ARIT-LPZ-RA-0427-2019 Se anula Auto Administrativo. La Administración Tributaria habría realizado notificación en domicilio fiscal del contribuyente, pese a que este le había dado de baja anteriormente. El contribuyente solicita la nulidad del acto, señalando que al darse de baja el NIT, debió darse de baja consecuentemente el domicilio fiscal, debiéndosele notificar en su domicilio particular. Alega también falta de fundamentación del SIN sobre porqué debería ser notificado en el domicilio fiscal, después de la baja del NIT efectuada por el contribuyente. El SIN solo se limita a decir que el contribuyente tenía la obligación de comunicar el cambio de domicilio a la Administración Tributaria, por lo tanto, lo consideran subsistente.

ARIT-LPZ-RA-0427-2019

AIT 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARITLPZ/RA 0427/2019 

Recurrente: 

Roger Ángel Loza Tellería 

Administración Recurrida: 

Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por lván Arancibia Zegarra

Acto Impugnado: 

Auto Administrativo N° 391820000107 (SIN/GDLPZ-1/DJCCICCIAUTA/00086/2018) 

Expediente: 

ARITLPZ1994/2018 

Lugar ý Fecha: 

La Paz, 1 de abril de 2019

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 0427/2019 de 28 de marzo de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente:

.

1, ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO El Auto Administrativo N° 391820000107 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/C/AUTA/00086/2018) de 28 de septiembre de 2018, emitido por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió rechazar la solicitud de nulidad de notificación planteada por Roger Ángel Loza Tellería con NIT 237653012.

afaq II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 11.1 Argumentos del Recurrente Roger Ángel Loza Tellería por notas presentadas el 18 de diciembre de 2018 y 3 de enero de 2019, cursantes a fojas 7-8 y 12-19 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

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Calidad AFNOR CERTIFICATION 

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Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (591-2) 2412613 2411973 . www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

Existe falta de pronunciamiento en el acto impugnado respecto a la jurisprudencia consistente en las Sentencias Constitucionales Nos. 796/2002-R y 1845/2004-R, aspecto que vulnera el debido proceso y el derecho a la petición, debido a que la Administración Tributaria debe emitir una respuesta fundamentada respecto a todos los aspectos planteados; asimismo, el citado acto se limita a señalar el deber de informar un cambio de domicilio que materialmente no corresponde, sin considerar que la citada jurisprudencia analizó vulneraciones similares al presente caso, en las que se determinó que el fin de la notificación es poner en conocimiento de la parte un actuado en particular, aspecto que fue incumplido por la Administración Tributaria, incumpliendo el principio de verdad material,

Al haberse dado de baja el NIT, es evidente que el domicilio fiscal también; empero, el Ente Fiscal tampoco se pronunció respecto a tal situación, pues no señaló cual es la consecuencia de dar de baja el NIT respecto al domicilio; aspecto que fue corroborado por los funcionarios del SIN, pues para realizar los avisos de visita, previamente constataron que ya no realizaba su actividad en dicho domicilio, conforme fue informado al SIN al dar de baja el mismo; en tal sentido, corresponde la nulidad del acto impugnado por falta de fundamentación respecto a todos los aspectos planteados en la solicitud de nulidad de 13 de agosto de 2018.

No es viable que se considere el último domicilio fiscal a efectos de realizar notificaciones por parte de la Administración Tributaria, puesto que se vulnera el derecho al debido proceso en su dimensión derecho a la defensa, establecido en la Constitución Política del Estado y el Código Tributario, debido a que provoca un agravio irreparable al generar indefensión, debido a que no se demostró una conducta por parte del sujeto pasivo, más al contrario, cumplió con la obligación del cierre del NIT, aspecto que pone fin en la relación con el SIN; consecuentemente, no es válido el domicilio fiscal para ningún acto fiscal. .

:

En relación a la solicitud de nulidad, la Administración Tributaria se limita hacer una relación normativa y jurisprudencial que no viene al caso, haciendo mención únicamente que el domicilio fue obtenido del sistema propio del SIN SIRAT-V2, sin referir que el mismo fue dado de baja; asimismo, refiere el principio de preclusión, señalando que al haber sido notificados todos los actos de manera correcta, correspondía que se impugne la Resolución. Determinativa a través del Recurso de Alzada, aspecto que es ilógico y

No 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

atentatorio a los derechos fundamentales al debido proceso y derecho a la defensa, pues no se puede pretender que se impugne un acto del cual no se tomó conocimiento; al efecto, cita los artículos 115 de la Constitución Política del Estado, 68, 83, 84 y 85 del Código Tributario.

Si bien las Administraciones Tributarias cuentan con amplias facultades para el cumplimiento de sus funciones, conforme establecen los artículos 66 y 100 del Código Tributario, no es menos cierto que las mismas deben ser desarrolladas en el marco de un debido proceso, de tal manera que se garantice que el procesado o sindicado pueda contar con la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa; al respecto, las notificaciones precisamente tienen la finalidad de resguardar el ejercicio del derecho a la defensa, aspecto que no aconteció en el presente caso, debido a que la Administración Tributaria se limitó a verificar el domicilio fiscal dado de baja y a proceder a notificar todos los actos administrativos en el mismo, a sabiendas de que el domicilio no servía, toda vez que ya no se realizaba la actividad económica declarada en el NIT; al efecto, cita la Sentencia Constitucional 0133/2014.

Las notificaciones con la Orden de Verificación N° 001501E04012, Vista de Cargo No 291720081644 y la Resolución Determinativa N° 0126/2018, no fueron de su conocimiento; pese a que la norma indica que las mismas deben realizarse en forma personal o mediante cédula en su domicilio particular, debido que a partir del 30 de abril de 2015, dio su baja de contribuyente y la dirección de la calle Diaz Romero No 1497 de la Zona de Miraflores, no se encontraba vigente; asimismo, la Administración Tributaria debió extremar recursos a efectos de identificar el domicilio real y practicar la notificación, mismo que se encontraba

ubicado en la calle Los Alamos No 17 de la Zona de Koani y de no ser factible tal dirección,

  • proceder a la notificación por edictos, extremo que no fue realizado por los funcionarios del Ente Fiscal, provocando indefensión.

Calidad 

AFNOR CERTIFICATIO

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afaq Los aspectos señalados precedentemente, impidieron que pueda presentar la ISO 9001 documentación solicitada en la Orden de Verificación, presentar los descargos a la Vista ANOR de Cargo y finalmente impugnar la Resolución Determinativa; aspectos que fueron puestos

IQNet en conocimiento de la Administración Tributaria y que originó la emisión del acto impugnado, que se basa en fundamentos escuetos y parcializados, que no responden a la

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totalidad de los argumentos planteados e inobservan lo dispuesto en los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 2492

Al haberse dado de baja el NIT con anterioridad a la fecha de la notificación efectuada mediante cédula con cualquiera de los actuados señalados por la Administración Tributaria y en consecuencia pasando al estado de inactivo, no correspondía que se practiquen las notificaciones en el domicilio fiscal que fue dado de baja, puesto que el acto de comunicación procesal no cumplió con su finalidad; al efecto, cita la Sentencia Constitucional 1845/2004-R. En el presente caso, queda evidenciado que el Ente Fiscal no efectuó las notificaciones conforme a la normativa tributaria, vulnerando de esta manera el derecho al debido proceso y a la defensa, por lo que corresponde retrotraer actuaciones administrativos, a efectos de que pueda asumir defensa con la presentación de descargos y pruebas que considere pertinentes, mismas que deben ser consideradas y valoradas.

El caso se encuentra en etapa de ejecución tributaria, lo que ciertamente implicaria determinados efectos legales y que a decir de la Administración Tributaria sería motivo suficiente para no considerar el planteamiento en cuestión, empero se debe tener presente que existe de origen un vicio procedimental que repercutió en sus derechos; en tal sentido, debe primar ante todo la observancia ineludible a los derechos y garantías constitucionales, los cuales no pueden quedar subordinados o rezagados al simple justificativo de formalidades procedimentales; al efecto, cita la Sentencia Constitucional Plurinacional 0510/2013

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar o anular el Auto Administrativo N° 391820000107 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/CCIAUTA/00086/2018) de 28 de septiembre de 2018.

II.2 Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Roger Ángel Loża Tellería, fue admitido por Auto de 8 de enero de 2019, notificado personalmente al recurrente el 10 de enero de 2019 y por cédula a la Administración Tributaria el 17 de enero de 2019; fojas 20-25 de obrados.

.

….

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11.3 Respuesta de la Administración Tributaria. La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Iván Arancibia Zegarra conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia No 031700001413 de 29 de septiembre de 2017, por memorial presentado el 1 de febrero de 2019, cursante a fojas 28-34 de obrados, respondió de forma negativa expresando lo siguiente:

El recurrente a objeto de evadir sus obligaciones tributarias pretende invocar la nulidad de las notificaciones con la Orden de Verificación No.00150VE04012, Vista de Cargo No 291720001644 y Resolución Determinativa N° 171820000376, argumentando que dichos actuados le fueron notificados en un domicilio que no correspondía al registrado en el padrón; empero, de la revisión de antecedentes se evidencia que la Administración Tributaria procedió a notificar por cédula los citados actos administrativos el 17 de noviembre de 2017, 28 de diciembre de 2017 y 28 de marzo de 2018 respectivamente, en el domicilio ubicado en la calle Díaz Romero N° 1497 de la Zona de Miraflores, mismo que se encuentra registrado en el Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria SIRAT-V2, en el marco de lo establecido en el artículo 85 de la Ley 2492; en tal sentido, no corresponde la solicitud de nulidad y tal aspecto se halla reflejado en el Auto Administrativo impugnado.

.”.

.

En materia tributaria no se utiliza el domicilio de origen, general o civil, sino que se creó una situación de domicilio especial que es justamente el fijado por el administrado en calidad de domicilio fiscal y de manera excepcional, el Código Tributario ha previsto

presunciones de domicilio en casos especiales, en ese sentido, el domicilio fiscal se convierte en el lugar en el que el contribuyente realiza su actividad económica declarada o

sede determinada para que se realicen las comunicaciones por el Ente Fiscal y es deber el sujeto pasivo establecer el mismo a momento de inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes; al efecto, cita e artículo 70 de la Ley 2492.

afaq 

ISO 9001 El sujeto pasivo pretende confundir la importancia del domicilio fiscal, señalando que al MOON CERTIFICA haberse dado de baja sú NIT, el domicilio señalado en el padrón dejaría de ser válido; al respecto, aclara que la baja o inactivación del NIT no implica la baja del domicilio fiscal, por el simple hecho de que dejar de ejercer la actividad registrada por el contribuyente en el

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II 

padrón de contribuyentes no implica la suspensión del ejercicio de las facultades de control y verificación que posee la Administración Tributaria frente al cumplimiento de las obligaciones por parte del contribuyente; en tal sentido, de merecer establecerse comunicación alguna con el contribuyente con posterioridad a la baja de su NIT, es válido y subsistente el domicilio establecido y registrado por el mismo en el padrón de contribuyentes; al efecto, cita la Sentencia Constitucional Plurinacional 0176/2016-S1 de 17 de febrero de 2016 y la Sentencia 14 de 10 de marzo de 2016, esta última emitida por el Tribunal Supremo de Justicia.

De lo referido, se evidencia que no correspondía que la Administración Tributaria proceda a recabar datos del SEGIP para efectuar notificación alguna en el domicilio habitual o vivienda del contribuyente, más aún si se considera que el artículo 38 de la Ley 2492, habilita la notificación en la residencia o vivienda permanente de las personas naturales únicamente en caso de que no se tuviera domicilio señalado o teniéndolo este fuera inexistente, situación que en el presente caso no se produjo; consecuentemente, el Ente Fiscal procedió a efectuar las notificaciones en observancia a lo dictado por normativa vigente, pues ante la imposibilidad de realizar la notificación de forma personal, se realizó la notificación por cédula con la Orden de Verificación N° 00150VE04012, Vista de Cargo N° 291720001644 y Resolución Determinativa N° 171820000376, en el domicilio fiscal proporcionado por el contribuyente, conforme establece el artículo 85 de la Ley 2492 y no es evidente el estado de indefensión alegado por el sujeto pasivo.

En relación a la procedencia de la notificación por edictos, se debe considerar que el artículo 86 de la Ley 2492, establece que solo podrá ser efectuada cuando no sea posible practicar la notificación personal o por cédula, por desconocerse el domicilio del interesado; sin embargo, en el caso en cuestión si se tenía conocimiento de cuál era el domicilio del contribuyente, pues fue proporcionado por el mismo y cuya ubicación es en la calle Díaz Romero No 1497 de la Zona de Miraflores; al efecto, cita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1022/2015..

…. —

Resulta irracional que el contribuyente pretenda que la Administración Tributaria efectué la notificación de actuados procesales en un domicilio que señala de forma confusa como habitual y de cuyo cambio no se comunicó al Ente Fiscal, haciendo caso omiso a lo

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

dispuesto por la normativa vigente; más aún, considerando que el citado cambio se efectuó con anterioridad a la baja del NIT, en tal sentido, es evidente que fue el contribuyente quien provocó su propia indefensión al no comunicar de manera oportuna el cambio de su domicilio a efectos legales. Por otro lado, las Sentencias Constitucionales 496/2002-R y 1845/2004-R, nó amparan el fondo de la petición efectuada por el contribuyente, mismo que es lograr establecer la invalidez de una notificación establecida en un domicilio señalado como fiscal a efectos tributario y la supuesta obligación de la Administración Tributaria de efectuar tal notificación en el domicilio particular; por el contrario, establecen de forma clara la validez de una notificación efectuada en apego a lo establecido por la normativa vigente.

Al haberse demostrado la legalidad de las notificaciones efectuadas por el Ente Fiscal y una vez realizadas las mismas, el contribuyente tenía el plazo establecido por ley para impugnar cualquier agravio que hubiese sufrido, situación que en el presente caso no se configuró, adquiriendo la Resolución Determinativa N° 171820000376 el carácter de firmeza; en consecuencia, cualquier solicitud posterior al plazo de impugnación no es válida al haber operado el principio de preclusión y convalidación. Asimismo, se demostró la existencia de un debido proceso, toda vez que el sujeto pasivo tuvo conocimiento de todas las actuaciones administrativas de acuerdo a las notificaciones efectivamente practicadas, aspecto que demuestra que en todo momento se respetó el ejercicio del derecho a la defensa, debido proceso y el principio de legalidad, así como los demás derechos constitucionales que asistente al ahora recurrente; añade, que en cumplimiento del artículo 198 y 211 del Código Tributario, esta instancia recursiva solo debe pronunciarse sobre los argumentos planteados por el recurrente y no emitir resoluciones ultra y extra petita; al respecto, cita la Sentencia Constitucional 1312/2003-R y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0135/2011.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Auto Administrativo No 391820000107 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/CC/AUTA/00086/2018) de 28 de septiembre de afao 2018.

ISO 900

Calidad 

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AFNOR CERTIFICATIO

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11.4. Apertura de término probatorio y producción de pruebas Mediante Auto de 4 de febrero de 2019, se aperturó el término de prueba de veinte (20

días comunes y perentorios a las partes en aplicación del inciso d), artículo 218 del Código

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Teléfonos: is enten Bord 2019. 20. stolety auto opre

Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (591-2) 2412613 2411973 www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia 

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1

Tributario, actuación notificada en secretaría tanto a la Administración Tributaria como a la parte recurrente el 6 de febrero de 2019; fojas 35-36 de obrados.

Con memorial presentado el 21 de febrero de 2019, la Gerencia Distrital La Paz i del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Iván Arancibia Zegarra ofreció, propuso, reprodujo y ratificó toda la documentación adjunta al memorial de respuesta al Recurso de Alzada; al efecto, por Proveído de 22 de febrero de 2019, se dio por ratificada la prueba documental, actuación notificada a las partes en secretaría el 27 de febrero de 2019; fojas 37-38 y 46 de obrados.

A través de nota presentada el 26 de febrero de 2019, Roger Ángel Loza Tellería se ratifica en la prueba acompañada al Recurso de Alzada y presenta en calidad de prueba la documentación consistente en: Certificación de 19 de febrero de 2019, emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales; nota de 1 de agosto de 2014; asimismo, ofrece como testigos a Frida Elsa Landivar Barrios y José Ronald Calderón Ballesteros; al efecto, por Proveído de 27 de febrero de 2019, se dio por ofrecida y ratificada la prueba documental en tanto cumpla con lo establecido en los artículos 81 y 217 del Código Tributario y se señaló audiencia de declaración testifical para el día 14 de marzo de 2019 a horas 15:30,

en las oficinas de Secretaría de Cámara de la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, actuación notificada a las partes en secretaría el 27 de febrero de 2019; asimismo, la citada audiencia fue llevada a cabo el día y la hora señalados, conforme consta del Acta de Audiencia Pública de Declaración Testifical correspondiente; fojas 39 45, 47 y 51 de obrados.

11.5. Alegatos Mediante nota presentada el 18 de marzo de 2019, Roger Ángel Loza Tellería presentó alegatos escritos ratificando los extremos señalados en el Recurso de Alzada, en relación a que: la baja del NIT implica de igual manera la baja del domicilio fiscal que fue fijado en el SIRAT-V2; el procedimiento de notificación con la Orden de Verificación, Requerimiento y Vista de Cargo incumplió lo previsto en los artículos 84 y 85 de la Ley 2492; el debido proceso establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, debe observarse en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas; al efecto, con Proveído de 19 de marzo de 2019, se dispuso por formulados los alegatos en conocimiento

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de la parte contraria, actuación notificada en secretaría a las partes el 20 de marzo de 2019; fojas 52-57 de obrados.

La Administración Tributaria no presentó alegatos, conforme lo establecido en el artículo 210 parágrafo II del Código Tributario.

.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA Mediante la Orden de Verificación N° 00150VE04012, la Gerencia Distrital La Paz ! del Servicio de Impuestos Nacionales dispuso la verificación específica de los hechos y/o elementos relacionados con el debito fiscal IVA de los periodos fiscales febrero, marzo y octubre de 2012, en contra de Roger Ángel Loza Tellería, además de requerir documentación consistente en Declaraciones Juradas (Formulario 200 o 210) y Libro de Compras de los periodos observados, Facturas de compras originales detalladas en el Detalle de Diferencias anexo a la orden de verificación, documento que respalde el pago realizado y otra documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso, actuación notificada por cédula al sujeto pasivo el 17 de noviembre de 2017;.fojas 3 5, 13-16.y 18-20 de antecedentes administrativos.

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EL Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No: 00166774, fue emitido el 12 de diciembre de 2017, por incumplimiento al deber formal de entrega de toda la información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación control e investigación, sancionando con 1.500 UFV’s, de acuerdo al subnumeral 4.1 del numeral 4 del Anexo I de la RND 10-0033-16; fojas 43 de antecedentes administrativos.

Calidad 

La Gerencia Distrital La Paz l del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Vista de Cargo N° 291720001644 (SIN/GDLPZ 1/DF/SPPDNC/01491/2017) de 18 de

afaq diciembre de 2017, estableciendo una obligación tributaria de 39.418 UFV’s, por iso 9001 concepto de tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción preliminar por artworteamCATION la conducta del contribuyente y multa por incumplimiento a los deberes formales; acto preliminar notificado por cédula al sujeto pasivo el 28 de diciembre de 2017; fojas 151

161 de antecedentes administrativos:

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WESTRI Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní)

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II

El Informe CITE: SIN/GLPZ-1/DJCC/TJ/INF/00658/2018 de 20 de marzo de 2018, concluyó que el contribuyente no presentó pruebas de descargo que desvirtué la deuda reflejada en la vista de Cargo y recomienda la remisión de la Resolución Determinativa correspondiente; fojas 166-169 de antecedentes administrativos.

La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Determinativa N° 171820000376 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/TJ/RD/0126/2018) de 20 de marzo de 2018, determinó de oficio sobre base cierta, las obligaciones impositivas del contribuyente Roger Angel Loza Tellería que ascienden a 21.611 UFV’s; asimismo, estableció una sanción por omisión de pago que asciende a 16.592 UFV’s y sancionó al contribuyente con una multa 1.500 UFV’s, por el incumplimiento a deberes formales; acto administrativo notificado por cédula al sujeto pasivo el 28 de marzo de 2018; fojas 171-183 de antecedentes administrativos.

Mediante el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 331820002636 (SIN/GDLPZI/DJCC/CC/PIET/02618/2018) de 6 de septiembre de 2018, se anunció al contribuyente Roger Ángel Loza Tellería, el inicio a la ejecución tributaria por la suma líquida y exigible de 38.703 UFV’s contenida en la Resolución Determinativa SIN/GDLPZ-1/DJCC/RD/0126/2018 de 20 de marzo de 2018; fojas 185 de antecedentes administrativos.

A través de nota presentada ante la Administración Tributaria el 13 de agosto de 2018, Roger Ángel Loza Tellería solicitó la nulidad de la Resolución Determinativa No 171820000376 de 20 de marzo de 2018, hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la notificación con la Orden de Verificación N° 01501E04012, argumentando que se practicaron las notificaciones por parte del Ente Fiscal en un domicilio que no le pertenece, en razón’a que su NIT fue dado de baja; fojas 225-227 de antecedentes administrativos.

Mediante Auto Administrativo N° 391820000107 (SIN/GDLPZ I/DJCC/CCIAUTA/00086/2018) de 28 de septiembre de 2018, emitido por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, se resolvió rechazar la solicitud de nulidad de notificación planteada por Roger Ángel Loza Tellería con NIT

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237653012; acto administrativo notificado de forma personal al sujeto pasivo el 28 de noviembre de 2018; fojas 212-223 y 242 de antecedentes administrativos.

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, “revisados, los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211, parágrafo III del referido Código Tributario; se tiene:

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La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Roger Angel Loza Tellería en el Recurso de Alzada interpuesto; la posición final

a posición final se sustentärá acorde a los hechos; antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.

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Se hace necesario puntualizar que en el petitorio del Recurso de Alzada se solicita revocar o anular el Auto Administrativo N 391820000107 (SINIGDLPZ I/DJCC/CCIAUTĄJOO086/2018); en ese contexto, siendo obligación de ésta Autoridad, Regional de Impugnación Tributaria emitir un criterio y/o posición respecto a todos y cada uno de los planteamientos formulados, se efectuará la revisión de la existencia o no de los vicios y si estos están legalmente sancionados con la nulidad, sólo en caso de ser desvirtuados, se ingresará al análisis de los aspectos de fondo planteados.

9001 Calida

IV.1. ASPECTOS DE FORMA IV.1.1 Falta de fundamentación del acto impugnado 

afaq Roger Ángel Loza Tellería en su Recurso de Alzada y alegatos manifiesta que existe iso 9001 falta de pronunciamiento en el acto impugnado respecto a la jurisprudencia consistente en las Sentencias Constitucionales Nos. 796/2002-R y 1845/2004-R, aspecto que vulnera el

TONet debido proceso y el derecho a la petición, debido a que la Administración Tributaria debe emitir una respuesta fundamentada respecto a todos los aspectos planteados; asimismo,

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al haberse dado de baja el NIT, es evidente que el domicilio fiscal también, empero, el Ente Fiscal tampoco se pronunció respecto a tal situación, pues no señaló cual es la consecuencia de dar de baja el NIT respecto al domicilio.

La Administración Tributaria en la respuesta al Recurso de Alzada manifestó que la baja o inactivación del NIT no implica la baja del domicilio fiscal, por el simple hecho de que dejar de ejercer la actividad registrada por el contribuyente en el padrón de contribuyentes, no implica la suspensión del ejercicio de las facultades de control y verificación que posee la Administración Tributaria frente al cumplimiento de las obligaciones por parte del contribuyente; en tal sentido, de merecer establecerse comunicación alguna con el contribuyente con posterioridad a la baja de su NIT, es válido y subsistente el domicilio establecido y registrado por el mismo en el padrón de contribuyentes.

Por otro lado, las Sentencias Constitucionales 496/2002-R y 1845/2004-R, no amparan el fondo de la petición efectuada por el contribuyente, mismo que es lograr establecer la invalidez de una notificación establecida en un domicilio señalado como fiscal a efectos tributario y la supuesta obligación de la Administración Tributaria de efectuar tal notificación en el domicilio particular; por el contrario, establecen de forma clara la validez de una notificación efectuada en apego a lo establecido por la normativa vigente; al respecto, :corresponde el siguiente análisis:

El artículo 115, parágrafo Il de la Constitución Política del Estado señala que: II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones

El artículo 68 de la Ley 2492, en relación a los derechos del sujeto pasivo en sus numerales 2, 6 y 7, dispone: 2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros 

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autorizados, en los términos del presente Código. 7: A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta para los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución 

El artículo 201 de la Ley 2492 señala: Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Solo a falta de disposición expresa se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo

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El artículo 28 de la Ley 2341 señala: (Elementos esenciales del acto administrativo). Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.; d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

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El artículo 36 de la Ley 2341, menciona: I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. 

afaq 

ISO 9001 La Sentencia Constitucional 0114/2015-S2 de 23 de febrero de 2015, en su parte atuor carication pertinente en relación a los alcances del debido proceso estableció: (...) el debido 

IQNet proceso se constituye en un derecho/garantía/principio de orden general y complejo, a su vez compuesto por los siguientes otros derechos y garantías: A un proceso

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público, al juez natural, a la igualdad procesal de las partes, a no declarar contra si mismo, a la defensa material y técnica, a la comunicación previa de la acusación, a ser juzgado sin dilaciones indebidas, a la congruencia entre acusación y condena, a la valoración razonable de la prueba, a la motivación y congruencia de las decisiones, a la concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa y las garantías de presunción de inocencia y del non bis in idem. Esta lista, conforme al principio de progresividad de los derechos fundamentales (art. 13 de la CPE), es enunciativa, dado que puede ser ampliada de acuerdo a su desarrollo normativo, doctrinal y jurisprudencial en la perspectiva de materializar el valor justicia

Previo a ingresar al análisis de la problemática que nos ocupa, es necesario considerar que el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso debe ser parte de todas las actuaciones administrativas; por consiguiente, es obligación de los organismos y dependencias de la Administración Pública a su cumplimiento; es en ese contexto, que dicho precepto constitucional establece de manera expresa que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa v a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se traduce que los actos y actuaciones en un proceso administrativo se deben ajustar no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales; esto implica garantizar el correcto ejercicio de la Administración Pública a través de la emisión de actos administrativos, los que no deben resultar contrarios a los principios del Estado de Derecho.

En ese contexto, toda autoridad administrativa tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes. De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración a pedir y a controvertir las pruebas a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio.

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De la revisión de antecedentes administrativos, se establece que mediante nota con Hoja de ruta NUIT 6329, presentada ante la Administración Tributaria el 13 de agosto de 2018, Roger Ángel Loza Tellería, cursante a fojas 224-227 de antecedentes administrativos, solicitó la nulidad de la Resolución Determinativa N° 171820000376 de 20 de marzo de 2018, hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la notificación con la Orden de Verificación N° 015OVE04012, argumentando que se practicaron las notificaciones por parte del Ente Fiscal en un domicilio que no le pertenece, en razón a que su NIT fue dado de baja; aspecto que derivó en la emisión del Auto Administrativo N° 391820000107 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/CCIAUTA/00086/2018) de 28 de septiembre de 2018, que resolvió rechazar la solicitud de nulidad de notificación planteada por Roger Ángel Loza Telleria con NIT 237653012; acto administrativo notificado de forma personal al sujeto pasivo el 28 de noviembre de 2018.

Conforme a lo relacionado, se advierte que mediante nota presentada a la Administración Tributaria el 13 de agosto de 2018, solicito nulidad de la Resolución Determinativa N° 171820000376 de 20 de marzo de 2018, expresando los siguientes extremos: “(…) En fecha 8 de mayo de 2018, ingratamente fui sorprendido con una notificación que se me hubiera efectuado en fecha 28 de marzo de 2018 con una Resolución Determinativa N° 171820000376 de fecha 20 de marzo de 2018, notificación que se habría efectuado en un domicilio que mi persona tenía anteriormente cual es la calle Díaz Romero N° 1497 de la Zona de Miraflores para su conocimiento, mi persona ejerció sus actividades de prestación de Servicios desde el año 1995 hasta el 30 de abril de 2015, fecha en la que di de baja mi NIT tal como se evidencia en la Consulta de Padrón que acompañó, motivo por el cual no hice el cambio de mi domicilio fiscal, porque deje de ejercer mi actividad, siendo mi nuevo domicilio en la calle Los Álamos No 17 de la Zona Koani a partir del año 2010 (…)”. 

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Continúa señalando: “(…) todas esas supuestas notificaciones de este proceso jamás

afael fueron puestas en mi conocimiento, cuando la norma indica que las notificaciones ISO 9001 deban realizarse en forma personal o mediante cédula en mi domicilio particular, debido a que a partir del 30 de abril de 2015, di mi baja de contribuyente, y la dirección de la calle Díaz Romero N° 1497 de la zona de Miraflores ya no estaba vigente, entonces la obligación de la Administración Tributaria en caso de no encontrarme de 

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forma personal (...) debió extremar recursos y pedir información a SEGIP, para averiguar mi dirección y efectuar la notificación personal o por cédula en mi nueva dirección que es la calle Los Álamos N° 17 de la Zona de Koani (...) o en su caso finalmente notificarme por edicto (...) actos que no hicieron los fundamentos de la Administración Tributaria, dejándome en completo de estado de indefensión (...)“. 

Asimismo señala: “(...) las notificaciones tienen por finalidad dar a conocer a los sujeto 

de la relación jurídica tributaria las decisiones o resoluciones emitidas, para que las 

  • partes cumplan con alguna obligación establecida o para ejercer su derecho a la 

defensa; así lo ha entendido también el Tribunal Constitucional de Bolivia a través de la Sentencia Constitucional N° 769/2002-R (…) Asimismo, la Sentencia Constitucional No 1845/2004-R, establece que el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución de toda clase de procesos (…) se concluye que la Administración Tributaria, al haber realizado un procedimiento de notificación con la Orden de Verificación, Requerimiento, Vista de Cargo en un domicilio que no me pertenece, en consecuencia no tener conocimiento real y efectivo de la Orden de Verificación, incumplió lo previsto en los arts. 84 y 85 de la Ley 2492 (...) viciando de nulidad sus actos (…)

Finalmente refiere: (...) carta de 9 de mayo de 2018, dirigida a su Gerencia por mi contador, donde explica que los LCV IVA, por los periodos observados febrero, marzo y.octubre de 2012, no coinciden con las observaciones efectuadas en la Resolución Determinativa, cargos que no son correctos por error de sistema de la Administración Tributaria, si revisan los importes declarados por mi persona y la información presentada por el Sistema SIRAT2 (...)

En respuesta a la citada nota, el Ente Fiscal emitió el Auto Administrativo No 391820000107 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/CCIAUTA/00086/2018) de 28 de septiembre de 2018, estableciendo los siguientes extremos: “(...) la Administración Tributaria actuó en la egida a la normativa legal vigente pues ante la imposibilidad de practicar la notificación personal en el domicilio tributario señalado por el contribuyente en la CALLE DIAZ ROMERO NRO. 1497 ZONA/BARRIO: MIRAFLORES (domicilio según registro del Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria 

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SIRAT-V2) por no ser habido este en el mismo, tanto la Orden de Verificación 00150OVE4012, Vista de Cargo N° 1491/2017 de 18 de diciembre de 2017 y Resolución Determinativa N° 126/2018 de 20 de marzo de 2018 se procedió a la notificación mediante cédula conforme las previsiones establecidas en el Art. 85 de la Ley 2492 (…)”: 

Prosigue señalando: “..) el contribuyente manifiesta que cambio de domicilio lugar donde debieron haber sido notificadas-las actuaciones citadas precedentemente, sin embargo conforme los preceptos jurídicos citados. ut supra el contribuyente tenía la obligación de comunicar el cambio de domicilio a la Administración Tributaria y al no haberlo hecho el domicilio registrado en el Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria SIRAT-V2 (…) se considera subsistente para todos los efectos tributarios, aspectos estos que evidencian que la Administración Tributaria en ningún momento dejo en estado de indefensión al contribuyente, mucho menos vulnero derecho o garantía alguna (..) con relación a la carta de 9 de mayo de 2018, por la cual habría hecho conocer que los periodos observados en la Resolución Determinativa contendrían cargos incorrectos, al respecto dicha solicitud fue atendida mediante Proveido No 210/2018 de 6 de septiembre de 2018 misma que fue notificada personalmente al contribuyente el 26 de septiembre de 2018 (…)”. 

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Asimismo refiere: “…habiéndose establecido la legalidad de todas las notificaciones en el proceso de determinación, es menester establecer que una vez notificada en fecha 28 de marzo de 2018 la Resolución Determinativa N° 0126/2018 de 20 de marzo de 2018 al contribuyente LOZA TELLERÍA ROGER ÁNGEL (…) desde ese momento tenía el plazo establecido por ley para impugnar (…) situación que no se configuró provocando el contribuyente su propia indefensión, adquiriendo firmeza la referida Resolución Determinativa, por lo tanto cualquier solicitud posterior al plazo de impugnación concerniente a la Resolución Determinativa no es válido al haberse, 

afaq operado el principio de preclusión y convalidación (…) Considerando que el artículo ISO 9001 70 de la Ley 2492 Código Tributario Boliviano señala en su numeral 3 que OR CERTIFICATION Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: “Fijar domicilio y comunicar s

IQNet cambio, caso contrario el domicilio fijado se considerará subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el mismo (...)”.

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De lo anotado se advierte que el Ente Fiscal en el Auto Administrativo impugnado, emitió un pronunciamiento parcial respecto a la solicitud de nulidad efectuada mediante nota presentada a la Administración Tributaria el 13 de agosto de 2018, debido a que no consideró la aplicabilidad o no de las Sentencias Constitucionales 769/2002-R y 1845/2004-R, decisiones que fueron alegadas por el ahora recurrente

en la citada nota a efectos de sustentar su pretensión.

De la misma manera, si bien el Ente Fiscal citó el artículo 70 de la Ley 2492, empero no emitió pronunciamiento respecto a la baja del NIT del contribuyente y sus efectos respecto a la validez del domicilio fiscal ubicado en la calle Díaz Romero No 1497 de la Zona de Miraflores, extremo que fue solicitado de manera expresa en la nota presentada a la Administración Tributaria el 13 de agosto de 2018; a ello se añade, que se limitó únicamente a referir “el contribuyente tenía la obligación de comunicar el cambio de domicilio a la Administración Tributaria y al no haberlo hecho el domicilio registrado en el Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria SIRAT-V2, se considera subsistente para todos los efectos tributarios”, aseveración que en sí misma no se constituye en un fundamento valedero y no se puede instituir en un elemento esencial a efectos de que el Ente Fiscal rechace la nulidad impetrada por el sujeto pasivo, debido a que para sustentar tal aspecto, es necesario que la Administración Tributaria establezca una explicación fundamentada técnica y legalmente como es exigencia en el ámbito impositivo, que justifique la aplicabilidad o no de las Sentencias Constitucionales 769/2002-R y 1845/2004-R y los motivos por los cuales se considera que la baja del NIT del contribuyente no conlleva un efecto jurídico inmediato respecto a la validez del domicilio fiscal declarado y registrado en el Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria (SIRAT-V2), hechos que no son evidenciados en el acto administrativo impugnado y que no pueden ser subsanados a través de la respuesta al Recurso de Alzada.

En razón al análisis expuesto precedentemente, se tiene que el Auto Administrativo N° 391820000107 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/CC/AUTA/00086/2018) de 28 de septiembre de 2018, genera incertidumbre respecto a la determinación asumida por el Ente Fiscal en cuanto al rechazo de la nulidad solicitada por el administrado; en tal sentido, es evidente la falta de fundamentación del acto administrativo impugnado, situación que

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suprime una parte estructural de la misma, que en los hechos conlleva a establecer que se tomó una decisión de hecho y no así de derecho, extremo que vulnera el derecho al debido proceso del recurrente, siendo que la motivación de las resoluciones se constituye en un deber de la autoridad administrativa que lo emite impuesto por ley, esto con la finalidad de fiscalizar su actividad intelectual frente al caso, a los efectos de poderse comprobar que la decisión asumida devenga de un acto reflexivo, emanado de un estudio de las circunstancias particulares y no así de un acto discrecional de su voluntad autoritaria. .

En el contexto anterior, se hace necesario agregar que en materia estrictamente impositiva, el artículo 68, numerales 2 y 6 de la Ley 2492, dispone como derechos del sujeto pasivo, el que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos de esta Ley y disposiciones reglamentarias dentro de los plazos establecidos; así como el derecho al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados en los términos del presente Código; en concordancia a la normativa reférida, los artículos 16 de la Ley 2341 y 4 del DS 27113, aplicables por disposición del artículo 201 de la Ley 2492, señalan que la petición es un derecho de los ciudadanos y compromete a la administración pública a dar una respuesta oportuna y pertinente; aspectos que no fueron cumplidos por la Administración Tributaria en el caso bajo análisis, conforme se tiene referido en los párrafos que anteceden.

En este punto de análisis, es necesario considerar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional en cuanto a la fundamentación de las resoluciones, que establece la Sentencia Constitucional Plurinacional 1469/2013 de 22 de agosto señaló lo siguiente: “(…) la fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye un 

afao elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que ISO 9001 la autoridad que emite una resolución necesariamente debe exponer los hechos, la arNOK CortiCAFIO valoración efectuada de la prueba aportada, los fundamentos jurídicos de s

IQNet determinación y las normas legales que aplica al caso concreto y que sustentan su resolución; lo que de ninguna manera implica una argumentación innecesaria que 

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exceda en repeticiones o cuestiones irrelevantes al caso, sino que al contrario debe desarrollar con claridad y precisión, las razones que motivaron al juzgador a asumir una determinada resolución, con la justificación legal que respalda además esa situación (…)”; en tal sentido, se tiene que la fundamentación de los actos administrativos no implica necesariamente una argumentación ampulosa o exagerada, toda vez que se considerará cumplido dicho requisito cuando existe claridad y precisión respecto a las razones que motivaron a la autoridad a emitir una determinada decisión, aspectos que precisamente no se advierten en el acto administrativo impugnado, toda vez que no cuentan con los elementos que permitan establecer la improcedencia de la nulidad solicitada por el sujeto pasivo a través de la nota presentada ante la Administración Tributaria el 13 de agosto de 2018.

Bajo ese contexto, corresponde aclarar que la fundamentación de una resolución no se circunscribe simplemente a mencionar y/o efectuar la transcripción de las disposiciones normativas, sino que deben tener una relación estrecha con el razonamiento plasmado en la respectiva resolución, la cual deviene de los hechos suscitados, los antecedentes administrativos, las pruebas presentadas, las argumentaciones y peticiones expuestas por los sujetos procesales y la normativa aplicable al caso concreto, aspectos que necesariamente deben estar cohesionados con la finalidad de obtener una resolución debidamente fundamentada, extremo que no se vio plasmado en el presente caso, en el entendido de que la Administración Tributaria en el Auto Administrativo N° 391820000107 (SIN/GDLPZ I/DJCC/CC/AUTA/00086/2018) de 28 de septiembre de 2018, no explicó de manera fundamentada las razones técnico legales por los cuales considera que la baja del NIT del contribuyente no conlleva un efecto jurídico inmediato respecto a la validez del domicilio fiscal declarado y registrado en el Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria (SIRAT-V2); asimismo, no consideró la aplicabilidad o no de las Sentencias Constitucionales 769/2002-R y 1845/2004-R, que fueron alegadas por el ahora recurrente.

En ese contexto, es evidente que la Administración Tributaria no consideró que el Auto Administrativo no es una actuación, es un “acto definitivo” que producirá efectos jurídicos en los derechos del administrado, es decir, en el presente caso “establecerá

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la procedencia o no de la nulidad solicitada”, con el fin de que el administrado conozca claramente los fundamentos de los cuales tenga que asumir defensa; no obstante, conforme se tiene señalado, en el presente caso se evidencia el incumplimiento a las previsiones establecidas en el artículo 28 incisos b) y e) de la Ley 2341, aplicables en virtud al artículo 201 de la Ley 2492, que establecen que uno de los elementos esenciales de Jos, actos administrativos es que se encuentren fundamentados, expresando en forma concreta las razones que indujeron a la autoridad a emitir una determinada decisión, consignando además la motivación respectiva, la que debe sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable, cuya omisión se encuentra sancionada con la nulidad y lesiona la g constitucional del debido proceso de la recurrente; situación que impide a ésta Instancia Recursiva ingresar a considerar los argumentos de fondo, toda vez que sólo en caso de que no se hubieran comprobado los vicios planteados, correspondía ingresar al análisis de los referidos aspectos.

*

De acuerdo a los extremos antes mencionados se llega a la conclusión que en el presente caso la Administración Tributaria no observó adecuadamente el debido proceso, toda vez que al emitir-el acto definitivo omitió respaldar de forma adecuada su determinación respecto al rechazo de la nulidad planteada por Roger Ángel Loza Tellería; consecuentemente, corresponde anular el Auto Administrativo No 391820000107 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/CCIAUTA/00086/2018) de 28 de septiembre de 2018, debiendo en consecuencia el Ente Fiscal emitir un nuevo acto definitivo, en el que de manera fundamentada, de acuerdo a los parámetros observados en el presente análisis, emita un pronunciamiento respecto a la procedencia o no de la nulidad solicitada por Roger Ángel Loza Tellería, en cumplimiento a los artículos 68 numerales 2 y 6 de la Ley 2492 y 28 incisos b) y e) de la Ley 2341.

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POR TANTO:

afael La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación ISO 9001 Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

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RESUELVE: PRIMERO: ANULAR el Auto Administrativo N° 391820000107 (SIN/GDLPZ I/DJCC/CCIAUTA/00086/2018) de 28 de septiembre de 2018, emitido por la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales; consecuentemente, la Administración Tributaria debe emitir un nuevo acto definitivo, en el que de manera fundamentada, de acuerdo a los parámetros observados en el presente análisis, emita un pronunciamiento respecto a la procedencia o no de la nulidad solicitada por Roger Ángel Loza Tellería, de tal manera que se garantice el debido proceso del administrado, en cumplimiento a los artículos 68 numerales 2 y 6 de la Ley 2492 y 28 incisos b) y e) de la Ley 2341.

SEGUNDO; La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

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115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,

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conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación.

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Regístrese, hágase saber y cúmplase.

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Directora Ejecutiva Regional Direccion Ejecutiva Regional Autartdad Regional de Impugnación 

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