ARIT-LPZ-RA-0404-2019 Se anula Resolución Administrativa de Acción de Repetición. El contribuyente solicita Acción de Repetición en contra de la Administración Tributaria, en base a una Resolución Jerárquica que declara prescritas las facultades de determinación del IVA, IT y RC-IVA, tomando en cuenta que la solicitud de prescripción fue formulada con anterioridad al procedimiento de ejecución, sin embargo, esta solicitud fue rechazada in limine, acto que fue anulado mediante Recurso Jerárquico. No obstante, el SIN ordena el traspaso de fondos.

ARIT-LPZ-RA-0404-2019

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

  • RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0404/2019 

Recurrente: 

Luis Fernando Martínez Pereira 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

– Impuestos Nacionales, legalmente

representada por Iván Arancibia Zegarra

Acto Impugnado: 

Resolución Administrativa de Acción de Repetición N° 221820000013 (SIN/GDLPZ I/DJCC/TS/RAAR/00012/2018)

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Expediente

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Lugar y Fecha: 

a La Paz, 22 de Marzo de 2019 

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VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 0404/2019 de 21 de marzo de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

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Calidad 

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  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Administrativa de Acción de Repetición N° 221820000013 (SIN/GDLPZ 1/DJCC/TJ/RAAR/00012/2018) de 21 de noviembre de 2018, emitida

afao por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió declarar improcedente la solicitud de acción de repetición, al haberse determinado que el cobro efectivo fue realizado por la Administración Tributaria en pleno ejercicio de sus facultades de ejecución conforme el artículo 110 de la Ley 2492, además que no se enmarca dentro de los tipos de solicitud de acción de repetición por pagos indebidos o pagos en exceso conforme lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 2492.

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 11.1. Argumentos del Recurrente Luis Fernando Martínez Pereira, mediante memorial presentado el 12 de diciembre de 2018, cursante a fojas 7-11 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

Refiere que debido a su avanzada edad, los problemas económicos y de salud que tiene, se vio en la necesidad de evitar una nueva trasgresión de normas por parte del SIN, a este fin ofrece como prueba todos los antecedentes que forman parte del Recurso Jerárquico que concluyó con la Resolución AGIT-RJ 1132/2016, la cual señala que se inició un proceso determinativo por el periodo junio de 1992, por los impuestos IVA, IT y RC-IVA, que derivó en la emisión de la Resolución Determinativa No 000353 de 15 de noviembre de 1995, acto que no le fue notificado; sin embargo, le aplicaron medidas coactivas, motivo por el cual el 16 de octubre de 2001, presentó

memorial solicitando dejar sin efecto la ejecución de medidas al no existir un título

ejecutivo que justifique el accionar del ente fiscal.

Mediante memorial de 12 de marzo de 2002, denunció la nulidad de obrados por falta de notificación con la vista de Cargo, solicitando al mismo tiempo la prescripción de las facultades de la administración para determinar la obligación tributaria; posteriormente, la entidad recaudadora en reconocimiento de las irregularidades cometidas emitió la Resolución Administrativa cursante a fojas 224 a 226 de antecedentes administrativos que declaró prescrita la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de los tributos omitidos, acto administrativo que no le fue notificado. Seguidamente, se emitió la Resolución Administrativa N° 0004 de 17 de enero de 2007, que dispuso anular obrados hasta la notificación con la vista de Cargo, dejando en consecuencia sin efecto la Resolución Determinativa; ante la situación se procedió a la notificación de la Vista de Cargo mediante edictos el 24 de abril de 2008 y se emitió una la Resolución Determinativa N° 0043.

En tal sentido el 11 de septiembre de 2015, reiteró nuevamente la prescripción de las facultades de la administración para determinar la obligación; al efecto, se emitió el Auto Administrativo N° SIN/GDLPZ-1/DJCC/UCC/AUTO/00011/2016, que rechazó la

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solicitud de prescripción opuesta, acto que fue impugnado en la vía administrativa y derivó en la emisión de la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1132/2016, que declaró prescritas las facultades de determinación respecto del periodo fiscal junio 1992 de los impuestos IVA, IT, Y RC-IVA; en tal sentido, en aplicación de la citada resolución y bajo el principio de ejecutoriedad, procedió a solicitar la repetición de montos indebidamente cobrados por la Administración Tributaria, empero, el ente fiscalizador dictó Resolución Administrativa de Rechazo que declaró improcedente la solicitud en cuestión y no consideró la vulneración del derecho a la petición positivamente recogido en el numeral 2 del artículo 68 de la Ley 2492, debido a que no se dio respuesta formal a la solicitud efectuada mediante memorial de 12 de marzo de 2002 y no consideró que no existe deuda tributaria por haber prescrito la misma.

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Considerando el pronunciamiento de la Instancia Jerárquica que goza de ejecutoriedad y tomando en cuenta que la solicitud de prescripción fue formulada con anterioridad al procedimiento de ejecución, lo único que le correspondía era solicitar la repetición de la suma de dinero que le fue cobrada arbitrariamente; sin embargo, tal solicitud fue rechazada in limine mediante Resolución Administrativa No 221720000009 de 1 de diciembre de 2017, acto que fue objeto de impugnación y mereció la emisión de la resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1341/2018 de 4 de junio de 2018, que dispuso anular el Recurso de Alzada ARTI-LPZ/RA 0380/2018, hasta el vicio más antiguo, esto implica inclusive la Resolución Administrativa No 221720000009; no obstante, la Administración Tributaria en franco desconocimiento de la normativa que rige la materia y pese a la existencia de una prescripción reconocida por resolución firme, ordena el traspaso de fondos, situación que se constituye en un error cometido por los funcionarios del Ente Fiscal; agrega, que se debe reconocer la suma arrebatada y no persistir de manera irracional en que se cobró de manera correcta, aduciendo que no existe la figura de la repetición para el cobro arbitrario, para justificar la apropiación indebida.

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Corresponde a la instancia Recursiva delimitar el objeto del recurso, sobre el cual se emitirá la respectiva resolución, tomando en cuenta que de sustentar la improcedencia de la acción de repetición bajo el argumento de que el cobro fue realizado correctamente en ejercicio de sus facultades, es desconocer el efecto de la resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1132/2016. Por otra parte, no se aclaró

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que la prescripción a la facultad de determinar la deuda tributaria fue planteada insistentemente en diferentes etapas del procedimiento administrativo, confundiendo la petición a partir de una supuesta solicitud de prescripción de las facultades de cobro coactivo, circunstancias que conllevan a la vulneración a la seguridad jurídica, además de afectar los derechos de economía y celeridad que consagra el ordenamiento administrativo y que se constituye en un deber de cumplimiento obligatorio por parte de los funcionarios públicos.

No es posible retroceder en lo analizado, valorado y resuelto, es decir, considerando que en el presente caso existe un reconocimiento de la prescripción de las facultades de determinación de la deuda tributaria respecto del IVA, IT y RC-IVA del periodo junio 1992, por tanto no existe deuda tributaria firme y ejecutoriada que pueda ser sujeto a cobro; en tal sentido, cómo puede justificarse la materialización de una medida ejecutiva (transferencia de fondos) que no tiene sustento en una deuda tributaria liquida y exigible; asimismo, la Administración Tributaria no puede justificar la comisión de una delito que viene a ser la exacción, amparándose en el hecho de que la solicitud de acción de repetición no se enmarca dentro de los tipos que dispone el artículo 121 de la Ley 2492, por el contrario, debe buscar un remedio administrativo para restituir lo cobrado erróneamente con la finalidad de no incurrir en la comisión del citado delito previsto en el artículo 152 del Código Penal.

Se advierte la falta de cumplimiento a las obligaciones de la función pública y la vulneración del derecho administrativo, cuando el Ente Fiscal simplemente rechaza la pretensión en cuestión, argumentando que la misma no se enmarca dentro de los tipos de solicitud de acción de repetición, situación que deja al ahora recurrente en completa indefensión al no viabilizar un procedimiento que permita la restitución de los fondos que se cobraron de manera ilegal; asimismo, el hecho de que no exista un procedimiento específico, no es problema del administrado y no puede constituirse en un argumento que mitigue la culpa en la apropiación indebida que comete la Administración Tributaria.

En caso de que no se logre que la Administración Tributaria cumpla con el fallo en mérito al cual se reconoce la prescripción de las facultades para determinar la obligación del periodo fiscal junio de 1992 por el IVA, IT y RC-IVA y se demuestra la

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ilegalidad de la transferencia de fondos de sus cuentas que hizo el Ente Fiscal, correspondería iniciar no solo las acciones de defensa constitucionales previstas, sino también los respectivos procesos por exacción contra los autores, cómplices y encubridores de este delito.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución Administrativa de Acción de Repetición N° 221820000013 (SIN/GDLPZ 1/DJCC/TJ/RAAR/00012/2018) de 21 de noviembre de 2018.

11.2. Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Luis Fernando Martínez Pereira, fue admitido mediante Auto de 19 de diciembre de 2018, notificado de forma personal al recurrente el 28 de diciembre de 2018 y mediante cédula al Gerente Distrital :La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 31 de diciembre del mismo año; fojas 12 y 14-18 de obrados.

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11.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente representada por “Iván Arancibia Zegarra conforme , acredita – la Resolución Administrativa de Presidencia No 031700001413 de 29 de septiembre de 2017, mediante memorial presentado el 16 de enero de 2019, cursante a fojas 21-25 de obrados, respondió negativamente, expresando lo siguiente:

El recurrente de forma falaz argumenta que se inició un proceso determinativo por el periodo junio 1992 y que derivó en la Resolución Determinativa N° 353 de 15 de noviembre de 1995, acto que no le fue notificado y que luego se aplicaron medidas coactivas y que ante aquella irregularidad denunció la nulidad por falta de notificación con la vista de Cargo, además que solicitó prescripción de determinar la afaq 

ISO 9001 obligación tributaria; aspectos que no son susceptibles de revisión dentro del presente Recurso de Alzada, toda vez que el mismo contribuyente interpuso recurso invocando prescripción, la cual mereció una resolución y que a la fecha se encuentra firme y subsistente, por tanto es evidente que el recurrente actúa de mala fe y ante la falta de argumento recurre a una serie de hechos que fueron debidamente revisados; en ese entendido, el ente fiscal actuó dentro de los parámetros de la seguridad

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jurídica, aplicando objetivamente las normas tributarias, poseyendo en contribuyente pleno conocimiento de cuáles eran sus derechos y obligaciones en el marco del debido proceso, cuidando que asuma defensa; añade, que la instancia recursiva debe limitarse a analizar la acción de repetición y no otros argumentos que no se encuentran inmersos en el acto administrativo objeto de impugnación.

El adeudo tributario que originó la retención, remisión y posterior cobro efectivo de Bs226.028.-, fue realizado el 23 de septiembre de 2015, es decir un año antes de que se declare prescrita la facultad de cobro mediante la incorrecta Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1132/2016, por lo que el recurrente hasta antes de la impugnación del Auto Administrativo No 011/2016, que rechazó la prescripción planteada, tenía la obligación tributaria de pagar la deuda firme y ejecutoriada establecida en la Resolución Determinativa N° 0043 de 24 de abril de 2008, mismo que originó el PIET 200920100467 de 30 de junio de 2009.

La solicitud de acción de repetición, no se encuentra alcanzada por el marco normativo establecido en el artículo 121 y siguientes de la Ley 2492, ni por la RND 10-0048-13, en razón a que dicha norma no contempla como causal para la procedencia de la acción de repetición la figura de cobro indebido invocada por el contribuyente, tomando, como causales solo los pagos en exceso o pagos indebidos. en los cuales el contribuyente es quien efectúa el pago y no así las retenciones, remisiones y cobros efectivos efectuados por la Administración Tributaria; asimismo, las obligaciones tributarias no prescriben de oficio, lo cual permite legalmente al ente fiscal recibir pagos por tributos en los cuales las acciones para su determinación o ejecución hayan prescrito y no se puede devolver esos montos pagados mediante acción de repetición, en tal sentido, no corresponde la incorrecta solicitud del recurrente.

En el Recurso de Alzada se utilizan términos que no condicen con los manuales de ética, derechos y deberes de los abogados insertos en la Ley 387, debido a que expresa improperios y falta a la verdad, además de realizar una serie se aseveraciones atemorizantes, amenazantes y que se constituyen delitos; al respecto, el ahora recurrente puede acudir a la vía que considere legal para atender su solicitud, empero se demostró en el presente caso que los actos jurídicos que

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celebró la Administración Tributaria, a efecto de atender la solicitud de acción de repetición, la realizó bajo la égida del respeto a los derechos, reglas y principios y garantías básicas fijadas por el orden jurídico nacional; asimismo, se debe considerar que de conformidad al artículo 64 de la Ley 2492, la Administración Tributaria no puede crear procedimientos a simple solicitud o voluntad del contribuyente.

Por otra parte el ahora recurrente reconoce de manera expresa que no se pudo llenar la solicitud de acción de repetición, al señalar:“no pudo ser llenado en razón a que no cumple con la característica del trámite, puesto que no se trata de pago indebido y tampoco un pago en exceso”; hecho que demuestra que el recurrente reconoce que no se aplica la acción de repetición para aceptar su solicitud, de lo que se infiere que tales declaraciones deben ser asimiladas como confesiones espontáneas, siendo aplicable el axioma “a confesión de parte relevo de pruebas”, mismas que merecen fe probatoria conforme disponen los artículos 157 parágrafo III y 162 del. Nuevo Código Procesal Civil, concordante con el artículo 1321 del Código Civil aplicable a la materia por imperio del artículo 5, 77 y 215 de la Ley 2492; añade, que en cumplimiento del artículo 198 y 211 del Código Tributario, esta instancia recursiva solo debe pronunciarse sobre los argumentos planteados por el recurrente y no emitir resoluciones ultra y extra petita; al respecto, cita el Auto Supremo N° 194 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0135/2011. .

Conforme los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa de Acción de Repetición N° 221820000013 (SIN/GDLPZ I/DJCC/TJ/RAAR/00012/2018) de 21 de noviembre de 2018.

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II.4. Apertura de término probatorio y producción de pruebas Mediante Auto de 17 de enero de 2019, se dispuso la apertura del término de prueba afaq de 20 días comunes y perentorios para ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada en secretaría tanto al recurrente como a la Administración Tributaria el 23 de enero de 2019; fojas 26-27 IQNet de obrados.

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Mediante memorial presentado el 12 de febrero de 2019, Luis Fernando Martínez Pereira ofreció y ratificó todos los antecedentes, argumentos y documentación presentada como descargos ante la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales, así también la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1132/2016, Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1341/2018. y Resolución Administrativa de Acción de Repetición No 221820000013; al respecto, por Proveido de 13 de febrero de 2019, se dio por ofrecida la prueba documental en tanto cumpla lo dispuesto en los artículos 81 y 217 del Código Tributario; fojas 28-30 de obrados.

Con memorial presentado el 12 de febrero de 2019, la Administración Tributaria ofreció, propuso, reprodujo y ratificó las pruebas presentadas a momento de responder el Recurso de Alzada consistente en los antecedentes administrativos; al respecto, por Proveido de 13 de febrero de 2019, se dio por ratificada la prueba documental; fojas 31-32 de obrados.

11.5. Alegatos Mediante memorial de 1 de marzo de 2019, el recurrente expuso sus alegatos en conclusiones ratificando los argumentos de su Recurso de Alzada consistentes en el hecho de que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1132/2016 declaró la

prescripción de las facultades de determinar la deuda tributaria, sin embargo, la

Administración Tributaria realizó cobros de manera arbitraria, siendo el único respaldo del rechazo a la acción de repetición planteada, que la solicitud no se enmarca dentro la normativa vigente; asimismo, resulta inadmisible que el Ente Fiscal utilice el aforismo “a confesión de parte, relevo de pruebas”, debido a que el conflicto se generó a partir de errores procesales cometidos por la administración, entre ellos la falta de procedimiento o inexistencia de formularios adecuados; al respecto, el Proveido de 6 de marzo de 2019, dio por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria; fojas 35-37 de obrados.

La Administración Tributaria recurrida no presentó alegatos en conclusiones, conforme establece el artículo 210 parágrafo il de la Ley 2492.

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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA Luis Fernando Martínez Pereira, mediante memorial recepcionado en la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales el 23 de febrero de 2017, solicitó acción de repetición y levantamiento de medidas de ejecución tributaria argumentando el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de repetición de los montos indebidamente cobrados por concepto de IVA, IT y RC-IVA del periodo fiscal junio 1992 por la suma de Bs226.028.-; fojas 9-10 de antecedentes administrativos.

Mediante Proveido No 241720000111 de 29 de marzo de 2017, la Administración Tributaria puso en conocimiento del ahora recurrente que debía adecuar su solicitud conforme lo establecido en la RND 10-0048-13, referido al procedimiento para la solicitud de acción de repetición, aspecto que debía ser subsanado en plazo de 5 días conforme lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 2341, actuación notificada de manera personal el 5 de abril de 2017; fojas 37 de antecedentes administrativos

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A través de la nota de 12 de abril de 2017, dirigida al Gerente Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, Luis Fernando Martínez Pereira dio a conocer que el formulario 576 v2, no pudo ser llenado en razón a que tal formulario no cumple con las características del trámite, toda vez que no se trata ni de pago indebido y tampoco pago en exceso, haciendo notar que el ente fiscal a través de una orden de transferencia transfirió los fondos de su caja de ahorro a las cuentas fiscales; asimismo, solicitó documentación legalizada de todos los respaldos del depósito a cuentas fiscales realizado por el ente fiscal y copias de los oficios relativos al levantamiento de medidas coactivas; fojas 35-36 de antecédentes administrativos.

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Mediante nota 061700015543 de 29 de septiembre de 2017, la Gerencia Nacional de afaq Empadronamiento y Recaudación, efectuó la entrega en fotocopia legalizada de la boleta de pago de pago N° 1000 con número de orden 4579977; fojas 11-12 de antecedentes administrativos.

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El Informe CITE: SIN/GDLPZ-1/DRE/INF/6469/2017 de 25 de octubre de 2017, estableció la procedencia de la solicitud de acción de repetición en cuanto a la

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presentación de requisitos y sugirió la remisión de los antecedentes administrativos al Departamento Jurídico, a efectos de la verificación de adeudos y el procesamiento del trámite, conforme lo establecido en el artículo 13 de la RND 10-0048-13; fojas 38 39 de antecedentes administrativos.

El Informe CITE: SIN/GDLPZ-I/DJCC/TJ/INF/05018/2017 de 13 de noviembre de 2017, estableció que revisados y analizados los aspectos de forma de la solicitud y documentación de respaldo presentada por el contribuyente, se concluye la improcedencia de la solicitud de la acción de repetición y recomendó la emisión de la Resolución Administrativa de Rechazo de la Solicitud de Acción de Repetición, conforme al Manual de Procedimientos correspondiente; fojas 44-46 de antecedentes administrativos.

La Resolución Administrativa de Acción de Repetición N° 221720000009 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/UTJ/RA/00131/2017) de 1 de diciembre de 2017, resolvió

declarar improcedente la solicitud de acción de repetición, toda vez al haber

determinado que los cobros efectivos realizados por la Administración Tributaria en pleno ejercicio de sus facultades de ejecución no se enmarca dentro de los tipos de solicitud de acción de repetición por pagos indebidos o pagos en exceso y que lo. pagado para satisfacer una obligación prescrita no puede ser objeto de repetición, sea conforme lo dispuesto en el artículo 121 y 123 parágrafo III de la Ley 2492 y numeral 1 parágrafo I, numeral 8 parágrafo II del artículo 6 de la RND 10-0048-13; acto notificado de manera personal al contribuyente el 6 de diciembre de 2017; fojas 52-57 de antecedentes administrativos.

La Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 0380/2018 de 19 de marzo de 2018, que resolvió confirmar la Resolución Administrativa de Acción de Repetición N° 221720000009 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/UTU/RA/00131/2017) de 1 de diciembre de 2017, manteniendo firme y subsistente el rechazo a la solicitud de acción de repetición; fojas 125-137 de antecedentes administrativos.

….

La Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1341/2018 de 4 de junio de 2018, que resolvió anular la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0380/2018, con reposición hasta el

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vicio más antiguo, esto es la Resolución Administrativa de Acción de Repetición No 221720000009 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/UTJ/RA/00131/2017), a objeto de que la Administración Tributaria emita un nuevo acto administrativo que contenga los fundamentos de hecho y de derecho que motiven su decisión de acuerdo a los artículos 28 inciso e) de la Ley 2341 y 31 del DS 27113; fojas 140-149 de antecedentes administrativos.

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Con nota presentada ante la Administración Tributaria el 13 de agosto de 2018, Luis Fernando Martinez Pereira, solicitó, conforme lo dispuesto por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1341/2018, subsanar los vicios procesales con la debida motivación y congruencia con el fin de que se otorgue su derecho a la acción de repetición. Señaló también considerar que la anterior Resolución de Recurso Jerárquico declaró prescrito el periodo junio. 1992 y que el cobro efectuado a través del traspaso de cuentas, motivó la presentación de la presente acción de repetición; agrega que según el ente fiscal su solicitud no se enmarca dentro de los tipos comprendidos en la acción de repetición, no obstante la instancia jerárquica estableció que la Resolución Administrativa de Acción de Repetición N° 221720000009, que rechazó su solicitud, fue incongruente y carente de fundamentación, en ese sentido, solicitó al ente fiscal-subsane los vicios de forma, conforme exige la ley tributaria, a fin de lograr la devolución del dinero que fue cobrado de manera arbitraria; fojas: 151-152 de antecedentes administrativos

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La Resolución Administrativa de Acción de Repetición N° 221820000013 (SIN/GDLPZ I/DJCC/TJ/RAAR/00012/2018) de 21 de noviembre de 2018, resolvió declarar improcedente la solicitud de acción de repetición, toda vez que al haber determinado cobros efectivos realizados por la Administración Tributaria en pleno ejercicio de sus facultades de ejecución no se enmarca dentro de los tipos de solicitud de acción de repetición por pagos indebidos o pagos en exceso; acto afaq 

ISO 9001 notificado de manera personal el 23 de noviembre de 2018; fojas \154-158 de! antecedentes administrativos.

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  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos,

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compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-11l del referido Código Tributario, se tiene:

.

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se abocará únicamente al análisis

de los agravios manifestados por Luis Fernando Martínez Pereira en su Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.

IV:1. Vicios de nulidad 

Luis Fernando Martínez Pereira en su Recurso de Alzada, señala que el pronunciamiento emitido por instancia Jerárquica goza de ejecutoriedad y considerando que la solicitud de prescripción fue formulada con anterioridad al procedimiento de ejecución, lo que correspondía era solicitar la Acción de Repetición de la suma que le fue cobrada arbitrariamente; sin embargo, su solicitud fue rechazada in limine mediante Resolución Administrativa N° 221720000009 de 1 de diciembre de 2017, acto que fue impugnado, mismo que derivó en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1341/2018 de 4 de junio de 2018, que dispuso anular el Recurso de Alzada ARTI-LPZ/RA 0380/2018, hasta la Resolución Administrativa No 221720000009; agrega que el ente fiscal en desconocimiento de la normativa que rige la materia y pese a la existencia de una prescripción reconocida por resolución firme, ordenó el traspaso de fondos, aspecto que se constituye en un error cometido por los funcionarios del Ente Fiscal; asimismo refiere que la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1132/2016, que declaró prescritas las facultades de determinación respecto del periodo fiscal junio 1992; en tal sentido, en aplicación de la citada resolución y bajo el principio de ejecutoriedad, procedió a solicitar la repetición de montos indebidamente cobrados.

La Administración Tributaria en respuesta al Recurso de Alzada señala que actuó dentro de los parámetros de la seguridad jurídica, aplicando objetivamente las normas jurídicas tributarias, poseyendo el contribuyente pleno conocimiento de

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cuáles eran sus derechos y obligaciones en el marco del debido proceso, cuidando que asuma defensa; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

La Constitución Política del Estado en su artículo 115 parágrafo Il establece que: El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones

El artículo 117 de la Constitución Política del Estado establece que: 1. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oida y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrisanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos se– inmediata al cumplimiento de su condena. III. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos por ley, 

.

.

.

El artículo 68 de la Ley 2492, en relación a los derechos del sujeto pasivo en sus numerales 2 y 6, disponen: 2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este. Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código

La Ley 2341 en su artículo 16 señala: En su relación con la Administración Pública, las personas tienen los siguientes derechos: a. A formular peticiones ante la Administración Pública, individual o colectivamente. h. A obtener una respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes que 

formulen. 

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El artículo 28 de la Ley 2341, establece: Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; 

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  1. b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de caus

y en el derecho aplicable; C) Objeto: El objeto debe ser cierto, licito y materialmente posible; d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos 

esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del 

ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos 

indicados en el inciso b) del presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

El artículo 36 de la Ley 2341, menciona: I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de 

los interesados. 

El artículo 31 parágrafos I y II del DS 27113, disponen: I. Serán motivados los actos señalados en el Artículo 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo y además los que: a) Decidan sobre derechos subjetivos e intereses legítimos. b) Resuelvan peticiones, solicitudes o reclamaciones de administrados. c) Resulten del ejercicio de atribuciones discrecionales. II. La motivación expresará sucintamente los antecedentes y circunstancias que resulten del expediente; consignará las razones de hecho y de derecho que justifican el dictado del acto; individualizará la norma aplicada, y valorará las pruebas determinantes para la decisión. · .

De inicio corresponde señalar que el debido proceso debe entenderse como una manifestación del Estado que busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades públicas, procurando en todo momento el respeto a las formas propias de cada juicio; así entonces, las situaciones de controversia que surjan de cualquier tipo de proceso, requieren de una regulación jurídica previa que limite los poderes del Estado y establezcan el respeto de los derechos y obligaciones de los sujetos procesales, de manera que ninguna actuación de las autoridades dependa

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de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la Ley o los reglamentos.

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso debe observarse en toda clase de actuaciones administrativas, es decir, que obliga a los organismos y dependencias de la administración pública; toda vez que dicho precepto constitucional establece de manera expresa que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se traduce que los actos y actuaciones en un proceso administrativo deben ajustarse no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales, con ello, se pretende garantizar el correcto ejercicio de la administración pública a través de la expedición de actos administrativos que no resulten: arbitrarios y por ende contrarios a los principios del Estado de derecho.

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Se hace necesario también señalar que toda autoridad administrativa tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad, a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales,” legales o reglamentarios vigentes. De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y a controvertir las pruebas a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las

garantias establecidas en su beneficio.

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Bajo los lineamientos citados y a objeto de una adecuada comprensión de la problemática que nos ocupa analizar, es necesario realizar una previa afaq contextualización de las principales actuaciones administrativas; sin embargo, se aclara que los datos señalados a continuación así como las decisiones adoptadas en relación al presente caso forman parte de los antecedentes con los que cuenta la LONet Autoridad de Impugnación Tributaria y fueron conocidos del contenido de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0488/2016 de 4 de julio de 2016 y

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Justicia tributaria para vivir bien . . Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)

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II

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1132/2016 de 19 de septiembre de 2016, en ese sentido, se tiene lo siguiente:

Mediante la Orden N° 49/302, la Administración Tributaria instauró un proceso de fiscalización en contra del contribuyente Luís Fernando Martínez Pereira en relación a los impuestos IVA, IT y RC-IVA de las gestiones fiscales 1988, 1989, 1990, 1991 y 1992; la Vista de Cargo LP-002 N° 000139 de 26 de mayo de 1995, en su parte pertinente señaló: “Como resultado del mencionado procedimiento y a raíz de la verificación fiscal efectuada por el Sector de Fiscalización dependiente de este Organismo, se comprobó que el contribuyente Sr. LUIS FERNANDO MARTINEZ PEREIRA, ha consignado a las declaraciones juradas presentadas a esta Dirección General, correspondientes a los periodos fiscales de la gestión 01/92 a 12/92, datos que difieren de los verificados por la inspección actuante, no habiendo determinado 

el impuesto en su justa medida. Por lo expuesto, se ajustaron las bases imponibles 

reliquidándose el tributo en base a la determinación de ingresos no declarados y depuración del crédito fiscal...; acto administrativo preliminar notificado mediante

cédula al contribuyente el 29 de junio de 1995.

La Resolución Determinativa LP-002 N° 000353 de 15 de noviembre de 1995, en cuanto a los impuestos IVA, IT y RC-IVA, resolvió: “Determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente Sr: LUIS F. MARTÍNEZ PEREIRA las que ascienden…..”, notificada al contribuyente por edictos publicados el 28, 29 y 30 de diciembre de 2001. Por memorial presentado en la Administración Tributaria el 16 de octubre de 2001, Luís Fernando Martínez Pereira, señaló: “..., no existiendo título con fuerza coactiva establecido en el art. 306 del Código Tributario, NO CORRESPONDE LA APLICACIÓN DE MEDIDA PRECAUTORIA ALGUNA, por lo que solicito en estricta justicia y salvando mis derechos constitucionales SE SIRVA ORDENAR SE LEVANTEN LAS MISMAS Y SEA A LA BREVEDAD POSIBLE, por el perjuicio económico que me significa, reservándome acciones por daños y perjuicios si correspondiera ante la negativa o retardo injustificado

Mediante memorial presentado en la Administración Tributaria el 12 de marzo de 2002, Luís Fernando Martínez Pereira, solicitó: “.... la notificación de la Vista de 

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.1:

Cargo nunca se realizó por uno u otro motivo señalado, por lo que corresponde ANULAR DICHA ACTUACIÓN POR VICIOS PROCESALES y conforme la atribución del art. 3 inc. 1, art. 90 y 91 todos del Código de Procedimiento Civil, sobre el cumplimiento e interpretación de las normas procesales las actuaciones de la Administración Tributaria son nulas de pleno derecho por todo lo señalado y demostrado, SOLICITANDO A SU AUTORIDAD SE SIRVA ANULAR OBRADOS HASTA EL VICIO MÁS ANTIGUO, ES DECIR LA NOTIFICACIÓN DE LA VISTA DE CARGO. DE NO PROCEDER CONFORME A DERECHO TAMBIÉN ES PRECISO ANOTAR QUE LA RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN NO SE ENCUENTRA NOTIFICADA TAL CUAL CONSTA EN OBRADOS Y RECONOCIDA POR EL ÚLTIMO ACTO ADMINISTRATIVO”, posteriormente señaló: “6. De pretender validar las nulas actuaciones de notificación de la Vista de Cargo, la prescripción de la misma también se encuentra cumplida y más aún si la propia RESOLUCIÓN DETERMINATIVA nunca se notifico tal cual consta en obrados, por lo que al amparo del artículo 59 del Código Tributario opongo la PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA por el transcurso del tiempo del plazo de 5 años… en ese sentido y reiterando la invocación del art. 52 de la norma tributaria sobre la ACCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PARA DETERMINAR LA OBLIGACIÓN IMPOSITIVA QUE PRESCRIBE A LOS 5 AÑOS; demuestro y reitero mi solicitud de Prescripción pues no existe procedimiento de determinación notificado al s contribuyente”. 

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El Pliego de Cargo N° 1193/02 de 26 de agosto de 2002, se emitió de acuerdo a la Resolución Determinativa LP-002 N° 000353 de 15 de noviembre de 1995, por concepto de “impuestos omitidos IVA, IT, RC-IVA y multa calificada” por el monto total adeudado de Bs668.057.

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La Resolución Administrativa N° 0004 de 17 de enero de 2007, en su parte afaq pertinente señaló: “Que el contribuyente Luís Fernando Martínez Pereira presenta memorial en fecha 12/03/02, solicitando la nulidad de obrados y oponiendo prescripción de los actos administrativos, señalando que no se enteró de los resultados de la fiscalización iniciada a su persona por los periodos fiscales 01/92 al 12/92 ni del inicio de la misma porque no fue notificado,….., señalando así mismo que, al no habérsele notificado legalmente con ningún acto administrativo de

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proceso de determinación de oficio, los periodos fiscalizados habrían prescrito de acuerdo al Art. 52 del Código Tributario, oponiendo la prescripción y archivo de obrados”, más adelante en su análisis, mencionó: “Que, al no haberse notificado legalmente al contribuyente Luís Fernando Martínez Pereira con la vista de Cargo LP002 N° 00139 pues, dicha actuación se realizó en domicilio distinto al señalado y registrado ante la Administración Tributaria, situación que infringe lo determinado por: el Art. 36 de la Ley 1340....consecuentemente no se habría cumplido el procedimiento correspondiente para la emisión de la Resolución Determinativa LP 002 N° 000353 de fecha 15/11/95...”, en ese entendido, resolvió: “ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta fojas 159 inclusive, debiendo procederse a la notificación con la vista de Cargo LP-002 N° 00139 emitida en fecha 26 de mayo de 1995 al contribuyente LUIS FERNANDO MARTÍNEZ PEREIRA, conforme a las previsiones del Art. 159 de la Ley N° 1340 en lo que corresponda, en consecuencia, se deja sin efecto legal la Resolución Determinativa LP-002 N° 000353 de 15/11/95”, acto administrativo notificado mediante edictos publicados el 18 y 22 de junio de 2007.

En cumplimiento a la Resolución Administrativa N° 0004 de 17 de enero de 2007, la Vista de Cargo LP-002 N° 000139 de 26 de mayo de 1995, fue notificada al contribuyente mediante edictos publicados el 16, 22 y 28 de enero de 2008; al respecto, el ente recaudador mediante el Informe Complementario CITE: GDLP/DF/SFE/INF-0702/08 de 21 de febrero de 2008, señala: “Dentro del término establecido en el artículo 169 de la Ley N° 1340, el contribuyente “LUIS FERNANDO MARTINEZ PEREIRA” no presentó ninguna documentación de descargo que desvirtúe lo establecido en la vista de Cargo N° LP-002 N° 000139 el 26/05/1995, ni canceló lo determinado por Fiscalización

La Resolución Determinativa GDLP/DJTCC/UJT N° 0043 de 24 de abril de 2008, en su artículo primero estableció: “Determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente LUIS FERNANDO MARTINEZ PEREIRA, que ascienden a un total de Bs1.496.802.– (Un millón cuatrocientos noventa y seis mil ochocientos dos 00/100 Bolivianos) por concepto de Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.), Impuesto a las Transacciones (I.T.), Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (R.C.– 1.V.A.), mantenimiento de 

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valor, intereses, multa por mora y multa por incumplimiento a deberes formales del periodo fiscal: Junio/1992,.….”, acto administrativo notificado al contribuyente mediante edictos publicados e! 23 y 27 de diciembre de 2008.

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El Proveido de Inicio de Ejecución. Tributaria CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCCIPIET/200920100467 de 30 de junio de 2009, estableció que al. estar firmé y ejecutoriada la Resolución Determinativa GDLP/DJTCC/UJT N° 0043 de 24 de abril de 2008, por concepto de deuda tributaria liquidada al 24 de abril de 2008’de Bs2.037.996.- se anunció al contribuyente Luís Fernando Martínez Pereira que se daría inicio a la ejecución tributaria del mencionado Título al tercer día de su legal notificación con el citado proveído a partir del cual se realizarían las medidas coactivas, actuación notificada por edictos publicados el 22 y 27 de diciembre de 2009; a cuyo efecto, el Banco Nacional de Bolivia en cumplimiento a los instruido por la ASFI, mediante ņota dirigida al Gerente Distrital La Paz del SIN remitió el Cheque de Gerencia No 056121 por la suma de Bs226:028.-; fojas 15 de antecedentes administrativos.

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Mediante nota presentada en la Administración Tributaria el 11 de septiembre de 2015, Luís Fernando Martínez Pereira, entre otros extremos, solicitó se emita pronunciamiento sobre la prescripción invocada mediante el memorial presentado el: 12 de marzo de 2002, asimismo, opuso nuevamente prescripción respecto a sus facultades y el levantamiento de todas las medidas coactivas dispuestas en su

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El Auto Administrativo N° 011/2016 (25-01050-16 – CITE: SIN/GDLPZ 1/DJCC/UCC/AUTO/00011/2016) de 3 de marzo de 2016, en su artículo primero resolvió: “RECHAZAR la solicitud de prescripción opuesta por el contribuyente MARTÍNEZ PEREIRA LUIS FERNANDO con RUC 2191946, debiendo proseguirse afaq con la ejecución tributaria iniciada mediante el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/200920100467 de fecha 30 de junio de 2009, quedando firmes y subsistentes las medidas coactivas emergentes de éste, IQNet sea de conformidad con lo previsto por los artículos 52 y siguientes de la Ley N° 1340 y artículos 1497 y 1498 del Código Civil (aplicado por analogía y supletoriedad 

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conforme lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley N° 1340)”, acto administrativo definitivo notificado de forma personal el 14 de marzo de 2016.

El citado acto administrativo fue objeto de impugnación mediante Recurso de Alzada, al efecto, ésta Instancia de Alzada emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT LPZ/RA 0488/2016 de 4 de julio de 2016, que resolvió confirmar el Auto Administrativo N° 011/2016, manteniendo firme y subsistente la facultad de ejecución tributaria; decisión que posteriormente fue impugnada mediante Recurso Jerárquico, al efecto, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1132/2016 de 19 de septiembre de 2016, que resolvió revocar totalmente la citada Resolución de Alzada, dejando sin efecto legal el Auto Administrativo N° 011/2016 (25-01050-16 – CITE: SIN/GDLPZ I/DJCC/UCCIAUTO/00011/2016) y declaró prescritas las facultades de determinación de la deuda tributaria respecto al IVA, IT, RC-IVA del periodo junio 1992.

Como consecuencia de lo anterior Luis Fernando Martínez Pereira, mediante memorial recepcionado en la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, el 23 de febrero de 2017, solicitó acción de repetición y levantamiento de medidas de ejecución tributaria, argumentando el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de repetición de los montos indebidamente cobrados por concepto de IVA, IT y RC-IVA del periodo fiscal junio 1992 por la suma de Bs226.028; fojas 9-10 de antecedentes administrativos.

De acuerdo al Proveido N° 241720000111 de 29 de marzo de 2017, la Administración Tributaria puso en conocimiento del ahora recurrente que debía adecuar su solicitud conforme lo establecido en la RND 10-0048-13, ‘referido al procedimiento para la solicitud de acción de repetición, aspecto que debía ser subsanado en plazo de 5 días conforme lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 2341, actuación notificada de manera personal el 5 de abril de 2017; fojas 37 de antecedentes administrativos.

Al efecto, mediante nota de 12 de abril de 2017, dirigida al Gerente Distrital La Paz | del Servicio de Impuestos Nacionales, Luis Fernando Martínez Pereira dio a conocer

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que el formulario 576 v2, no pudo ser llenado en razón a que tal formulario no cumple con las características del trámite, toda vez que no se trata ni de pago indebido ni tampoco de pago en exceso, haciendo notar que el ente fiscal a través de una orden de transferencia, procedió a transferir los fondos de su caja de ahorro a las cuentas fiscales; asimismo, solicitó documentación legalizada de todos los respaldos del depósito a cuentas fiscales realizado por el ente fiscal y copias de los oficios. relativos al levantamiento de medidas coactivas; fojas 35-36 de antecedentes administrativos.

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Mediante nota 061700015543 de 29 de septiembre de 2017, la Gerencia Nacional de Empadronamiento y Recaudación, efectuó la entrega en fotocopia legalizada de la boleta de pago de pago N° 1000 con número de orden 4579977; fojas 11-12 de antecedentes administrativos. *** :

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El Informe. CITE: SIN/GDLPZ-1/DRE/INF/6469/2017 de 25 de octubre de 2017, estableció la procedencia de la solicitud de acción de repetición en cuanto a la presentación de requisitos y sugirió la remisión de los antecedentes administrativos al Departamento Jurídico, a efectos de la verificación de adeudos y el procesamiento del trámite, conforme lo establecido en el artículo 13 de la RND 10-0048-13; fojas 38 39 de antecedentes administrativos.

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El Informe CITE: SIN/GDLPZ-I/DJCC/T/INF/05018/2017 de 13 de noviembre de

2017, estableció que revisados y analizados los aspectos de forma de la solicitud y documentación de respaldo presentada por el contribuyente, se concluye la improcedencia de la solicitud de la acción de repetición y recomendó la emisión de la Resolución Administrativa de Rechazo de la Solicitud de Acción de Repetición, conforme al Manual de Procedimientos correspondiente; fojas 44-46 de antecedentes administrativos.

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La Resolución Administrativa de Acción de Repetición N° 221720000009 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/UTJ/RA/00131/2017) de 1 de diciembre de 2017, resolvió declarar improcedente la solicitud de acción de repetición, toda vez que al haber determinado cobros efectivos realizados por la Administración Tributaria en pleno ejercicio de sus facultades de ejecución, no se enmarca dentro de los tipos de

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solicitud de acción de repetición por pagos indebidos o pagos en exceso; acto notificado de manera personal el 6 de diciembre de 2017; fojas 52-57 de antecedentes administrativos.

La Resolución Administrativa de Acción de Repetición, antes citada fue objeto de impugnación mediante Recurso de Alzada, al efecto, ésta Instancia de Alzada emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0380/2018 de 19 de marzo de 2018, que resolvió confirmar la Resolución Administrativa de Acción de Repetición N° 221720000009 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/UTJ/RA/00131/2017) de 1.de diciembre de 2017, manteniendo firme y subsistente el rechazo a la solicitud de acción de repetición; decisión que posteriormente fue impugnada mediante Recurso Jerárquico, al efecto, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1341/2018 de 4 de junio de 2018, que resolvió anular la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0380/2018, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es la Resolución Administrativa de Acción de Repetición N° 221720000009 (SIN/GDLPZ-1/DJCCIUTJ/RA/00131/2017), a objeto de que la Administración Tributaria emita un nuevo acto administrativo que contenga los fundamentos de hecho y de derecho que motiven su decisión; fojas 125-137 y 140-149 de antecedentes administrativos.

Mediante nota presentada ante la Administración Tributaria el 13 de agosto de 2018, Luis Fernando Martínez Pereira solicitó que conforme lo dispuesto por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1341/2018, se subsanen los vicios procesales con la debida motivación y congruencia, con el fin de que se otorgue su derecho a la acción de repetición solicitada; asimismo, pidió que se considere su delicado estado de salud, su condición de adulto mayor, se tenga presente que la Resolución de Recurso Jerárquico declaró prescrito el periodo junio 1992 y que el cobro efectuado a través del traspaso de cuentas motivó la presentación de la acción de repetición en cuestión; fojas 151-152 de antecedentes administrativos.

De manera posterior, en cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ 1341/2018 de 4 de junio de 2018, el sujeto activo emitió la Resolución Administrativa de Acción de Repetición N° 221820000013 (SIN/GDLPZ 1/DJCC/TS/RAAR/00012/2018) de 21 de noviembre de 2018, a cuyo efecto resolvió

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

declarar improcedente la solicitud de acción de repetición, al haberse determinado que el cobro efectivo fue realizado por la Administración Tributaria en pleno ejercicio de sus facultades de ejecución, además que no se enmarca dentro de los tipos de solicitud de acción de repetición por pagos indebidos o pagos en exceso conforme lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 2492, acto notificado de manera personal el 23 de noviembre de 2018; fojas 154-158 de antecedentes administrativos.

Conforme lo relacionado precedentemente, se hace ‘ necesario verificar el

cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1341/2018 de 4 de junio

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de 2018, por parte de la Administración Tributaria, en ese sentido, se tiene lo siguiente:

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(fojas 140-149 de antecedentes administrativos) ; xiii. De la revisión de la Resolución Administrativa de Acción de Repetición N° 221720000009, (CITE: SIN/GDLPZ-IDICCIUTJ/RA/00131/2017) se advierte que en la parte considerativa: “CONSIDERANDO, indicó: “Que, del análisis se colige que la solicitud de Acción de Repetición del contribuyente (…) por Cobio Indebido (sic) no se encuentra alcanzada por el marco normativo establecido en el artículo 121 ġ siguientes de la Ley N° 2492 ni por la Resolución Normativa de Directorio 10.0048.13, en razón de que la norma no contempla como una causal para la procedencia de la acción de repetición la figura del Cobro Indebido (sic) invocada por el contribuyente, tomando como causales solo los pagos en exceso o pagos indebidos en los cuales el contribuyente es quien efectúa el pago y no así las retenciones, remisiones y cobros efectuados por la Administración Tributaria en el ejercicio de sus facultades del cobro coactivo ante una deuda firme y ejecutoriada que no ha sido honrada por parte del contribuyente”. ***** xiv. Continuando con el análisis se evidencia que la referida Resolución Administrativa Acción de Repetición en la parte considerativa señaló: “Que, asimismo la retención remisión y cobro efectivo de los Bs226.028 (…) de fecha 23 de septiembre de 2015 por parte de la Administración Tributaria fueron efectuados para satisfacer una obligación firme y ejecutoriada en pleno ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 110 de la Ley N° 2492, mucho antes de que se declaren prescritas las facultades de determinación de la deuda tributaria (…) mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1132/2016 de fecha 19 de septiembre de 2016, por lo que lo pagado para satisfacer una obligación prescrita no puede ser objeto de repetición”. xv. En ese sentido se observa que la Resolución Administrativa de Acción de Repetición, en la parte resolutiva estableció: “Primero.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Acción de repetición presentada por el contribuyente LUIS FERNANDO MARTINEZ PEREIRA (…) al haberse detectado que los cobros efectivos realizados por la Administración Tributaria en pleno ejercicio de sus facultades de ejecución no se enmarca dentro de los tipos de Acción de Repetición por pagos indebidos en exceso y que lo pagado para satisfacer una obligación prescrita no puede ser objeto de repetición, sea conforme lo dispuesto en el artículo 121 y 123 parágrafo III de la Ley N° 2492 y numeral 1 parágrafo I, numeral 8 parágrafo II del artículo 6 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0048-13. 

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xvi. De lo anterior se advierte incongruencia en los fundamentos de hecho y de derecho citados por la Administración Tributaria, toda vez que por una parte indica: “los cobros realizados en ejercicio de sus facultades de ejecución no se enmarcan en las causas de la Acción de Repeticióny por otra señala: pagado para satisfacer una obligación prescrita no puede ser objeto de repetición; lo que demuestra la falta de coherencia y concordancia en los fundamentos que motivan el rechazo de la Acción de Repetición; situación que vulnera el principio del Debido Proceso y el derecho a la defensa de los Sujetos Pasivos. xviii. En ese sentido, si bien la Administración Tributaria rechazó la Acción de Repetición para la devolución del monto ejecutado a Luis Fernando Martínez Pereira por no adecuarse a los conceptos de la Acción de Repetición previstos en el Artículo 121 del Código Tributario Boliviano (CTB); sin embargo, contradictoriamente, en los hechos aplicó una de las causales para la improcedencia de la Acción de Repetición, aspectos que se subsumen a escenarios procesales diferentes, puesto que la primera observación involucra la inaplicabilidad del procedimiento por la inexistencia de “pagos indebidos o en exceso” y la segunda “por el pago de montos prescritos”; aspectos que no respondieron de forma clara la Acción de Repetición planteada por el contribuyente y al ser incongruentes no le permitieron conocer de forma clara los motivos por los cuales el Sujeto Activo rechazó dicha solicitud; ocasionando que el referido acto administrativo no contenga los requisitos formales para alcanzar su fin, además de causar indefensión. al no contener los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten la decisión en su contra. xix. De lo anterior, se tiene que la Administración Tributaria a través de la Resolución Administrativa de Acción de Repetición N° 221720000009 (CITE:SIN/GDLPZ-1/DJCCIUTJ/RA/00131/2017), rechazó incongruentemente la solicitud planteada por el contribuyente, inclusive sin fundamentar los motivos Técnico-Legales que sustentan su posición; máxime cuando tenía la obligación de identificar las normas y el procedimiento tributario incumplido para respaldar sus fundamentos; por lo que, se evidencia que dicho acto administrativo carece de fundamentación, al no cumplir con uno de los requisitos previstos en el Artículo 28 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA), ya que no efectúa la relación de causalidad entre los hechos y la normativa inherente al caso especifico, más aún cuando es necesaria la argumentación pertinente que conduzca a establecer claramente el rechazo de la Acción de Repetición que pretende sustentar la Administración Tributaria, lo que denota la ausencia de motivación conforme determina el Artículo 31 del Decreto Supremo N° 27113 Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA)

Los extremos señalados, fueron el fundamento para que la Autoridad General de Impugnación Tributaria a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1341/2018 de 4 de junio de 2018, determine anular el acto impugnado con el fin de que la Administración Tributaria emita un nuevo acto administrativo (Resolución Administrativa de Acción de Repetición) debidamente fundamentado conforme lo previsto en el Artículo 28, inciso e) de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo; en ese sentido, se emitió la Resolución Administrativa de Acción de Repetición No. 221820000013 (SIN/GDLPZ VDJCC/TJ/RAAR/00012/2018) de 21 de noviembre de

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2018, cursante a fojas 154-158 de antecedentes administrativos, que estableció los siguientes aspectos:

Resolución Administrativa N° 221820000013 (SIN/GDLPZ I/DJCCITJ/RAAR/00012/2018) de 21 de 

noviembre de 2018 (fojas 154-158 de antecedentes administrativos) Que, en el presente caso (...) se evidencia que dentro el proceso de cobro coactivo seguido contra el contribuyente LUIS FERNANDO MARTINEZ PEREIRA. (..) ante el incumplimiento en el pago de la deuda firme y ejecutoriada establecida en la Resolución Determinativa (...) que originó el PIET (...) solicitó la retención de fondos del referido contribuyente, obteniendo como resultado la retención y posterior remisión de Bs226.028 (...) en favor de la Administración Tributaria (...) cobro que fue efectivizado en fecha 23 de septiembre de 2015 a través del formulario 1000 (…) ahora bien, en forma posterior se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1132/2016, la cual declara prescritas las facultades de determinación de la deuda tributaria (...) del periodo Junio de 1992 (...). (…) la solicitud de Acción de Repetición del contribuyente Luis Fernando Martínez Pereira por Cobro Indebido no se encuentra alcanzada por el marco normativo establecido en el Artículo 121 y siguientes de la Ley N° 2492 ni por la Resolución Normativa de Directorio 10-0048-13, en razón de que la norma no contempla como una causal para la procedencia de la acción de repetición la figura del Cobro Indebido invocada por el contribuyente tomando como causales solo los pagos en exceso o pagos indebidos, en los cuales el contribuyente es quien efectúa y no así las retenciones, remisiones y cobros efectuados por la Administración Tributaria en el ejercicio de sus facultades del cobro coactivo ante una deuda firme y ejecutoriada que no ha sido honrada por parte del contribuyente. Que, prosiguiendo con el análisis, de la revisión de la documentación aparejada por el contribuyente a solicitud de acción de repetición se evidencia que está en ningún momento respalda un pago indebido o un pago en exceso, pues la documentación adjunta en este caso la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1132/2016 (...) de la cual se ampara el contribuyente, si bien declara prescritas las facultades de determinación de la deuda tributaria (…) esta resolución no demuestra la existencia de una obligación tributaria a la que se dirigió el pago, a razón de que al momento en que se efectuó el cobro efectivo (23/09/2015) de los Bs226.028.- (…) el contribuyente (...) tenía la obligación tributaria de honrar la deuda firme y ejecutoriada establecida en la Resolución Determinativa N° 0043 de fecha 24 de abril de 2008 que originó el PIET 200920100467 de 30 de junio de 2009. Que, asimismo la retención, remisión y cobro efectivo de los Bs226.028 (…) de fecha 23 de septiembre de 2015 por parte de la Administración Tributaria fueron efectuados para satisfacer una obligación firme y ejecutoriada en pleno ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 110 de la Ley N° 2492, mucho antes de que se declaren prescritas sus facultades de determinación de la deuda tributaria (…) mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ1132/2016 (...). (...) Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de acción de repetición por cobro indebido presentado por el contribuyente (...) al haberse determinado que el cobro efectivo fue realizado por la Administración Tributaria en pleno ejercicio de sus facultades de ejecución conforme el artículo 110 de la Ley Nro. 2492 y porque no se enmarca dentro de los tipos de solicitud de Acción de Repetición por pagos indebidos o pagos en exceso conforme lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 2492

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El cuadro expuesto precedentemente, acredita que la Resolución Administrativa No 221820000013 (SIN/GDLPZ /DJCC/TJ/RAAR/00012/2018) reitera los mismos fundamentos para establecer su rechazo a la solicitud de la Acción de Repetición, expresados en la Resolución Administrativa de Acción de Repetición N° 221720000009 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/UTJ/RA/00131/2017) de 1 de diciembre de 2017, que fue observada por la instancia Jerárquica; circunstancia que demuestra que no se dio estricto cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1341/2018 de 4 de junio de 2018, toda vez que el acto impugnado, se limitó a excluir el artículo 123 parágrafo III de la Ley N° 2492 en la parte resolutiva primera con el siguiente párrafo: “Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Acción de Repetición presentada por el contribuyente Luis Fernando Martínez Pereira (…) al haberse

determinado que el cobro efectivo fue realizado por la Administración Tributaria en pleno ejercicio de sus facultades de ejecución conforme el artículo 110 de la Ley Nro. 2492 y porque no se enmarca dentro de los tipos de solicitudes de Acción de Repetición por pagos indebidos o pagos en exceso conforme lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 2492″

En ese sentido, es evidente que la Administración Tributaria no consideró lo expresado en la citada Resolución Jerárquica, cuando refirió: “En ese sentido, si bien la Administración Tributaria rechazó la Acción de Repetición para la devolución del monto ejecutado a Luis Fernando Martínez Pereira por no adecuarse a los conceptos de la Acción de Repetición previstos en el Artículo 121 del Código Tributario Boliviano (CTB); sin embargo, contrariamente, en los hechos aplicó como una de las causales para la improcedencia de la Acción de Repetición (…) la inaplicabilidad del procedimiento por la inexistencia del “pago indebido o en exceso”; aspectos que no respondieron de forma clara la Acción de Repetición planteada por el Contribuyente y al ser incongruentes no le permitieron conocer de forma clara los motivos por los 

cuales el Sujeto Activo rechazó dicha solicitud; ocasionando que el referido act

administrativo no contenga los requisitos formales para alcanzar su fin, además de causar indefensión al no contener los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten la decisión en su contra

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Lo expuesto, evidencia y corrobora que la Resolución Administrativa de Acción de Repetición N° 221820000013 (SIN/GDLPZ I/DJCC/T/RAAR/00012/2018) de 21 de

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noviembre de 2018, no explica las razones por las cuales la Administración Tributaria declaró improcedente la solicitud de Acción de Repetición, toda vez que en la parte pertinente del CONSIDERANDO III, refiere que los cobros efectuados por el ente fiscal no se enmarcan dentro de los tipos de solicitud de Acción de Repetición por pagos indebidos o pagos en exceso establecidos en el artículo 121 y siguientes del Código Tributario; los cuales establecen la opción que tiene el sujeto pasivo a solicitar ante la Administración Tributaria la Acción de Repetición y el siguiente artículo refiere el procedimiento a seguir sobre la base de la documentación de respaldo que proporcione el interesado a fin rechazar o aceptar la repetición solicitada; lo cual implica que el procedimiento para establecer la aceptación o el rechazo, se encuentra supeditado o se encuentra en función del cumplimiento del artículo 121 del Código Tributario; sin embargo, se advierte que el acto impugnado contrariamente a lo aseverado y de manera -incongruente señala siguiente: “…habiéndose determinado que los cobros efectivos realizados por la Administración Tributaria en pleno ejercicio de sus facultades de ejecución no se enmarcan dentro de los tipos de solicitud de Acción de Repetición por pagos indebidos o pagos en exceso establecidos en el artículo 121, y siguientes de la Ley Nro. 2492 (...); empero” concluye señalando lo siguiente: “...correspondiendo rechazar la solicitud de Acción de repetición al no enmarcarse en los dispuesto en el Artículo 121 y siguientes de la “*” ; Ley Nro. 2492“.

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Conforme lo descrito anteriormente, se advierte que la Resolución Administrativa de Acción de Repetición N° 221820000013 (SIN/GDLPZ I/DJCC/T/RAAR/00012/2018) de 21 de noviembre de 2018, efectivamente no guarda congruencia toda vez que inicialmente señala la inaplicabilidad del artículo 121 y siguientes del Código Tributario y luego procede a rechazar la Acción de Repetición aplicando precisamente el artículo. 121 y siguientes del citado cuerpo normativo; en tales circunstancias se evidencia que no puso en conocimiento del ahora recurrente de afaq manera clara el motivo del rechazo a su solicitud de Acción de Repetición, calidad.com incumpliendo de este modo los requisitos que debe contener el acto administrativo, como son los fundamentos de hecho y de derecho, a objeto de sustentar la decisión IQNet asumida.

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A ello se suma que el ahora recurrente, mediante nota presentada ante la Administración Tributaria el 13 de agosto de 2018, solicitó conforme lo dispuesto por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1341/2018, subsanar los vicios procesales con la debida motivación y congruencia, haciendo notar que la

Resolución Administrativa de Acción de Repetición N° 221720000009, que rechazó

  • su solicitud, fue incongruente y carente de fundamentación; aspectos que como se

señaló, precedentemente, no fueron contemplados en la Resolución Administrativa de Acción de Repetición N° 221820000013 (SIN/GDLPZ I/DJCC/TJ/RAAR/00012/2018) de 21 de noviembre de 2018, conforme lo dispuesto en la decisión emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1341/2018 de 4 de junio de 2018), por lo señalado el ente fiscal emitió un acto administrativo vulnerando el debido proceso y el derecho a la defensa, al emitir, un acto administrativo sin la debida motivación y fundamentación.

Al respecto la Sentencia Constitucional Plurinacional 1469/2013 de 22 de agosto que en su parte pertinente, señala: “(...) la fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución necesariamente debe exponer los hechos, la valoración efectuada de la prueba aportada, los fundamentos jurídicos de su determinación y las normas legales que aplica al caso concreto y que sustentan su resolución; lo que de ninguna manera implica una argumentación innecesaria que exceda en repeticiones o cuestiones irrelevantes al caso, sino que al contrario debe desarrollar con claridad y precisión, las razones que motivaron al juzgador a asumir una determinada resolución, con la justificación legal que respalda además esa situación (...)”, en el contexto jurisprudencial mencionado, se tiene que la fundamentación de las resoluciones administrativas no implica la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo; en cuanto a la motivación esta puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar la Autoridad Administrativa sus convicciones determinativas que justifiquen razonable su decisión, cumpliéndose las normas del debido proceso.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

En igual sentido, la Sentencia Constitucional N° 0871/2010 de 10 de agosto de 2010, señaló: “(...) es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, h) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y lá sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado (...)”.

Lo señalado precedentemente denota una falta de fundamentación en la Resolución Administrativa, de Acción de Repetición No 221820000013 (SIN/GDLPZ I/DJCC/TJ/RAAR/00012/2018) de 21 de noviembre de 2018, no obstante el derecho que tiene el particular de que la resolución definitiva dictada en la causa, exponga los hechos mencionados y proporcione conclusiones razonadas sobre los mismos, las pruebas producidas y el derecho aplicable que sirve de fundamento a la decisión asumida por la Administración Tributaria; aspecto que obviamente afecta la falta de fundamentación del acto mismo; toda vez que se advierte que el sujeto activo no estableció de manera congruente la improcedencia de la solicitud de Acción de Repetición, siendo que no expuso los fundamentos a objeto fin sustentar su posición.

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Finalmente, se hace necesario establecer que las Resoluciones emitidas por la afaq Instancia de Alzada y por la Jerárquica, producen efectos para los intervinientes dentro del proceso (Sujeto Pasivo y Administración Tributaria) a partir de su notificación y adquieren la calidad de firmes cuando un proceso administrativo lQNet concluye con una decisión cuyas consecuencias jurídicas se traducen en la posibilidad de exigir el cumplimiento de lo resuelto, es firme, cuando en derecho no caben contra ella medios de impugnación que permitan modificarla; éste efecto, se

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traduce en el respeto y subordinación a lo decidido, por ello también se le define como la fuerza que atribuye el derecho a los resultados del proceso.

En el presente caso, la decisión establecida por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1341/2018 de 4 de junio de 2018, al haber anulado la Resolución Administrativa de Acción de Repetición N° 221720000009 de 13 de diciembre de 2017 y disponer que la Administración Tributaria emita un nuevo acto definitivo congruente respecto a la solicitud de prescripción efectuada por el administrado, que contenga los fundamentos de hecho y de derecho que motiven su decisión; debió ser

de cumplimiento obligatorio para el Ente Fiscal, de conformidad al artículo 214 de la

Ley 2492; sin embargo, las circunstancias antes descritas en el análisis realizado permiten establecer que se incumplió dicha disposición.

Conforme el análisis realizado se concluye que la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa de Acción de Repetición No 221820000013 (SIN/GDLPZ I/DJCC/TJ/RAAR/00012/2018) de 21 de noviembre de 2018, sin fundamentar su posición en cuanto a la solicitud de Acción de Repetición, aspectos que fueron observados en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1341/2018 de 4 de junio de 2018, al percatarse del cumplimiento al debido proceso y los requisitos de los actos administrativos definitivos, lo que implica que el acto impugnado no cumple con los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, causando indefensión al recurrente, vulnerando los derechos constitucionales del debido proceso y la defensa, garantizados por los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de Estado, 16 incisos a) y h); 28 incisos b) y e) de la Ley 2341; consecuentemente, en sujeción de los artículos 36-1 y II de la Ley 2341 y 31 del DS 27113, aplicables supletoriamente en virtud de lo establecido por el artículo 201 de la Ley 3092, corresponde anular la Resolución Administrativa de Acción de Repetición N° 221820000013 (SIN/GDLPZ I/DJCC/TJ/RAAR/00012/2018) de 21 de noviembre. de 2018; consecuentemente, la Administración Tributaria, debe emitir un nuevo acto administrativo dando estricto cumplimiento a lo establecido en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1341/2018 de 4 de junio de 2018.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

RESUELVE: PRIMERO: ANULAR la Resolución Administrativa de Acción de Repetición N° 221820000013 (SIN/GDLPZ 1/DJCC/TJ/RAAR/00012/2018) de 21 de noviembre de 2018; consecuentemente, la Administración Tributaria debe emitir un nuevo acto administrativo de conformidad con los artículos 68 numerales 2 y 6 de la Ley 2492 .y 28 de la Ley 2341, en estricto cumplimiento a lo establecido en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1341/2018 de 4 de junio de 2018.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso 6) de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención.

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CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación.

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Rodana A

Mendoza 

Regístrese, hágase saber y cúmplase!

ISO 900

Calida

AFNOR CERTIFICATION 

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Alejandra

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Lic. Cecilia Velez borado Dirketeta Ejecutiva Regional Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Regional de Impugnación 

Tributarla – La Pos 

Juan Carose Guzman Rus hayole

RCVD/jcgrlawv/ms/gjml/mfs

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NB/ISO 

9001 (IBNORCA 

Sistema de Gestión 

de la Calidad Certificado N°771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)

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