administrativo notificado mediante cédula el 10 de enero de 2014, fojas 7697-7738 de antecedentes administrativos.

..

Julio Cesar Arraya Gironda en representación de Teresa Terrazas Quiroga propietaria de la Comercializadora de Minerales Urkupiña COMINUR el 30 de febrero de 2014 interpuso Recurso de Alzada; una vez tramitada esta instancia recursiva emitió la Resolución ARIT-LPZ/RA 0488/2014 de 9 de junio de 2014, resolviendo anular obrados hasta la Vista de Cargo NO CITE: SIN/GDOR/DF/FENC/221/2013, debiendo la Gerencia Distrital Oruro del SIN emitir un nuevo acto preliminar de manera coherente, especificando el método de determinación de la base imponible conforme establece el artículo 43 del Código Tributario, fundamentando técnica y legalmente su determinación en cumplimiento de los requisitos estipulados en el artículo 96 de la Ley 2492. Acto administrativo notificado a la Administración Tributaria el. 18 de agosto de 2014; fojas 77497771 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria interpone Recurso Jerárquico impugnando la Resolución

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0488/2014 de 9 de junio de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; posteriormente, una vez tramita este recurso, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1244/2014 de 26 de agosto de 2014, estableciendo confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0488/2014, a objeto de que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales emita nueva Vista de Cargo, fundamentando técnica y legalmente su determinación en cumplimiento de los requisitos previstos por los artículo 96 de la Ley 2492 y 18 del DS 27310; fojas 7772-7792 de antecedentes administrativos.

La Gerencia Regional Oruro del Servicio de. Impuestos Nacionales, interpuso demanda contenciosa-administrativa impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1244/2014 de 26 de agosto de 2014, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria; al respecto, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante Sentencia 100/2018 de 21 de marzo de 2018, concluyó que la autoridad jerárquica al emitir la Resolución impugnada cumplió con la normativa administrativa legal, no habiéndose encontrado infracción y vulneración de derechos, acto administrativo sobre los que la autoridad jurisdiccional – ejerció el control de legalidad, oportunidad, conveniencia • inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa, correspondiendo en consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico. Acto notificado por Secretaría tanto a la Administración Tributaria, como a la Autoridad General de Impugnación Tributaria el 25 de julio de 2018; fojas 77937800 de antecedentes administrativos.

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Mediante el Informe CITE: SIN/GDOR/DF/FE/INF/00013/2018 de 9 de noviembre de 2018, se procedió a emitir la vista de Cargo N° 291840000374 (CITE: SIN/GDOR/DFIFENC/00375/2018), estableciendo como liquidación de la Deuda Tributaria de 10.565.687 UFV’s importe que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción preliminar por la conducta del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) y multa por incumplimiento a deberes formales por los periodos noviembre, diciembre 2007, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre 2008, acto administrativo notificado a Jesús Molina Ayala en su condición de Administrador del

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Juan Carlos Guzmán Ruides

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sujeto pasivo, mediante cédula el 23 de noviembre de 2018, teniendo un plazo perentorio de 30 días a partir de la notificación con la vista de Cargo para la presentación de descargos que hagan a su derecho según lo establecido en el artículo 98 de la Ley 2492, fojas 8077-8116 de antecedentes administrativos. ·

Julio Cesar Arraya Gironda, en representación legal de Teresa Terrazas Quiroga el 21 de diciembre de 2018, según lo establecido en el artículo 98 de la Ley 2492, es decir, dentro del plazo perentorio de 30 días después de notificada la Vista de Cargo No 291840000374 de 9 de noviembre de 2018, presentó objeciones y argumentos de descargo señalando que la Administración Tributaria: incurre en interpretaciones erróneas en la aplicación de normas para la comercialización de minerales en el mercado interno que repercute en el Impuesto al Valor Agregado. En la determinación de la base imponible del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, no toma en cuenta lo precedentemente señalado, por esta condición el cálculo del UE no es coherente y carece de formalidad. Asimismo, concluye que la facturación y la autofacturación en el mercado de minerales no se viabilizaron, además récalca que como exportador de minerales y/o concentrados de minerales, no es sujeto del IVA, según lo establecen las Leyes 843 y 1489 de exportaciones, aspectos que no fueron tomados en cuenta por la Administración Tributaria; fojas 8172-8175 de antecedentes

administrativos.

La Resolución Determinativa N° 171840000881 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/TJ/ RD/00117/2018) de 26 de diciembre de 2018, determinó de oficio y sobre base cierta las obligaciones impositivas de la contribuyente Teresa Terrazas Quiroga, propietaria de COMERCIALIZADORA DE MINERALES URKUPIÑA “COMINUR”, en la suma de 6.843.886 UFV’s, correspondientes al tributo omitido e intereses, asimismo, le sanciona por el ilícito tributario y omisión de pago con la suma de 3.742.930 UFV’s, ambos conceptos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Utilidades de las Empresa, por los periodos noviembre, diciembre 2007, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre 2008; además de 500 UFV’s por concepto de multa por incumplimiento de deberes formales establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 29402. Acto administrativo notificado mediante cédula el 31 de diciembre de 2018, fojas 8123-8170 de antecedentes administrativos.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Mediante el Informe CITE: SINIGDOR/DJCC/TJ/INF/00002/2019 de 3 de enero de 2019, señaló que debido a la presentación de descargos a la Vista de Cargo por parte de la contribuyente, se procedió a emitir el Auto Administrativo Complementario N° 39194000001 – (CITE: SIN/GDOR/DJCC/TJ/AUTA/00001/2019), que resuelve complementar la Resolución Determinativa N° 171840000881 (CITE: SIN/GDORI/DJCC/TJ/RD/00117/2018), en cuanto se refiere a la valoración de los descargos presentados por la contribuyente Teresa Terrazas Quiroga; además, hace constar que cada uno de los puntos de la Resolución Determinativa antes mencionada, se mantienen firmes e inalterables, y por la documentación y los argumentos de descargo al proceso de fiscalización, no desvirtúan las observaciones realizadas, manteniéndose firme y subsistente el reparo determinado por la Administración Tributaria. Acto administrativo notificado por cédula el 9 de enero de 2019; fojas 8224-8242 y 8244-8246 de antecedentes administrativos.’

  1. IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el términó probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en
  • consideración al Informe Técnico Juridico emitido de conformidad al artículo 211, parágrafo III de la Ley 3092, se tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Julio Cesar Arraya Gironda representante legal de Teresa Terrazas Quiroga, propietaria de COMERCIALIZADORA DE MINERALES URKUPIÑA “COMINUR”, la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante : su tramitación ante esta Instancia Recursiva.

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De inicio se hace necesario puntualizar, que la recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada, solicitó la revocatoria de la Resolución Determinativa y Auto Administrativo Complementario impugnados; no obstante, en su planteamiento expone aspectos de

Juan Carlos y Guzmán Huiz

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forma y de fondo; en ese entendido, es obligación de esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria por orden procesal, emitir un criterio y/o posición primero respecto a los planteamientos de forma formulados con la finalidad de establecer la existencia o inexistencia de vicios procedimentales en la tramitación del presente caso y que estos además estén sancionados con la nulidad de obrados; posteriormente, solo es caso de no ser evidentes los vicios de nulidad denunciados, se ingresará al análisis de fondo o sustancial del presente Recurso de Alzada, en relación a los argumentos planteados.

IV.1 Vicios de Nulidad IV.1.1 Nulidad de la Vista de Cargo La recurrente en su Recurso de Alzada señala que los antecedentes legales aplicados en los informes técnicos de la Vista de Cargo N° 291840000374 de 9 de noviembre de 2018, incurren en los mismos errores de la fiscalización anteriormente realizada, puesto que no toman en cuenta lo establecido en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0488/2014, que dispuso la nulidad de la Vista de Cargo a objeto de que la Administración Tributaria emita un acto preliminar coherente especificando el método de determinación de la base imponible, acto administrativo ratificado por la Sentencia No 100/2018 de la sala Plena del Tribunal de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia.

La Administración Tributaria en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada señala que los procedimientos aplicados durante la fiscalización fueron plasmados en la Vista de Cargo N° 291840000374 de 9 de noviembre de 2018, es decir, la revisión de aspectos formales, la verificación de los ingresos, las cuentas de balance y las compras y gastos, cumpliendo lo dispuesto en la Sentencia No 100/2018, toda vez que, la observación de la base de determinación de los ingresos por venta de mineral, se realizó en base a la documentación parcial presentada por la contribuyente, es decir liquidaciones finales de mineral, comprobantes contables, reportes de ventas en el mercado interno, cuadros de ventas Gestión 2007 a 2008 mineral de estaño, importe determinado por fiscalización que iguala con lo reflejado por la contribuyente, sin considerar extractos bancarios; al respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis:

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La Constitución Política del Estado en su artículo 115 parágrafo Il establece que: El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

El artículo 68 de la Ley 2492, en relación a los derechos del sujeto pasivo en sus numerales 2 y 6, disponen: 2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código

De inicio corresponde señalar que el debido proceso debe entenderse como una manifestación del Estado que busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades públicas, procurando en todo momento el respeto a las formas propias de cada juicio; así entonces, las situaciones de controversia que surjan de cualquier tipo de proceso, requieren de una regulación jurídica previa que limite los poderes del Estado y establezcan el respeto de los derechos y obligaciones de los sujetos procesales, de manera que ninguna actuación de las autoridades dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la Ley o los reglamentos.

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso debe observarse en toda clase de actuaciones administrativas, es decir, que obliga a los organismos y dependencias de la administración pública; toda vez que dicho precepto constitucional establece de manera expresa que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se traduce que los actos y actuaciones en un proceso administrativo deben ajustarse no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales, con ello, se pretende garantizar el correcto ejercicio de la administración pública a través de la expedición de actos administrativos que no resulten arbitrarios y por ende contrarios a los principios del Estado de derecho.

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Se hace necesario también señalar que toda autoridad administrativa tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad, a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantia de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes. De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y a controvertir las pruebas a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio.

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Bajo los lineamientos citados y a objeto de una adecuada comprensión de la problemática que nos ocupa analizar, es necesario realizar una previa contextualización de las principales actuaciones administrativas; en ese sentido, se tiene lo siguiente:

.. 

La Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0488/2014 de 9 de junio de 2014, resultado de la impugnación por parte de la recurrente de la Resolución Determinativa N° 17-00002-14 con CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RD/00211/2013 de 31 de diciembre de 2013, en su parte pertinente señaló: “ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo; esto es hasta la Vista de Cargo CITE: SIN/GDOR/DF/FENC/221/2013 inclusive, a objeto de que la Administración Tributaria emita una nueva vista de cargo de manera coherente, especificando el método de determinación de la base imponible conforme establece el artículo 43 del Código Tributario, fundamentando técnica y legalmente su determinación en cumplimiento de los requisitos estipulados en el artículo 96 de la Ley 2492“. Acto notificado personalmente a la representante legal de la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales el 18 de agosto de 2014.

La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1244/2014 de 26 de agosto de 2014, resultado de la impugnación de la Administración Tributaria a la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0488/2014 de 9 de junio de 2014, en su parte pertinente señaló: “CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 0488/2014, de 9 de junio de 2014, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

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Nacionales (SIN); en consecuencia, se anulan obrados con reposición de actuados hasta el vicio más antiguo, esto es, HASTA LA Vista de Cargo CITE: SIN/GDOR/DF/FENC/221/2013, inclusive, a objeto que la citada Administración Tributaria emita nueva Vista de Cargo, fundamentando técnica y legalmente su determinación en cumplimiento de los requisitos previstos por los Artículos 96 de la Ley 2492 (CTB), y 18 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB)…”. 

. Posteriormente la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia emite la Sentencia 100/2018 de 21 de marzo de 2018, resultado del proceso Contencioso Administrativo establecido por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales contra la autoridad General de Impugnación Tributaria, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1244/2014 de 26 de agosto de 2014, concluyendo que “Del análisis precedente, éste Tribunal de Justicia concluye que la autoridad jerárquica al emitir la Resolución impugnada, cumplió con la normativa administrativa legal citada, no habiéndose encontrado infracción y vulneración de derechos, acto administrativo sobre los que la autoridad jurisdiccional ejerció el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa, correspondiendo, en consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico”. En ese sentido, determinó mantener firme y subsistente el Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1244/2014 de 26 de agosto de 2014, que a su vez, resolvió confirmar la Resolución . del Recurso de Alzada ARIT-LPZ-RA 0488/2014 de 9 de junio de 2014, la cual resolvió anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la vista de Cargo CITE: SIN/GDOR/DF/FENC/221/2013 inclusive, a objeto de que la Administración Tributaria emita una nueva Vista de Cargo de manera coherente, especificando el método de determinación de la base imponible conforme establece el artículo 43 del Código Tributario, fundamentando técnica y legalmente su determinación en cumplimiento de los requisitos estipulados en el artículo 96 de la Ley 2492.

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El razonamiento respecto a la base imponible fue: “si bien los extractos bancarios certifican la existencia de ingresos en las cuentas del contribuyente en los periodos sujetos a verificación, estos no demuestran de forma fehaciente, directa e indubitable que el contribuyente haya realizado la venta de mineral en el mercado interno en la proporción de estos ingresos dentro de los períodos fiscalizados, (…); en consecuencia la AT no efectuó una determinación de la base imponible bajo el método de base cierta, sino que lo hizo 

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sobre base presunta, debido a que lo que esta entidad hizo fue vincular de manera lógica la información obtenida sobre los ingresos del contribuyente, (…), obteniendo de esta manera los presuntos hechos generadores del débito fiscal no declarado, presunciones que ahora pretende que sean desvirtuadas por el contribuyente, cuando en realidad, si su propósito era verificar el origen de estos ingresos, en uso de sus facultades señaladas en los arts. 66 y 100 del CTB, no debieron limitarse únicamente a la información contenida en los extractos bancarios, sino que debió corroborar su procedencia, considerando que el contribuyente a momento de presentar sus descargos a la vista de Cargo, saló que dichos depósitos se originan de actividades distintas gravadas por el IVA e IT (…).“. 

*Al respecto, de la lectura de la Vista de Cargo, se observa que la misma establece ingresos en base cierta por venta de mineral tanto en el mercado interno, como ventas de exportación, excluyendo la determinación de ingresos por depósitos bancarios, cumpliendo de esta manera lo observado en la Sentencia 100/2018 de 21 de marzo de 2018. –

También se observa que la Sentencia 100/2018 de 21 de marzo de 2018, advierte que de la revisión de la Orden de Fiscalización 00100FE00131, la misma tiene como alcance de dicho procedimiento el IVA y el UE, aspecto que fue corroborado por la Administración Tributaria en la vista de Cargo y la Resolución Determinativa; empero, como resultado del procedimiento verificador, el sujeto activo además determinó un reparo por concepto de Alícuota Adicional al Impuesto sobre las Utilidades de la Empresas; al respecto, la Alícuota Adicional al IUE, fue creada por Ley propia regulando aspectos tributarios del sector minero que no están dentro de las regulaciones de la Ley 843 y sus’ reglamentos; observación que la Administración Tributaria cumple en la Resolución Determinativa ahora impugnada, toda vez que en el cuadro resumen de reparos que cursa en fojas 8109, detalla los impuestos por los cuales se determinó la deuda tributaria, que son: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto sobre las Utilidades de la Empresas e Incumplimiento a deberes formales, cumpliendo el sujeto activo, con lo dispuesto por el Tribunal Supremo de Justicia. En este sentido, se hace notar que la Administración Tributaria, sobre los aspectos antes vertidos, debe considerar la posición de ese Alto Tribunal para efectos de emitir un acto administrativo definitivo.

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11.1.2 Falta de valoración de descargos a la vista de Cargo Julio Cesar Arraya Gironda en representación de Teresa Terrazas Quiroga en su Recurso de Alzada señala que el ente fiscal no tomó en cuenta las justificaciones técnico legales y descargo documental presentado a la vista de Cargo No 291840000374 de 9 de noviembre de 2018, contrariamente los’ ratifica en la Resolución Determinativa N° 171840000881 de 26 de diciembre de 2018 y el Auto Administrativo Complementario N° 39194000001 de 3 de enero de 2019.

La Administración Tributaria no emite pronunciamiento en relación a este punto; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 68 del Código Tributario, en sus numerales 6 y 7 establece como derechos del sujeto pasivo: 6) Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 7) A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

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El artículo 98 del Código Tributario, relativo a los descargos, establece que una vez notificada la vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los descargos que estime convenientes.

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El artículo 99, parágrafo II del Código Tributario, dispone: La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido. será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emità, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

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El artículo 104, parágrafo I del Código Tributario (Procedimiento de Fiscalización). señala: “Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, verificación, e investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este efecto se emitan”. 

El parágrafo I del artículo 51 del DS 27113, señala: “l. El acto administrativo individual que otorga o recoñoce un derecho al administrado, una vez notificado, no podrá ser revocado en sede administrativa, salvo que: a) La revocación sea consecuencia de un recurso administrativo interpuesto en término por un administrado. b) El administrado, de mala fe, que teniendo conocimiento no hubiera informado del vicio que afectaba al acto administrativo. c) La revocación favorezca al interesado y no cause perjuicio a terceros. d) El derecho hubiese sido otorgado válida y expresamente a título precario. e) Se trate de un permiso de uso de bienes del dominio público”. 

El artículo 7, parágrafo I de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0032-16 – Procedimiento de Determinación y de Devolución Impositiva por la Administración Tributaria (Se recalca que, este procedimiento no sólo es para la determinación de Devoluciones impositivas – CEDEIM’s, también es para procedimientos determinativos), señala: “La Resolución Determinativa, debecontener como requisitos mínimos, lo siguiente: a) Número de Resolución Determinativa. b) Lugar y fecha de emisión. c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. d) Número de Identificación Tributaria o número de Cédula de Identidad, este último en el caso de no encontrarse inscrito en el padrón de contribuyentes. e) Número de Orden de Fiscalización o Verificación. f) Número de la Vista de Cargo, fecha de emisión y notificación. g) Base imponible expresada en bolivianos. h) Base cierta y/o presunta de la Determinación. i) Alcance del proceso de determinación (impuestos, períodos o gestiones, elementos y/o hechos que abarcan la orden de fiscalización/verificación). j) Hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten cada observación determinada y la norma específica infringida (fundamentos de hecho y, de derecho) que respalden las observaciones que dieron origen al monto del Adeudo Tributario. k) 

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Relación de las pruebas de descargo, alegatos, documentación e información presentadas por el sujeto pasivo y la valoración por parte de la Administración Tributaria de cada una de las pruebas y/o alegatos presentados. 1) Liquidación del adeudo tributario a la fecha de emisión por impuesto, periodo y/o gestión fiscal, consignando lo siguiente: – Monto del tributo omitido en bolivianos y su reexpresión en Unidades de Fomento de Vivienda (UFV). – Intereses expresados en UFV. – Multa(s) consignada(s) en Acta(s) por Contravenciones Tributarias establecidas durante la fiscalización o verificación. – Pagos a cuenta (si hubieren, además del saldo pendiente de pago). – Importe de la sanción por la conducta. – Total Adeudo Tributario en UFV y su reexpresión en bolivianos, aclarando que este monto deberá ser actualizado al día de pago: – Tasa(s) de interés y UFV a la fecha de liquidación, dependiendo de la antigüedad de la deuda. m) Calificación de la conducta y aplicación de la sanción correspondiente, señalando la disposición que la define como tal y establece la sanción pecuniaria. n) Plazos y recursos que tiene el sujeto pasivo para impugnar la Resolución Determinativa y el anuncio del inicio de la ejecución tributaria vencido dicho plazo. o) Firma y sello del Gerente Distrital O GRACO”.

De manera previa, es pertinente considerar que el debido proceso implica que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa que se materializa con la posibilidad que las partes deben tener a la producción de pruebas y a la decisión pronta del juzgador; de la misma forma, el debido proceso exige que los fallos emitidos por la Administración se encuentren debidamente fundamentados que contengan la motivación y el respaldo correspondiente en función a la valoración de la documentación o argumentos presentados en calidad de descargo por el administrado..

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En ese contexto, es menester señalar que el objeto de la presentación de descargos está circunscrita a hechos afirmados o invocados, en ese sentido, la valoración de la prueba constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución en el ámbito administrativo. necesariamente debe considerar todos los descargos y pruebas presentadas por el administrado, asignándoles a cada uno de ellos de forma motivada una fundamentación del por qué no desvirtúa la posición inicial del ente fiscal, es decir,

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emitir un criterio valedero sobre todos los hechos y circunstancias que motivaron a emitir una decisión. .

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De la revisión de antecedentes, se establece que la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 291840000374 (CITE: SIN/GDOR/DF/FÈNC/00375/2018) de 9 de noviembre de 2018, acto administrativo notificado mediante cédula a la contribuyente Teresa Terrazas Quiroga el 23 de noviembre de 2018, estableciendo preliminarmente una obligación tributaria de 10.565.687 UFV’s,”correspondiente al Tributo Omitido, Mantenimiento de Valor, Intereses, Sanción por Omisión de Pago por el Impuesto al Valor Agregado, por los periodos fiscales noviembre, diciembre 2007 y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio julio, agosto, septiembre 2008 e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas por la gestión terminada en septiembre 2008 y Multa por Incumplimiento a Deberes Formales.

Dentro del plazo previsto en el artículo 98 del Código Tributario, el sujeto pasivo mediante nota de 21 de diciembre de 2018 (fojas 8172-8175 de antecedentes administrativos), presentó los siguientes argumentos de descargo a la vista de Cargo N° 291840000374 de 9 de noviembre de 2018

“1.- En la fiscalización sobre Base Cierta como se expresa en la vista de Cargo No 291840000374.DE 09-11-2018, se puede observar que el fiscalizador asignado al caso, incurre en interpretaciones erróneas, en la aplicación de normas para la comercialización de minerales en el mercado interno, porque no distingue las diferencias, el alcance para la aplicación del IVA en el sector comercial de bienes de uso y/o consumo, las mismas que no pueden ni deben aplicados en la comercialización de minerales en el mercado interno, porque los concentrados de minerales no son bienes ni para el uso ni consumo particular del único dueño. o socios e las sociedades de personas como establece el artículo 2° de la Ley 843. (...) “... de esta falta de identificación apropiada y objetiva para distinguir los bienes que son para el uso y/o consumo de las personas o socios de las sociedades de personas, los concentrados no tienen la misma condición y por el contrario tienen como destino la exportación a otros países como materia prima desde tiempos de la (…) “Por esta condición establecida en los artículos 1o y 2o de la Ley Nl 843; en la comercialización de minerales en el mercado interno, no se factura (...)”. 

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“2.Con los antecedentes descritos el cálculo de la Base Imponible del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas – 1.U.E. realizado por el fiscalizador no toma en cuenta la incidencia de los aspectos descritos, por esta condición el importe de cálculo del I.U.E. no es coherente y carece de formalidad(...) “Por esta condición no corresponde consolidar el importe determinado por el Fiscalizador como cargo y falta de pago del I.U.E. (…)”.

3.Para sustentar las objeciones presentadas, me permito mencionar los antecedentes que preceden al caso y la base legal correspondiente: Resolución de Recurso de Alzada ARITLPZ/RA 0488/2014 de 09062014; Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1244/2014 de 26-08-2014; Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia N° 100/2018 de 21-03/2018; DS 23670 del 09-11-1993: Establece la facturación para los sujetos pasivos del régimen minero; DS 25705 de 14032000 (...); Ley N° 3787(…) El procedimiento de autofacturación establecido en el artículo 28 del D.S. N° 23670 de 0911-1993 y en el D.S. N° 25705 de fecha 14-032000, quedará derogado a partir del 01 de abril de 2008 (...). En conclusión: en el mercado interno de minerales y metales nunca estuvo vigente la facturación o la autofacturación, por la inviabilidad en el establecimiento de la norma administrativa a cargo del Servicio de Impuestos Nacionales”. 

“Por otra parte corresponde manifestar que la Ley 0186, en la perspectiva de establecer el IVA en el sector de la minería cooperativizada y de la minería artesanal de pequeña escala, establece el IVA TASA“Opara la primera fase de comercialización, el mismo que se encuentra pendiente de reglamentación, disposición legal que de acuerdo con los informes técnicos, legales de COMIBOL, como del Ministerio de Minería y Metalurgia, tienen alcance sobre el contrato de riesgo compartido suscrito entre la cooperativa minera Colquechaca Ltda., el Estado representado por COMIBOL Y COMINUR

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“Ley 1489 – Ley de Exportaciones, establece: Artículo 13.– Con el objeto de evitar la exportación de los componentes impositivos, el Estado devolverá a los exportadores un monto igual al Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado, incorporado en el costo de mercancías exportadas. (...) De conformidad a lo descrito, como exportador de minerales y/o concentrados de minerales, No soy sujeto del IVA, sustentando por lo establecido en la Ley N° 843 y la Ley 1489 de exportaciones

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Seguidamente, la Administración tributaria emitió la Resolución Determinativa No 171840000881 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/TJ/RD/00117/2018) de 26 de diciembre de 2018, contra Teresa Terrazas Quiroga, resolviendo determinar de oficio y sobre base cierta sus obligaciones impositivas en la suma de 6.843.886 UFV’s, que corresponde al tributo omitido e intereses así como la sanción por omisión de pago que asciende a 3.742.930 UFV’s; ambos conceptos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas por los periodos fiscales de noviembre, diciembre 2007, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2008 y multa con 500 UFV’s por Incumplimiento a Deberes Formales; acto notificado al contribuyente por cédula el 31 de diciembre de

De forma posterior y contrariamente al procedimiento legamente establecido así como incumpliendo lo establecido en el parágrafo. I del artículo 51 del DS 27113 (Estabilidad), se emitió el. Auto Administrativo Complementario N° 39194000001 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/TJAUTA/00001/2019) de 3 de enero de 2019, acto que en su parte dispositiva estableció de manera contraproducente que: “(…) COMPLEMENTAR . la Resolución... Determinativa con CITE: SIN/GDOR/DJCC/TS/RD/00117/2018 y No 171840000881, en cuanto se refiere a la valoración de los descargos presentados por la contribuyente TERRAZAS QUIROGA TERESA () Por otra parte se hace constar que a excepción de lo. citado precedentemente, cada uno de los puntos de la Resolución Determinativa con CITE: SIN/GDOR/DJCC/TJ/RD/00117/2018 y N° 171840000881, de fecha 26 de Diciembre de 2018, se mantienen firmes e inalterables y por la documentación presentada y los argumentos de descargo al proceso de fiscalización, se ha establecido que los mismos no desvirtúan las observaciones realizadas en la vista de Cargo con CITE: SIN/GDOR/DFNC/00375/2018 como también en la Resolución Determinativa con CITE: SIN/GDOR/DJCC/TJ/RD/00117/2018 y No 171840000881, manteniéndose firme y subsistente el reparo determinado por la Administración Tributaria (…)”; acto notificado al contribuyente por cédula el 9 de enero de 2019.

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Abordando la problemática que nos ocupa, es menester señalar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 98 del Código Tributario, el sujeto pasivo tiene un plazo perentorio para la presentación y formulación de descargos que estime conveniente

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de treinta (30) días a partir de su notificación con la vista de Cargo correspondiente. Asimismo, en concordancia con el numeral 7) del artículo 68 de la normativa antes citada, el contribuyente tiene el derecho a formular y aportar pruebas y alegatos, que deberán ser tomados en cuenta por los órganos competentes a momento de emitir la correspondiente Resolución.

En ese contexto y conforme se tiene de la relación de antecedentes expuesta precedentemente, se tiene que la. Administración Tributaria en la Resolución Determinativa N° 171840000881 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/TJ/RD/00117/2018) de 26 de diciembre de 2018, no consideró los argumentos de descargo presentados por parte del sujeto pasivo el 21 de diciembre de 2018; es decir, dentro del plazo establecido en el artículo 98 del Código Tributario, aspecto que tiene directa connotación con el ejercicio del derecho a la defensa, toda vez que el sujeto activo lejos de considerar los argumentos como descargos producidos por el ahora recurrente omitió esta su obligación legal y procedió a emitir la Resolución Determinativa motivo de la presente impugnación sin efectuar consideración alguna respecto a los descargos producidos por el recurrente.

Se hace necesario enfatizar que los argumentos de descargo están definidos en el ámbito doctrinal como la demostración de la existencia de un hecho material o de un:. acto jurídico en las formas admitidas por la ley; en ese contexto, estos argumentos al ser pertinentes, están referidos a hechos articulados y controvertidos debe constituir

el objeto de los hechos afirmados o invocados como precisamente ocurrió en el caso

bajo análisis; en ese contexto, su valoración constituye un elemento inherente a la

garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite un acto administrativo en el ámbito administrativo impositivo, deber necesariamente

considerar todos los descargos y pruebas presentadas por el contribuyente en su momento, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada.

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En respaldo de lo señalado, la jurisprudencia constitucional a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0114/2015-S2 de 23 de febrero, se pronunció con el siguiente entendimiento: La jurisprudencia constitucional es uniforme al determinar que el debido proceso se constituye en un derecho/garantía/principio de orden general

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y.complejo, a su vez compuesto por los siguientes otros derechos y garantías: A un proceso público, al juez natural, a la igualdad procesal de las partes, a no declarar contra sí mismo, a la defensa material y técnica, a la comunicación previa de la acusación, a ser juzgado sin dilaciones indebidas, a la congruencia entre acusación y condena, a la valoración razonable de la prueba, a la motivación y congruencia de las decisiones, a la concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa y las garantías de presunción de inocencia y del non bis in idem. Esta lista, conforme al principio de progresividad de los derechos fundamentales (art. 13 de la CPE), es enunciativa, dado que puede ser ampliada de acuerdo a su desarrollo normativo, doctrinal y jurisprudencial en la perspectiva de materializar el valor justicia.”. 

Es necesario puntualizar que el derecho de todo contribuyente sometido a la competencia de la Administración Tributaria, no sólo está abocado a lo establecido expresamente por el artículo 68 del Código Tributario, entre ellos, al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentos que respalden los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal a través de terceros dentro los plazos y condiciones determinados por Ley; sino que básicamente, consiste en el derecho que tiene como administrado a que el sujeto activo emita su posición definitiva respaldado en la Ley y norma reglamentaria, respecto a los argumentos formulados, la documentación presentada y que deben formar parte de la decisión definitiva para que esté al alcance del sujeto pasivo o interesados.

Contrariamente a lo anterior, la Resolución Determinativa N° 171840000881 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/TJ/RD/00117/2018) de 26 de diciembre de 2018, estableció que: “(...) de acuerdo al Informe CITE: SIN/GDOR/DJCC/T/INF/00352/2017 de fecha 26 de Diciembre de 2018, dentro el término de prueba otorgado conforme al Art. 98 de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano, la Contribuyente no presentó descargos que desvirtúen la determinación (...)“, tal aspecto no puede ni debe ser el elemento esencial que acredite la valoración de los argumentos de descargo presentados por el sujeto pasivo (pese a que este presentó estos argumentos a la vista de Cargo el 21 de diciembre de 2018, según lo establecido en el artículo 98. de la Ley 2492); debido a que para sustentar tal aspecto, es necesario que la Administración Tributaria establezca una explicación fundamentada técnica y legalmente como es exigencia en

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el ámbito impositivo, que justifique los motivos por los cuales considera que los descargos no desvirtúan la determinación en cuestión, hecho que no se encuentra en la Resolución Determinativa ahora impugnada.

A ello se suma, que la Resolución Determinativa N° 171840000881 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/TJ/RD/00117/2018) de 26 de diciembre de 2018, deviene de un proceso de fiscalización cuyo procedimiento se estableció en el artículo 104 de la Ley 2492; asimismo, se encuentra sujeta a la modalidad de fiscalización parcial con alcance a los Impuestos al Valor Agregado y a las Utilidades sobre las Empresas de ļos periodos fiscales de octubre a diciembre 2007 y enero a septiembre 2008, que tiene un procedimiento específico que está reglamentado en la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0032-16 que aprueba el “Procedimiento de Determinación y de Devolución Impositiva por la Administración Tributaria” de 25 de noviembre de 2016, que en su artículo 7, parágrafo I, inciso k), establece que la Resolución Determinàtiva debe contener. como requisitos mínimos entre otros: Relación de las pruebas de descargo, alegatos, documentación e información presentadas por el sujeto pasivo y la valoración por parte de la Administración Tributaria de cada una de las pruebas y/o alegatos presentados”, aspecto que fue inobservado por la Administración Tributaria, conforme se tiene del análisis expuesto precedentemente.

En este punto, es menester enfatizar que la falta de valoración de los argumentos de descargo presentados por el sujeto pasivo dentro del proceso de determinación objeto de análisis, denota que la Administración Tributaria incumplió con las previsiones normativas contenidas en los artículos 68 numeral 7, 99-11 de la Ley 2492 y 19 del DS 27310; aspecto que no puede ser subsanado a través de la emisión de un acto posterior a la Resolución Determinativa como el Auto Administrativo Complementario N° 39194000001.(CITE: SIN/GDOR/DJCC/TJI AUTA/00001/2019), en razón a que la RND ’10-0032-16, que aprueba el “Procedimiento de Determinación y de Devolución Impositiva por la Administración Tributaria”, en su artículo 7, parágrafo 1, inciso k), establece expresamente que la relación de las pruebas y alegatos de descargo y la valoración de cada uno de ellos se constituyen en requisitos mínimos que deben estar contemplados en la Resolución Determinativa; asimismo, en el citado procedimiento no se encuentra la emisión de un Auto Administrativo Complementario, como parte del proceso determinativo.

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Calle Arturo Borda No 1933. Zona Cristo Rey, Telfs.: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

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En el contexto antes referido, se tiene que la Administración Tributaria vulneró el. principio constitucional del debido proceso previsto en el artículo 115 de. la Constitución Política del Estado; artículo 68, numerales 6 y 7 de la Ley 2492, contra Teresa Terrazas Quiroga propietaria de COMERCIALIZADORA DE MINERALES URKUPINA “COMINUR”, extremo que impide a esta Instancia Recursiva ingresar a considerar los argumentos de fondo expuestos en el Recurso de Alzada; consecuentemente, conforme dispone los artículos 99-11 de la Ley 2492 y el artículo 7, parágrafo I de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0032-16 – Procedimiento de Determinación y de Devolución impositiva por la Administración Tributaria, corresponde anular la Resolución Determinativa N° 171840000881 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/TJ/RD/00117/2018) de 26 de diciembre de 2018 y en consecuencia dejar sin efecto el Auto Administrativo Complementario N° 39194000001 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/TJ/AUTA/00001/2019) de 3 de enero de 2019; en este sentido, corresponde que la Administración Tributaria valore integramente los argumentos y documentos de descargo presentados por el sujeto pasivo, rechazando o aceptando los mismos de manera fundamentada en el acto administrativo definitivo.

POR TANTO:; .. La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No. 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Titulo V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

RESUELVE: PRIMERO: ANULAR la Resolución Determinativa N° 171840000881 (CITE: SIN/GDOR/DJCCITJ/RD/00117/2018) de 26 de diciembre de 2018; consecuentemente, se deja sin efecto legal el Auto Administrativo Complementario N° 39194000001 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/TJ/AUTA/00001/2019) de 3 de enero de 2019, ambos emitidos por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales contra la contribuyente Teresa Terrazas Quiroga, propietaria de COMERCIALIZADORA DE MINERALES URKUPINA “COMINUR”; bajo esas circunstancias de orden legal, la Administración Tributaria debe emitir un nuevo acto administrativo definitivo en el que valore integramente los argumentos y documentos de descargo presentados por el sujeto pasiva, rechazando

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

o aceptando los mismos de manera fundamentada, conforme establece los artículos 99, parágrafo II de la Ley 2492, 19 del DS 27310 y el artículo 7, parágrafo I de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0032-16 – Procedimiento de Determinación y de Devolución. Impositiva por la Administración-Tributaria.

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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

2: 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención.

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CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación

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Regístrese, hágase saber y cúmplase.

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ć. Cecilia vstaz Dorado Directhara Ejecutiva Regional. Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Regional de impugnación 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayit jach’a kamani (Aymara) Mana tasag kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní)

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