ARIT-LPZ-RA-0417-2019 Se confirma Resolución Determinativa. El contribuyente solicita la prescripción de la facultad para fiscalizar y determinar tributos por parte del SIN, sin tomar en cuenta las modificaciones hechas al Código Tributario, y la fecha en que fue notificado el acto administrativo.

ARIT-LPZ-RA-0417-2019

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0417/2019 

Recurrente: 

SMS Integración y Control Ltda., representada legalmente por Benjamin Augusto Aparicio García

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz II del Servicio d

Impuestos Nacionales, representada legalmente por Ranulfo Prieto Salinas

Acto Impugnado: 

Resolución Determinativa N° 171825002087 (SIN/GDLPZ 11/DF/SVI/RD/01896/2018):

Expediente: 

ARIT-LPZ-2033/2018

Lugar y Fecha

La Paz, 1 de abril de 2019 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de Apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 0417/2019 de 27 de marzo de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Determinativa N° 171825002087 (SIN/GDLPZ 11/DF/SVI/RD/01896/ 2018) de 5 de diciembre de 2018, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió determinar de oficio por conocimiento de la materia imponible las obligaciones impositivas del contribuyente SMS Integración y Control afao Ltda., que ascienden a 119.399 UFV’s por concepto de tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción del 100% y multa por incumplimiento a deberes formales, por la apropiación indebida del Impuesto al Valor Agregado, correspondiente a los periodos fiscales de marzo, mayo y diciembre 2011.

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  1. I TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 11.1 Argumentos del Recurrente SMS Integración y Control Ltda., representada legalmente por Benjamin Augusto Aparicio García conforme se acredita del Testimonio de Poder N° 640/2018 de 26 de diciembre de 2018, mediante nota presentada el 28 de diciembre de 2018, cursante a fojas 25-28 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

La Resolución Determinativa es ilegal e injusta, toda vez que refiere periodos prescritos, aspecto que vulnera la normativa vigente, los derechos y principios constitucionales. Una vez notificado con la vista de Cargo correspondiente a la Orden de Verificación N° 0014OVI01975 Operativo Especifico Crédito Fiscal IVA, correspondiente a los periodos fiscales marzo, mayo y diciembre 2011, dentro del plazo determinado por Ley, remitió a la Administración Tributaria una carta señalando que en aplicación del artículo 59, parágrafo I vigente a esa fecha, la facultad del Ente Fiscal para ejercer la facultad de fiscalizar y determinar tributos por la gestión 2011 se encontraba prescrita, cuyo plazo de prescripción era de cuatro años, término que fue modificado por las Leyes 291 y 317 que entraron en vigencia a partir de la gestión 2012; de manera posterior el sujeto activo emitió la Resolución Determinativa N° 171825002087, sin considerar sus descargos respecto a la prescripción de los periodos fiscalizados.

La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales realiza una explicación de su determinación citando el artículo 5 de la Ley 027 y señalando que el término de la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria es de ocho años, conforme estipula la Ley 812; al respecto, resalta que la cita por parte del sujeto activo es inoportuna, porque no se está cuestionando la inconstitucionalidad de las Leyes 291, 317 0 812 sino lo que se observa es la aplicación ilegal e inconstitucional de los artículos contenidos en las mismas y la temporalidad que cada una de ellas, dispone; con éste proceder el Ente Fiscal vulnera el principio de seguridad jurídica, así como los artículos 150 de la Ley 2492, 123 y 164-11 de la Constitución Política del Estado.

El sujeto activo con su inactividad administrativa ocasionó que la supuesta deuda se haya extinto por prescripción; toda vez que dejo de transcurrir más de cuatro años

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permitidos para imponer multas y ejecutar sanciones, conforme instituye el artículo 59, parágrafo I de la Ley 2492; sin embargo, de manera contraria y retroactiva aplica un plazo de prescripción de 8 años establecidos en la Ley 812.

Cita la Sentencia No 39/2016-S de 13 de mayo de 2016 del Tribunal Supremo de Justicia y señala que la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales no procedió como debía en la determinación de la obligación fuera de los plazos establecidos por Ley, ocasionando la extinción de la acción por prescripción; por tanto, no son ejecutables ni exigibles los adeudos detallados en el acto impugnado.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Determinativa No 171825002087 (SIN/GDLPZ II/DF/SVI/RD/01896/2018) de 5 de diciembre de 2018. –

II.2 Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por SMS Integración y Control Ltda., representada legalmente por Benjamin Augusto Aparicio García, fue admitido por Auto de 3 de enero de 2019, notificado personalmente al recurrente y mediante cédula a la Administración Tributaria el 7 y 15 de enero de 2019, respectivamente; fojas 29-34 de obrados.

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales representada legalmente por Ranulfo Prieto Salinas conforme la Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0618-16 de 1 de noviembre de 2016, por memorial presentado el 30

de enero de 2019, cursante a fojas 37-44 de obrados, respondió en forma negativa con los siguientes fundamentos:

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Si bien es cierto que la prescripción es un instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo produce efectos de consolidar las situaciones de hecho y permite la extinción

afaq de los derechos y las acciones; no obstante, para que opere la misma se necesita iso 9001 como único requisito el transcurso del tiempo, mismo que no puede estar regulado por amore el capricho de los contribuyentes, sino por la Ley que es la única que puede establecer,

IQNet modificar, reducir, ampliar, etc., dichos plazos, lo contrario significaría la vulneración de los derechos y garantías de la Administración Tributaria.

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Los artículos 59 y 60 de la Ley 2492 fueron modificados por las Leyes 291 de 22 de septiembre de 2012 y 317 de 11 de diciembre de 2012, posteriormente el parágrafo | del artículo 59 de la Ley 2492 fue modificado nuevamente por la Ley 812, que establece un plazo de prescripción de ocho años para las facultades de la Administración Tributaria de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar, determinar la deuda tributaria o imponer sanciones administrativas, normativa que se encuentra actualmente vigente y es aplicable al presente caso; por lo que dichas facultades no se encuentran prescritas.

El cómputo de la prescripción que establece la Ley 812 es de cumplimiento obligatorio y totalmente vigente en todas las instancias administrativas, toda vez que cuenta con presunción de constitucionalidad conforme prevé el artículo 5 de la Ley 027; asimismo, la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional en la reforma realizada mediante la Ley 317, amplió el plazo de prescripción de 4 hasta 10 años y en el caso de la Ley 812 se establece un plazo para la prescripción de 8 años; es decir, considerando ambas modificaciones las facultades de la Administración Tributaria para imponer sanciones

no se encuentran prescritas.

El cómputo de la prescripción de los periodos fiscalizados inició a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo, culminando al 31 de diciembre de 2019 para los periodos de marzo y mayo 2011 y al 31 de diciembre de 2020 para diciembre de 2011; es decir, con un plazo de 8 años de conformidad al artículo 2-11 de la Ley 812; sin embargo, dicho término se extinguió por seis más por la notificación con la Orden de Verificación N° 00140V101975, así establece el artículo 6241 de la Ley. 2492; en ese entendido, el cómputo de prescripción para los periodos de marzo y mayo 2011 inició el 1 de enero de 2012 y concluirá el 30 de junio de 2020, así también, para el periodo de diciembre 2011 el cómputo inició el 1 de enero de 2013 y concluirá el 30 de junio de 2021; no obstante, la Administración Tributaria notificó con la Resolución Determinativa No 171825002087 el 10 de diciembre de 2018, dentro del plazo para poder ejercer sus facultades; por tanto, es inexistente la extinción por prescripción.

La prescripción extintiva consiste en la pérdida de derechos por el transcurso del tiempo; sin embargo, en el presente caso no existió inactividad por parte de la

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Administración Tributaria, toda vez que el proceso de determinación inició con la notificación al sujeto pasivo con la Orden de Verificación N° 00140V101975, el 17 de febrero de 2014 y concluyó con la notificación con la Resolución Determinativa No 171825002087 el 10 de diciembre de 2018; en tal sentido, el Ente Fiscal ejerció sus facultades dentro del plazo dispuesto para el efecto.

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Las Leyes 291 y 317 establecen disposiciones derogatorias y abrogatorias, en ese entendido, los artículos 59 ġ 60de la Ley : 2492 que establecían periodos de prescripción más cortos a los que actualmente se encuentran vigentes, fueron totalmente modificados, en tal sentido, no se puede pretender aplicar normativa legal que no se encuentra vigente y que dejó de ser vinculante y obligatoria, lo contrario · vulneraría los principios constitucionales. Añade que la única solicitud del sujeto pasivo fue la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, sin embargo, no refuta ningún aspecto respecto a la correcta determinación efectuada.

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La modificación efectuada por la Ley 812 no puede afectar a los derechos adquiridos o consolidados por los contribuyentes, ya que eso implicaría hacer una aplicación retroactiva de la Ley; empero, si pueden afectar a las situaciones de expectativa que aún no se consolidaron por estar pendientes de cumplimiento; es decir, si a la entrada en vigencia de las nuevas normas, la prescripción aún no operó, se constituye tan solo

una situación expectativa que aún no se consolidó en el patrimonio del sujeto pasivo ni se constituyó en un derecho adquirido, por lo que esta situación puede ser modificada o extinguida por el legislador a través de la emisión de nuevas leyes, como sucedió en el presente caso, con la emisión de las Leyes 291, 317 y 812; razones por las que no se considera que se trate de una aplicación retroactiva de la Ley; al respecto, cita doctrina tributaria conforme lo señala Louis Josserand; bajo ese contexto, si bien el sujeto pasivo en la gestión 2011, antes de la vigencia de las citadas Leyes 291, 317

afaq y 812, tenía el derecho expectaticio de acogerse al artículo 59 de la Ley 2492 (sin ISO 9001 modificaciones), empéro ya no lo tiene, toda vez las citadas leyes entraron en vigenciaLYNON CERUTICATO antes de que las facultades de la Administración Tributaria prescribieran, en tal sentido, ese derecho expectaticio quedo afectado por la nueva normativa.

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Cita los artículos 203 de la Constitución Política del Estado y 8 de la Ley del Tribunal Constitucional y señala que solo las decisiones y Sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio y no así las Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, las cuales son de cumplimiento obligatorio únicamente para las partes intervinientes en el proceso; además, el artículo 5 de la Ley 2492 no constituye como fuente en materia tributaria a las sentencias emanadas por el referido Tribunal Supremo de Justicia así como tampoco lo hace la CPE; razones por las que no es posible considerar la Sentencia No 39/2016-S de 13 de mayo de 2016 en el objeto de la presente Litis, más aún cuando dicha sentencia fue dejada sin efecto por la Sentencia Constitucional N° 231/2017-S3 de 24 de marzo de 2017.

Presume la legalidad y la buena fe de las actuaciones de la Administración Tributaria, esto en observancia a los artículos 28, inciso b) de la Ley 1178 y 65 de la Ley 2492; al efecto, cita la Sentencia Constitucional N° 0258/2007-R de 10 de abril de 2007

Solicita se aplique el principio de congruencia, establecido en la Sentencia Constitucional N° 1916/2012 de 12 de octubre de 2012, que señala que la pertinencia y la congruencia de las resoluciones son elementos del debido proceso, así también, con relación a la pertinencia de las Resoluciones cita el Auto Supremo N° 55 de 1 de abril de 1998.

La Resolución Determinativa no es un acto administrativo independiente y que por sí solo equivalga a todo el procedimiento determinativo sino es el resultado de un conjunto de actos vinculados dialécticamente unos con otros; por ende, se debe considerar todo lo obrado en el procedimiento determinativo y no solo el acto definitivo; en ese entendido, cada Resolución Determinativa solo es la consecuencia culminante de todas sus actuaciones; por tanto, solicita que se revise y se valore de manera integral todos los elementos probatorios que han sido ofrecidos por parte del Ente Fiscal para establecer si se actuó en el marco de la Ley.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa N° 171825002087 (SIN/GDLPZ 11/DFISVI/RD/01896/2018) de 5 de diciembre de 2018.

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II.4. Apertura de término probatorio y producción de pruebas Mediante Auto de 31 de enero de 2019, se declaró la apertura del término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d), artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada en Secretaría tanto al recurrente como a la Administración Tributaria el 6 de febrero de 2019; fojas 45-46 de obrados.

Mediante nota presentada el 19 de febrero de 2019, el recurrente ratificó la prueba presentada adjunta al Recurso de Alzada y ofreció en calidad de prueba los Autos Supremos Nos. 39/2016-S y 47/2016-S; al efecto, por Proveido de 20 de febrero de 2019, se dio por ratificada y ofrecida la prueba documental señalada en tanto cumpla con lo establecido en los artículos 81 y 217 del Código Tributario; actuación notificada a las partes en Secretaría el 20 de febrero de 2019; fojas 47-68 de obrados:

La Administración Tributaria por memorial presentado el 26 de febrero de 2019, ratificó en calidad de prueba pre constituida el expediente administrativo adjuntado a momento de responder el Recurso de Alzada; al efecto, por Proveído de 27 de febrero de 2019, se dio por ratificada la prueba documental señalada; actuación notificada a las partes en Secretaría el 27 de febrero de 2019; fojas 69-71 de obrados.

11.5. Alegatos Por nota presentada el 12 de marzo de 2019, SMS Integración y Control Ltda, representada legalmente por Benjamín Augusto Aparicio García, presentó alegatos en conclusiones, ratificando los argumentos expuestos en su Recurso de Alzada; al efecto, por Proveído de 13 de marzo de 2019, se dio por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria; actuación notificada a las partes en secretaria en la misma fecha; fojas 7275 de obrados.

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Por memorial presentado el 18 de marzo de 2019, la Administración Tributaria presentó

afaq alegatos en conclusiones, ratificándose in extenso los argumentos expuestos en la iso 9001 Resolución Determinativa N° 171825002087 (SIN/GDLPZ 11/DF/SVI/RD/01896/2018 ABNON CentICATION de 5 de diciembre de 2018, así como en el contenido del memorial de respuesta alla Recurso de Alzada; al efecto, por Proveido de 19 de marzo de 2019, se dio por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria; actuación notificada com las partes en secretaria el 20 de marzo de 2019; fojas 76-78 de obrados.

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III. 

ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIV

La Gerencia Distrital La Paz Il del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Orden de Verificación N° 00140V101975 de 30 de enero de 2014, comunicando al contribuyente SMS Integración y Control Ltda., que será objeto de un proceso de determinación de acuerdo a la modalidad Operativo Especifico Crédito Fiscal, con alcance al Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente que se detallan en el cuadro de diferencias adjunto, correspondiente a los periodos fiscales de marzo, mayo y diciembre 2011, con el objeto de establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias; asimismo, le otorgó el plazo de 5 días hábiles a partir de la notificación con la presente Orden para que el sujeto pasivo presente documentación requerida; actuación administrativa notificada personalmente al representante legal de la empresa recurrida el 17 de febrero de 2014; fojas 3-5 de antecedentes administrativos.

En base al Informe CITE: SIN/GDLPZ 11/DF/SVI/INF/02243/2017 de 29 de mayo de 2017, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 291725000186 (CITE: SIN/GDLPZ 11/DFISVINC/00170/2017) de 29 de mayo de 2017, estableciendo la presunta deuda tributaria sobre Base Cierta contra el contribuyente SMS Integración y Control Ltda., cuyo importe asciende a 154.931 UFV’s, equivalentes a Bs341.377.-, que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y la sanción por omisión de pago; actuación notificada personalmente al sujeto pasivo el 10 de julio de 2017; fojas 468-489 de antecedentes administrativos.

Mediante memorial presentado ante la Administración Tributaria el 9 de agosto de 2017, la empresa SMS Integración y Control Ltda., representada legalmente por Benjamín Augusto Aparicio García solicitó la nulidad de la Vista de Cargo No 291725000186 (CITE: SIN/GDLPZ II/DFISVINC/00170/2017), señalando que entre las gestiones 2011 y 2015 el Servicio de Impuestos Nacionales efectuó otros operativos de fiscalización internos y externos, en la que ya se observaron las mismas facturas, con los mismos criterios, teniendo como resultado Resoluciones Determinativas que se encuentran pagadas; en tal sentido, el Ente Fiscal efectúa una doble fiscalización por el mismo hecho; fojas 501-502 de antecedentes administrativos.

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La Resolución Administrativa N° 231725000308 (SIN/GDLPZ 11/DF/RA/00274/2017) de 4 de agosto de 2017, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 11 del Servicio de Impuestos Nacionales, en base al Informe CITE: SIN/GDLPZ 11/DF/INF/4095/2017 de 4 de agosto de 2017, resolvió anular el Informe CITE: SIN/GDLPZ 11/DFISVI/INF/02243/2017 de 29 de mayo de 2017, la Vista de Cargo N°291725000186 (CITE: SIN/GDLPZ’II/DF/SVINC/00170/2017) de 29 de mayo de 2017. y el actuado de notificación realizado a la citada Vista; actuación administrativa notificada personalmente al representante legal de la empresa SMS Integración y Control Ltda., el 17 de agosto de 2017; fojas 544-549 de antecedentes administrativos.

Mediante Requerimiento N° 00122727 de 10 de agosto de 2017, el Ente Fiscal requirió la presentación de documentación detallada en su Anexo ya sea en original o en fotocopias legalizadas; asimismo, le otorgó el plazo de 5 días hábiles para presentar lo solicitado, actuación notificada de forma personal al representante legal de la empresa SMS Integración y Control Ltda., el 31 de octubre de 2017; en respuesta, por nota de 7 de noviembre de 2017 presentada ante la Administración Tributaria, SMS Integración y Control Ltda., entregó la documentación solicitada mediante Requerimiento No 00122727; fojas 560-561, 565 y 567-587 de antecedentes administrativos

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Con el Acta por Contravenciones Tributárias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 00178026 de 16 de octubre de 2018, se verificó que el contribuyente SMS Integración y Control Ltda., incurrió en el incumplimiento al deber formal de no envío de la información (registro auxiliar) a través del módulo de bancarización de acuerdo a normativa específica vigente, correspondiente al periodo fiscal septiembre 2012, situación que contravino los artículos 66, numeral II de la Ley 2492 y 8 de la RND 10-0011-11, correspondiendo una multa de 1.000 UFV’s de acuerdo al subnumeral 3.5, numeral 3 del anexo I de la RND 10-0033-16; fojas 15 de antecedentes administrativos.

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afaq A través del Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de ISO 9001 Determinación N° 00178027 de 16 de octubre de 2018, se verificó que el contribuyentelaruon canımcaron SMS Integración y Control Ltda., incurrió en el incumplimiento al deber formal de no envío de la información (registro auxiliar) a través del módulo de bancarización de acuerdo a normativa específica vigente, correspondiente al periodo fiscal febrero 2013 situación que contravino los artículos 66, numeral II de la Ley 2492 y 8 de la RND 101

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)

Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (5912) 2412613 – 2411973 • www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

0011-11, correspondiendo una multa de 1.000 UFV’s de acuerdo al subnumeral 3.5, numeral 3 del anexo I de la RND 10-0033-16; fojas 16 de antecedentes administrativos.

El Informe CITE: SIN/GDLPZ 11/DF/SVI/INF/06454/2018 de 17 de octubre de 2018, emitido por el Ente Fiscal concluyó que resultado del análisis y verificación de la información extraída del sistema SIRAT II, declaraciones juradas Form.. 200 y el módulo GAUSS, se establece que el contribuyente SMS Integración y Control Ltda., se apropio indebidamente del crédito fiscal de los periodos fiscales de marzo, mayo y diciembre 2011, determinándose saldo a favor del fisco por un importe total de 118.807 UFV’s correspondiente a tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago y la multa por incumplimiento de deberes formales; asimismo, recomendó la emisión de la Vista de Cargo; fojas 599-610 de antecedentes administrativos.

La Vista de Cargo N° 291825000343 (CITE: SIN/GDLPZ 11/DF/SVINC/00347/2018) de 17 de octubre de 2018, emitida contra SMS Integración y Control Ltda., estableció sobre base cierta la deuda tributaria en el importe preliminar de 118.807 UFV’s, que incluye el impuesto omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago y la multa por incumplimiento de deberes formales; correspondiente a los periodos fiscales de marzo, mayo y diciembre 2011; actuación administrativa notificada de forma personal al representante legal de la empresa SMS Integración y Control Ltda., el 19 de octubre de 2018; fojas 611-621 de antecedentes administrativos.

Mediante nota presentada ante la Administración Tributaria el 16 de noviembre de 2018, la empresa SMS Integración y Control Ltda., representada legalmente por Benjamin Augusto Aparicio. García presentó descargos señalando que la supuesta deuda reflejada en la vista de Cargo incluye facturas de un periodo e impuesto que ya fue determinado y pagado mediante la RD 17-1881-15 de 17 de noviembre de 2015, situación que contraviene el artículo 93, parágrafo ll de la Ley 2492, razones por las

idera que dicha actuación administrativa carece de sustento legal; por otro lado, añadió que los funcionarios del SIN desconocen el artículo 59 de la Ley 2492, que estipula que las facultades del sujeto activo de fiscalizar, determinar y ejecutar tributos prescriben a los 4 años, toda vez que el caso en cuestión trata de hechos

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generadores correspondientes a la gestión 2011 que se encuentran prescritos; fojas. 623 de antecedentes administrativos.

La Resolución Determinativa N° 171825002087 (SIN/GDLPZ II/DFISVI/RD/01896) 2018) de 5 de diciembre de 2018, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, en base al Informe CITE: SIN/GDLPZ II/DF/SVI/INF/083071 2018 de 5 de diciembre de 2018, resolvió determinar de oficio por conocimiento de la materia imponible las obligaciones impositivas del contribuyente SMS Integración y Control Ltda., que ascienden a 119.399 UFV’s por concepto de tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción del 100% y multa por incumplimiento a deberes formales, por la apropiación indebida del Impuesto, al Valor Agregado, correspondiente a los periodos fiscales de marzo, mayo y diciembre 2011; acto administrativo definitivo notificado por cédula a Benjamin Augusto Aparicio García representante legal de SMS Integración y Control Ltda., el 10 de diciembre de 2018; fojas 628- 646 y 650 de antecedentes administrativos.

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143. y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-111 del referido Código Tributario, se tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por el contribuyente SMS Integración y Control Ltda., representado legalmente por Benjamin Augusto Aparicio García; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente

afaq caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se iso 9001 hubieran solicitado durante su tramitación ante ésta Instancia Recursiva.

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IQNet De inicio, es necesario puntualizar que el recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada, solicitó la nulidad del acto administrativo impugnado; sin embargo, de sym lectura se advierte que arguye aspectos tanto de forma como de fondo; en es

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contexto, es obligación de ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitir un criterio ylo posición respecto a todos y cada uno de los planteamientos formulados; para este fin, se ingresará inicialmente al análisis de la existencia o no de vicios y si estos están legalmente sancionados con la nulidad; sólo en caso de no ser éstos evidentes, se procederá al análisis de las cuestiones de fondo planteadas.

V.1 ASPECTOS DE FORMA IV.1.1 Falta de valoración de los descargos SMS Integración y Control Ltda., representada legalmente por Benjamin Augusto Aparicio García, entre los argumentos de su Recurso de Alzada señala que una vez notificado con la vista de Cargo, dentro del plazo determinado por Ley, remitió a la Administración Tributaria una carta señalando que en aplicación del artículo 59, parágrafo I vigente a esa fecha, la facultad del Ente Fiscal para ejercer la facultad de

minar tributos por la gestión 2011 se encontraba prescrita; sin embargo, el sujeto activo emitió la Resolución Determinativa N° 171825002087, sin considerar dichos descargos respecto a la prescripción de los periodos fiscalizados.

La Administración Tributaria no dio respuesta en el presente Recurso de Alzada sobre éste punto; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 68 del Código Tributario, establece en relación a los derechos del sujeto pasivo: 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

El artículo 76 del Código Tributario, establece en relación a la carga de la prueba: En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende 

por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando.. estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

El artículo 77 del Código Tributario, establece en relación a los medios de prueba: I. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. La prueba 

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testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse más de dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, a partir del tercero se tendrán por no ofrecidos. II. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de la información contenida en ellos, conforme . a la reglamentación que al efecto se dicte. III. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que se acredite lo contrario. IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de medios de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y demás disposiciones legales

De acuerdo a la normativa señalada precedentemente y en relación a la valoración de las pruebas es pertinente señalar que el artículo 76 de la Ley 2492, dispone que en los procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos debe probar los hechos constitutivos de los mismos, de igual forma, el artículo 77 del mismo cuerpo legal, prevé que pueden invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho, aspecto concordante con el artículo 47 de la Ley 2341, que ordena que los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho; el plazo y la forma de producción de la prueba será determinada por la autoridad administrativa, mediante providencias expresas fijando el procedimiento para la producción de pruebas. admitidas.

De la revisión de antecedentes administrativos, se establece que el Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Orden de Verificación N° 00140VI01975 de 30 de enero de 2014, comunicando al contribuyente SMS Integración y Control Ltda., que será objeto de un proceso de determinación de acuerdo a la modalidad Operativo

afao Especifico Crédito Fiscal con alcance al Impuesto al Valor Agregado, correspondiente ISO 9001 a los periodos fiscales de marzo, mayo y diciembre 2011, con el objeto de establecer aIwon CeuriCATION el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias; asimismo, le otorgó el plazo

TQNet de 5 días hábiles a partir de la notificación con la presente Orden para que el sujeto pasivo presente documentación requerida; actuación administrativa que fue notificada

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personalmente al representante legal de la empresa recurrida el 17 de febrero de 2014;”

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así se advierte a fojas 3-5 de antecedentes administrativos.

Resultado del proceso de verificación, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 291725000186 (CITE: SIN/GDLPZ II/DF/SVINC/00170/2017) de 29 de mayo de 2017, contra el contribuyente SMS Integración y Control Ltda., estableciendo la presunta deuda tributaria sobre Base Cierta, cuyo importe asciende a 154.931 UFV’s, que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y la sanció por omisión de pago; actuación administrativa que fue notificada personalmente al sujeto pasivo el 10 de julio de 2017. En respuesta, mediante memorial presentado ante el Ente Fiscal el 9 de agosto de 2017, el contribuyente solicitó la nulidad de la citada actuación administrativa, señalando que entre las gestiones 2011 y 2015 se efectuaron otros operativos de fiscalización internos y externos por parte del SIN, en las cuales ya se observaron las mismas facturas, obteniéndose como resultado Resoluciones Determinativas que se encuentran pagadas; según se verifica a fojas 479-489 y 501 502 de antecedentes administrativos.

Posteriormente, el Ente Fiscal emitió la Resolución Administrativa N° 231725000308 (SIN/GDLPZ II/DF/RA/00274/2017) de 4 de agosto de 2017, señalando en su parte pertinente: “Que, de la revisión efectuada se pudo verificar que las facturas Nros. 384, 388, 392, 396, 947, 955, 959, 962, 967, 971, 976, 981, 195, 197, 199, 375, 382, 386 y 405 del periodo diciembre de 2011 observadas en la Orden de Verificación N° 00140VI01975 de fecha 30/01/2014, ya fueron objeto de revisión en la Orden de Verificación No 0014OVE05083 de fecha 26/02/2015 cuyo alcance es el periodo diciembre de 2011, la misma que fue cancelada y concluida con Resolución Determinativa Nro. 17-1881-15 con CITE: SIN/GDLPZII/DFNE/RD/1657/2015 de fecha 17/11/2015, emitida por la Gerencia Distrital La Paz Il”; en tal sentido, resolvió anular el Informe CITE: SIN/GDLPZ II/DFISVI/INF/02243/2017 de 29 de mayo de 2017, la Vista de Cargo N° 291725000186 (CITE: SIN/GDLPZ II/DF/SVINC/00170/2017) de 29 de mayo de 2017 y el actuado de notificación realizado a la citada Vista; actuación administrativa que fue notificada personalmente al representante legal de la empresa recurrente el 17 de agosto de 2017; aspecto que se puede observar a fojas 574-548 de antecedentes administrativos.

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En base al Informe CITE: SIN/GDLPZ II/DF/SVI/INF/06454/2018 de 17 de octubre de 2018, el Ente Fiscal emitió una nueva Vista de Cargo N° 291825000343 de 17 de octubre de 2018, contra SMS Integración y Control Ltda., estableciendo sobre base cierta una deuda tributaria preliminar de 118.807 UFV‘s, que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, la sanción por omisión de pago y la multa por incumplimiento de deberes formales; actuación administrativa que fue notificada de forma personal al representante legal del sujeto pasivo el 19 de octubre de 2018. En atención a la referida actuación y dentro del plazo establecido por Ley, mediante nota presentada ante el sujeto activo el 16 de noviembre de 2018, SMS Integración y Control Ltda., representada legalmente por Benjamín Augusto Aparicio García presentó descargos señalando que la supuesta deuda reflejada en la vista de Cargo incluye facturas de un periodo e impuesto que ya fue determinado y pagado mediante la RD 17-1881-15; además, añadió que se está realizando un proceso determinativo a hechos generadores que se encuentran prescritos, toda vez que en dicho periodo la norma vigente establecía que las facultades de la Administración Tributaria prescribían a los 4 años; consecuentemente, el Ente Fiscal emitió la Resolución Determinativa No 171825002087 (SIN/GDLPZ 11/DFISVI/RD/01896/2018) de 5 de diciembre de 2018; acto administrativo que hoy es objeto de impugnación por la vía administrativa. .

Conforme la relación de hechos expuestos ut supra, corresponde señalar que el artículo 68, numeral 7 del Código Tributario, prevé que entre los derechos del sujeto pasivo está el formular y aportar, en la forma y plazos previstos, todo tipo de pruebas y alegatos que deben ser tomados en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución; razón por la que esta instancia de alzada verificará si el Ente Fiscal a través del acto definitivo ahora impugnado efectivamente consideró los descargos del ahora recurrente, esto con el objetivo de resguardar los derechos del sujeto pa sivo frente la Administración Tributaria.

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afaq En tal sentido, de la lectura de la Resolución Determinativa N° 171825002087, ahora ISO 9001 impugnada, cursante a fojas 633-644 de antecedentes administrativos, con relación alarcon centrication que la supuesta deuda reflejada en la vista de Cargo incluye facturas de un periodo el impuesto que ya fue determinado y pagado, señaló lo siguiente: “…) en fecha 16/11/2018 presentó una nota con “REF: VISTA DE CARGO N° 291825000343dentro de los treinta (30) días calendario, computable a partir de su legal notificación 

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(…), mediante la cual se comunica lo siguiente: (...). Al respecto, el Departamento de Fiscalización verificó la efectiva emisión de la Resolución Determinativa N° 17-1881 15 (…), donde se evidenció que dentro del objeto de la verificación se encuentran facturas Nro. 384, Nro. 388, Nro. 392, Nro. 396, Nro. 947, Nro. 955, Nro. 959, Nro. 962, Nro. 967, Nro. 971, Nro. 976, Nro. 981, Nro. 195, Nro. 197, Nro. 199, Nro. 375, Nro. 382, Nro. 386 y Nro. 405 (periodo fiscal: 12/2011) que ya fueron objeto de fiscalización en la gestn 2015, (…). Por lo que el departamento de Fiscalización mediante Resolución Administrativa N° 231725000308 de 04/08/2017 procedió a la Anulación 

el Informe CITE: SIN/GDLPZ II/DF/SVI/INF/02243/2017 de 29 de mayo de 2017 y Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ 11/DF/SVINC/00170/2017, No 291725000186 de fecha 29/05/2017 con su respectiva notificación (…); debiendo elaborarse nuevos papeles de trabajo, informe y Vista de Cargo con la nueva determinación de la Deuda 

Tributaria”

Continua señalando, respecto a la prescripción: “(…) no se está aplicando retroactivamente la Ley sino solo se está aplicando la ley vigente, estableciendo que de una interpretación de la misma, ésta no dispone que se aplicará solo a las deudas o contravenciones cuyos hechos generadores ocurran a partir de su vigencia, de lo que se tiene que el periodo de prescripción para que la Administración Tributaria pueda determinar deuda tributaria e imponer sanciones fue ampliado, por lo que se tiene que el termino de prescripción es de ocho (8) años, para las acciones de la Administración Tributaria (...) Se debe tener presente que la Ley N° 812 de 30 de junio de 2016, ha dispuesto la modificación del Artículo 59° (Prescripción) de la Ley N° 2492, de la siguiente forma (...). A través de las disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley N° 291 de 22/09/2012, se modificaron los artículos 59° y 60° de la Ley N° 2492, de la siguiente manera: (…) Posteriormente, la Ley N° 317 de 11/12/2012, mediante su Disposición Derogatoria Primera, establece: (...). En tanto, que a través de Disposición Adicional Decimo Segunda, modifica el artículo 60o de la Ley N° 2492 CTB, por el siguiente texto: (…). Vale decir que el periodo observado según la Orden d

in Nro. 00140VI01975 tiene un alcance de los periodos fiscales marzo, mayo y diciembre de 2011 y sus vencimientos son el 13/04/2011, 13/06/2011 y 13/01/2012 (...) y en aplicación a la norma citada el periodo de prescripción se computará desde el año 2012 para los periodos fiscales de marzo/2011 y mayo/2011 y desde el año 2013 para el periodo de diciembre/2011 como el inicio de cómputo de prescripción

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Prosigue señalando que: En virtud a todo lo expuesto precedentemente, se establece que las acciones de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva del IVA (…) de los periodos fiscales marzo, mayo y diciembre de 2011, acomo para sancionar contravenciones tributarias, NO ha prescrito; (...), en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la ejecución de la Orden de Verificación N° 00140V101975, por tanto, NO PROCEDE la prescripción a la Fiscalización de la gestión 2011 (…)”. 

Lo expuesto precedentemente denota que el Ente Fiscal a través de la Resolución Determinativa N° 171825002087 (SIN/GDLPZ 11/DF/SVI/RD/01896/2018) de 5 de diciembre de 2018, efectivamente procedió a considerar los argumentos invocados por el ahora recurrente a través de la nota de 16 de noviembre de 2018; cuyo análisis fue reflejado en sus páginas 7-8, cursante a fojas 639-640 de antecedentes administrativos, tal y como se expuso en párrafos precedentes, llegando a la conclusión que las acciones de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva e imponer sanciones por contravenciones tributarias no han prescrito, esto en aplicación a las modificaciones de la Ley 2492 en sus artículos 59 y 60 con la entrada en vigencia de las Leyes 291, 317 y 812; razones por las que consideró no procedentes los descargos del ahora recurrente.

Bajo las circunstancias descritas precedentemente, es pertinente aclarar que dichos extremos evidencian que el Ente Fiscal realizó el análisis correspondiente a la solicitud del recurrente; así también, corresponde precisar que el hecho de que la valoración de los descargos, no esté acorde a la solicitud e interpretación que efectúa el sujeto pasivo, no significa que no se hubieran valorado los mismos; consecuentemente, corresponde desestimar lo aludido por el recurrente sobre éste punto; sin embargo, la posición asumida producto de dicha valoración será objeto de análisis por ésta Instancia Recursiva a objeto de establecer, si corresponde en el presente caso la

atao prescripción de los periodos fiscalizados.

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IV.2. ASPECTOS DE FONDO 1.2.1 Prescripción SMS Integración y Control Ltda., representada legalmente por Benjamin Augustom Aparicio García, entre los argumentos de su Recurso de Alzada señala que la

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Resolución Determinativa ahora impugnada refiere periodos prescritos, aspecto que vulnera la normativa vigente, los derechos y principios constitucionales; añade que, el Ente Fiscal con su inactividad administrativa ocasionó que la supuesta deuda se haya extinto por prescripción; toda vez que dejó de transcurrir más de cuatro años permitidos para imponer multas y ejecutar sanciones, conforme instituye el artículo 59, parágrafo I de la Ley 2492; sin embargo, de manera contraria y retroactiva aplica un plazo de prescripción de 8 años establecidos en la Ley 812; aspecto que vulnera la normativa vigente, los derechos y principios constitucionales.

Continua señalando que la cita del artículo 5 de la Ley 027 por parte del sujeto activo es inoportuna, porque no se está cuestionando la inconstitucionalidad de las Leyes 291, 317 o 812 sino lo que se observa es la aplicación ilegal e inconstitucional de los artículos contenidos en las mismas y la temporalidad que cada una de ellas dispone. Así también, cita la Sentencia No 39/2016-S de 13 de mayo de 2016 del Tribunal Supremo de Justicia.

La Administración Tributaria respondió al Recurso de Alzada afirmando que los artículos 59 y 60 de la Ley 2492 fueron modificados por las Leyes 291, 317 y 812, y que ésta última Ley es de cumplimiento obligatorio y vigente en todas las instancias administrativas, toda vez que cuenta con presunción de constitucionalidad conforme prevé el artículo 5 de la Ley 027, por lo que dichas facultades no se encuentran prescritas. El cómputo de prescripción para los periodos de marzo y mayo 2011 inició el 1 de enero de 2012 y concluirá el 30 de junio de 2020, así también, para el periodo de diciembre 2011 el cómputo inició el 1 de enero de 2013 y concluirá el 30 de junio de 2021; no obstante, la Administración Tributaria notificó con la Resolución

Determinativa N° 171825002087, el 10 de diciembre de 2018, dentro del plazo para

poder ejercer sus facultades; por tanto, es inexistente la extinción por prescripción; al respecto corresponde el siguiente análisis:

El artículo 59 de la Ley 2492, establece: 1. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para

  1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas

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  1. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a

los dos (2) años. 

El artículo 60 de la Ley 2492, en su parágrafo I, dispone: 1. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo

El artículo 61 de la Ley 2492, en relación a las causales de interrupción de la

prescripción, dispone: La prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

El artículo 62 de la Ley 2492, en relación a las causales de suspensión de la prescripción, indica: El curso de la prescripción se suspende con: 1. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis

(6) meses. II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración 

afaq Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

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La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó el artículo 59 de la Ley 2492, estableciendo:

Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años em la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014,

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siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. . . 1. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) o

adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen 

tributario diferente al que le corresponde. II. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco (5) años. III. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible. 

La Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, derogó el último párrafo del parágrafo | del artículo 59 de la Ley 2492, disponiendo: Se deroga el último párrafo del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012, que señalaba: El período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año

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La Disposición Décima Segunda de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, estableció: Se modifican los Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la Disposición Adicional Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: ). Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo / del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria.” 

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artículo 59, parágrafos I y II de la Ley 2492, conforme el siguiente texto: 1. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para

  1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 
  2. Imponer sanciones administrativas. 

El término de prescripción precedente se ampliará en dos (2) años adicionales, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, se inscribiera en un régimen tributario diferente al que corresponde, incurra en delitos tributarios o realice operaciones comerciales y/o financieras en países de baja o nula tributación. 

El artículo 5 del DS 27310, señala: El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como en sede judicial, inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

Abordando la temática que nos ocupa, es pertinente considerar que la prescripción está instituida como un modo de liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la legislación tributaria nacional se constituye en un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere el derecho de la dispensa de la exigibilidad de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En materia tributaria, la prescripción extintiva se, presenta cuando la Administración Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo y/o vencimiento extingue su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejecutar las sanciones por

por afael contravenciones tributarias; bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho ISO 9001 material del tributo.

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Resulta necesario resaltar que si bien el instituto de la prescripción se constituye en una situación de puro derecho consolidada por el transcurso del tiempo, no es menos cierto que la obligación tributaria determinada o en su caso el establecimiento de

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Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (5912) 2412613 2411973 • www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia

sanciones por contravenciones, mantendrá su vigencia en el tiempo, independientemente de las modificaciones incorporadas al Código Tributario, es decir, este instituto no extingue la obligación tributaria ni las sanciones administrativas impuestas, por ello, es perfectamente posible que el sujeto pasivo realice pagos aun cuando los montos emergentes de la obligación tributaria o la sanción están prescritos y éstos, además, se consoliden a favor del Estado; razón por la cual la posibilidad de extinción por prescripción se consolida respecto a la exigibilidad de la obligación tributaria o la sanción administrativa imputada; en ese entendido, la Ley 2492 en vigencia, específicamente dispone cuáles son las facultades que son susceptibles de declararse prescritas, que conforme la citada norma tributaria esta únicamente referida a las fácultades de controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias.

Bajo el contexto antes mencionado, es necesario señalar que la Ley 2492 en su artículo 59 regula el instituto de la prescripción estableciendo que las facultades de la Administración Tributaria, prescribirán a los cuatro (4) años, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria; asimismo, en cuanto al cómputo su artículo 60 parágrafo I, dispone: “. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo”.

No obstante lo anterior, el citado artículo 59 de la Ley 2492, fue modificado mediante Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, estableciendo textualmente que las acciones de la Administración Tributaria para sancionar prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete * (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la

gestión 2017y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para el ejercicio de las . siguientes facultades: i) controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, ii) determinar la deuda tributaria e iii) imponer sanciones administrativas; así también, el último párrafo del parágrafo I, indica: “El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuy

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plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año.”; esta ampliación en cuanto a los plazos, era gradual a partir de la gestión 2013, incrementando un año en cada gestión hasta completar el 2018.

La disposición citada en el párrafo anterior se mantuvo en la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, excepto por la derogación del último párrafo del parágrafo 1 del artículo 59 de la Ley 2492, modificado por la Ley 291, referido a que el periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año; de igual forma, la mencionada Ley 317 modificó los parágrafos I y II del artículo 60 de la Ley 2492, previamente modificados por la citada Ley 291, que ahora refiere que el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. En ese entendido, se tiene que las modificaciones incorporadas por las Leyes 291 y 317, no solamente establecieron el cómputo progresivo de la prescripción, sino que con la derogación del último párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492 o por la mencionada Ley 291, el citado cómputo de la prescripción se aplicaría progresivamente en función de las facultades del Ente Fiscal. :’.

Pese a lo mencionado, mediante la Ley 812 de 30 de junio de 2016, el régimen de la prescripción previsto en el artículo 59 de la Ley 2492 fue nuevamente modificado, de tal manera que a partir de su vigencia, las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 2) Determinar la deuda tributaria y. 3) Imponer sanciones administrativas; es decir, desde la vigencia de la citada Ley, el instituto de la prescripción está regido nuevamente por un plazo único, en este caso, ocho años dentro del cual la Administración Tributaria debe ejercer las facultades mencionadas; asimismo, la norma citada en su Disposición Abrogatoria y Derogatoria única dispuso:

dispuse afao “Se abrogan y derogan todas las normas contrarias a la presente Ley”, en ese ISO 9001 entendido, considerando que la Ley 291, establecía un plazo progresivo de la aron cratitication prescripción hasta llegar a los diez años en la gestión 2018, resulta ser contrario al T

IQNet nuevo régimen previsto en la Ley 812, de tal manera, se suscitó la derogatoria tácita de la Ley 291 en lo concerniente a la Disposición Adicional Quinta que en su momento había modificado el artículo 59 parágrafo I del Código Tributario; lo que muestra de

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manera expresa la concurrencia de normativa legal que beneficia al administrado, en concordancia con los artículos 123 de la Constitución Política del Estado y 150 del Código Tributario.

En el contexto anterior, la aplicabilidad de la Ley 812 de 30 de junio de 2016, está en función a su vigencia, lo que implica que los actos administrativos notificados posterior a la vigencia de la citada Ley estarán sujetos a dicha normativa; disposición legal que. establece que las acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas prescribirán a los 8 años. En el caso que nos ocupa, se advierte que la Resolución Determinativa N° 171825002087 (SIN/GDLPZ II/DF/SVI/RD/01896/2018) de 5 de diciembre de 2018, fue notificada por cédula al ahora recurrente el 10 de diciembre de 2018, precisamente en vigencia de la Ley 812, como consecuencia, el término que corresponde aplicar es de 8 años de forma única y definitiva.

En este punto, resulta pertinente reiterar que conforme el amplio examen normativo realizado precedentemente, ante la modificación del artículo 59 de la Ley 2492, la norma subsistente que quedo en vigencia es la Ley 812, de cuya redacción se establece un término fijo de prescripción de ocho (8) años; aspecto que permite afirmar que a partir de la abrogación y derogación de las normas contrarias a esta última Ley, resulta incuestionable la aplicación a los actos notificados precisamente en vigencia de esta ley; precisión que resulta necesaria realizar, en el entendido, de que esencialmente trata de una norma más beneficiosa para el sujeto pasivo, toda vez como mencionamos anteriormente, ya no está sujeto a la progresividad del cómputo y éste se redujo de 10 a 8 años, el lapso de tiempo que contaba el sujeto activo para ejercer su facultad de determinar obligaciones impositivas.

En atención a lo señalado con relación al cómputo del plazo de la prescripción para la facultad de determinación, el artículo 60 parágrafo I de la Ley 2492 como resultado de las modificaciones de las Leyes 291 y 317, respectivamente, dispone que se inicia: “desde el primer dia del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo”, conforme se puede apreciar la norma citada toma como parámetro para su cómputo el periodo de pago de la obligación tributaria.

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De la revisión de antecedentes administrativos, se establece que el Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Orden de Verificación N° 0014OVI01975 de 30 de enero de 2014, comunicando al contribuyente SMS Integración y Control Ltda., que será objeto de un proceso de determinación de acuerdo a la modalidad Operativo Especifico Crédito Fiscal con alcance al Impuesto al Valor Agregado, correspondiente a los periodos fiscales de marzo, mayo y diciembre 2011, con el objeto de establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias; actuación administrativa que fue notificada personalmente al representante legal de la empresa recurrida el 17 de febrero de 2014; así se advierte a fojas 3-5 de antecedentes administrativos.

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Posteriormente, en base al Informe CITE: SIN/GDLPZ II/DF/SVI/INF/06454/2018 de 17 de octubre de 2018, el Ente Fiscal emitió la Vista de Cargo N° 291825000343, de 17 de octubre de 2018, estableciendo sobre base cierta una deuda tributaria preliminar de 118.807 UFV’s, que incluye el tributo omitido;-mantenimiento de valor, intereses, la sanción por omisión de pago y la multa por incumplimiento de deberes formales; actuación administrativa que fue notificada de forma personal al representante legal del sujeto pasivo el 19 de octubre de 2018. En respuesta a la referida Vista, por nota presentada ante el sujeto activo el 16 de noviembre de 2018, el ahora recurrente presentó: descargos; consecuentemente, el sujeto activo emitió la Resolución Determinativa N° 171825002087 (SIN/GDLPZ INDF/SVI/RD/01896/2018) de 5 de diciembre de 2018; estableciendo las obligaciones impositivas del contribuyente SMS Integración y Control Ltda., que ascienden a 119.399 UFV’s por concepto de tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción del 100% y multa por incumplimiento a deberes formales, por apropiación indebida del Impuesto al Valor Agregado, correspondiente a los periodos fiscales marzo, mayo y diciembre 2011; acto administrativo definitivo que fue notificado por cédula a Benjamin Augusto Aparicio García representante legal de la empresa recurrente, el 10 de diciembre de 2018 y que hoy es objeto de impugnación mediante el presente Recurso de Alzada.

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ISO 9001 Conforme la relacion de hechos expuestos ut supra, para los periodos fiscales marzo, AINON CARLICATION mayo y diciembre 2011, el cómputo del plazo de la prescripción corresponde a ocho

TQNet (8) años de conformidad al artículo 59 de la Ley 2492 modificado por la Ley 812; asi también, corresponde resaltar que la Administración Tributaria ejerció sus facultades de determinación e imposición de sanciones mediante la emisión de la Resolución

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Determinativa N° 171825002087 (SIN/GDLPZ 11/DF/SVI/RD/01896/2018) de 5 de diciembre de 2018, que fue notificada por cédula el 10 de diciembre de 2018 a la empresa ahora recurrente; aspectos que se encuentran plasmados en el siguiente

cuadro:

Notificación Resolución Determinativos

| Periodo | Fecha de

Fiscal. L** Vencimiento Marzo/2011 13 de abril de 2011 Mayo/2011 13 de junio de 2011 Dic./2011 13 de enero de 2012

Ini Prescripción prescripción 1 de enero 2012 8 años 1 de enero 2012 8 años 1 de enero 2013 8 años

Fecha de “Prescripcion 31 de diciembre 2019 31 de diciembre 2019 31 de diciembre 2020

10 de diciembre de 2018

Del cuadro precedente se tiene que el cómputo de la prescripción para los periodos fiscales: marzo y mayo 2011, se inició el 1 de enero de 2012 y concluirá el 31 de diciembre de 2019; para el periodo diciembre 2011, el cómputo se inició el 1 de enero de 2013 y culminará el 31 de diciembre de 2020; de acuerdo al plazo de prescripción de 8 años establecido por el artículo 59 de la Ley 2492, modificado por el Parágrafo II del artículo 2 de la Ley 812; tiempo en el que la Administración Tributaria interrumpió el curso de la prescripción con la notificación efectuada el 10 de diciembre de 2018 con la Resolución Determinativa N° 171825002087 (SIN/GDLPZ WI/DFISVI/RD/01896/ 2018) de 5 de diciembre de 2018; consecuentemente, se tiene que la prescripción invocada por el ahora recurrente en relación a la facultad de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones respecto a los periodos fiscales marzo, mayo y diciembre 2011 no se encuentran prescritas, debido a que las mismas fueron ejercitadas dentro del plazo señalado por ley.

.

Respecto a la imprecisión del sujeto pasivo en el Recurso de Alzada al hacer referencia a la prescripción de las facultades de ejecución de sanciones; corresponde señalar que la conducta contraventora fue establecida en el acto impugnado, es decir, la etapa del presente proceso corresponde a las facultades de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones administrativas, de lo que se colige que tal solicitud (prescripción de la facultad de ejecución de la sanción) no es legalmente aplicable, toda vez que el cómputo de prescripción de la facultad de ejecución tributaria, corre a partir del momento en que la Resolución Sancionatoria o Determinativa adquiere la calidad de título de ejecución tributaria, conforme establece el numeral 1 del parágrafo I del artículo 108 de la Ley 2492; hecho que en el caso concreto no aconteció; por esta

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razón de orden legal, al no encontrarse firme la Resolución Determinativa impugnada, no corresponde el análisis de las facultades de ejecución tributaria propiamente dichas.

Con referencia a la cita de la Sentencia No 39/2016-S de 13 de mayo de 2016, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, mencionado por el recurrente en su Recurso de Alzada, corresponde señalar que las decisiones adoptadas por éste máximo Tribunal Supremo de Justicia de la Nación, obedecen a un ámbito jurisdiccional ordinario, lo que implica que las determinaciones asumidas rigen para las partes en conflicto que decidieron someter su asunto al ámbito judicial, debiendo estas sujetarse a las determinaciones asumidas en los respectivos fallos judiciales; lo propio ocurre en el ámbito administrativo; toda vez que obedeciendo a la libre determinación de las personas de acudir al ámbito del derecho administrativo disciplinario, las decisiones asumidas en este ámbito, constriñen al cumplimiento de las partes en conflicto, separando la posibilidad de acudir a otra jurisdicción y competencia; bajo la lógica señalada, no es permisible la aplicación de ciertos precedentes del ámbito judicial al ámbito administrativo, como erróneamente pretende el recurrente tras citar el fallo precedentemente mencionado; por las razones anotadas corresponde desestimar el argumento sobre este punto.. ..

Finalmente, con relación al argumento del recurrente de que es inoportuna la cita del artículo 5 de la Ley 027 por parte de la Administración Tributaria, toda vez que no se está cuestionando la inconstitucionalidad de las Leyes 291, 317 o 812 sino lo que se observa es la aplicación ilegal e inconstitucional de los artículos contenidos en las mismas; al respecto, corresponde señalar que conforme el análisis realizado precedentemente ante la modificación del artículo 59 de la Ley 2492, la norma subsistente que quedo en vigencia es la Ley 812 de 30 de junio de 2016, en tal sentido, a partir de la abrogación y derogación de las normas contrarias a esta Ley, resulta incuestionable la aplicación de la misma a los actos notificados precisamente en su

afao vigencia, tal y como sucedió en el presente caso, razón por la que no corresponde lo ISO 9001 aludido por el recurrente sobre este punto.

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En el marco de la normativa expuesta y el análisis señalado precedentemente, se concluye que el ejercicio de las facultades de la Administración Tributaria para la determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones por incurrir en la

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apropiación indebida del Impuesto al Valor Agregado, correspondiente a los periodos fiscales de marzo, mayo y diciembre 2011, se encuentran incólumes en aplicación del artículo 59 de la Ley 2492 modificado por las Leyes 291, 317 y 812; consecuentemente, corresponde confirmar la Resolución Determinativa N° 171825002087 (SIN/GDLPZ 11/DF/SVI/RD/01896/2018) de 5 de diciembre de 2018, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales.

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

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RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 171825002087 (SIN/GDLPZ 11/DF/SVI/RD/01896/2018) de 5 de diciembre de 2018, emitida por la Gerencia Distrital La Paz Il del Servicio de Impuestos Nacionales contra SMS Integración y Control Ltda.; consecuentemente, corresponde mantener firme y subsistente las obligaciones impositivas por la apropiación indebida del Impuesto al Valor Agregado, que ascienden a 119.399 UFV’s por concepto de tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción del 100% y multa por incumplimiento a deberes formales, correspondiente a los periodos fiscales de marzo, mayo y diciembre 2011.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código

Tributario y sea con nota de atención.

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CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del Recurso Jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación.

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Regístrese, hágase saber y cúmplase.

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