ARIT-LPZ-RA-0379-2019 Se confirma Resolución Determinativa. El contribuyente solicita la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria, sin tomar en cuenta las modificaciones al Código Tributario con la Ley 812 respecto a la prescripción. Respecto a la base presunta para la determinación tributaria del IVA e IT, se aplicó al determinar las ventas no declaradas, en base a que las compras realizadas al proveedor se vendieron todas, tomando en cuenta que el contribuyente no aportó pruebas de descargo que desvirtúen lo aseverado por la Administración Tributaria.

ARIT-LPZ-RA-0379-2019

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZIRA 0379/2019 

Recurrente: 

Genaro José Sossa Martínez 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Néstor Hugo Muñoz Cossío

Acto Impugnado: 

Resolución Determinativa N° 171821000713 (SIN/GDEA/DJCC/TJ/RD/00207/2018)

Expediente : 

ARITLPZ1992/2018 

Lugar y Fecha: 

La Paz, 15 de marzo de 2019 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 0379/2019 de 14 de marzo de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente: –

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Determinativa No. 171821000713 (SIN/GDEA/DJCC/TJ/RD/00207/2018) de 21 de noviembre de 2018, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales que resolvió determinar de oficio la deuda tributaria del contribuyente Genaro José Sossa Martínez, sobre base cierta y sobre base presunta las obligaciones impositivas por el Impuesto al Valor

Valor afaq Agregado (IVA) y del Impuesto a las Transacciones (IT) en la suma de 1.190.622 ISO 9001 UFV’s, que incluye tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales correspondiente a los periodos fiscales enero,

1oNe febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y noviembre 2011.

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. 11.1. Argumentos del Recurrente 

Genaro José Sossa Martínez mediante nota presentada el 18 de diciembre de 2018,

cursante a fojas 54-59 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

Plantea la nulidad de la Vista de Cargo N° 291821000450 como de la Resolución Determinativa N° 171821000713, ambos actos por no haber respetado los preceptos legales que rigen las formas de notificación contenidos en el Código Tributario y sentencias constitucionales, causandole indefensión para hacer valer sus derechos.

La Resolución Determinativa señala que para el cálculo de la base imponible utilizó la RND N° 10-0017-13 de 8 de mayo de 2013; sin embargo, aplicó los medios dispuestos en relación a contribuyentes similares, lo cual hace inviable la determinación de la base imponible presunta que se basó en información errónea. En relación a la determinación del precio de venta consideró el artículo 8 inciso c) “Técnica de Contribuyentes Similares”, de la señalada RND; siendo incomparables las empresas agentes de información con la actividad de minorista que desarrolla, aspecto que vulnera los numerales I y Ill del artículo 96 y parágrafo Il del artículo 99 de la Ley 2492.

Para determinar a base imponible del IVA, consideró el monto de ventas del periodo denominado debito fiscal, restando el monto por los gastos efectuados vinculados a la actividad que cuenten con factura o documento equivalente denominado crédito fiscal; en dicho cálculo no se debe tomar en cuenta las utilidades, lo que demuestra un trabajo realizado por la Administración Tributaria de manera ilegal, el mismo razonamiento fue

aplicado para el Impuesto a las Transacciones – IT.

Sobre el crédito fiscal se debe considerar todo lo que se gasto dentro del periodo fiscal, en aplicación de los principios de verdad material y realidad económica, para poder determinar la deuda sobre base presunta; al no existir prueba fehaciente, tangible y documental del origen del hecho generador a más de la información del proveedor; información que se utiliza en contra del contribuyente pero no a su favor, siendo un crédito fiscal adquirido como gasto efectuado. De acuerdo a los principios citados, el

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crédito fiscal debe ser considerado para la determinación de la deuda tributaria y sus accesorios tal como señala el artículo 8 de la Ley 843 y el artículo 8 del DS 21530.

En cuanto al principio de capacidad económica y contributiva contenida en el artículo 108.7 de la Constitución Política del Estado, marco normativa que tiene clara la perspectiva de la justicia social y distributiva que hace a la esencia de la materia tributaria nacional, por cuanto lo que esta persigue, es la elaboración y aplicación de una fórmula que permita a cada administrado contribuir al sostenimiento del Estado en la medida de sus posibilidades, o lo que es lo mismo, a partir de su capacidad económica o contributiva.

Señala que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 121 de la CPE, nadie está obligado a declarar contra sí mismo para ser sancionado, por lo que todas las pruebas que se basan en las declaraciones y solicitudes de información sobre el movimiento de su actividad son inaplicables e ilegales.

Fue notificado con la Resolución Determinativa N° 171821000713 el 28 noviembre de 2018, que corresponde a la verificación de los periodos fiscales de la gestión 2011, por los impuestos IVA e IT; en ese sentido, de acuerdo al artículo 59 de la Ley 2492 los periodos fiscales citados se encuentran prescritos, al efecto solicitó la prescripción de todos los cargos contenidos en el acto administrativo definitivo citado; como respaldo existe infinidad de resoluciones y sentencias que consideran jurisprudencia sobre la aplicación de la ley al momento del hecho generador para tomar en cuenta para el cómputo y aplicación de los periodos de prescripción. Cita el principio de irretroactividad de la Ley y las Sentencias Constitucionales N° 770/2012-R de 13 de agosto y N° 2243/2012 de 8 de noviembre; en ese sentido, no corresponde la aplicación de la Ley N° 812, la cual no es más favorable para el contribuyente.

afad Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente o anular la Resolución Determinativa N° 171821000713 (SIN/GDEA/DJCC/TJ/RD/00207/2018) de 21 de noviembre de 2018.

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II.2. Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Genaro José Sossa Martínez, fue admitido mediante Auto de 26 de diciembre de 2018, notificado personalmente tanto al Gerente Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales como al recurrente el 31 de diciembre de 2018 y el 2 de enero de 2019, respectivamente; fojas 60-62 de obrados.

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Néstor Hugo Muñoz Cossío conforme la Resolución Administrativa de Presidencia No 031800001070 de 28 de diciembre de 2018, por memorial presentado el 15 de enero de 2019, cursante a fojas 65-78 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

El sujeto pasivo ahora recurrente planteó nulidad en la notificación tanto de la Vista de Cargo como de la Resolución Determinativa; al respecto aclara que una vez notificado el acto administrativo preliminar el recurrente el 13 de noviembre de 2018 presentó descargos, en los cuales no objeto la notificación de esta, por lo cual el argumento referido a la nulidad resulta totalmente incongruente, más aun cuando el recurrente no

argumenta las razones por las cuales las notificaciones de ambos actuados estarían

viciados de nulidad; en ese sentido, es evidente que la Administración Tributaria realizó las diligencias de notificación de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa en cumplimiento de las normas tributarias.

La Administración Tributaria inicio el proceso determinativo con la Orden de Fiscalización N° 14990100258, realizando una determinación sobre base cierta y base presunta del Impuestos al Valor Agregado y del Impuestos a las Transacciones de los periodos fiscales de enero a diciembre de 2011; a través de la verificación de la información del contribuyente, de los terceros informantes, así como de las entidades financieras, evidenció que el contribuyente no declaró todas las ventas efectuadas según las copias emisor proporcionadas, depuro crédito fiscal por apropiación indebida y falta de respaldos; como también que el contribuyente no declaró todas sus compras estableciendo ventas por compras no declaradas; al respecto señala que el ente fiscal realizó los actos jurídicos bajo la égida del respeto a los derechos, reglas, principios y garantías básicas fijadas por el orden jurídico nacional. Con la información obtenida

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ajusto sus actuaciones conforme establece el artículo 100 de la Ley 2492, realizando indagaciones sobre los hechos observados estableciendo claramente la verdad material, el debido proceso y determinación de la deuda tributaria del sujeto pasivo.

El contribuyente trató de evadir sus obligaciones fiscales al no reportar todas sus compras, siendo que estas están respaldadas por el proveedor PIL Andina SA., justificando las condiciones establecidas en el inciso a) del numeral 5 para la aplicación del método sobre Base Presunta; aclara que también estableció deuda tributaria sobre base cierta, por la cual el sujeto pasivo no presento argumento u observación alguna

en su Recurso de Alzada consintiendo la determinación realizada.

Al no haber dado razón sobre el destino de las compras, se presumió que las mismas fueron vendidas en el periodo de la adquisición, en conformidad al inciso b) del artículo 7 de la RND N° 10-0017-13 de 8 de mayo de 2013; hace notar que en total falta de congruencia en su Recurso de Alzada el recurrente indica que se estaría utilizando la técnica de contribuyentes similares de acuerdo al artículo 8 del inciso c) de la citada RND, afirmación que no coincide con los antecedentes del proceso.

Sobre la vulneración al derecho de no declarar contra sí mismo, señala que no se basó únicamente en la información y respuesta que el sujeto pasivo brindo, sino por la

ación y respuestas que brindaron terceras personas como ser el proveedor PIL Andina SA.; asimismo, hace recuerdo que el contribuyente tiene la obligación de facilitar la información que se le solicite, conforme establece el numeral 6 del artículo 70 de la Ley 2492.

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En relación a la carga de la prueba establecida en el artículo 76 de la Ley 2492; infiere que en la etapa preliminar de la fiscalización el ente fiscal se encuentra encargada de recabar información, ya sea a través del propio contribuyente como de terceros afaol informantes o de las bases de datos de información con las que cuenta el SIN y de manera posterior a la notificación de la Vista de Cargo es deber del contribuyente

ejercer su derecho a la defensa y presentar toda la documentación y pruebas TQNet respectivas para desvirtuar las pretensiones preliminares de la Administración Tributaria; de manera posterior, se evidencio que el sujeto pasivo no presentó descargos suficientes que enerven a la vista de Cargo, por lo cual se ratificaron los

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cargos en la Resolución Determinativa por lo que no existe vulneración alguna al debido proceso y seguridad jurídica, al efecto cita la Sentencia No 64/2016 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia.

Respecto a la supuesta prescripción, indica que el artículo 59 parágrafo I del Código Tributario fue modificado en un inicio por la Leyes 291 y 317 y finalmente por la Ley 812; al efecto se debe comprender la aplicabilidad de las Leyes está en función a su vigencia de acuerdo al artículo 23 de la CPE y 150 de la Ley 2492, lo que implica que los actos administrativos emitidos y notificados estarán sujetos a las mismas, argumento concordante con bastos precedentes administrativos. Puntualiza que el derecho del contribuyente de prescripción de las facultades de la Administración Tributaria de determinación de deuda tributaria se aplicaría solo si su derecho se hubiere consolidado con anterioridad de la entrada en vigencia de las Leyes Nos. 291,

y 812; vale decir, que existiría una aplicación retroactiva de la Ley siempre y cuando a la entrada de la vigencia de las precitadas leyes afecten los derechos adquiridos o consolidados del contribuyente, de lo contrario no se considera que se estuviera aplicando una norma de manera retroactiva, toda vez que el derecho del contribuyente no se llegó a consolidar por encontrarse sujeto al cumplimiento del plazo dispuesto por Ley para la consolidación de dicho derecho.

En el presente caso, al estar vigentes las Leyes Nos. 291 y 317, que modificaron la Ley N° 2492 y ahora la Ley 812, corresponde su aplicación, por lo que lo dispuesto por

culo 59 parágrafo 1 de la Ley 2492, mismo que señala que el término para determinar la deuda tributaria prescribe a los ocho años en la presente gestión. Además se debe considerar la suspensión del término de la prescripción, debido a la notificación de la Orden de Fiscalización N° 14990100258 el 2 de septiembre de 2014, a partir del cual el término de la prescripción quedo suspendido por 6 meses, esto es hasta el 2 de febrero de 2015, prosiguiendo desde esta fecha el computo, prolongándose hasta aproximadamente a finales de julio de 2020; al efecto, cito la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2468/2018.

.

“.

La proporcionalidad, transparencia, control y sencillez administrativa, fueron los principios vivificadores del proceso de determinación, que se llevó a cabo en el procesos de fiscalización del cumplimiento de las obligaciones impositivas del sujeto

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pasivo respecto al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones de la gestión 2011, ejerciendo sus amplias facultades establecidas en el artículo 100 de la Ley 2492 y las facultades genéricas que el artículo 21 de la citada norma jurídica, le reconocen a la Administración Tributaria; por lo expuesto, las actuaciones realizadas por el ente fiscal se presumen de legítimos, de acuerdo al artículo 65 de la Ley citada.

Queda demostrado que el Servicio de Impuestos Nacionales en ningún momento actuió arbitrariamente, sino en el marco de la ingeniería jurídica nacional vigente a momento de emitir los correspondientes actuados; demostró la legalidad de los ac Vista de Cargo como de la Resolución Determinativa, debido a que se enmarcan en el procedimiento legalmente establecido en los artículos 95, 96 y 99 de la Ley 2492. EI DS No 27113 que reglamenta la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo , establece en el artículo 55 que será procedente la revocación de un acto anulable por v

vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa N° 171821000713 (SIN/GDEA/DJCCITJ/RD/00207/2018) de 21 de noviembre de 2018.

II.4 Apertura de término probatorio y producción de pruebas Mediante Auto de 16 de enero de 2019, se dispuso la apertura del término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d), artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada al recurrente y la Administración Tributaria en Secretaría el 16 de enero de 2018; fojas 79-80 de obrados. .

Periodo durante el cual la Administración Tributaria, mediante memorial de 31 de enero

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de 2019, ratificó pruebas que fueron presentadas en los antecedentes administrativos; af

o atao al efecto, por Proveído de 1 de febrero de 2019, se dio por ratificada la prueba

documental; fojas 81-82 de obrados.

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11.5 Alegatos Por memorial presentado el 25 de febrero de 2019, la Administración Tributaria presentó alegatos en conclusiones, ratificándose in extenso en el contenido del

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memorial de respuesta al Recurso de Alzada; al efecto, por Proveído de 26 de febrero de 2019, se dio por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria; actuación notificada a las partes en secretaria el 27 de febrero de 2019; fojas 86-44-46 de obrados.

El recurrente Genaro José Sossa Martínez, no presentó alegatos escritos, ni orales dentro del plazo previsto en el parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, el 2 de septiembre de 2014, notificó a Genaro José Sossa Martínez, con la Orden de Fiscalización N° 14990100258 de 17 de junio de 2014, modalidad Fiscalización Parcial, con alcance a la verificación de los hechos y/o elementos correspondientes al IVA e IT de los períodos fiscales enero a diciembre 2011, a objeto de establecer el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias señaladas precedentemente; en ese contexto, mediante el Requerimiento N° 14210900037 de 14 de agosto de 2014, solicitó al contribuyente la presentación de Declaraciones Juradas del IVA e IT, comprobantes de egresos e ingresos, comprobantes de diario, dosificación de facturas, inventarios, kardex, libro de contabilidad mayores, libros de compras y ventas IVA, notas fiscales de respaldo al crédito fiscal, notas de respaldo al débito fiscal IVA y proveedores de bienes y servicios, contratos con clientes y formulario 605; fojas 2 y 6 de antecedentes administrativos.

Genaro José Sossa Martínez, mediante nota presentada a la Administración Tributaria el 9 de septiembre de 2014, solicitó prórroga para la entrega de sus documentos; al efecto, por Proveído No 24 1288 14 de 17 de septiembre de 2014, se amplió el plazo de tres días hábiles a partir de la notificación con el citado Proveído; fojas 8-9 de antecedentes administrativos.

Mediante Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 00131485 de 11 de agosto de 2015, se estableció el incumplimiento al deber formal de entrega de toda la información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control, e investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos, contraviniendo el numeral 8 del artículo 70 de la Ley 2492,

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correspondiendo una sanción de 1.500 UFV’s, según el Anexo Consolidado, subnumeral 4.1 de la RND 10-0037-07; fojas 10 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria mediante Acta de Acciones u Omisiones (Inspección Ocular) señala que el 9 de septiembre de 2014, se constituyeron en el domicilio del contribuyente Genaro José Sossa Martínez, lugar en el que se constató la distribución de lácteos líquidos en la ciudad de El Alto, depósito, dos camiones de su propiedad y 4 alquilados; así también cuenta con 12 personas, bajo su dependencia, sus clientes son la Fuerza Aérea Boliviana y YPFB, siendo su medio de pago en efectivo y notas fiscales que emite, también como merma distribuye productos vencidos que no se documenta, su proveedor es PIL, compra a crédito, las facturas de PIL son el respaldo, el medio de pago a sus proveedores son mediante de depósitos a cuentas bancarias de PIL en los bancos FIE y Mercantil; fojas 48-51 de antecedentes administrativos.

Del Acta de Recepción de Documentos de 17 de septiembre de 2014, se tiene que el contribuyente Genaro José Sossa Martínez, presentó documentación consistente en Declaraciones Juradas Formularios 200, 400, 500 y. 605, Estados Financieros, Libros de compras y ventas, facturas de crédito fiscal, copias de facturas de débito fiscal (15 talonarios), dosificación de facturas, inventarios Kardex, libros mayores, comprobantes de ingreso, egreso y comprobantes de diario, todos del periodo fiscal 2011; fojas 52 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria el 11 de agosto de 2015, emitió la Vista de Cargo 29 0183 15 (CITE: SIN/GDEA/DF/FENC/212/2015), que estableció sobre base presunta una deuda tributaria que asciende a 1.357.607 UFV’s, importe que incluye el impuesto omitido del IVA e IT, mantenimiento de valor, intereses y la sanción por la calificación preliminar de la conducta del contribuyente como omisión de pago, así como una multa por incumplimiento a deberes formales de los períodos fiscales enero a diciembre a faol 2011, actuación administrativa notificada mediante cédula el 18 de agosto de 2015, fojas 470-482 de antecedentes administrativos.

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Mediante nota presentada ante la Administración Tributaria el 17 de septiembre de 2015, Genaro José Sossa Martínez, solicitó que se acepte los argumentos de descargo y adjuntó en calidad de prueba fotocopia de cedula de identidad, diligencia de

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notificación, Vista de Cargo 29 0183 15 (CITE: SIN/GDEA/DF/FE/C/212/2015), Reporte de Consulta de Padrón, facturas Nos. 0006359, 0006377, 0017919, 0017921, 0017922, 0001541, 0001660, 0001657, 0000338, 0004301, 0000337; fojas 1948-1990 de antecedentes administrativos.

La Resolución Determinativa N° 17 0233 16 (SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/00011/2016) de 26 de febrero de 2016, que resolvió determinar la deuda tributaria del contribuyente Genaro José Sossa Martínez, sobre base presunta la suma de 875.819 UFV’s por tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses correspondiente al IVA e IT por los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2011, más la sanción del 100% del tributo omitido, así como la multa por incumplimiento a deberes formales por la entrega de la documentación requerida por la Administración Tributaria, acto administrativo notificado por cédula el 1 de junio de 2016, fojas 1997-2009 de antecedentes administrativos.

La Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0835/2016 de 3 de octubre de 2016 resolvió: “ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la vista de Cargo 290183 15 (CITE: SIN/GDEA/DF/FE/VC/212/2015) de 11 de agosto de 2015, inclusive; consecuentemente, el Ente Fiscal debe emitir, si corresponde, un acto administrativo preliminar en cumplimiento de los artículos 42, 43 y 96 parágrafo I del Código Tributario y 18 del DS 27310″; fojas 2014-2024 de antecedentes administrativos.

La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1675/2016 de 13 de diciembre de 2016, resolvió: CONFIRMAR la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0835/2016 de 3 de octubre de 2016, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Genaro José Sossa Martínez , contra la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se anulan obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo N° 29018315 (CITE: SIN/GDEA/DF/FE/VC/212/2015) de 11 de agosto de 2015 inclusive, debiendo la citada Administración Tributaria emitir una nueva Vista de Cargo, cumpliendo los requisitos establecidos en los Artículos 96 de la Ley N° 2492 (CTB) y 18 del Decreto Supremo N° 27310, fundamentando debidamente el procedimiento de la reconstrucción de inventarios realizado durante el proceso de 

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determinación de oficio y estableciendo de manera expresa los datos y antecedentes que determinen la Base Imponible del IVA e IT; todo de conformidad a lo previsto en el Artículo 212, Parágrafo I, inciso b) del Código Tributario Boliviano.;a fojas 2026-2042 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria el 28 de septiembre de 2018, emitió la Vista de Cargo No 291821000450 (CITE: SIN/GDEA/DFNC/00451/2018), resolvió determinar de oficio, sobre base cierta y sobre base presunta las obligaciones impositivas por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) en la suma de 1.183.091 UFV’s, que incluye tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales correspondiente a los periodos fiscales enero a diciembre 2015; acto administrativo notificado por cédula al contribuyente el 19 de octubre de 2018, fojas 2810-2846 de antecedentes administrativos

Mediante nota presentada ante la Administración Tributaria el 13 de noviembre de 2018, Genaro José Sossa Martínez, presentó argumentos de descargo observando la determinación en base cierta como la determinación sobre base presunta, así mismo señalo que los periodos fiscales observados se encuentran prescritos; fojas 2851-2856 de antecedentes administrativos.

La Resolución Determinativa N° 171821000713 (SIN/GDEA/DJCC/TJ/RD/00207/2018) de 21 de noviembre de 2018, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió determinar de oficio, sobre base cierta y sobre base presunta las obligaciones impositivas por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) en la suma de 698.487 UFV’s, que incluye tributo omitido e intereses por los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y noviembre 2011, más la sanción del 100% del tributo omitido, así como la multa por incumplimiento a deberes a faol formales por la entrega de la documentación requerida por la Administración Tributaria,

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acto administrativo notificado por cédula el 28 de noviembre de 2018; fojas 2913-2965 de antecedentes administrativos.

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)

Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (5912) 2412613 – 2411973. www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia

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  1. I FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-11 del referido Código Tributario, se tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se avocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Genaro José Sossa Martínez en el Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.

De inicio, es necesario puntualizar que el recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada, solicitó alternativamente la revocatoria total o nulidad del acto administrativo impugnado; en ese contexto, siendo obligación de ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitir un criterio y/o posición respecto a todos y cada uno de los planteamientos formulados, se efectuará inicialmente la revisión de la existencia o no de los vicios y si estos están legalmente sancionados con la nulidad; sólo en caso de no ser éstos evidentes, se procederá al análisis de las cuestiones de fondo

planteadas.

IV.1. ASPECTOS DE FORMA IV.1.1 Notificación de los actos administrativos El recurrente en su Recurso de Alzada manifiesta la nulidad de la Vista de Cargo No 291821000450 como de la Resolución Determinativa N° 171821000713, ambos actos por no haber respetado los preceptos legales que rigen las formas de notificación contenidos en el Código Tributario y sentencias constitucionales, causandole indefensión para hacer valer sus derechos.

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La Administración Tributaria señala que una vez notificado el acto administrativo preliminar el sujeto pasivo el 13 de noviembre de 2018 presentó descargos; sin

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embargo, no objeto la notificación, por esta razón, el argumento referido a la nulidad resulta totalmente incongruente, más aun cuando el recurrente no argumenta las razones por las cuales las notificaciones de ambos actuados estarían viciados de nulidad; en ese sentido, es evidente que la Administración Tributaria realizó las diligencias de notificación de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa en cumplimiento de las normas tributarias; respecto, corresponde señalar lo siguiente:

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone: 1. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones

El artículo 68 de la Ley 2492 establece: Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 8. A ser informado al inicio y, conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones. 

El artículo 83 de la Ley 2492, dispone: I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, sen corresponda: 1. Personalmente; 2. Por Cédula; 3. Por Edicto; 4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 5. Tácitamente; 6. Masiva; 7. En Secretaría; II. Es afao

n on ISO 9001 nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las T notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o aloNet pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

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II 

TIL

El artículo 85 de la Ley 2492, señala: I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente. Il. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará la diligencia. 

Respecto a la observación planteada, es preciso establecer que la notificación de los actos administrativos de carácter particular, constituye una manifestación del derecho fundamental al debido proceso; asimismo la notificación cumple una triple función dentro de la actuación administrativa, 1) asegura el cumplimiento del principio de publicidad establecido por el artículo 4 inciso m) de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, pues mediante ella se pone en conocimiento de los interesados el contenido de las decisiones de la Administración Tributaria; II) garantiza el cumplimiento de las reglas del debido proceso en cuanto permite la posibilidad de ejercer los derechos de defensa y de contradicción establecido por el artículo 68 numeral 6 de la Ley 2492; y, finalmente, lil) la notificación hace posible la efectividad de los principios de celeridad y eficacia al delimitar el momento en el que empiezan a correr los términos de los recursos y de las acciones procedentes, conforme determina el artículo 143 del Código Tributario.

Se debe considerar que en el artículo 83 de la Ley 2492, se encuentran plasmados los medios de notificación admitidos en nuestra materia; al respecto, ante la imposibilidad de practicar una notificación personal conforme determina el artículo 84 de la Ley 2492, es decir, la entrega realizada al interesado o su representante legal de la copia integra de la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, el legislador previó la modalidad de notificación por cédula, cuyas regulaciones se encuentran

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previstas en el artículo 85. de la citada Ley, actuación practicada en el caso que el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, en cuyo caso, el

servidor público de la Administración Tributaria, debe dejar un aviso de visita a

cualquier persona mayor de 18 años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a una hora determinada del día siguiente hábil siguiente. ”

En caso de no ser habido en dicha ocasión, se procederá a elaborar la representación correspondiente estableciendo las circunstancias y hechos anotados, lo que dará lugar a la notificación por cédula que deberá estar constituida por una copia del acto a notificar firmada por la autoridad que lo expidiera y será entregada por el servidor público de la Administración Tributaria en el domicilio del que debiera ser notificado o cualquier persona mayor de 18. años o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que deberá suscribir la diligencia.. i

Bajo el contexto normativo citado precedentemente y toda vez que el recurrente señala que el agravió fue tanto en la notificación de la Vista de Cargo como de la Resolución Determinativa al no respetar los preceptos legales que rigen las formas de notificación causándole indefensión; al respecto, se advierte de la revisión de antecedentes administrativos a fojas 2843-2846, que la Administración Tributaria mediante el servidor público de la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, Jesús Siñani Pocohaca encargado de la Notificación, se apersonó en el domicilio ubicado en la Avenida Panorámica N° 5000 de la Zona Rosas Pampa Aurora a objeto de notificar a Genaro José Sossa Martínez, con la vista de Cargo N° 291821000450 (CITE: SIN/GDEA/DFNC/00451/2018), al no ser encontrado emitió el Primer Aviso de Visita el 17 de octubre de 2018, a horas 09:20, comunicando que sería nuevamente buscado el 18 de octubre de 2018, firmando en constancia, la testigo de actuación Jeorgina Nina con CI 9127045 LP; al día siguiente 18 de octubre de 2018 a horas afao. 10:00, nuevamente no fue encontrado el ahora recurrente; posteriormente, el funcionario responsable formuló representación jurada de las circunstancias, en mérito de lo cual el Gerente Distrital El Alto Grandes del Servicio de Impuestos Nacionales

QNet instruyó la notificación por cédula, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

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Documento 

Domicilio

Firma Notificador 

Firma Testigo Act

Notificación a: 

Fojas 

Jesús

Sinani

Firma Receptor Florencia Tarqui Aquino (Sobrina del sujeto pasivo)

Jehorgina Nina

2843 

Pocohaca

Notificación 1er aviso de visita, 17/10/2018 Horas: 09:20 Constancia de visita, 18/10/2018

a horas: 10:00 Cédula, 19/10/2018 Horas: 09:30

Vista de Cargo No 291821000450 (CITE SINGDEADFNVC/00451 12018)

Av. Panorámica No 5000 Zona Rosas Pampa Aurora

Genaro José Sossa Martinez

Jesús

Sinani

Florencia Tarqui Aquino (Sobrina del sujeto pasivo) 

Jehorgina Nina

2846

Pocohaca

Continuando con el procedimiento la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 171821000713 (SIN/GDEA/DJCC/TJ/RD/00207/2018) de 21 de noviembre de 2018 y de antecedentes administrativos se advierte que el servidor público Carmen Rosa Aliaga Molina con C.I. N° 4376423 LP., se apersonó al domicilio ubicado en Avenida Panorámica N° 5000 de la Zona Rosas Pampa Aurora de la ciudad de El Alto, cuya dirección es coincidente con el registrado en la Consulta de Padrón de Contribuyentes a fojas 2966 de antecedentes, con la finalidad de practicar la notificación al contribuyente Genaro José Sossa Martínez, al efecto se advierte que

realizó las siguientes actuaciones:

Notificación

Documento 

Domicilio

Firma Notificador 

Firma Testigo Act.

Notificación a:

Fojas

1er aviso de visita, 27/11/2018 a horas: 16:50

Carmen Rosa Aliaga Molina

Firma Receptor Fernando Cuba Oraquine (Seguridad del domicilio)

Porfirio Uruña

2963

Av. Panorámica No

Constancia de visita, 28/11/2018

Genaro 

José 

Resolución Determinativa 

171821000713 (SIN/GDEA/DJCC TJRD 100207/2018) de 21 de noviembre de 2018

5000 Zona Rosas Pampa Aurora 

Sossa Martinez 

a horas: 09:00

Cédula, 28/11/2018 Horas:

Carmen Rosa Aliaga Molina

Florencia Tarqui Aquino (Sobrina del sujeto

| Flora Carrasco

2965

10:00

pasivo)

Todas las circunstancias antes detalladas, permiten establecer que el acto de comunicación practicado por la Administración Tributaria mediante cédula al ahora recurrente inicialmente con el Vista de Cargo N° 291821000450 (CITE: SIN/GDEA/DF/C/00451/2018) y de manera posterior con la Resolución Determinativa N° 171821000713 (SIN/GDEA/DJCC/TJ/RD/00207/2018) de 21 de noviembre de 2018; fueron realizadas conforme al procedimiento previsto en el artículo 85 de la Ley 2492; asimismo, corresponde considerar que la persona mayor de edad a quien se dejó los avisos de visita y las diligencias de notificación con los citados actos administrativos se encuentra identificada como Florencia Tarqui Aquino con ci 5473962 LP. “sobrina del contribuyente” y que procedió a estampar su firma conforme consta a fojas 2846 y 2965 de antecedentes administrativos; en ese entendido, no existe duda sobre su validez y eficacia de las diligencias practicadas, por esta razón

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

legal, correspondía que el recurrente asuma en su oportunidad defensa, presentando al efecto y en los plazos pertinentes los descargos necesarios con la finalidad de desvirtuar los cargos que le fueron formulados por el Ente Fiscal; de la misma manera, con relación al acto administrativo ahora impugnado este fue interpuesto dentro los plazos y condiciones establecidas por el artículo 143 y 1998 del Código Tributario, lo que pone de manifiesto que efectivamente fue de pleno conocimiento de Genaro José Sossa Martínez de los actos emitidos por el ente fiscal. –

1.1.2 Aplicación de la RND 10-0017-13 El recurrente señala que la Resolución Determinativa para el cálculo de la base imponible utilizó la RND N° 10-0017-13 de 8 de mayo de 2013; sin embargo, aplicó los medios dispuestos en relación a contribuyentes similares, lo cual hace inviable la determinación de la base imponible presunta, que se basó en información errónea. En relación a la determinación del precio de venta consideró el artículo 8 inciso.c) “Técnica de Contribuyentes Similares”, de la señalada. RND; siendo incomparables: las empresas agentes de información con la actividad de minorista que desarrolla; aspecto que vulnera los numerales I y Ill del artículo 96 y parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492.

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Por su parte, la Administración Tributaria argumenta que inicio el proceso determinativo con la Orden de Fiscalización N° 14990100258, realizando una determinación sobre base cierta y base presunta del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Transacciones de los periodos fiscales de enero a diciembre de 2011; a través de la verificación de la información del contribuyente, de los terceros informantes, así como de las entidades financieras, evidenció que el contribuyente no declaró todas las ventas efectuadas según las copias emisor proporcionadas, depuro crédito fiscal por apropiación indebida y falta de respaldos; como también que el contribuyente no declaró todas sus compras estableciendo ventas por compras no declaradas; al afaol respecto, señala que el ente fiscal realizó los actos jurídicos bajo la égida del respeto a los derechos, reglas, principios y garantías básicas fijadas por el orden jurídico nacional. Continua mencionando que al no haber dado razón sobre el destino de las ° 1 Net compras no declaradas, se presumió que las mismas fueron vendidas en el periodo de la adquisición, en conformidad al inciso b) del artículo 7 de la RND N° 10-0017-13 de 8 de mayo de 2013; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

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El artículo 96 del Código Tributario en relación a la vista de Cargo, dispone: I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo. III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda. 

El artículo 98 del Código Tributario en relación a los descargos de la Vista de Cargo, dispone: Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

El artículo 99 del Código Tributario en relación a la Resolución Determinativa, dispone: 1. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de ses para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración Tributaria. En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo; especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así 

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como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido seexpresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

III. La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la obligación tributaria. 

El artículo 18 del Decreto Supremo 27310, en relación a los requisitos esenciales que debe contener la Vista de Cargo, dispone: La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá consignar los siguientes requisitos esenciales: a) Número de la Vista de Cargo. b) Fecha. c) Nombre o razón social del sujeto pasivo: d) Número de registro tributario, cuando corresponda. e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, periodo (s) fiscal (es). f) Liquidación previa de la deuda tributaria. g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo I del Artículo 98 de la Ley N° 2492. h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

El artículo 19 del citado DS en relación a los requisitos que debe contener la Resolución Determinativa, dispone: La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 2492. Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones legales aplicables al caso.

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De la revisión de la Vista de Cargo N° 291821000450 (CITE: SIN/GDEA/DF/VC/00451/2018) de 28 de septiembre de 2018, en su acápite afaol “DETERMINACIÓN DE LA BASE PRESUNTA”, refiere: “De la verificación efectuada a Scoiled las copias de facturas de ventas del proveedor y cotejado con las facturas declaradas en libro de compras del contribuyente fiscalizado, se evidencio que existen varias Net” facturas de compras no declaradas (…) El importe de las facturas de compra no SIEMENS SIEN declaradas formara parte de la determinación de Impuestos al Valor Agregado e Impuestos a las Transacciones sobre base presunta”; en ese sentido, en el siguiente

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acápite “TÉCNICA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE PARA BASE PRESUNTA”, señaló: Para el caso sujeto a fiscalización sobre base presunta, de las compras no declaradas presumiéndose ventas sin la emisión de la nota fiscal; se determinará en base al numeral 1 del Artículo 6 de la RND 100017-13 que dispone la deducción como medio para cuantificar la base presunta. El inciso b) Técnica de compras no registradas del Artículo 7 de la citada disposición (...)“; conforme cursa a fojas 2826-2831 de antecedentes administrativos.

Sumado a lo señalado el acto administrativo preliminar estableció, en el acápite “Procedimiento para establecer Base Imponible de Ingreso no declarado por compras no reportadas”, lo siguiente: “De acuerdo al inciso b) del Artículo 7 de la RND N° 10 001713 (…) En base a esta disposición legal todas las compras NO declaradas se presume que han sido vendidas; al precio de costo y se adiciono el 6.84% de Margen de Utilidad Presunta desarrollado anteriormente y la tasa efectiva del IVA según el artículo 5 de la Ley 843 determinándose el precio de venta además de presumir que todas las compras efectuadas en el mes han sido vendido en el mismo mes toda vez que los productos son perecederos y con fechas de vencimiento cortos. En consecuencia se establece ingresos declarados por las compras NO reportadas y presuntamente vendidas por un importe de Bs5.016.373,29 (..); cursante a foja 2833 de antecedentes administrativos.

De acuerdo a lo señalado, el Ente Fiscal efectuó la determinación del IVA e IT considerando los ingresos no declarados de Bs5.016.744.- en ese entendido, estableció un reparo en relación al IVA de Bs652.129.- en aplicación de los artículos 1, 3, 4, 5, 7, 10 y 12 de la Ley 843, asimismo, para el IT se determinó B$150.492.- de conformidad a los artículos 72, 73, 74 y 75 de la Ley 843, según consta a fojas 2833 2837 de antecedentes administrativos; es necesario aclarar que para la determinación del importe de los ingresos no declarados, se consideró el precio de costo al cual se adiciono el margen de utilidad presunto y la tasa efectiva del IVA; asimismo, la citada Vista de Cargo en su parte inicial de los hechos señala que efectuó la fiscalización sobre base cierta en cumplimiento de lo señalado en el parágrafo I del artículo 43 de la Ley 2492; como también sobre base presunta en cumplimiento al numeral Il del artículo 43 de la Ley 2492, de los ingresos no declarados por las compras no reportadas utilizando el numeral 1 del Artículo 6 de la RND 10-0017-13 que dispone la

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deducción como medio para cuantificar la base presunta, el inciso b) Técnica de compras no registradas del Artículo 7.

Conforme a lo descrito precedentemente y de lo señalado por el contribuyente en relación a que en el presente caso se utilizó el inciso c) Técnica de Contribuyentes Similares del artículo 8 de la RND 10-0017-13 siendo incomparables las empresas agentes de información con la actividad que desarrolla el sujeto pasivo; argumento que no es correcto, en el entendido de que la Administración Tributaria en.la Vista de Cargo N° 291821000450 señala que utilizó la Técnica de Compras No Registradas conforme lo dispuesto por el inciso b) del artículo 7 de la RND 10-0017-13, misma que establece: “Cuando el sujeto pasivo no registre en su contabilidad y/o en el Libro de Compras IVA, compras locales y/o importaciones, detectadas por información de terceros u otros medios de investigación, se presumirá la realización de ventas no facturadas ni declaradas de esos productos, presumiendo que todo lo que compró y/o importó fue vendido. Al precio de costo, se adicionará el margen de utilidad presunto desarrollado en el Inciso anterior“; en ese sentido, se evidencia que la Administración Tributaria aplicó de manera correcta la mencionada técnica de Compras No Registradas, toda vez en el cuadro de “Ingresos No Declarados por las Compras No Reportadas” de la Vista de Cargo se expone de manera detallada la forma de obtención de las ventas no facturadas obtenida de los datos e importes de las facturas reportadas por su proveedor PIL Andina SA; consecuentemente el argumento vertido por el recurrente carece de fundamento.

Por lo expuesto, la determinación de la base presunta de la deuda tributaria, se encuentra justificada en base a datos, elementos de prueba y valoraciones, requisitos indispensables conforme exige el artículo 96 parágrafo 1 del Código Tributario, aspectos que hacen que la liquidación de la deuda tributaria contenida en la vista de Cargo N° 291821000450 (CITE: SIN/GDEA/DF/C/00451/2018) permita fundamentar afao la Resolución Determinativa impugnada, en cumplimiento de los artículos 96 y 99 de la Ley 2492 y artículo 18 inciso g) y artículo 19 del DS 27310.

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III.

IV.2. ASPECTOS DE FONDO IV.2.1 Prescripción El recurrente señala en su Recurso de Alzada que fue notificado con la Resolución Determinativa N° 171821000713 el 28 noviembre de 2018, que corresponde a la verificación de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y noviembre 2011, por los impuestos IVA e IT; en ese sentido, de acuerdo al artículo 59 de la Ley 2492 los periodos fiscales citados se encuentran prescritos, al efecto solicitó la prescripción de todos los cargos contenidos en el acto administrativo definitivo; cita el principio de irretroactividad de la Ley y las Sentencias Constitucionales N° 770/2012-R de 13 de agosto y N° 2243/2012 de 8 de noviembre; en ese sentido, no corresponde la aplicación de la Ley N° 812, la cual no es más favorable para el contribuyente.

La Administración Tributaria respecto al argumento de la prescripción, indica que el artículo 59 parágrafo 1 del Código Tributario fue modificado en un inicio por la Leyes 291 y 317 y finalmente por la Ley 812; al efecto se debe comprender la aplicabilidad de las Leyes está en función a su vigencia de acuerdo al artículo 23 de la CPE y 150 de la Ley 2492, lo que implica que los actos administrativos emitidos y notificados estarán sujetos a las mismas, argumento concordante con bastos precedentes administrativos. Puntualiza que el derecho del contribuyente de prescripción de las facultades de la Administración Tributaria de determinación de deuda tributaria se aplicaría solo si su derecho se hubiere consolidado con anterioridad de la entrada en vigencia de las Leyes Nos. 291, 317 y 812; vale decir, que existiría una aplicación retroactiva de la Ley siempre y cuando a la entrada de la vigencia de las precitadas leyes afecten los derechos adquiridos o consolidados del contribuyente, de lo contrario no se considera que se estuviera aplicando una norma de manera retroactiva, toda vez que el derecho del contribuyente no se llegó a consolidar por encontrarse sujeto al cumplimiento del plazo dispuesto por Ley para la consolidación de dicho derecho.

En el presente caso, al estar vigentes las Leyes Nos. 291 y 317, que modificaron la Ley N° 2492 y ahora la Ley 812, corresponde su aplicación, por lo que lo dispuesto por el artículo 59 parágrafo I de la Ley 2492, mismo que señala que el término para determinar la deuda tributaria prescribe a los ocho años en la presente gestión. Además se debe considerar la suspensión del término de la prescripción, debido a la

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notificación de la Orden de Fiscalización N° 14990100258 el 2 de septiembre de 2014; al efecto, cito la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2468/2018; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 59 de la Ley 2492, establece: 1. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

  1. 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. Imponer sanciones administrativas. . .
  2. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 

– 25

. 3

mo

.

La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó el artículo 59 de la Ley 2492, estableciendo: I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis. (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde. III. El 

afag término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) Scania años. /V. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible. 

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La Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, derogó el último párrafo del parágrafo I, del artículo ERRENTS 59 de la Ley 2492, disponiendo: 1. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en 

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la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. . La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible. 

Posteriormente, la Ley 812 de 30 de junio de 2016, dispuso la modificación del artículo 59, parágrafos I y ll de la Ley 2492, conforme el siguiente texto: I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaría. 3. Imponer sanciones administrativas. II. El término de prescripción precedente se ampliará en dos (2) años adicionales, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, se inscribiera en un régimen tributario diferente al que corresponde, incurra en delitos tributarios o realice operaciones comerciales y/o financieras en países de baja o nula tributación. 

El artículo 60 de la Ley 2492, al referirse al computo de la prescripción, señala: I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 4 del parágrafo -1 del Artículo anterior, el término se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.

El artículo 61 de la Ley 2492, en relación a las causales de interrupción de la prescripción, dispone: La prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse

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.

::

11 

III

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.

El artículo 62 de la Ley 2492, en relación a las causales de suspensión de la prescripción, indica: El curso de la prescripción se suspende con: 1. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses. II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.

De la revisión de antecedentes administrativos se establece que el Ente Fiscal a través de la Resolución Determinațiva N° 171821000713 (SIN/GDEẢ/DJCC/TJ/RD/00207/2018) de 21 de noviembre de 2018, resolvió determinar de oficio, sobre base cierta y sobre base presunta las obligaciones impositivas por el Impuesto al Valor Agregado (!VA) e Impuesto a las Transacciones (IT) en la suma de 698.487 UFV’s, que incluye tributo omitido e intereses por los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2011, más la sanción del 100% del tributo omitido, así : como la multa por incumplimiento a deberes formales por la entrega de la documentación requerida por la Administración Tributaria, acto administrativo que precisamente, es objeto de impugnación ante esta Instancia Recursiva bajo el argumento de que las facultades del Ente Fiscal se encuentran prescritas tomando en cuenta que el sujeto activo contaba con el plazo de cuatro años, es decir, sin las modificaciones incorporadas por las Leyes 291, 317 y menos la Ley 812, respectivamente, todo ello, bajo el principio de irretroactividad de la ley; en ese entendido, el presente análisis se circunscribirá a verificar si la facultad de afao determinación de la Administración Tributaria se encuentra o no prescrita.

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Hecha la precisión antes mencionada, es pertinente señalar que la Administración a Net Tributaria tiene amplias facultades para controlar, investigar, verificar, comprobar y SREMENTS fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria; no obstante, el ejercicio de

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I

.

esas facultades se encuentra condicionado a un determinado tiempo, es decir, no está sujeto a un plazo indeterminado.

Considerando que la problemática que nos ocupa está vinculada a dilucidar la posible extinción de la obligación tributaria ante la inactividad del Ente Fiscal, es necesario indicar que la prescripción está instituida como un modo de liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la legislación tributaria nacional se constituye en un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; asimismo, es pertinente hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración Tributaria

un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo y/o vencimiento extingue su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho ‘material del tributo.

Bajo el contexto antes mencionado, es necesario señalar que la Ley 2492 en su artículo 59 regula el instituto de la prescripción estableciendo que las facultades de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria 3. Imponer sanciones administrativas 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria; asimismo, en cuanto a su cómputo su artículo 60 parágrafo I, dispone: . Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo”. 

No obstante la descripción anterior, el artículo 59 parágrafo I de la Ley 2492, fue modificado mediante la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, estableciendo textualmente que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para el ejercicio de las siguientes

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facultades: i) controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, ii) determinar la deuda tributaria e iii) imponer sanciones administrativas; de acuerdo a lo señalado, nuestro Estado mediante esa reforma, amplió el plazo de la prescripción de cuatro (4) años hasta los diez (10) años; sin embargo, esta ampliación en cuanto a los plazos, era gradual a partir de la gestión 2013, incrementando un año en cada gestión hasta completar el 2018.

La disposición citada en el párrafo anterior se mantuvo en la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, excepto por la derogación del último párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, modificado por la Ley 291, referido a que el periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año; de igual forma, la mencionada Ley 317 modificó los parágrafos I y II del artículo 60 de la Ley 2492, previamente modificados por la citada Ley 291, que ahora refiere que el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo.

Pese a lo mencionado, mediante la Ley 812 de 30 de junio de 2016, el régimen de la prescripción previsto en el artículo 59 de la Ley 2492, fue nuevamente modificado, de tal manera que a partir de su vigencia, las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 2) Determinar la deuda tributaria y 3) Imponer sanciones administrativas; es decir, desde la vigencia de la citada Ley, el instituto de la prescripción está regido nuevamente por un plazo único, en este caso, ocho años dentro del cual la Administración Tributaria debe ejercer las facultades mencionadas; asimismo, la norma citada en su Disposición Abrogatoria y Derogatoria única dispuso: “Se abrogan y derogan todas las normas contrarias a la presente Ley”, en ese entendido, considerando que la Ley 291 establecía un plazo progresivo de la prescripción hasta llegar a los diez años en la gestión 2018, resulta ser contrario al nuevo régimen previsto en la Ley 812, de tal manera, se afao suscitó la derogatoria tácita de la Ley 291 en lo concerniente a la Disposición Adicional Quinta que en su momento había modificado el artículo 59 parágrafo I del Código Tributario; lo que muestra de manera expresa la concurrencia de normativa legal que beneficia al administrado, en concordancia con el artículo 123 de la Constitución Política WISEM del Estado y el artículo 150 del Código Tributario.

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En mérito a lo señalado y considerando que la Resolución Determinativa ahora impugnada fue emitida en vigencia de la Ley 812, se concluye que el plazo de la prescripción a ser aplicado para los periodos fiscales de enero a diciembre 2011, es de ocho (8) años; al efecto, en cuanto al cómputo del plazo de la prescripción para la facultad de determinación, el artículo 60 parágrafo I de la Ley 2492 como resultado de las modificaciones de las Leyes 291 y 317, respectivamente, dispone que se inicia: “.desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo; conforme se puede apreciar la norma citada toma como parámetro para su cómputo el periodo de pago de la obligación tributaria.

De tal manera, para los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y noviembre de 2011, el cómputo del plazo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2012 y debe concluir al 31 de diciembre de 2019, es decir, a los ocho (8) años posteriores de conformidad al artículo 59 de la Ley 2492 modificado por la Ley 812; conforme se advierte del siguiente detalle:

Periodo

Impuestos 

Vencimiento y 

Pago 

a Inicio de Prescripcion 

Notificación Resolución 

Determinativa 

Fiscal 

.

.

.).

01/2011

IVA – IT

01/01/2012

14/02/2011 14/03/2011

02/2011 

IVA IT 

01/01/2012

28 de noviembre de 2018 28 de noviembre de 2018 28 de noviembre de 2018 28 de noviembre de 2018

03/2011

IVA IT 

13/04/2011

01/01/2012 01/01/2012

04/2011

IVA – IT

Tiempo d

Conclusión del cómputo de la Prescripción 

Prescripción más lo dispuesto s ampliad

por el art. 62 parágrafol de la anonse

Ley 2492 

8 años

30 de junio de 2020

8 años

30 de junio de 2020

8 años

30 de junio de 2020

8 años

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8 años

30 de junio de 2020

8 años

30 de junio de 2020

8 años

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8 años

30 de junio de 2020

8 años

30 de junio de 2020 8 años

30 de junio de 2020

13/05/2011

05/2011

IVA-JT

13/06/2011

01/01/2012

28 de noviembre de 2018

06/2011

IVA– IT

13/07/2011

01/01/2012

28 de noviembre de 2018

07/2011 

IVA IT 

15/08/2011

01/01/2012

28 de noviembre de 2018

08/2011

IVA – IT

13/09/2011

01/01/2012

28 de noviembre de 2018

09/2011

IVA – IT

13/10/2011 13/12/2011 

01/01/2012 01/01/2012

28 de noviembre de 2018 28 de noviembre de 2018

11/2011

IVA IT 

Conforme lo descrito precedentemente, la Administración Tributaria ejerció sus facultades de determinación mediante la Resolución Determinativa N° 171821000713 (SIN/GDEA/DJCC/TJ/RD/00207/2018) de 21 de noviembre de 2018, notificada por cédula al sujeto pasivo el 28 de noviembre de 2018, en el plazo legal otorgado para la materialización de la fase de determinación tributaria; en ese sentido, no se materializó la prescripción extintiva, manteniéndose incólumes las facultades del Ente Fiscal.

1.2.2 Determinación de la Base Imponible sobre Base Presunta El recurrente en su Recurso de Alzada señala que para determinar a base imponible del IVA, consideró el monto de ventas del periodo denominado debito fiscal, restando

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G

.

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el monto por los gastos efectuados vinculados a la actividad que cuenten con factura o documento equivalente denominado crédito fiscal; en dicho cálculo no se debe tomar en cuenta las utilidades, lo que demuestra un trabajo realizado por la Administración Tributaria de manera ilegal, el mismo razonamiento fue aplicado para el Impuesto a las Transacciones – IT.

Continua en relación al crédito fiscal se debe considerar todo lo que se gasto dentro del periodo fiscal, en aplicación de los principios de verdad material y realidad económica, para poder determinar la deuda sobre base presunta; al no existir prueba fehaciente, tangible y documental del origen del hecho generador a más de la información del proveedor; información que se utiliza en contra del contribuyente pero no a su favor, siendo un crédito fiscal adquirido como gasto efectuado, tal como señala el artículo 8 de la Ley 843 y el artículo 8 del DS 21530. .

:

:

(1)

La Administración Tributaria en su respuesta señalo que inicio el proceso determinativo con la Orden de Fiscalización N° 14990100258, realizando una determinación sobre base cierta y base presunta del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Transacciones; a través de la verificación de la información del contribuyente, de los terceros informantes, así como de las entidades financieras, evidenció que el contribuyente no declaró todas las ventas efectuadas según las copias emisor proporcionadas, depuro crédito fiscal por apropiación indebida y falta de respaldos;

n que el contribuyente no declaró todas sus compras estableciendo ventas por compras no declaradas; con la información obtenida ajusto sus actuaciones conforme establece el artículo 100 de la Ley 2492, realizando indagaciones sobre los hechos observados estableciendo claramente la verdad material, el debido proceso y determinación de la deuda tributaria del sujeto pasivo.

dodon moralmroveedor ISO 9001 

Calida

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Dotado VOB

El Ente Fiscal agrega que el contribuyente trató de evadir sus obligaciones fiscales al afag no reportar todas sus compras, siendo que estas están respaldadas por el proveedor PIL Andina SA., justificando las condiciones establecidas en el inciso a) del numeral 5* para la aplicación del método sobre Base Presunta; al respecto, corresponde realizar el siguiente análisis:

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El artículo 42 de la Ley 2492, dispone: Base imponible o gravable es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, 

sobre la cual se aplica la alicuota para determinar el tributo a pagar.. 

El artículo 43, de la Ley 2492 señala: La base imponible podrá determinarse por los siguientes métodos: 1. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que 

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del 

tributo. II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra algún de las 

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. III. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial 

o totalmente del sujeto pasivo, esta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrá realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido 

en el artículo siguiente. En todos los casos la determinación podser impugnada por el sujeto pasivo, aplicando los procedimientos previstos en el Título III del presente Código. 

El artículo 44 del Código Tributario establece que: La Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, en especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes circunstancias relativas a éste último: 1. Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes. 4. Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación 

respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones normativas. ..5. Que se den algunas de las siguientes circunstancias: 

  1. a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración 

del precio y costo. b) Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos. 

*

i, …

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  1. c) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los 

inventarios o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo. 6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus 

operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación 

sobre base cierta. Practicada por la Administración Tributaria la determinación sobre base presunta, subsiste la responsabilidad por las diferencias en más que pudieran corresponder derivadas de una posterior determinación sobre base cierta. :)

El artículo 45 del Código Tributario en su parágrafo I, dispone: I. Cuando proceda la determinación sobre base presunta, ésta se practicará 

utilizando cualquiera de los siguientes medios que serán precisados a través de la norma reglamentaria correspondiente: 1. Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la 

existencia de los hechos imponibles en su real magnitud. 2. Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de 

bienes y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean normales en el respectivo sector económico, considerando las características de las unidades económicas que deban compararse en términos 

tributarios. 3. Valorando signos, índices, o módulos que se den en los respectivos 

contribuyentes según los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o equivalentes. 

A

.

El artículo 66 de la Ley 2492 señala que: La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas: 1.. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 2. Determinación de tributos; 

afao 3. Recaudación; 4. Cálculo de la deuda tributaria; (…). 

*

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ISO 900

Calidad AFNOR CERTIFICATION 

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TQNet El artículo 4, de la RND 10-0017-13, señala: 1. La Administración Tributaria, una vez KERE agotados los medios para la obtención de la documentación e información que permita conocer en forma directa e indubitable la base imponible para determinar el tributo 

Joan Cadore Guzen Ru 12 

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NB/ISO 

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II

10

sobre base cierta, podrá aplicar la determinación sobre Base Presunta en la parte que corresponda y de acuerda a las circunstancias que señala el Artículo 44 de la Ley 2492. II. Para realizar la determinación de la Base Imponible sobre Base Presunta, se considerará lo siguiente:. 1. La Determinación de la Base Imponible sobre Base Presunta es aplicable cuando no se conozcan de forma directa e indubitable uno o más de los siguientes componentes de la obligación Tributaria: a) Hecho Generador b) Periodo fiscal c) Base Imponible (Importe, cantidad, volumen, precios, etc.) 2. En la determinación deberá aplicarse todo dato o antecedente del sujeto pasivo de periodos anteriores o diferentes, inclusive bases imponibles de impuestos relacionados, teniendo estos prioridad sobre la información de contribuyentes similares o cualquier 

otro. 

El artículo 7, inciso b) de la RND 10-0017-13, señala: Se podrán aplicar las técnicas establecidas para cuantificar la Base Presunta de acuerdo a las circunstancias que amerite el caso. (...) b) Técnica de Compras No Registradas. Cuando el sujeto pasivo no registre en su contabilidad y/o en el Libro de Compras IVA, compras locales y/o importaciones, detectadas por información de terceros u otros medios de investigación, se presumirá la realización de ventas no facturadas ni declaradas de esos productos, presumiendo que todo lo que compró y/o importo fue vendido. Al precio de costo, se.

adicionará el margen de utilidad presunto desarrollado en el Inciso anterior

Previo a ingresar al análisis de la problemática que nos ocupa, es pertinente aclarar que el recurrente en su Recurso de Alzada limitó sus observaciones a la determinación de la base imponible sobre base presunta, en ese sentido, esta instancia recursiva realizar el análisis correspondiente.

Inicialmente, es necesario señalar que toda autoridad administrativa tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes; en nuestro ordenamiento jurídico los artículos 66 y 100 del Código Tributario, establecen el marco normativo que precisamente rige las facultades de la Administración Tributaria.

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TDI 

IIIIII

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

También es preciso señalar que el artículo 92 de la Ley 2492, establece que la determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su inexistencia, disposición legal concordante con el artículo 93 de la citada Ley, es decir, que constituye un procedimiento integramente reglado y no discrecional, es decir, que las reglas establecidas normalmente no dan opción o libertad de elección entre varios resultados posibles.

El Código Tributario para la determinación de la base imponible establece dos métodos (base cierta y base presunta) fundándose la primera en información, datos y prueba que la Administración Tributaria pueda obtener sobre los hechos generadores, de modo que le permitan evidenciar y por sobre todo demostrar fácticamente los resultados de la determinación; si bien esa información puede ser obtenida del contribuyente, también es obtenida de terceras personas o agentes de información con el fin de recabar pruebas de hechos imponibles ocurridos; empero, lo que se debe precautelar es que dichos datos, pruebas o información, permitan demostrar la realización de los hechos generadores y establezcan su cuantía; es decir, que cada conclusión a la que se arribe tenga su respaldo objetivo, evidente y comprobable.

La disposición legal citada precedentemente, también establece las circunstancias y medios para la determinación sobre base presunta, que es efectuada en base al análisis de hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador permiten al Ente Fiscal deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando no posee datos para efectuar su determinación sobre base cierta considerando que requeridos no fueron proporcionados por el sujeto pasivo, implicando este método su aplicación entre otras circunstancias cuando el contribuyente omite el registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración del precio y costo o que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de las operaciones del afaol sujeto pasivo o que las situaciones no posibiliten efectuar la determinación sobre base

ISO 900

Calidad 

AFNOR CERTIFICATION 

cierta.

DER

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Efectuadas las consideraciones precedentes, se tiene que de la revisión de los

antecedentes administrativos, la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos . Nacionales notificó al contribuyente el inicio de la revisión con la notificación de la

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní)

Calle Arturo Borda. No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (591-2) 2412613 2411973 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia

Orden de Fiscalización N° 14990100258 y el Requerimiento N° 14210900037 con alcance a los hechos y/o elementos correspondientes al IVA e IT de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2011.

En ejercicio de sus facultades el ente fiscal, solicitó información a Genaro José Sossa Martínez, como a terceros informantes, como ser al proveedor PIL Andina SA., al Sr. Juan Williams Rivas Arandia y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI; el análisis de cada una de las respuestas se detalla en el acto administrativo preliminar cursante a fojas 2811-2820 de antecedentes administrativos, del mismo el ente fiscal estableció la existencia de: facturas emitidas por el proveedor PIL Andina SA. a nombre de Genaro José Sossa Martínez que no fueron declaradas en su totalidad por el contribuyente, evidenció facturas que son canceladas a través de transferencias bancarias por Juan Williams Rivas Arandia (que según Contrato No DM-L/034/2011 de fecha 12/06/2011 es Distribuidor de los productos del proveedor PIL Andina SA.), aspectos sustentados por la documentación correspondiente a las facturas de compra, planillas de cobranza, libros de compras y ventas del contribuyente, facturas de venta del contribuyente, Estados Financieros de la gestión 2011, extractos bancarios, guías de remisión del proveedor documentación cursante a fojas 515-1942 y 2203-2509 de antecedentes administrativos

De la lectura de la Resolución – Determinativa N° 171821000713 (SIN/GDEA/DJCC/TJ/RD/00207/2018) de 21 de noviembre de 201, determino que de la verificación y análisis de la documentación presentada por el proveedor PIL Andina SA., los argumentos y documentación de descargo presentados por Genaro José Sossa Martínez ante la Vista de Cargo, el Ente Fiscal estableció la base imponible sobre base cierta como también sobre base presunta; al respecto, la determinación sobre base presunta corresponde a los Ingresos no declarados por las compras no reportadas de Bs5.016.373,29, determinando tributos omitidos: por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de Bs652.129.- y por el Impuesto a las Transacciones (IT) de Bs150.492; correspondientes a la comercialización de productos lácteos y varios adquiridos del proveedor PIL Andina SA., conforme el cuadro siguiente:

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

INGRESOS NO DECLARADOS POR LAS COMPRAS NO REPORTADAS 

.

10 

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FECHA DE COMPRA 

PROVEEDOR 

IMPORTE DE LA COMPRA 

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INGRESO NETO. PRESUNTO (COSTO DE COMPRA + MUP) 

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INGRESOS NO NOR DECLARADOS 

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5004

11/01/2011 11/01/2011 11/01/2011 12/01/2011 – 12/01/2011

23.440,00

7.752,89 11.862,62

8.778,00 14.874,60

20.392,80

6.745,01 10.372,56

7.636,86 12.940,90

21.787,67 |

7.206,37 11.082,04

8.159,22 13.826,06

25.042,75

8.283,01 12.727,70

9.378,21 15.891,67

5131

5132 

5.016.373,29

TOTAL GENERAL GESTION 2011

4.680.690,44

4.084.931,46

4.364.340,77 Fuente: Información extractada de la Resolución Determinativa N° 171821000713, fojas: 2936-2939 de antecedentes administrativos.

Conforme lo expuesto, el Ente Fiscal obtuvo la base imponible de los tributos del total vendido de los productos comercializados del proveedor PIL Andina SA, estableciendo tributo omitido por el IVA e IT sobre Base Presunta, correspondiente a los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y noviembre de 2011, conforme se observa en los cuadros siguientes:

quientes:

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO BASË PRESUNTA 

PERIODOS: ENERO A DICIEMBRE DE 2011 

VENTAS PRESUNTAS NO DECLARADAS / BASE 

TRIBUTO OMITIDO IVA PERIODO / GESTIÓN 

IMPONIBLE 

b = ax 13% ENERO 201

597.130,00

77.627,00 FEBRERO 201

581.071,00 

75.539,00 MARZO 201

84.188,00

10.944,00 ABRIL 2011 

622.398,00

80.912,00 MAYO 201

970.928,00

126.221,00 JUNIO 201

324.081,00 

42.131,00 JULIO 201

700.492,00

91.064,00 AGOSTO 2011 

671.552,00 

87.302,00 SEPTIEMBRE 2011 , 

244.377,00

31.769,00 OCTUBRE 2011

0,00

0,00 NOVIEMBRE 2011 

220.157,00 

28.620,00 DICIEMBRE 2011 

0,00

0,00 TOTAL

5.016.374,00 

652.129,00 FUENTE: Resolución Determinativa N° 171821000713 página 27, fojas 2939 de antecedentes administrativos.

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES BASE PRESUNTA 

PERIODOS: ENERO A DICIEMBRE DE 2011 

VENTAS PRESUNTAS NO 

TRIBUTO OMITIDO IT PERIODO / GESTIÓN 

DECLARADAS / BASE IMPONIBLE 

b = ax 3% ENERO 201

597.130,00

17.914,00 FEBRERO 2011 

581.071,00

17.432,00 MARZO 2011 

84.188,00 

2.526,00 ABRIL 2011 

622.398,00 

18.672,00 MAYO 2011 

970.928,00

29.128,00 JUNIO 201

324.081,00

9.722,00 JULIO 201

700.492,00

21.015,00 AGOSTO 201

671.552,00 

20.147,00 SEPTIEMBRE 2011 

244.377,00

7.331,00 OCTUBRE 2011

0.00

0,00 NOVIEMBRE 201

220.157,00 

6.605,00 DICIEMBRE 201

0,00

0,00 TOTAL 

5.016.374,00 

150.492,00 FUENTE: Resolución Determinativa. No 171821000713 página 28, fojas 2940 de antecedentes administrativos

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Colina Velez 

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De la compulsa de los antecedentes, se establece que del análisis a la documentación requerida al contribuyente Genaro José Sossa Martínez, como de la información

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solicitada a terceros informantes y la omisión del registro de operaciones de compras que generan ingresos durante la gestión 2011, constituyen circunstancias que imposibilitaron el conocimiento cierto de las operaciones del sujeto pasivo, lo que conllevó a la determinación de tributos sobre base presunta, conforme el artículo 44 del Código Tributario.

El método sobre base presunta se aplicó al determinar ventas (ingresos) no declaradas a partir de la presunción de que las compras realizadas a su proveedor PIL Andina SA. se vendieron todas en la gestión 2011, conforme dispone el inciso b) del artículo 7 de la RND 10-0017-13 de 8 de mayo de 2013, que dispone: “6) Técnica de Compras No Registradas. Cuando el sujeto pasivo no registre en su contabilidad y/o en el Libro de Compras IVA, compras locales y/o importaciones, detectadas por información de terceros u otros medios de investigación, se presumirá la realización de ventas no facturadas ni declaradas de esos productos, presumiendo que todo lo que compró y/o importó fue vendido. Al precio de costo, se adicionara el margen de utilidad presunto desarrollado en el punto anterior”, por las referidas compras de productos lácteos, la determinación que se realizó en base al análisis de hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador le permitieron establecer la deuda tributaria sobre base presunta correspondiente al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones de los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y noviembre de 2011.

En ese contexto, se tiene que en base a la información requerida y presentada por el proveedor antes citado, así como los argumentos proporcionados por el propio contribuyente en relación a las facturas de compras del proveedor PIL Andina SA., planillas de cobranza, extractos bancarios, Libros de Ventas y Compras Da Vinci presentado por el proveedor y por el contribuyente, guías de remisión del proveedor documentación y otros cursantes a fojas 515-1942 y 2203-2509 de antecedentes administrativos y las utilidades obtenidas en la comercialización de los productos

lácteos adquiridos del proveedor PIL Andina SA., permitió a la Administración Tributaria

  • establecer ventas no declaradas sobre base presunta; base imponible para la . determinación del Impuesto al Valor Agregado – IVA e Impuesto a las Transacciones

– IT de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y noviembre de 2011; por consiguiente, la deuda tributaria cuenta con

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AIT 

– 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

documentación fehaciente que ampara la presunción de las ventas no declaradas por la comercialización de productos comprados al proveedor señalado.

En relación a la determinación del precio de venta y la utilidad, se aclara que el Ente Fiscal estableció que todas las compras no declaradas se presume que han sido vendidas; al precio de costo adicionó el 6.84% de Margen de Utilidad Presunto obtenido del Estado de Resultados de la gestión 2011, sumando la tasa efectiva del IVA según el artículo 5 de la Ley 843, determinando el precio de venta; así mismo presumió que todas las compras efectuadas en el mes fueron vendidas en el mismo mes, conforme establece la RND 10-0017-13 citada. De la misma manera estableció el Margen de Utilidad Presunta de 6.84% de la siguiente forma: “(…) se desarrolló en cumplimiento de la RND N° 10-0017-13 Artículo 7 inciso a) sub inciso. ii) indica: “...El margen de utilidad presunto podrá estimarse utilizando el Estado de Pérdidas y Ganancias (…) En base al Estado de Resultados proporcionados por el contribuyente (fojas 486 del expediente) (...)“, según consta del acto impugnado en su página 22 a fojas 2934 de antecedentes administrativos; en ese sentido, el Ente Fiscal aplicó los artículos 43 numeral II, 44 numerales 1, 4, 5 inciso a) y 6 de la Ley 2492 y el artículo 7 inciso b) de la RND 10-0017-13 de 8 de mayo de 2013; obteniendo una base imponible de Bs5.016.374.- como total ventas (ingresos) no declarados.

Es necesario señalar que no existe en antecedentes administrativos documento alguno: que evidencie que las compras efectuadas al proveedor anteriormente citado, tenga otro destino que no sea la actividad de comercialización del contribuyente Genaro José Sossa Martínez; en ese sentido, el sujeto pasivo en uso de su derecho a la defensa y tomando en cuenta la previsión contenida en el artículo 76 del Código Tributario, referido a la carga de la prueba, no demostró que no comercializó los productos adquiridos de PIL Andina SA, aspecto que hubiera permitido desvirtuar la observación primigenia de la Administración Tributaria.

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ISO 900

Calidad AFNOR CERTIFICATION 

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En ese contexto, si bien es evidente que correspondía al contribuyente demostrar estos aspectos, también es obligación de la Administración Tributaria ejercer ampliamente facultades de investigación y control establecidas en los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, esto con el objeto de establecer el origen de los recursos y su vinculación con hechos gravables a objeto de respaldar debidamente los reparos determinados contra el sujeto

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pasivo, aspecto que efectivamente se evidenció en el presente caso conforme se advierte en el análisis precedentemente efectuado; es ese sentido, la determinación de la base imponible sobre base presunta se efectuó en relación a las ventas no declaradas emergentes de las compras informadas por su proveedor, en aplicación de los artículos 43, numeral II, 44 numerales 1, 4, 5 y 6 de la Ley 2492 y el inciso b) del artículo 7 de la RND 10-0017-13 de 08 de mayo de 2013; consecuentemente, las aseveraciones efectuadas por Genaro José Sossa Martínez en relación a la determinación de la base

presunta no corresponden, más aun cuando el recurrente no presentó documentación , que pruebe o respalde los argumentos esgrimidos tanto en instancia administrativa

como en esta Instancia de Alzada.

Con relación al argumento del recurrente en sentido de que se debe considerar todo lo que se gasto dentro del periodo fiscal, en aplicación de los principios de verdad material y realidad económica, para poder determinar la deuda sobre base presunta,

información que se utiliza en contra del contribuyente pero no a su favor, siendo un crédito fiscal adquirido como gasto efectuado, tal como señala el artículo 8 de la Ley 843 y el artículo 8 del DS 21530; al respecto, el artículo 12 de la Ley 843, señala que: El incumplimiento de la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente hará presumir, sin admitir prueba en contrario, la falta de pago del 

impuesto, por lo que el comprador no tendrá derecho al cómputo del crédito fiscal

que se refiere el Artículo 8. Toda enajenación realizada por un responsable que no estuviera respaldada por las respectivas facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, determinará su obligación de ingreso del gravamen sobre el monto de tales enajenaciones, sin derecho a cómputo de crédito fiscal alguno y constituirá delito de defraudación tributaria. 

En ese contexto legal, se tiene que precisamente por las compras efectuadas de la proveedor PIL Andina SA., se determinó que existen ingresos no declarados a favor del Fisco, referidos a la venta de productos lácteos adquiridos del proveedor ya citado, venta por el que se incumplió con la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente, demostrando incuestionablemente que el tributo no fue empozado a favor del fisco, por esta razón, el contribuyente como comprador tampoco tiene derecho al cómputo del crédito fiscal, en razón a que toda enajenación realizada que no estuviera respaldada por las respectivas facturas, determinará su obligación de ingreso del

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gravamen sobre el monto de tales enajenaciones, sin derecho a cómputo de crédito fiscal alguno como lo establece el artículo 12 de la Ley 843; por tanto la solicitud de tomar en cuenta el crédito fiscal a su favor contraviene la normativa citada.

En relación al agravio del recurrente referido al principio de capacidad económica y contributiva; se debe tener en cuenta, que el presente proceso determinativo fue iniciado en una Orden de Fiscalización y que producto de la verificación y análisis de los documentos e información presentada por el contribuyente y obtenida de terceros informantes; al respecto, se debe señalar que se estableció inicialmente en la vista de Cargo y de manera posterior en la Resolución Determinativa ahora impugnada la existencia de tributos omitidos por Genaro José Sossa Martínez al haber declarado incorrectamente los impuestos referidos al IVA e IT de los periodos observados en ese sentido no existe vulneración de los principios señalados por el sujeto pasivo. . .

.

.

Lo anterior, muestra que la Administración Tributaria, estableció ingresos no declarados sobre base presunta, en base a la información presentada por el contribuyente, así como de la información y documentación proporcionada por la empresa proveedora PIL Andina SA. y las Entidades del sector financiero, de la misma manera por la información extractada de los sistemas con los que cuenta el Servicio . de Impuestos Nacionales; en este punto del análisis corresponde aclarar que el

recurrente solamente observó la determinación sobre base presunta conforme el.* análisis precedentemente realizado; en consecuencia, se evidencia la inexistencia de vicios de nulidad.

Conforme el análisis efectuado, corresponde confirmar la Resolución Determinativa No 171821000713 (SIN/GDEA/DJCC/TJ/RD/00207/2018) de 21 de noviembre de 2018, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales; manteniendo firme el tributo omitido correspondiente al IVA e IT, establecido sobre afaol base cierta y sobre base presunta las obligaciones impositivas por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Transacciones (IT) que incluye tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales correspondiente a los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y noviembre 2011,

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AFNOR CERTIFICATIO

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III

.

.

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS 29894;

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RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 171821000713 (SIN/GDEA/DJCC/TJ/RD/00207/2018) de 21 de noviembre de 2018, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales contra Genaro José Sossa Martínez; consecuentemente, corresponde mantener firme y subsistente los tributos omitidos por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las

acciones (IT) de los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y noviembre 2011, ambos impuestos; más intereses, sanción por omisión de pago; así como la multa por incumplimiento de deberes formales.

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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

stitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código Tributario y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del Recurso Jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación.

Regístrese, hágase saber y cúmplase/

Lic. Cecilia Vetez Dorado 

Directora Ejecutiva Regional Direccion Ejecutiva Regional Autoridad Hegional de impugnadon 

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RCVD/jcgr/var/mrrvirir/stpl

Juan Carlos Pa Sezon Ruy 

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