ARIT-LPZ-RA-0652-2019 Se anula obrados hasta la Vista de Cargo. El contribuyente solicita la nulidad de los actos administrativos debido a que existen incongruencias entre el alcance establecido en la orden de verificación y lo resuelto en la resolución determinativa.

ARIT-LPZ-RA-0652-2019

. AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0652/201

Recurrente: 

Empresa de Movimientos de Tierras La Inicial SRL., legalmente representada por Carlos Javier Calderón Eduardo

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz į del Servicio d

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Iván Arancibia Zegarra

Acto Impugnado: 

Resolución Determinativa N° 171820003475 (SIN/GDLPZ-I/DF/SVI/RD/03033/2018)

Expediente: 

ARIT-LPZ-0174/2019 

Lugar y Fecha: 

La Paz, 3 de junio de 2019 

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.

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ No 0652/2019 de 30 de mayo de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente:

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Determinativa N° 171820003475 (SIN/GDLPZ 1/DF/SVI/RD/03033/2018) de 31 de diciembre de 2018, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales que resolvió determinar de oficio por

afag conocimiento de la materia imponible las obligaciones de la Empresa de Movimientos 150 9001 de Tierras La Inicial SRL., mismas que ascienden a un total de 27.348 UFV’s por ator Cem concepto de tributo omitido del Impuesto al Valor Agregado (IVA-Debito fiscal

IQNet indebidamente compensado), mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de pago correspondiente al periodo fiscal diciembre de 2012.

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA II.1. Argumentos del Recurrente La Empresa de Movimientos de Tierras La Inicial SRL., representada legalmente por Carlos Javier Calderón Eduardo conforme acredita el Testimonio de Poder No 796/2017 de 28 de junio de 2017, mediante memoriales presentados el 8 y 27 de febrero de 2019, cursantes a fojas 37-39 y 52 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

El alcance de la Orden de Verificación tiene como único objetivo el “Saldo de Crédito Fiscal del periodo anterior a compensar”; sin embargo, la Resolución Determinativa resuelve determinar tributo omitido sobre el IVA – Debito fiscal y accesorios por el periodo diciembre 2012; según el artículo 7 de la Ley 843, el débito fiscal surge de la aplicación de la alícuota del 13% sobre los ingresos gravados, siendo que el alcance en el presente caso es sobre los saldos de créditos declarados, lo que evidencia la incongruencia y por tanto las causales de nulidad y anulabilidad en la Resolución impugnada expresamente señaladas en la norma tributaria y procesal administrativa; siendo éstas las contenidas en los artículos 99, parágrafo II de la Ley 2492, 35 y 36, parágrafos lyll de la Ley 2341.

La Administración Tributaria en su calidad de sujeto activo definió la extensión del procedimiento administrativo como el saldo a favor del contribuyente consignado en el periodo diciembre 2012, que deviene del periodo anterior noviembre de 2012; siendo un proceso de verificación y no un proceso de fiscalización en apego a lo que señala el artículo 29 incisos a) y b) del DS 27310, el alcance de sus investigaciones se extendieron más allá de lo delimitado, es decir, desde el periodo mayo 2012.

En el inicio de una verificación se debe poner en conocimiento los alcances, especificando los impuestos y periodos fiscales; sin embargo, al determinar e investigar periodos fuera de los establecidos, no se cumplió con los requisitos del artículo 104 de la Ley 2492, viciando de nulidad el procedimiento efectuado; aspectos que vulneran los derechos y garantías previstas en la Constitución, en tres dimensiones a) por vulneración del derecho a una Resolución congruente y motivada; b) por una

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valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad y c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico administrativo y tributario.

La determinación realizada en base cierta, se determina tomando en cuenta documentos e informaciones que permitan conocer en forma cierta e indubitable los hechos generadores del tributo; en el presente caso, la Resolución Determinativa al no disponer de la documentación y de los elementos objetivos para efectuar una determinación sobre base cierta, se tiene que se produjo un error de fondo al haber aplicado un método incorrecto en la formación del acto impugnado; al efecto, cita la Sentencia 244/2012, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia: n .

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Determinativa No 171820003475 (SIN/GDLPZ-1/DF/SVI/RD/03033/2018) de 31 de diciembre de 2018.

11.2. Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa de Movimientos de Tierras La Inicial SRL. · representada legalmente, por Carlos Javier: Calderón Eduardo, fue admitido mediante Auto de 1 de marzo de 2019, notificado por cédula tanto al Gerente Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales como al recurrente el 12 y 14 de marzo de 2019, respectivamente; fojas 53-61 de obrados.

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11.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de impuestos Nacionales, representada legalmente por Iván Arancibia Zegarra conforme la Resolución Administrativa de Presidencia No 031700001413 de 29 de septiembre de 2017, por memorial presentado el 27 de marzo de 2019, cursante a fojas 6472 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

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La serie de actos que celebro la Administración Tributaria contra el contribuyente, lo 050 9001 realizó bajo la egida del respecto a los derechos, reglas; principios y garantías básicas sinon cranica fijadas por el orden jurídico nacional; en ese entendido, actuó dentro de los parámetros del derecho a la seguridad jurídica, aplicando objetivamente las normas jurídicas tributarias, poseyendo pleno conocimiento el contribuyente de cuales eran y son

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derechos y sus obligaciones y en el marco de la garantía del debido proceso, observando el conjunto de requisitos que significan el procedimiento de determinación, cuidando que el sujeto pasivo asuma defensa adecuadamente ante cualquier tipo de acto, que a su consideración podría afectar sus derechos.

La proporcionalidad, transparencia, control y sencillez administrativa, fueron los principios vivificadores del proceso de determinación, que se llevó a cabo en el procesos de verificación de las obligaciones impositivas del sujeto pasivo respecto al Impuesto al Valor Agregado – IVA (Form. 200) compensado con el saldo del crédito fiscal del periodo anterior; verificando todos los hechos y/o elementos relacionados al código casilla 635 “Saldo de crédito fiscal del periodo anterior a compensar” de la declaración jurada Form. 200, ejerciendo de esa forma las amplias facultades del artículo 100 de la Ley 2492 y las facultades genéricas establecida en los artículos 21 y 66 del mismo cuerpo legal.

La determinación consignada en la declaración jurada exige que el sujeto pasivo identifique en sus operaciones los hechos imponibles previstos en la legislación, lo cuantifique y registre como ventas del periodo, lo que ocasiona el débito fiscal, y por otra parte, los que dan lugar al cómputo del crédito fiscal; de tal modo, que de la diferencia de ambos elementos se establezca el impuesto determinado en el periodo o el saldo a su favor para su compensación en periodos posteriores.

En el presente caso, se trata sobre el impuesto al Valor Agregado compensado con el saldo del crédito fiscal del periodo anterior; en tal sentido, tanto en la Orden de Verificación como en la Resolución Determinativa se estableció de manera clara y precisa el alcance de la verificación interna realizada, siendo este un proceso sobre todos los hechos y/o elementos relacionados al código casilla 635, de la declaración jurada formulario 200, del IVA por el periodo fiscal diciembre de 2012; aclara, que el procedimiento aplicado se realizó de acuerdo a lo establecido en los artículos 92, 93, 95, 96, 100, 104 y 169 de la Ley 2492, 32 y 33 del DS 27310.

El ente fiscal de manera indistinta puede a través de procesos puntuales, verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias relacionadas con la validez del

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Crédito Fiscal IVA y como resultado establecer la existencia o no de deuda tributaria, conforme ocurrió en el presente caso; por tanto la incongruencia que alega la parte recurrente, no es correcta, aspecto que se observa en la Orden de Verificación y en la Resolución Determinativa, en la que se evidenció que del análisis y verificación realizada a la información reportada por el contribuyente y extraída del SIRAT II, consistente en declaraciones juradas, corresponde al periodo diciembre 2012.

Existe inconsistencias en el arrastre de saldos de crédito fiscal a favor del contribuyente del periodo anterior actualizado, toda vez que verificadas las declaraciones juradas F 200; se incrementó sin respaldo la casilla 635 del mes de julio y septiembre de 2012, producto de lo cual compensando el débito fiscal generado en los periodos noviembre y diciembre, se constató la acreditación indebida de créditos por parte del contribuyente, de lo que se colige que conforme las disposiciones legales precedentemente citadas, no existe la incongruencia alegada y menos alguna causa de nulidad o incumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 99 de la Ley 2492.:

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Se debe considerar que la Resolución Determinativa impugnada, estableció de manera clara el alcance que comprende la verificación que se realizó al contribuyente; motivo por el cual correspondía analizar los periodos anteriores para identificar el origen de ; dichos saldos, realizando el desglose de declaraciones juradas, de donde se evidenció el incremento injustificado de los saldos del crédito fiscal, incurriendo en la compensación indebida del IVA-Débito Fiscal en el periodo diciembre 2012: ..

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En resguardo del correcto proceso de verificación realizado, la misma que se adecuo a la Resolución Normativa de Directorio 10-0032-16, artículo 11 caso 3 y de acuerdo a los manuales y procedimientos de fiscalización conforme lo dispone el artículo 68 numerales 6 y 8 del Código Tributario; por lo tanto, se demostró que se realizó también fan la determinación por omisión de pago. Como en cualquier procedimiento de ISO 9001 verificación, se actuó dentro el margen del debido proceso, respetando el derecho a lacno defensa del contribuyente, puesto que no existe, ni existió el más mínimo indicio de vulneración al debido proceso y derecho a la defensa, al efecto cita las Sentencias Constitucionales 142/05 de 11 de febrero y 1818/04-R de 25 de noviembre; por lo tanto

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la verificación realizada y plasmada en la Resolución Determinativa ahora impugnada, contiene los motivos por los que se establecieron los reparos y la normativa jurídica en la que se funda, cumpliendo con cada uno de los requisitos detallados en la normativa.

El proceso de determinación fue realizado mediante verificación interna en aplicación a disposiciones tributarias vigentes sobre base cierta conforme el artículo 43 de la Ley 2492 y la RND 10-0017-13, resultado de la evaluación y valoración de la información presentada por el contribuyente, información extraída del Sistema Integrado de Recaudo para la Administración Tributaria (SIRAT II), habiendo incrementado sin respaldo la casilla 635 del mes de julio y septiembre, producto de lo cual ha compensado el débito fiscal generado en los periodos fiscales noviembre y diciembre 2012; asimismo, precisa que se estableció de manera clara la determinación de la base imponible sobre base cierta, puesto que se realizó en base a la documentación presentada por el contribuyente.

En base al principio de verdad material establecido por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia Constitucional 042/2010-R de 28 de junio de 2010, el ente fiscal realizó toda la determinación en base cierta, considerando los elementos certeros y necesarios como la documentación e información que se obtuvo del propio contribuyente, más aun cuando el sujeto pasivo no cuenta con documentación para respaldar el tributo indebidamente compensado por concepto de IVA débito fiscal.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa N° 171820003475 (SIN/GDLPZ-1/DF/SVI/RD/03033/2018) de 31 de diciembre de 2018.

II.4 Apertura de término probatorio y producción de pruebas Mediante Auto de 28 de marzo de 2019, se dispuso la apertura del término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d), artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada al recurrente y la Administración Tributaria en secretaría el 3 de abril de 2019; fojas 7374 de obrados.

Periodo durante el cual, la Administración Tributaria mediante memorial de 11 de abril de 2019, ratificó en calidad de pruebas los antecedentes administrativos que fueron

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

adjuntos a la respuesta al Recurso de Alzada; al efecto, por Proveído de 12 de abril de 2019, se dio por ratificada la prueba documental, acto notificado a las partes en secretaria el 17 de abril de 2019; fojas 7577 de obrados.

11.5 Alegatos De la revisión de obrados, se advierte que ni el recurrente ni la Administración Tributaria formularon alegatos de conformidad al artículo 210, parágrafo II del Código Tributario.

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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 28 de diciembre de 2017, notificó por cédula a Juan Gualberto Quisbert Narváez representante legal de Empresa de Movimientos de Tierras La Inicial SRL., con la Orden de Verificación N° 17990315065 de 27 de diciembre de 2017, modalidad-“Operativo especifico Impuesto al Valor Agregado (IVA) compensado con el saldo del crédito fiscal del periodo anterior”, con alcance a la verificación de todos los hechos y/o elementos relacionados al código casilla 635 “Saldo de crédito fiscal del periodo anterior a compensar” de la Declaración Jurada Form. 200 Impuesto al Valor Agregado del periodo fiscal diciembre 2012; en ese contexto, mediante Detalle de Diferencias adjunto a la orden, solicitó al . contribuyente la presentación de las Declaraciones Juradas de los periodos observados, documentos que respaldan la declaración en el código casilla 635 y otra documentación que el fiscalizador solicite; fojas 6-11 de antecedentes administrativos.

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La Empresa de Movimientos de Tierras La Inicial SRL. representada legalmente por Juan Alberto Quisbert Narváez, mediante memorial presentado a la Administración Tributaria el 4 de enero de 2018, solicitó que en forma clara se precise cuál es la documentación especifica que requiere en el inciso b); así como prórroga para la entrega de los documentos solicitados; al efecto, por Auto N° 251820000003 de 8 de afaa enero de 2018, señalo: “(…) aclara que al tratarse del Impuesto al Valor Agregado USO 9001 (IVA) compensado con el saldo del Crédito Fiscal del periodo anterior, como señala la . Orden de Verificación, la documentación de respaldo a la casilla 635 consistiría básicamente en el Formulario 200 del periodo anterior al declarado (…) adicionalmente PKE en base al inciso c) de dicha Orden de Verificación se le solicita presente las DDJJ

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Formulario 200 desde el periodo julio/2002 (…)”; asimismo, amplió el plazo por cinco días hábiles a partir de la notificación con el citado Auto, acto que fue notificado de forma personal al sujeto pasivo el 19 de enero de 2018; fojas 17 y 22-23 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria el 20 de septiembre de 2018, emitió la Vista de Cargo No 291820000424 (CITE:SIN/GDLPZ-1/DF/SVI/VC/00422/2018), determinando preliminarmente el Impuesto al Valor Agregado (Débito Fiscal IVA) indebidamente compensado con el saldo del Crédito Fiscal del periodo anterior, estableciendo una deuda tributaria que asciende a 27.122 UFV’s, por concepto de impuesto omitido, mantenimiento de valor, intereses y la sanción por la calificación preliminar de la conducta del contribuyente como omisión de pago, del período fiscal diciembre 2012, acto administrativo notificado mediante cédula el 25 de octubre de 2018; fojas 78-86 y. 89 de antecedentes administrativos.

La Resolución. Determinativa N° 171820003475 (SIN/GDLPZ 1/DF/SVI/RD/03033/2018) de 31 de diciembre de 2018, determinó de oficio por conocimiento de la materia imponible de las obligaciones impositivas del contribuyente Empresa de Movimientos de Tierras La Inicial SRL. (…) que ascienden a un total de 27.348 UFV’s por concepto de tributo omitido del Impuesto al Valor Agregado (IVA Debito fiscal indebidamente compensado), mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de pago correspondiente al periodo fiscal diciembre de 2012; acto administrativo. notificado por cédula el 18 de enero de 2019; fojas 111-121 de antecedentes administrativos.

  1. IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-1|| del referido Código Tributario, se tiene:

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Carlos Javier Calderón Eduardo en representación de la Empresa de Movimientos de Tierras La Inicial SRL., en el Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.

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IV.1. Vicios de Nulidad. Carlos Javier Calderón Eduardo en representación de la Empresa De Movimientos De Tierras La Inicial SRL., en su Recurso de Alzada manifiesta el alcance de la Orden de Verificación tiene como único objetivo el “Saldo de Crédito Fiscal del periodo anterior a compensar”; sin embargo, la Resolución Determinativa estableció un tributo omitido sobre el IVA – Debito fiscal y accesorios por el periodo diciembre-2012, siendo que el alcance en el presente caso es sobre los saldos de créditos declarados, lo que evidencia una incongruencia, como consecuencia, la nulidad y anulabilidad en la Resolución impugnada establecidas en la norma tributaria y procesal contenidas en los artículos 99.11. de la Ley 2492 y artículos 35 y 36.1 yill de la Ley 2341. ..

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Continua señalando que el sujeto activo definió la extensión del procedimiento administrativo como el saldo a favor del contribuyente consignado en el periodo diciembre 2012, que deviene del periodo anterior noviembre de 2012; siendo un proceso de verificación y no un proceso de fiscalización en apego a lo que señala el artículo 29 incisos a yb del DS 27310, el alcance de sus investigaciones se extendieron más allá de lo delimitado, es decir, desde el periodo mayo 2012. Desde el inicio de una verificación se debe poner en conocimiento los alcances, especificando los impuestos y periodos fiscales, sin embargo, al determinar e investigar periodos fuera de los establecidos no cumplió con los requisitos del artículo 104 de la Ley 2492, viciando de afan nulidad el procedimiento efectuado.

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La Administración Tributaria señala que en el presente caso se trata sobre el Impuesto con al Valor Agregado compensado con el saldo del crédito fiscal del periodo anterior, tanto BERNAMA SURE en la Orden de Verificación como en la Resolución Determinativa estableció de manera

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clara y precisa el alcance de la verificación interna realizada; siendo este un proceso sobre todos los hechos y/o elementos relacionados al código casilla 635, de la declaración jurada formulario 200, de! IVA por el periodo fiscal diciembre de 2012; aclara que el procedimiento aplicado se realizó de acuerdo a lo establecido en los artículos 92, 93, 95, 96, 100, 104 y 169 de la Ley 2492, conforme señala el artículo 32 y 33 del DS 27310.

Aclara que puede a través de procesos puntuales, verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias relacionadas con la validez del Crédito Fiscal IVA y como resultado establecer la existencia o no de deuda tributaria conforme ocurrió en el presente caso; por tanto la incongruencia que alega la parte recurrente no es correcta, aspecto que se observa en la Orden de Verificación como en la Resolución Determinativa en la que se evidenció que del análisis y verificación realizada a la información reportada por el contribuyente y extraída del SIRAT II, consistente en declaraciones juradas, corresponde al periodo diciembre 2012; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone: I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones

El artículo 68 de la Ley 2492, señalan entre los derechos del sujeto pasivo, lo siguiente: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

El artículo 96 parágrafos I y Ill de la Ley 2492, señalan: 1. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados 

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de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el-Acta de Intervención, según corresponda. 

El parágrafo 11 del artículo 99 del Código Tributario establece: La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

El artículo 104 de la Ley 2492 en sus numerales I y Il dispone: 1. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, verificación, e investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y periodos a ser fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este efecto se emitan. II. Los hechos u omisiones conocidos por los funcionarios públicos durante su actuación como fiscalizadores, se harán constar en forma circunstanciada en acta, los 

cuales junto con las constancias y los descargos presentados por el fiscalizado, dentro los alcances del artículo 68 de éste Código, harán prueba preconstituida de la existencia de los mismos. 

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afaq El artículo 18 del DS 27310 establece: La Vista de Cargo que dicte la Administración, 

deberá consignar los siguientes requisitos esenciales: 

  1. a. Número de la Vista de Cargo 

IQNet b. Fecha. C. Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

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  1. d. Número de registro tributario, cuando corresponda. Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es). f. Liquidación previa de la deuda tributaria. 9. Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

Compendio Normativo sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el 

Parágrafo I del Artículo 98 de la Ley N° 2492. h. Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

El artículo 19 del DS 27310, en sus párrafos primero y segundo señala: La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 de dicha Ley. 

Previo a ingresar al análisis de la controversia ahora planteada, es necesario considerar que el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso se debe observar en toda clase de actuaciones administrativas; es decir, obliga a los organismos y dependencias de la Administración Pública; a garantizar de manera expresa el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se traduce que los actos y actuaciones en un proceso administrativo se deben ajustar no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales;

esto implica avalar el correcto ejercicio de la Administración Pública a través de la emisión

de actos administrativos, los que no deben resultar contrarios a los principios del Estado de Derecho

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En ese contexto, toda autoridad administrativa tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes. De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la

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defensa que se materializa con la posibilidad que las partes deben tener a la producción de pruebas y a la decisión pronta del juzgador; de la misma forma, el debido proceso exige que los fallos emitidos por la Administración se encuentren debidamente fundamentados que contengan la motivación y.el respaldo correspondiente en función a la valoración de la documentación presentada en calidad de descargo por el procesado.

En respaldo de lo señalado, la jurisprudencia constitucional a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0114/2015-S2 de 23 de febrero de 2015, se pronunció con el siguiente entendimiento: “La jurisprudencia constitucional es uniforme al determinar que el debido proceso se constituye en un derecho/garantía principio de orden general y complejo, a su vez compuesto por los siguientes otros derechos y garantías: A un proceso público, al juez natural, a la igualdad procesal de las partes, a no declarar contra sí mismo, a la defensa material y técnica, a la comunicación previa de la acusación, a ser juzgado sin dilaciones indebidas, a la congruencia entre acusación y condena, a la valoración razonable de la prueba, a la motivación y congruencia de las decisiones, a la concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa y las garantías de presunción de inocencia y del non bis in idem. Esta lista, conforme al principio de progresividad de los derechos fundamentales (art. 13 de la CPE), es enunciativa, dado que puede ser ampliada de acuerdo a su desarrollo normativo, doctrinal y jurisprudencial en la perspectiva de materializar el valor justicia.”. .

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De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que mediante Orden de Verificación N° 17990315065 de 27 de diciembre de 2017, modalidad Operativo especifico Impuesto al Valor Agregado (IVA) compensado con el saldo del crédito fiscal del periodo anterior”, con alcance a la verificación de todos los hechos y/o elementos relacionados al código casilla 635 “Saldo de crédito fiscal del periodo anterior a compensar” de la Declaración Jurada Form. 200 Impuesto al Valor Agregado del período fiscal diciembre 2012; solicitó conforme el Detalle de Diferencias adjunto a la Gho Orden citada, las declaraciones juradas de los periodos fiscales observados, ISO 9001 documentos que respaldan la declaración en el código casilla 635 y otra cosa documentación que el fiscalizador asignado solicite conforme se observa a fojas 6-11 de antecedentes administrativos.

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Resultado del análisis realizado, el ente fiscal emitió la Vista de Cargo No 291820000424 (CITE:SIN/GDLPZ-1/DF/SVINC/00422/2018) de 20 de septiembre de 2018, que determinó el Impuesto al Valor Agregado (Débito Fiscal IVA) indebidamente compensado con el saldo del Crédito Fiscal del periodo anterior, al haber evidenciado inconsistencias en el arrastre de saldos de crédito fiscal a favor del contribuyente, toda vez que incrementó sin respaldo la casilla 635 de los periodos fiscales julio y septiembre de 2012, estableciendo de manera preliminar una deuda tributaria que asciende a 27.122 UFV’s, monto que corresponde al tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y la sanción por la calificación preliminar de la conducta del

contribuyente como omisión de pago, del período fiscal diciembre 2012, actuación administrativa notificada mediante cédula el 25 de octubre de 2018, fojas 78-86 y 89 de antecedentes administrativos

De manera posterior, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 171820003475 (SIN/GDLPZ-1/DF/SVI/RD/03033/2018) de 31 de diciembre de 2018, que resolvió determinar de oficio por conocimiento de la materia imponible de las obligaciones impositivas del contribuyente Empresa de Movimientos de Tierras La Inicial SRL., que ascienden a un total de 27.348 UFV’s por concepto de tributo omitido del Impuesto al Valor Agregado (IVA-Debito fiscal indebidamente compensado), mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de pago correspondiente al periodo fiscal diciembre de 2012, en ese sentido, ratificó el Impuesto al Valor Agregado indebidamente compensado con el saldo del crédito fiscal del periodo anterior,

en la Vista de Cargo: acto administrativo notificado por cédula el 18 de enero de 2019, fojas 111-121 de antecedentes administrativos.

Se hace necesario puntualizar que el derecho de todo contribuyente sometido a la competencia de la Administración Tributaria, no sólo está abocado a lo expresamente establecido por el artículo 68 del Código Tributario, entre ellos, al debido proceso y

conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentos que respalden los cargos que se le formulen, sea en forma personal o a través de terceros, dentro los plazos y condiciones determinados por Ley.

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Bajo ese contexto, en relación al agravio expresado por el recurrente en relación a que la Orden de Verificación tiene como único objetivo el “saldo de crédito fiscal del periodo anterior a compensar; sin embargo, la Resolución Determinativa de manera incongruente resuelve determinar tributo omitido sobre el IVA – Débito Fiscal por diciembre de 2012; corresponde señalar, que de la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que a fojas 6 de antecedentes administrativos, cursa la Orden de Verificación N° 17990315065, que estableció como alcance la: “Verificación de todos los hechos y/o elementos relacionados al código casilla 635 “Saldo de crédito fiscal del periodo anterior a compensar” de la declaración juradà Form. 200 “Impuesto al Valor Agregado” correspondiente al periodo diciembre de 2012”. ..

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En ese sentido, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 291820000424 (CITE:SIN/GDLPZ-1/DFISVINC/00422/2018) y posteriormente la Resolución Determinativa N° 171820003475 (SIN/GDLPZ-1/DF/SVI/RD/03033/2018) de 31 de diciembre de 2018, que dispuso: “Del análisis y la verificación realizada a la información reportada por el contribuyente y extraída del SIRATII (Sistema Integrado de Recaudaciones para la Administración Tributaria) consistente en DDJJ, correspondiente a la Orden de Verificación N°17990315065 que indica que el periodo observado es Diciembre 2012, cabe señalar que el alcance comprende la verificación de saldo de Crédito Fiscal del periodo anterior a compensar, por lo cual corresponde analizar los periodos anteriores para identificar el origen de dichos saldos; en consecuencia, se realizó el desglose de DDJJ analizando el origen de diferencias de los importes registrados en casilla 635 del Form. 200, constatándose que existe tributo indebidamente compensado por concepto de IVA-Débito Fiscal, por parte del contribuyente (…)“, conforme consta a fojas 112 de antecedentes administrativos.

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Continuando la lectura del acto administrativo definitivo, en el acápite de: “Aclaración de la Observación” que cursa a fojas 112 de antecedentes administrativos, señaló: “A) sfan Se ha evidenciado las inconsistencias en el arrastre de Saldos de Crédito Fiscal a favor ISO 9001 del contribuyente del periodo anterior actualizado, toda vez que verificadas las DDJJ Form. 200 presentadas por el contribuyente y extraidas del SIRAT, el contribuyente To Neto (…) incremento sin respaldo la Casilla 635 del mes de Julio y Septiembre de 2012, 

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  • producto de lo cual ha compensado el Débito Fiscal generado en los periodos 

Noviembre y Diciembre del 2012 (…)”. 

De lo descrito, se tiene que la Orden de Verificación emitida por la propia Administración Tributaria estableció que el alcance específicamente corresponde al Impuesto al Valor Agregado – IVA, código casilla 635 “Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior actualizado” de la Declaración Jurada formulario 200, con Numero de Orden 2038036654, del periodo fiscal diciembre de 2012; en ese sentido, se encuentra obligada legalmente a cumplir con los parámetros establecidos en la Orden de Verificación, referidos al alcance, tributos, periodos a ser verificados como a la identificación del sujeto pasivo, por lo descrito, correspondía a la Administración Tributaria establecer en la Resolución Determinativa N° 171820003475, el arrastre de la declaración jurada de noviembre de 2012, contenida en la casilla 592 “Saldo a favor del contribuyente para el siguiente periodo” y no extender su análisis a periodos fiscales anteriores con el argumento de identificar el origen de estos saldos, como aconteció en el caso bajo análisis, en el que se consideraron además del periodo diciembre de 2012, los periodos fiscales mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2012, situación que no fue comunicada oportunamente desde el inicio al sujeto pasivo.

A ello se suma, que de la revisión del “Detalle de Diferencias” adjunto a la Orden de Verificación N° 17990315065, cursante a fojas 7 de antecedentes administrativos, se

ue la declaración jurada observada corresponde al Formulario 200, con No de orden 2038036654 del periodo fiscal diciembre/2012; asimismo, en el citado documento se solicitó la siguiente documentación al sujeto pasivo: a) declaraciones juradas de los periodos observados; b) Documentos que respaldan la declaración jurada en el código casilla 635 y c) otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso para verificar los datos consignados en el formulario observado en el presente Anexo; en consecuencia, resulta incuestionable que el periodo fiscal observado corresponde a diciembre 2012 y que la documentación requerida debe ser la que respalda la casilla 635 del Formulario 200 del citado periodo y si bien para verificar tal extremo se debe considerar la casilla 592 de la declaración jurada correspondiente al periodo fiscal noviembre/2012; sin embargo, existe un impedimento legal para la Administración Tributaria, el proceder a su verificación

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desde los periodos fiscales de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2012, precisamente por no estar dentro los alcances de la Orden de Verificación N°17990315065, actuación que estableció específicamente su alcance el mismo que está circunscrito al Impuesto al Valor Agregado – IVA, código casilla 635 “Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior actualizado” de la Declaración Jurada formulario 200, con Numero de Orden 2038036654, del periodo fiscal diciembre de 2012. Habrá que también señalar respecto al alcance de la Orden de Verificación que la observación corresponde al crédito fiscal y de manera específica al “Saldo del crédito fiscal del periodo anterior a compensar”; en ese contexto, no es posible ni correcto determinar la existencia de tributo indebidamente compensado por el IVA-Débito Fiscal, tal como lo refiere la Resolución Determinativa N° 171820003475 (SIN/GDLPZ 1/DF/SVI/RD/03033/2018) de 31 de diciembre de 2018, más aun, cuando el acto administrativo ahora impugnado evidenció que el contribuyente incremento sin respaldo la casilla 635 de los meses julio y septiembre de 2012. n

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Respecto a la congruencia como elemento que forma parte del debido proceso, la SCP, 1302/2015-S2 de 13 de noviembre, estableció que: “Como se dijo anteriormente, la congruencia de las resoluciones judiciales y administrativas, constituye otro elemento integrador del debido proceso, al respecto la SC 0358/2010-R de 22 de junio, señaló lo siguiente: ...la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta ou correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado -por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los con distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta ISO 9001 concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. ALE

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En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes“.

De la misma manera la SCP 1083/2014 de 10 de junio, en relación a las acepciones que conlleva el elemento congruencia estableció: “…amerita una comprensión 

desde dos acepciones, primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones: contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión”. 

Conforme a lo señalado y en concordancia con la ratio decidendi de las sentencias constitucionales citadas en los párrafos precedentes, en el presente caso se advierte la existencia de incongruencias entre el alcance establecido en la Orden de Verificación y lo resuelto en la Resolución Determinativa impugnada, aspecto que afectó el derecho al debido proceso del sujeto pasivo, en razón a que los actos emitidos dentro del proceso de determinación deben observar necesariamente el alcance previamente establecido en la Orden de Verificación, lo que implica la existencia de incongruencia en el acto impugnado emitido por la Administración Tributaria, debido a que el mismo debe circunscribirse a los requerimientos expuestos desde el inicio del proceso conforme dispone el artículo 104 del Código Tributario, y no modificar de manera discrecional el alcance establecido en la Orden de Verificación. Los errores identificados en la Resolución Determinativa N° 171820003475 (SIN/GDLPZ VDF/SVI/RD/03033/2018) de 31 de diciembre de 2018, mencionados precedentemente, también se reflejan en la vista de Cargo N° 291820000424

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(CITE:SIN/GDLPZ-1/DFISVI/VC/00422/2018), toda vez que las incongruencias descritas en párrafos precedentes se hallan en el acto administrativo preliminar, como acto administrativo primigenio que permitirá sustentar la emisión de la Resolución Determinativa; en ese sentido, tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa impugnada al desconocer el alcance establecido en la Orden de Verificación, ocasionaron vicios de nulidad en estos actos…

Bajo las circunstancias técnico legales descritos precedentemente, muestran que la Vista de Cargo N° 291820000424 (CITE:SIN/GDLPZ-1/DF/SVINC/00422/2018) y la Resolución Determinativa N° 171820003475 (SIN/GDLPZ-I/DF/SVIÀRD/03033/2018) de 31 de diciembre de 2018, incumplen los requisitos dispuestos en los artículos 96 y 99 del Código Tributario, 18 y 19 de su Reglamento; consecuentemente, corresponde anular obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta, la Vista de Cargo inclusive, a efectos de que la Administración Tributaria emita, si corresponde, un nuevo acto preliminar, de manera congruente con el alcance previsto en la Orden de Verificación.

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS 29894;

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RESUELVE: PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Vista de Cargo N° 291820000424 (CITE:SIN/GDLPZ-1/DF/SVINC/00422/2018) de 20 de septiembre de 2018 inclusive; consecuentemente, la Gerencia Distrital I La Paz del

afao Servicio de Impuestos Nacionales debe emitir, si corresponde, un nuevo acto so preliminar cumpliendo los requisitos estipulados en el artículo 96 de la Ley 2492 y 18AEWOR CENTWICATION del DS 27310, debiendo circunscribirse de manera congruente al alcance previsto en CERTE 

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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código Tributario y sea con nota de atención.’

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del Recurso Jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación.

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Regístrese, hágase saber y cúmplase.

  1. Cecilia Vetez Dorado Director Ejecutiva Regional Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Regional de impugnación 

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