ARIT-LPZ-RA-0509-2019 Se anula obrados hasta Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria. La Administración Tributaria, pese a tener conocimiento del fallecimiento del contribuyente, inició la fase de ejecución tributaria, notificándolo con el PIET mediante edicto de prensa, lo que vulneraría el derecho a la defensa y debido proceso del heredero ahora recurrentes, por lo tanto, el SIN deberá notificar nuevamente con el PIET al derecho habiente del fallecido contribuyente, para que asuma conocimiento de la causa y esté derecho.

ARIT-LPZ-RA-0509-2019

AIT 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0509/2019 

Recurrente: 

Rodrigo Cristiam Suarez Monje, legalmente representado por Jesús Eleazar Peña Barrios

Administración Recurrida

Gerencia Distrital La Paz I. del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por lván Arancibia Zegarra

Acto Impugnado: 

Auto Administrativo 391820000106 (SIN/GDLPZ-1/DJCCICCIAUTA/00085/2018).

Expediente: 

  1. F.

ARIT-LPZ-1991/2018 

Lugar y Fecha 

La Paz, 5 de abril de 2019 

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El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 0509/2019 de 3 de abril de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

El Auto.. Administrativo N° 391820000106 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/CCI AUTA/00085/2018) de 28 de septiembre de 2018, emitido por la Gerencia Distrital La Pazı del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió rechazar la solicitud de prescripción afao y nulidad planteada por Daniel Dieter Sánchez Vaca apoderado legal de Rodrigo Cristiam Suarez Monje, heredero universal del contribuyente Ramiro Augusto Suarez Loza, debiendo proseguir con la ejecución tributaria iniciada mediante Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° 20-2107/08 de 13 de mayo de 2008.

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 11.1. Argumentos del Recurrente Rodrigo Cristiam Suarez Monje legalmente representado por Jesús Eleazar Peña Barrios conforme se acredita del Testimonio de Poder N° 965/2017 de 11 de diciembre de 2017, mediante memoriales presentados el 17 de diciembre de 2018 y 3 de enero de 2019, cursantes a fojas 11-13 y 16 de obrados, respectivamente; interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

La notificación con el PIET 20-2107/08, vulneró el debido proceso y dejó en absoluta indefensión a su mandante, porque pese al conocimiento que su padre falleció el Servicio de Impuestos Nacionales no averiguó el domicilio o paradero de los herederos; consecuentemente, no hizo conocer el inicio de la ejecución tributaria, vulnerando los derechos constitucionales del debido proceso y la defensa debido a que nunca se le comunicó el inicio de la cobranza coactiva, toda vez que la Administración Tributaria realizó la publicación del edicto por prensa en la persona del titular del NIT, Ramiro Augusto Suarez Loza, difunto hace bastante tiempo; por ello, la notificación con el acto señalado es nula porque debió practicarse a los herederos del de cujus. 

El Auto Administrativo N° 391820000106 de 28 de septiembre de 2018, incurre en serios errores de interpretación y aplicación de la normativa referente a la prescripción de la facultad de ejecución tributaria; en la parte considerativa aplica por supletoriedad los artículos 1492 y 1493 del Código Civil en lo referente a la interrupción de las facultades de ejecución tributaria, en base a la Sentencia Constitucional 1606/2002-R de 20 de diciembre de 2002; sin embargo, en la parte

a resuelve rechazar la solicitud de prescripción señalando los artículos 1497 y 1498 del citado Código Civil lo que vulnera el principio de congruencia como elemento constitutivo del debido proceso, pues la parte considerativa señala una norma distinta a la establecida en la parte resolutiva.

El acto impugnado efectúa una errónea aplicación e interpretación de la Sentencia Constitucional 1606/2002-R, la cual estableció la aplicación supletoria de los artículos 1497 y 1498 del Código Civil para la interrupción de las facultades de ejecución

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tributaria, no así los artículos 1492 y 1493 del Código Civil, llegando a la conclusión que por supletoriedad de dichos artículos (1497 y 1498), el recurrente debió oponer expresamente prescripción dentro del trámite administrativo seguido por la Administración Tributaria…

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En el supuesto que se pueda aplicar por supletoriedad los artículos 1492 y 1493 del Código Civil a la interrupción de la prescripción de la facultad de ejecución tributaria, se debería considerar aquellas medidas que efectivamente se hubieran ejecutado, no simples solicitudes presentadas ante las instancias correspondientes, las que jamás se materializaron; en el presente caso, la notificación con el PIET al padre de su mandante fue el 27 de diciembre de 2009 y en la gestión 2010, se tiene tres solicitudes, una de retención de fondos a la ASFI, otra de hipoteca legal en Tránsito y la ultima de no emisión de solvencia ante la Contraloría General del Estado; sin embargo, no existe prueba alguna de que se hubieran efectivizado, contrariamente, existe una respuesta del Banco FIE de 24 de enero de 2011, que certifica que el padre de su mandante no mantenía cuentas bancarias en dicha institución; pese a ello, en la gestión 2014, el Servicio de Impuestos Nacionales volvió a enviar-oficios a la ASFI, Tránsito y a la Contraloría, existiendo en dicha gestión reportes de varios Bancos que refieren la no existencia de cuentas bancarias a nombre de Ramiro. Augusto Suarez Loza, padre de su mandante.

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No obstante el reporte de las gestiones anteriores, el 2016 se volvió a emitir oficios a la ASFI por retención de fondos así como la solicitud de hipoteca legal de 14 de noviembre de 2016 ante Derechos Reales, donde tampoco existe constancia de recepción o comprobante de ingreso del trámite; finalmente, en la gestión 2017, se tiene el Acta y Mandamiento de Embargo de dos inmuebles y nuevamente solicitud de retención de fondos a la ASFI, no emisión de solvencia a la Contraloría e hipoteca legal en tránsito, todas a nombre del fallecido Ramiro Augusto Suarez Loza, las que son reiterativas ya que no tiene sentido ejecutarlas cuando ya se conocía el fallecimiento del titular y se encontraba prescrita la facultad de ejecución tributaria; las simples solicitudes de diferentes medidas ante distintas autoridades, no pueden ser consideradas como actos que interrumpen la prescripción de la facultad de ejecución tributaria.

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Tomando como referencia el artículo 308 de la Ley 1340, en el presente caso se tiene las siguientes medidas coactivas: Mandamiento de Embargo emitido en la gestión 2017, a más de 7 años de la notificación del PIET en la gestión 2009; Retenciones de Fondos en Bancos efectuadas en las gestiones 2010, 2014 y 2017, aclarando al respecto, que la norma exige retención de fondos no solicitudes; por esa razón no existe prueba de haberse efectuado ninguna retención, enfatizando que pese a la inexistencia de cuentas bancarias del padre de su mandante el Servicio de Impuestos Nacionales continuó solicitando la retención de fondos de cuentas inexistentes.

Además de la inscripción preventiva en los registros respectivos de bienes inmuebles y muebles sujetos a registro, para lo cual se efectuaron diferentes gestiones ante el Organismo Operativo de Tránsito pero ninguna demuestra haberse efectivizado sobre ningún vehículo, debido a que no existen vehículos a nombre del padre de su mandante, por lo que esta medida, no tiene sentido alguno. Existe una solicitud de hipoteca legal a Derechos Reales efectuada el 14 de noviembre de 2016; sin embargo, carece de constancia de ingreso a dicha institución; asimismo, el plazo de ejecución tributaria ya se encontraba prescrito; adicionalmente cursan en antecedentes administrativos, solicitudes de no solvencia fiscal a la Contraloría que sin embargo, no pueden considerarse como medida coactiva, debido a que la solicitud se hizo a nombre de una persona fallecida, por ello, no tiene sentido considerarla.

El acto impugnado comete otro error al considerar el cómputo de prescripción desde el año siguiente a la notificación con el PIET; es decir, desde el 1 de diciembre de 2010 basándose en Resoluciones emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia que no se considera fuente de derecho tributario, siendo que la notificación con el PIET fue el 27 de diciembre de 2009, el cómputo debe realizarse tomando como referencia esta notificación no así en la gestión siguiente, como asevera la Administración Tributaria.

En conclusión, fue vulnerado el debido proceso al no haber notificado personalmente a su mandante con el PIET, debiendo aclarar que la notificación se practicó en la persona del fallecido Ramiro Augusto Suarez Loza mediante edictos de prensa;

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asimismo, queda demostrada la ilegalidad del acto impugnado, toda vez que no existe ningún acto que legalmente interrumpa la prescripción del cómputo de la facultad de ejecución tributaria.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar o anular el Auto Administrativo 391820000106 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/CCIAUTA/00085/2018) de 28 de septiembre de 2018.

11.2. Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Rodrigo Cristiam Suarez Monje, representado legalmente por Jesús Eleazar Peña Barrios, fue admitido mediante Auto de 8 de enero de 2019, notificado personalmente al sujeto pasivo el 16 de enero de 2019 y mediante cédula al Gerente Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales el 17 de enero de 2019; fojas 17-23 de obrados.

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11.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital La Paz i del Servicio de Impuestos Nacionales representada legalmente por Iván Arancibia Zegarra conforme se acredita de la Resolución Administrativa de Presidencia No 031700001413 de 29 de septiembre de 2017, por memorial presentado … el 1 de febrero de 2019, cursante a fojas 26-29 de obrados, respondió negativamente se expresando lo siguiente:

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De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que los funcionarios de la Administración Tributaria se constituyeron en el domicilio fiscal del heredero del contribuyente Ramiro Augusto Suarez Loza, ubicado en la calle Potosí N° 1110 de la Zona Central, constatando que la actividad se encontraba cerrada, al no existir datos del paradero de sus herederos y en cumplimiento a lo previsto en el artículo 86 de la Ley 2492, ante la imposibilidad de practicar la notificación personal o cedularia, notifico mediante edictos, con

afael la finalidad de hacer conocer el adeudo tributario a los posibles herederos del citado contribuyente.

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Se debe tener en cuenta que la notificación del Proveído de inicio de Ejecución Tributaria fue efectuada ante la firmeza y ejecutoria de la Resolución Determinativa N° 602 de 12 de

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noviembre de 2007; razón por la que la Administración Tributaria, en ningún momento dejó en estado de indefensión a los posibles herederos del contribuyente, mucho menos se vulneró derecho o garantía alguna; asimismo, el heredero Rodrigo Cristiam Suarez Monje tuvo pleno conocimiento de los antecedentes del proceso de determinación porque las primeras notificaciones fueron recibidas por este, en el domicilio fiscal señalado por su padre. 

Por los motivos expuestos, la notificación con el PIET fue realizada conforme a normativa, por esta razón no corresponde la nulidad solicitada por el heredero quien trata de desconocer las actuaciones del ente fiscal que fueron de su pleno conocimiento.

El apoderado del heredero del contribuyente, no toma en cuenta que la normativa civil aplicada en el acto impugnado, específicamente los artículos 1492, 1493, 1497 y 1498 del Código Civil Capítulo Il son concordantes entre sí, como con otra normativa tributaria, así también con fallos judiciales, razón por la que no existe la inconsistencia que señala el ahora recurrente.

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Cabe resaltar que la Administración Tributaria comenzó a ejercer su facultad de ejecución, el 1 de enero de 2010; es decir, al año siguiente de la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria efectuada el 27 de diciembre de 2009, la cual fue seguida de medidas tendientes al cobro que generaron la interrupción del cómputo de la prescripción en diferentes oportunidades durante las gestiones 2010, 2014, 2016 y 2017, demostrando con ello que en ningún momento existió inactividad por parte de la Administración Tributaria conforme lo previsto en los artículos 1497 y siguientes del Código Civil.

Las notas señaladas anteriormente se constituyen en causales de interrupción como lo establece el artículo 1503 del Código Civil, criterio reflejado en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1098/2015 de 29 de junio de 2015; asimismo, por el Auto Supremo

/2015 de 24 de marzo de 2015; adicionalmente, se debe considerar que al presentar el apoderado del heredero del contribuyente Ramiro Augusto Suarez Loza su Recurso Administrativo de Alzada solicitando la prescripción de las facultades de ejecución del PIET, el levantamiento del gravamen, liberación del embargo correspondiente registrado en Derechos Reales bajo matrícula computarizada 2010990024436 y pedir que queden

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latentes las demás medidas precautorias adoptadas, demuestra su pleno conocimiento del referido acto administrativo; asimismo, da por válida su notificación; al solicitar fotocopias simples de todo el expediente que incluye el PIET tomó conocimiento del referido acto quedando en evidencia que en todo momento fue de su conocimiento todo el proceso de determinación, no existiendo vicio alguno ni vulneración de derechos por parte de la Administración Tributaria.

Finalmente, solicita cumplimiento del principio de congruencia, conforme lo señalado por los artículos 198 inciso e) y 211 del Código Tributario, lo contrario vulneraría los derechos al debido proceso y a la defensa del Servicio de Impuestos Nacionales, consagrados en el artículo 115 parágrafo ll de la Constitución Política del Estado; al respecto, invoca la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0135/2011 de 28 de febrero de 2011.

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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Auto Administrativo 391820000106 (SINIGDLPZ-1/DJCC/CCIAUTA/00085/2018) de 28 de septiembre de

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II.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba Mediante. Auto de 4 de febrero de 2019, se dispuso la apertura del término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d), artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 6 de febrero de 2019; fojas 30-31 de obrados. 

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Por memorial presentado el 26 de febrero de 2019, Iván Arancibia Zegarra en representación legal de la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, ofreció, propuso, reprodujo y ratificó en calidad de prueba pre constituida los antecedentes administrativos originales presentados a momento de responder el Recurso de Alzada, consistente en un cuerpo con un total de doscientas sesenta y siete (267) fojas útiles; al efecto, se emitió el Proveido de 27 de febrero de 2019, que dio por ratificada la prueba afan documental señalada; fojas 32-33 de obrados.

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II.5. Alegatos De la revisión de obrados, se advierte que por memorial presentado el 7 de marzo de 2019, Rodrigo Cristiam Suárez Monje, legalmente representado por Jesús Eleazar Peña Barrios

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solicitó Audiencia Pública de alegatos orales de acuerdo a los artículos 200 y 208 de la Ley 2492 y 29 del DS 27241; al efecto, por Proveído de 11 de marzo de 2019, se señaló Audiencia Pública para el día jueves 21 de marzo de 2019 a horas 15:30, en Secretaría de la Autoridad de impugnación Tributaria La Paz; actuación notificada a las partes en Secretaria el 13 de marzo de 2019; audiencia que se llevó cabo en la fecha y hora señaladas en la que la recurrente indicó, que la notificación con el PIET 20-2107/08, vulneró el debido proceso y dejó en absoluta indefensión a su mandante, toda vez que fue notificada a su padre difunto, hecho que fue de conocimiento del Servicio de Impuestos Nacionales. quien no hizo conocer el inicio de la ejecución tributaria, vulnerando los derechos constitucionales del debido proceso y la defensa debido a que nunca se le comunicó el inicio de la cobranza coactiva, siendo que la notificación con el acto señalado debió practicarse a los herederos del de cujus. Asimismo señaló que la Administración Tributaria aplicó de forma incorrecta los artículos 340 y 1503 del Código Civil para efectuar el cómputo de la prescripción en fase de cobro coactivo y que las medidas coactivas efectuadas no son válidas al ser efectuadas a una persona fallecida.

La Administración Tributaria representada por Angélica Luisa Aliaga Fernández conforme se acredita del Testimonio N° 121/2019 de 21 de marzo de 2019, en la citada audiencia de alegatos señaló que el heredero del de cujus tuvo conocimiento de la deuda tributaria, al haber sido notificado de forma personal con la Resolución Determinativa GDLP N° 602 de 12 de noviembre de 2007; sin embargo, el PIET fue notificado por edictos al fallecido con la finalidad de que los herederos asuman las obligaciones tributarias de este. Agrega que se efectuaron medidas coactivas tendientes al cobro de la deuda tributaria, para lo cual aplicó de forma supletoria las reglas del Código Civil al existir un vacío en la Ley 1340 que regule las causales de interrupción del cómputo de la prescripción en fase de cobro coactivo; fojas 35-37 y 42-44 de obrados.

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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA La Administración Tributaria el 30 de agosto de 2007, en base al Informe CITE: GDLP/DFISVI/NF-2382/07 emitió la vista de Cargo N° 20-DF-SV1-270/2007, estableciendo el adeudo tributario de Bs28.852.- por el Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones, más actualización, intereses y sanción por evasión de los

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períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2002; actuación notificada de manera personal a Rodrigo Cristiam Suarez Monje, el 12 de septiembre de 2007, fojas 53-55 de antecedentes administrativos.

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Mediante nota presentada ante la Administración Tributaria el 18 de septiembre de 2007, Rodrigo Suarez Monje, en calidad de heredero universal de Ramiro Augusto Suarez Loza, presentó argumentos y documentación de descargo a la vista de Cargo. N° 20-DF-SVI 270/2007, los cuales fueron respondidos por Proveído CITE: GDLP/DF/SVI/P-445-07 de 11 de octubre de 2007 notificado a Rodrigo Suarez Monje por cédula el 16 de octubre de 2007; fojas 58, 59 -130-139 de antecedentes administrativos.

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La Resolución Determinativa GDLP N° 602 de 12 de noviembre de 2007, determinó de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas del contribuyente Ramiro Augusto Suarez Loza por un importe total de Bs58.413.- por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), mantenimiento de valore intereses, así como la sanción de Bs18.924.- por evasión de los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2002; acto administrativo notificado personalmente a Rodrigo Suarez Monje heredero universal de Ramiro Augusto Suarez Loza, el 8 de diciembre de 2007; fojás 152-155 de antecedentes administrativos.

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Mediante Proveído de inicio de Ejecución Tributaria GDLP-UCC-PIET N° 20-2107/08 de 13 de mayo de 2008, la Administración Tributaria comunicó al contribuyente que se dará inicio a la ejecución tributaria al tercer día de su legal notificación, a partir del cual se realizarán las medidas coactivas correspondientes; acto notificado mediante edicto el 27 de diciembre de 2009; fojas 156, 172-181 de antecedentes administrativos.

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Con nota CITE/GDLP/DJCCIUCC/NOT/5387/2010, presentada ante el Organismo

mo afao Operativo de Tránsito el 31 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria comunicó que se dispuso la hipoteca legal sobre los vehículos de propiedad del contribuyente a favor de la Gerencia Distrital La Paz; de similar manera, mediante nota CITE/GDLP/DJCC/UCC/NOT/5385/2010 entregada a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, el 28 de diciembre de 2010 reiteró su solicitud de retención de fondos;

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asimismo, solicitó registro nuevo del deudor, en todo el sistema financiero nacional; e igualmente, a través de la carta CITE/GDLP/DJCC/UCC/NOT/5386/2010 presentada ante la Contraloría General del Estado el 30 de diciembre de 2010, solicitó registro de no solvencia fiscal del sujeto pasivo; fojas 182-187 de antecedentes administrativos.

Posteriormente, el ente fiscal emitió la nota CITE: CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/PCM/ NOT/5275/2014, el 12 de noviembre de 2014, mediante la cual solicita a la Directora Ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la retención de fondos de las cuentas del sujeto pasivo. Por nota CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/PCM/ NOT/5279/2014, recepcionada por la Policía Boliviana el 3 de diciembre de 2014, el ente fiscal reiteró que se dispuso la Hipoteca Legal sobre los vehículos de propiedad del contribuyente a su favor; fojas 200-208 de antecedentes administrativos.

Por Mandamiento de Embargo N° 130/2017, el ente fiscal ordenó a la Unidad de Cobranza Coactiva proceder al embargo de acciones y derechos si corresponde, del bien inmueble de propiedad del contribuyente Ramiro Augusto Suarez Loza, ubicado en el piso 16 y garaje No 9, Edif. Batallón Colorados, de la Ciudad de La Paz, registrado en las oficinas de Derechos Reales bajo la Matrícula Computarizada N° 2.01.0.99.0015281. Por su parte, el Acta de Embargo N° 444/2017 señala que el 30 de noviembre de 2017 se dio cumplimiento al Mandamiento de Embargo antes mencionado; fojas 224-225 de antecedentes administrativos.

Posteriormente, por nota CITE: SIN/GDLPZ I/DJCC/CC/NOT/11826/2017 presentada en la Contraloría General del Estado, el 22 de febrero de 2018 la Administración Tributaria, nuevamente solicitó registro de no solvencia fiscal, en aplicación del artículo 110 del Código Tributario; mediante nota CITE: SIN/GDLPZ VDJCC/CC/NOT/11833/2017 ingresada al Organismo Operativo de Tránsito el 9 de febrero de 2018, solicitó hipoteca legal de los vehículos de propiedad de Ramiro Augusto Suarez Loza; de manera similar, a través de la nota CITE: SIN/GDLPZ I/DJCC/CC/NOT/06979/2017 de 15 de septiembre de 2017 solicitó al Juez Registrador de Derechos Reales de la ciudad de La Paz, la hipoteca legal de las acciones y derechos, si corresponde del bien inmueble registrado bajo la matrícula computarizada N° 2.01:0.99.0024436 a favor de la Gerencia Distrital La Paz 1; fojas 227-. 232 y 236 de antecedentes administrativos.

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Mediante Mandamiento de Embargo N° 131/2017, el ente fiscal ordenó a la Unidad de Cobranza Coactiva, proceder al embargo de acciones y derechos si corresponde, de la casa de dos plantas de propiedad del contribuyente Ramiro Augusto Suarez Loza, ubicado en la Av. Aguirre Achá N° 600, zona de Cota Cota, registrado en las oficinas de Derechos Reales bajo la Matrícula Computarizada N° 2.01.0.99.0024436. Por Acta de Embargo No 445/2017 de 26 de septiembre de 2017 se dio cumplimiento al Mandamiento de Embargo antes mencionado; fojas 237-238 de antecedentes administrativos.

A través de la nota CITE: SIN/GDLPZI/DJCC/CC/NOT/09318/2017 de 22 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria solicitó al Juez Registrador de Derechos Reales de la ciudad de La Paz la inscripción del Mandamiento de Embargo Ejecutado, en acciones y derechos si corresponde, sobre el bien inmueble inscrito e hipotecado a favor de la Gerencia Distrital La Paz I, bajo la Matrícula Computarizada N° 2.01.0.99.0024436; fojas 239-243 de antecedentes administrativos…

Por memorial presentado ante la Administración Tributària el 16 de mayo de 2018, Daniel Dieter Sánchez Vaca en representación legal de Rodrigo Cristian Suarez Monje, solicitó la prescripción de la facultad de control, investigación verificación, comprobación, fiscalización de tributos, determinación de la deuda tributaria y de la facultad de ejecución tributaria del ente fiscal, en aplicación de lo establecido en el parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, sin las reformas de las Leyes 291 y 317; asimismo, invocó la nulidad de la notificación con el PIET GDLP-UCC-PIET No. 20-2107/08 de 13 de mayo de 2008 con el que se notificó al padre de su mandante, mediante edictos el 27 de diciembre de 2009, toda vez que dicho sujeto pasivo falleció tiempo atrás y la Administración Tributaria conocía de su deceso; razón por la que la notificación del PIET debió realizarla en la persona de su mandante Rodrigo Cristiam Suarez Monje quien tenía derecho a conocer el inicio de la ejecución tributaria; consecuentemente, la notificación de dicho acto fue realizada como si se tratara de una notificación masiva, no contiene ningún elemento del acto administrativo

afao con el cual se notifica, únicamente el nombre del contribuyente, el número del PIET y el ISO 9001 importe, sin contar con otra información que permite la identificación del acto impugnado.

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Finalmente, solicitó incidente de levantamiento del gravamen del bien inmueble, toda vez que el ente fiscal se excedió en las medidas precautorias debido a que el importe

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establecido mediante Resolución Determinativa alcanza a Bs58.413.- inferior al valor de los bienes embargados; por lo tanto, se perjudican no solo el contribuyente sino la totalidad de sus herederos; fojas 245-248 de antecedentes administrativos.

El Auto Administrativo N° 391820000106 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/CCI AUTA/0085/2018) de 28 de septiembre de 2018, resolvió rechazar la solicitud de prescripción y de nulidad planteada por Daniel Dieter Sánchez Vaca apoderado legal de Rodrigo Cristiam Suarez Monje, heredero universal del contribuyente Ramiro Augusto Suarez Loza, debiendo. proseguir con la ejecución tributaria iniciada mediante Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 20-2107/08 de 13 de mayo de 2008; acto administrativo notificado personalmente el 27 de noviembre de 2018; fojas 257-263 y 266 de antecedentes administrativos.

  1. IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211, parágrafo III del referido Código Tributario, se tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Rodrigo Cristiam Suarez Monje legalmente representado por Jesús Eleazar Peña Barrios en el Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.

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De inicio es necesario puntualizar que el recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada, alternativamente solicitó la revocatoria o anulación del acto administrativo impugnado; en ese contexto siendo obligación de ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitir un criterio ylo posición respecto a todos y cada uno de los planteamientos formulados, se efectuará previamente la revisión de la existencia de vicios y si estos están legalmente

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sancionados con la nulidad; sólo en caso de no ser evidente, se procederá al análisis de las cuestiones de fondo planteadas.

IV.1. VICIOS DE NULIDAD . 1.1.1. Notificación con el PIET El recurrente señala que la notificación con el PIET 20-2107/08, vulneró el debido proceso y le dejó en absoluta indefensión, porque pese al conocimiento que su padre falleció el Servicio de Impuestos Nacionales no averiguó el domicilio o paradero de los herederos; consecuentemente, no hizo conocer el inicio de la ejecución tributaria, vulnerando los derechos constitucionales del debido proceso y la defensa en razón a que nunca se le comunicó el inicio de la cobranza coactiva, toda vez que la Administración Tributaria realizó la publicación del edicto por prensa en la persona del titular del NIT Ramiro Augusto Suarez Loza, difunto hace bastante tiempo; por ello, la notificación con el acto señalado es nulo porque debió practicarse a los herederos del de cujus

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La Administración Tributaria en el memorial de respuesta señala que al no existir datos del paradero de los herederos del de cujus, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 86 de la Ley 2492 y ante la imposibilidad de practicar la notificación personal o cedularia, notifico mediante edictos con la finalidad de hacer conocer el adeudo tributario a los posibles herederos del citado contribuyente. Asimismo señala que la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria fue efectuada ante la firmeza y ejecutoria de la Resolución Determinativa N° 602 de 12 de noviembre de 2007, razón por la que la Administración

Tributaria, en ningún momento dejó en estado de indefensión a los posibles herederos del contribuyente, mucho menos se vulneró derecho o garantía alguna, toda vez que la notificación con el PIET fue realizada conforme a normativa, por esta razón no corresponde la nulidad solicitada por el heredero quien trata de desconocer las actuaciones del ente fiscal que fueron de su pleno conocimiento, al respecto, corresponde el siguiente análisis:

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El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone: I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

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El artículo 23 de la Ley 2492, establece: Contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Dicha condición puede recaer: 1. En las personas naturales prescindiendo de su capacidad según el derecho privado. 2. En las personas jurídicas y en los demás entes colectivos a quienes las Leyes atribuye calidad de sujetos de derecho. 3. En las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica que constituyen una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición. Salvando los patrimonios autónomos emergentes de procesos de titularización y los fondos de inversión administrados por las Sociedades Administradoras o de Fondos de Inversión y demás fideicomisos. 

El artículo 68 señala del Código Tributario, señala que constituyen derechos del sujeto pasivo, entre otros, los siguientes: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre 

acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

El artículo 70 de la Ley 2492, respecto a las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, menciona: Constituyen obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo: 3. Fijar domicilio y comunicar su cambio, caso contrario el domicilio fijado se considerará subsistente, siendo 

válidas las notificaciones practicadas en el mismo. 6. Facilitar las tareas de control, 

determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y demás disposiciones. 

El artículo 83 de la Ley 2492, menciona: I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según corresponda: 1. Por medios electrónicos; 2. Personalmente; 3. Por Cédula; 4. Por Edicto; 

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  1. 5. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o 

por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 6. Tácitamente; 7. Masiva; 8. En Secretaría. II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con excepcn de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

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El artículo 84 de la citada norma con relación a la notificación personal, refiere: 1. Las vistas de Cargo y. Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo’ 89° de este Código; así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente al Sujeto Pasivo, tercero responsable, o a su representante legal. II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su representante legal de la copia integra de la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica . del día, hora y lugar legibles en que se hubiera practicado. III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo debidamente identificado y se tendrá la notificación . por efectuada a todos los efectos legales

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El artículo 85 de la notificación por cédula, manifiesta: 1. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente. II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad, formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito a los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. III. La cédula 

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estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará la diligencia. 

El artículo 86, en relación a las notificaciones por edicto, establece que: Cuando no sea posible practicar la notificación personal o por cédula, por desconocerse el domicilio del interesado, o intentada la notificación en cualquiera de las formas previstas, en este Código ésta no hubiera podido ser realizada, se practicará la notificación por edictos publicados en dos (2) oportunidades con un intervalo de por lo menos tres (3) días corridos entre la primera y segunda publicación, en un órgano de prensa de circulación nacional. En este caso, se considerará como fecha de notificación la correspondiente a la publicación del último edicto. Las Administraciones Tributarias quedan facultadas para efectuar publicaciones mediante órganos de difusión oficial que tengan circulación nacional. 

Previo a ingresar al análisis de la problemática que nos ocupa, es necesario considerar que el artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que el debido proceso debe ser parte de todas las actuaciones administrativas; por consiguiente, es obligación de los organismos y dependencias de la Administración Pública a su cumplimiento; es en ese contexto, que dicho precepto constitucional establece de manera expresa que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se traduce que los actos y actuaciones en un proceso administrativo se deben ajustar no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales; esto implica garantizar el correcto ejercicio de la Administración Pública a través de la emisión de actos administrativos, los que no deben resultar contrarios a los principios del Estado de Derecho.

En ese contexto, toda autoridad administrativa tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes. De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de

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la administración, a pedir y a controvertir las pruebas a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio.

El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez. Se define el derecho al debido proceso, como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia, entre ellos el derecho a la defensa, cuya garantía en los hechos constituye una verdadera barrera de contención que impide el accionar arbitrario o discrecional de la autoridad actuante.

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Se debe tomar en cuenta que en relación al derecho a la defensa, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0133/2014 de 10 de enero, señaló: El art. 115.// de la CPE, garantiza el derecho a la defensa y acceso a una justica plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y. sin dilaciones, al respecto al jurisprudencia constitucional mediante la SC 0206/2010-R, de 24 de mayo, señaló que el derecho a la defensa como componente del debido proceso es: uno de los elementos de la garantía del debido 

proceso, es el derecho fundamental a la defensa consagrado por el art. 115./l de la . CPE, que tiene dos connotaciones: la primera es el derecho que tienen las personas

cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por 

afad ello es inviolable por las personas o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio,…”. 

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Con esa necesaria referencia conceptual y constitucional, es preciso establecer que las notificaciones no se constituyen en un mero formalismo, sino que cumplen una función

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material, cuál es hacer conocer a las partes las resoluciones emitidas en los procesos judiciales o por las autoridades administrativas encargadas de tramitarlos; por ello, es ineludible para estas cumplir con las formalidades establecidas para cada forma de notificación, garantizando efectivamente el conocimiento del administrado de los actos o actuaciones que produzca en ente fiscal, materializando así el derecho de las partes a tomar conocimiento de dicho acto, para asumir las actuaciones que hagan a sus derechos e intereses, de tal manera, las Administraciones Tributarias deben procurar por todos los medios que los actos de comunicación cumplan con su finalidad.

En esta materia, el artículo 83 del Código Tributario, establece los medios de notificación, consistentes en las siguientes modalidades: 1. Por medios electrónicos; 2. Personalmente; 3. Por Cédula; 4. Por Edicto; 5. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 6. Tácitamente; 7. Masiva; 8. En Secretaría; al respecto, el ahora recurrente aduce la existencia de notificaciones defectuosas y consiguiente vulneración de su derecho a la defensa, lo que se constituye en el objeto principal a ser dilucidado en el presente caso

Ingresando al análisis propiamente dicho de los medios de notificación, se establece que ante la imposibilidad de practicar una notificación personal conforme determina el artículo 84 del Código Tributario, es decir, la entrega realizada al interesado o su representante legal de la copia integra de la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, el legislador previó la modalidad de notificación por cédula, cuyas regulaciones se encuentran previstas en el artículo 85 del citado Código, actuación practicada en el caso que el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, en cuyo caso, el servidor público de la Administración Tributaria debe dejar un aviso de visita a cualquier persona mayor de 18 años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a una hora determinada del día hábil siguiente.

En caso de no ser habido en dicha ocasión, se procederá a elaborar la representación correspondiente estableciendo las circunstancias y hechos anotados, lo que dará lugar a la notificación por cédula, la cual deberá estar constituida por una copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que lo expidiera y será entregada por el servidor público de la

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Administración Tributaria en el domicilio del que debiera ser notificado o cualquier persona mayor de 18 años o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que deberá suscribir la diligencia.

Ante la imposibilidad de practicar la notificación personal o por cédula, por desconocer el. domicilio del interesado o intentada la notificación de forma personal o por cédula, no hubiera sido posible practicar el acto de comunicación, se recurrirá a la notificación por edictos de conformidad al artículo 86 del citado Código, los cuales deben ser publicados en dos oportunidades con un intervalo de al menos tres días corridos entre la primera y la segunda publicación, en un medio de prensa de circulación nacional; asimismo, a efectos de establecer la fecha de notificación, se considerará la que corresponde a la última publicación del edicto.

Conforme el citado marco normativo, resulta pertinente realizar un previa contextualización de las principales actuaciones administrativas emergentes del presente caso; al efecto, se establece que la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 20-DF-SV1-270/2007, estableciendo el adeudo tributario de Bs28.852.- por el Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones, más actualización, intereses y sanción por evasión de los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2002; actuación notificada de manera personal a Rodrigo Suarez Monje en calidad de heredero de Ramiro Augusto Suarez Loza, el 12 de septiembre de 2007, ?.. conforme se evidencia a fojas 53-55 de antecedentes administrativos.

Resultado del procedimiento administrativo el ente fiscal emitió la Resolución Determinativa GDLP No 602 de 12 de noviembre de 2007, por medio de la cual determinó de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas del contribuyente Ramiro Augusto Suarez Loza por un importe total de Bs58.413.- por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), mantenimiento de valor e sho intereses, así como la sanción de Bs18.924.- por evasión de los periodos fiscales de enero, 150 9001 febrero, marzo, abril, mayo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2002; acto administrativo notificado personalmente al citado contribuyente Rodrigo Suarez Monje

TQNei heredero universal de Ramiro Augusto Suarez Loza el 8 de diciembre de 2007; según se verifica a fojas 152-155 de antecedentes administrativos.

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En atención a que la Resolución Determinativa GDLP N° 602 de 12 de noviembre de 2007, no fue objeto de impugnación en la via judicial o administrativa por parte del contribuyente, adquirió la calidad de Título de Ejecución Tributaria de acuerdo al artículo 108 parágrafo | numeral 1) del Código Tributario, en ese entendido, el ente fiscal emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GDLP-UCC-PIET N° 20-2107/08 de 13 de mayo de 2008 que señala: Estando firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa GDLP No 602 de 12 de noviembre de 2007 (…) por la suma líquida y exigible de Bs58.413.– (…) conforme a lo establecido por el Numeral 1 del Artículo 108 del Código Tributario, concordante con el Artículo 4 del Decreto Supremo Nro. 27874, se anuncia al contribuyente SUAREZ LOZA RAMIRO AUGUSTO con RUC: 9933700, con domicilio ubicado en CALLE POTOSÍ NRO. 1110, Zona: CENTRAL, que se dará inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día siguiente de su legal notificación con el presente proveido, a partir del cual se realizarán las medidas coactivas correspondientes, conforme establece el Artículo 110° del Código Tributario, concordante con el Artículo 4o del Decreto Supremo 27874...”, acto notificado mediante edicto a Ramiro Augusto Suarez Loza el 27 de diciembre de 2009; conforme se evidencia por las publicaciones cursantes a fojas 172-181 de antecedentes administrativos.

Lo anterior permite establecer que en el caso objeto de análisis, la Administración Tributaria notificó por. edictos el Proveido de inicio de Ejecución Tributaria GDLP-UCC-PIET N° 20 2107/08 de 13 de mayo de 2008 a Ramiro Augusto Suarez Loza, sin tomar en cuenta que con anterioridad, es decir, en fase de determinación notificó la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa de forma personal a Rodrigo Cristiam Suarez Monje en calidad de derecho habiente del de cujus; en ese contexto, es evidente que la notificación con el referido Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria no cumplió con su finalidad de dar a conocer el inicio de la ejecución tributaria al heredero del causante, aspecto que se refuerza aún más si se considera que las notificaciones con los actos suscitados en el proceso de fiscalización fueron de forma personal al heredero universal del de cujus. 

En ese contexto, corresponde señalar que la ausencia de la notificación bajo alguna de las formas establecidas por el artículo 83 del Código Tributario de manera correcta a los derecho habientes del causante, constituye sin duda una infracción del derecho al debido proceso previsto en todo el bloque constitucional, toda vez que afecta directamente al

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derecho de comunicación previa y detallada del inicio de la etapa de cobranza coactiva por parte de la Administración Tributaria, así como la concesión del tiempo para efectivizar el pago del adeudo tributario, es decir que el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria concede el plazo de tres días para efectivizar el pago de la deuda tributaria, plazo que en el presente caso no fue adecuadamente concedido al ahora recurrente con el fin de brindarle la oportunidad de efectivizar el pago del monto adeudado como consecuencia de la firmeza de la Resolución Determinativa GDLP N° 602 de 12 de noviembre de 2007, misma que al no haber sido impugnada en su debida oportunidad se constituye en título de ejecución tributaria líquido y exigible; consecuentemente, se evidencia que efectivamente existió un error por parte de la Administración Tributaria a no poner en conocimiento de los herederos o derechos habientes del de cujus el inicio de la fase de ejecución tributaria, cumpliendo de esta manera con el principio de publicidad qu

da actividad administrativa, conforme señala el inciso m) del artículo 4 de la Ley 2341, aspecto que provocó la conculcación del debido proceso y el derecho a la defensa del ahora recurrente.

Bajo ese contexto, se hace necesario indicar que la Constitución Política del Estado, en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, consagra como principio, derecho y garantía; es decir, está reconocido por la misma Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, un principio procesal y una garantía de la administración de justicia; en ese orden, se debe señalar que la notificación de los actos administrativos de carácter particular, constituye una manifestación del derecho fundamental al debido proceso.

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En ese entendido, si bien las Administraciones Tributarias en general cuentan con amplias facultades para el cumplimiento de sus funciones, que se encuentran plasmadas en los artículos 66 y 100 del Código Tributario, no es menos cierto que las mismas deben ser desarrolladas en el marco de un debido proceso, de tal manera que se garantice que el contribuyente o tercero responsable pueda contar con la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa, cuya garantía en los hechos constituye una verdadera barrera de contención que impide el accionar arbitrario o discrecional de la autoridad actuante; al respecto, las notificaciones precisamente tienen esa finalidad de resguardar el ejercicio del derecho a la defensa.

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Corresponde mencionar también que la notificación cumple una triple función dentro de la actuación administrativa: 1) asegura el cumplimiento del principio de publicidad establecido por el artículo 4 inciso m) de la Ley 2341, pues mediante ella se pone en conocimiento de los interesados el contenido de las decisiones de la Administración Tributaria; 11) garantiza el cumplimiento de las reglas del debido proceso en cuanto permite la posibilidad de ejercer los derechos de defensa y de contradicción establecido por el artículo 68 numeral 6 de la Ley 2492; y, finalmente III) la notificación hace posible la efectividad de los principios de celeridad y eficacia al delimitar el momento en el que empiezan a correr los términos de los recursos y de las acciones procedentes a ser empleadas por el sujeto pasivo.

En lo que respecta al tema de las notificaciones, la jurisprudencia constitucional, contenida entre otras en la Sentencia Constitucional N° 1845/2004-R de 30 de noviembre, que respecto a la finalidad de la notificación, señala que las: “…notificaciones, que son las modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario, ... (Sic)... Sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación, asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos...”. 

En ese contexto se establece que la finalidad de la notificación es poner en conocimiento del administrado cualquier providencia emitida por el sujeto activo, para que dándose por enterado de estas decisiones, conozca el estado del proceso y pueda utilizar los recursos legales pertinentes; constituyendo médios válidos de notificación de conformidad al artículo 83 del Código Tributario, los siguientes: 1. Por medios electrónicos; 2. Personalmente; 3. Por Cédula; 4. Por Edicto; 5. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 6. Tácitamente; 7. Masiva; 8. En Secretaría “; siendo nula toda notificación que no se ajuste a las formas señaladas. 

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Este aspecto se refuerza más si consideramos que la notificación no debe ser entendida como el cumplimiento de una simple formalidad, sino que tiene la finalidad que los sujetos procesales tomen efectivo conocimiento de las determinaciones asumidas por las autoridades, es decir, se encuentra directamente vinculado con el debido proceso, aspecto que se ve reflejada en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0542/2014 de 10 de marzo de 2014, mencionando en su parte pertinente: “La notificación, en otros términos, en cualquier clase de proceso, se constituye-en uno de los actos de comunicación procesal de mayor efectividad, en cuanto garantiza el conocimiento real de las decisiones judiciales con el fin de dar aplicación concreta al debido proceso mediante la vinculación de aquellos a quienes concierne la decisión judicial notificada, así como que es un medio idóneo para lograr que el interesado ejercite el derecho de contradicción, planteando de manera oportuna sus defensas y excepciones. De igual manera, es un acto procesal que desarrolla el principio de seguridad jurídica, pues de él se deriva la certeza del conocimiento de las decisiones judiciales, de allí que asuntos como la ausencia de ciertas notificaciones o las innumerables y graves irregularidades en que se pueda incurrir al momento de efectuarlas, no pueden quedar sin posibilidad alguna de alegación por la persona afecta, pues un impedimento de tal naturaleza violaría su derecho fundamental al debido proceso. Considerando precisamente esta posible vulneración al debido proceso, la ley prevé la medida procesal de anulación de las actuaciones surtidas con posterioridad al vicio y que resulten afectadas por éste, señalando expresamente las causales correspondientes en los diversos códigos de procedimiento, en tanto que lo considera un defecto sustancial grave y desproporcionado que merece protección del derecho a la defensa del demandado”. 

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A lo expuesto, corresponde agregar que un acto administrativo entra en vigencia desde el momento de su expedición, siempre y cuando cumpla con su publicación y notificación, lo que se convierte en un requisito indispensable para otorgar de obligatoriedad a las decisiones administrativas; en ese contexto, en caso de que un acto administrativo que se asume fue emitido cumpliendo todos los requisitos legales, no será oponible al administrado

afag en la medida en que no haya sido puesto a su conocimiento en la forma indicada por Ley, 150 9001 lo cual se explica si se tiene en cuenta que nadie puede ser obligado a cumplir una disposición que desconoce y resultar afectado por sus alcances; en el presente caso,

TQNet Rodrigo Cristiam Suarez Monje en su calidad de derecho habiente del de cujus no fue debidamente notificado con el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria GDLP-UCC-PIET

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N° 20-2107/08 de 13 de mayo de 2008 por medio del cual la Administración Tributaria dio inicio a la fase de ejecución tributaria, limitando su derecho de efectivizar el pago total de la deuda tributaria o en su defecto optar por alguna alternativa de pago, con anterioridad a la ejecución de las medidas coactivas previstas por el artículo 110 del Código Tributario.

En ese entendido, cabe destacar que el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria No GDLP-UCC-PIET N° 20-2107/08 de 13 de mayo de 2008, señala textualmente: “...que se dará inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día de su legal notificación con el presente proveido, a partir del cual se realizarán las medidas coactivas correspondientes...”, es decir, el citado acto otorga el plazo de 3 días a partir de su legal. notificación, para que el sujeto pasivo pueda efectivizar el pago de la deuda tributaria líquida y exigible, plazo que no fue conocido de manera formal por el ahora recurrente en su calidad de derecho habiente del de cujus; consecuentemente, se evidencia que la notificación por edictos con el referido PIET efectuada al padre fallecido del ahora recurrente no surtió efectos legales. 

Un aspecto importante a tener en cuenta es que la Administración Tributaria durante la etapa de determinación notificó de forma personal a Rodrigo Suarez Monje en calidad de heredero de Ramiro Augusto Suarez Loza tanto la Vista de Cargo N° 20-DF-SV1-270/2007 así como la Resolución Determinativa GDLP N° 602; sin embargo, de manera contradictoria a la forma de notificación utilizada para notificar los actos emitidos en etapa de determinación, notificó el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria GDLP-UCC-PIET N° 20-2107/08 por edictos al fallecido padre del derecho habiente, teniendo pleno conocimiento del suceso del sujeto pasivo, situación que provocó un menoscabo a las garantías procesales del derecho habiente, toda vez que no consta notificación alguna dirigida al ahora recurrente respecto al inicio de la ejecución tributaria iniciada por la Administración Tributaria, razones que permiten evidenciar objetivamente que se causó vulneración a los derechos y garantías constitucionales del ahora recurrente.

Respecto al argumento de la Administración Tributaria, en sentido de que con la solicitud de prescripción realizada por Rodrigo Suarez Monje se convalidaron y aceptaron todas sus actuaciones, corresponde señalar que si bien el recurrente presentó ante el ente fiscal su solicitud de prescripción y nulidad de la notificación con el Proveído de inicio de Ejecución

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Tributaria GDLP-UCC-PIET N° 20-2107/08; sin embargo, dicha solicitud no implica desde ningún punto de vista, la convalidación de los vicios de nulidad en cuanto a la notificación del referido PIET al padre fallecido del derecho habiente, hecho que provocó la vulneración del debido proceso y el derecho a la defensa del ahora recurrente, conforme el análisis realizado ut supra; consecuentemente, el argumento vertido por la Administración Tributaria carece de respaldo, toda vez que ninguna solicitud efectuada por el sujeto pasivo puede ser entendida como una convalidación de los vicios procedimentales en los que el sujeto activo hubiere incurrido.

Conforme lo expuesto, es evidente que la Administración Tributaria, no obstante de tener conocimiento del fallecimiento de Ramiro Augusto Suarez Loza inició la fase de ejecución tributaria, notificándole el Proveido de inicio de Ejecución Tributaria GDLP-UCC-PIET N° 20-2107/08 mediante edictos publicados el 22 y 27 de diciembre de 2009, evidenciándose que con dicha actuación se vulneró el debido proceso, causando indefensión al ahora recurrente, al no permitirle conocer el inicio de la fase de ejecución de la deuda tributaria y el plazo que tenía para poder efectivizar la cancelación de dicha deuda o en su defecto optar por alguna medida alternativa de pago; consecuentemente, en resguardo de los derechos del debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 115 de la … Constitución Política del Estado, así como en los numerales 6 y 7 del artículo 68 de la Ley 2492, corresponde anular obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GDLP-UCC-PIET N° 20-2107/08 de 13 de mayo de 2008, a efectos de que la Administración Tributaria notifique dicho acto a Rodrigo Cristiam Suarez Monje en su calidad de derecho habiente de Ramiro Augusto Suarez Loza, con la finalidad de que asuma conocimiento del inicio de la ejecución tributaria efectuada por el ente fiscal

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POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

afao La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, ISO 9001 con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

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RESUELVE: PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la notificación con el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria GDLP-UCC-PIET No. 20-2107/08 de 13 de mayo de 2008; consecuentemente, la Administración Tributaria deberá notificar el inicio de la ejecución tributaria, preservando los derechos y garantías constitucionales establecidos en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado y el artículo 83 de la Ley 2492.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115

de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

– Hemanamante 

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código Tributario y sea con nota de atención.

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CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del Recurso Jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación.

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Regístrese, hágase saber y cúmplase.

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Lic. Cleettia Velez Dorado 

Directora Esecutiva Regional Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Regional de Impugnación 

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