ARIT-LPZ-RA-0594-2019 Se anula Resolución Determinativa. La Administración Tributaria no se pronunció en cuanto a la valoración de la integridad de la prueba de descargo presentada por el contribuyente, lo que derivaría en falta de fundamentación y motivación, para que el contribuyente pueda conocer claramente los fundamentos de los cuales tenga que asumir defensa, lo que vulneraría el derecho a la defensa y al debido proceso.

ARIT-LPZ-RA-0594-2019

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional dRESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0594/2019 

Recurrente: 

Jorge Laura Landaeta 

Administración Recurrida

Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos. Nacionales, legalmente representada por Iván Arancibia Zegarra

Acto Impugnado: 

Resolución Determinativa N° 171820003290 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/TJ/RD/00397/2018)

Expediente: 

ARIT-LPZ-0161/2019 

Lugar y Fecha: 

La Paz, 6 de mayo de 2019 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración; Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 0594/2019 de 3 de mayo de 2019, emitido por la Sub — Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. .

.

7

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Resolución Determinativa N° 171820003290 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/TJI – RD/00397/2018) de 28 de diciembre de 2018, emitida por la Gerencia Distrital La Paz

I del Servicio de Impuestos Nacionales contra Jorge Laura Landaeta, estableció de oficio y sobre base cierta el tributo omitido de 16.019 UFV’s por el IVA, más intereses y sanción por omisión de pago correspondiente a los periodos fiscales febrero, mayo y septiembre 2016, emergente de la depuración del crédito fiscal declarado en dichos afan periodos fiscales:

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  1. I TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 11.1 Argumentos del Recurrente Jorge Laura Landaeta por nota presentada el 30 de enero de 2019, cursante a fojas 18-29 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

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La Administración Tributaria observó las facturas Nos. 15, 18, 36, 37, 43 y 49 del proveedor Rolando Tarquiola Padilla señalando que fueron reportadas por otros contribuyentes en periodos diferentes; al respecto, considera que dicho argumento no es válido debido a que presentó pruebas consistentes en Certificaciones y recibos de entrega de dinero debidamente firmados por el proveedor, así como las fotocopias de su NIT y de su cédula de Identidad. Adicionalmente presentó como prueba las facturas originales, lo que demuestra que las transacciones realizadas son reales y no ficticias; correspondiendo al ente fiscal fundamentar sus observaciones mediante una verificación al proveedor.

No se realizó un análisis individual de los descargos presentados, no fundamenta ni señala los motivos por los cuales no considera suficiente la prueba; por el contrario en varias partes del acto impugnado señala que no se presentó pruebas, por esta razón, el acto administrativo es incongruente y vulnera el debido proceso. La Administración Tributaria observó sus facturas con el argumento que el proveedor no atendió su requerimiento de información, no envió el Libro de Compras y Ventas IVA, tampoco presentó la copia del emisor, resultando ser una exigencia excesiva cuando es suficiente la certificación presentada; sin prueba en contrario no dio el valor probatorio a dichas certificaciones, siendo ilegal la depuración de su crédito fiscal debido a que terceras personas incumplen sus deberes. Adicionalmente, no se consideró sus argumentos referidos a que la Vista de Cargo no contenía los fundamentos necesarios que justifiquen la depuración de su crédito fiscal y que los descargos deben ser analizados prolijamente, esto con el objeto de garantizar sus derechos al debido proceso y a la defensa que en el presente caso fueron lesionados. Cita al efecto doctrina de Hutchinson y Giuseppini, el principio Necesidad de la Prueba y como precedente la Resolución de Recurso Jerárquico STG-TJ/0717/2017

Durante la sustanciación del proceso administrativo se vulneró el artículo 200 del Código Tributario, debido a que se sobrepuso la verdad formal sobre la verdad material. El artículo 4, inciso c) de la Ley 2341, determina que la Administración

gará la verdad material, debiendo ceñir su decisión a los hechos y no restringir su actuar a actuaciones de carácter administrativo formal que no son suficientes para asumir decisiones, es decir, antes de depurar su crédito fiscal, la Administración Tributaria debió corroborar las múltiples transacciones del proveedor – reportadas por el SIRAT, siendo incoherente probar por su parte la idoneidad de sus

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional doperaciones de compra, debiendo el Servicio de Impuestos Nacionales iniciar proceso

de investigación contra el proveedor observado.

Al no haber provocado que se produzca un hecho generador, menos utilizado el crédito fiscal, no se tiene un tributo omitido, por tanto no se perfeccionó la sanción de omisión de pago que erróneamente la Administración Tributaria pretende tipificar y sancionar, contraviniendo lo establecido por el artículo 165 de la Ley 2492. Por lo expuesto infiere que no se configuró los elementos del tipo, menos se fundamento cómo cometió el presunto ilícito, es decir, los hechos no se ajustan a la definición y tipificación de omisión de pago; por consiguiente, en aplicación de los principios de legalidad y tipicidad no se le puede imputar sanción alguna, ya que su conducta no se ajusta a la descripción del ilícito.

Conforme se puede verificar cumplió con todas su obligaciones materiales y formales, presentó sus declaraciones juradas del IVA y pagó el impuesto declarado, consecuentemente, en aplicación del; artículo 169 de la Ley 2492, se presume que cumplió sus obligaciones, además de proporcionar a la Administración Tributaria toda la información solicitada, incluso certificaciones de los proveedores, demostrando que cumplió todos los requisitos para demostrar la existencia de crédito fiscal.;;..’

.

De la fotocopia simple de la Resolución Determinativa impugnada se advierte que, dicho acto pasa de la página 5 a la página 6 sin que haya conexión en el texto de una página a otra, siendo evidente la omisión de impresión o citar algún segmento de la

parte considerativa del citado acto administrativo; aspecto que vulnera su derecho a .. la defensa al no poder defenderse de su contenido. En el análisis de los descargos simplemente expresa que la normativa citada no es aplicable sin explicar los motivos, faltando una debida fundamentación, motivo por el cual solicita la nulidad del proceso.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar o anular la Resolución

cion afaq Determinativa N° 171820003290.(SIN/GDLPZ-I/DJCC/TJ/RD/00397/2018) de 28 de ISO 9001 diciembre de 2018

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II.2 Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Jorge Laura Landaeta fue admitido mediante Auto de 6 de febrero de 2019, notificado mediante cédula al recurrente y al Gerente Distrital La

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Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales el 15 de febrero de 2019; fojas 30-38 de obrados.

II.3 Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales representada legalmente por Iván Arancibia Zegarra conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia No 031700001413 de 29 de septiembre de 2017, por memorial presentado el 6 de marzo de 2019, cursante a fojas 41-48 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente:

La serie de actos jurídicos celebrados contra el contribuyente se realizó bajo la égida del respeto a los derechos, reglas, principios y garantías básicas fijadas por el ordenamiento jurídico nacional. El recurrente de manera totalmente equivocada refiere que no se habría valorado la prueba presentada, al respecto, si bien el recurrente presentó la documentación solicitada; sin embargo, de la verificación de la correcta apropiación del crédito fiscal mediante análisis y cruce de información con el sistema de dosificación y el SIRAT II se evidenció que no se encuentran debidamente dosificadas por la Administración Tributaria, no fueron emitidas por el proveedor o se encuentra reportada por varios compradores en distintos periodos y por diferentes importes, vulnerando lo establecido por los artículos 4, 8, 19, 22, 24, 26, 28, 30 y 31 de la Ley 843, 8 del DS 21531 y 51 de la RND 10-0025-14, razón por la que sancionó con la multa del 100% del tributo omitido, por los periodos fiscales febrero mayo y septiembre 2016.

El contribuyente el 28 y 30 de noviembre de 2018 presentó descargos a la vista de Cargo, consistente en certificaciones de su proveedor Rolando Tarquiola Padilla, quien emitió las facturas Nos. 15, 18, 36, 37, 43 y 49 en el mes de febrero 2016. A objeto de verificar la veracidad de dicha información, mediante Requerimiento No 061820019526, solicitó al mencionado proveedor copias de las notas fiscales respaldo del débito fiscal, declaraciones juradas F-200 y F400, Libro de Ventas IVA, medios.fehacientes de pago y contrato, documentación que no fue presentada por el proveedor. Asimismo, se verificó en el SIRAT II que el proveedor no envía su Libro de Ventas por la oficina virtual, razón por la que no se pudo establecer la veracidad de las certificaciones; por consiguiente, los descargos mencionados no son válidos para desvirtuar las observaciones establecidas. Si bien, el contribuyente en su descargo refirió a las facturas Nos. 27, 267 y 268; sin embargo,

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA . Estado Plurinacional de Brésento documentación de respaldo alguno, motivo por el cual se mantuvieron las

observaciones.

En cuanto a la dosificación, el contribuyente presentó facturas correspondientes al proveedor Rolando Tarquiola Padilla con fecha de emisión anterior a la fecha de activación de la dosificación, además que se encuentran reportadas por varios compradores; lo que demuestra la mala fe con la que actuó dicho contribuyente.

De lo que se colige que se realizó una adecuada valoración y verificación de la prueba presentada por el sujeto pasivo, evidenciándose que el contribuyente no determinó ni declaró correctamente el crédito fiscal IVA de los periodos observados. Añade además que la carga de la prueba corresponde al contribuyente conforme establece los artículos 76 y 215 de la Ley 2492

Respecto a la presentación de las facturas originales Nos. 15, 18, 36, 37, 43, 49, 27, 267 y 268, señala que no desvirtúa las observaciones efectuadas, toda vez que según el Libro . de Ventas-IVA Da Vinci fueron emitidas a otra razón social, por otro importe, en otras fechas y reportadas por varios compradores

El contribuyente para beneficiarse con el crédito fiscal de las facturas que declara debe cumplir tres requisitos esenciales referidos a: respaldo original de la factura o equivalente, que se encuentre, vinculada a la actividad gravada y que la transacción se haya realizado efectivamente, ya que no es suficiente la presentación de las facturas originales, las cuales deberá estar materialmente documentadas, aspecto que no ocurrió en el presente caso, por consiguiente las facturas del contribuyente no cumplen los requisitos de validez para que las mismas pueda válidas para crédito fiscal.

La Administración: Tributaria en aplicación de la verdad material fue más allá de la presentación de la factura, llegando a establecer objetivamente que las pruebas ofrecidas por el contribuyente no fueron suficientes.

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Se calificó correctamente la conducta del contribuyente como omisión de pago de acuerdo al artículo 165 de la Ley 2492, sancionándose con el 100% del impuesto determinado; toda vez que de la verificación del IVA contenido en las facturas declaradas por el contribuyente se detectó apropiación indebida del crédito fiscal.

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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa N° 171820003290 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/TJ/RD/00397/2018) de 28 de diciembre de 2018.

11.4 Apertura de término probatorio y producción de prueba Mediante Auto de 7 de marzo de 2019, se dispuso la apertura del término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d), artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 13 de marzo de 2019; período dentro el cual la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante memorial de 18 de marzo de 2019, ratificó en calidad de prueba pre constituida los antecedentes administrativos, adjuntados a momento de responder el Recurso de Alzada; al efecto, el Proveído de 19 de marzo de 2019, dio por ratificada la prueba documental señalada, actuación notificada en Secretaría a las partes el 20 de marzo de 2019, fojas 49-54 de obrados.

El recurrente Jorge Laura Landaeta por nota presentada el 2 de abril de 2019, presenta en calidad de prueba el expediente administrativo remitido por la Administración Tributaria a momento de responder el Recurso de Alzada; por Proveído de 3 de abril de 2019 se dio por ratificada la prueba señalada, actuación notificada en Secretaría a las partes el 3 de abril de 2019, fojas 54-56 de obrados.

11.5 Alegatos El recurrente mediante nota de 22 de abril de 2019, presentó alegatos reiterando los argumentos de su Recurso de Alzada respecto a: la falta de valoración de la prueba presentada a la Administración Tributaria ante la notificación con la vista de Cargo, que demuestran que sus transacciones son reales; sobre los requisitos de validez de las facturas, la vulneración del principio de verdad material y que su conducta no se adecúa a la contravención de omisión de pago. Por Proveído de 24 de abril de 2019, se dio por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria, actuación notificada en Secretaría a las partes en la misma fecha, fojas 57-64 de obrados.

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales no formuló alegatos orales ni escritos, de conformidad a lo previsto en el artículo 210, parágrafo II del Código Tributario.

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.

….

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional di BoliANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, el 25 de septiembre de 2018, notifico mediante cédula al contribuyente Jorge Laura Landaeta con la Orden de Verificación N° 18990201073, formulario 7531, modalidad “Verificación Específica Crédito IVA”, con alcance a todos los hechos y/o elementos relacionados al crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente que se detalla en anexo adjunto, correspondiente a los periodos fiscales febrero, mayo y septiembre 2016; solicitando al efecto la presentación de las declaraciones juradas F-200 y/o F210 y Libro de Compras IVA de los periodos observados, originales de las facturas de compras detalladas en anexo adjunto, documento que respalde el pago realizado y otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso para verificar las transacciones que respaldan las facturas detalladas en el anexo mencionado; fojas 6-7 y 11-14 de antecedentes administrativos.

Resultado del proceso de verificación el 17 de octubre de 2018, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 291820001221 (SIN/GDLPZ-1/DF/SPPD/ VC/01121/2018), contra el contribuyente Jorge Laura Landaeta, estableciendo preliminarmente sobre base cierta el tributo omitido de 16.019 UFV’s por el impuesto al Valor Agregado (IVA), más intereses y sanción preliminar de omisión de pago, correspondiente a los periodos fiscales febrero, mayo y septiembre 2016, emergente de la depuración de crédito fiscal de compras declaradas en dichos periodos fiscales. Actuación preliminar notificada mediante cédula el 31 de octubre de 2018, fojas 82-90 de antecedentes administrativos.

El contribuyente Jorge Laura Landaeta mediante notas de 28 y 30 de noviembre de 2018, presentó argumentos y documentación de descargo a la Vista de Cargo, fojas 95-109 y 111-128 de antecedentes administrativos.

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La Gerencia Distrital La Paz I.del Servicio de Impuestos Nacionales el 28 de diciembre

afa de 2018, emitió la Resolución Determinativa N° 1718203290 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/TJ/ ISO 9001 RD/00397/2018) contra Jorge Laura Landaeta, estableciendo sobre base cierta el awon came tributo omitido de 16.019 UFV’s por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), más intereses y sanción por omisión de pago, correspondiente a los periodos fiscales et febrero, mayo y septiembre 2016, emergente de la depuración de crédito fiscal de compras declaradas en dichos periodos fiscales. Acto administrativo notificado

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mediante cédula el 10 de enero de 2019, fojas 151-165 y 168-171 de antecedentes

administrativos.

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-111 del referido Código Tributario, se tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Jorge Laura Landaeta en el Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.

  1. IV. 1 VICIOS DE NULIDAD EN LA RESOLUCIÓN DETERMINATIVA El recurrente en su Recurso de Alzada y alegatos manifiesta que no se realizó un análisis individual de los descargos presentados, el ente fiscal no fundamenta ni señala los motivos por los cuales no considera suficiente la prueba; por el contrario en varias partes del acto impugnado señala que no se presentó pruebas, por esta razón, el acto administrativo es incongruente y vulnera el debido proceso. El ente fiscal sin prueba en contrario no dio el valor probatorio a las certificaciones del proveedor presentadas, siendo ilegal la depuración de su crédito fiscal debido a que terceras personas incumplen sus deberes. Adicionalmente, no se consideró sus argumentos referidos a que la vista de Cargo no contenía los fundamentos necesarios que justifiquen la depuración de su crédito fiscal y que los descargos deben ser analizados prolijamente, esto con el objeto de garantizar sus derechos al debido procesó y a la defensa, que en el presente caso fueron lesionados.

Señala también que se vulneró el artículo 200 del Código Tributario, debido a que se sobrepuso la verdad formal sobre la verdad material. De acuerdo al artículo 4, inciso c) de la Ley 2341, la Administración Pública investigará la verdad material, debiendo ceñir su decisión a los hechos y no restringir su actuar a las actuaciones de carácter

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional da deliriistrativo formal que no son suficientes para asumir decisiones, es decir, que

antes de depurar su crédito fiscal, la Administración Tributaria debió corroborar las múltiples transacciones del proveedor reportadas por el SIRAT, siendo incoherente probar por su parte la idoneidad de sus operaciones de compra, debiendo el Servicio de Impuestos Nacionales iniciar proceso de investigación contra el proveedor observado. –

Manifiesta también que la Resolución Determinativa impugnada pasa de la página 5 a la página 6 sin que haya conexión en el texto de una página a otra, siendo evidente la omisión de impresión o citar algún segmento de la parte considerativa del citado acto administrativo; aspecto que vulnera su derecho’a la defensa al no poder defenderse de su contenido, máxime cuando en el análisis de los descargos simplemente expresa que la normativa citada no es aplicable sin explicar los motivos, faltando una debida fundamentación, motivo por el cual solicita la nulidad del proceso. :

La Administración Tributaria señala que el contribuyente, mediante notas de 28 y 30 de noviembre de 2018, presentó descargos a la vista de Cargo consistente en certificaciones de su proveedor Rolando Tarquiola Padilla, por las facturas Nos. 15, 18, 36, 37, 43 y 49 de febrero 2016. A objeto de verificar la veracidad de dicha información solicitó al mencionado proveedor copias de las notas fiscales respaldo del débito fiscal, declaraciones juradas F 200 y F400, Libro de Ventas IVA, medios fehacientes de pago y contrato, documentación que no fue presentada. Asimismo, verificó en el SIRAT II que el proveedor no envía su Libro de Ventas por la oficina virtual, razón por la que no se pudo establecer la veracidad de las certificaciones; por consiguiente, los descargos mencionados no son válidos para desvirtuar las observaciones establecidas. Adicionalmente, el contribuyente en su descargo refirió a las facturas Nos. 27, 267 y 268; sin embargo, no presentó documentación de respaldo alguno, motivo por el cual se mantuvieron las observaciones.

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Señala que el recurrente de manera totalmente equivocada refiere que no se habría

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8, 19, 22, 24, 26, 28, 30 y 31 de la Ley 843, 8 del DS 21531 y 51 de la RND 10-0025-14, razón por la que sancionó con la multa del 100% del tributo omitido, por los periodos fiscales febrero mayo y septiembre 2016.

Agrega que lo señalado evidencia que se realizó una adecuada valoración y verificación de la prueba presentada por el sujeto pasivo, evidenciándose que el contribuyente no determinó ni declaró correctamente el crédito fiscal IVA de los periodos observados; además la carga de la prueba corresponde al contribuyente conforme establece los artículos 76 y 215 de la Ley 2492; al respecto corresponde el siguiente análisis:

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone: 1. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en 

el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

El artículo 99, parágrafo II del Código dispone: La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

A su vez el artículo 19 del DS 27310, señala: La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones aplicables al caso. 

Inicialmente se hace necesario señalar que el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso debe ser parte de todas las actuaciones

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional da ciplinistrativas; por consiguiente, es obligación de los organismos y dependencias de

la Administración Pública a su cumplimiento; es en ese contexto, que dicho precepto constitucional establece de manera expresa que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se traduce que los actos y actuaciones en un proceso administrativo se deben ajustar no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales; esto implica garantizar el correcto ejercicio de la Administración Pública a través de la emisión de actos administrativos, los que no deben resultar contrarios a los principios del Estado de Derecho.

En el contexto anterior, el debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantias mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez. Se define el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo en una actuación judicial o’administrativa. para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. La fundamentación de la Resolución Determinativa, constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite ună resolución ya sea en el ámbito judicial o administrativo, necesariamente debe exponer el sustento’de hecho y de derecho que motivaron asumir una determinada decisión, de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y de esta manera puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios de impugnación establecidos en el ordenamiento jurídico.

Hechas las precisiones antes mencionadas, el Tribunal Constitucional Plurinacional. estableció la distinción entre fundamentación y motivación de las resoluciones, habiendo emitido diferentes entendimientos, es así que en la Sentencia Constitucional Plurinacional 1414/2013 de 16 de agosto de 2013, señala lo siguiente: “El derecho a 

afaq la fundamentación de un fallo es una garantía de legalidad que establece que todo ISO 9001 acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado,entendiéndose por lo primero la obligación de la autoridad que lo emite para citar los 

IQNet preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos lógicojurídicos sobre el porqué considera que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa.”

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De acuerdo a la jurisprudencia constitucional mencionada, se tiene que toda decisión de autoridad pública debe estar necesariamente, con arreglo a derecho, es decir, con la debida fundamentación, esto implica, con la sustentación de la resolución en un precepto legal; asimismo, la motivación de las resoluciones administrativas no necesariamente debe estar circunscrita a una argumentación ampulosa o exagerada, ya que se considerará cumplido dicho requisito cuando existe claridad y precisión respecto a las razones que motivaron a la autoridad para emitir una determinada decisión

Bajo el argumento expuesto, cabe señalar que todos los actos de la Administración Tributaria se encuentran regulados por disposiciones legales vigentes, que establecen los requisitos, condiciones y formalidades que se deben cumplir. En ese sentido, tanto

la Ley 2492 y’la Ley 2341, así como sus Reglamentos, establecen los requisitos

  • esenciales que deben contener los actos administrativos, cuya inobservancia da lugar

a la nulidad, garantizando así el debido proceso y el derecho a la defensa. En el presente caso, conforme a lo establecido en los artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492 y artículo 29 del DS 27310, la administración tributaria cuenta, entre otras, con la facultad de fiscalización para determinar la deuda tributaria.

Se debe recordar que el artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492, dispone que la Resolución Determinativa que dicte la Administración Tributaria deberá contener como requisitos mínimos -entre otros- fundamentos de hecho y de derecho, concordante con lo establecido por el artículo 19 del DS 27310. Asimismo, el artículo 28 de la Ley 2341, aplicable en virtud al artículo 74, numeral 1 de la Ley 2492, establece que uno de los elementos esenciales de los actos administrativos es que sean fundamentados, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando además la motivación del mismo, el cual debe sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable.

Bajo el contexto anterior y de la revisión de antecedentes administrativos se tiene que el 25 de septiembre de 2018, la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, notifico mediante cédula a Jorge Laura Landaeta con la Orden de Verificación N° 18990201073, a objeto de iniciar el proceso de verificación correspondiente al Impuesto al Valor Agregado derivado de la revisión del crédito fiscal contenido en las facturas de compras declaradas en los periodos fiscales febrero,

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional dm@yoviy septiembre 2016. Resultado de la citada verificación se emitió la Vista de

Cargo N° 291820001221 (CITE: SIN/GDLPZ 1/DF/SPPDNC/01221/2018) de 17 de octubre de 2018, que estableció sobre base cierta el tributo omitido de 16.019 UFV’s por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), más intereses y sanción por omisión de pago de los periodos fiscales febrero, mayo y septiembre 2016, emergente de la depuración del crédito fiscal de las facturas de compras de los periodos fiscales mencionados. Acto preliminar que detalla con precisión las facturas observadas, el motivo de su depuración y el respaldo legal; cumpliendo de esta forma con el requisito

esencial del origen de la deuda que contempla los aspectos técnicos y legales que ‘sustentan la determinación sobre base cierta, resultado de las actuaciones de control,

verificación y fiscalización del ente fiscal.

En conocimiento de la citada Vista de Cargo, Jorge Laura Landaeta, dentro del término de prueba aperturado en cumplimiento del artículo 98 de la Ley 2492, presentó argumentos y documentación de descargo consistente en Recibos de pago originales Nos. 1681, 1682, 1684, 1685, 1687 ý 1688; las facturas originales observadas y Certificaciones del proveedor de las facturas de ventas Nos. 0015, 0018, 0036, 0037, 0043 y 0049, a fojas 94-127 de antecedentes administrativos. No obstante lo señalado, el sujeto activo emitió la Resolución Determinativa N° 1718290003290 (SIN/GDLPZ I/DJCC/TJ/ RD/00397/2018) de 28 de diciembre de 2018, estableciendo sobre base cierta el IVA omitido de 16.019 UFV’s, más intereses y sanción por omisión de pago por ‘los períodos fiscales febrero, mayo y septiembre 2016; emergente de la depuración del crédito fiscal de las compras declaradas en dichos periodos fiscales acto administrativo que hoy es objeto de impugnación.

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Inicialmente se hace necesario señalar, que la doctrina respecto a la valoración de la prueba refiere que es de suma importancia para el desarrollo de un caso en particular, ya que no debe existir proceso en cualquiera de los ámbitos que no dependa estrictamente de los fundamentos y de la prueba aportada, en ese contexto, la

afaq Administración Tributaria que establezca reparos por obligaciones impositivas debe iso 9001 estar sustentada como parte de su responsabilidad de sụs pretensiones en prueba AINOR CERTIFICATION conocida o aportada por el administrado que luego de su compulsa debe estar expuesta en el acto administrativo definitivo como muestra de un debido proceso.

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De la relación de hechos efectuada en los párrafos anteriores, se establece que la impugnación del recurrente versa principalmente sobre el hecho que en la Resolución Determinativa N° 171820003290 no valoró la documentación presentada en calidad de descargo a la vista de Cargo, mediante notas de 28 y 30 de noviembre de 2018, documentos referidos a 6 certificaciones de las facturas Nos. 15, 18, 36, 37, 43 y 49 emitidas por el proveedor Rolando Tarquiola Padilla; 6 fotocopias de recibos de pago a Rolando Tarquiola Padilla, fotocopias del NIT, cédula de Identidad del citado proveedor Rolando Tarquiola Padilla y las facturas originales observadas, según se tiene a fojas.95-127 de antecedentes administrativos.

Ahora bien, de la lectura de la Resolución Determinativa recurrida, se observa que el primer Considerando, en el acápite Evaluación de Argumentos de dicho acto (página 7), señala de manera expresa: “...las facturas observadas N° 15, 18, 36, 37, 43 y 49 del periodo febrero 2016 no son válidas para crédito fiscal conforme la observación: A) Factura no válida para Crédito Fiscal. La factura se encuentra reportada por varios compradores en distintos periodos y diferentes importes (Duplicada); verificado con reporte SIRAT.:.” 

Continúa señalando: El contribuyente LAURA LANDAETA JORGE, en fecha 28 de noviembre de 2018 (...) y 30 de noviembre de 2018 (...) presentó como descargo certificaciones emitidas por su proveedor, el contribuyente TARQUIOLA PADILLA ROLANDO, quien emitió las facturas N° 15, 18, 36, 37, 43 y 49 de febrero de 2016, sin adjuntar la copia del emisor de las mismas, motivo por el cual mediante Requerimiento No 06820019526 (...) se solicitó al proveedor TARQUIOLA PADILLA ROLANDO, con NIT 3358127018, la siguiente documentación: Notas Fiscales de respaldo al Débito fiscal (Copias), Declaraciones juradas F-200 y F-400, Libro de Ventas /VA, Documentos que respalden la Transacción (medios de pago fehacientes de pago, cheques, depósito bancario), contrato de acuerdo de ambas empresas () Pasado los 3 días el contribuyente no presentó documentación alguna. (…) se verificó en el sistema SIRAT II que el proveedor no envía registro de su libro de Ventas por la oficina Virtual y al no dar cumplimiento con el requerimiento de la presentación de Libro de Ventas ni las copias emisor de las facturas (…) no se puede establecer la veracidad de las certificaciones“. Concluye indicado: “Por lo tanto los descargos presentados por el contribuyente no son válidos para desvirtuar la observación sobre las facturas...

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de 3 kiferior permite corroborar que la Administración Tributaria en la Resolución

Determinativa N° 171820003290, como acto administrativo definitivo no realizó la valoración de toda la documentación aportada por el ahora recurrente mediante notas de 28 y 30 de noviembre de 2018, en calidad de descargos a la Vista de Cargo, es decir, no menciona los recibós’ de pago, las fotocopias del NIT y cédula de identidad del proveedor y las facturas originales observadas cursantes a fojas 104-108 y 113-121; aspecto que permite establecer que no contiene el análisis de la documentación de descargo presentada, menos realiza la valoración con la fundamentación y motivación correspondiente, limitándose a señalar que debido a que el proveedor no atendió el requerimiento efectuado no puede establecer la veracidad de las certificaciones, por tanto no son válidos para desvirtuar las observaciones, aspecto que denota la imprecisión y la falta de revisión de los hechos efectivamente ocurridos en el proceso de determinación, en definitiva, demuestra incuestionablemente que el ente fiscal no detalló la razón específica o motivos por. los cuales la documentación presentada no fue suficiente para desvirtuar el tributo omitido por el IVA emergente de la depuración del crédito fiscal, es decir, no fundamentó su posición conforme los descargos presentados cursantes en.. antecedentes administrativos, vulnerando el debido proceso.

Corresponde mencionar también que el debido proceso supone que la Administración Tributaria en ejercicio de sus facultades no puede ni debe adoptar decisiones definitivas sin que antes los interesados, contribuyentes o terceros interesados tengan cabal conocimiento de las actuaciones administrativas, producir prueba y formular sus descargos; en ese contexto, es preciso establecer que el debido proceso exige que la Administración Tributaria determine el valor de las pruebas haciendo un análisis razonado de ellas, siguiendo las reglas de la lógica, exige que fundamente sus actos administrativos y exprese las razones por las cuales concede o no eficacia probatoria

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afaq En el caso bajo análisis, como se manifestó anteriormente el ahora recurrente en su iso 9001 momento aportó documentación con la finalidad de que los argumentos expuestos adquieran validez como hechos probados, en ese sentido, se constituyen en descargos que podrían generar convicción y seguridad sobre el derecho solicitado, toda vez que es la herramienta más importante para verificar la realidad de los hechos producidos o no su valoración (aceptación o rechazo) es la base y fundamento para

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  • que la autoridad correspondiente (Administración Tributaria) emita una decisión final;

sin embargo, en el presente caso, se omitió una respuesta fundamentada respecto a todas las pruebas de descargo ofrecidas; en franca vulneración del debido proceso entre cuyas exigencias se encuentra el determinar el valor de las pruebas.

Al efecto, en relación al debido proceso la Sentencia Constitucional Plurinacional 0380/2014 Sucre, 21 de febrero de 2014, señala lo siguiente: “La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre 

s obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes” (las negrillas nos corresponden). Entendimiento reiterado en la SCP 0791/2012 de 20 de agosto. 

De igual forma, la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0896/2014 de 12 de mayo de 2014, señala: “III.2. Sobre la valoración de la prueba, la SC 0854/2010-R de 10 de agosto, saló que: “...este Tribunal a través de las diversas acciones tutelares no puede realizar una nueva valoración de la prueba sobre la problemática de fondo que motivó la decisión judicial o administrativa impugnada, pues ello sería invadir otras jurisdicciones desnaturalizando la esencia de esta acción tutelar por cuanto la valoración de la prueba es una facultad privativa de dichas instancias ordinarias; esa es la regla y la línea jurisprudencial adoptada”. Sin embargo, también identificó situaciones en las excepcionalmente puede ingresar a valorar la prueba indicando que: No obstante, como toda regla en ciertos casos conlleva una excepción, de manera muy excepcional el Tribunal Constitucional, puede determinar si se valoró o no la prueba, si se omitió alguna valoración pese a la presentación oportuna y conforme a ley o la misma resulta arbitraria e irracional; sin embargo, no puede sustituir la valoración, sino disponer se emita nueva resolución con una adecuada valoración probatoria por parte del mismo órgano o instancia ordinaria‘ y luego de 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional dh doleriamención a la SC 0083/2010-R de 4 de mayo, que fue emitida bajo éste 

razonamiento, concluyó indicando que la excepción se da cuando en la valoración de la prueba: a) Exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsible para decidir (...) o b) Cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales...” (SCP 0438/2012 de 22 de junio). .

Continúa señalando: III.3. El derecho a una resolución motivada, fundamentada y congruente como elemento constitutivo del debido proceso. La SC 0112/2010-R de 10 de mayo, señaló: La reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido que el debido proceso, consagrado como garantía constitucional por el art. 16 de la CPE abrg., ahora por el art. 115.II de la CPE, y como derecho humano en los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Çiviles y Políticos (PIDCP), consiste en el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por las disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar y precisando que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución dictaminando una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión…). En relación a la motivación y, fundamentación de las resoluciones, este Tribunal también en la SCP 0903/2012 de 22 de agosto, incidió en ** lo siguiente: ...la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que uso 9001 exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva AFNOR CI de un fallo“, requisito que se hace de mayor importancia en los tribunales de última 

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Corresponde también señalar que los contribuyentes tienen derecho a que los procedimientos aplicables, en el presente caso la determinación de la deuda, cuenten con las correspondientes garantías como ser el debido proceso y derecho a la defensa lo que implica que la documentación que aporta el solicitante con el fin de respaldar lo argumentado debe ser objeto de análisis, pero además las conclusiones sobre su pertinencia, aceptación o rechazo deben encontrarse reflejadas en el acto administrativo correspondiente, esto implica, que conforme al artículo 68, numeral 2 de la Ley 2492, son derechos del sujeto pasivo a que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por ésta Ley y Disposiciones Reglamentarias dentro los plazos establecidos.

Respecto a la falta de concatenación entre el texto de las páginas 5 y 6 del acto impugnado, de la lectura de la Resolución Determinativa impugnada, en el primer Considerando refiere a los descargos presentados por el contribuyente mediante notas de 28 y 30 de noviembre de 2018, cursante a fojas 95-103 y 111-112 de antecedentes administrativos, consignando en las páginas 4, 5 y 6 de dicho acto el texto in extenso de las mencionadas notas; sin embargo, en la transcripción de la nota de 28 de noviembre de 2018, se omitió el cuadro de la segunda página “Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07), Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07artículo 41, de la carta de descargo de 28 de noviembre de 2018, cursante a fojas 96 de antecedentes administrativos; situación que evidencia que la parte no transcrita en el acto impugnado por el ente fiscal corresponde a la copia textual de la citada normativa y la transcripción de argumentos de descargo respecto su cumplimiento, omisión que vicia de nulidad el referido acto administrativo, toda vez que no expone en su integridad los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron a su emisión, aspecto que vulnera el derecho a la defensa del ahora recurrente al no tener conocimiento del contenido cabal del acto impugnado, hecho que generó incertidumbre en el recurrente al no conocer las razones en las que el ente fiscal fundamentó su decisión, incumpliendo lo previsto en el artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492, en el entendido de que la Resolución Determinativa N° 1718203290 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/TJI RD/00397/2018) no contiene la debida fundamentación de hecho, aspecto que provoca la nulidad absoluta de dicho acto y por consiguiente no produce efectos jurídicos sobre el administrado.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional dDeplianálisis realizado es evidente que la Administración Tributaria, no emitió un

pronunciamiento respecto a la valoración de la integridad de la prueba de descargo, que deriva en la falta de fundamentación y motivación de la deuda establecida, cuando debió hacer conocer los motivos y la valoración de toda la documentación aportada con el fin de que el sujeto pasivo conozca claramente los fundamentos por los cuales tenga que, asumir defensa; aspectos que evidencian el incumplimiento de las previsiones del artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492, que establece que uno de los elementos esenciales de los actos administrativos, es que sean fundamentados, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando además la motivación que debe sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable, es decir, debe estar fundamentada en los hechos efectivamente ocurridos en el procedimiento determinativo como es la presentación de descargos; razón por la cual corresponde retrotraer obrados hasta el acto administrativo impugnado, a fin de que el ente fiscal considere la pertinencia o no de toda la documentación presentada por el ahora recurrente.

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POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

RESUELVE: PRIMERO: ANULAR la Resolución Determinativa N° 171820003290 (SIN/GDLPZ-1/ DJCC/TJ/RD/00397/2018) de 28 de diciembre de 2018, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales contra el contribuyente Jorge Laura Landaeta; consecuentemente, la Administración Tributaria debe emitir un nuevo acto administrativo estableciendo los fundamentos de hecho y derecho en base a todos los argumentos y la documentación ofrecida en calidad de prueba por el sujeto. ISO 9001 pasivo (su aceptación o rechazo en forma fundamentada) conforme establece el AFNOR artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492.

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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme

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conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad les plantes armerter General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código

Tributario y sea con nota de atención.

allo CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la P Unges

interposición del Recurso Jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

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Lic. Cecilia Velez Dorad

Directora Ejecutiva Regional Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Regional de Impugnación 

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