ARIT-LPZ-RA-0527-2019 Se anula Auto. El acto administrativo impugnado, no fundamenta el rechazo a la solicitud hecha por el contribuyente sobre el desconocimiento de notificaciones electrónicas, debido a que la empresa habría cerrado, y dado a conocer este hecho a la Administración Tributaria, sin embargo, el SIN, no habría actuado conforme a procedimiento para notificaciones de casos especiales, en cuyo caso debe aplicar la notificación masiva, en medios de prensa de circulación nacional.

ARIT-LPZ-RA-0527-2019

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZIRA 0527/2019 

Recurrente: 

Dreischor – Bilbao S.R.L.; legalmente representado por Guillermo Alejandro Prommel Querejazu

Administración Recurrida: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Celideth Ochoa Castro

Acto Impugnado

Auto 

251829000781 (SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/AUT/00017/2018).

Expediente: 

ARIT-LPZ-1998/2018 

Lugar y Fecha: 

La Paz, 12 de abril de 2019

ANA

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VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazó probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cúrsantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 0527/2019 de 11 de abril de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente:

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO El Auto N° 251829000781 (SIN/GGLPZIDJCC/TJAUT/00017/2018) de 14 de noviembre de 2018, emitido por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del

afao Servicio de Impuestos Nacionales, dispuso rechazar la solicitud presentada por iso 9001 Dreischor – Bilbao S.R.L., respecto al desconocimiento de las notificaciones electrónicas con las Vistas de Cargo Nos. 291729000062 de 12 de mayo de 2017 y 291729000205 de 8 de septiembre de 2017, ambas realizadas mediante su buzón tributario el 25 de septiembre de 2017; estando firmes y subsistentes las Resoluciones

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Determinativas Nos. 171829000009 de 8 de enero de 2018 y 171829000103 de 16 de febrero de 2018, notificadas electrónicamente el 16 de enero y 7 de marzo de 2018 respectivamente, en cumplimiento al artículo 83 parágrafo I de la Ley 812 de 30 de junio de 2016.

  1. II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 1. Argumentos del Recurrente Dreischor – Bilbao S.R.L., legalmente representado por Guillermo Alejandro Prommel Querejazu, conforme se acredita del Testimonio de Poder 436/2016 de 11 de abril de 2016, mediante notas presentadas el 20 de diciembre de 2018 y 9 de enero de 2019, cursantes a fojas 45-49 y 77-78 de obrados, respectivamente, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

Cita los artículos 115, 119 de la Constitución Política del Estado, 68 numerales 6, 8 y 10 de la Ley 2492 y señala que la Administración Tributaria no le informó acerca de los procesos instaurados en su contra, aspecto que limitó su derecho a la defensa, toda vez que no tuvo la oportunidad de presentar documentación..

Afirma que realizó la presentación de los Estados Financieros en la forma y fecha correcta; sin embargo, por un error de sistema se generó una deuda que no existe. Asimismo señala que solo correspondía que presente una declaración jurada en cero, toda vez que su empresa se encontraba cerrada aspecto que fue puesto en conocimiento de la Gerencia Graco en forma y fecha oportuna.

La Administración Tributaria utiliza el procedimiento como justificativo para realizar el cobro de un impuesto que no existe, el cual no puede ir contra el derecho fundamental a ser informado y ejercer su defensa.

  • Dichos aspectos vulneraron la presunción de buena fe previsto en el artículo 66 de la

Ley 2492, toda vez que se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables cumplieron sus obligaciones tributarias, hasta que en un debido proceso de determinación la Administración Tributaria pruebe lo contrario. Asimismo cita el artículo 99 del Código Tributario.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar o anular el Auto N° 251829000781 (SIN/GGLPZ/DJCC/TJAUT/00017/2018) de 14 de noviembre de 2018.

11.2. Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Dreischor – Bilbao S.R.L., legalmente representado por Guillermo Alejandro Prommel Querejazu, fue admitido mediante Auto de 14 de enero de 2019, notificado de forma personal al recurrente y por cédula a la Administración Tributaria el 17 y 21 de enero de 2019 respectivamente, fojas 79-84 de obrados. 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria 

  • La Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por; Celideth Ochoa Castro conforme se acredita de la Resolución Administrativa de Presidencia No 031800001069 de 28 de diciembre de 2018, por memorial presentado el 6 de febrero de 2019, cursante a fojas 87-89 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente:

Si bien el sujeto pasivo solicitó la inactivación de su NIT el 4 de mayo de 2017; sin embargo, entre los días 1 al 3 de mayo de 2017, el contribuyente ejerció su actividad económica, es decir, que todavía se encontraba sujeto a la obligación de presentar sus declaraciones juradas del IVA e IT por el periodo fiscal mayo 2017 dentro del plazo

previsto por Ley, situación que no ocurrió, razón por la cual la Administración Tributaria i determinó sobre base presunta la deuda tributaria por dicho periodo fiscal conforme el

procedimiento establecido en la RND N° 10-0024-08.

Dentro del plazo establecido por el artículo 98 de la Ley 2492, el contribuyente no presentó documentación que respalde la presentación de la declaración jurada correspondiente al UE del periodo con cierre a marzo 2016, así como tampoco documentación que desvirtúe que no le correspondía presentar la referida declaración jurada de acuerdo a su actividad económica.

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Cita el artículo 83 parágrafo I de la Ley 812 y 4 de la RND N° 101700000005 de 17 de marzo de 2017 y señala que dio cumplimiento a dichas disposiciones normativas, toda

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vez que las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas fueron notificadas mediante el buzón tributario del contribuyente, siendo su responsabilidad administrar de forma adecuada dicho buzón, no pudiendo alegar desconocimiento de los actos administrativos notificados conforme establece el artículo 12 inciso b) de la RND N° 101700000005.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Auto N° 251829000781 (SIN/GGLPZ/DJCC/TJAUT/00017/2018) de 14 de noviembre de 2018.

11.4 Apertura de término probatorio y producción de prueba Mediante Auto de 7 de febrero de 2019, se dispuso la apertura del término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada en Secretaría al recurrente ya la Administración Tributaria el 13 de febrero de 2019; período dentro el cual ninguna de las partes presentó pruebas que hagan a su derecho; fojas 90-91 de obrados.

11.5. Alegatos De la revisión de obrados, se advierte que por nota presentada el 26 de marzo de 2019, Dreischor – Bilbao S.R.L.; legalmente representado por Guillermo Alejandro Prommel Querejazu, solicitó Audiencia Pública de alegatos orales de acuerdo al artículo 208 de la Ley 2492; al efecto, por Proveido de 27 de marzo de 2019, se señaló Audiencia Pública para el día jueves 4 de abril de 2019 a horas 15:30, en Secretaría de la Autoridad de Impugnación Tributaria La Paz; actuación notificada a las partes en Secretaria el 27 de marzo de 2019, audiencia que se llevó a cabo en la fecha y hora señaladas en la que el recurrente indicó que las notificaciones con las vistas de Cargo Nos. 291729000062, 291729000205 y las Resoluciones Determinativas Nos. 171829000009 y 171829000103 fueron efectuadas de forma electrónica en el mail de la contadora de la empresa, sin considerar que ya se encontraba en estado inactivo solicitado, extremo que provocó la vulneración de su derecho a la defensa, al privarle la posibilidad de poder presentar pruebas tendientes a desvirtuar las observaciones efectuadas por la Administración Tributaria, fojas97-98,102 y 105-106 de obrados

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AIT. 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

Por memorial presentado el 26 de marzo de 2019, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, presentó sus alegatos en conclusiones en sentido de que las notificaciones electrónicas de las vistas de Cargo Nos. 291729000062 de 12 de mayo de 2017 y 291729000205 de 8 de septiembre de 2017 y las Resoluciones Determinativas Nos. 171829000009 de 8 de enero de 2018 y 171829000103 de 16 de febrero de 2018 cumplieron su finalidad, toda vez que fueron notificadas en el buzón del contribuyente, al cual tenía acceso incluso después de encontrarse con estado inactivo, siendo su responsabilidad administrar dicho buzón tributario conforme lo previsto en el artículo 12 la RND 101700000005 de 17 de marzo de 2017; al efecto, esta Instancia Recursiva mediante Proveído de 27 de marzo de 2019, dio por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria, actuación notificada en Secretaría a las partes el 27 de marzo de 2019, fojas 99-101 y. 103 de

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obrados. .

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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA La Vista de Cargo No. Orden 291729000205 de 8 de septiembre de 2017, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, estableció sobre base presunta la obligación impositiva de Dreischor – Bilbao S.R.L. por el monto de 25.167 UFV’s por concepto de tributo omitido más intereses y sanción por omisión de pago, derivado de la falta de presentación de su declaración jurada del IVA e IT correspondiente al periodo fiscal mayo 2017, de conformidad á lo establecido

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en el artículo 97 parágrafo II de la Ley 2492. 34 parágrafo II del DS 27

1 de la RND 10-0024-08 de 25 de julio de 2008, actuación notificada de forma electrónica el 18 de septiembre de 2017, fojas 2-5 de antecedentes administrativos.

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La Vista de Cargo No. Orden 291729000062 de 12 de mayo de 2017 emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, estableció sobre base presunta la obligación impositiva de Dreischor – Bilbao S.R.L. por el monto de. 87.238 UFV’s por concepto de tributo omitido más intereses y sanción por omisión de pago, derivado de la falta de presentación de su declaración jurada del IUE correspondiente al periodo fiscal marzo 2016, de conformidad a lo establecido en el artículo 97 parágrafo II de la Ley 2492, 34 parágrafo II del DS 27310 y 5 numeral 1

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de la RND 10-0024-08 de 25 de julio de 2008, actuación notificada de forma electrónica el 9 de octubre de 2017, fojas 63-66 de antecedentes administrativos.

La Resolución Determinativa No : 171829000103 (SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/RD/00049/2018) de 16 de febrero de 2018, fue emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales resolviendo determinar sobre presunta las obligaciones impositivas del contribuyente Dreischor – Bilbao S.R.L., por la suma de 25.167 UFV’s por tributo omitido más intereses y sanción por omisión de pago, por la falta de presentación de su declaración jurada del IVA e IT correspondiente al periodo fiscal mayo 2017, de conformidad a lo establecido en el artículo 97 parágrafo II de la Ley 2492, 34 parágrafo II del DS 27310 y 5 numeral 1 de la RND 10-0024-08 de 25 de julio de 2008; acto administrativo notificado de forma electrónica el 28 de febrero de 2018, fojas 12-16 y 18 de antecedentes administrativos.

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Resolución Determinativa No . 171829000009 (SIN/GG/GGLPZ/DJCC/TJ/RD/00007/2018) de 8 de enero de 2018, emitido por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales resolvió determinar sobre presunta, las obligaciones impositivas del contribuyente Dreischor – Bilbao S.R.L., por la suma de 87.238 UFV’s por concepto de tributo omitido más intereses y sanción por omisión de pago, por la falta de presentación de su declaración jurada del TUE correspondiente al periodo fiscal marzo 2016, de conformidad a lo establecido en el artículo 97 parágrafo II de la Ley 2492, 34 parágrafo Il del DS 27310 y 5 numeral 1 de la RND 10-0024-08 de 25 de julio de 2008; acto administrativo notificado de forma electrónica el 9 de enero de 2018, fojas 67-71 de antecedentes administrativos.

..

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Por memorial presentado a la Administración Tributaria el 26 de abril de 2018, Guillermo Alejandro Prommel Querejazu en representación legal de Dreischor – Bilbao S.R.L., señaló que su representado no tuvo conocimiento de las Vistas de Cargo emitidas en su contra, debido a que su empresa cerró sus actividades desde enero del 2017, conforme se evidencia del certificado de inactivación del NIT. Asimismo señala que las Resoluciones Determinativas Nos. 171829000009 y 171829000103, fueron generadas por un error de sistema, toda vez que presentó sus estados financieros en.

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el plazo y la forma correcta y que solo trabajó 4 días siendo que la multa fue calculada en base a 30 días, fojas 39 de antecedentes administrativos.

La Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales emitió el Auto N° 251829000781 (SIN/GGLPZ/DJCC/T/AUT/00017/2018) de 14 de noviembre de 2018, disponiendo rechazar la solicitud presentada por Dreischor – Bilbao S.R.L., respecto al desconocimiento de las notificaciones electrónicas con las vistas de Cargo Nos. 291729000062 de 12 de mayo de 2017 y 291729000205 de 8 de septiembre de

2017, manteniendo firmes y subsistentes las Resoluciones Determinativas Nos. : 171829000009 de 8 de enero de 2018 y 171829000103 de 16 de febrero de 2018 toda

vez que dichos actos fueron notificados en cumplimiento al artículo 83 parágrafo I de la Ley 812 de 30 de junio de 2016, actuación notificada de forma electrónicà el 11 de diciembre de 2018; fojas 72-75 de antecedentes administrativos. .

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. . . Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones reálizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de . conformidad al artículo 211-11l de la Ley 3092, se tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Dreischor – Bilbao S.R.L., legalmente representado por Guillermo Alejandro Prommel Querejazu en el Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.

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IV.1. ASPECTOS DE FORMA 

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/V.1.1. Fundamentación del acto impugnado 

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El recurrente en los argumentos de su Recurso de Alzada señala que la Administración Tributaria utiliza el procedimiento como justificativo para realizar el cobro de un

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impuesto que no existe, el cual no puede ir contra el derecho fundamental a ser informado, aspecto que vulnera la presunción de buena fe previsto en el artículo 66 de la Ley 2492, toda vez que se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables cumplieron sus obligaciones tributarias, hasta que en un debido proceso de determinación la Administración Tributaria pruebe lo contrario.

La Administración Tributaria señala que dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 83 parágrafo I de la Ley 812 y 4 de la RND N° 101700000005 de 17 de marzo de 2017, toda vez que las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas emitidas como consecuencia de la falta de presentación de las declaraciones juradas correspondientes al IVA e IT del periodo fiscal mayo 2017 e UE del periodo con cierre a marzo 2016, fueron notificadas mediante el buzón tributario del contribuyente, siendo su responsabilidad administrar de forma adecuada dicho buzón, no pudiendo alegar desconocimiento de los actos administrativos notificados conforme establece el artículo 12 inciso b) de la RND 101700000005; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 115, parágrafo II de la Constitución Política del Estado, establece: II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones

El artículo 68 señala del Código Tributario, señala que constituyen derechos del sujeto pasivo, entre otros, los siguientes: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

El artículo 83 de la Ley 2492, modificado por el parágrafo III del artículo 2 de la Ley 812, establece que: I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según corresponda: 1. Por medios electrónicos; 2. Personalmente; 3. Por Cédula; 

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  1. Por Edicto; 5. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 6. Tácitamente; 7. Masiva; .. 8. En Secretaría. . II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

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El artículo–89- del citado cuerpo normativo señala: Las – Vistas de Cargo, las Resoluciones Determinativas y Resoluciones Sancionatorias emergentes del procedimiento determinativo en casos especiales establecido en el artículo 97 del presente Código que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no excedan la cuantía fijada por norma reglamentaria, podrán notificarse de la siguiente forma: (...) mediante publicación en órganos de prensa de circulación nacional,citará a los sujetos pasivos y terceros responsables para que dentro del plazo de cinco (5) días computables a partir de la publicación, se apersonen a susdependencias a efecto de sů notificación. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, la Administración Tributaria efectuará una segunda y última publicación, en los mismos medios, a los quince días posteriores a la primera en las mismas condiciones. Si los interesados no comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia en el expediente, se tendrá por practicada la notificación 

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El artículo 97, parágrafo II del citado cuerpo normativo, en relación al Procedimiento Determinativo en Casos Especiales señala: II. Cuando el sujeto pasivo o tercero afao responsable no presente la declaración jurada o en ésta se omitan datos básicos para calidad la liquidación del tributo, la Administración Tributaria los intimará a su presentación o, a que se subsanen las ya presentadas. A tiempo de intimar al sujeto pasivo o tercero responsable, la Administración Tributaria deberá notificar, en unidad de acto, la Vista / de Cargo que contendrá un monto presunto calculado de acuerdo a lo dispuesto por 

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normas reglamentarias. Dentro del plazo previsto en el Artículo siguiente, el sujeto pasivo o tercero responsable aún podrá presentar la declaración jurada extrañada o, alternativamente, pagar el monto indicado en la vista de Cargo. Si en el plazo previsto no hubiera optado por alguna de las alternativas, la Administración Tributaria dictará la Resolución Determinativa que corresponda. El monto determinado por la Administración Tributaria y pagado por el sujeto pasivo o tercero responsable se tomará a cuenta del impuesto que en definitiva corresponda pagar, en caso que la Administración Tributaria ejerciera su facultad de control, verificación, fiscalización e investigación. La impugnación de la Resolución Determinativa a que se refiere este parágrafo no podrá realizarse fundándose en hechos, elementos o documentos distintos a los que han servido de base para la determinación de la base presunta y que no hubieran sido puestos oportunamente en conocimiento de la Administración Tributaria, salvo que el impugnante pruebe que la omisión no fue por causa propia, en cuyo caso deberá presentarlos con juramento de reciente obtención. 

El artículo 28 de la Ley 2341 en su inciso e), establece: Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados. 

El artículo 35 de la Ley 2341, establece: I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en lol. s casos siguientes: a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por razón de la materia o del territorio; b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible; c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido; d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y, e) Cualquier otro establecido expresamente por ley. II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

El artículo 36 de la disposición legal citada precedentemente, establece: I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. Il. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los 

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requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. I. Las ‘anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

Previo a ingresar al análisis de la problemática que nos ocupa, es necesario considerar que el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso se debe observar en toda clase de actuaciones administrativas, es decir, que obliga a todos los organismos y dependencias de la Administración Pública; toda vez que dicho precepto constitucional establece de manera expresa que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se traduce que los actos y actuaciones en un proceso administrativo se deben ajustar no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales; esto implica garantizar el correcto ejercicio de la Administración Pública a través de la emisión de actos administrativos, los que no deben resultar contrarios a los principios del Estado de Derecho.

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En ese contexto, toda autoridad administrativa tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad’a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes. De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y a controvertir las pruebas a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio.

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El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente a la autoridad actuante. Se define el derecho al debido proceso, como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se 

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busca la protección del individuo incurso en una actuación administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.

En el contexto anterior, es menester señalar que las notificaciones no se constituyen en un mero formalismo, sino que cumplen una función material y es precisamente dar a conocer a las partes los actos emitidos por las autoridades administrativas encargadas de tramitarlos; por esta razón, es ineludible que cumplan las formalidades establecidas para cada forma de notificación, considerando que sólo su práctica demuestra que se cumplió con el deber de dar a conocer el acto emitido a los interesados, materializando así el derecho de las partes a tomar conocimiento del mismo, para asumir las actuaciones que hagan a sus derechos e intereses

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración Tributaria en el presente caso efectuó una determinación mixta contra Dreischor – Bilbao S.R.L., legalmente representado por Guillermo Alejandro Prommel Querejazu, a consecuencia de la falta de presentación de sus declaraciones juradas correspondientes al IVA, IT del periodo fiscal mayo 2017 e UE del periodo fiscal marzo 2016, en el marco del Procedimiento Determinativo para Casos Especiales previsto en el artículo 97 del Código Tributario el cual señala: II. Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no presente la declaración jurada o en ésta se omitan datos básicos para la liquidación del tributo, la Administración Tributaria los intimará a su presentación o, a que se subsanen las ya presentadas. A tiempo de intimar al sujeto pasivo o tercero responsable, la Administración Tributaria deberá notificar, en unidad de acto, la Vista de Cargo que contendrá un monto presunto calculado de acuerdo a lo dispuesto por normas reglamentarias. Dentro del plazo previsto en el Artículo siguiente, el sujeto pasivo o tercero responsable aún podrá presentar la declaración jurada extrañada o, alternativamente, pagar el monto indicado en la vista de Cargo. Si en el plazo previsto no hubiera optado por alguna de las alternativas, la Administración Tributaria dictará la Resolución Determinativa que corresponda, a tal efecto, emitió las Resoluciones Determinativas Nos. 171829000009 de 8 de enero de 2018 y 171829000103 de 16 de febrero de 2018, actuaciones notificadas de forma electrónica 9 de enero y 28 de febrero de 2018 respectivamente; fojas 71 y 18 de antecedentes administrativos

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En ese contexto, al haber aplicado la Administración Tributaria el procedimiento de determinación emergente de los casos especiales considerados en el parágrafo II del artículo 97 de la Ley 2492, correspondía que el ente fiscal notifique dichos actos de forma masiva, cumpliendo con el procedimiento de notificación previsto en el artículo 89 del referido cuerpo normativo, precepto legal que dispone que las vistas de Cargo, Resoluciones Determinativas y Resoluciones Sancionatorias emergentes del procedimiento determinativo en casos especiales establecido en el artículo 97 de la Ley 2492, la notificación se debe efectuar en órganos de prensa de circulación nacional citando a los sujetos pasivos para que en el plazo de 5 días computables a partir de la publicación se apersonen a la Administración Tributaria a efectos de su notificación y transcurrido dicho plazo sin que se hubiera apersonado el contribuyente, la Administración Tributaria efectuará una segunda y última publicación en los mismos medios dentro de los quince días posteriores a la primera, en las mismas condiciones.

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Si los interesados no comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia en el expediente, se tendrá por practicada, la notificación; sin embargo, la Administración Tributaria omitiendo tal procedimiento procedió a notificar al ahora recurrente las citadas vistas de Cargo Nos. 2917290002305 y 291729000062 así como las Resoluciones Determinativas Nos. 171829000009 y 171829000103 de forma electrónica el 9 de enero y 28 de febrero de 2018 respectivamente, notificaciones cursantes a fojas 18-y 71 de antecedentes administrativos, en aplicación del artículo 83 parágrafo I numeral 1) de la Ley 2492 modificado por la Ley 812 de 30 de junio de 2016.

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Bajo las circunstancias descritas precedentemente, corresponde enfatizar que efectivamente el artículo 83 de la Ley 2492 modificado por el artículo 2 de la Ley 812 de 30 de junio de 2016, establece los medios de notificación admitidos en materia tributaria, entre ellos, por medios electrónicos, personalmente, mediante cédula, por edicto, tácitamente, masiva, en secretaría, por correspondencia postal certificada efectuada mediante correo público o privado, por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares, es decir, que el referido artículo establece una modificación a las formas de notificación que pueden ser empleadas por la Administración Tributaria; sin embargo, corresponde destacar que en ningún momento suple o deja sin efecto las otras formas de

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notificación a efectos de que el ente fiscal de a conocer los actos administrativos que emita. A lo expuesto, corresponde agregar que el Numeral III de la Ley 812, señala: “Se modifica el artículo 83° de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003. (…) I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los siguientes medios, según corresponda, al efecto, el artículo 89 del referido cuerpo normativo señala de manera expresa que las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas emergentes de casos especiales, establecidos en el artículo 97 de la Ley 2492, deben ser notificadas de forma masiva, esto implica, mediante publicación en órganos de prensa de circulación nacional, aspecto que evidentemente omitió la Administración Tributaria.

Corresponde agregar que en el acto impugnado, la Administración Tributaria omitió explicar las razones legales por las cuales aplicó en cuanto a la notificación de las vistas de Cargo Nos. Nos. 291729000062, 291729000205 y las Resoluciones Determinativas Nos. 171829000009 y 171829000103 la modificación al artículo 83 de la Ley 2492 efectuada por la Ley 812 es decir, la aplicación de la notificación electrónica, así como los fundamentos por los cuales considera subsistente el buzón tributario del contribuyente, pese a estar con estado inactivo, aspectos que inciden en la fundamentación del acto impugnado

En ese entendido, el Auto N° 251829000781 (SIN/GGLPZ/DJCC/TJI AUT/00017/2018) de 14 de noviembre de 2018, carece de una debida fundamentación, toda vez que en su contenido omite considerar la modalidad de notificación empleada en caso de procedimientos determinativos en casos especiales, conforme lo expuesto ut supra, toda vez que el presente caso se circunscribe precisamente a la emisión de actos administrativos a(Vistas de Cargo Nos. 291729000205, 291729000062 y las Resoluciones Determinativas Nos, 171829000103 y 171829000009) emergentes de los casos especiales considerados en el parágrafo del artículo 97 de la Ley 2492, a consecuencia de la falta de presentación de sus declaraciones juradas del IVA e IT del periodo fiscal mayo 2017 e IUE correspondiente al periodo fiscal marzo 2016, no siendo argumento suficiente el señalar de forma sucinta que se procedió a notificar los. referidos actos administrativos de forma electrónica, sin considerar lo previsto en las disposiciones normativas citadas ut supra, así como tampoco señalar las razones legales por las que correspondería aplicar la notificación electrónica a los actos

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emitidos dentro del marco de procedimientos en casos especiales ni el por qué considera válido el buzón tributario del contribuyente pese a encontrarse en estado inactivo.

En respaldo a lo señalado, resulta pertinente invocar la Sentencia Constitucional Plurinacional 1414/2013 de 16 de agosto de 2013, que señaló el siguiente entendimiento: “El derecho a la fundamentación de un fallo es una garantía de legalidad que establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la obligación de la autoridad que lo emite para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos lógicojurídicos sobre el porqué considera que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa; dicha decisión . constitucional indica como obligación que el fallo administrativo debe encontrarse debidamente fundamentado (en base a los hechos y antecedentes como la norma aplicable); no obstante, en el caso bajo análisis dicho razonamiento no se cumplió, toda vez que se omitió considerar en base a los antecedentes administrativos la norma aplicable respecto al tipo de notificación que correspondía efectuar de los actos administrativos (Vista de Cargo y Resolución. Determinativa) emitidos en procedimientos determinativos en casos especiales previsto en el artículo 97 parágrafo Il del Código Tributario; consecuentemente, es preciso sanear el procedimiento.. administrativo en análisis, a fin de evitar vulneración de derechos constitucionales que le asisten al ahora recurrente.

En ese contexto, es evidente que el acto administrativo impugnado no cuenta con los elementos legales para adoptar la decisión de rechazar la solicitud del ahora recurrente, en ese sentido; se debe recordar que todo acto administrativo emitido por el sujeto activo de la relación jurídico tributaria, debe dejar pleno convencimiento (tanto en la forma como en el fondo) de que actuó y resolvió en sujeción a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso y observando las reglas del Debido Proceso, explicando y desarrollando de forma clara y precisa los fundamentos que motivaron su decisión, en el caso concreto, la autoridad recurrida debió establecer la relación de hechos en correspondencia a la normativa aplicable de acuerdo al procedimiento empleado para la determinación de adeudos tributarios, es decir, el

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procedimiento de determinación emergente de los casos especiales considerados en el parágrafo II del artículo 97 de la Ley 2492, actuaciones que debieron ser notificadas conforme lo previsto en el artículo 89 del citado cuerpo legal, situación que en el caso objeto de análisis no aconteció.

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Bajo las circunstancias descritas precedentemente se tiene que el acto administrativo impugnado, no fundamenta el rechazo a la solicitud presentada por Dreischor – Bilbao S.R.L. legalmente representado por Guillermo Alejandro Prommel Querejazu, toda vez que no se advierte la consideración a lo previsto en el artículo 97 parágrafo II de la Ley 2492, es decir, el procedimiento determinativo en casos especiales derivados de la falta de presentación por parte del sujeto pasivo de las declaraciones juradas del IUE del periodo fiscal marzo 2016 y del IVA e IT del periodo fiscal mayo 2017, mucho menos la forma de la notificación a ser empleada respecto de los actos administrativos emitidos dentro del marco de dicho procedimiento de determinación (Vista de Cargo y Resolución Determinativa), conforme lo previsto en el artículo 89 del Código Tributario, es decir, que omite por completo consignar las disposiciones normativas vinculadas a las notificaciones masivas de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa emergente del procedimiento determinativo en casos especiales, así como tampoco fundamenta las razones legales por las que correspondería aplicar la notificación electrónica a los actos emitidos dentro del marco de procedimientos en casos especiales ni el por qué considera válido el buzón tributario del contribuyente pese a encontrarse en estado inactivo.

Conforme lo expuesto, corresponde anular el Auto N° 251829000781 (SIN/GGLPZ/DJCC/TJAUT/00017/2018) de 14 de noviembre de 2018, emitido por la Administración Tributaria, conforme lo previsto en los artículos 35, inciso c) y 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo, aplicables supletoriamente en virtud del artículo 201 de la Ley 2492, al haberse evidenciado el incumplimiento a lo establecido por el inciso e) del artículo 28 de la Ley 2341; consecuentemente, la Administración Tributaria deberá notificar las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas emergentes del procedimiento determinativo en casos especiales dispuesto en el artículo 97 parágrafo Il del Código Tributario, tomando en cuenta el procedimiento iniciado contra Dreischor – Bilbao S.R.L., legalmente representado por Guillermo Alejandro Prommel Querejazu.

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POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501, de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

RESUELVE: PRIMERO: ANULAR el Auto N° 251829000781 (SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/ AUT/00017/2018) de 14 de noviembre de 2018, emitido por la Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales; consecuentemente, la Administración Tributaria deberá notificar las vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas emergentes del procedimiento determinativo en casos especiales dispuesto en el artículo 97 parágrafo II del Código Tributario, tomando en cuenta el procedimiento iniciado contra Dreischor – Bilbao S.R.L., legalmente representado por Guillermo Alejandro Prommel Querejazu.

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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente..

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código Tributario y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación.

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