ARIT-LPZ-RA-0573-2019 Se anula Resolución Determinativa. El contribuyente solicitó a la Administración Tributaria la prescripción de las facultades de controlar, investigar, comprobar y fiscalizar tributos, así como de determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas. La Administración Tributaria solo se limitó a mencionar y efectuar la transcripción de las disposiciones normativas, sin explicar de manera fundamentada las razones técnico legales por las cuales no consideró la irretroactividad de la Ley y no consideró la aplicabilidad o no de las Sentencias Constitucionales alegadas por el contribuyente.

ARIT-LPZ-RA-0573-2019

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0573/2019 

Recurrente: 

CLUB THE STRONGEST, legalmente representada por Henry Santos Salinas

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por lván. Arancibia Zegarra

Acto Impugnado: 

Resolución Determinativa N° 171820003374 (SIN/GDLPZ-1/DF/SVI/RD/02941/2018) *

Expediente : 

ARIT-LPZ-0072/2019 

Lugar y Fecha: 

La Paz, 26 de abril de 2019 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ No 0573/2019 de 24 de abril de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente:

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Determinativa N° 171820003374 (SIN/GLPZ-1/DF/SVI/RD/02941/2018) de 17 de diciembre de 2018, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales resolvió determinar de oficio sobre base cierta por conocimiento de la materia tributaria, las obligaciones impositivas del contribuyente CLUB THE

afaq STRONGEST que asciende a 18.668 UFV’s por concepto de tributo omitido, intereses, ISO 9001 sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones del

ToNet periodo fiscal junio de 2012.

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Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (5912) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo . La Paz, Bolivia

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA II.1. Argumentos del Recurrente Henry Santos Salinas en representación legal del CLUB THE STRONGEST conforme acredita el Testimonio de Poder N° 413/2018 de 7 de mayo de 2018, mediante memorial presentado el 21 de enero de 2019, cursante a fojas- 75-87 de obrados

interpuso Recurso de Alzada expresando lo siguiente:

Solicita se declare la prescripción de las facultades de controlar, investigar, comprobar y fiscalizar tributos, de determinar la deuda tributaria y. de imponer sanciones administrativas; al efecto cita los artículos 59, parágrafo I numeral 4 y 60 parágrafo || de la Ley 2492, en consecuencia, la Administración Tributaria tiene solamente el plazo de cuatro años para ejercer sus facultades; en el presente caso corresponde al IVA e IT del periodo fiscal junio/2012, el cual se inició el 1 de enero de 2013 y concluyó el 31 de diciembre de 2016.

Con el fin de prever una errada aplicación retroactiva de las leyes, aclara que no se debe aplicar las Leyes 291, 317 y 812 a efectos del cómputo de la prescripción en consideración de que estas han sido promulgadas con posterioridad al periodo fiscal junio/2012; al efecto, respecto a la deuda tributaria, solicitó se aplique el principio tempus regit actum, es decir la norma vigente a momento de beneficiarse del crédito fiscal que no es otra que los artículos 59 y 60 de la Ley 2492 sin modificaciones, considerando que este es un derecho adquirido inviolable.

De la misma manera, en relación a la sanción por omisión de pago, pide se aplique el principio de tempus comissi delicti, es decir, la normativa vigente a momento de cometerse el supuesto ilícito, tal como establece el artículo 116 parágrafo II de la Constitución Política del Estado.

Cita la Sentencia Constitucional 1169/2016-S3, el Auto Constitucional N° 44/2005 de 16 de febrero de 2005 y la Sentencia Constitucional N° 103/2018 de 21 de marzo de 2018, en relación a la jurisprudencia que debe ser entendida y aplicada por todas las personas y funcionarios del Estado, en el entendido que las normas no pueden ser aplicadas retroactivamente y que para el cobro de la deuda tributaria y la imposición

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…..

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de sanciones debe aplicarse la normativa aplicable a momento de producirse el hecho generador, de declarar un crédito fiscal o de cometerse el ilícito.

: .”

si

El acto administrativo no se pronuncia sobre todos los descargos y argumentos presentados por el sujeto pásivo, por lo que el acto carece de la debida motivación y fundamentación; es decir, a momento de solicitar la prescripción se refirió: las reglas de aplicación en el tiempo para la deuda tributaria y sanción; fundamentó que la aplicación de la norma es la vigente a momento de la apropiación del crédito fiscal como también a momento de cometerse el ilícito, siendo un derecho adquirido lo cual no permite la aplicación retroactiva de las normas; así como también cito la jurisprudencia ordinaria y constitucional. No obstante lo mencionado, la Administración Tributaria no se pronunció de manera individualizada sobre cada uno de los fundamentos y argumentos, vulnerando el derecho a la petición y el principio de congruencia entre los aspectos solicitados (descargados) y los aspectos resueltos…

De la misma manera el acto administrativo impugnado carece de la debida motivación y. fundamentación, en sentido de que si bien expresa de donde obtiene el reparo para el IVÁ, no sucedió lo propio con los aspectos por los cuales repara también en el IT.

La Administración Tributaria en respeto de los derechos y garantías de orden constitucional, una vez solicitada la prescripción de las facultades de controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, tenía el deber de suspender el procedimiento de determinación hasta que se resuelva el tema de la prescripción.

. .

Pone en conocimiento la Ley N° 027 Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, que en su artículo 8 establece que las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio y contra ellas

afao no cabe recurso ordinario ulterior alguno, por lo que los funcionarios públicos están ISO 9001 obligados a fallar conforme ha establecido el Tribunal Constitucional Plurinacional, SNOR CERTARICAT caso contrario están incurriendo en el ilícito de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución y las leyes..

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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente o anular la Resolución Determinativa N° 171820003374 (SIN/GLPZ-1/DF/SVI/RD/02941/2018) de

17 de diciembre de 2018.

11.2. Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Henry Santos Salinas en representación legal del CLUB THE STRONGEST, fue admitido mediante Auto de 25 de enero de 2019, notificado por cédula tanto al representante legal del recurrente como al Gerente Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales a ambos el 5 de febrero de 2019; fojas 88-96 de obrados.

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Iván Arancibia Zegarra conforme la Resolución Administrativa de Presidencia No 031700001413 de 29 de septiembre de 2017, por memorial presentado el 20 de febrero de 2019, cursante a fojas 99-105 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

La Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria contenida en la Resolución Determinativa impugnada, lo realizó bajo la egida del respeto a los derechos, reglas, principios y garantías básicas fijadas por el orden jurídico nacional; en ese sentido, actuó dentro de los parámetros del derecho a la defensa, a la seguridad jurídica, aplicando objetivamente las normas jurídicas tributarias, poseyendo pleno conocimiento el contribuyente, de cuales eran y son derechos y sus obligaciones y en el marco de la garantía del debido proceso, observando el conjunto de requisitos que significan el procedimiento de determinación, cuidando que el contribuyente asuma defensa adecuadamente ante cualquier tipo de acto, que a su consideración, podría haber afectado sus derechos. Aclara que la determinación de la deuda tributaria no fue objeto de observación.

Como es de conocimiento general el artículo 59 de la Ley 2492 sufrió modificaciones por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012 y, posteriormente por la Disposición Adicional Decimo Segunda de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012; empero en concurrencia de normativa legal que beneficia al .

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administrado, en concordancia con el artículo 123 de la Constitución Política del Estado y el artículo 150 del Código Tributario; corresponde aplicar la Ley 812 que modifica los parágrafos I y II del artículo 59 de la Ley 2492, que establece un plazo de 8 dentro de los cuales la Administración Tributaria debe ejercer sus facultades.”

En ese contexto, la aplicabilidad de la Ley 812, está en función a su vigencia, lo que implica que los actos administrativos notificados estarán sujetos a la misma disposición legal que establece que las acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones, prescriben a los 8 años; en el presente caso, advierte que la Resolución Determinativa N° 171820003374. (SIN GLPZ 1/DFISVI/RD/02941/2018) de 17 de diciembre de 2018, fue notificada al contribuyente el 31 de diciembre de 2018, en plena vigencia de la Ley 812, por consiguiente no operó la prescripción de ninguna de las facultades del ente fiscal. Es decir, el cómputo de la prescripción de la facultad de determinar la deuda tributaria, del hecho generador junio 2012 se inició el 1 de enero de 2013 y concluye el 31 de diciembre de 2020; sin embargo, este cómputo fue suspendido e interrumpido a razón de que se emitió la Orden de Verificación y la Resolución Determinativa antes de efectuarse la prescripción.

Aclara que la aplicación de la Ley, 812, no afecta los derechos adquiridos o consolidados por los contribuyentes, ya que eso implicaría hacer una aplicación: retroactiva de la Ley, pero pueden afectar las situaciones de expectativa que aún no se consolidaron por estar pendientes de cumplimiento de algún requisito de forma o de

fondo, en este caso no se considera que se trate de una aplicación retroactiva de la Ley; al efecto, cito la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1413/2013. –

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El sujeto pasivo hace alusión a supuestas faltas de pronunciamiento a argumentos de una supuesta demanda, sin considerar que el memorial de Recurso de Alzada es el

afao primer actuado administrativo en vía recursiva respecto a la impugnación de la ISO 9001 Resolución Determinativa impugnada; al efecto cita las Sentencias Constitucionales Plurinacional 1380/2013 de 16 de agosto de 2013 y 0536/2014 de 10 de marzo de 2014

IQNet y las Sentencias Constitucionales 0731/2010-R de 26 de julio, 0242/2011-R de 16 de marzo y 0731/2010-R de 26 de julio de 2010, de lo que se colige que toda nulidad debe ser oportunamente reclamada a través de los recursos e incidentes que la Ley procesal

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II

establece como medios idóneos y válidos para dejar sin efecto el acto procesal afectado de nulidad, más cuando se tuvo conocimiento del proceso y asumió defensa utilizando esos medios de defensa al interior del proceso. En conclusión, todos los actuados de la Administración Tributaria deben ser considerados legítimos, ya que son emitidos dentro de las facultades conferidas por la Ley, por lo que respetando la seguridad jurídica emitió la Resolución Determinativa N° 171820003374 (SIN/GLPZ 1/DF/SVI/RD/02941/2018) de 17 de diciembre de 2018.

Como cualquier procedimiento determinativo actuó, dentro el debido proceso y respeto a la defensa del contribuyente, no existió ni existe el más mínimo indicio de indefensión ni violación al debido proceso; quedando desvirtuados los argumentos del ahora recurrente demostrando que la fiscalización fue realizada en aplicación de las disposiciones tributarias vigentes, sustentadas por información proporcionada por terceros y por el mismo contribuyente, contrastada con información extraída del Sistema de Recaudo para la Administración Tributaria SIRAT 2; evidenciando que el contribuyente no cumplió a cabalidad con sus obligaciones tributarias.

Solicita respetar el principio de congruencia y no emitir resoluciones extra o ultra petita, puesto que lo contrario constituye en una vulneración al derecho a la defensa y debido proceso del Servicio de Impuestos Nacionales; consagrados en el artículo 115 parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa N° 171820003374 (SIN/GLPZ-1/DF/SVI/RD/02941/2018) de 17 de diciembre de 2018.

11.4 Apertura de término probatorio y producción de pruebas Mediante Auto de 21 de febrero de 2019, se dispuso la apertura del término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes, en aplicación del inciso d), artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada al recurrente y la Administración Tributaria en Secretaría el 27 de febrero de 2019; fojas 106-107 de obrados.

Periodo durante el cual la Administración Tributaria, mediante memorial de 18 de marzo de 2019, ofreció, propuso y ratificó pruebas que fueron presentadas en los

antecedentes administrativos; al efecto, por Proveído de 19 de marzo de 2019, se dio :

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por ratificada la prueba documental, actuación notificada a las partes en secretaria el

20 de marzo de 2019; fojas 108-109 y 112 de obrados.

Por nota presentada el 19 de marzo de 2019, Henry Santos Salinas en representación legal del CLUB-THE STRONGEST, ratifico el expediente administrativo presentado por la Administración Tributaria a momento de responder el Recurso de Alzada; al efecto,

por Proveído de 20 de marzo de 2019 se dio por ratificada la prueba documental : señalada, en tanto cumpla con lo establecido en los artículos 81 y 217 de la Ley 2492;

actuación notificada por secretaría tanto al representante legal del recurrente como a la Administración Tributaria el 20 de marzo de 2019; fojas 110-111 y 113 de obrados.

11.5 Alegatos De la revisión de obrados, se advierte que ni el recurrente ni la Administración Tributaria formularon alegatos de conformidad al artículo 210, parágrafo II del Código Tributario.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, el 8 de febrero de 2018, notificó por cédula al Representante legal del contribuyente CLUB THE STRONGEST, con la Orden de Verificación No 17200300484 de 4 de diciembre de 2017, con alcance a la verificación del débito fiscal IVA y efecto en el IT,

correspondiente al periodo fiscal junio de 2012, a objeto de establecer el correcto * cumplimiento de las obligaciones tributarias; en ese contexto, Anexo al formulario 7520, solicitó al contribuyente la presentación de Declaraciones Juradas del IVA e IT, Libros de ventas IVA, copia de las facturas de ventas y otra documentación que el fiscalizador requiera durante el proceso de verificación; fojas 6-7 y 14-17 de antecedentes administrativos.

Calida

afaq Federico Villegas Ergueta en representación legal del CLUB THE STRONGEST, ISO 9001

mediante nota presentada a la Administración Tributaria el 19 de febrero de 2019, MENOR CE Boa solicitó prórroga para la entrega de sus documentos; al efecto, por Auto N°

IQNet Vogo 3251820000107 de 28 de febrero de 2018, se amplió el plazo de tres días hábiles a

partir de la notificación con el citado acto; fojas 19-29 de antecedentes administrativos

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Mediante Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 00168582 de 27 de agosto de 2018, se estableció el incumplimiento al deber formal de entrega de toda la información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos, contraviniendo los numerales 1, 4 y 11 del artículo 70 y numeral 1 del artículo 100 de la Ley 2492, correspondiendo una sanción de 1.000 UFV’s, según el

Anexo Consolidado, subnumeral 4.2 de la RND 10-0033-16; fojas 51 de antecedentes

  • administrativos.

La Administración Tributaria el 27 de agosto de 2018, emitió la Vista de Cargo No 291820000978 (CITE: SIN/GDLPZ-I/DF/SVI/VC/00878/2018), que estableció sobre cierta una deuda tributaria que asciende a 18.505 UFV’s, importe que incluye el impuesto omitido del IVA e IT, intereses y la sanción por la calificación preliminar de la conducta del contribuyente como omisión de pago, así como una multa por incumplimiento a deberes formales, correspondiente al período fiscal junio 2012,

administrativa notificada personalmente al representante legal el 5 de octubre de 2018; fojas 73-77 de antecedentes administrativos.

Mediante nota presentada ante la Administración Tributaria el 5 de noviembre de 2018, Henry Santos Salinas en representación legal del CLUB THE STRONGEST, presentó descargos a la vista de Cargo N° 291820000978, expresando su solicitud de prescripción de la deuda tributaria; fojas 79-85 de antecedentes administrativos.

La Resolución Determinativa N° 171820003374 (SIN/GLPZ-1/DF/SVI/RD/02941/2018) de 17 de diciembre de 2018, que resolvió determinar de oficio por conocimiento de la materia tributaria, las obligaciones impositivas del contribuyente CLUB THE STRONGEST que suman 18.668 UFV’s por tributo omitido e intereses correspondiente al IVA e IT por el periodo fiscal junio 2012, más la sanción del 100% del tributo omitido, así como la multa por incumplimiento a deberes formales, acto administrativo notificado de manera personal al representante legal el 31 de diciembre de 2018, fojas 92-100 de antecedentes administrativos.

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  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-111 del referido Código Tributario, se tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Henry Santos Salinas en representación legal del CLUB THE STRONGEST en el Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.

De inicio, es necesario puntualizar que el recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada, solicitó alternativamente la revocatoria total o nulidad del acto administrativo impugnado; en ese contexto, siendo obligación de ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitir un criterio y/o posición respecto a todos y cada uno de los planteamientos formulados, se efectuará inicialmente la revisión de la existencia o no de los vicios y si estos están legalmente sancionados con la nulidad: sólo en caso de no ser éstos evidentes, se procederá al análisis de las cuestiones de fondo planteadas.

IV.1. ASPECTOS DE FORMA IV.1.1 Falta de fundamentación del acto impugnado EI CLUB THE STRONGEST legalmente representada por Henry Santos Salinas en su Recurso de Alzada manifiesta que el acto administrativo no se pronuncia sobre todos

afaq los descargos y argumentos presentados por el sujeto pasivo, por lo que el acto carece de la debida motivación y fundamentación; es decir, a momento de solicitar la prescripción se refirió a: las reglas de aplicación en el tiempo para deuda tributaria y

IQNet sanción; fundamentó que la aplicación de la norma es la vigente a momento de la apropiación del crédito fiscal como también a momento de cometerse el ilícito, siendor un derecho adquirido lo cual no permite la aplicación retroactiva de las normas; así

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como también cito la jurisprudencia ordinaria y constitucional; aspecto que vulnera el derecho a la petición y el principio de congruencia entre los aspectos solicitados (descargados) y los aspectos resueltos.

La Administración Tributaria en la respuesta al Recurso de Alzada manifestó que cómo cualquier procedimiento determinativo actuó dentro el debido proceso y respeto a la defensa del contribuyente, no existió ni existe el más mínimo indicio de indefensión ni violación al debido proceso; quedando desvirtuados los argumentos del ahora recurrente demostrando que la fiscalización fue realizada en aplicación de las disposiciones tributarias vigentes, sustentadas por información proporcionada por terceros y por el mismo contribuyente, contrastada con información extraída del Sistema de Recaudo para la Administración Tributaria SIRAT 2; evidenciando que el contribuyente no cumplió a cabalidad con sus obligaciones tributarias; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 115, parágrafo II de la Constitución Política del Estado señala que: II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

El artículo 68 de la Ley 2492, en relación a los derechos del sujeto pasivo en sus numerales 2, 6 y 7, dispone: 2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 6. Al debido 

proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta para los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. · .

El artículo 201 de la Ley 2492 señala: Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el

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presente título. Solo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

El artículo 36 de la Ley 2341, menciona: I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. 

La Sentencia Constitucional 0114/2015-S2 de 23 de febrero de 2015, en su parte pertinente en relación a los alcances del debido proceso estableció: “…) el debido proceso se constituye en un derecho/garantía/principio de orden general y complejo, a su vez compuesto por los siguientes otros.derechos y garantías: A un proceso público, al juez natural, a la igualdad procesal de las partes, a no declarar contra sí mismo, a la defensa material y técnica, a la comunicación previa de la acusación, a ser juzgado sin dilaciones indebidas, a la congruencia entre acusación y condena, a la va razonable de la prueba, a la motivación y congruencia de las decisiones, a la concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa y las garantías de presunción de inocencia y del non bis in idem. Esta lista, conforme al principio de progresividad de los , derechos fundamentales (art. 13 de la CPE), es enunciativa, dado que puede ser ampliada de acuerdo a su desarrollo normativo, doctrinal y jurisprudencial en la perspectiva de materializar el valor justicia”. 

Previo a ingresar al análisis de la problemática que nos ocupa, es necesario considerar que el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso debe ser parte de todas las actuaciones administrativas; por consiguiente, es obligación de los organismos y dependencias de la Administración Pública a su

afaq cumplimiento; es en ese contexto, que dicho precepto constitucional establece de 150 900 manera expresa que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se

ToNet traduce que los actos y actuaciones en un proceso administrativo se deben ajustar no PRESENT sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales; esto implica garantizar el correcto ejercicio de la Administración Pública a través de la emisión del

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actos administrativos, los que no deben resultar contrarios a los principios del Estado de Derecho.

En ese contexto, toda autoridad administrativa tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes. De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración a pedir y a controvertir las pruebas a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio.

De la revisión de antecedentes administrativos, se establece que el Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Orden de Verificación N° 17200300484 de 4 de diciembre de 2017, comunicando al contribuyente CLUB-THE STRONGEST, que será objeto de un proceso de determinación de acuerdo a la modalidad Operativo Débito IVA y su efecto en el Impuesto a las Transacciones, con alcance al IVA y al IT, correspondiente al periodo fiscal junio 2012, con el objeto de establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias; asimismo, le otorgó el plazo de 5 días hábiles a partir de la notificación con la presente Orden para que el sujeto pasivo presente documentación requerida; actuación administrativa que fue notificada por cédula al representante legal de la empresa recurrida el 8 de febrero de 2018; así se advierte a fojas 6-7 y 14-17 de antecedentes administrativos.

Resultado del proceso de verificación, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 291820000978 (CITE: SIN/GDLPZ-1/DF/SVINC/00878/2018) de 27 de agosto de 2018, contra el contribuyente CLUB THE STRONGEST, estableciendo preliminarmente una deuda tributaria sobre Base Cierta de 18.505 UFV’s, monto que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, la sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales; actuación administrativa que fue notificada personalmente al representante legal del Club The Strongest el 5 de octubre. – de 2018

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En respuesta, mediante nota presentada ante el Ente Fiscal el 5 de noviembre de 2018, el contribuyente de manera expresa solicitó la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria, citando los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, que establecen el plazo de cuatro años para ejercer sus facultades de controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, señalando que el cómputo para el periodo fiscal junio 2012 se inicia el 1 de enero de 2013 y concluye el 31 de diciembre de 2016, así refirió a la irretroactividad de las leyes y la jurisprudencia dispuestas mediante las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1169/2016-S3 y 0070/2012; según se verifica a fojas 73-77 y 79-85 de antecedentes administrativos.

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Posteriormente, el Ente Fiscal emitió la Resolución Determinativa N° 171820003374 (SIN/GLPZ-1/DFISVI/RD/02941/2018) de 17 de diciembre de 2018, señalando en su parte pertinente: “Que el Informe de Conclusiones CITE: SIN/GDLP.Z I/DF/SVI/INF/17939/2018 de fecha 17 de diciembre de 2018, señala que notificada la Vista de Cargo y. dentro el término de prueba fijado por el Artículo 98 del Código Tributario – Ley N° 2492, el contribuyente no pagó la liquidación practicada y presentó como descargo (…) una solicitud expresa de prescripción, en fecha 05/11/2018, dentro de plazo, citando principalmente los Arts. 59 y 60 de la Ley Nro. 2492, la Sentencia Constitucional 1169/2016-S3 (…) se puede apreciar que transcribe el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) (...) Asimismo, señala como jurisprudencia la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3 de 26 de octubre de 2016 y la Sentencia Constitucional Plurinacional 0770/2012 ambas referidas a la retroactividad y favorabilidad. 

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Continúa señalando, respecto a la prescripción: “(…) establece que las facultades de la Administración Tributaria aún no se encuentran extinguidas por prescripción para determinar las obligaciones impositivas Referente a la OPOSICIÓN DE 

afag PRESCRIPCIÓN, se establece que las facultades de la Administración Tributaria aún ISO 9001 no se encuentran extinguidas por prescripción para determinar las obligaciones «YOR CERCATION impositivas respecto al impuesto señalado, esto en virtud a lo establecido en el parágrafo II de la Ley N° 812 que modifica los parágrafos I y II del Art. 59 de la Ley N° BETA 2492 (…), el parágrafo IV del Art. 59 de la Ley N° 2492 señala: IV. La facultad der ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible” (…) el Art. 60 parágrafo 1 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani)

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ILIT 

de la Ley N° 2492 (...) el término de la prescripción se computa desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo, por consiguiente, en aplicación del mencionado artículo no operó la prescripción de la facultad que tiene la Administración Tributaria para fiscalizar y determinar la deuda tributaria, ya que en virtud a los 8 años establecidos en la norma, dichas facultades hasta la fecha no prescribieron, la normativa precedentemente citada es plenamente aplicable al presente caso conforme lo establece el Art. 5 de la Ley N° 027 de fecha 06 de julio de 2010” 

Prosigue señalando: “Según el Artículo 62 de la Ley 2492 se establece: “El curso de la prescripción se suspende con: 1. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente (…) se extiende por seis (6) meses. II. La interposición de recursos 

administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. Por lo mencionado anteriormente, la solicitud de prescripción señalada por el contribuyente, no es procedente, más aun si se considera la suspensión por 6 meses, iniciada con la notificación de la Orden de Verificación al contribuyente.” 

Conforme la relación de hechos expuestos ut supra, corresponde señalar que el artículo 68, numeral 7 del Código Tributario, prevé que entre los derechos del sujeto pasivo está el formular y aportar, en la forma y plazos previstos, todo tipo de pruebas y alegatos que deben ser tomados en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución; razón por la que ésta instancia de alzada verificará si el Ente Fiscal a través del acto definitivo ahora impugnado efectivamente consideró los descargos del ahora recurrente, esto con el objetivo de resguardar los derechos del sujeto pasivo frente la Administración Tributaria.

..

De la lectura de la Resolución Determinativa N° 171820003374, ahora impugnada, cursante a fojas 92-99 de antecedentes administrativos, con relación a la prescripción, señala sus páginas 4 y 5 lo siguiente: Referente a la OPOSICIÓN DE PRESCRIPCIÓN, se establece que las facultades de la Administración Tributaria aún no se encuentran extinguidas por prescripción para determinar las obligaciones impositivas respecto al impuesto señalado, esto en virtud a lo establecido en el 

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parágrafo II de la Ley N° 812 que modifica los parágrafos I y II del Art. 59 de la Ley N° 2492 (…), el parágrafo IV del Art. 59 de la Ley N° 2492 (…) el Art. 60 parágrafo / de la Ley N° 2492 (…) en aplicación del mencionado artículo no operó la prescripción de la facultad que tiene la Administración Tributaria para fiscalizar y determinar la deuda tributaria, ya que en virtud a los 8 años establecidos en la norma, dichas facultades hasta la fecha no prescribieron (…). Por lo mencionado anteriormente, la solicitud de prescripción señalada por el contribuyente, no es procedente, más aun si se considera la suspensión por 6 meses, iniciada con la notificación de la Orden de Verificación al contribuyente.” 

.

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Lo expuesto precedentemente denota que el Ente Fiscal a través de la Resolución Determinativa N° 171820003374 (SIN/GLPZ-1/DF/SVI/RD/02941/2018) de 17 de diciembre de 2018, emitió un pronunciamiento parcial respecto a la solicitud de prescripción efectuada con nota de 5 de noviembre de 2018, cursante a fojas 79-85 de antecedentes administrativos, presentada a la Administración Tributaria como parte de los descargos a la vista de Cargo N° 291820000978, debido a que no dio respuesta en su análisis sobre la irretroactividad de la Ley, la aplicabilidad o no de las Sentencias Constitucionales 1169/2016-S3 y 0070/2012, ni realizó el computo de prescripción para el período fiscal junio 2012; argumentos que fueron planteados por el ahora recurrente en la citada nota a efectos de sustentar su pretensión de prescripción de la deuda tributaria establecida en la Resolución Determinativa impugnada. ..

Cabe hacer notar que si bien el Ente Fiscal citó el parágrafo II de la Ley 812 que . modifica el artículo 59 de la Ley 2492, el parágrafo I del artículo 60, artículo 62 de la Ley 2492; sin embargo, no emitió pronunciamiento respecto a la irretroactividad de la ley; ni la aplicabilidad o no de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1169/2016-S3 y 0070/2012; extremos que fueron solicitados de manera expresa en la Nota de 5 de noviembre de 2018; en ese sentido, es necesario que el ente fiscal

afao establezca una explicación fundamentada técnica y legalmente como es exigencia en ISO 9001 

el ámbito impositivo, aspectos que no se observan en el acto administrativo impugnado ANOR CR Have y que no pueden ser subsanados a través de la respuesta al Recurso de Alzada.

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En razón al análisis expuesto precedentemente, se tiene que la Resolución from cellos e Determinativa N° 171820003374 (SIN/GLPZ-1/DF/SVI/RD/02941/2018) de 17 del 1

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua): Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)

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diciembre de 2018, genera incertidumbre respecto a la determinación asumida por el Ente Fiscal en cuanto al rechazo de la solicitud de prescripción; en tal sentido, es evidente la falta de fundamentación del acto administrativo impugnado, situación que suprime una parte estructural de la misma, que en los hechos conlleva a establecer que se tomó una decisión de hecho y no así de derecho, extremo que vulnera el derecho al debido proceso del recurrente, siendo que la motivación de las resoluciones se constituye en un deber de la autoridad administrativa que lo emite impuesto por ley, esto con la finalidad de fiscalizar su actividad intelectual frente al caso, a los efectos de poderse comprobar que la decisión asumida devenga de un acto reflexivo, emanado de un estudio de las circunstancias particulares y no así de un acto discrecional de su

voluntad autoritaria.

En el contexto anterior, se hace necesario agregar que en materia’ estrictamente impositiva, el artículo 68, numerales 2 y 6 de la Ley 2492, dispone como derechos del sujeto pasivo, el que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos de esta Ley y disposiciones reglamentarias dentro de los plazos establecidos; así como el derecho al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados en los

términos del presente Código; en concordancia a la normativa referida, los artículos 16 de la Ley 2341 y 4 del DS 27113, aplicables por disposición del artículo 201 de la Ley 2492, señalan que la petición es un derecho de los ciudadanos y compromete a la administración pública a dar una respuesta oportuna y pertinente; aspectos que no fueron cumplidos por la Administración Tributaria en el caso bajo análisis, conforme se tiene referido en los párrafos que anteceden.

En este punto de análisis, es necesario considerar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional en cuanto a la fundamentación de las resoluciones, que establece la Sentencia Constitucional Plurinacional 1469/2013 de 22 de agosto señaló lo siguiente: “(…) la fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye ‘un . elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa q la autoridad que emite una resolución necesariamente debe exponer los hechos, la valoración efectuada de la prueba aportada, los fundamentos jurídicos de su : 

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determinación y las normas legales que aplica al caso concreto y que sustentan su resolución; lo que de ninguna manera implica una argumentación innecesaria que exceda en repeticiones o cuestiones irrelevantes al caso, sino que al contrario debe desarrollar con claridad y precisión, las razones que motivaron al juzgador a asumir una determinada resolución, con la justificación legal que respalda además esa situación (...)”, en: tal sentido, se tiene que la fundamentación de los actos administrativos no implica necesariamente una argumentación ampulosa o exagerada, toda vez que se considerará cumplido dicho requisito cuando existe claridad y precisión respecto a las razones que motivaron a la autoridad a emitir una determinada decisión, aspectos que precisamente no se advierten en el acto administrativo impugnado, toda vez que no cuentan con los elementos que permitan establecer la improcedencia de la prescripción solicitada por el sujeto pasivo a través de la nota presentada ante la Administración Tributaria el 5 de noviembre de 2018.

Bajo ese contexto, corresponde aclarar que la fundamentación de una resolución no se circunscribe simplemente a mencionar ylo efectuar la transcripción de las disposiciones normativas, sino que deben tener una relación estrecha con el razonamiento plasmado en la respectiva resolución, la cual deviene de los hechos suscitados, los antecedentes administrativos, las pruebas presentadas, las argumentaciones y peticiones expuestas por los sujetos procesales y la normativa aplicable al caso concreto, aspectos que necesariamente deben estar cohesionados con la finalidad de obtener una resolución debidamente fundamentada, extremo que no se vio plasmado en el presente caso, en el entendido de que la Administración Tributaria en la Resolución. Determinativa N° 171820003374 (SIN/GLPZ 1/DF/ŠVI/RD/02941/2018) de 17 de diciembre de 2018, no explicó de manera fundamentada las razones técnico legales por los cuales no consideró la irretroactividad de la Ley; asimismo, no consideró la aplicabilidad o no de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1169/2016-S3 y 0070/2012, que fueron

afaq alegadas por el ahora recurrente, en relación a la prescripción solicitada.

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cada Velez En ese contexto, es evidente que la Administración Tributaria no consideró que la

Resolución Determinativa no es una actuación, es un “acto definitivo” que producirá a efectos jurídicos en los derechos del administrado, es decir, en el presente caso ha Chatos Serap Ruiz establecerá la procedencia o no de la deuda tributaria y si esta se encuentra prescrita

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o no”, con el fin de que el administrado conozca claramente los fundamentos de los cuales tenga que asumir defensa; no obstante, conforme se tiene señalado, en el presente caso se evidencia el incumplimiento a las previsiones estáblecidas en el artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492 y 19 del DS 27310 que establecen que uno de los elementos esenciales de los actos administrativos es que se encuentren fundamentados, expresando en forma concreta las razones que indujeron a la autoridad a emitir una determinada decisión, consignando además la motivación respectiva, la que debe sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable, cuya omisión se encuentra sancionada con la nulidad y lesiona la garantía constitucional del debido proceso de la recurrente, conforme dispone el artículo 28 incisosb) y e) de la Ley 2341; situación que impide a ésta Instancia Recursiva ingresar a considerar los argumentos de fondo, toda vez que sólo en caso de que no se hubieran comprobado los vicios planteados, correspondía ingresar al análisis de los referidos aspectos.

En relación al argumento del ahora recurrente referido a la falta de la debida motivación y fundamentación del acto administrativo impugnado que no expresa los aspectos por los cuales repara también en el Impuesto a las Transacciones (IT); al respecto, es pertinente señalar que desde el inicio del proceso de determinación con la notificación de la Orden de Verificación No 17200300484, se estableció que el alcance del presente proceso corresponde al Impuesto al Valor Agregado (IVA) con efecto al Impuesto a las Transacciones (IT) por el periodo fiscal junio de 2012; en ese sentido, el ente fiscal consideró el alcance de la verificación conforme fue establecido, conforme se observa en los actos administrativos emitidos a fojas 73-76 y 93-99 de antecedentes administrativos; por las razones anotadas, lo aseverado por el recurrente no corresponde.

De acuerdo a los extremos antes mencionados se llega a la conclusión que en el presente caso la Administración Tributaria no obseradecuadamente el debido proceso, toda vez que al emitir el acto definitivo omitió respaldar de forma adecuada su determinación respecto a la solicitud de prescripción planteada por Henry Santos Salinas en representación legal del CLUB THE STRONGEST; consecuentemente, corresponde anular la Resolución Determinativa N° 171820003374 (SIN/GLPZS V/DFISVI/RD/02941/2018) de 17 de diciembre de 2018, debiendo el Ente Fiscal emitir

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un nuevo acto definitivo, en el que de manera fundamentada de acuerdo a los parámetros observados en el presente análisis, emita un pronunciamiento sobre los argumentos presentados por el contribuyente en la nota de solicitud de prescripción, referidos a la irretroactividad de la Ley y la aplicabilidad o no de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1169/2016-S3 y0070/2012, en cumplimiento a los artículos 68 numerales 2 y 6; 99 parágrafo II de la Ley 2492 y 19. del DS 27310.

POR TANTO: 1 La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario-Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS 29894;

RESUELVE: PRIMERO: ANULAR la Resolución Determinativa N° 171820003374 (SIN/GLPZ 1/DF/SVI/RD/02941/2018) de 17 de diciembre de 2018, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales; consecuentemente, la Administración Tributaria debe emitir un nuevo acto definitivo, en el que de manera fundamentada, de acuerdo a los parámetros observados en el presente análisis, emita un pronunciamiento fundamentado respecto a la procedencia o no de la prescripción planteada por el recurrente, de tal manera que se garantice el debido proceso del

administrado, en cumplimiento a los artículos 68 numerales 2 y 6; 99 parágrafo II de la

  • Ley 2492 y 19 del DS 27310..

;

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo.. 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad SERTIRSE General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código

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Tributario y sea con nota de atención.

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CUARTO: Conforme preel artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del Recurso Jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación.

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Regístrese, hágase saber y cúmplase.

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Lic. Cecilia Velez Dorado 

Directora Ejecutiva Regional Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Regional de Impugnaciór 

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