ARIT-LPZ-RA-0687-2019 Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior anulada. El contribuyente solicita una devolución impositiva a través de CEDEIM. La Administración Tributaria emite resolución administrativa en contra del contribuyente por importe indebidamente devuelto respecto al IVA, sin embargo, este no contiene los fundamentos de hecho y de derecho necesarios, no establece la causa ni el derecho aplicable, lo que vulnera el derecho a la defensa y debido proceso, y vicia de nulidad el acto administrativo; por lo tanto, el SIN deberá emitir nuevo acto administrativo debidamente fundamentado y motivado en cuanto a las leyes que regulan la devolución de impuestos a través de CEDEIM, y evaluar la documentación y argumentos presentados por el contribuyente.

ARIT-LPZ-RA-0687-2019

III 

WAB

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0687/2019 

Recurrente: 

Sinchi Wayra S.A., legalmente representada por María De Las Mercedes Carranza Aguayo

Administración Recurrida: · Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Celideth Ochoa Castro

Acto Impugnado: 

Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior No 211929000001 (SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/RADI/00001/2019)

Expediente: 

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ARIT-LPZ-0234/2019 

*Lugar y Fecha: 

La Paz, 14 de junio de 2019 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de.plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ No 0687/2019 de 12 de junio de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. ..

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  1. 1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior No 211929000001 (SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/RADI/00001/2019) de 25 de enero de 2019, emitida por la

afao Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales ISO 9001 contra Sinchi Wayra S.A., estableció 291.298 UFV’s como importe indebidamente devuelto que comprende el impuesto al Valor Agregado (IVA) indebidamente devuelto, mantenimiento de valor, intereses y mantenimiento de valor del crédito comprometido

(restitución automática), emergente de las Ordenes de Verificación Externa Nosso lan Callosa

17990200290, 17990200291, 17990208846, 17990208847, 17990208848

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Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (5912) 2412613 2411973 • www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

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17990208849 y 17990208850 de los periodos fiscales enero a julio 2016, instruye además el inicio, por cuerda separada, del procedimiento sancionador por la obtención indebida de valores fiscales por el importe de 269.812 UFV’s.

  1. I TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA II.1 Argumentos del Recurrente Sinchi Wayra S.A., representada legalmente por María De Las Mercedes Carranza Aguayo conforme acredita el Testimonio de Poder 355/2014 de 11 de abril de 2014, mediante memorial presentado el 11 de marzo de 2019, cursante a fojas 208-216 de obrados, interpuso Recurso de Alzada expresando lo siguiente:

La Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa impugnada sin la debida motivación, puesto que establece observaciones refiriendo sólo al concepto sin la menor argumentación, fundamentación o explicación de los motivos por los que Sinchi Wayra vulneró la normativa que transcribe, accionar que implica vulneración al derecho a la defensa y el debido proceso del contribuyente, pues sin existir una adecuada fundamentación y argumentación, no solo vulnera el elemento de la debida motivación, parte del derecho y garantía al debido proceso sino que impide que como contribuyente conozca a cabalidad los argumentos de los que debe defenderse, puesto que no expone los motivos que sustentan la decisión asumida.

En las páginas 8-47 de la Resolución impugnada consigna un cuadro con las facturas observadas; empero, no realiza el menor análisis de los motivos observados y de qué manera se incumple la norma; de igual forma no existe análisis o argumentación de respaldo a las observaciones a las ventas en el mercado interno y venta de energía eléctrica (distribución mixta de compras), simplemente cita y transcribe la normativa que refiere a la devolución de impuesto a los exportadores; aspectos que se constituyen vulneración al derecho a la defensa del contribuyente.

El acto impugnado detalla los descargos presentados; sin embargo, no expone la justificación del por qué son insuficientes o improcedentes, solo se limita a señalar que la observación se mantiene o que el concepto fue descargado; accionar que vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso; toda vez que una inadecuada fundamentación impide al contribuyente conocer a cabalidad los argumentos de los

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que debe defenderse. Cita al efecto las Sentencias Constitucionales 0143/2012, 0752/2002-R, 1305/20111-R y los artículos 99-11 de la Ley 2495, 115-11 y 119-11 de la Constitución Política del Estado y el 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Se observó el monto de Bs571.099.- por crédito fiscal correspondiente a facturas no vinculadas con la actividad gravada, a servicios de personas que no figuran en planillas de sueldos, a gastos por vehículos cuyo números de placas no pudo demostrar que es propiedad de la empresa, de facturas diferidas a otros periodos, transporte de mineral de Poopó a Bolívar, falta de contrato, gastos hospedaje y pasajes, sin considerar que la actividad principal de Sinchi Wayra es là exportación de concentrado de minerales y por ende todos los gastos de adquisición de bienes y servicios, o

s, como ser transporte y tratamiento de mineral, gastos de exploración (facturas de Soracaya) y otros utilizados directa o indirectamente en las operaciones mineras, ya sea en interior mina, en talleres o dependencias administrativas, constituyen gastos vinculados a la actividad exportadora, conforme lo establecido por el artículo 8 de la Ley 843.

Sinchi Wayra como operadora de la Mina Poopó hasta el año 2016 no tenía planta concentradora, por ello para dicho proceso contrataba los servicios de la Sociedad Minera Illapa SA operadora de la Mina Bolívar (cerca de Poopó) que cuenta con dicha planta y el servicio de transporte de mineral de la mina Poopó (lugar de extracción de mineral) hasta la Mina Bolívar (planta concentradora) y viceversa. Proceso explicado y respaldado con documentación; razón por la que resulta incomprensible e inaceptable y sin fundamentación técnica ni jurídica que la Administración Tributaria señale: La Mina Bolívar corresponde a la Sociedad Illapa SA, gasto no vinculado con la activada exportadora”, se compromete a demostrar que el mineral salía de Poopó y era transportada a la Mina Bolívar para su correspondiente tratamiento de concentración.

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Existen 63 facturas observadas por “gasto diferido” o “pago diferido”, observación que AENOR CERTIFICATION carece de toda lógica, pues la norma citada por el ente fiscal en ningún momento

IQNet refiere que el pago por la compra del bien o servicio no pueda realizarse en forma posterior a su entrega o ejecución. Si lo que se pretendía era observar el diferimiento de la emisión de la factura, cosa que no expresa la Resolución impugnada; se debe

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considerar que la obligación de emitir factura corresponde a quien realiza la venta o presta el servicio, no a quien compra o contrata el servicio; por consiguiente, el hecho que una factura consigne fecha posterior a la venta o prestación no es atribuible al comprador o receptor del servicio; aspecto que difícilmente se puede dilucidar sin una fundamentación o explicación adecuada de la observación. En el análisis de este aspecto debe primar la realidad económica de las actividades que se realizan en operaciones minera, sea por la compra de bienes o servicios que pueden iniciarse en un mes y concluir en otro, motivo por el cual, la emisión de la factura puede abarcar varios periodos. En el supuesto que el vendedor emita la factura a momento de iniciar la provisión de bienes o servicios, muchas veces la factura no es recibida, puesto que de la verificación de los ítems se puede probar diferencia con lo contratado, lo que conlleva a realizar ajustes en las entregas y por ende en la factura.

Las facturas de Fundempresa corresponden a registro de poderes o a la obtención de matrículas de comercio necesarias para trámites administrativos y legales (ante AJAM, SENARECOM, ministerios, Aduana, SIN, entre otros) y no al registro de 2 contratos como afirma el ente fiscal. De igual forma, la factura de Auditores Consultores Wilde & Asociados Multidisciplinaria por el trabajo de auditoria externa de cierre de contratos de arrendamiento Mina Porco y Riesgo Compartido Bolívar están vinculadas con la actividad del contribuyente.

El hecho que las facturas de compra de bienes o servicios no tengan como respaldo un contrato, no es razón para que sean observadas, debido a que no todas las operaciones comerciales deben contar con un contrato, por esta razón esta observación no es pertinente; no obstante, adjunta el Contrato de Asesoramiento de Estudio de Factibilidad para la Estructuración de Financiamiento Vía Mercado de Valores de 4 de abril de 2016, manifestando que considera errado el accionar de la Administración Tributaria.

Los gastos de hospedaje y pasajes fueron realizados por el personal de Sinchi Wayra, aspecto que se puede corroborar con la documentación presentada oportunamente, consistente en facturas rendición de cuentas, planillas de sueldos y salarios. Cita al efecto la Sentencia No 1-1 de 24 de febrero de 2017, emitida por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo

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de Justicia que considera vinculados a la actividad gravada estos gastos, por ende son válidos para el reconocimiento del crédito fiscal.

La Resolución impugnada en sus páginas 48-49 señala: “Se evidenció que el contribuyente consignó en la casilla 765 (Distribución de compras mixtas para el mercado interno %) un importe de Bs0.-, siendo que la misma declaración jurada (Form. 210), la casilla 13 (Ventas y/o servicios facturados) consigna un importe por Ventas Internas, declarando que el 100% de sus compras están vinculadas a su actividad exportadora lo cual beneficia al contribuyente con un mayor monto a devolución en el cálculo, luego donde se supone que debe existir una explicación y fundamentación de su afirmación, simplemente cita y transcribe artículos de la Ley 843, DS 21530, sin hacer la menor referencia de como o de qué forma se hubiera incumplido dicha normativa, resultando difícil adivinar el fondo de la observación para poder asumir defensa.

Se observó dos DUI supuestamente por no contar con medios fehacientes de pago o debido a que éste no refiere a la factura comercial; no obstante, la documentación respectiva de ambas DUI’s ‘fue presentada a la Administración Tributaria, la cual supuestamente, no fue considerada debido a que se mantiene la observación. Al respecto deja claramente establecido que la normativa vigente no establece que el documento de pago deba consignar el número de factura comercial, sólo basta que dicho documento se encuentre direccionado al titular de la factura comercial, quien es en definitiva el que recibe el pago.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución Administrativa de Devolución indebida Posterior N° 211929000001 (SIN/GGLPZ/DICCI TJ/RADI/00397/2019) de 25 de enero de 2019.

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afaq II.2 Auto de Admisión 

ISO 9001 El Recurso de Alzada interpuesto por María De Las Mercedes Carranza Aguayo, en ANOR CERTIFICATION representación legal de la empresa Sinchi Wayra S.A. fue admitido por Auto de 15 BERTIPLE de marzo de 2019, notificado mediante cédula el 26 de marzo de 2019, a la recurrente y a la Administración Tributaria, fojas 217-225 de obrados.

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II.3 Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Celideth Ochoa Castro conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia No. 031900000094 de 1 de febrero de 2019, por memorial presentado el 10 de abril de 2019, cursante a fojas 228-235 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente:

La Resolución Administrativa de forma clara y fundamentada describe y explica el trabajo desarrollado a objeto de verificar los documentos presentados en respaldo del crédito fiscal y que sustentan los Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM). Se efectuaron observaciones sobre base cierta al crédito fiscal de las facturas presentadas, debido a que no se encuentran vinculadas a la actividad exportadora, no cuentan con medios fehacientes de pago y otras detalladas en la misma Resolución.

Las observaciones se encuentran detalladas en cuadros explicativos y comparativos, en los cuales se registran las facturas observadas, el importe observado, el concepto de la observación, la normativa incumplida, el motivo por el que no son válidas para respaldar el crédito fiscal comprometido en los periodos verificados.

El artículo 99-11 de la Ley 2492, que refiere el contribuyente, establece los requisitos para la emisión de la Resolución Determinativa que se fundamenta en una vista de Cargo y no a una Resolución Administrativa de Devolución Indebida normada por el artículo 128 del Código Tributario y capítulo VI de la RND 10-0032-16.

En función a la información y documentación proporcionada por el contribuyente y la obtenida por la Administración Tributaria se emitió la Resolución impugnada, que se pronuncia de forma fundamentada y concreta sobre todos y cada uno de los motivos y observaciones que dieron origen al monto indebidamente devuelto, identificado claramente los resultados obtenidos y fundamentando técnica y legalmente los conceptos observados, conforme dispone el artículo 8 de la RND 10-0032-16. EL proceso desarrollado se enmarcó en lo dispuesto por los artículos 66, 100, 101, 128 de la Ley 2492, 29, 32, 33 del DS 27310 y cumpliendo lo establecido en el capítulo VI de la RND 10-0032-16, razón por la que no incurre en ninguna infracción del

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ordenamiento jurídico, ni carece de ningún requisito formal para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión del contribuyente; por consiguiente, no es objeto de nulidad.

En cuanto a los aspectos de fondo, el total de las facturas fueron objeto de depuración, cuyas observaciones se hallan consignadas en el cuadro de depuración del crédito fiscal IVA de la Resolución Administrativa impugnada y corresponde a facturas por compras no vinculadas con la actividad gravada, por gastos efectuados por personas que no figuran en planillas de sueldos y salarios, gastos realizados en vehículos que no cuentan con documentación que demuestre que son de propiedad de la empresa, facturas diferidas. Adicionalmente se verificó que Sinchi Wayra S.A. efectuó ventas en el mercado interno por concepto tratamiento de mineral y energía eléctrica a terceros,

lendo la apropiación de la totalidad de las compras para la exportación, hecho que originó el cálculo para obtener los porcentajes de actividades gravadas y no gravadas conforme la RND 10-0001-03.

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De la revisión de antecedentes se constató que existen notas fiscales y Declaraciones Únicas de Importación (DUI’s) con montos superiores a Bs50.000.- que, no cuentan con medios fehacientes de pago emitidos por una entidad de intermediación financiera, montos que corresponden disminuirse del importe solicitado por el contribuyente.

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El contribuyente presentó 10 archivadores con documentación de descargo, de la valoración de la misma se desvirtuaron parcialmente las observaciones, aspecto que se halla debidamente desarrollado en la Resolución impugnada…

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior. N° 211929000001 (SİN/GGLPZ/DJCC/TJ/RADI/00001/2019) de 25 de enero de 2019.

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11.4 Apertura de término probatorio y producción de prueba Mediante Auto de 11 de abril de 2019, se dispuso la apertura del término de prueba de veinte (20) dias comunes y perentorios a las partes, en aplicación del, inciso d), artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 17 de abril de 2019;r período dentro el cual Sinchi Wayra S.A., por memorial presentado el 7 de mayo del

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2019, remitió documentación de respaldo de las facturas observadas, aclarando que fue presentada oportunamente a la Administración Tributaria; asimismo, adjunto prueba de reciente obtención consistente en contrato de tratamiento de mineral suscrito con la Sociedad Minera Illapa S.A., reporte de tratamiento del mineral de mina Poopó en la planta concentradora Bolívar, reporte documentado de la exportación de concentrados de la producción de la mina Poopó; solicitando al efecto se fije día y hora para prestar el juramento. Mediante Proveido de 9 de mayo se dio por ofrecida la prueba documental señalada y se fija audiencia de juramento de prueba de reciente obtención para el 24 de mayo en oficina de Secretaría de Cámara, actuación notificada a las partes en Secretaría el 15 de mayo de 2019, fojas 236-749 y753 de obrados.

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante memorial de 7 de mayo de 2019, ofreció, reprodujo y ratificó en calidad de prueba pre constituida los antecedentes administrativos, adjuntados a momento de responder el Recurso de Alzada; al efecto, el Proveído de 9 de mayo de 2019, dio por ratificada la prueba documental señalada, actuación notificada en Secretaría a las partes el 15 de mayo de 2019, fojas 750-750-752 de obrados.

11.5 Alegatos La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial presentado el 27 de mayo de 2019, formuló alegatos en conclusión, manifestando que la Resolución Administrativa de forma clara y fundamentada explica el trabajo de verificación desarrollado sobre base cierta de los documentos presentados como respaldo del crédito fiscal solicitado en devolución y que cumple todos los requisitos. förmales indispensables contenidos en la normativa legal. Asimismo, señala que se efectuó una correcta depuración del crédito fiscal de facturas, cuyos conceptos se encuentran consignados en el cuadro de depuración del crédito fiscal, que forma parte de la Resolución Administrativa impugnada, determinado de esta forma la existencia de un monto indebidamente devuelto por el IVA de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo junio y julio 2016, no existiendo vulneración de los derechos del sujeto pasivo. Al efecto, el Proveído de 28 de mayo de 2019, dio por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria, actuación notificada a las partes por Secretaría el 29 de mayo de 2019, fojas 756-760 de obrados.

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Sinchi Wayra SA no presentó alegatos orales ni escritos, de conformidad a lo previsto en el artículo 210, parágrafo II del Código Tributario.

11.6 Pruebas de reciente obtención La audiencia para juramento de prueba de reciente obtención se llevó a cabo, en la oficina de Secretaria de Cámara, el 24 de mayo de 2019 a horas 15:30, conforme señaló el Proveido de 9 de mayo de 2019, cursante a fojas 749 de obrados; oportunidad en la que María De Las Mercedes Carranza Aguayo en representación legal de Sinchi Wayra S.A. prestó juramento respecto a la prueba presentada consistente: Contrato de Tratamiento de mineral suscrito con la sociedad Minera Illapa S.A.; reportes de tratamiento de mineral de la mina Poopó en la Planta Concentradora Bolívar de los meses enero a mayo 2016 y reportes de exportación de concentrados producidos en la mina Poopó de enero a mayo 2016; manifestando que constituyen pruebas de reciente obtención al haber sido recabadas recientemente y que la omisión de la presentación no fue por causa propia; fojas 7.55 de obrados.

  1. II. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 11 de julio de 2017, notifico mediante cédula a Luis Felipe Hartmann Luzio, representante legal de Sinchi Wayra S.A., con los formularios 7531 Orden de Verificación Nos. 17990200290, 17990200291, 17990208846, 17990208847, 17990208848, 17990208849 y 17990208850, modalidad Orden de Verificación Externa – CEDEIM, para la revisión del importe solicitado en devolución correspondiente al IVA, ICE y formalidades GA de los periodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio 2016; demandando para el efecto la presentación de la documentación detallada en el formulario 4003, Requerimiento N° 00094827, fojas 3 9 y 12-17 de antecedentes administrativos.

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afao Mediante notas SW-0322/2017 de 25 de julio de 2017 y SW-0353/2017 de 16 de agosto de 2017, Julio Núñez P y Mercedes Carranza A. en representación legal de AENOR CERTIFICATION Sinchi Wayra S.A., solicitaron ampliación de plazo para la presentación de la documentación requerida; al efecto el ente fiscal emitió los Autos No 251729000450 con CITE: SIN/GGLPZ/DF/AUT/00461/2017, de 25 de julio de 2017 y Nor 251729000519 con CITE: SIN/GGLPZ/DF/AUT/00529/2017, de 17 de agosto de

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2017, que disponen la ampliación del plazo por 5 y 10 días hábiles respectivamente, computables a partir de su notificación; actuaciones notificadas mediante cédula el 9 y 28 de agosto de 2017 respectivamente, fojas 19, 28-32, 35, 37, 39-40 y 43-46 de antecedentes administrativos.

Concluida la verificación señalada, el 25 de enero de 2019, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz, emitió la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior No 211929000001 (SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/RADI/00001/2019), que establece el importe de 291.298 UFV’s como indebidamente devuelto a Sinchi Wayra S.A., monto que comprende Impuesto al Valor Agregado (IVA) indebidamente devuelto, mantenimiento de valor, intereses y mantenimiento de valor del crédito comprometido (restitución automática)por los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio 2016; Resolución Administrativa notificada mediante cédula al representante legal de la empresa Sinchi Wayra S.A., el 19 de febrero de 2019, fojas 6867-6929 de antecedentes administrativos.

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y. 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados. los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-111 del referido Código Tributario, se tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por María de las Mercedes Carranza Aguayo en representación legal de Sinchi Wayra S.A., en el Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva, en ese entendido, corresponde el siguiente análisis:

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De inicio es necesario puntualizar que de la lectura del Recurso de alzada, se advierte que el recurrente alude las siguiente nulidades: fundamento de las observaciones y

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valoración de descargos; también expone argumentos de fondo en relación a la depuración del crédito fiscal; no obstante en el petitorio de su Recurso de Alzada solicitó la revocatoria de la Resolución Administrativa de Devolución Posterior No 211929000001 (SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/RADI/00001/2019); en ese contexto, siendo obligación de ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitir un criterio y/o posición respecto a todos y cada uno de los planteamientos formulados, se efectuará inicialmente la revisión de la existencia o no de los vicios y si estos están legalmente sancionados con la nulidad; sólo en caso de no ser éstos evidentes, se procederá al análisis de las cuestiones de fondo que también pudieran haber sido expuestas en los argumentos del Recurso de Alzada presentado.

IV.1. Nulidades 1.1.1 Fundamentación y Motivación María De Las Mercedes Carranza Aguayo, representante legal de la empresa Sinchi Wayra S:A., en su Recurso de Alzada manifiesta que la Resolución Administrativa impugnada carece de la debida motivación, puesto que establece observaciones refiriendo sólo al concepto, sin la menor argumentación, fundamentación o explicación de los motivos por los que Sinchi Wayra vulneró la normativa que transcribe; accionar que implica vulneración al derecho a la defensa y el debido proceso del contribuyente, pues sin existir una adecuada fundamentación y argumentación, no solo vulnera el: elemento de la debida motivación parte del derecho y garantía al debido proceso, sino , que impide que conozca a cabalidad los argumentos de los que debe defenderse, debido a que no expone los motivos que sustentan la decisión asumida. Las páginas 8-47 de la Resolución impugnada consignan cuadros con las facturas observadas, sin realizar análisis alguno de los motivos observados y de qué manera se incumple la.. norma; de igual forma no existe análisis o argumentación de respaldo a las observaciones sobre ventas en el mercado interno y venta de energía eléctrica (distribución mixta de compras), simplemente cita y transcribe la normativa que refiere

afaq a la devolución de impuesto a los exportadores; aspectos que constituyen vulneración al derecho a la defensa del contribuyente.

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Añade que el acto impugnado en las páginas 53-56 detalla los documentos probatorios presentados por la empresa; sin embargo, no expone la justificación del por qué son insuficientes o improcedentes, en escuetos párrafos solo refiere a lo afirmado por el

Juan Carlos

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contribuyente sin realizar el menor análisis o explicación de la observación realizada, limitándose a señalar que la observación se mantiene o que el concepto fue descargado; accionar que vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso; toda vez que una inadecuada fundamentación impide al contribuyente conocer a cabalidad los argumentos de los que debe defenderse. Cita al efecto las Sentencias Constitucionales 0143/2012, 0752/2002-R, 1305/20111-R y los artículos 99-11 de la Ley 2495, 115-11 y 119-1 de la Constitución Política del Estado y el 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

La Administración Tributaria, en respuesta señala que la Resolución Administrativa de forma clara y fundamentada describe y explica el trabajo desarrollado a objeto de verificar los documentos presentados en respaldo del crédito fiscal y que sustentan los Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM). Se efectuaron observaciones sobre base cierta al crédito fiscal de las facturas presentadas debido a que no se encuentran vinculadas a la actividad exportadora, no cuentan con medios fehacientes de pago y otras detalladas en la misma Resolución. Asimismo, las observaciones se encuentran detalladas en cuadros explicativos y comparativos, en los cuales se registran las facturas observadas, el importe observado, el concepto de la observación, la . normativa incumplida, el motivo por el que no son válidas para respaldar el crédito fiscal comprometido en los periodos verificados.

Agrega que en función a la información y documentación proporcionada por el contribuyente y la obtenida por la Administración Tributaria se emitió la Resolución impugnada, que se pronuncia de forma fundamentada y concreta sobre todos y cada uno de los motivos y observaciones que dieron origen al monto indebidamente devuelto, identificado claramente los resultados obtenidos y fundamentando técnica y legalmente los conceptos observados, conforme dispone el artículo 8 de la RND 10 0032-16. El proceso desarrollado se enmarcó en lo dispuesto por los artículos 66; 100, 101, 128 de la Ley 2492, 29, 32, 33 del DS 27310 y cumpliendo lo establecido en el capítulo VI de la RND 10-0032-16, razón por la que no incurre en ninguna infracción del ordenamiento jurídico, ni carece de ningún requisito formal para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión del contribuyente; por consiguiente, no es objeto de nulidad; al respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis:

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AUTORIDAD. DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales 

en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones

Los numerales 6 y 7 del artículo 68 de la Ley 2492 dispone: Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre. acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

Respecto a los principios, normas principales y supletorias, el artículo 74 de la citada Ley establece: Los procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria

Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el presente Código. lo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás normas en materia administrativa. 

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TI‘ 

afao En relación a la devolución tributaria el artículo 125 del Código Tributario conceptualizar este aspecto señalando: La devolución es el acto en virtud del cual el Estado por armon cestnecaTION mandato de la Ley, restituye en forma parcial o total impuestos efectivamente pagado

IQNet a determinados sujetos pasivos o terceros responsables que cumplan las condiciones establecidas en la Ley que dispone la devolución, la cual establecerá su forma, requisitos y plazos

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Juan Carlos Guzmá Ruíz

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El artículo 126 del cuerpo de leyes citado, establece el procedimiento para la devolución tributaria disponiendo en el parágrafo II que: La Administración Tributaria competente deberá revisar y evaluar los documentos pertinentes que sustentan la solicitud de devolución tributaria. 

El artículo 128 de la citada norma dispone: Cuando la Administración Tributaria hubiera comprobado que la devolución autorizada fue indebida o se originó en documentos falsos o que reflejen hechos inexistentes, emitirá una Resolución Administrativa consignando el monto indebidamente devuelto expresado en Unidades. de Fomento de la vivienda, cuyo cálculo se realizará desde el día en que se produjo la devolución indebida (…). 

El artículo 1 de la Ley 1963, que modifica los artículos 12 y 13 de la Ley 1489, establece que en cumplimiento del principio de neutralidad impositiva los exportadores de mercancías y servicios sujetos de la presente Ley, recibirán del Estado la devolución de impuestos internos al consumo y de los aranceles de importación, incorporados en los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora, a través de Certificados de Devolución Impositiva CEDEIM. 

El artículo 8 de la Ley 843 señala: Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los responsables restarán: a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el Artículo 15 sobre el 

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o ‘servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen · con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. 

m.in

El artículo 11 de la Ley 843 señala: Las exportaciones quedan liberadas del débito fiscal que les corresponda. Los exportadores podrán computar contra el impuesto que 

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SAREM 

XV

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

en definitiva adeudaren por sus operaciones gravadas en el mercado interno, el crédito fiscal correspondiente a las compras o insumos efectuados en el mercado interno con destino a operaciones de exportación, que a este único efecto se considerarán como sujetas al gravamen. En el caso que el crédito fiscal imputable contra operaciones de exportación no pudiera ser compensado con operaciones gravadas en el mercado interno, el saldo a favor resultante será reintegrado al exportador en forma automática e inmediata, a través de notas de crédito negociables, de acuerdo a lo que establezca el reglamento de este Título I. . ::

El artículo 28 de la Ley 2341, referido a los elementos esenciales del acto administrativo, estipula: Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa 

y en el derecho aplicable; C) Objeto: El objeto debe ser cierto, licito y materialmente posible; d). Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos 

esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables de

ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos 

indicados en el inciso b) del presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

T

,

Sobre la anulabilidad del acto, el artículo 36 de la Ley 2341, dispone: 1. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

  • II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará 

atao la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para iso alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

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Calidad 

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peorado 

Vog

CE

Net 

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WEUSAS 

El artículo 3 del DS 25465, señala: El crédito fiscal IVA correspondiente a los costos y gastos por concepto de importaciones definitivas o compras de bienes en el mercador interno, incluyendo bienes de capital, activos fijos, contratos de obras o prestación del

syuan Carlos le cuzilán Ruiz

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F48744444444444 

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LLLLLLL 

servicios, vinculados a la actividad exportadora, será reintegrado conforme a las normas del artículo 11 de la ley 843 (texto ordenado vigente). No se entenderá como costo, a los efectos de lo establecido en el párrafo precedente, la sola depreciación de los bienes de capital y de los activos fijos, sino el pago total que se hubiere realizado por su importación o compra en mercado interno. 

La determinación del crédito fiscal para las exportaciones, se realizará bajo las mismas normas que rigen para los sujetos pasivos que realizan operaciones en el mercado interno, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la ley 843 (texto ordenado vigente). Como los exportadores no generan, o generan parcialmente, débito fiscal por operaciones gravadas, después de restar éste del crédito fiscal, el excedente de crédito que resultare, en el período fiscal respectivo, será devuelto hasta un monto máximo igual a la alícuota del IVA aplicada sobre el valor FOB de exportación.

Es preciso señalar que el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, lo que se traduce que los actos y actuaciones en un proceso administrativo se deben ajustar no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales; esto implica garantizar el correcto ejercicio de la Administración Pública a través de la emisión de actos administrativos, los que no deben resultar contrarios a los principios del Estado de Derecho.

En el marco normativo expuesto precedentemente, resulta importante destacar que toda autoridad administrativa tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico · y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes. De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y a controvertir las pruebas ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio.

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.

– 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda persona iene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a garantizar un resultado justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez. Se define el derecho al debido proceso, como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo en una actuación judicial o administrativa, para que durante su

ten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. La

fundamentación del acto definitivo, constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución ya sea en el ámbito judicial o administrativo, necesariamente debe exponer el sustento de hecho y de derecho que motivaron asumir una determinada decisión, de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y de esta manera puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios de impugnación establecidos en el ordenamiento jurídico…

La anulabilidad de un acto por la infracción de una norma establecida por Ley se da cuando concurren los presupuestos previstos en el artículo 36, parágrafo îl de la Ley 2341, aplicable supletoriamente en materia tributaria por mandato de los artículos 74, numeral 1- y. 201 del Código Tributario, esto es, cuando los actos administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o causen: indefensión a los administrados.

Calidad 

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TIF 

FIE

CE

La fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución ya sea en el ámbito judicial o administrativo, necesariamente debe exponer el sustento de hecho y de derecho que motivaron asumir una determinada decisión, de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser

afaq revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el iso 9007 ordenamiento jurídico.

. .

AFNOR CERTIFICATION 

Dotado

El Tribunal Constitucional Plurinacional estableció la distinción entre fundamentación y motivación de las resoluciones, habiendo emitido diferentes entendimientos, es así que en la Sentencia Constitucional Plurinacional 1414/2013 de 16 de agosto de 2013, yu

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Reciais 

Juan Carlos V Guzman Quinas 

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señaló lo siguiente: El derecho a la fundamentación de un fallo es una garantía de legalidad que establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la obligación de la autoridad que lo emite para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué considera que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa.. De acuerdo a la jurisprudencia constitucional mencionada, se tiene que el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en un precepto legal, asimismo, la motivación de las resoluciones administrativas no implica necesariamente una argumentación ampulosa o exagerada, ya que se considerará cumplido dicho requisito cuando existe claridad y precisión respecto a las razones que motivaron a la autoridad para emitir una determinada decisión.

Hechas esas precisiones, corresponde señalar que el artículo 28 de la Ley 2341, aplicable al presente caso por previsión del artículo 201 de la Ley 2492, establece los elementos esenciales que debe contener todo acto administrativo; sin embargo, en el presente caso el recurrente describe los requisitos establecidos en el artículo 99, parágrafo Il de la Ley 2492, que únicamente refiere al fundamento que se encuentra previsto en el inciso e) de dicha norma, por el cual toda decisión de una autoridad administrativa encargada de dilucidar una controversia necesariamente debe ser emitida: “…, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto,...”, requisito que no cumpliría el acto administrativo objeto de impugnación y que habría conllevado a menoscabar los derechos del ahora recurrente..

En ese marco normativo y de la revisión de antecedentes administrativos se advierte que la Gerència de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante las Ordenes de Verificación Externa Nos. 17990200290, 17990200291, 17990208846, 17990208847, 17990208848, 17990208849 y 17990208850 modalidad Verificación Posterior CEDEIM, inició la revisión de los documentos que respaldan la devolución impositiva a través de CEDEIM’s efectuada a Sinchi Wayra SA, correspondiente a los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, 2016.

,

lectuada 

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.

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

Concluido el proceso de verificación, el 25 de enero de 2019, emitió la Resolución Administrativa de Devolución Posterior N° 211929000001 (SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/ RADI/00001/2019), acto que establece el importe de Bs667.950.- como indebidamente devuelto por el IVA, mantenimiento de valor, intereses y mantenimiento de valor del crédito comprometido (Restitución Automática), por los periodos fiscales mencionados por depuración del crédito fiscal de pólizas de importación y de facturas de respaldo de la SDI, así como de la distribución de compras mixtas de acuerdo al siguiente detalle:

A

RESUMEN DEL CRÉDITO OBSERVADO PERIODO 

FACTURAS 

CRÉDITO FISCAL 13% DISTRIBUCIÓN TOTAL 

TOTAL FISCAL OBSERVADAS OBSERVADAS 

OBSERVADO COMPRAS MIXTAS OBSERVADO 

3= 1+2 

4= 3*13

1.5

6=4+5 ene-16 

247.270,99 247,270,99

32.145 

113.157 

feb-16

200.052,96 200.052,96

26.007

26.007 

mar16 

– 640.357,06 640.357,06 |

83.246 

83.246 

abr16 

301.843,98 301.843,98 

39.240 

39.240 

may-16 

103.246,09 103.246,09

13.422

* 7.054 20.476 jun-16

736:969,23 250.795,21 987,764,44 | L 128.409 — 10.822 139.231 jul-16 124.053,85 187.859,78 311.913,63

40.549 

112,105 152.654 861.023,08 | 1.931.426,07 | 2.792.449,15

363.018

210.993 -574:011 Fuente: Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior Na 211929000001, página 58, fojas

6924 antecedentes administrativo

(D 

En relación al-reparo por “Pólizas”, de acuerdo al acto administrativo impugnado se observó el monto de Bs861.023,08 (Bs111.933.- crédito fiscal) como resultado de la depuración de 2 pólizas de importación detalladas en el cuadro consignado en la página 51 del acto impugnado, fojas 6917 de antecedentes administrativos; en cuya columna “Observaciones” señala “No adjunta medios fehacientes de pago”, sin exponer mayor explicación ni fundamento legal; asimismo, en el acápite Presentación Descargos -Pólizas de Importación, página 56 de la Resolución Administrativa impugnada, indica: “De la revisión realizada no se identificó documentación de descargo respecto a las Pólizas de Importación, las mismas no son válidas para devolución impositiva ()“; sin embargo, de acuerdo al Recurso de Alzada el recurrente observa que la documentación de respaldo de ambas DUI’s (medios

atao fehacientes de pago) fue remitida a la Administración Tributaria y no fue tomada en cuenta debido a que se mantiene la observación; en constancia de lo señalado adjunta ATHOR CERTIFICATION nuevamente dicha documentación, fojas 166-207 de obrados.

TQNet

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Calidad 

AFNOR CERTIFICATION 

FIE 

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Respecto al reparo por “Facturas observadas” la Administración Tributaria estableció el importe de Bs 1.931.426,07 (Bs251.085.- crédito fiscal) como resultado de la

1 Juan farlos)

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TI 

III 

depuración de 761 notas fiscales de compras por varios conceptos, entre los cuales se tiene: “No vinculadas con la actividad gravada”, “Correspondientes a servicios de personas que no figuran en planillas de sueldos y salarios”, “Gastos en vehículos cuyos números de placa el contribuyente no pudo demostrar que son de su propiedad” y “Facturas diferidas”, conforme el detalle del cuadro consignado en las páginas 8-47 y 58 de la Resolución Administrativa impugnada; advirtiéndose que el citado cuadro consigna en la columna “Observación”, el motivo de la depuración del crédito fiscal de cada factura de manera resumida, sin exponer mayor explicación, ni fundamento legal, omisión que es observado por el ahora recurrente.

En ese sentido, conforme lo mencionado, el ente fiscal en la casilla “Concepto” correspondiente a cada factura observada como “No vinculados con la actividad exportadora”, realiza de manera simple una cita enunciativa del motivo de la observación, entre ellos: “gasolina”, “hospedaje”, “servicio telefónico”, “póliza de seguro de transporte”, “Transporte de minerales”, “suscripción anual”, “llamadas nacionales”, “asesoramiento legal”, “Registro de documentos”, “singani”, “consumo de energía eléctrica”, “Servicio de mantenimiento de volqueta”, “seguro contra accidentes”, “caldera de oficina seguro delegado”, “cucharillas”, “Publicación de edicto”, “transporte de agua”, “sello”, “gasto por emisión de boleto aéreo”, entre otros, aduciendo que no se vinculan con la actividad exportadora, sin justificar o revelar los motivos que indujeron al ente fiscal a realizar la depuración por este concepto, aspectos que evidencian la subjetividad de las observaciones que no constituyen precisamente los fundamentos técnico jurídicos requeridos que sustenten ylo respalden la depuración del crédito fiscal por no vinculación.

En cuanto al ‘crédito depurado de Bs210.993.- por no efectuar el cálculo de proporcionalidad de compras correspondiente a las ventas en el mercado interno, de inicio se observa errores en el cuadro consignado en la página 49 del acto administrativo impugnado, debido a que presenta errores en los porcentajes del periodo fiscal enero 2016, debido a que consigna los porcentajes de 92% y 2% cuya suma no es el 100%, la columna Diferencia a favor de la Administración Tributaria directamente consigna el 13% de las compras depuradas sin demostrar las bases imponibles declaradas y el monto correspondiente a la proporcionalidad de las compras observadas; además, no expone los fundamentos técnico jurídicos por los que se debería devolver el crédito fiscal

..

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…::

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

correspondiente al mercado interno, siendo que el débito de las ventas internas fue

compensado con el crédito fiscal vinculado con las exportaciones, considerando además que el crédito fiscal comprometido del periodo es mucho menor al generado en el mes, conforme se advierte de las declaraciones juradas del IVA F-210 de los periodos fiscales enero, mayo, junio y julio 2016, a fojas 1948, 1953-1957 de antecedentes administrativos.

En ese contexto, es menester considerar que la fundamentación se circunscribe a las razones que indujeron al sujeto activo a emitir el acto administrativo impugnado bajo el lineamiento de una determinada decisión, aspectos que no fueron debidamente considerados a momento de emitir la Resolución Administrativa ahora impugnada, cuya omisión afecta directamente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, toda vez que solamente a partir de una adecuada fundamentación de la decisión adoptada, el procesado tendrá la posibilidad de conocer el razonamiento de la autoridad y de esa manera articular su defensa, lo contrario implicaría estar al frente de actuaciones discrecionales o arbitrarias, lo que es contrario a la doctrina del Estado Constitucional de Derecho a la cual se reafirma y consolida el Estado Plurinacional de Bolivia con la promulgación de la actual Constitución Política de Estado, en la que debe primar el respeto a los derechos fundamentales como límite a la potestad administrativa.

A lo expuesto, se agrega que la ahora recurrente asevera que antes de la emisión de la Resolución Administrativa impugnada, mediante notas SW-0049/2018, SW 051/2018, SW-095Y/2018 de 24 y 26 de enero y 4 de marzo de 2018 respectivamente cursantes a fojas 2470-2475 y 67806784 de antecedentes administrativos, presentó a la Administración Tributaria aclaraciones a los conceptos observados así como adjuntó 10 archivadores con documentación que sustenta dichas aseveraciones, las cuales desvirtuarían las observaciones efectuadas; sin embargo, de la lectura y comprensión de la citada actuación, si bien se hace referencia a esta documentación, no existe evidencia que la misma haya sido considerada en toda su magnitud, toda

afao vez que se limita a transcribir el argumento del sujeto pasivo o a citar la normativa, sin

rativa, sin iso 9001 especificar la documentación que fue objeto de revisión (comprobantes, contratos, liquidaciones, transferencias bancarias, facturas, otros) y los motivos por los cuales no desvirtúa las observaciones realizadas 

Calidad 

AFNOR CERTIFICATION 

TIF, 

CEO 

KoNet 

MANAGEN

SYSTEM 

SMENT SO 

SUTOM

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A este respecto, se hace necesario puntualizar que la empresa recurrente adjuntó a su Recurso de Alzada 6 anexos que contienen los datos de las facturas observadas agrupadas por los conceptos: Transporte de Mineral de Poopó a Mina Bolívar; Gastos Diferidos, Gastos no Vinculados, Falta Contrato, Gastos Hospedaje, Gastos Pasajes, detalles que son parte del cuadro descrito en las paginas 8-47 en el acapite Observaciones al Crédito Fiscal Devuelto de la Resolución Administrativa de Devolución Posterior No 211929000001 (SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/RADI/00001/2019) de 25 de enero de 2019, ahora impugnada; según se detalla a continuación:

ANEXO 1 TRANSPORTE DE MINERAL DE POOPÓ A MINA BOLÍVAR

9

.

x

3

.

E

M10

..

vo

*

RAZON SOCIAL PROVEEDOR

DE

1-IMPORTE

BASE CR 

CH

I CREDITO 

CRÉDITO FISCAL

CONCEPTOS

FACTURA I

JOBSERVACIÓN

.

.

..

.

245

ROLY CALDERON” JACINTO

22/03/16

1.653,40

214,94 DE MARZO 2016

TRANSPORTE DE MINERAL LA MINA BOLIVAR CORRESPONDE A DE POOPO A BOLIVAR MES LA SOCIEDAD MINERA ILLAPA S.A.

GASTO NO VINCULADO CON LA

ACTIVIDAD EXPORTADORA TRANSPORTE DE MINERALILA MINA BOLIVAR CORRESPONDE A DE POOPÓ A BOLIVAR MES LA SOCIEDAD MINERA ILLAPA S.A.

IGASTO NO VINCULADO CON LA ACTIVIDAD EXPORTADORA

ARTURO EUGENIO CAYHUAR

22/05/13

12.728,35

1.654,69 DE MARZO 2016

ANEXO 2 GASTOS DIFERIDOS

* CONCEPTO

OBSERVACIÓN

N

RAZON SOCIAL PROVEEDOR

2

No moral FACTURA |

8

SRE

.

.FEC 

3

CHA 

IMPORTE CRÉDITO BASE CREFISCAL

YA

2

421

ANA MAERTHA CHOQUE DE CRUZ

25/04/16

1

1.764,00|

TRASNPORTE DE AGUA GASTO DIFERIDO POR 6 MESES POTABLE

CAJA ‘. 229,32 ACOPIOCANCHA MINA,

SERVICIO DE NOVIEMBRE 2015

TRANSPORTE DE MINERAL GASTO DIFERIDO POR 5 MESES 4.004,30 SAN LORENZO DE

DICIEMBRE 2015

ANA MAERTHA CHOQUE DE CRUZ

2

25/04/16

30.802,28

ANEXO 3 GASTO NO VINCULADO 

and

IMPORTE 

JOSERVACIÓN

N

RAZON SOCIAL PROVEEDOR

FACTURA

FECH

CRÉDITO FISCAL

CONCEPTO

OBSERVACIÓN

BASE C

VAL

A

LA

CONSULTORA COFABOL SRL

24 

03/03/16

1.740,00

PROVISIÓN DE DATOS DE GASTO NO VINCULADO DDE OLABASE DE DATOS DE ACTIVIDAD EXPORTADORA

ECONOMIST AND JURIST

LOGISTICA

A

LA

-712

INTEGRAL

153 

18/07/16 

22.500,00

POR SERVICIO DE GASTO NO VINCULADO

EQUIPOS Y MATERIA- JACTIVIDAD EXPORTADORA 2.925,00

LES DE 5 UNIDADES DE POOPO AROFILIA

CASTILLO SRL

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YA

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

ANEXO 4 – FALTA CONTRATO 

e

RAZON SOCIAL

PROVEEDOR I FACTURA

**

FECHA FECHA

IMPORTE | BASE CR

* BASE CRA

CRÉDITO Fisca

CONCEPTO

OBSERVACIONES

550 

IBOLSA AGENCIA DE BOLS sa

-15

|

23/05/16

41.760,00

ASESORA FINANCIERA DE NO SE VERIFICÓ EL CONTRATO DE

ESTUDIO EXPLORATORIO PRESTACIÓN DE SERVICIO NI LA 5.428,80

Y FACTIBILIDAD

CONSTANCIA A SINCHI WAYRA SA

A

LA

636

IBOLSA AGENCIA DE BOLS sa

171

22/06/16

41.760,00

;

ASESORA FINANCIERA DE GASTO NO VINCULADO 5.428,809

ESTUDIO EXPLORATORIO ACTIVIDAD EXPORTADORA Y-FACTIBILIDAD

ANEXO 5 – GASTO HOSPEDAJE

RAZON SOCIALNO RAZON

PROVEEDOR FACTURA

D FECH

ANO 

JMPORTE | CRÉDITO DE

BASE CREFISCAL

CONCEPTO

RAT

OBSERVACION :

OBSERVACIÓN

3:

16

.

W

.

.

2

GERMAN GUTIERREZ TORREZ

2164

04/01/16

230,00

HOSPEDAJE HABITACIÓN VIAJE A MINAS PORCO-RESERVA. LA SIMPLE

MINA PORCO PERTENECE A LA 29,90

| SOCIEDAD MINERA ILLAPA SA Y LA

RESERVA A LA SOCIEDAD MINERAI METYALÚRGICVA RESERVA LTDA.

GASIA NOVINCULADO ALOJAMIENTO POR 3 VIAJE A MINA PORCO-BOLÍVAR. LA 33,22 NOCHES

JMINA BOLÍVAR PERTENECE A ILLAPA

653

JAUTOMOVIL”

CLUB BOLIVIANO

, 130629

25/06/16

1

255,50

SA 

.

ANEXÒ 6 -GASTOS PASAJES :

1

VVVV 

RAZON SOCIAL PROVEEDOR

No FACTURA

19” 

FECHA 

IMPORTE ** BASE CR

CRÉDITOS FISCAL:

P

OBSERVACIONES

RVACIONES

viru 

LA

BOA BOLIVIANA 4016584034

GASTO NO VINCULADO PENALIDAD POR RESERVA ACTIVIDAD EXPORTADORA DE BOLETO AÉREO

678 

05/07/16

54,00

DE AVIACIÓN

A

LAL,

BOA BOLIVIANA DE AVIACIÓN

GASTO NO VINCULADO EMISIÓN DE BOLETO ACTIVIDAD EXPORTADORA 22,49 AÉREO VILLACORTA LUIS

4016656003

*18/07/16

173,00

Los cuadros precedentes evidencian que los conceptos por los cuales fueron observadas las notas fiscales por Transporte de mineral de Poopó a mina Bolívar, factura eléctrica estación ferrocarril Poopo; dirección cruce palca – provisión gas mina Aroifilla – YPFB, gastos diferidos, gastos no vinculados, falta de contrato, gastos de hospedaje y pasajes; la Administración Tributaria a más de exponer una explicación

afaq sucinta de los motivos por los cuales consideró que las referidas facturas no son válidas para la apropiación del crédito fiscal, ésta no fundamenta las razones técnico AONON CERTHICATION legales que indujeron a realizar dichas observaciones como resultado del análisis GERTALE 

IQNet efectuado; en el presente caso, conforme se tiene mencionado, el ente fiscal se limitó a señalar los hechos y la cita de normativa; sin embargo, no señala de manerar fehaciente cuál es la observación que está relacionada a la vinculación que justifique

Luas Taului as To DUI iso 900

Calidad 

MANAC 

SYSTEM 

MENT SYS 

a lalu 

IN 

Juan Sarios Guzmál Ruíz 31)

ZVONO

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223

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Sistema de Gestión 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní)

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la conclusión a la que arribó para cada una de las observaciones realizadas en la depuración del crédito fiscal. .

Es importante también enfatizar que el sujeto pasivo aportó documentación a momento de interponer Recurso de Alzada y dentro del término de prueba aperturado por ésta instancia recursiva, consistente en: fotocopias del Contrato de Prestación de Servicios y Adenda al Contrato suscrito entre Sinchi Wayra S.A. y la empresa Verna Wilde & Asociados, Testimonio N° 1356 referido a la protocolización del Contrato de Asociación de Minas Bolívar y Porco Comibol – Illapa S.A., suscrito entre Comibol, la Sociedad Minera Illapa y Sinchi Wayra S.A., el Contrato de Asesoramiento de Estudio de Factibilidad para la Estructura de financiamiento Vía mercado de Valores, las pólizas observadas C-21396 y C-27581 con su respectiva documentación de respaldo relativa a los pagos efectuados, fojas 82-207 de obrados; así como fotocopias. de comprobantes contables, facturas, hojas de Entrada Servicios-Aceptada, pedido de compra y liquidación de transporte, que respaldaría las facturas observadas, aclarando que la misma fue proporcionada al ente fiscal en el periodo de verificación a fojas 2471-6778 de antecedentes administrativos.

De igual forma, presentó en calidad de prueba de reciente obtención fotocopia de Contrato de Tratamiento de Mineral suscrito entre Sociedad Minera Illapa SA y Sinchi Wayra S.A., Reporte de tratamiento de mineral de mina Poopó en la Planta Concentradora Bolívar; Reporte documentado de la exportación de concentrados correspondiente a la producción de la mina Poopó tratada en la Planta Concentradora Bolivar a objeto de demostrar que el transporte de mineral de Poopó a Bolívar se efectuaba para realizar previamente el proceso de concentración, no siendo un obice de la producción exportada que la planta procesadora Bolívar no sea de titularidad de Sinchi Wayra, fojas 238-509 de obrados, documentación presentada con la finalidad de que los argumentos expuestos en su defensa adquieran validez como hechos probados, que podrían generar convicción y seguridad sobre el derecho solicitado, toda vez que es la herramienta más importante para verificar la realidad de los hechos producidos o no producidos, su aceptación o rechazo es la base y fundamento para que la autoridad correspondiente, emita una decisión final; sin embargo, en el presente caso se omite dar una respuesta fundamentada a todos los argumentos planteados por el sujeto pasivo en ejercicio de su defensa; en vulneración del debido proceso

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AUTORIDAD. DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

entre cuyas exigencias se encuentra analizar adecuadamente los argumentos relacionados a las notas fiscales y los conceptos anteriormente mencionados; a cuyo efecto el ente fiscal debió realizar un análisis pormenorizado, siguiendo las reglas de la lógica y como consecuencia de aquello funde sus decisiones expresando las razones por las cuales acepte o rechace el argumento o documento presentado por el ahora recurrente.

Conforme lo mencionado, el Tribunal Constitucional Plurinacional, sobre casos análogos emitió la Sentencia Constitucional Plurinacional. N° 0896/2014 de 12 de mayo de 2014, la cual señala: III.3.El derecho a una resolución motivada, fundamentada y congruente como elemento constitutivo del debido proceso. La SC 0112/2010-R de 10 de mayo, señaló: La reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido que el debido proceso, consagrado como garantía constitucional por el art. 16 de la CPE abrg., ahora por el art. 115:11 de la CPE, y como derecho humano en los arts. 8 del. Påcto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), consiste en el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo. establecido por las disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar y precisando que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución dictaminando una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión…). En relación a la motivación y fundamentación de las resoluciones, este Tribunal también en la SCP 0903/2012 de 22 de agosto, incidió en lo siguiente: ...la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución 

afao sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad is jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones AFNOR CERTIFICATION determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos realizando l

IQNet fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre lar 

ISO 900

Calidad 

AFNOR CERTIFICATION 

TI

FIE

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MANAGEM

SYSTEM 

SMENTS 

Juan Carlos Guzm.lin Ruiz

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parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”, requisito que se hace de mayor importancia en los tribunales de última instancia. .

En ese entendido el procedimiento adoptado por la Administración Tributaria atenta los derechos del contribuyente consagrados en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, referido a un debido proceso en su elemento de fundamentación, así como también contraviene lo dispuesto en el artículo 68 numerales 6 y 7, de la Ley 2492.

Lo anterior pone de manifiesto que la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz, incumplió con el artículo 126-11 de la Ley 2492, toda vez que el acto administrativo impugnado, no verificó, fiscalizó e investigó los hechos, actos y elementos del hecho imponible declarados por la empresa exportadora, conforme las facultades otorgadas por el Código Tributario y que son imprescindibles para dictar la Resolución Administrativa en el caso de las verificaciones CEDEIM, así como tampoco efectuó la debida valoración de la documentación presentada durante el desarrollo del procedimiento de verificación, vale decir los descargos presentados respecto del combustible, transporte de mineral a mina Bolívar, mantenimiento de vehículos, . contrato por servicios, aporte de cuotas, compra de materiales de bienes, energia eléctrica, provisión de gas mina Aroifilla, varios gastos, gastos realizados en campamento minero y seguridad industrial, gastos por hospedaje y pasajes. En ese entendido, el acto impugnado no cumple con el requisito de fundamentación, además de vulnerar los derechos del sujeto pasivo relacionados al debido proceso, a la defensa y a la consideración de sus pruebas en la emisión de la Resolución Administrativa de Devolución Posterior No 211929000001 de 25 de enero de 2019.

En ese entendido, se tiene que los fundamentos de hecho y derecho que necesariamente debieron estar insertados o anexados al acto administrativo, son de vital importancia, para que éste a su vez pueda asumir defensa, causando con esta ausencia la nulidad del acto administrativo impugnado, al no establecer la causa, el derecho aplicable así como el fundamento, elementos esenciales de un acto administrativo, conforme dispone el artículo 28 en sus incisos b) y e) de la Ley 2341, aplicable en la materia por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 2492; asimismo, se incumplieron los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, referidos a que como

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..

.

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

administración tributaria, tiene facultades específicas, entre ellas, el de comprobar; verificar, fiscalizar e investigar, lo que no ocurrió en el presente caso, contrariamente asumió una actitud pasiva, toda vez que no realizó un trabajo que fundamente las observaciones que hubiera servido de base para la determinación de la obligación tributaria que sea consecuencia de sus facultades que además son inherentes a sus funciones administrativas; lo que demuestra evidentemente la conculcación de los derechos al debido proceso y defensa del exportador. Cabe resaltar que los vicios de nulidad que se detectaron en la Resolución Administrativa, ahora impugnada, impide a ésta Instancia Recursiva, ingresar a considerar los argumentos de fondo planteados en el Recurso de Alzada, referido a la depuración del crédito fiscal de facturas por falta de medios fehacientes de pago, hospedaje y pasajes, transporte de mineral y otros esgrimidos por el recurrente en el presente recurso. En relación a la prueba de reciente obtención, si bien cumple con lo establecido en el artículo 81 de la Ley 2492; sin embargo, dicha prueba se circunscribe a respaldar los argumentos de fondo, sie que al haberse detectado vicios de nulidad, no corresponde su valoración…

.

.

.

:

. Lo precedentemente señalado, demuestra que la actuación de la Administración

Tributaria vulneró lo dispuesto en los incisos b)y e) del artículo 28 de la Ley 2341, relacionados al cumplimiento de los requisitos de causa y fundamentación que debe contener todo acto administrativo; bajo esas circunstancias, corresponde anular lá Resolución Administrativa de Devolución Posterior N° 211929000001 (SIN/GGLPZ/ DJCC/TJ/RADI/00001/2019) de 25 de enero de 2019; consecuentemente, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, ejerciendo sus facultades de verificación, fiscalización e investigación conforme disponen los artículos 95 y 126-11, con relación a las notas fiscales que sustentan la Solicitud de Devolución Impositiva interpuesta por Sinchi Wayra S.A., por los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio 2016, en cumplimiento a las disposiciones normativas que regulan la devolución de impuestos a través de CEDEIM, previa evaluación de la

arao documentación y argumentos presentados por el contribuyente a fin de adoptar una ISO 9007 decisión enmarcada en el principio de verdad material mediante un acto administrativo AFNOR CERTIFICATION debidamente motivado y fundamentado.

Calidad 

CE

LE

P

MANAGE 

WEISAS 

CAVENT 12 

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

la ron, 

Juan Carlos Guzme Rui.

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NB/ISO 

:9001.. IBNORCA Sistema de Gestión

de la Calidad Certificado N° 771/14

HAY 

AUSTRALIASHWI 

429SSYSNESS

.

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní)

Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (591-2) 2412613 2411973 • www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894

RESUELVE: PRIMERO: ANULAR la Resolución Administrativa de Devolución Posterior No 211929000001 (SIN/GGLPZI DJCC/TJ/RADI/00001/2019) de 25 de enero de 2019, emitida contra contra la empresa Sinchi Wayra S.A.; consecuentemente, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio Impuestos Nacionales, debe emitir un nuevo acto administrativo en el que fundamente su decisión y considere toda la

documentación que sustenta la Solicitud de Devolución Impositiva presentada por el a Herend Freita? ) sujeto pasivo por los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio

2016, esto en cumplimiento a las disposiciones normativas que regulan la devolución de impuestos a través de CEDEIM.

22

SY

“!

impugna 

760 1200132

W

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 1 15 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código

Tributario y sea con nota de atención.

NON

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la muassy interposición del Recurso Jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días la poosana

Mer045AL) computables a partir de su notificación.

28

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

ni 

RCVD/jcgr/avvirms/rir/mchf

te VHDL

donda 

Joridad Room

Juan parld; uzman Allz

As. Cecilia Vatez Doradc 

Directora Elmcutiva Regional. Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Replona) de impugnació

Tiburant la pre 

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