ARIT-LPZ-RA-0390-2019 Se anula obrados hasta Vista de Cargo. La determinación tributaria hecha por el SIN sobre base cierta, no se adecuó a la verdad material de los hechos. Lo alegado por el SIN carece de sustento probatorio, ya que entre el hecho demostrado (Construcción de edificio) y lo que se trató de deducir (utilidades) no hay un enlace lógico. El SIN habría determinado una utilidad neta imponible igual a los ingresos gravados establecidos sin tomar en cuenta el costo, lo que generó una utilidad del 100% sobre estimada.

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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0390/2019 

Recurrente: 

Javier Humberto Zuleta Garrón 

Administración Recurrida: 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Celideth Ochoa Castro

Acto Impugnado: 

Resolución Determinativa N° 171829002564 (SIN/GGLPZI DJCC/TJ/RD/00155/2018)

Expediente: 

ARIT-LPZ-2026/2018 

Lugar y Fecha: 

La Paz, 21 de marzo de 2019 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 0390/2019 de 20 de marzo de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

  1. 1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Determinativa N° 171829002564 (SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/ RD/00155/2018) de 29 de noviembre de 2018, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, determinó sobre base
  • cierta las obligaciones impositivas de Javier Humberto Zuleta Garrón en la suma de 736.336 UFV’s por Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) omitido, más afaq

ISO 9001 intereses y sanción por omisión de pago, por los periodos fiscales abril, mayo, junio.ca julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2011, enero, febrero y marzo 2012, así como la multa de 500 UFV’s por incumplimiento de deberes formales.

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  1. I TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 11.1 Argumentos del Recurrente Javier Humberto Zuleta Garrón por memorial presentado el 21 de diciembre de 2018, cursante a fojas 35-53 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

En su condición de persona natural efectuó la construcción del edificio Arkansas, ubicado en la avenida G. Busch, proyecto que se inició el 22 de abril de 2008, con la compra de terreno mediante la Escritura Pública N° 219/2008 y la construcción que concluyó en julio 2010, durante dicho periodo no contaba con NIT, el cual fue tramitado recién en diciembre 2011, por esta razón los gastos en los que incurrió no fueron documentados; no obstante, ante el inicio de la fiscalización del UE por parte del Servicio de Impuestos Nacionales, a fin de regularizar el pago de dicho impuesto presentó (antes de la emisión de la Vista de Cargo) el Resumen Ejecutivo Avalúo del Inmueble, en el que se detalla el IUE a cancelar; sin embargo, ante el silencio del ente fiscal, el 19 de enero de 2016 efectuó el pago del IUE en base al citado auto avalúo.

Ante la Vista de Cargo presentó como un argumento ampliamente detallado sobre el método de determinación sobre base cierta aplicado en el presente caso, el cual incurre en contradicción, debido a que rechazó la información proporcionada respecto a los costos, lo que necesariamente implicaba el empleo del método de determinación sobre base presunta; sin embargo, la Resolución Determinativa ahora impugnada ignora absolutamente todo el argumento manifestado, aún más, no considera que en el periodo fiscalizado no contaba con registros contables ni documentación de respaldo de los gastos incurridos, razón por la que proporcionó un Auto-evalúo (Análisis de Presupuesto, avalúo técnico y análisis de precios unitarios) el cual fue desechado, es decir de manera obstinada ratifica los reparos establecidos en la Vista de Cargo, cita al efecto el artículo 44 numeral 1 de la Ley 2492, referente a las circunstancias para la

determinación sobre base presunta.

La Administración Tributaria no explica ni justifica como pretende determinar el IVE sobre base cierta sin tener en cuenta los costos y gastos incurridos en la obtención de la hipotética ganancia o utilidad, aspecto contrario a lo establecido en el artículo 47 de la Ley 843 y artículos 7, 8 y 15 del DS 24051.

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Se observó que desde el primer requerimiento hasta la emisión de la Vista de Cargo transcurrieron más de 3 años, en los cuales el SIN tuvo el tiempo suficiente para analizar la documentación presentada, pero no valoró la misma; sin embargo, el sujeto activo lejos de justificar o por lo menos explicar las razones de la demora, más bien confirma la infracción de la norma sin señalar que existiría una extensión formal del plazo. Aclara que los plazos responden al principio de preclusión que ocasiona al interesado la pérdida de facultades no ejercidas en el momento debido. Si no se cumplen los plazos hay quebrantamiento de los principios de celeridad y eficacia, puesto que la voluntad administrativa debe expresarse en tiempo y forma y se constituye en respuesta a los argumentos de hecho y de derecho expuestos por los contribuyentes.

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  1. 4.

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Se debe tener presente que una determinación concluye con la liquidación de una deuda a pagar, la cual no se limita a un tributo omitido sino-también contempla intereses y mantenimiento de valor cuyo cálculo depende del transcurso del tiempo; este último a su vez incide en la sanción; en este sentido, que lógica tendría que el contribuyente absorba este aspecto, cuando la mora es atribuible estrictamente al sujeto activo. En el presente caso el tiempo transcurrido excedió el plazo máximo de 18 meses, previsto en el artículo 104, parágrafo V de la Ley 2492, provocando en el contribuyente un encarecimiento de la hipotética deuda tributaria. En consecuencia la determinación practicada después de tanto tiempo es extemporánea y no debe surtir ningún efecto jurídico; cita al efecto el artículo 36 parágrafos Il y lll de la Ley 2341.

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Respecto al incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 96 de la Ley 2492, el ente fiscal pretende hacer valer un resultado producto de procedimientos equívocos, olvidando que no se puede establecer el IUE sin considerar costos ni gastos, como si las ganancias se obtuvieran por arte de magia. Es claro que hay indefensión cuando la determinación tributaria practicada no responde a ninguna 6 lógica; y distinto sería que la Administración Tributaria establezca un costo de ISO 9001 construcción que responda a la racionalidad; en cambio, en el presente caso, el costatok C de construcción es absolutamente irracional y lesiona su interés subjetivo al atribuirle

IQNet ganancias inexistentes y se desconoce la normativa tributaria, principalmente el artículo 44 numeral 1 de la ley 2492. Si bien la determinación practicada fue sobre base cierta en cuanto a los ingresos al remitirse a los F-430 que refleja en valor imponible; (

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sin embargo, respecto a los costos y gastos, se desechó los contenidos en el autoevalúo, inclusive se desconoció el valor del terreno, sobre el cual se construyó el edifico Arkansas, puesto que se asignó un costo “O” cuando correspondía que dicho valor sea distribuido proporcionalmente a cada una de las unidades vendidas que generaron el ingreso gravado; asimismo, no consideró el Impuesto a las Transferencias pagado y consignado en los F-430, conceptos que debieron ser considerados como gastos deducibles para la determinación del IUE. Con ese procedimiento se llegó al absurdo de establecer un 100% de utilidad, indice absolutamente inverosímil que no genera ninguna actividad económica.

La Administración Tributaria no reconoce los gastos de construcción bajo el argumento y justificativo de que estos no están respaldados, confundiendo la verdad material con la base cierta, como si fueran sinónimos; con ese criterio concluye que la determinación practicada tomó en cuenta la documentación presentada por el contribuyente, que sólo cumple ese propósito los gastos financieros, razón por la que asume que la verdad material puede emerger solamente de su análisis.

Respecto a la documentación de descargo, el SIN insiste que el auto-avalúo sin respaldo documentario no es posible considerarlo, aspecto que debió auspiciar la aplicación del método sobre base presunta, al cual se refirió en forma reiterativa.

El ente fiscal en su análisis en forma reiterada insiste que el contribuyente no presentó documentación de respaldo de sus operaciones y valores involucrados en la generación de la utilidad, razón por la que tuvo que acudir a fuentes de información: externas y a la base de datos; sin embargo, no se advierte la contribución de esas fuentes en la determinación de los costos de construcción,

En cuanto al costo del terreno, la Administración Tributaria no consideró el mismo debido a que la compra se realizó en la gestión 2008, razón por la que debió considerarse en dicha gestión, en aplicación del artículo 46 de la Ley 843; sin embargo, no tomó en cuenta que en dicha gestión no contaba con un registro tributario, como tampoco con una contabilidad; además el valor del terreno por su naturaleza no corresponde a gasto sino a una inversión que de acuerdo a normas contables se ‘va apropiado al costo en forma proporcional en la medida que se efectúa la venta.

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Entre otras imprecisiones y omisiones de la Administración Tributaria cita el incumplimiento de principios contables en la determinación de la deuda, debido a que en el presente caso sólo se advierte las cuentas de ingresos y en la de egresos se tiene los costos financieros en forma parcial; durante las gestiones 2009, 2010 y 2011 canceló intereses financieros por un importe de Bs884.462,72; sin embargo, solo se consideró Bs351.410.- atribuidos al periodo fiscalizado; la multa por incumplimiento a deberes formales fue establecida en la gestión 2015, periodo que no se encuentra en el alcance de la fiscalización; los pagos efectuados en base al auto avalúo comprende deuda y accesorios; empero, la liquidación de la deuda tributaria no expone como deducción el pago realizado.

En la evaluación del auto avalúo presentado como descargo el sujeto activo señala que no contiene retenciones del RC-IVA, por tanto no puede ser considerado; tampoco cumple las leyes laborales, desconociendo con esta afirmación el objeto y alcance de la fiscalización del UE. Reitera que dicho auto avalúo calcula los volúmenes y los costos de todos los ítems que componen la construcción del edificio Arkansas, acompañado de un análisis de precios unitarios; el costo total se halla dividido entre los metros construidos de acuerdo al fraccionamiento en propiedad horizontal; además el propio-SIN solicitó a la Cámara de la Construcción de La Paz información sobre los costos de construcción de edificios en diferentes zonas, información que podría utilizar para obtener la base presunta, aspecto que no sucedió.

En aplicación de la Ley 812, no corresponde la aplicación de ninguna sanción, mucho más considerando que los pagos sobre la deuda tributaria se efectuaron con anterioridad a la Vista de Cargo.

El obrar de la Administración Tributaria vulneró el principio del debido proceso y se violentaron las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y del Código Tributario, respecto a la determinación de la materia imponible, al ignorarse los ISO 9001 principios contables, la realidad económica y la verdad material.

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IQNet Señala que entre los abundantes vicios que se incurrió en la fiscalización, el principale es el no haber aplicado la base presunta; infracción que es posible subsanar en lamme presente impugnación, sin necesidad de anular, si es que la AIT somete el auto avalúo

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y el impuesto pagado a un examen de consistencia sobre la validez, dando lugar al contribuyente a demostrar que el auto avalúo responde a los márgenes y rendimientos del sector de construcción.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Determinativa N° 171829002564 (SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/RD/00155/2018) de 29 de noviembre de. 2018.

II.2 Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Javier Humberto Zuleta Garrón fue admitido mediante Auto de 27 de diciembre de 2018, notificado de forma personal al recurrente el 3 de enero de 2019 y mediante cédula a la Gerente Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 8 de enero de 2019; fojas 54-59 de obrados.

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente representada por Celideth Ochoa Castro conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia No 031800001069 de 28 de diciembre de 2018, mediante memorial presentado el 21 de enero de 2019, cursante a fojas 62-70 de obrados, respondió negativamente, expresando lo siguiente:

La Vista de Cargo cumple y contiene todos los hechos, actos, datos y valoraciones exigidos en los artículos 96 de la Ley 2492 y 18 del DS 27310, señala claramente el método utilizado para la determinación de la base imponible; situación similar se advierte en la Resolución Determinativa ahora impugnada, toda vez que cumple los requisitos exigidos por los artículos 99 de la Ley 2492 y 19 del DS 27310, puesto que señala que se determinó el IUE sobre base cierta en aplicación del artículo 43, parágrafo I de la Ley 2492, contando con documentación e información indubitable del acaecimiento de la actividad comercial del contribuyente..

En razón a que la Vista de Cargo N° 291829000058 contenía errores en el cálculo de la deuda tributaria y no exponía con claridad algunas observaciones, incumpliendo lo establecido por el artículo 96 de la Ley 2492, se dispuso su anulación. La variación en el importe determinado se debió a un error de cálculo de la base imponible; no a la

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presentación de descargos por parte del contribuyente, los cuales fueron correctamente valorados y su resultado expuesto en la nueva Vista de Cargo y en la Resolución Determinativa.

El contribuyente se dedicó a la venta de inmuebles en forma habitual en el periodo abril 2011 a marzo 2012, según información consignada en los F-430 y la obtenida de Derechos Reales, pese a que la actividad no se encontraba inscrita en el Padrón de Contribuyentes; sin embargo, este aspecto no impidió la determinación de obligaciones tributarias cuyos hechos generadores se produjeron al momento de llevarse a cabo las actividades gravadas con el IUE.

La realización de la actividad de construcción por cuenta propia y la venta de inmuebles, determina que el contribuyente es sujeto pasivo del QUE y tiene la obligación de llevar registros contables conforme establece el DS 24051, artículo 2, inciso a); asimismo, el Código de Comercio describe las obligaciones del contribuyente, pese a que el mismo aduce desconocimiento, abiertamente confiesa que no retuvo y empozó los impuestos correspondientes a la actividad desarrollada.

El contribuyente refiere que se estaría vulnerando sus derechos, que no se tomó en cuenta sus descargos, que no se estaría cumpliendo la norma; sin embargo, cuando se trata de que cumpla sus obligaciones con el Estado como buen ciudadano, éste ni siquiera se encontraba inscrito en el Padrón de Contribuyentes, demostrando con ello la ausencia de buena fe con la que actúa, ya que genera grandes ingresos y no cumple con el pago de impuestos.

Dentro del presente proceso se determinó reparos a favor del Fisco utilizando el método sobre base cierta al contar con información directa e indubitable proporcionada por terceros y la obtenida de la base de datos de esa Administración Tributaria, que

afao da plena fe de los hechos, no siendo factible aplicar el método sobre base presunta. ISO 9001 

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El auto avalúo presentado por el contribuyente sólo contiene estimaciones del valor comercial del inmueble y un presupuesto que provisiona y proyecta estimaciones de gastos que pueden variar en el tiempo; la descripción de las cantidades, precios unitarios, insumos o materiales utilizados en la construcción del edificio Arkansas, no

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tienen respaldos, como ser registros generales y especiales, facturas y otros documentos y/o instrumentos públicos que demuestren que los insumos e items descritos constituyen los gastos y costos ejecutados en la construcción del mencionado edificio, razón por la que no es información válida y precisa, adicionalmente no presentó el pago de las correspondientes retenciones para considerar como gasto deducible.

Aclara que el monto cancelado por el contribuyente se consideró como pago a cuenta del tributo omitido; monto que también se disminuyó en la base de cálculo de la sanción por omisión de pago.

Si bien el artículo 104, parágrafo V de la Ley 2492, establece que desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrá transcurrir más de 12 meses, plazo prorrogable por 6 meses adicionales; es necesario aclarar que dicha disposición no contempla de ninguna manera la caducidad o la perdida de la facultad de la Administración Tributaria para determinar las obligaciones tributarias; por consiguiente, resulta improcedente sancionar con la anulación del acto por caducidad del mismo, si la norma en particular no otorgó perentoriedad al plazo para la conclusión de la fiscalización.

De acuerdo a antecedentes administrativos del presente caso, el contribuyente tuvo conocimiento máterial de la existencia del proceso e intervino en él, presentando documentación y formulando peticiones; por lo que la nulidad solicitada no se encuentra sustentada, no existe vicio que involucre la indefensión o lesione el interés del sujeto pasivo en el marco y entendimiento normativo tributario y constitucional.

De la documentación de descargo que cursa en antecedentes, se verificó que la nota emitida por la Cámara Departamental de las Construcción de La Paz contiene precios referenciales de gastos administrativos, financieros, de publicidad; sin embargo, no adjunta documentación de respaldo correspondiente a los gastos. 

En tres oportunidades solicitó documentación al contribuyente referida a los costos y gastos incurridos en la construcción del edificio mencionado, habiendo presentado

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documentación parcial, aspecto que confirma la vulneración de lo establecido en los artículos 11 y 15, numerales 6, 7 y 8 del DS 24051.

Conforme los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa N° 171829002564 (SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/RD/00155/2018) de 29 de noviembre de 2018.

11.4. Apertura de término probatorio y producción de pruebas Mediante Auto de 23 de enero de 2019, se dispuso la apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios para ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada en Secretaría al recurrente y a la Administración Tributaria recurrida en la misma fecha; término dentro, el cual la Administración Tributaria mediante memorial presentado el 8 de febrero de 2019, ofreció, reprodujo y ratificó en calidad de prueba pre constituida la documentación presentada a momento de responder el Recurso de Alzada consistente en los antecedentes administrativos con un total de 834 fojas; al respecto, por Proveído de 11 de febrero de 2019, se dio por ofrecida y ratificada la prueba documental señalada; fojas 71-76 de obrados. :

El recurrente Javier Humberto Zuleta Garrón por memorial de 12 de febrero de 2019, ratificó en calidad de prueba los antecedentes del presente proceso presentados por la Administración Tributaria; presenta nueva prueba, consistente en la comunicación enviada por la Cámara Departamental de la Construcción de La Paz que refiere a costos de construcción para los años 2007 a 2011 en la ciudad de la Paz, y al amparo del artículo 77 de la Ley 2492 ofrece prueba pericial a cargo del Ingeniero Mario Ignacio Belmonte Basaure, documento que no fue requerido durante la fiscalización, razón por la que solicita señalamiento de día y hora para audiencia de juramento de reciente obtención; al efecto, por Proveído de 13 de febrero de 2019, se dio por ofrecida y

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s ratificada la prueba documental señalada y se señala Audiencia para el 22 de febrero ISO 9001 de 2019, a horas 15:30 en oficinas de Secretaría de Cámara de ésta Autoridad armore Regional de Impugnación Tributaria, fojas 78-100 de obrados.

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11.5 Alegatos La Administración Tributaria, mediante memorial de 28 de febrero de 2019, objetó las

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pruebas presentadas por el recurrente, arguyendo que dichos documentos no forman parte del expediente, toda vez que no fueron presentados en forma oportuna ante la instancia administrativa para su valoración, conforme el artículo 81 de la Ley 2492. Asimismo, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 210, parágrafo II del Código Tributario presentó alegatos ratificando todos los extremos expuestos en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada. Por Proveído de 6 de marzo de 2019 se dio por apersonada a Cedelith Ochoa Castro en su calidad de Gerente Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales; respecto a la objeción de la prueba de reciente obtención, se manifestó que será considerada a momento de emitir la Resolución correspondiente y se dio por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria, fojas 107-109 de obrados.

El recurrente Javier Humberto Zuleta Garrón por memorial de 1 de marzo de 2019, formuló alegatos reiterando los fundamentos de su Recurso de Alzada respecto a: la existencia de errores conceptuales, técnicos y legales que implica la nulidad del acto impugnado; la necedad de aplicar la base presunta para determinar los costos y gastos de construcción, ante la inexistencia de registros contables y documentación de respaldo; evaluación y análisis del auto avalúo presentado en respaldo de los costos gastos de construcción; sobre la irracionalidad y falta de lógica de considerar un costo de construcción “O”. Solicita además que se releguen las causas de anulabilidad, se apliquen los principios de economía, eficacia y verdad material sobre la verdad formal y se ingrese al fondo del asunto, para someter a un examen de consistencia técnica y económica del auto avalúo presentado. El Proveído de 6 de marzo de 2019, dio por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria, fojas 110-120 de obrados.

11.6 Pruebas de reciente obtención En Audiencia fijada por Proveído de 13 de febrero de 2019, cursante a fojas 100 de obrados, el 22 de febrero de 2019, en oficinas de Secretaría de Cámara de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, a horas 15:30 se tomó juramento de prueba de reciente obtención al recurrente Javier Humberto Zuleta Garrón, sobre la prueba presentada correspondiente a la comunicación enviada por la Cámara Departamental de la Construcción de La Paz y sobre la Prueba Pericial a cargo del Ing. Mario Ignacio Belmonte Basaure, conforme se tiene del Acta cursante a fojas 104 de obrados.

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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestoso Nacionales, el 31 de diciembre de 2014, notifico mediante cédula a Javier Humberto Zuleta Garrón con la Orden de Verificación N° 0012OVE01790 formulario 7531, a objeto de efectuar la revisión específica de los hechos. y elementos relacionados con la venta de propiedades inmuebles que influyen en el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de los periodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2011, enero, febrero y marzo 2012, solicitando la presentación de la documentación detallada en los F-4003 Requerimiento Nos. 121870, 121877 y 98229 fojas 2, 9-13, 20 y 26 de antecedentes administrativos.

Javier Humberto Zuleta Garrón mediante nota de 8 de enero de 2015, solicitó a la Administración Tributaria plazo para la presentación de la documentación requerida; en respuesta el Ente Fiscal emitió el Proveido No 24-0024-15 de 13 de enero de 2015 que otorga el término adicional de 10 para la presentación de la documentación solicitada, fojas 15-16 de antecedentes administrativos. Asimismo, respecto a los siguientes requerimientos, el recurrente presentó las notas de 17 de diciembre 2015, 31 de octubre y 17 de diciembre de 2016, señalando que sobre los gastos presenta un avalúo técnico elaborado por un perito externo y que el inicio de actividades data de 6 de diciembre de 2011, fojas 24-25, 32 y 34-35 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria, el 20 de noviembre de 2015, labró el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 00133259, por entrega parcial de la documentación solicitada durante la ejecución del procedimiento de fiscalización, verificación y control vulnerando los numerales 4, 6, 8 y 11 del artículo 70 de la Ley 2492, y aplica la sanción de 1.500 UFV’s establecida en el sub numeral 4.1 del anexo A de la RND 10-003707, fojas 50 de antecedentes administrativos.

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La Vista de Cargo N° 291829000058 de 21 de marzo de 2018, estableció sobre base mimo cierta el IVE omitido de 779.000 UFV’s más intereses y sanción por el periodo fiscal abril 2011 a marzo 2012, así como la multa de 500 UFV’s por incumplimiento del deberes formales, fojas 189-200 de antecedentes administrativos. El contribuyente por

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nota de 18 de mayo de 2018, presentó descargos a la citada Vista de Cargo, fojas 649 678 de antecedentes administrativos.

Mediante Resolución Administrativa N° 231829000235 de 12 de julio de 2018 se anuló la Vista de Cargo N° 291829000058, así como su respectiva notificación, actuación notificada de forma personal al contribuyente el 18 de julio de 2018, fojas 684-686 de antecedentes administrativos.

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 15 de agosto de 2018, emitió la vista de Cargo N° 291829000232 (CITE: SIN/GGLPZ/DFISVENC/00222/2018), estableciendo contra Javier Humberto Zuleta Garrón una obligación tributaria preliminar de 736.336 UFV’s por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 2012 (abril 2011 a marzo 2012), más intereses y sanción preliminar de omisión de pago, así como la multa de 500 UFV’s por incumplimiento de deberes formales establecido en el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 133259; actuación notificada mediante cédula el 3 de septiembre de 2018, fojas 730-762 de antecedentes administrativos.

El sujeto pasivo mediante nota de 3 de octubre de 2018, presentó descargos a la Vista de Cargo N° 291829000232 (CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVENC/00222/2018), fojas 768 785 de antecedentes administrativos.

Evaluados los descargos presentados, el 29 de noviembre de 2018, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Determinativa N° 171829002564 (SIN/GGLPZ/DJCC/JT/RD/00155/2018) contra Javier Humberto Zuleta Garrón, estableciendo una obligación de 736.336 UFV’s por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (UE) de la gestión 2012, más intereses y sanción por omisión de pago, emergente de ventas de bienes inmuebles efectuadas durante la gestión fiscalizada, así como la multa de 500 UFV’s por incumplimiento de deberes formales establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 133259; acto administrativo notificado de forma personal el 3 de diciembre de 2018, fojas 797-829 de antecedentes administrativo.

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  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-ill del referido Código Tributario, se tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Javier Humberto Zuleta Garrón, la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.

De inicio se hace necesario puntualizar, que el recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada, alternativamente solicitó la revocatoria o anulación de la Resolución impugnada; en ese entendido, siendo obligación de ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitir un criterio y/o posición respecto a todos y cada uno de los planteamientos formulados, se efectuará previamente la revisión de la existencia o no de los vicios y si estos están legalmente sancionados con la nulidad; sólo en caso de no ser éstos evidentes, se ingresará al análisis de fondo o sustancial del presente Recurso de Alzada, en relación a los argumentos planteados

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IV.1 Vicios de nulidad IV.1.1 Plazo del Proceso de Determinación El recurrente en su Recurso de Alzada observa que desde el primer requerimiento hasta la emisión de la Vista de Cargo transcurrieron más de 3 años, en los cuales el SIN tuvo el tiempo suficiente para analizar la documentación presentada, pero no

afaq 

  1. 6. valoró la misma; sin embargo, el sujeto activo lejos de justificar o por lo menos explicar ISO 9001 las razones de la demora, más bien confirma la infracción de la norma sin señalar que Aroa existiría una extensión formal del plazo. Aclara que los plazos responden al principio

TQNet de preclusión que ocasiona al interesado la pérdida de facultades no ejercidas en el momento debido. Si no se cumplen los plazos hay quebrantamiento de los princip

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de celeridad y eficacia, puesto que la voluntad administrativa debe expresarse en

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tiempo y forma y se constituye en respuesta a los argumentos de hecho y de derecho expuestos por los contribuyentes.

Se debe tener presente que una determinación concluye con la liquidación de una deuda a pagar, la cual no se limita a un tributo omitido sino también contempla intereses y mantenimiento de valor cuyo cálculo depende del transcurso del tiempo; este último a su vez inciden en la sanción; en este sentido, que lógica tendría que el contribuyente absorba este aspecto, cuando la mora es atribuible estrictamente al sujeto activo. En el presente caso el tiempo transcurrido excedió el plazo máximo de 18 meses, previsto en el artículo 104, parágrafo V de la Ley 2492, provocando en el contribuyente un encarecimiento de la hipotética deuda tributaria. En consecuencia la determinación practicada después de tanto tiempo es extemporánea y no debe surtir ningún efecto jurídico; cita al efecto el artículo 36 parágrafos Il y III de la Ley 2341.

La Administración Tributaria alega que si bien el artículo 104, parágrafo V de la Ley 2492, establece que desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión d la Vista de Cargo no podrá transcurrir más de 12 meses, plazo prorrogable por 6 meses adicionales; es necesario aclarar que dicha disposición no contempla de ninguna manera la caducidad o la perdida de la facultad de la Administración Tributaria para determinar las obligaciones tributarias; por consiguiente, resulta improcedente sancionar con la anulación del acto por caducidad del mismo; si la norma en particular no otorgó perentoriedad al plazo para la conclusión de la fiscalización. Al respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis:

Sobre el procedimiento de fiscalización, el artículo 104 parágrafo V de la Ley 2492

de el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite . un plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la 

Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más

El artículo 29″ del DS 27310, relacionado con la determinación de la deuda por parte de la Administración, establece: La determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración se realizará mediante los procesos de fiscalización, verificación, control 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

o investigación realizados por el Servicio de impuestos Nacionales que, por su alcance respecto a los impuestos, periodos y hechos, se clasifican en: a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por 

lo menos una gestión fiscal. b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de 

uno o más períodos. c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas 

y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados 

o por pagar. d) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales. e) Si en la aplicación de los procedimientos señalados en las literales a), b) y c) se 

detectara la falta de cumplimiento a los deberes formales, se incorporará los cargos que correspondieran. 

En relación al procedimiento de verificación y control puntual, el artículo 32 del DS 27310 señala: El procedimiento de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con una Orden de Verificación que se sujetará a los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la Administración Tributaria. 

De la revisión de los antecedentes administrativos se establece que la Administración in

Tributaria el 31 de diciembre de 2014, notifico mediante cédula a Javier Humberto Zuleta Garrón con el Formulario 7531, correspondiente a la Orden de Verificación N° 0012OVE01790 de 19 de marzo de 2013, modalidad Verificación Específica IUE, a objeto de verificar los hechos y/o elementos relacionados con la venta de propiedades inmuebles que influye en el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, correspondiente a los periodos fiscales abril 2011 a marzo 2012. A la conclusión de la verificación, el 21 de marzo de 2018, emitió el Informe CITE: SIN/GGLPZI/DFISVEI

atao INF/00378/2018 y la Vista de Cargo N° 291829000058 (SIN/GGLPZ/DFISVE/ ISO 9001 VC/0059/2018, actuación notificada al contribuyente mediante cédula el 19 de abril de arno 2018; dentro del término establecido por el artículo 98 de la ley 2492, el contribuyente formuló argumentos de descargo reiterando que respecto a los costos y gastos durante el proceso de verificación presentó un “Análisis Presupuestario y Avalúo Técnico” y Presupuesto General y Análisis de Precios Unitarios”; y adjuntó nota CITE CDC

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141/2013 de la Cámara de la Construcción de La Paz dirigida a la Gerencia Distrital de Impuestos Internos y una copia del fraccionamiento del edificio Arkansas. No obstante, corresponde mencionar que dicha actuación preliminar fue anulada por Resolución Administrativa N° 231829000235 de 12 de julio de 2018, notificada de forma personal al contribuyente el 18 de julio de 2018.

El Informe CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVE/INF/002514/2018 así como la Vista de Cargo N° 291829000232 (SIN/GGLPZ/DFIŚVENC/00222/2018), se emitieron el 15 de agosto de 2018, la mencionada actuación preliminar fue notificada al contribuyente mediante cédula el 3 de septiembre de 2018. Dentro del término establecido por Ley, el sujeto pasivo presentó descargos ratificando los presentados ante la Vista de Cargo que fuera anulada mediante Resolución Administrativa.

Resulta pertinente establecer que de acuerdo al artículo 32 del DS 27310, el procedimiento de verificación se inicia con la notificación al sujeto pasivo de la Orden de Verificación, la cual está sujeta a los requisitos y procedimientos reglamentados por la Administración Tributaria, en el presente, a través de la RND 10-0005-13; en ese entendido, en relación a los plazos procedimentales la citada RND en su artículo 9, dispone que: En todos los casos el Departamento de Fiscalización procederá a la emisión del Informe de actuación, emitiéndose dentro de los diez (10) días calendario siguientes la Vista de Cargo“. En el caso que nos ocupa, si bien la Administración Tributaria emitió la vista de Cargo el 15 de agosto de 2018, habiendo transcurrido más de 3 años de iniciada la revisión con la Orden de Verificación; sin embargo, de los antecedentes administrativos verificados se puede constatar que el procedimiento de verificación y control iniciados con Ordenes de Verificación conforme el artículo 9 de la RND 10-0005-13, la Vista de Cargo fue emitida a los 10 días siguientes a la emisión del informe de actuación, toda vez que se puede evidenciar que el informe de actuación del presente proceso así como la Vista de Cargo se emitieron en la mismas fecha, es decir, el 15 de agosto de 2018, según se advierte a fojas 697 y 730 de antecedentes administrativos.

:

No obstante lo mencionado precedentemente, es menester señalar que los plazos establecidos por el artículo 104 parágrafo V de la Ley 2492 y artículo 9 de la RND 10- 0005-13 no son perentorios, sólo buscan resguardar el principio de eficacia del

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

procedimiento de verificación o fiscalización, garantizando al contribuyente que el

procedimiento no se prolongue arbitrariamente; es decir, son términos que la Ley prevé

para que los actos de las Administraciones tengan límites; en ese contexto, para que ocurra la anulabilidad de un procedimiento deben concurrir el presupuesto legal contenido en el parágrafo III del artículo 36 de la Ley 2341, precepto legal que dispone que la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo, en ese sentido, la extemporaneidad en la emisión de la Vista de Cargo no está castigada con la nulidad de acuerdo a la Ley 2492; norma que rige la materia tributaria.

El Tribunal Constitucional, al respecto estableció parámetros respecto a la competencia de las autoridades, en este caso administrativas, al disponer mediante la Sentencia Constitucional 0100/2005 de 7 de diciembre de 2005, lo siguiente: “... La pérdida de competencia por pronunciamiento de resoluciones fuera de los plazos procesales y la activación del recurso directo de nulidad se produce siempre que aquélla esté expresamente señalada en la ley, al efecto recuerda que la Sentencia Constitucional 0014/2003-CA, de 10 de enero de 2003, estableció: Con relación a la supuesta pérdida de competencia de los recurridos, debe precisarse que no basta que una norma procesal establezca el término dentro del cual debe dictarse una resolución para que, en caso de incumplimiento, la misma sea nula ipso jure; pues para que esto ocurra la norma procesal debe establecer con carácter específico que la autoridad pierde competencia si emite el fallo fuera del tal término, o lo que es lo mismo, la pérdida de competencia debe estar expresamente señalada en la Ley, para establecer la nulidad de los actos o resoluciones de toda autoridad (…)“. Lo anterior acredita que la Administración Tributaria en ningún momento perdió competencia para establecer reparos contra el contribuyente Javier Humberto Zuleta Garrón.

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afaq En ese contexto, en materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad debe ISO 9001 

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ser textual, sólo opera en los supuestos citados y que la simple infracción de MMOR procedimiento establecido, en tanto no esté sancionada legalmente no puede ni debe

1QNet dar lugar a la nulidad de obrados, en este caso, la Ley de Procedimiento Administrativo jy el Código Tributario, no establecen que la infracción de los plazos procedimentales menoscabe o extinga la competencia que tiene la Administración Tributaria para

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determinar adeudos tributarios, el plazo asignado para esta actuación no es un término fatal sino que se convierte en una medida de tipo regulatorio contra los funcionarios responsables; consecuentemente, corresponde desestimar la posibilidad de retrotraer obrados por esta causa.

V.1.2 Base imponible sobre base cierta y presunta El recurrente señala que como persona natural efectuó la construcción del edificio Arkansas, iniciando el 22 de abril de 2008, con la compra de terreno mediante la Escritura Pública N° 219/2008 y concluyó en julio 2010, periodo en el que no contaba con NIT, el cual fue tramitado recién en diciembre 201.1; por esa razón los gastos en los que incurrió no fueron documentados; no obstante, ante el inicio de la fiscalización del IUE presentó un Resumen Ejecutivo de Avalúo del Inmueble, en base al cual canceló el UE el 19 de enero de 2016.

Ante la Vista de Cargo presentó argumentos de descargo observando el método de determinación sobre base cierta aplicado para la determinación de costos y gastos, la Resolución Determinativa ahora impugnada no consideró que en el periodo fiscalizado no contaba con registros contables ni documentación de respaldo de

incurridos, razón por la que proporcionó un Auto Avalúo (Análisis de Presupuesto, avalúo técnico y análisis de precios unitarios) el cual fue desechado, ratificando los reparos establecidos en la vista de Cargo, sin explicar ni justificar cómo pretende determinar el IUE sobre base cierta sin tener en cuenta los costos y gastos incurridos en la obtención de la hipotética ganancia o utilidad.

El ente fiscal pretende hacer valer un resultado producto de procedimientos equívocos, olvidando que no se puede establecer el IJUE sin considerar costos ni gastos, como si las ganancias se obtuvieran por arte de magia; muy distinto sería que se establezca un costo de construcción que responda a la racionalidad; en cambio, en el presente caso, el costo de construcción es absolutamente irracional y lesiona su interés subjetivo al atribuirle ganancias inexistentes, se desconoce la normativa tributaria, principalmente el artículo 44 numeral 1 de la ley 2492. La determinación de ingresos se efectuó sobre base cierta considerando los F-430 que refleja en valor imponible; en cambio, se desechó los costos y gastos contenidos en el auto avalúo, inclusive se desconoció el valor del terreno, sobre el cual se construyó el edifico Arkansas, cuando

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correspondía que dicho valor sea distribuido proporcionalmente a cada una de las unidades vendidas que generaron el ingreso gravado; asimismo, no se consideró el Impuesto a las Transferencias pagado y consignado en los F-430, el cual debió ser considerado como gasto deducible para la determinación del JUE. Con ese, procedimiento se llegó al absurdo de establecer un 100% de utilidad, indice absolutamente inverosímil que no genera ninguna actividad económica,

El sujeto activo insiste que el auto-aválúo sin respaldo documentario no es posible considerarlo; sin embargo no aplica el método sobre base presunta; señala también que debido a que no presentó documentación de respaldo tuvo que acudir a fuentes de información externas y a la base de datos; sin embargo, no se advierte la contribución de esas fuentes en la determinación de los costos de construcción; no obstante que fue el propio sujeto activo quien solicitó a la Cámara de la Construcción de La Paz información sobre los costos de construcción de edificios en diferentes zonas; información que pudo utilizar para obtener la base presunta, aspecto que no sucedió.

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La Administración Tributaria sobre este punto afirma que la vista de Cargo y la Resolución Determinativa ahora impugnada cumplen todos los requisitos exigidos por los artículos 96 y 99 de la Ley 2492; 18 y 19 del DS 27310, señalan claramente que el método utilizado para la determinación de la base imponible de! IUE fue sobre base cierta en aplicación del artículo 43, parágrafo l de la Ley 2492, contando con documentación e información indubitable del acaecimiento de la actividad comercial del contribuyente, proporcionada por terceros y la obtenida de la base de datos de esta Administración Tributaria, que da plena fe de los hechos, no siendo factible aplicar el método sobre base presunta.

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El auto avalúo presentado por el contribuyente sólo contiene estimaciones del valor comercial del inmueble y un presupuesto que provisiona y proyecta estimaciones de iso 9001 gastos que pueden variar en el tiempo; la descripción de las cantidades, preciosarok cestiICATION unitarios, insumos o materiales utilizados en la construcción del edificio Arkansas, no tienen respaldos, razón por la que no es información válida y precisa.

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La realización de la actividad de construcción por cuenta propia y la venta de inmuebles, determina que el contribuyente es sujeto pasivo del IUE y tiene la obligación de llevar registros contables; sin embargo, ni siquiera se encontraba inscrito en el Padrón de Contribuyentes, demostrando con ello la ausencia de buena fe con la que actúa; al respecto, corresponde realizar el siguiente análisis:

El artículo 43, de la Ley 2492 señala que la base imponible podrá determinarse por los siguientes métodos: 1. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que 

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del 

tributo. II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra algún de la

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. III. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial 

o totalmente del sujeto pasivo, esta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrá realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido 

en el artículo siguiente. En todos los casos la determinación podser impugnada por el sujeto pasivo, aplicando los procedimientos previstos en el Título III del presente Código

El artículo 44 del Código Tributario establece que: la Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre base presunta, lo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, en especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes circunstancias relativas a éste último: 1. Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes. 2. Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación 

del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos especiales previsto 

por este Código. 3. Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo 

. de sus facultades de fiscalización. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

  1. Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación 

respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones normativas. 5. Que se den algunas de las siguientes circunstancias

  1. a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración. 

del precio y costo.

. b) Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos. c) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los 

inventarios o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo. d) No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el 

procedimiento de control de los mismos a que obligan las normas tributarias. e) Alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos, electrónicos, 

ópticos o informáticos que imposibiliten la determinación sobre base cierta. ) Existencia de más de un juego de libros contables, sistemas de registros 

manuales o informáticos; registros de cualquier tipo o contabilidades, que contengan datos y/o información de interés fiscal no coincidentes para una 

misma actividad comercial., g). Destrucción de la documentación contable antes de que se cumpla el término 

de la prescripción. h) La sustracción a los controles tributarios; la no utilización o’utilización indebida e de etiquetas, sellos, timbres, precintos y demás medios de control; la 

alteración de las características de mercancías, su ocultación, cambio de 

destino, falsa descripción o falsa indicación de procedencia. 6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus 

operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación

sobre base cierta. Practicada por la Administración Tributaria la determinación sobre base presunta, subsiste la responsabilidad por las diferencias en más que pudieran corresponde

afaol derivadas de una posterior determinación sobre base cierta. 

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Respecto a los medios para la determinación sobre base presunta, el parágrafo 1 del 2 artículo 45 del citado cuerpo legal dispone:

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Cuando proceda la determinación sobre base presunta, ésta se practicará utilizando cualquiera de los siguientes medios que serán precisados a través de la norma reglamentaria correspondiente: 1. Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la 

existencia de los hechos imponibles en su real magnitud. 2. Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de 

bienes y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y, rendimientos que sean normales en el respectivo sector económico, considerando las características de las unidades económicas que deban compararse en términos 

tributarios. 3. Valorando signos, índices, o módulos que se den en los respectivos 

contribuyentes según los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o equivalentes. 

La citada Ley en su artículo 66 señala que: La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas: 1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; . 2. Determinación de tributos; 3. Recaudación; 4. Cálculo de la deuda tributaria; (...)

El artículo 36 de la Ley 843 crea el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que se aplicará en todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los estados financieros de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a lo que disponga esta Ley y su reglamento. 

El artículo 40 de la citada Ley dispone que: a los fines de este impuesto se consideran utilidades, rentas beneficios o ganancias las que surjan de los estados financieros, tengan o no carácter periódico. A los mismos fines se consideran también utilidades las que determinen, por declaración jurada, los sujetos que no están obligados a llevar registros contables que le permitan la elaboración de estados financieros, en la forma y condiciones que establezca la reglamentación (…). 

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El artículo 46 del mismo cuerpo legal señala que: el impuesto tendrá carácter anual y será determinado al cierre de cada gestión, en las fechas en que disponga el Reglamento. 

En el caso de sujetos no obligados a llevar registros contables que le permitan elaborar estados financieros, la gestión anual abarcará el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de cada año. 

Los ingresos y gastos serán considerados del año en que termine la gestión en el cual se han devengado. 

Sin perjuicio de la aplicación del criterio general de lo devengado previsto en el párrafo anterior, en el caso de ventas a plazo, las utilidades de esas operaciones se imputarán en el momento de producirse la respectiva exigibilidad. 

Los ingresos y gastos por el ejercicio de profesiones liberales y oficios y otras prestaciones de servicios de cualquier naturaleza podrán imputarse, a opción del contribuyente, por lo percibido

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A los fines de esta Ley, se entiende por pago o percepción cuando los ingresos o gastos se cobren o abonen en efectivo o en especie y, además, en los casos en que, estando disponibles, se han acreditado en cuenta del titular, o cuando con la autorización expresa o tácita del mismo se ha dispuesto de ellos de alguna forma. 

De acuerdo al artículo 47 de la Ley 843, la utilidad neta imponible es la resultante de deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios para su obtención y conservación de la fuente. De tal modo, a los fines de la determinación de la utilidad neta sujeta a impuesto, como principio general, se admitirán como deducibles todos aquellos gastos que cumplan la condición de ser ISO 9001 necesarios para la obtención de la utilidad gravada y la conservación de la fuente que no la genera, incluyendo los aportes obligatorios a organismos reguladores-supervisores

IQNet las previsiones para beneficios sociales y los tributos nacionales y municipales que

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En el caso del ejercicio de profesiones liberales u oficios se presumirá, sin admitir prueba en contrario, que la utilidad neta gravada será equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del monto total de los ingresos percibidos

Para la determinación de la utilidad neta imponible se tomará como base la utilidad resultante de los estados financieros de cada gestión anual, elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, con los ajustes que se indican a continuación, en caso de corresponder: 1. En el supuesto que se hubieren realizado operaciones a las que se refiere el cuarto 

párrafo del artículo anterior, corresponderá practicar el ajuste resultante del cambio de criterio de lo devengado utilizado en los estados financieros y el de la 

exigibilidad aplicado a los fines de este impuesto. 2. Las depreciaciones; créditos incobrables, honorarios de directores y síndicos

gastos de movilidad, viáticos y similares y gastos y contribuciones en favor del 

personal, cuyos criterios de deducibilidad serán determinados en el reglamento. 3. Los aguinaldos y otras gratificaciones que se paguen al personal dentro de los 

plazos en que deba presentarse la declaración jurada correspondiente a la gestión del año por el cual se paguen. 

De inicio es necesario aclarar que los artículos 36, 37, 39 de la Ley 843 y 2 del DS 24051, definen quienes son considerados sujetos pasivos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE); asimismo, el artículo 47 de la Ley 843, dispone que la utilidad neta imponible es la resultante de deducir de la utilidad bruta los gastos necesarios para su obtención y.conservación de la fuente; en este sentido, la normativa citada establece que empresa es toda unidad económica que coordina factores de producción en la realización de actividades industriales y comerciales; en el presente caso al configurarse la construcción del edificio Arkansas y posterior venta obteniendo

una utilidad por parte de Javier Humberto Zuleta Garrón, éste se constituye en sujeto

  • pasivo del citado impuesto en sujeción a los artículos citados precedentemente.

En ese marco, se evidencia que el recurrente ante la solicitud de la documentación necesaria para llevar adelante el proceso de verificación, por nota de 17 de diciembre de 2015, manifiesta que sobre la venta de departamentos, parqueos y bauleras, ante el primer requerimiento presentó parte de los F-430, los cuales son completados en

moza

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se >.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

esta ocasión; en relación a los costos y gastos adjunta el documento “Análisis Presupuestario y Avalúo Técnico” realizado por un perito externo, que considera que la actividad se inició el año 2008 con la compra del terreno; que la construcción se desarrolló durante los años 2008 y 2009, toma en cuenta también los gastos financieros, por préstamo bancario y los pagos realizados por las transferencias consignados en los F-430, aplicables como gasto; presenta el mencionado documento debido a que no cuenta con documentación contable que permita respaldar los costos y gastos incurridos en la construcción del edificio Arkansas, fojas 24-25 de antecedentes administrativos.

Continuando con la revisión de antecedentes se evidencia que la Administración Tributaria en virtud a las amplias facultades de fiscalización otorgadas por los artículos 66 y 100 de la Ley 2492 y a efectos de respaldar la determinación de la utilidad de la gestión emergente de la construcción-venta de departamentos, recabó información del Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria SIRAT ||, solicitó datos y documentación a los agentes de información y realizó las siguientes acciones:

Laco

Requirió a Derechos Reales, información relativa a bienes inmuebles registrados a nombre del contribuyente Javier Humberto Zuleta Garrón, solicitud sin respuesta. Revisión y cotejo de los reportes proporcionados por el Sistema nacional de Registro de Propiedad SINAREP, con el registro de inmuebles vendidos en Derechos Reales. Solicitó información al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, referida a Código de Registro Catastral, fotocopia de planos arquitectónicos de construcción, planos de fraccionamiento por la H.A.M., testimonios de propiedad de cada fraccionamiento, Folio Real, sin respuesta. Requirió a la Dirección de Administración Territorial y Catastral del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, información referida a Código de Registro afan 

atastral, fotocopia de planos arquitectónicos de construcción y planos de ISO 9001 fraccionamiento aprobados por la H.A.M. sin respuesta. Solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI gestionar ante l Net las entidades del sistema financiero para que proporcionen datos referidos a cuentas bancarias a nombre del contribuyente, transferencias bancarias, extractos, remesas, contratos de financiamiento con terceros. De la información

ISO 900

Calidad 

AFNOR CERTIFICATION 

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9001 IBNORCA 

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Sisterna de Gestión 

de la Calidad Certificado 771/14 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)

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proporcionada estableció que el contribuyente tiene cuentas corrientes en el Banco Nacional de Bolivia (BNB) y en el Banco BISA. De acuerdo al reporte de Consulta de Padrón extraído del SIRAT, el contribuyente Javier Humberto Zuleta Garrón se encuentra registrado en el Padrón de Contribuyentes como “persona natural” a partir del 7 de diciembre de 2011, con actividad principal: “Construcción de edificios completos o parte de edificios; obras de ingeniería civil”, sujeto a los impuestos IVA, IT, RC-IVA Agente de Retención y al IUE con cierre a marzo, fojas 7 de antecedentes administrativos. De acuerdo a los planos de fraccionamiento proporcionados por el contribuyente la Administración Tributaria estableció que el edificio Arkansas ubicado en la avenida Busch N° 1929 consta de 34 departamentos, 41 parqueos, 38 bauleras, 9 oficinas, 10 locales comerciales y 1 suvenir. De la información extraída de los F-430 Transmisión a Título Oneroso y Gratuito, el sujeto activo estableció que el contribuyente durante los periodos abril 2011 a marzo 2012, percibió ingresos de Bs 5.989.723.- por la venta de 10 departamentos, 13 parqueos, 12 bauleras, 3 oficinas y un local comercial del edificio Arkansas. La Administración Tributaria no determinó costos-gastos de construcción en razón a que el contribuyente no cuenta con documentación de respaldo. El documento “Análisis Presupuestario y Avalúo Técnico” presentado por el sujeto pasivo en sustento de los costos y gastos incurridos en la construcción del edificio Arkansas, el ente fiscal consideró que no.constituye información valedera y precisa debido a que no cuenta con respaldo suficiente, como facturas, planillas de sueldos y salarios, retenciones del RC-IVA, instrumentos públicos, etc. El costo del terreno donde se construyó el edificio Arkansas no fue tomado en cuenta por la Administración Tributaria, con el argumento que la compra se efectuó el 22 de abril de 2008, según Testimonio N° 219/2008, por ende se constituye en gasto de la gestión 2008; señala además que de acuerdo al artículo 46 de la Ley 843, dicho gasto debería ser acreditado en la gestión en la que se devengó. La Administración Tributaria determinó el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de Bs 1.302.681.- de la gestión 2012 (abril 2011 a marzo 2012), emergente de la construcción-venta de departamentos, parqueos, bauleras, oficinas, locales comerciales y suvenir del edificio Arkansas, considerando los

ingresos y gastos señalados precedentemente:

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AITU 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

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DETERMINACIÓN DEL IUE SOBRE BASE CIERTA S/G ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

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Costo terreno Intereses por préstamos. .

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-194.750,00 IUE pendiente de pago

. – 1.302.681,00 Fuente: Resolución Determinativa N° 171829002564, página 6 .”

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En virtud a la relación de hechos detallados precedentemente, se tiene que el adeudo tributario determinado por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales se efectuó considerando la documentación (F-430 y plano de fraccionamiento) proporcionada por el contribuyente e información de terceros referida únicamente ingresos de la gestión 2012; aspecto que no constituye elementos de determinación del IUE omitido sobre Base Čierta, en razón a que la utilidad neta imponible, no deviene de un Estado de Resultados conforme establece el artículo 47 de la Ley 843 y artículos 6 y 7 del DS 24051, debido a que el contribuyente en la gestión sujeta revisión (2012), no se encontraba inscrito en el Padrón de Contribuyentes, por ende no contaba con registros contables, menos Estados Financieros, tampoco reportaba los Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci…

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En este punto del análisis, es necesario señalar que la determinación de la deuda tributaria constituye un procedimiento integramente reglado y no discrecional, es decir, que las reglas establecidas normalmente no dan opción o libertad de elección entre varios resultados posibles. En este sentido una de las formas de determinación de la

  • deuda es la de oficio practicada por la Administración Tributaria en ejercicio de las facultades otorgadas por Ley, de control, verificación, fiscalización e investigación de los hechos, actos y elementos del hecho imponible no declarados por el sujeto pasivo; debiendo ser realizada principalmente sobre base cierta o sobre base presunta cuando no se tenga elementos certeros necesarios para conocer con exactitud la existencia de ataq una obligación tributaria.

ISO 900

Calidad 

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En el presente caso, de la revisión de procedimientos aplicados se advierte que el 9Net Servicio de Impuestos Nacionales si bien expuso que la determinación del IUE fue sobre base cierta; sin embargo, no consideró documentos e información que permita conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo, es decir, la

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Sistema de Gestión

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)

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utilidad base imponible del UE, debido a que conforme a las notas dirigidas a la Administración Tributaria respecto al segundo Requerimiento de documentación, cursantes a fojas 15, 24-25 y 34-35 de antecedentes administrativos, se advierte que el contribuyente, en el periodo abril a diciembre de 2011, no se encontraba inscrito en el Padrón de Contribuyentes, por consiguiente, no elaboró Estados Financieros y registros contables, no presentó documentación que proporcione información relativa al cumplimiento de las disposiciones normativas respecto a la construcción y venta de bienes inmuebles, es decir, que no contaba con documentación de respaldo, lo que derivó en la omisión de registro de operaciones de ingresos y compras, circunstancias que no permiten una determinación sobre base cierta conforme dispone el artículo 43 parágrafo I de la Ley 2492.

La Administración Tributaria en la vista de Cargo y la Resolución Determinativa sólo se limita a señalar que la determinación se efectuó sobre base cierta, sin tomar en cuenta lo establecido en los artículos 42 de la Ley 2492, 36, 40 y 47 de la Ley 843 que señalan: “Base imponible o gravable es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alicuota para determinar el tributo a pagar”, “Créase un Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que se aplicará en todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los estados financieros de las mismas al cierre de cada gestión anua ()”, “A los fines de este impuesto se consideran utilidades, rentas, beneficios o ganancias las que surjan de los estados financieros, tengan o no carácter periódico (…)y “La utilidad neta imponible será la resultante de deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios para su obtención y conservación de la fuente (...)”; es decir, no consideró que la base imponible del IUE es la utilidad que surge de los estados financieros y ésta es resultante de deducir de la

uta (ingresos menos costos) los gastos necesarios para mantener la fuente.

En el presente caso, el contribuyente no cuenta con estados financieros, no se estableció la utilidad bruta, menos la utilidad neta imponible; puesto que ingresos no es sinónimo de utilidad; si bien los ingresos se determinaron considerando documentación fehaciente, la cual corresponde a los Formularios 430; sin embargo, no se tomó en cuenta importe alguno por costos de construcción, ni siquiera el costo del terreno en forma proporcional a los inmuebles vendidos; aún más el valor del terreno

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

donde se construyó el edificio Arkansas fue desechado con el siguiente argumento: “no corresponde la asignación a la cuenta como deducible el costo del terreno, puesto que el Art. 46 de la Ley NI 843 señala (…), por tanto, dicho gasto debió ser acreditado en la gestión en la que fue devengado, vale decir en la gestión 2008”, página 26 del acto impugnado; ignorando que la compra de un terreno, por ningún motivo, no constituye gasto.

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Si bien el ente fiscal sostiene que la determinación se realizó considerando la documentación presentada por el contribuyente, la información de terceros informantes y la extraída del SIRAT II; no obstante, el acto impugnado respecto a los costos gastos señala: “…no se tuvo la documentación pertinente de los gastos y/o costos de construcción del Edificio Arkansas”, en cuanto al documento Análisis Presupuestario y Avalúo Técnico presentado por el contribuyente para respaldar los gastos ý: costos señaló: “..Si bien la documentación presentada está realizada por un perito externo y por el contribuyente, sólo contiene estimaciones del valor comercial del inmueble y un presupuesto que provisiona y proyecta estimaciones de gastos que pueden variar en. el tiempo. La descripción de las cantidades, precios unitarios, insumo o materiales utilizados en la construcción del edificio Arkansas, no tienen respaldos suficientes, como ser registros generales y especiales, facturas, notas fiscales y otros documentos y/o instrumentos públicos que demuestren que los insumos o ítems descritos en los citados documentos constituyen los gatos y costos ejecutados en la construcción del edificio Arkansas, por lo que no puede considerarse como información valedera y precisa”. 

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En este punto, es necesario precisar que la Administración Tributaria para la determinación de costos, en el presente caso, no analizó el auto avalúo proporcionado por el contribuyente, como tampoco la información proporcionada por la Cámara de Construcción de La Paz; efectuando observaciones respecto a que es información imprecisa, no

que no cuenta con respaldo documentario, conforme exige el ISO 9001 artículo 8 del DS24051. .

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La Sentencia Constitucional Plurinacional 0422/2014 de 25 de febrero de 2014, estableció que: “(…) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos 

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Sistema de Gestión 

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consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una ‘motivación arbitraria!. Al respecto el art. 30.11 de la Ley del Organo Judicial Ley 025- ‘Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales(...) Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, (…)”.

Las circunstancias mencionadas en los párrafos precedentes denotan que la Administración Tributaria sólo se limitó a señalar que la determinación de ingresos por venta de inmuebles en propiedad horizontal se efectuó sobre base cierta, considerando que la base imponible del IUE está constituida por el monto total registrado en la escritura pública a la fecha de transferencia de dominio del bien inmueble, sin tomar en cuenta el costo de ventas de los inmuebles mencionados, presumiendo en consecuencia su inexistencia; toda vez que el Auto Avalúo Técnico presentado por el sujeto pasivo fue desconocido por inconsistente y por no contar con documentación de respaldo; aspectos que no permiten establecer con certeza la utilidad que generó la . venta de los bienes inmueble e implican una inadecuada fundamentación de los

siderar la realidad económica en la determinación de costos a objeto de establecer la utilidad del ejercicio, base imponible del IUE; consiguientemente, se advierte una fundamentación o motivación arbitraria por parte del sujeto activo.

Sobre el tipo de fundamentación citado en el párrafo precedente la Sentencia Constitucional Plurinacional 0422/2014 de 25 de febrero de 2014, estableció: “(…) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, 

administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones 

  • meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio 

o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una ‘motivación arbitraria’. Al respecto el art. 30.11 de la Ley del Órgano Judicial -Ley 025 ‘Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales! (…) Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, (…)

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En ese contexto la Administración Tributaria al señalar en el acto impugnado que la determinación fue realizada sobre base cierta no responde a la verdad material de los hechos, toda vez que respaldo su decisión en conjeturas que carecen de sustento probatorio, ya que entre el hecho demostrado (construcción del edificio) y lo que se trató de deducir (utilidades), no existe un enlace.lógico y directo según las reglas del sentido común; debido a que se determinó una utilidad neta imponible igual a los ingresos gravados establecidos y no se consideró costo alguno, lo que generó una utilidad del 100% sobre estimada que carece de racionalidad, debido a que no se consideró el costo de ventas de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados; asimismo, se observa, en relación a los fundamentos de derecho, que el acto impugnado sustenta el desconocimiento de los costos y gastos en la falta de respaldo documentario original; sin considerar que según el sujeto pasivo no cuenta con los documentos extrañados; lo que evidencia que el ente fiscal no realizó, un análisis de los costos necesarios para la construcción del inmueble que le permitiría arribar a la determinación de la utilidad neta imponible que se asemeje más a la realidad de los hechos; aspectos estos que indudablemente vulneraron el debido proceso y causaron indéfensión e inseguridad jurídica al sujeto pasivo..

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Conviene aclarar que la determinación tributaria se debe realizar, procurando en lo posible, sobre base cierta, pudiéndose utilizar el método sobre base presunta sólo cuando la Administración Tributaria se vea imposibilitada de obtener elementos certeros necesarios para conocer con exactitud si la obligación tributaria sustancial existe y cuál es la dimensión pecuniaria, en otras palabras, la determinación sobre base presunta es un recurso ultima ratio. En ese sentido, el ente fiscal en sujeción al artículo 104 de la Ley 2492, debe investigar y obtener mayores elementos que hagan,

atao a la determinación sobre base cierta en lo posible o utilizar la base presunta como ISO 9001 último recurso para determinar sobre la realidad económica la existencia, en el presente caso del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas omitido.

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Lo anterior, muestra que la Vista de Cargo no contiene los hechos actos datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa impugnada;

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asimismo el acto administrativo impugnado no contiene una debida fundamentación de hecho y derecho, acorde a la realidad económica del sujeto pasivo, viciando de nulidad la Resolución Determinativa N° 171829002564 (SIN/GGLPZ/DJCC/TJ/ RD/00155/2018) de 29 de noviembre de 2018, en virtud de los artículos 96 y 99 del Código Tributario; 35, inciso c) de la Ley 2341 aplicable al caso en virtud del artículo 74, numeral 1 de la Ley 2492; correspondiendo anular obrados hasta la Vista de Cargo inclusive, debiendo la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales emitir otro acto administrativo preliminar como resultado del ejercicio de sus facultades de fiscalización, verificación, control e investigación impositiva otorgadas por el artículo 100 del Código Tributario; aplicando procedimientos acordes a los principios contables, la realidad económica y la verdad material; fundamentando técnica y legalmente su pretensión, especificando el método y procedimiento aplicados a la determinación, ya sea sobre base cierta o base presunta y valorando la documentación presentada en calidad de descargo; correspondiendo determinar la base imponible del IUE en función a la documentación e información real y no en estimaciones sin fundamento legal y técnico, en el marco de los artículos 36, 39, 40 y 47 de la Ley 843.

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

RESUELVE: PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Vista de Cargo N° 291829000232 (SIN/GGLPZ/DF/SVENC/00222/2018) de 15 de agosto de 2018 inclusive, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra Javier Humberto Zuleta Garrón; consecuentemente, la Administración Tributaria debe emitir un nuevo acto preliminar cumpliendo los requisitos estipulados en el artículo 96 de la Ley 2492 y 18 del DS 27310, aplicando procedimientos acordes a los principios contables, la realidad económica y la verdad

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

material; especificando y fundamentando el método aplicado en la determinación de la base imponible, sobre base cierta o base presunta.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la Administración Tributaria recurrida’ y la parte recurrente.

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  • TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código Tributario y sea con nota de atención.

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CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

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Directora Ejecutiva Regional? Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Regianal de Impugnadan 

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