ARIT-LPZ-RA-0672-2019 Se confirma Auto Administrativo. El SIN rechazó la solicitud de prescripción del contribuyente, debido a que se encontraba dentro del plazo legal para ejercer su facultad de ejecución tributaria, ya que el inicio del término de la prescripción comenzaría con el PIET.

ARIT-LPZ-RA-0672-2019

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0672/2019 

Recurrente: 

Antonio Freddy Rojas Rivera representado legalmente por Juan Pedro Rojas Rivera

– 

Administración Recurrida: 

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos: Nacionales, representada legalmente por Iván Arancibia Zegarra

Acto Impugnado: 

Auto Administrativo N° 391820000169 (SIN/GDLPZ-I/DJCCICCIAUTÀ/00142/2018) 

Expediente: 

ARIT-LPZ-0222/2019 

Lugar y Fecha: 

La Paz, 7 de junio de 2019 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributária Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ No 0672/2019 de 5 de junio de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente:

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO El Auto Administrativo N° 391820000169 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/CC/AUTA/00142/2018) de 20 de diciembre de 2018, emitido por la Gerencia Distrital La Paz ! del Servicio de Impuestos Nacionales resolvió rechazar la solicitud de prescripción planteada por

inafaq Antonio Freddy Rojas Rivera, disponiendo proseguir con la ejecución tributaria 150 9004 anunciada mediante Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 203300794716 de AEMOR CERTIFICATION, 16 de diciembre de 2016, conforme a lo previsto en los artículos 59 y siguientes de la CURTIRE Ley 2492 modificado por las Leyes 291 y 317.

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Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (591-2) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

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III 

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 11.1. Argumentos del Recurrente Antonio Freddy Rojas Rivera representado legalmente por Juan Pedro Rojas Rivera, conforme se acredità del Testimonio de Poder N° 0187/2019 de 26 de febrero de 2019, mediante memorial presentado el 8 de marzo de 2019, cursante a fojas 8-11 de obrados, interpuso Recurso de Alzada expresando lo siguiente:

Al tenor del artículo 59 de la Ley 2492, interpuso ante la Administración Tributaria excepción perentoria de prescripción tributaria, que fue rechazada por Auto Administrativo N° 391820000169, bajo el argumento que los términos de prescripción establecidos en el artículo 59 fueron modificados por las Leyes 291 y 317, los cuales aplican la imprescriptibilidad de la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, disposición ilegal y arbitraria, toda vez que la facultad de ejecutar la deuda tributaria comienza desde el PIET, siempre y cuando no se materialice la prescripción con anterioridad a la emisión del citado acto administrativo.

Las obligaciones tributarias pendientes de pago corresponden a la gestión 2006, a dicha fecha no estaban vigentes las modificaciones al Código Tributario por las Leyes 291 y 317, que establecen la imprescriptibilidad para ejecutar la deuda tributaria determinada, normativa que no es aplicable al presente caso. A esto se añade el hecho de que un contribuyente no puede adecuar su conducta a Leyes futuras porque desconoce totalmente la normativa posterior, siendo un aspecto imposible de prever, razón por la que no es posible aplicar al momento del hecho generador del tributo normativa emitida con posterioridad, salvo que determinen términos de prescripción más breves para el contribuyente.

Cita el numeral I de la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 y señala que las

obligaciones tributarias vencían el mismo mes en que se presentaron los formularios respectivos correspondientes al IT de los periodos fiscales marzo, noviembre 2006 y. marzo 2007 e IUE de la gestión fiscal marzo 2006, en ese contexto, el cómputo de la prescripción para las obligaciones tributarias correspondientes al año 2006, se inicia el primero de enero de 2007 y para la gestión 2007 el primero de enero de 2008, concluyendo el 2011 y 2012 respectivamente.

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RELEA

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

Conforme los artículos 150 de la Ley 2492 y 123 de la Constitución Política del Estado, en materia tributaria, la Ley es retroactiva cuando establece plazos de prescripción

más beneficiosos para el contribuyente, siendo el artículo 59 de la Ley 2492 sin modificaciones la norma más favorable a su persona. Finalmente invoca la aplicación de la Sentencia No 432/2013 de 25 de julio de 2013 que se fundamenta en el artículo 9 del Pacto de San José de Costa Rica sobre Derechos Humanos, así como las Sentencias Nos. 432/2013 de 25 de julio de 2013, 47 de 16 de junio de 2016 y 39 de 13 de mayo de 2016.

El Auto Supremo N° 432/2013 se fundamenta en lo señaļado en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos el cual estàblece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente e imparcial, de lo que se infiere que la normativa supra nacional establece como derecho humano la prescripción. Al efecto cita las Sentencias Constitucionales 753/2003-R de 4 de junio y 1278/2006-R de 14 de diciembre, las cuales establecen que la prescripción tiene como propósito otorgar seguridad jurídica a los sujetos pasivos, siendo aplicable al ámbito tributario.

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La Sentencia Constitucional N° 770/2012 de 13 de agosto de 2012, refiere al principio de retroactividad y señala que las facultades de la Administración Tributaria para efectuar el cobro del IVA, IT e UE de las gestiones 2006 y 2007 se encuentran prescritas.

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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar el Auto Administrativo No 391820000169 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/CCIAUTA/00142/2018) de 20 de diciembre de

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Calidad AFNOR CERTIFICATION 

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11.2. Auto de Admisión 

afao El Recurso de Alzada interpuesto por Juan Pedro Rojas Rivera en representación de calidad Antonio Freddy Rojas Rivera, fue admitido mediante Auto de 13 de marzo de 2019, notificado de forma personal al recurrente y por cédula a la Administración Tributaria Net el 21 y 22 de marzo de 2019 respectivamente, fojas 12-18 de obrados.

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11.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Iván Arancibia Zegarra conforme se acredita de la Resolución Administrativa de Presidencia No 031700001413 de 29 de septiembre de 2017, por memorial presentado el 8 de abril de 2019, cursante a fojas 21-26 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente:

El artículo 59 de la Ley 2492, fue modificado por la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, precepto legal que estableció respecto a la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible; asimismo, la Ley 317 incluye en sus Disposiciones Adicionales Cuarta y Décima Segunda, previsiones sobre reglas de prescripción que otorgan el marco legal de interpretación y aplicación del instituto de la prescripción de la obligación tributaria en el marco de la actual Constitución Política del Estado, siendo que el régimen de prescripción establecido en la Ley 2492 se encuentra plenamente vigente con las modificaciones realizadas por las Leyes 291 y 317, correspondiendo su aplicación, considerando que el acto administrativo impugnado fue emitido y notificado en vigencia de dichas

disposiciones normativas.

En materia tributaria,” la prescripción encuentra su fundamento en el principio de seguridad jurídica el cual limita el poder de la Administración Tributaria frente a los

contribuyentes, al circunscribir el ejercicio de sus facultades en determinados plazos que se configura por el transcurso del tiempo y la inactividad del Ente Fiscal.

El contribuyente pretende que se disponga la prescripción de la facultad de cobro de la deuda tributaria emergente de las declaraciones juradas correspondientes al IVA e IT de las gestiones 2006 y 2007, desde el año siguiente de efectuada dicha declaración, sin considerar que el término de la prescripción para el ejercicio de la facultad de ejecución tributaria se computa desde la notificación con el Título de Ejecución Tributaria conforme prevé en el artículo 4 del DS 27874 de 26 de noviembre

de 2004. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

El Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria fue notificado al contribuyente de forma personal el 23 de noviembre de 2017, actuado con el cual comunicó el inicio del ejercicio de la facultad de ejecución tributaria por las declaraciones juradas no pagadas correspondientes a los periodos fiscales 2006 y 2007; al efecto, cita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0384/2015 de 17 de marzo de 2015.

Corresponde aplicar lo dispuesto en el artículo 59 parágrafo IV de la Ley 2492, al haber sido emitido y notificado el referido Proveído de inicio de Ejecución Tributaria en .vigencia de dichas modificaciones, el cual señala que la facultad de ejecutar la deuda tributaria es imprescriptible; al efecto, cita la Resolución de Recurso de Alzada ARIT LPZ/RA 1027/2018 y señala que las facultades de ejecución tributaria respecto a los adeudos tributarios consignados en el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria No 2033007947.16, no solo se encuentran incólumes, sino que además son imprescriptibles.

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Cita los artículos 59 y 60 de la Ley 2492 sin modificaciones y señala que considerando dicha normativa, el término de la prescripción para el ejercicio de la facultad de ejecución tributaria comienza a partir del 24 de noviembre de 2017, es decir, ál día siguiente de la notificación con el PIET y concluye el 24 de noviembre de 2021; -, consecuentemente, a la fecha de oposición de la prescripción tampoco transcurrió el 2 plazo de inactividad por parte de la Administración Tributaria.

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La aplicación de las nuevas leyes 291, 317 y 812 no puede afectar los derechos adquiridos o consolidados por la Administración Tributaria ya que implicaría una aplicación retroactiva de la Ley, pero si puede afectar a los derechos expectativos por estar pendientes de cumplimiento ya sea por falta de algún requisito de forma o de fondo o porque no se cumplió un plazo o una condición establecida por ley para consolidar el derecho.

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AFNOR CERTIFICATIO

Si se cumplió el término de la prescripción y operó bajo la legislación anterior se

considera un derecho adquirido que las nuevas leyes no pueden afectar ni modificar, ICNet A toda vez que el monto del tributo o la sanción prescrita ya pasaron a formar parte del WICEMENT Chuan Carlos A. patrimonio del sujeto pasivo; en cambio, si a la fecha de entrada en vigencia de las

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nuevas normas jurídicas la prescripción aún no se materializó, se constituye solo en una situación expectativa que no llegó a ser parte del goce de un derecho efectivo del contribuyente, siendo que nunca se extinguió la deuda tributaria por cuanto aún estaba pendiente de cumplimiento el plazo legal para que se convierta en un derecho adquirido. Debatir el carácter retroactivo de la norma implicaría, discutir la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 59 de la Ley 2492, al efecto cita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1413/2013.

Las actuaciones de la Administración Tributaria se enmarcaron dentro del marco dispuesto por el Código Tributario vigente, garantizando el cumplimiento efectivo de la Ley, consecuentemente, no existió vulneración al principio de seguridad jurídica. Al efecto cita la Sentencia Constitucional N° 626/2011-R de 22 de junio de 2001 y 0287/1999-R de 28 de octubre de 1999.

Debe existir un pronunciamiento solo respecto a los argumentos planteados en el Recurso de Alzada, en aplicación del principio de congruencia, en cumplimiento de los artículos 198 inc. e) y 211 de la Ley 2492, caso contrario constituye una vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso consagrado en el artículo 115-11 de la Constitución Política del Estado. Al respecto, invoca las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0790/2017 de 3 de julio de 2017 y 0135/2011 de 28 de febrero de

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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Auto Administrativo No 391820000169 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/CC/AUTA/00142/2018) de 20 de diciembre de 2018.

11.4 Apertura de término probatorio y producción de prueba Mediantė Auto de 9 de abril de 2019, se dispuso la apertura del término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada en Secretaría al recurrente ya la Administración Tributaria el 10 de abril de 2019; periodo dentro del cual el recurrente, mediante memorial presentado el 25 de abril de 2019, ofreció como prueba el Auto de Conclusión de Trámite No 15204000014 (25-03340-15) de 15 de septiembre de 2015

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

y ratificó los antecedentes administrativos presentados por la Administración Tributaria;

al efecto, por Proveído de 29 de abril de 2019 se dio por ratificada y ofrecida la prueba documental señalada, en tanto cumpla con lo establecido en los artículos 81 y 217 del Código Tributario, actuación notificada por Secretaría a las partes el 8 de mayo de 2019; fojas 27-28, 34-38 y 42 de obrados.

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante memorial presentado el 29 de abril de 2019, ratificó en calidad de prueba pre constituida los antecedentes administrativos, remitidos a momento de responder el Recurso de Alzada; al efecto, el Proveído de 30 de abril de 2019, dio por ratificada la prueba documental señalada; actuación notificada en Secretaría a las partes el 8 de: mayo de 2019, fojas 39-41 de obrados.

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11.5. Alegatos Dentro del plazo establecido por el artículo 210 parágrafo II del Código Tributário, el recurrente mediante memorial presentado el 8 de mayo de 2019, presentó alegatos ratificando los argumentos expuestos en su Recurso de Alzada, enfatizando en que el hecho generador se produjo en vigencia de la Ley 2492 sin modificaciones; consecuentemente, no corresponde la aplicación de la Ley 291, ya que implicaría una. aplicación retroactiva de la norma; al efecto cita el Auto Supremo N° 432/2013 de 25 de julio de 2013 y señala que las modificaciones al artículo 59 del Código Tributario se aplica desde el año 2012 en adelante y no a las gestiones 2006 y 2007, toda vez que se encuentran fuera del rango establecido en la norma modificatoria. Finalmente cita la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3 de 26 de octubre de 2016; al efecto, se emitió el Proveido de 9 de mayo de 2019, que dio por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria, actuación notificada a las partes en Secretaría el 15 de mayo de 2019, fojas 43-52 de obrados.

afaq leter 4a Administración Tributaria no presentó alegatos conforme lo previsto en el artículo calida

grafo II del Código Tributario.

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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA El Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 203300794716 de 16 de diciembre de 2016, señala que estando firmes y ejecutoriadas las declaraciones juradas Form. 400 correspondiente al IT de los periodos fiscales febrero, marzo, noviembre 2006, marzo 2007 e IUE Form. 500 del periodo fiscal marzo 2006, por la suma líquida y exigible de Bs3.650.- y conforme a lo establecido por el artículo 108 de la Ley 2492, concordante con el artículo 4 del DS 27874, anuncia al contribuyente Rojas Rivera Antonio Freddy con NIT 375704010, el inicio de la ejecución tributaria de los mencionados títulos al tercer día de su legal notificación con el presente PIET, a partir del cual se realizarán las medidas coactivas correspondientes conforme establece el artículo 110 de la Ley 2492, concordante con el artículo 4 del DS 27874 hasta el pago total de la deuda tributaria; acto administrativo notificado de forma personal al contribuyente el 23 de noviembre de 2017, fojas 24 de antecedentes administrativos.

Por memorial presentado a la Administración Tributaria el 16 de diciembre de 2016, Antonio Freddy Rojas Rivera, sin haber sido notificado con fiscalización alguna, solicitó la prescripción de las facultades previstas en el artículo 59 parágrafo I numeral | de la Ley 2492, respecto al IT e UE de las gestiones 2006 y 2007, fojas 28 de antecedentes administrativos.

El Auto Administrativo N° 391820000169 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/CC/AUTA/00142/2018) de 20 de diciembre de 2018, resolvió rechazar la solicitud de prescripción planteada por Antonio Freddy Rojas Rivera, disponiendo proseguir con la ejecución tributaria anunciada mediante Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° 203300794716 de 16 de diciembre de 2016, conforme lo previsto en los artículos 59 y siguientes de la Ley 2492 modificado por las Leyes 291 y 317, actuación notificada de forma personal el 26 de febrero de 2019; fojas 36-42 de antecedentes administrativos.

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-111 de la Ley 3092, se tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Antonio Freddy Rojas Rivera a través de su representante Juan Pedro Rojas Rivera en el Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.

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IV.1. Prescripción El recurrente en los argumentos de su Recurso de Alzada señala que al tenor del artículo 59. de la Ley 2492, solicitó la prescripción tributaria, la cual fue rechazada por Auto Administrativo N° 391820000169, de acuerdo a las Leyes 291 Ý 317, que establecen la imprescriptibilidad de la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, disposición ilegal y arbitraria, toda vez que el cómputo comienza desde el PIET, siempre y cuando no se hubiese materializado la prescripción con anterioridad a la emisión del citado acto administrativo.

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Agrega que las obligaciones tributarias pendientes de pago datan de la gestión 2006, fecha en la cual no estaban vigentes las modificaciones al Código Tributario por las Leyes 291 y 317, no siendo aplicables al presente caso; asimismo, señala que el cómputo de la prescripción para las obligaciones tributarias correspondientes al año 2006 y 2007 se inician el primero de enero de 2007 y 2008, concluyendo el 2011 y 2012, respectivamente. Conforme los artículos 150 de la Ley 2492 y 123 de la Constitución Política del Estado en materia tributaria la Ley es retroactiva cuando establece plazos de prescripción más beneficiosos para el contribuyente; consecuentemente, el artículo 59 de la Ley 2492 sin modificaciones es la norma más afao favorable a su persona; finalmente invoca la aplicación de la Sentencia No 432/2013 calidad de 25 de julio de 2013, así como las Sentencias Nos. 47 de 16 de junio de 2016 y 39 T de 13 de mayo de 2016.

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La Administración Tributaria en su memorial de respuesta señala que el artículo 59 de la Ley 2492 fue modificado por la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, la cual estableció que la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible. El régimen de prescripción establecido en la Ley 2492 se encuentra plenamente vigente con las modificaciones realizadas por las Leyes 291 y 317, correspondiendo su aplicación, considerando que el acto administrativo impugnado fue emitido y notificado en vigencia de dichas disposiciones normativas.

Agrega que el contribuyente pretende que se disponga la prescripción de la facultad de cobro de la deuda tributaria emergente de las declaraciones juradas correspondientes al IVA e IT de las gestiones 2006 y 2007 desde el año siguiente de efectuada dicha declaración, sin considerar que el término para el ejercicio de la facultad de ejecución tributaria se computa desde la notificación con el Título de Ejecución Tributaria, conforme lo previsto en el artículo 4 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004; consecuentemente, dicho plazo comienza a partir del 24 de noviembre de 2017, fecha de notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 203300794716 que concluye el 24 de noviembre de 2021; siendo que a la fecha de oposición de la prescripción tampoco transcurrió el plazo de inactividad por parte de la Administración Tributaria; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 59 del Código Tributario, establece: I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y. fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años. 

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El artículo 60 de la Ley 2492, en su parágrafo II, dispone: En el supuesto 4 del parágrafo I del artículo anterior, el término se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

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El artículo 61 de la Ley 2492, en relación a las causales de interrupción de la prescripción, dispone: La prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

El artículo 62 de la Ley 2492, en relación a las causales de suspensión de la prescripción, indica: El curso de la prescripción se suspende con: 

se suspende con: . 1. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses. 1. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

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El artículo:94, parágrafo II de la Ley 2492, establece: II. La deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo o tercero responsables y comunicada a la Administración Tributaria. en la correspondiente declaración jurada, podrá ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni determinación administrativa previa, cuando la Administración Tributaria compruebe la inexistencia de pago o su pago parcial. 

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El artículo 108 del Código Tributario, en su parágrafo I, numeral 6, dispone: La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: 6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaria, cuando esta no ha sido pagada o ha sido pagada afao parcialmente, por el saldo deudor. 

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El artículo 109 de la disposición legal citada precedentemente en su parágrafo 11, IQNet establece: Contra la ejecución fiscal, sólo serán admisibles las siguientes causales de oposición: 

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  1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por este Código. 2. Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la 

inexistencia de la deuda. 

  1. Dación en pago, conforme se disponga reglamentariamente. Estas causales sólo serán válidas si se presentan antes de la conclusión de la fase de

ejecución tributaria.

El artículo 4 del DS 27874, dispone: La ejecutabilidad de los títulos listados en el Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley 2492, procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveido que de inicio a la ejecución tributaria, acto que, de conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable. 

El artículo 5 del DS 27310, señala: El sujeto pasivo o tercero responsable podrá 

solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como en sede judicial, inclusive en la etapa de ejecución tributaria

Previo a ingresar al análisis de los argumentos expuestos por Antonio Freddy Rojas Rivera representado legalmente por Juan Pedro Rojas Rivera, en su Recurso de Alzada, corresponde señalar que el artículo 109, parágrafo II, de la Ley 2492, establece claramente que contra la ejecución fiscal sólo son admisibles tres causales de oposición, entre ellas, cualquiera de las formas de extinción de la deuda tributaria prevista por el Código Tributario; en ese entendido, esta Instancia Recursiva en este punto de análisis se ceñirá en el examen de la prescripción invocada por la recurrente, considerando que se encuentra comprendida como causal de oposición a la ejecución tributaria, fase en la que precisamente se encuentra el presente caso.

Efectuadas las consideraciones normativas precedentes, corresponde señalar que la prescripción está instituida como un modo de liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la legislación tributaria nacional se constituye en un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere el derecho de la dispensa de la exigibilidad de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; en ese contexto, es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho

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  1. X

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

material debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo y/o vencimiento extingue su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias; bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo.

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Resulta también necesario resaltar que si bien el instituto de la prescripción se constituye en una situación de puro derecho consolidada por el transcurso del tiempo, no es menos cierto que la obligación tributaria determinada mantendrá su vigencia en el tiempo, independientemente de las modificaciones incorporadas al Código Tributario, es decir, este instituto no extingue la obligación tributaria, por ello es perfectamente posible que el sujeto pasivo realice pagos aún cuando el adeudo tributario está prescrito y estos se consoliden a favor del Estado, razón por la cual la posibilidad de extinción por prescripción se consolida respecto a la exigibilidad de la obligación tributaria; en ese entendido, la Ley 2492, en vigencia específicamente dispone cuáles son las facultades que son susceptibles de declararse prescritas que conforme la citada norma tributaria esta únicamente referida a las facultades de controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias de acuerdo al procedimiento legalmente establecido en los artículos 95 en adelante de la Ley 2492, empero, existe un término legal para ejercer esas facultades.

W

De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que la Gerencia Distrital La Paz | del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 203300794716 de 16 de diciembre de 2016, acto que afao comunicó a Rojas Rivera Antonio Freddy inicio de la ejecución tributaria derivada de calidad la falta de pago de sus obligaciones auto determinadas en las declaraciones juradas TIF Form. 400 correspondiente al Impuesto a las Transacciones de los periodos fiscales IQNet

febrero, marzo, noviembre 2006, marzo 2007 y Form. 500 UE del periodo fiscal SEME / marzo 2006, por la suma liquida y exigible de Bs3.650.-, bajo conminatoria de

AFNOR CERTIFICATION 

Well Dorado

KEDER 

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N7 SYSTES 

Cidad Region

Malmpugna Juan Carlos Germán Ruiz

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NB/ISO

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RECLARACHUNERNAMENGESTAS 

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INI

aplicarse las medidas coactivas correspondientes, conforme establece el artículo 110 de la Ley 2492, concordante con el artículo 4 del DS 27874, actuación que le fue – notificada de forma personal el 23 de noviembre de 2017, según se advierte a fojas

24 de antecedentes administrativos.

Como consecuencia de lo anterior, por memorial presentado a la Administración

Tributaria el 16 de diciembre de 2016, Antonio Freddy Rojas Rivera, solicitó la

prescripción de las facultades previstas en el artículo 59 parágrafo I numeral i de la Ley 2492, respecto al IT e UE de las gestiones 2006 y 2007, según se verifica a fojas 28 de antecedentes administrativos

Dicha solicitud fue respondida por la Gerencia Distrital La Paz | del Servicio de Impuestos Nacionales mediante el Auto Administrativo N° 391820000169 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/CC/AUTA/00142/2018) de 20 de diciembre de 2018, que resolvió rechazar la solicitud de prescripción planteada por Antonio Freddy Rojas Rivera, disponiendo proseguir con la ejecución tributaria anunciada mediante Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 203300794716 de 16 de diciembre de 2016, conforme a lo previsto en los artículos 59 y siguientes de la Ley 2492 modificado por las Leyes 291 y 317, actuación notificada de forma personal el 26 de febrero de 2019, conforme consta a fojas 36-42 de antecedentes administrativos.

Conforme lo relacionado se advierte que las declaraciones juradas Form. 400 correspondiente al Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales febrero, marzo, noviembre 2006, marzo 2007 y Form. 500 del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) del periodo fiscal marzo 2006, que Antonio Freddy Rojas Rivera efectuó la autodeterminación de sus obligaciones tributarias ante la Administración Tributaria conforme establecen los artículos 93, parágrafo I, numeral 1 y 94, parágrafo I de la Ley 2492

En ese entendido, es importante señalar que las auto determinaciones involucran el reconocimiento por parte del sujeto pasivo de sus obligaciones tributarias, declaraciones juradas que conforme dispone el artículo 78 de la Ley 2492, son manifestaciones de hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria.

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AIT 

UNA

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las reglamentaciones que esta permite, se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben; se debe entender entonces por declaración jurada a la determinación de la obligación tributaria efectuada por los contribuyentes o responsables bajo juramento y que debe ser presentada en la forma y el tiempo establecido legalmente.

En este punto de análisis es pertinente señalar que la declaración jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaria, cuando ésta no fue pagada o fue pagada parcialmente se constituye en Título de Ejecución Tributaria conforme dispone el artículo 108 de la Ley 2492, fase que apertura el ejercicio de la facultad de ejecución tributaria del ente fiscal; sin embargo, la existencia de la declaración jurada como Título de Ejecución Tributaria (de acuerdo a la previsión del artículo 108 del Código Tributario); no es acto suficiente para el ejercicio de la facultad de ejecución de la obligación tributaria por parte de la Administración Tributaria, sino que para su materialización se requiere de la emisión del respectivo Proveido de Inicio de Ejecución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004, precepto legal que establece de manera expresa la ejecutabilidad de los Títulos de Ejecución Tributaria previstos en el parágrafo I, artículo 108 de la Ley 2492, señalando lo siguiente: La ejecutabilidad de los títulos listados en el Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley N° 2492, procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveido que dé inicio a la ejecución tributaria”, lo que determina el efecto compulsivo y coercitivo al administrado al pago de la deuda tributaria al tercer día de la notificación con la mencionada actuación.

Lo anterior, pone de manifiesto que el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria se constituye en la actuación administrativa que complementa al Título de Ejecución Tributaria, acto que contiene esencialmente la conminatoria para el pago de laafaq obligación determinada por el sujeto pasivo pendiente de pago, es decir, es la calidad comunicación compulsiva por parte del ente fiscal para obligar el pago de la obligación ARTIFA tributaria determinada, lo que supone legalmente y conforme al artículo 4 del DS IQNet 27874, el inicio de la fase de ejecución tributaria.

ISO 900

Calidad 

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Juan Carlos SN llo Guzhián Ruiz)

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III 

En el contexto anterior, se tiene que una vez que la Administración Tributaria constató

la falta de pago por parte del ahora recurrente del IT de los periodos fiscales febrero, marzo, noviembre 2006, marzo 2007 e IUE Form. 500 del periodo fiscal marzo 2006, convertidas en Títulos de Ejecución Tributaria para la materialización de la facultad de ejecución, el Ente Fiscal emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 203300794716 de 16 de diciembre de 2016, de conformidad al artículo 4 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004; señalando lo siguiente; “Estando firme (s) y ejecutoriada (s) las Declaración (es) Jurada (s) Form. Detalladas en el cuadro que antecede y conforme a lo establecido en el artículo 108° de la Ley Nro. 2492 Código Tributario, concordante con el artículo 4o del Decreto Supremo Nro. 27874, se anuncia al contribuyente Rojas Rivera Antonio Freddy con NIT 375704010, que se dará inicio de la ejecución tributaria del mencionado título, al tercer día de su legal notificación con el señalado PIET, a partir del cual se realizaran las medidas coactivas correspondientes conforme establece el artículo 110° de la Ley Nro. 2492, concordante con el artículo 4° del Decreto Supremo Nro. 27874 hasta el pago total de la deuda tributaria...“, acto notificado al citado contribuyente de forma personal el 23 de noviembre de 2017, conforme se evidencia a fojas 24 de antecedentes administrativos, iniciando de esta manera la fase de ejecución de la deuda tributaria, plazo que conforme establece el artículo 60 del Código Tributario comenzó a correr a partir del día siguiente de la notificación con el mencionado PIET, tal como se demuestra en el siguiente cuadro:

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FISCAL DEL PIET L A L

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PRESCRIPCION

a 2/2006 23/11/2017 24/11/2017 3/2006 23/11/2017 24/11/2017 11/2006 23/11/2017 24/11/2017

3/2007 23/11/2017 24/11/2017 | 3/2006 23/11/2017 24/11/2017

L E FINALIZACION TÉRMINO DE LA | DEL TÉRMINO PRESCRIPCIÓN DE LA

PRESCRIPCIÓN 4 AÑOS 24/11/2021 4 AÑOS 24/11/2021 4 AÑOS 24/11/2021 4 AÑOS 1 24/11/2021 4 AÑOS 24/11/2021

IT

IT TUE

1028244 3305556 104164

De acuerdo al cuadro precedente, el inicio del cómputo de la prescripción para la ejecución de la deuda tributaria auto determinada por el ahora recurrente mediante la presentación de sus declaraciones juradas del Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales febrero, marzo, noviembre 2006, marzo 2007 y del Impuesto

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AUTORIDAD. DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) del periodo fiscal marzo 2006, se inició a partir del día siguiente de la notificación con el citado PIET; circunstancia, que para el

caso bajo análisis ocurrió el 24 de noviembre de 2017, teniendo el Ente Fiscal el plazo de 4 años para efectuar el cobro total de la. deuda tributaria, término que fenecerá recién el 24 de noviembre de 202 conformidad a lo dispuesto en el artículo 4 del

DS 27874 de 26 de noviembre de 2004; consecuentemente, bajo las circunstancias

legales descritas precedentemente, la facultad de ejecución tributaria de la deuda auto determinada por el contribuyente, se encuentra incólume.

Con referencia a la cita de la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3 de 26 de octubre de 2016 que da cuenta el recurrente, corresponde señalar que dicho precedente constitucional concluyó que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2052/2015, no se pronunció de manera fundada sobre el conflicto de aplicación de la Ley en el tiempo, hecho que configuró una lesión al debido proceso en su elemento fundamentación y congruencia; sin embargo, corresponde resaltar que en el presente caso no se aplicaron las Leyes 291 y 317 sino como se evidencia del análisis precedente, la norma aplicada fue la Ley 2492, sin modificaciones, razón por la cual no corresponde emitir mayor criterio al respecto. ::

Respecto a la cita de las Sentencias Nos. 432/2013 de 25 de julio de 2013, 47 de 16 de junio de 2016 y. 39 de 13 de mayo de 2016 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia que invoca el recurrente, corresponde señalar que las decisiones adoptadas por el referido Tribunal, obedecen a un ámbito jurisdiccional ordinario, lo que implica que las determinaciones asumidas rigen para las partes en conflicto que decidieron

someter su asunto al ámbito judicial, debiendo estas sujetarse a las determinaciones

asumidas en los respectivos fallos judiciales; lo propio ocurre en el ámbito

administrativo, toda vez que obedeciendo a la libre determinación de las personas de 2 acudir al ámbito del derecho administrativo disciplinario, las decisiones asumidas en afão

este ámbito, constriñen al cumplimiento de las partes en conflicto, respecto a las calidade 

decisiones asumidas en la esfera administrativa; en ese sentido, al resolverse algún DER

asunto en el ámbito administrativo, dicha resolución no solamente que obliga al

cumplimiento de las partes en conflicto, sino que no puede abarcar a otra jurisdicción

ay y competencia, lo resuelto en al ámbito enteramente administrativo; en consecuencia Gudmán Pub Ve yogo

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NB/ISO

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no es permisible la aplicación de ciertos precedentes del ámbito judicial al ámbito administrativo, como erróneamente pretende el ente fiscal y el recurrente a través de la cita de las referidas Sentencias y Autos Supremos, emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia, por las razones anotadas precedentemente, correspondiendo en consecuencia, desechar el argumento sobre este punto.

Con relación a la cita de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0384/2015 de 17 de marzo de 2015 que efectúa la Administración Tributaria, corresponde señalar

que el razonamiento plasmado en dicho precedente administrativo, señala que el inicio de

la ejecución de la deuda tributaria por declaraciones juradas y deudas determinadas por la Administración Tributaria comienza a partir de la notificación de los Proveidos de Inicio de Ejecución Tributaria, aspecto que no es contrario al análisis realizado precedentemente al establecer esta instancia de Alzada que de acuerdo a lo previsto en el artículo 4 del DS

27874, efectivamente el cómputo de la prescripción del tributo omitido en fase de ejecución tributaria es a partir de la notificación del PIET.

Finalmente respecto a la cita de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1027/2018 que efectúa la Administración Tributaria, corresponde señalar que el razonamiento plasmado en dicho fallo se circunscribe al análisis de la prescripción respecto a las facultades del Ente Fiscal para ejecutar la deuda tributaria que comienza a partir del día siguiente de la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, criterio que conforme lo expuesto “Put supra” fue plasmado en el análisis del presente caso. Asimismo se debe tomar en cuenta que la emisión de una Resolución de Alzada no constituye un fallo que ponga fin a la instancia administrativa, toda vez que puede ser objeto de modificación ulterior, razón por la que no corresponde su aplicación al caso bajo análisis.

El análisis realizado permite concluir que la facultad de ejecución tributaria de la Administración Tributaria respecto al cobro de las obligaciones auto determinadas por el contribuyente en las declaraciones juradas correspondientes al IT de los periodos fiscales febrero, marzo, noviembre 2006, marzo 2007 y del IUE Form. 500 del periodo fiscal marzo 2006, se encuentran incólumes, considerando que la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 203300794716, se efectuó el 23 de noviembre de 2017, iniciando el cómputo de la prescripción a partir del día siguiente,

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

es decir desde el 24 de noviembre de 2017, el cual concluirá el 24 de noviembre de 2021, dentro del plazo de 4 años conforme el artículo 59 numeral 4) de la Ley 2492, además tomando en cuenta lo previsto por el artículo 4 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004; en consecuencia, corresponde confirmar el Auto Administrativo No 391820000169 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/CCIAUTA/00142/2018) de 20 de diciembre de 2018, emitido por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales.

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492; Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS 29894;

.

..

,

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR el Auto Administrativo N° 391820000169 (SIN/GDLPZ- & I/DJCC/CCIAUTA/00142/2018) de 20 de diciembre de 2018, emitido por la Gerencia. Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales contra Antonio Freddy Rojas Rivera; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la facultad de ejecución tributaria del Ente Fiscal respecto a las obligaciones tributarias auto determinadas en las declaraciones juradas del IT de los periodos fiscales febrero; marzo, noviembre 2006, marzo 2007 y del IUE del periodo fiscal marzo 2006.

.

:

SEGUNDO: La Resolución del presente. Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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Calidad 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad ata

ISO 9001 Poredo General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código

DER BY Tributario y sea con nota de atención.

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Juan Carlos

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III IL 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación.

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Concom

Regístrese, hágase saber y cúmplase./

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Via eetlia Velez Dorado Directora Ejecutiva Regional

Direccion Ejecutiva Regional Autoridad Regional de impugnación 

  • Tributaria – La Paz 

Anasana N Mendoza So

RCVD/jcgr/avv/rms/rir/mchf

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Gezmith Ruiz

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