ARIT-LPZ-RA-0660-2019 Se anula obrados hasta la notificación con orden de fiscalización. La contribuyente señala que la Orden de Fiscalización y Vista de Cargo, fueron notificadas mediante cédula en domicilio diferente al inscrito en el padrón del SIN, además de presentar datos incorrectos en la cabecera de ambas actuaciones, que no coinciden con los registrados en el SIN; luego, la Resolución Determinativa fue notificada por edicto y, finalmente el PIET fue notificado de manera personal, lo que vulneraría el derecho a la defensa y debido proceso.

ARIT-LPZ-RA-0660-2019

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AUTORIDAD. DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZIRA 0660/2019 

Recurrente: 

Susy Patricia Tarqui Vda. de Choque 

Administración Recurrida: 

Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Iván Arancibia Zegarra

Acto Impugnado: 

Auto Administrativo N° 391820000157 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/CC/AUTA/00131/2018)

Expediente: 

ARIT-LPZ-0210/2019 

Lugar y Fecha:

La Paz, 3 de junio de 2019 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ No 0660/2019 de 30 de mayo de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. i

  1. I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO El Auto Administrativo N° 391820000157 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/CC/AUTA/00131/2018) de 30 de noviembre de 2018, emitido por la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió rechazar la solicitud de nulidad de notificación de la Orden de Fiscalización 00140FE00080, Vista de Cargo N° 715/2016 y Resolución Determinativa N° 47/2017 planteada por Susy Patricia Tarqui Colque mediante notas con MUIT afaq 5050/2017 y 5673/2017 presentadas en fechas 26 de mayo y 13 de junio de 2017.

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  1. I TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 11.1. Argumentos de la Recurrente Şusy Patricia Tarqui Vda. de Choque, mediante memorial presentado el 27 de febrero de 2019, cursante a fojas 9-19 de obrados, presentó Recurso de Alzada expresando lo siguiente:

Juan Carlos e Guzman Ruiz lavobo

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Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (591-2) 2412613 2411973 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia

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Se registró en el Padrón Nacional de Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, el 13 de agosto de 2014, con domicilio fiscal en la Av. Sorata N° 100, Localidad de Guanay entre la avenida Sorata y calle Rurrenabaque, Provincia Larecaja de la ciudad de La Paz, en cuyo momento de registro presentó su cédula de identidad en la cual figura como: Susy Patricia Tarqui Vda. de Choque y se le asignó el NIT 2685676013, es decir, su número de cédula de identidad más la extensión 013.

Mediante la Orden de Fiscalización N° 00140FE00080 de 25 de mayo de 2015, se dio inicio al proceso de determinación del IVA e IT de los periodos fiscales enero a diciembre

strativo que fue notificado mediante cédula el 19 de octubre de 2015 en la calle Emilio Calderón N° 576 zona Gran Poder de la ciudad de La Paz, que según lo señalado por el SIN sería su domicilio fiscal; dicho acto administrativo indica erradamente que su persona no está inscrito en el Padrón, figura con su nombre de soltera y que su cédula de identidad no está inscrita; datos que son falsos, toda vez que su registro data del 13 de agosto de 2014 y a momento de su registro presentó como documento de identificación su cédula de identidad en la que figura como Susy Patricia Tarqui Vda. de Choque.

La dirección que se señala en la mencionada Orden de Fiscalización corresponde al registro de su anterior cédula de identidad, dato que no corresponde al domicilio fiscal señalado en el Padrón de Contribuyentes del SIN. Por otro lado, conforme consta en los antecedentes del proceso, cursa la consulta de contribuyentes de 5 de junio de 2015, que evidencia que la búsqueda realizada de su persona como contribuyente, se limitó al número de su cédula de identidad, indicando erradamente que Susy Patricia Tarqui Colque no se encuentra registrada en la Administración Tributaria.

Posteriormente, el 19 de octubre de 2015, el SIN notificó el Requerimiento N° 00126354 de 19 de junio de 2015, en el domicilio de la Zona Gran Poder que no se encuentra registrado en el Padrón de Contribuyentes del SIN, documento en el cual en la casilla de “datos del contribuyente –NIT” colocó su número de cédula de identidad en lugar de su NIT, asimismo, en la casilla de “nombre o razón social” colocó su nombre de soltera, en lugar del que se encuentra registrado en el Padrón que es el de casada.

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PIL ANDINA S.A., a requerimiento del SIN, presentó el Contrato de Compra – Venta, distribución de productos lácteos y derivados suscrito el 8 de agosto de 2011, en el que figura la dirección de sus padres, calle Emilio Calderón N° 576 de la zona Gran Poder de la ciudad de La Paz, asimismo, adjunto a dicho contrato se encuentra los extractos bancarios y el mapa donde realiza la actividad económica, que es en el Municipio de Guanay, Provincia Larecaja de la ciudad de La Paz. .

La Vista de Cargo N° 715/2016 de 19 de octubre de 2016, fue notificada mediante cédula en un domicilio diferente al señalado en el Padrón Nacional de Contribuyentes del SIN, además dicha actuación administrativa consigna datos incorrectos de cabecera toda vez que no coinciden con los registrados en el SIN. Posteriormente, la Resolución Determinativa N° 171720000105 R-0016 de 10 de febrero de 2007, extrañamente y de manera contraria a los actos administrativos mencionados anteriormente, fue notificada por edicto a través de las publicaciones realizadas en el periódico “Cambio” en fechas 16 y 20 de febrero de 2017, para cuyo, cometido se emitió la Representación Jurada con Cite: SIN/GDLP:Z-I/DJCC/REP/0041/2017 de 14 de febrero de 2017, en la que se hace mención a la Certificación de Datos emitida por el SEGIP que señala como domicilio en el Municipio de Guanay, Provincia Larecaja de la ciudad de La Paz; sin embargo, tal cual señala dicha Representación, se evidencia que el notificador del SIN fue a realizar su trabajo equivocadamente al Municipio de Sorata, Provincia Larecaja de la ciudad de La Paz y no así al Municipio de Guanay; este aspecto es repetido en el Acta de Verificación de Residencia habitual o vivienda permanente.

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Finalmente, el SIN emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 331720001230 de 22 de mayo de 2017, que de manera sorprendente y diferente a las notificaciones realizadas de los actos administrativos anteriores, fue notificado en forma personal en el domicilio señalado en el Padrón de Contribuyentes: Av. Sorata N° 100 Localidad de Guanay entre la avenida Sorata y la calle Rurrenabaque, Provincia Larecaja de la ciudad afan de La Paz.

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Por lo expuesto, se evidencia que los actos administrativos emitidos por el SIN contienen información que no coincide con los registrados el 13 de agosto de 2014 en el Padrón Nacional de Contribuyentes; asimismo, se advierte que las notificaciones son incorrectas e ilegales, toda vez que no se enmarcan en la normativa tributaria dispuesta para el efecto,

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Joan Carlos A Guzmán Ruiz)

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concluyendo que el proceso de determinación del IVA e IT de los períodos fiscales enero a diciembre 2011, se encuentra viciado de nulidad y debe ser subsanado por la Administración Tributaria.

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Como respuesta a sus solicitudes de nulidad de los actos administrativos y sus notificaciones, presentadas el 26 de mayo y 13 de junio de 2017, la Administración Tributaria mediante Proveído N° 241720000394 de 15 de septiembre de 2017, señaló que la nulidad de los actos administrativos deben ser solicitados a través de los recursos previstos por ley; razón por la que interpuso Recurso de Alzada contra el mencionado Proveído ante la Autoridad de Impugnación Tributaria La Paz, entidad que confirmó dicho acto administrativo rechazando la nulidad planteada, por tal motivo, interpuso Recurso Jerárquico, cuyo resultado fue la anulación de obrados hasta el citado Proveído a objeto de que el SIN se pronuncie fundadamente sobre la solicitud de nulidad de notificación de las actuaciones administrativas.

En atención a la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1163/2018 de 15 de mayo de 2018, la Gerencia Distrital La Paz I del SIN, emitió el Auto Administrativo N° 391820000157, notificado en forma personal el 7 de febrero de 2019, el cual se limitó a respaldar los actos realizados en hechos que no coinciden con la realidad, vulnerando de esta manera el principio de verdad material, toda vez que como lo señaló anteriormente, el SIN utilizó datos incorrectos que no concuerdan con los registrados en el Padrón Nacional de Contribuyentes, justificando que las notificaciones fueron realizadas en base a la información extractada del SEGIP.

En el contexto del artículo 37 del Código Tributario, al momento de su registro en el Padrón de Contribuyentes, señaló como domicilio el lugar donde realiza su actividad económica de venta al por menor de alimentos, bebidas y tabacos en almacenes especializados, de productos PIL. En el presente caso, al ser contribuyente del Régimen General y estar registrada como empresa unipersonal, tiene domicilio conocido, el cual se encuentra debidamente registrado en el Padrón del SIN, lo que significa que se debió realizar las notificaciones de los diferentes actos administrativos emergentes del proceso de determinación de acuerdo al numeral 4 del artículo 39 del Código Tributario; asimismo, se debió completar y emitir tales actos, con los datos registrados en el Padrón y no asi con información incorrecta y que no coinciden con la verdad material de los hechos.

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El domicilio fiscal, tal como lo indica la norma, es el lugar donde se desarrolla la actividad principal o el lugar donde se encuentra la administración efectiva o donde ocurra el hecho generador, es decir en la avenida Sorata N° 100 del Municipio de Guanay, Provincia Larecaja de la ciudad de La Paz, en ese contexto, queda claro que las notificaciones debieron ser realizadas en el dicho domicilio. De igual manera, todos los actos administrativos derivados del proceso de determinación debieron ser emitidos con los datos registrados en el SIN, y no basarse en “supuestas averiguaciones” e información del SEGIP, cuando en realidad se pudo obtener los datos del Padrón, los cuales prevalecen sobre cualquier otro tipo de información que se extraiga de otros sistemas.

Conforme se advierte, los hechos no se enmarcaron a lo indicado por norma respecto a “domicilio inexistente que es el estado que asigna el SIN cuando el domicilio fiscal declarado se comprueba como inexistente”, toda vez que la Administración Tributaria no se apersonó ni comprobó la inexistencia de su domicilio, más bien al parecer confundió la dirección señalada y realizó una inspección en un lugar diferente al establecido en el Padrón. En el presente caso, existió negligencia por parte de la Administración Tribuiría, pues al parecer no revisaron debidamente el Padrón Nacional, en el que se encuentra registrada desde el 13 de agosto de 2014 anterior al inicio del proceso de determinación que fue el 25 de mayo de 2015, lo que llevó a que se notifique los diferentes actos… administrativos de distintas maneras, justificando tal aspecto en hechos que no se ajustan a la realidad.

La nulidad planteada es procedente toda vez que viola el derecho al debido proceso y derecho a la defensa, toda vez que la Administración Tributaria realizó sus actuaciones en base a datos falsos y erróneos que no coinciden con el registro en el Padrón de Contribuyentes, de lo que se advierte que el procedimiento de determinación se llevó de manera arbitraria y fuera del marco legal establecido.

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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente el Auto Administrativo N° 391820000157 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/CC/AUTA/00131/2018) de 30 de noviembre de 2018.

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11.2 Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Susy Patricia Tarqui Vda. de Choque, fue admitido mediante Auto de 8 de marzo de 2019, actuación notificada de forma personal a la recurrente y por cédula a la Administración Tributaria el 15 de marzo de 2019, fojas 20-25 de obrados.

  1. 3 Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por lván Arancibia Zegarra conforme se acredita de la Resolución Administrativa de Presidencia No 031700001413 de 29 de septiembre de 2017, por memorial presentado el 1 de abril de 2019, cursante a fojas 28-33 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

La recurrente tuvo conocimiento del procedimiento realizado en su contra, pudiendo asumir defensa, por lo que no corresponde nulidad alguna toda vez que las notificaciones se realizaron a uno de sus familiares, así como en su domicilio declarado cumpliendo su finalidad, siendo ello el fin primigenio de la notificación.

Llama la atención que la ahora recurrente señale incorrecta notificación con la Orden de Fiscalización alegando que registró su domicilio a momento de su inscripción al Padrón de Contribuyentes, debiendo quedar en claro que el proceso de fiscalización fue generado a nombre de Susy Patricia Tarqui Colque con C.I. 2685676 L.P., toda vez que por la información obtenida de los proveedores de productos a la contribuyente, todas las notas fiscales fueron emitidas a su número de cédula de identidad y no así a número de identificación tributaria alguna; razón por la que las notificaciones fueron practicadas. correctamente conforme las previsiones del artículo 85 de la Ley 2492.

La contribuyente realizó la venta de productos adquiridos de la Empresa Pil Andina S.A. en calidad de mayorista durante toda la gestión 2011, tal como se evidencia del contrato suscrito el 8 de agosto de 2011, y recién realizó su inscripción ante el SIN en la gestión 2014, lo que demuestra la mala intencionalidad de la recurrente, siendo su única finalidad

el incumplimiento de sus obligaciones tributarias; asimismo, su registro fue realizado con los datos de Susy Patricia Tarqui Vda. de Choque, lo cual no figuraba en su cédula de identidad en el momento de dicho registro, tal como se evidencia en el Servicio

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

de Registro de Identificación Personal de aquella fecha cursante a fojas 23, en el que el domicilio de la ciudadana Tarqui Colque Susy Patricia figura en la calle Emilio Calderón No 576 zona Gran Poder en contradicción con los datos registrados en el Padrón de

Contribuyentes.

Se cuestiona la finalidad de la contribuyente de suscribir un contrato con la empresa Pil Andina S.A. consignando los mismos datos (nombre y dirección) de la cédula de identidad e inscribirse al Régimen General añadiendo a su nombre su estado civil y retirando su segundo apellido, además de consignar una dirección distinta a la fijada en su cédula de identidad, lo que denota la mala fe de la contribuyente, que imposibilitó a la Administración Tributaria el detectar que la misma contaba con un NIT vigente, motivo por el que se practicó la notificación por cédula en el lugar que fue registrado por la contribuyente Susy Patricia Tarqui Colque en el contrato suscrito con la Empresa Pil Andina.

Por lo expuesto, las notificaciones practicadas por la Administración Tributaria cumplieron su finalidad, es decir que se garantizó: el efectivo conocimiento por parte de la ahora recurrente de las actuaciones tributarias, es decir que conoció la Orden de Fiscalización Externa No 001.40FE00080 y la Vista de Cargo N° 715/2016, que fueron notificados en el domicilio señalado por la misma contribuyente en su cédula de identidad.

La notificación de la Resolución Determinativa N° 171720000105 fue realizada mediante..:.. edictos en razón a que funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales se apersonaron al domicilio ubicado en la calle Emilio Calderón N° 576 zona Gran Poder de la ciudad de La Paz, domicilio del hecho generador, donde la contribuyente no pudo ser habida, por lo que procedieron a buscarla en su domicilio particular señalado por ella como Av. Sorata S/N-Sorata – Prov. Larecaja, lugar donde tampoco pudo ser habida, razón por la que se practicó la notificación conforme al artículo 86 del Código Tributario.

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ataq Se debe dejar en claro que habiendo solicitado documentación a la contribuyente mediante Orden de Fiscalización N° 00140FE00080, no presentó documento alguno, pretendiendo ocultar su falta de inscripción al Padrón de contribuyentes y el incumplimiento de sus QNet obligaciones, de lo que se infiere que la omisión de la ahora recurrente no pude ser tomado

como vulneración al Derecho a la Defensa, toda vez que la misma tuvo conocimiento de Cuando los Atodo el proceso de fiscalización.

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Al no haber sido impugnada la Resolución Determinativa N° 171720000105, adquirió la calidad de título de ejecución tributaria, razón por la que se procedió a la emisión y notificación del Proveído de inicio de Ejecución Tributaria PIET N° 331720001230 notificada personalmente el 6 de junio de 2017; en consecuencia, no existió ni existe el más mínimo indicio de vulneración al debido proceso y derecho a la defensa, toda vez que se actuó conforme a procedimientos y plazos establecidos en norma tributaria vigente.

Conforme los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Auto Administrativo No 391820000157 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/CC/AUTA/00131/2018) de 30 de noviembre de 2018

11.4 Apertura de término probatorio y producción de pruebas Mediante Auto de 2 de abril de 2019, se aperturó el término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo: 218 del Código Tributario, actuación notificada a la recurrente y a la Administración Tributaria recurrida por Secretaría el 3 de abril de 2019, periodo dentro del cual la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales mediante memorial presentado el 11 de abril de 2019, ofreció y ratificó como prueba pre constituida los antecedentes administrativos del caso, remitidos a momento de responder el Recurso de Alzada, al respecto, se emitió el Proveído de 12 de abril de 2019, que dio por ratificada la prueba documental señalada; fojas 34-37 de obrados.

Por memorial presentado el 22 de abril de 2019, la recurrente ratificó en calidad de prueba la documentación presentada a momento de interponer su Recurso de Alzada, y ofreció como prueba original de su NIT 2685676013, Certificado de Inscripción al Régimen General, Certificación del SEGIP, Certificación de existencia de partida emitido por el Organo. Electoral Plurinacional, facturas de electricidad, Certificación de residencia emitido por el Directorio de la zona de Duran Playa de la población de Guanay de la Provincia Larecaja y Certificado de la Junta de Vecinos de la zona Tres de la población de Guanay; al efecto por Proveido de 24 de abril de 2019, se dio por ofrecida y ratificada la prueba señalada, en tanto cumpla con los artículos 81 y 217 del Código Tributario; fojas 39-51 de obrados.

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11.5 Alegatos Mediante memorial presentado el 13 de mayo de 2019, Susy Patricia Tarqui Vda. de Choque, formuló alegatos en conclusiones reiterando los argumentos expuestos en su Recurso de Alzada y señalando que el objeto de su Recurso no es el proceso de determinación como tal, sino el procedimiento de notificación de los distintos actos administrativos; al efecto, por Proveído de 14 de mayo de 2019, se dio por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria; fojas 53-59 de obrados. .

II.6. Pruebas de reciente obtención Susy Patricia Tarqui Vda. de Choque, mediante memorial presentado el 13 de mayo de 2019, solicitó día y hora para toma de juramento de prueba de reciente obtención; al efecto, por Proveído de 14 de mayo de 2019, se señaló Audiencia a este efecto para el día lunes 20 de mayo del presente año, actuación notificada a la recurrente y a la Administración Tributaria recurrida por Secretaría el 15 de mayo de 2019. La Audiencia señalada se llevó a cabo en el día y hora señalados conforme Acta de Juramento de Prueba de Reciente Obtención; fojas 60-67 de obrados. .

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales el 19 de octubre de 2015, notifico mediante cédula a Susy Patricia Tarqui Choque, con el formulario 7504 Orden de Fiscalización N° 00140FE00080 de 25 de mayo de 2015; modalidad Fiscalización Parcial, a objeto de revisar los hechos y/o elementos correspondientes al IVA e IT, de los periodos fiscales enero a diciembre 2011; fojas 8-12 de antecedentes administrativos.

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Posteriormente, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 715/2016 (CITE: SIN/GDLPZ-1/DF/FVE-INC/715/2016) de 19 de octubre de 2016, acto preliminar que estableció contra Susy Patricia Tarqui Colque una obligación tributaria afao sobre base presunta de 1.066.224 UFV’s por ingresos no declarados en el IVA e IT que comprende el tributo omitido, intereses, sanción preliminar por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales de los periodos fiscales enero a IQNei diciembre de 2011, acto administrativo notificado por cédula a Susy Patricia Tarqui Colque el 22 de noviembre de 2016, fojas 13-60 de antecedentes administrativos.

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Como resultado del procedimiento de fiscalización, el ente fiscal emitió la Resolución Determinativa N° 171720000105 (CITE: SIN/GDLPZ I/DJCC/UTJ/RD/0047/2017 de 10 de febrero de 2017, que resolvió determinar de oficio sobre base presunta las obligaciones impositivas de Susy Patricia Tarqui Colque en la suma de 601.410 UFV’s equivalentes a Bs1.312.349.- correspondientes al IVA e IT de los periodos fiscales enero a diciembre de 2011; asimismo, estableció la sanción con una multa igual al 100% sobre el tributo omitido actualizado a la fecha, cuyo importe asciende a 473.068 UFV’s; acto notificado por edicto mediante publicaciones efectuadas el 16 y 20 de febrero de 2017, fojas 61-118 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 331720001230 (CITE: SIN/GDLPZ-1/DJCC/CC/PIET/01220/2017) de 22 de mayo de 2017, señalando que estando firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLPZ I/DJCC/UTJ/RD/0047/2017 de 10 de febrero de 2017, por la suma líquida y exigible de 1.075.978 UFV’s conforme a lo establecido en el Numeral 1 del artículo 108 de la Ley 2492, concordante con el artículo 4 del DS 27874, anuncia a la contribuyente que se dará inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día de su legal notificación, a partir del cual se aplicarán en su contra las medidas coactivas correspondientes hasta el pago total de la deuda tributaria, acto notificado de forma personal el 19 de octubre de 2017, fojas 131-132 de antecedentes administrativos.

Por notas presentadas el 26 de mayo y 13 de junio de 2017, Susy Patricia Tarqui Vda. de Choque solicitó la nulidad de las notificaciones practicadas con la Orden de Fiscalización, Vista de Cargo y Resolución Determinativa, bajo el argumento de que las mismas fueron realizadas en un domicilio distinto al registrado en la Administración Tributaria, aspecto que provocó la vulneración de su derecho a la defensa, fojas 2-4 de antecedentes administrativos.

El Proveído N° 241720000394 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/CC/PROV/00297/2017) de 15 de septiembre de 2017, emitido por la Gerencia Distrital La Paz | del Servicio de Impuestos Nacionales señaló que de conformidad a los artículos 35 parágrafo Il y 36 parágrafo IV de la Ley 2341, disponen que la anulación de los actos administrativos solicitada por la contribuyente, deberán ser demandados sólo por la vía administrativa

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y/o jurisdiccional mediante la interposición de los recursos establecidos en las normas legales, toda vez que la Administración Tributaria no puede anular sus propios actos

administrativos; actuado administrativo notificado de forma personal el 13 de octubre de 2017, fojas 5-6 de antecedentes administrativos.

Ante la impugnación efectuada por el sujeto pasivo contra el Proveído No 241720000394 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/CC/PROV/00297/2017) de 15 de septiembre de 2017, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ-IRA 0194/2018 de 19 de febrero de 2018 que resolvió confirmar el mencionado Proveído, manteniendo firme y subsistente el rechazo a la nulidad planteada por Susy Patricia Tarqui Vda. de Choque; fojas 134-141 de antecedentes administrativos.

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La mencionada Resolución de Alzada fue objeto de Recurso Jerárquico ante la Autoridad General de Impugnación Tributaria, entidad que emitió la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1163/2018 de 15 de mayo de 2018 que resolvió anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ-IRA 0194/2018 de 19 de febrero de 2018 emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Proveído N°241720000394 (SINGDLPZ I/DJCC/CC/PROV/00297/2017) de 15 de septiembre de 2017, debiendo la Administración Tributaria pronunciarse fundadamente sobre la solicitud de nulidad de notificación de las actuaciones administrativas; fojas 144-152 de antecedentes administrativos.

En cumplimiento a la Resolución Jerárquica mencionada precedentemente, la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales emitió el Auto Administrativo No 391820000157 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/CC/AUTA/00131/2018) de 30 de noviembre de 2018 que resolvió rechazar la solicitud de nulidad de notificación de la Orden de Fiscalización afao 00140FE00080, Vista de Cargo N° 715/2016 y Resolución Determinativa N° 47/2017 | planteada por Susy Patricia Tarqui Colque mediante notas con MUIT 5050/2017 y 5673/2017 presentadas en fechas 26 de mayo y 13 de junio de 2017; acto administrativo TQNet notificado personalmente a la contribuyente el 7 de febrero de 2019, fojas 165-165 de antecedentes administrativos.

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  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-ill del referido Código Tributario, se tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Susy Patricia Tarqui Vda. de Choque en su Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación ante esta instancia recursiva.

IV.1 Nulidad de las notificaciones de los actos administrativos La recurrente manifiesta en su Recurso de Alzada y alegatos que la Orden de Fiscalización N° 00140FE00080 y la Vista de Cargo N° 715/2016, fueron notificados mediante cédula en un domicilio diferente al inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes del SIN, además dichas actuaciones administrativas consignan datos incorrectos de cabecera que no coinciden con los registrados en el SIN; de manera posterior la Resolución Determinativa N° 171720000105 R-0016 extrañamente y de manera contraria a los actos administrativos mencionados anteriormente, fue notificada por edicto a través de publicaciones realizadas en el periódico “Cambio” en fechas 16 y 20 de febrero de 2017. Finalmente, el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria 331720001230, de manera sorprendente y diferente a lo anterior, fue notificado en forma personal en el domicilio señalado en el Padrón de Contribuyentes.

El domicilio fiscal es el lugar donde se desarrolla la actividad principal o donde se encuentra la administración efectiva u ocurra el hecho generador, es decir, para el presente caso, en la Av. Sorata N° 100 Localidad de Guanay entre la avenida Sorata y la calle Rurrenabaque, Provincia Larecaja de la ciudad de La Paz, lugar donde debieron ser practicadas las notificaciones y conforme establece los artículos 83 y siguientes del Código Tributario, toda vez que en su calidad de contribuyente del Régimen General y al estar registrada como empresa unipersonal, tiene domicilio conocido debidamente registrado en el SIN, en

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AUTORIDAD. DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

consecuencia, es evidente que existió négligencia en la revisión del Padrón Nacional, en el que se encuentra registrada desde el 13 de agosto de 2014 anterior al inicio del proceso de determinación que fue el 25 de mayo de 2015, lo que llevó a que se notifique los actos administrativos de distintas maneras.

Agrega que las notificaciones realizadas son incorrectas e ilegales, al no enmarcarse en la normativa tributaria dispuesta al efecto; asimismo, los actos administrativos emitidos por el SIN dentro del presente caso, contienen información que no coincide con los registrados el 13 de agosto de 2014 en el Padrón Nacional de Contribuyentes, de lo que resulta que el proceso de determinación del IVA e IT de los períodos fiscales enero a diciembre 2011 así como las notificaciones practicadas, se encuentran viciadas de nulidad, lo que viola el derecho al debido proceso y a la defensa, nulidad que debe ser subsanada por la Administración Tributaria.

La Administración Tributaria en su respuesta al Recurso de Alzada señala que actuó dentro del margen del debido proceso y el derecho a la defensa de la ahora recurrente, toda vez que la Orden de Fiscalización y la Vista de Cargo fueron notificados por cédula conforme lo previsto en el artículo 85 de la Ley 2492 con la finalidad de que la misma asuma defensa en relación a los cargos formulados en su contra. Continuando con el procedimiento se emitió la Resolución Determinativa que fue notificada mediante edictos publicados el 16 y 20 de febrero de 2017, acto que al no haber sido impugnado adquirió la calidad de título de ejecución tributaria, emitiéndose al efecto el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° 331720001230 que fue notificado de forma personal el 6 de junio de 2017, dichos aspectos demuestran la inexistencia de vulneración al debido proceso y el derecho a la defensa, puesto que la ahora recurrente fue emplazada en todo momento para que asuma su defensa; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

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De manera inicial corresponde señalar que la recurrente en su Recurso de Alzada ataq manifiesta agravios referidos tanto al proceso de determinación como a las notificaciones

practicadas con los actos administrativos emergentes del mismo, sin embargo en alegatos, Vogo DER I

refiere que en ningún momento se impugnó el proceso de determinación como tal, sino la

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impugnación se enmarca únicamente al procedimiento de notificación de los distintos actos s cvelCarlos

A administrativos; en ese sentido, corresponde aclarar que esta instancia recursiva venduze únicamente analizará los agravios denunciados por la recurrente relacionados a la forma

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de notificación de los actos administrativos y no sobre otros aspectos que no se encuentren dilucidados en el acto administrativo impugnado, como el proceso de determinación en sí;

lo contrario significaría vulnerar los derechos de la Administración Tributaria, toda vez que

las solicitudes de la ahora recurrente efectuadas en fechas 26 de mayo y 13 de junio de 2017 ante dicha entidad, se enmarcaron únicamente a la nulidad de las notificaciones.

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone: 1. Toda persona seprotegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones

La Ley 2492 en su artículo 37, respecto al Domicilio en el Territorio Nacional; señala: Para efectos tributarios las personas naturales y jurídicas deben fijar su domicilio dentro del territorio nacional, preferentemente en el lugar de su actividad comercial o productiva

El artículo 38 de la citada ley refiere: Cuando las persona natural no tuviera domicilio señalado o teniéndolo señalado, éste fuera inexistente, a todos los efectos tributarios se presume que el domicilio en el país de las personas naturales

  1. 1. El lugar de su residencia habitual o su vivienda permanente. 2. El lugar donde desarrolle su actividad principal, en caso de no conocerse la 

residencia o existir dificultad para determinarla. 3. El lugar donde ocurra el hecho generador, en caso de no existir domicilio en 

los términos de los numerales precedentes. La notificación así practicada se considerará válida a todos los efectos legales

El artículo 68 del Código Tributario, señala que constituyen derechos del sujeto pasivo, entre otros, los siguientes: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personale o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código

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  1. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución

El artículo 70 de la Ley 2492, respecto a las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, menciona: Constituyen obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo: 3. Fijar domicilio y comunicar su cambio, caso contrario el domicilio fijado se considerará subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el mismo. 6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y demás disposiciones

El artículo 83 de la Ley 2492, menciona: 1. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según corresponda: .. 1. Por medios electrónicos; 2. Personalmente; .. 3. Por Cédula; 4. Por Edicto; 5. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 6. Tácitamente; 7. Masiva; 8. En Secretaría. II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. 

le las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

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VoBo El artículo 84 de la citada norma con relación a la notificación personal, refiere: I. Las 

Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida Bokep Tante por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89o de este Código; así como los les Auzmena fuitactos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación 

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de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente al Sujeto Pasivo, tercero responsable, o a su representante legal. II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su representante legal de la copia integra de la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y lugar legibles en que se hubiera practicado. III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos legales. 

El artículo 85 de la referida ley, sobre la notificación por cédula, manifiesta: 1. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente. II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad, formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito a los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la notificación por dula. III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con 

intervención de un testigo de actuación que también firmará la diligencia. 

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El artículo 86 del mismo cuerpo normativo, en relación a las notificaciones por edicto, establece que: Cuando no sea posible practicar la notificación personal o por cédula, por desconocerse el domicilio del interesado, o intentada la notificación en cualquiera de las formas previstas, en este Código ésta no hubiera podido ser realizada, se practicará la notificación por edictos publicados en dos (2) oportunidades con un intervalo de por lo menos tres (3) dias corridos entre la primera y segunda publicación, en un órgano de prensa de circulación nacional. En este caso, se considerará como 

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fecha de notificación la correspondiente a la publicación del último edicto. Las Administraciones Tributarias quedan facultadas para efectuar publicaciones mediante órganos de difusión oficial que tengan circulación nacional. 

Previo a ingresar al análisis de la problemática que nos ocupa, es necesario considerar que el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso debe ser parte de todas las actuaciones administrativas; por consiguiente, es obligación de los organismos y dependencias de la Administración Pública a su

cumplimiento; es en ese contexto, que dicho precepto constitucional establece de manera expresa que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se traduce que los actos y actuaciones en un proceso administrativo se deben ajustar no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales; esto implica garantizar el correcto ejercicio de la Administración Pública a través de la emisión de actos administrativos, los que no deben resultar contrarios a los principios del Estado de Derecho.

En ese contexto, toda autoridad administrativa tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantia de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes. De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y a controvertir las pruebas a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio.

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El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda persona afao tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez. Se define el derecho al debido proceso, como el conjunto de

garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la Juan Carlos A protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante Pervog su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.

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Con esa necesaria referencia al marco constitucional, es preciso establecer que las notificaciones no se constituyen en un mero formalismo, sino que cumplen una función material, cuál es la de hacer conocer a las partes las resoluciones emitidas en los procesos

  • judiciales o por las autoridades administrativas encargadas de tramitarlos; por ello, es

ineludible para estas cumplir con las formalidades establecidas para cada forma de notificación, ya que sólo su práctica demuestra que se cumplió con el deber de dar a conocer el acto jurisdiccional emitido a los interesados, materializando así el derecho de las partes a tomar conocimiento de dicho acto, para asumir las actuaciones que hagan a sus derechos e intereses.

En nuestra materia, el artículo 83 del Código Tributario, establece los medios de notificación, consistentes en las siguientes modalidades: 1. Por medios electrónicos; 2. Personalmente; 3. Por Cédula; 4. Por Edicto; 5. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de comunicación electrónicos, 

facsimiles o similares; 6. Tácitamente; 7. Masiva; 8. En Secretaría; al respecto, la ahora recurrente aduce la existencia de notificaciones defectuosas y consiguiente vulneración al

debido proceso en su elemento del derecho a la defensa, lo que se constituye en el objeto

principal a ser dilucidado en el presente caso.

Ingresando al análisis propiamente dicho de los medios de notificación, se establece que ante la imposibilidad de practicar una notificación personal conforme determina el artículo 84 del Código Tributario, es decir, la entrega realizada al interesado o su representante legal de la copia integra de la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, el legislador previó la modalidad de notificación por cédula, cuyas regulaciones se encuentran previstas en el artículo 85 del citado Código, actuación practicada en el caso que el interesado o su representante no fuera encontrado en su

domicilio, en cuyo caso, el servidor público de la Administración Tributaria debe dejar un aviso de visita a cualquier persona mayor de 18 años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a una hora determinada del día siguiente hábil.

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En caso de no ser habido en dicha ocasión, se procederá a elaborar la representación correspondiente estableciendo las circunstancias y hechos anotados, lo que dará lugar a la notificación por cédula, la cual deberá estar constituida por una copia del acto a notificar,

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firmada por la autoridad que lo expidiera y será entregada por el servidor público de la Administración Tributaria en el domicilio del que debiera ser notificado o cualquier persona mayor de 18 años o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que deberá suscribir la diligencia.

Ante la imposibilidad de practicar la notificación personal o por cédula, por desconocer el domicilio del interesado o intentada la notificación en cualquiera de las formas previstas en el Código Tributario, no hubiera sido posible practicar el acto de comunicación, se recurrirá a la notificación por edictos de conformidad al artículo 86 del citado Código, los cuales deben ser publicados en dos oportunidades con un intervalo de al menos tres días corridos entre la primera y la segunda publicación, en un medio de prensa de circulación nacional; asimismo, a efectos de establecer la fecha de notificación, se considerará, la que corresponde a la última publicación del edicto.

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Con relación al domicilio tributario, el artículo 37 de la Ley 2492, refiere que para efectos tributarios, las personas naturales y jurídicas deben fijar su domicilio dentro del territorio nacional, preferentemente en el lugar de su actividad comercial o productiva; asimismo, el artículo 70, numeral 3 de la mencionada Ley, establece como una de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, el fijar domicilio y comunicar su cambio, caso contrario, señala que el domicilio fijado se considerará subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el mismo..

En este punto de análisis, resulta pertinente realizar una previa contextualización de las principales actuaciones administrativas emergentes del presente caso; al efecto, se establece que mediante la Orden de Fiscalización N° 00140FE00080 de 25 de mayo de 2015, Formulario 7504, modalidad Fiscalización Parcial, la Administración

Tributaria dispuso la revisión de los hechos y/o elementos correspondientes al IVA e

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IT de los periodos fiscales enero a diciembre 2011 de la contribuyente Susy Patricia afao 

iso 9001 Tarqui Choque, actuación administrativa notificada a la citada contribuyente mediante Cerna Veles cédula el 19 de octubre de 2015; fojas 8-12 de antecedentes administrativos. Ve Vogo 

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Posteriormente, el ente fiscal emitió la Vista de Cargo N° 715/2016 (CITE: SIN/GDLPZ

1/DF/FVE-INC/715/2016) de 19 de octubre de 2016, que de forma preliminar Guzmén foi determinó obligaciones tributarias por ingresos no declarados en el IVA e IT de los Pe VBA Ks

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mencionados periodos fiscales, acto administrativo notificado por cédula a la contribuyente el 22 de noviembre de 2016, fojas 13-60 de antecedentes administrativos.

Resultado del procedimiento de fiscalización, el ente fiscal emitió la Resolución Determinativa N° 171720000105 (CITE: SIN/GDLPZ I/DJCC/UTJ/RD/0047/2017 de 10 de febrero de 2017, que resolvió determinar de oficio sobre base presunta las obligaciones impositivas de Susy Patricia Tarqui Colque en la suma de 601.410 UFV’s equivalentes a Bs1.312.349.- correspondientes al IVA e IT de los periodos fiscales enero a diciembre de 2011; asimismo, estableció la sanción con una multa igual al 100% sobre el tributo omitido actualizado a la fecha, cuyo importe asciende a 473.068 UFV‘s; acto administrativo notificado por edicto mediante publicaciones efectuadas el

16 y 20 de febrero de 2017, fojas 61-118 de antecedentes administrativos.

En atención a que la Resolución Determinativa N° 171720000105 (CITE: SIN/GDLPZ I/DJCC/UTJ/RD/0047/2017 de 10 de febrero de 2017, no fue objeto de impugnación en la vía judicial o administrativa por parte de la contribuyente, adquirió la calidad de Título de Ejecución Tributaria de acuerdo al artículo 108 parágrafo I numeral 1) del Código Tributario, en ese entendido, el ente fiscal emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 331720001230 (CITE: SIN/GDLPZ-I/DJCC/CC/PIET/01220/2017) de 22 de mayo de 2017, señalando que estando firme y ejecutoriada la mencionada Resolución Determinativa, por la suma líquida y exigible de 1.075.978 UFV’s, se anuncia a la contribuyente que se dará inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día de su legal notificación, a partir del cual se aplicarán en su contra las medidas coactivas correspondientes hasta el pago total de la deuda tributaria, acto notificado personalmente a la contribuyente el 19 de octubre de 2017, conforme consta a fojas 132 de antecedentes administrativos.

A objeto de dilucidar la problemática planteada, resulta necesario señalar que la Vista de Cargo por su naturaleza de establecer cargos, está sujeta a la presentación de descargos por parte del contribuyente o tercero responsable conforme dispone el artículo 98 del Código Tributario, lo que supone que se constituye en un acto preparatorio que según el artículo 96 del citado Código, debe contener los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamentarán la emisión de la Resolución Determinativa; esto implica, :.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

que al ser una posición preliminar del ente fiscal que además de establecer una pretensión sobre obligaciones tributarias, determina un periodo probatorio de 30 días que necesariamente deben ser de conocimiento del administrado y obviamente debe ser debidamente notificado al contribuyente o tercero responsable para que asuman su defensa irrestricta invocando todos los medios de prueba admitidos en derecho conforme establece el artículo 98 del Código Tributario.

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En el presente caso, se advierte que la Administración Tributaria, una vez emitida la Orden de Fiscalización N° 00140FE00080 de 25 de mayo de 2015 para Susy Patricia Tarqui Choque, el funcionario actuante del SIN se apersonó a la calle Emilio Calderón N° 576 de la Zona Gran Poder de la ciudad de La Paz a objeto de notificar a la mencionada contribuyente y al no ser habida por dos veces consecutivas, el 19 de octubre de 2015 practicó la notificación por cédula con la citada Orden de Fiscalización; situación: idéntica ocurrió con la vista de Cargo N° 715/2016: (CITE: SIN/GDLPZ-1/DF/FVE INC/715/2016) de 19 de octubre de 2016, que al igual que la precitada Orden de Fiscalización fue notificada mediante cédula el 22 de noviembre de 2016 en la misma dirección.

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Posteriormente, la Resolución Determinativa No 171720000105 (CITE: SINIGDLPZ-LIÐJCCIUTJ/RD/0047/2017 de 10 de febrero de 2017, fue notificada por edictos mediante publicaciones realizadas en el Periódico “El Cambio” el 16. y. 20 de febrero de 2017, al efecto, se advierte que para tal cometido, el notificador de la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, el 10 de febrero de 2017, buscó a la ahora recurrente en el domicilio ubicado en la calle Emilio Calderón N° 576 de la Zona Gran Poder de la ciudad de La Paz para notificarle personalmente con la citada Resolución Determinativa; sin embargo, al no ser encontrada en dicho domicilio, emitió la representación de 14 de febrero de 2017, refiriendo que: “... Como según el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), el domicilio actual de la señora SUSY PATRICIA TARQUI COLQUE ... (…)…se encuentra en la Av. Sorata S/N – Sorata – Prov. Larecaja del Departamento de La Paz, en fecha 14 de febrero de 2017 a horas catorce y cincuenta (14:50) se buscó el domicilio señalado a objeto de notificar con la RESOLUCIÓN DETERMINATIVA No 171720000105 de fecha 10 de febrero de 2017, no pudiendo ser encontrado debido a que el domicilio ės SIN NÚMERO y los vecinos consultados no le conoce. Por consiguiente, no se pudo 

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notificar en forma personal debido a que no fue encontrada y tampoco por Cédula debido a que su domicilio actual es SIN NÚMERO y por consiguiente no existe el domicilio declarado ante el SEGIP”

Finalmente, el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 331720001230 (CITE: SIN/GDLPZ-1/DJCC/CC/PIET/01220/2017) de 22 de mayo de 2017, fue notificado de forma personal a la contribuyente el 19 de octubre de 2017, en su domicilio tributario ubicado en la Av. Sorata N° 100 Guanay Provincia Larecaja, conforme consta en la diligencia cursante a fojas 132 de antecedentes administrativos.

En este punto del presente análisis, es necesario enfatizar que de acuerdo al Certificado de Inscripción presentado por la recurrente a momento de interponer su. Recurso de Alzada y ratificado en período de prueba cursante a fojas 7-8 de obrados, evidencia que Susy Patricia Tarqui Vda. de Choque se encuentra inscrita en el Régimen General como Empresa Unipersonal con NIT 2685676013 desde el 13 de agosto de 2014, habiendo fijado como domicilio fiscal la Avenida Sorata, N° 100, Localidad: Guanay, entre la Avenida Sorata y la calle Rurrenabaque, sin que se advierta prueba alguna que demuestre el cambio o modificación de dicho domicilio; aspecto que es corroborado por la Administración Tributaria en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada, cuando señala: Por otra parte la contribuyente realizó su actividad comercial en toda la gestión 2011 ya que realizó la venta de productos adquiridos a la Empresa PIL ANDINA S.A….(...)...y que recién realizó su inscripción ante el SIN en la gestión 2014...”.

De todo lo relacionado con anterioridad, se advierte evidentes desaciertos en el procedimiento de notificación llevado a cabo por la Administración Tributaria con los actos administrativos emergentes del proceso de determinación, toda vez que en primera instancia, se verifica que la ahora recurrente realizó la inscripción de su actividad. económica al Servicio de Impuestos Nacionales el 13 de agosto de 2014, fijando como domicilio tributario en la Avenida Sorata, No 100, Localidad: Guanay, entre la Avenida Sorata y la calle Rurrenabaque; es decir, Susy Patricia Tarqui Vda. de Choque tenía domicilio señalado en la Administración Tributaria desde la gestión 2014; sin embargo, el 25 de mayo de 2015, se le inició un proceso de fiscalización mediante la Orden de

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

Fiscalización N° 00140FE00080 que fue notificado, al igual que la vista de Cargo No 715/2016 (CITE: SIN/GDLPZ-1/DF/FVE-INC/715/2016), en un domicilio distinto al inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes del SIN.

Posteriormente, la Resolución Determinativa N° 171720000105 (CITE: SIN/GDLPZ V/DJCC/UTJ/RD/0047/2017 de 10 de febrero de 2017, fue notificada a la mencionada contribuyente mediante edictos; situación que es justificada por la Administración Tributaria con el argumento de que Susy Patricia Tarqui no pudo ser habida, inicialmente en la calle Emilio Calderón N° 576 de la Zona Gran Poder de la ciudad de La Paz y luego en la Av. Sorata S/N- Sorata – Prov. Larecaja donde también habría sido buscada en razón a la información registrada en el SEGIP; sin embargo, no se encuentra explicación de las razones por las que el Ente Fiscal, en primera instancia efectuó las notificaciones de la Orden de Fiscalización y la Vista de Cargo en un domicilio diferente al que lá contribuyente señaló en el momento de su inscripción y luego intento practicar la notificación con la Resolución Determinativa de la misma manera.

De manera contradictoria, el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 331720001230. (CITE: SIN/GDLPZ-1/DJCC/CC/PIET/01220/2017) de 22 de mayo de 2017, fue notificado de forma personal el 19 de octubre de 2017, en el domicilio ubicado en la Av. Sorata N° 100′– Guanay-Prov.-Larecaja, es decir, en el domicilio tributario señalado por la contribuyente a momento de su inscripción al Servicio de Impuestos Nacionales, hecho que demuestra que la ubicación exacta si existe y que como se señaló anteriormente, el registro de dicho domicilio fue de conocimiento del ente fiscal a partir del 13 de agosto de 2014, anterior al inicio del proceso de fiscalización detallado en el presente caso, domicilio en el que la Administración Tributaria se encontraba en la obligación legal de practicar las notificaciones de conformidad al procedimiento establecido en los artículos 84 y siguientes de la Ley 2492, en el entendido de que las notificaciones practicadas en el domicilio tributario se consideran válidas a todos los efectos legales.

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ISO 900

Calidad 

AFNOR CERTIFICATION 

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V°8. SEDERALES 

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IQNet 

MANAGEM 

De acuerdo a lo señalado, se evidencia que la Administración Tributaria omitió inexplicablemente efectuar el procedimiento de notificación con la Orden de Fiscalización N° 00140FE00080 de 25 de mayo de 2015, Vista de Cargo N° 715/2016 (CITE: SIN/GDLPZ-1/DF/FVE-INC/715/2016) de 19 de octubre de 2016 y Resolución Determinativa N° 171720000105 (CITE: SIN/GDLPZ I/DJCC/UTJ/RD/0047/2017 de 10

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)

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III

de febrero de 2017 en el domicilio inscrito en el Padrón de Contribuyentes por la ahora. recurrente, y recién el 19 de octubre de 2017 se toma la tarea de notificar correctamente el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria No 331720001230 (CITE: SIN/GDLPZ I/DJCC/CC/PIET/01220/2017) de 22 de mayo de 2017; en ese contexto, es evidente la existencia de errores en el procedimiento de notificación llevado a cabo por el Ente Fiscal, que indudablemente vulneró el debido proceso y derecho a la defensa de la ahora recurrente.

Es pertinente señalar que las disposiciones normativas sobre el domicilio y las formas y medios de notificación, garantiza y resguarda en favor del administrado un debido proceso, el mismo que debe estar sometido a un procedimiento de determinación en el que todas las actuaciones del sujeto activo deben ser puestas a conocimiento del contribuyente a fin de que pueda presentar los descargos, formular aclaraciones y presentar alegatos en ejercicio efectivo de su derecho a la defensa; en ese sentido, es pertinente recordar que la notificación para que cumpla su finalidad (poner en conocimiento del interesado el acto emitido, así como el plazo para formular y presentar descargos), debe reunir necesariamente todos aquellos requisitos fijados por Ley, de no ser así, evita que se produzca los efectos de la validez y de eficacia estipulados en el artículo 32 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, aplicable en el presente caso, por disposición expresa del artículo 201 del Código Tributario; en este caso, como se tiene mencionado, al ser de pleno conocimiento de la Administración Tributaria el domicilio fiscal del sujeto pasivo,

correspondía se proceda a la notificación en forma personal con la Orden de Fiscalización,

Vista de Cargo y Resolución Determinativa o alternativamente por cédula, aspectos éstos

que conforme evidencia de los antecedentes administrativos, fueron omitidos.

Se debe tomar en cuenta que en relación al derecho a la defensa, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0133/2014 de 10 de enero, señaló: “El art. 115.ll de la CPE, garantiza el derecho a la defensa y acceso a una justica plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, al respecto al jurisprudencia constitucional mediante la SC 0206/2010-R, de 24 de mayo, señaló que el derecho a la defensa como componente del debido proceso es: uno de los elementos de la garantía del debido proceso, es el derecho fundamental a la defensa consagrado por el art. 115./l de la CPE, que tiene dos connotaciones: la primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que 

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‘J.

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II 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

pueda patrocinarles y defenderles oportunamente, mientras que la segunda es el derecho 

que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello es inviolable por las personas o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio,...

En ese entendido, si bien las Administraciones Tributarias en general cuentan con amplias facultades para el cumplimiento de sus funciones plasmadas en los artículos 66 y 100 del Código Tributario; sin embargo, deben ser desarrolladas en el marco de un debido proceso, de tal manera que se garantice que el contribuyente o tercero responsable pueda contar con la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa, cuya garantía en los hechos constituye una verdadera barrera de contención que impide el accionar arbitrario o discrecional de la autoridad actuante; al respecto, las notificaciones precisamente tienen esa finalidad de resguardar el ejercicio del derecho a la defensa.

En este punto de análisis, corresponde recurrir a la doctrina constitucional desarrollada sobre la notificación, precisamente de la Sentencia Constitucional 1845/2004-R, de 30 de noviembre, dejó claramente establecido que: “...) los emplazamientos, citaciones y notificaciones (notificaciones en sentido genérico), que son las modalidades más 

ales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (asi SC 0757/2003-R, de 4 de junio); dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se afao 

ISO 9001 provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos; pues calidad no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión (art. 16.Il y a de la CPE);

Calidad 

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Lectia Velez 

Dorado Vogoš 

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Én el presente caso queda claramente evidenciado que la Administración Tributaria al no haber efectuado los actos de comunicación conforme exige la normativa tributaria,

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TIILIT IL TUTT 

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restringió el ejercicio del derecho a la defensa, en ese entendido, corresponde a esta instancia de Alzada precautelar que en todo trámite exista un debido proceso y la garantía del derecho a la defensa, garantías que no pueden ser eclipsadas con notificaciones que nunca fueron de conocimiento del interesado, en ese entendido, en resguardo del debido proceso, corresponde retrotraer actuaciones administrativas y de esa manera la recurrente tenga la posibilidad de asumir defensa ofreciendo todos los descargos y pruebas que considere pertinentes en respaldo de sus derechos, los cuales además deben ser debidamente considerados y valorados por la Administración Tributaria.

Finalmente, si bien el presente caso se encuentra en etapa de ejecución tributaria al haberse emitido un Proveido de inicio de Ejecución Tributaria, lo que ciertamente implicaría determinados efectos legales; empero, esta instancia de Alzada no puede soslayar que existen vicios procedimentales que repercutieron en los derechos de la ahora recurrente, de tal manera, debe primar ante todo la observancia ineludible a los derechos y garantías constitucionales, los cuales no pueden quedar subordinados o rezagados al simple justificativo de las formalidades procedimentales que en todo caso deben ser resultado del ejercicio de una potestad administrativa sancionatoria apegada a los principios constitucionales.

De acuerdo a los fundamentos de hecho y derecho antes expuestos, al ser evidente que el sujeto pasivo, en aplicación del artículo 70 numeral 3 de la Ley 2492, declaró ante el Servicio de Impuestos Nacionales, el domicilio fiscal de su actividad económica, correspondía que las notificaciones de los actos administrativos emitidos en contra de Susy Patricia Tarqui Vda. de Choque, sean realizados en dicho domicilio para que surtan todos sus efectos legales, en consecuencia, es evidente que la Administración Tributaria quebrantó el debido proceso provocando la indefensión de la recurrente; razón por la que corresponde anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la notificación con la Orden de Fiscalización N° 00140FE00080 de 25 de mayo de 2015, debiendo el ente fiscal practicar los actos de notificación en el domicilio inscrito en el Padrón de Contribuyentes y cumpliendo lo dispuesto por el artículo 83 y siguientes del Código Tributario, de tal manera que se garantice el debido proceso y el derecho a la defensa de la contribuyente.

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POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

RESUELVE: PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la notificación con la Orden de Fiscalización No 00140FE00080 de 25 de mayo de 2015, inclusive; consecuentemente, la Administración Tributaria debe practicar los actos de notificación en el domicilio registrado por Susy Patricia Tarqui Vda. de Choque en el Padrón de Contribuyentes de conformidad a los artículos 83 y siguientes del Código Tributario, de tal manera que se garantice su derecho a la defensa.

F

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código Tributario y sea con nota de atención. ”

Gatis Gaman

VSBO

Gonzalo J

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del Recurso Jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación.

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Regístrese, hágase saber y cúmplase.

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Rocsana e Mendozas

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Lic. Cecilia Velez Dorado 

Directora Ejecutiva Megional . Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Regtonal de Impugnació

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