ARIT-LPZ-RA-0329-2019 Auto Administrativo confirmado. El contribuyente señala que opera la prescripción en aplicación del anterior Código Tributario, Ley 1340, la cual establecía el plazo de 5 años para la prescripción de las facultades de cobro por parte de la Administración Tributaria. Sin embargo el SIN, efectuó medidas coactivas que interrumpían el término de la prescripción, por lo tanto, la Administración Tributaria se encontraría dentro del plazo legal para ejercer sus facultades de cobro de la deuda tributaria.

ARIT-LPZ-RA-0329-2019

AIT 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de_Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZIRA 0329/2019

Recurrente: 

Luz Gabriela Balboa de Bolívar 

Administración Recurrida

Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Iván Arancibia Zegarra

Acto Impugnado: 

Auto Administrativo Nó 391820000097 (SIN/GDLPZ1/DJCCIAUTA/0007812018)

Expediente: 

ARIT-LPZ-1760/2018 

Lugar y Fecha:

La Paz, 28 de febrero de 2019

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 0329/2019 de 25 de febrero de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

.

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  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO El Auto Administrativo N° 391820000097 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/CCIAUTA/00078/2018) de 13 de septiembre de 2018, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales resolvió rechazar la solicitud de nulidad y de prescripción planteada por Luz Gabriela Balboa de Bolívar en calidad de heredera universal del contribuyente Rodolfo Balboa Valdez con RUC 7007917, debiendo proseguir con la ejecución tributaria iniciada mediante Proveído de inicio de Ejecución Tributaria Nro. 20-1024-06 de 22 de diciembre de 2006, de conformidad con lo establecido en los artículos 52 y siguientes de la arvon Ley N° 1340, 1497 y 1498 del Código Civil.

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  1. I TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 11.1 Argumentos del Recurrente Luz Gabriela Balboa de Bolívar en su condición de heredera de Rodolfo Balboa Valdez,

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IND 

ILI 

III 

según Resolución No 158/2009 de 25 de marzo de 2009, otorgado por Juzgado Octavo de Instrucción en lo Civil del Distrito Judicial de La Paz, por notas presentadas el 12 y 28 de noviembre de 2018, cursantes a fojas 10-23 y 28 de obrados, interpuso Recurso de Alzada,

expresando lo siguiente:

De acuerdo al Auto Administrativo N° 391720000195 de 28 de diciembre de 2017, el Ente Fiscal procedió al cobro coactivo en base al Pliego de Cargo N° 20-1024-06 por el monto de Bs.2.586.855.-, además dio a conocer que se inició la ejecución de las Resoluciones Administrativas Nos. 091 de 3 de junio de 2005 y 011 de 26 de enero de 2006; cuando dicho Auto Administrativo debió dar la oportunidad a las partes para que hagan valer sus derechos, lo que vulnera el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa además que no se encuentra debidamente fundamentado, aspectos que también afectan y vician de nulidad al Auto Administrativo N° 391820000097 de 13 de septiembre de 2018, que convalido el irregular procedimiento, al respecto cita la Sentencia Constitucional 0887/2010

El Auto Administrativo N° 391720000195 de 28 de diciembre de 2017, vulnera el debido proceso, toda vez que en base al Título de Ejecución Tributaria N° 20-1024-06 de 22 de diciembre de 2006, establece el monto de Bs2.586.855.- sin discriminar y señalar que impuestos se encuentran en este cobro, los periodos fiscales, si están incluidos el monto las multas y a qué fecha corresponde la actualización; asimismo, presume el fallecimiento de Rodolfo Balboa Valdez, asumiendo una posición totalmente irregular disponiendo la ejecución de las resoluciones administrativas, sin especificar cuáles son estas resoluciones, además de no establecer los nombres de los herederos contra quienes continuará la correspondiente ejecución, por lo que no cumplió con la finalidad de poner en conocimiento del sujeto pasivo el actuado a cumplirse.

De acuerdo a la Sentencia Constitucional N° 1861/2014, toda resolución emitida por autoridad competente deberá poseer la calidad de ser expresa y señalar los fundamentos que sirvieron para sustentar su decisión, además, demostrar que actuó conforme a la normativa legal, tanto sustantiva como adjetiva. El Auto Administrativo ahora impugnado, señala que corresponde la notificación inherente al derecho a la defensa conforme el artículo 31 (sucesión procesal de las partes Parágrafos I, II y III del Código Procesal Civil, transcribe los mismos), siendo que dicha normativa se refiere al fallecimiento de una

persona que es parte de un proceso que se está sustanciando y que aún no se dictó

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AUTORÍDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

sentencia y en el Auto impugnado se señala que ya existen Resoluciones Ejecutoriadas, es decir, no establece si el sujeto pasivo antes de su fallecimiento realizó pagos por dichas obligaciones y si la Administración Tributaria realizó acciones tendientes a su cobro, aspecto que no se menciona en el Auto Administrativo N° 391720000195 de 28 de diciembre de 2017, que carece de motivación y fundamentación.

Las citadas irregularidades, se convalidaron en el Auto Administrativo N° 391820000097 de 13 de septiembre de 2018, sin considerar que Rodolfo Balboa Valdez el 29 de junio de 2004 solicitó acogerse al Plan de Pagos dispuesto por la Ley 2626.7.que este trámite no mereció pronunciamiento dentro de los 90 días que señala la Ley. Después de más de dos años, se emitió la Resolución Administrativa GDLP No 0011 de 26 de enero de 2006, que enmienda la Resolución Administrativa GDLP No 00091 que autoriza el Plan de Pagos, además, el formulario de acogimiento es nulo de pleno derecho porque contiene correcciones que no son responsabilidad del sujeto pasivo, sin percatarse que por esa gestión ya existià una Resolución Determinativa de las obligaciones por el IVA, ‘IT e IUE, aspectos que no se analizan en el auto impugnado el cual se encuentra plagado de vicios procesales.

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De la revisión del Formulario de Declaración se establece la intervención de funcionarios de la Administración Tributaria, consignando en el rubro 2 Deudas Originadas en Procesos de Fiscalización y/o Vista de Cargo de febrero a septiembre de 2009 por un monto de B$180.186.-, mantenimiento de valor Bs49.564.-, ascendiendo a un total de Bs230.350.-, desconociendo que por dichos periodos ya se realizó una fiscalización que dio origen a la Resolución Determinativa N° 00074 de 5 de diciembre de 2003, la cual se pretende regularizar dentro del Programa de la Ley 2626; asimismo, se realizaron correcciones con lápiz al Formulario de Declaración que lo vician de nulidad y todo lo obrado posteriormente por la Administración Tributaria.

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  1. c. E

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En el presente caso al tratarse de cobros del IVA, IT e UE por la gestión 1999, la ley aplicable es la Ley 1340, para la prescripción de la obligación tributaria, al efecto cita lo señalado en el artículo 53 de la Ley 1340, que establece el plazo de cinco años dentro de los cuales subsistía las facultades de determinación, exigencia de pago de tributos, multas, intereses y recargos por consiguiente al haber transcurrido más de cinco años, la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de estos tributos y accesorios prescribió.

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II

Con la finalidad de la implementación de la Ley 2492, se estableció el Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional, para los adeudos en mora al 31 de diciembre de 2002. El programa estableció las siguientes modalidades: Pago Único Definitivo, Plan de Pagos y Pago al Contado. Posteriormente el 26 de diciembre de 2003, se dicta la Ley 2626, en la que se mantiene las tres opciones del anterior programa, acogiéndose el contribuyente a la opción del Plan de Pagos: asimismo, mantiene sus características y condiciones, es

decir, no se puede fiscalizar, determinar, ni ejecutar las obligaciones determinadas por la Administración Tributaria, cuya declaración de plan de pagos se constituye en una declaración jurada, que en ningún caso se podrá rectificar y se deberá elaborar sin la intervención de la Administración Tributaria, debiendo ser verificada dentro de los 90 días.

El contribuyente en el formulario de acogimiento al Programa Transitorio, consigna las Resoluciones Determinativas N° 00074 de 5 de diciembre de 2003, un impuesto adeudado de Bs 129.860.- y mantenimiento de valor de Bs7.505.- con un total de Bs 137.365 y No 00065 de 2

29 de octubre de 2003 por Bs333. 100.- y mantenimiento de valor de Bs 146.537.

con un total de Bs479.637.-. De la revisión del formulario de acogimiento, se evidencia la participación de funcionarios de la administración en la realización del mismo, consignando en el rubro 2 deudas originadas en procesos de fiscalización y/o vista de cargo de febrero a septiembre de 2009 un monto de Bs 180.186.-, mantenimiento de valor Bs49.564. ascendiendo a un total de Bs 230.350, desconociendo que en estos periodos ya se realizó una fiscalización que dio origen a la Resolución Determinativa N° 00074, resolución que se pretende regularizar, se evidencia que los montos consignados en el formulario se modificaron llegando a un total de Bs409.637.-., pese a que la normativa relacionada al acogimiento prohíbe las modificaciones o correcciones a lápiz, vulnerando la prohibición de

la Ley y viciando de nulidad el Formulario y todo lo obrado posteriormente por la Administración Tributaria.

Según lo dispuesto en las Leyes 2492, 2626 y el Decreto Reglamentario N° 27369, cuando el contribuyente se acoja a la opción de Plan de Pagos, en las deudas tributarias determinadas por la Administración Tributaria no podrá ejercer sus facultades de fiscalización, determinación, recaudación y ejecución tributaria, precisamente por deudas determinadas por las gestiones fiscales de 1999 y 2000, siendo que la fecha de oposición de la prescripción no transcurrió el plazo establecido de la Administración Tributaria exigidos en los artículos 52 y siguientes de la Ley 1340 y artículo 1497 y 1498 del Código Civil; al respecto cita la Sentencia Constitucional N° 1037/2002-R de 30 de agosto de 2002.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

No procede el cobro por parte de la Administración Tributaria debido a la falta de respaldo legal siendo que en aplicación de los artículos 54 y 55 de la Ley 1340, se evidència que desde la notificación el 21 de mayo de 2007 con el Título de Ejecución Tributaria N° 20-50 1024-06 de 22 de diciembre de 2006 a la fecha de su solicitud de prescripción extintiva, la misma no se interrumpió ni se suspendió, toda vez que dentro del periodo 2007 a 2018 no interpuso ningún recurso administrativo, lo que demuestra que procede la prescripción extintiva de la facultad de cobro de la Administración Tributaria por haber transcurrido más de los cinco años establecidos en la Ley 1340.

Los artículos 52 y 53 de la Ley 1340, establecen el plazo de la prescripción y la forma del cómputo, asimismo se evidencia la notificación con el Título de Ejecución Tributaria el 21 de mayo de 2007, a la fecha de su solicitud de prescripción extintiva de 2 de mayo de 2018, transcurrieron más de cinco (5) años, por consiguiente al haber transcurrido más del tiempo antes señalado, la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de los tributos determinados y accesorios prescribió; asimismo, señala que para interrumpir la prescripción debe suceder la Determinación del Tributo, el reconocimiento expreso de la

obligación y el pedido de prórroga u otras facilidades de pago

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un nuevo. periodo a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel que se produjo la interrupción. Asimismo, se demuestra que si se operó y procede la prescripción extintiva de la facultad e cobro de la Administración Tributaria por haber transcurrido más de los cinco años establecidos en la Ley 1340, aclara además que la referida norma establece causáles de interrupción y suspensión, es decir, no existe un vacío legal para la aplicación del Código Civil; al respecto cita el Recurso Jerárquico STG-RJ/0004/2005 de 10 de enero de 2005, la Sentencia Constitucional N° 0107/2006-R de 25 de enero de 2006 y la Sentencia N° 565/2015 de 7 de diciembre de 2015.

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ISO 9001 Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución Administrativa N° 391820000097 (SIN/GDLP-I/DJCCIAUTA/00078/2018) de 13 de septiembre de 2018

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11.2 Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Luz Gabriela Balboa de Bolívar, fue admitido por Auto

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de 3 de diciembre de 2018, notificado de mediante cédula tanto a la Administración Tributaria como al recurrente el 11 y 17 de diciembre de 2018 respectivamente, fojas 29 37 de obrados.

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria. La Gerencia Distrital La Paz | del Servicio de Impuestos Nacionales representado legalmente por Iván Arancibia Zegarra conforme se acredita de la Resolución Administrativa N° 031700001413 de 29 de septiembre de 2017, por memorial presentado el 26 de diciembre de 2018, cursante a fojas 40-46 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

El objeto del presente recurso es el. Auto Administrativo N° 391820000097 de 13 de septiembre de 2018 y no así el Auto Administrativo N° 391720000195 de 28 de diciembre de 2017, debido a que los argumentos del Recurso de Alzada deben ir dirigidos al acto Administrativo ahora impugnado.

El contribuyente alega la existencia de vicios de nulidad en el procedimiento para la emisión de la Resolución Administrativa N° 00091 de 3 de junio de 2005, que autoriza el Plan de Pagos y el acogimiento al Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional establecido en la Ley 2626; al respecto, indica que al no presentarse impugnación alguna contra dicho acto administrativo adquirió firmeza, según lo dispuesto en el numeral 8 dėl artículo 108 de la Ley 2492 y el artículo 9 de la RND N° 10-0008-04, consecuentemente, la Administración Tributaria dio inicio a la etapa de Ejecución Tributaria; en ese entendido, ante la firmeza de la Resolución Administrativa N° 00091 de 3 de junio de 2005, no corresponde verificar si el procedimiento para obtener la Resolución Determinativa contiene vicios de nulidad.

Los hechos generadores del IVA, IT e IUE corresponden a la gestión 1999, en ese entendido, corresponde aplicar el cómputo de prescripción de cinco años, conforme lo señalado por el artículo 52 de la Ley 1340; asimismo el artículo 54 de la citada ley no regula las interrupciones en etapa de ejecución tributaria, por lo que si bien enumera los casos en los que surte la interrupción de la prescripción, no se encuentra una figura legal vinculada a las interrupciones en etapa de ejecución tributaria, siendo que dichas causales pueden ocurrir en etapa de determinación ya sea por el reconocimiento de la obligación tributaria o por la solicitud de plan de pagos, situación que deja en indefensión a la Administración Tributaria, toda vez que se deja a la voluntad del contribuyente el reconocimiento de la

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deuda tributaria, es decir que si el sujeto pasivo no reconoce la deuda tributaria durante el término de 5 años previstos para la prescripción, las acciones de la Administración Tributaria se encontrarían prescritas pese a la aplicación de medidas y acciones tendientes al cobro.

En ese entendido, si la prescripción dependiera de la voluntad de pago del deudor, no se lograría recuperar las deudas por insolvencia del contribuyente, sin que el Ente Fiscal pueda tomar alguna acción, hecho que demuestra claramente un vacío legal en cuanto a la prescripción en etapa de ejecución tributaria, aplicando supletoriamente el parágrafo I del artículo 1492 y parágrafo ll del artículo 153 del Código Civil, en ese sentido, la Administración Tributaria ejerció la acción de cobro de la Resolución Administrativa No 00091 de 3 de junio de 2005 por un total de Bs2.586.855.- con la emisión del Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria GDLP-DJTCC-UCC-PITET N° 20-1024-06 de 2 de diciembre de 2006, acto notificado mediante edictos publicados el 17 y 21 de mayo de 2007, actuado con el cual se inició el plazo de prescripción de 5 años establecidos en el artículo 52 de la Ley 1340, empezando el cómputo de la prescripción desde el 1 de enero de 2008:

.

La Administración Tributaria procedió con la ejecución de medidas coactivas durante las gestiones 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 y 2018 como: solicitud de retención de fondos; hipotecas de las acciones y derechos del contribuyente mediante notas dirigidas al Organismo Operativo de Tránsito, COTEL, hipotecas de las acciones y derechos del contribuyente mediante notas dirigidas a la Contraloría General de la República, solicitud de hipotecas legales sobre los bienes inmuebles del contribuyente ante Derechos Reales,

conjunto de medidas que según establece el parágrafo ll del artículo 1503 del Código Civil,

se constituyen en causales de interrupción de la prescripción, por lo que el cómputo de la prescripción se reinicia el 1 de enero de 2019 y se llega a materializar en caso de que la Administración Tributaria se mantenga inactiva recién el 31 de diciembre de 2023, tomando en cuenta el plazo de 5 años establecido en el artículo 52 de la Ley 1340 y lo establecido en el Código Civil. Al efecto cita las Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia Nos. 495/2013, 010/2014, 97/2014 y 78/2015; asimismo, solicita la aplicación del Principio de Congruencia.

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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar Resolución Administrativa No 391820000097 (SIN/GDLP-I/DJCC/CCIAUTA/0078/2018) de 13 de septiembre de 2018.

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11.4. Apertura de término probatorio y producción de pruebas Mediante Auto de 27 de diciembre de 2018, se aperturó el término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d), artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada en Secretaría a las partes el 2 de enero de 2019, período dentro del cual, por memorial presentado el 16 de enero de 2019, la Gerencia

ital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales ofreció, propuso, reprodujo y ratificó en calidad de prueba pre constituida, la documentación adjunta al memorial de Respuesta Negativa al Recurso de Alzada, consiste en un cuerpo con un total de doscientos cuarenta y uno (241) fojas de los antecedentes administrativos; al efecto, mediante Proveído de 17 de enero de 2019, se dio por ratificada la prueba documental, actuación notificada en Secretaría a las partes el 23 de enero de 2019; fojas 49-50 y 54 de obrados.

Por nota presentada el 18 de enero de 2019, la recurrente ratificó las pruebas ofrecidas en el Recurso de Alzada las cuales cursan en obrados, así como en el expediente administrativo remitido a esa Instancia por la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales, que dieron origen al Auto Administrativo 391820000097 (CITE: SIN/GDLPZ-1/DJCCIAUTA/00078/2018) de 13 de septiembre de 2018; al efecto, mediante Proveido de 21 de enero de 2019, se dio por ratificada y ofrecida la prueba documental señalada en la nota que antecede, en tanto cumpla con lo establecido en los artículos 81 y 217 del Código Tributario, actuación notificada en Secretaría a las partes el 23 de enero de 2019; fojas 51-53 y 55 de obrados.

11.5. Alegatos Por memorial presentado ante esta Instancia Recursiva el 11 de febrero de 2019, Luz Gabriela Balboa de Bolívar como heredera universal del contribuyente Rodolfo Balboa Valdez, presentó sus alegatos en conclusiones reiterando sus mismos argumentos esgrimidos en su Recurso de Alzada, en sentido de que el Auto Administrativo No 391720000195, vulnera el derecho al debido proceso, derecho a la defensa y no se encuentra debidamente fundamentado, vulneraciones y omisiones que le restan valor legal y vician de nulidad al mismo y al Auto Administrativo N° 391820000097 de 13 de septiembre de 2018; asimismo señala que, no existen resoluciones ejecutoriadas cuando las mismas se encuentran plagadas de vulneraciones a la Ley, adicionalmente señala que el Auto antes mencionado, realiza una errónea interpretación de la Ley 1340 con referencia al cómputo

de la prescripción, aplicando de una forma forzada los artículos 1492 y 1493 del Código. Civil; al efecto, mediante Proveido de 12 de febrero de 2019, se dio por formulados los

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alegatos en conocimiento de la parte contraria y estese a lo dispuesto en el inciso d) del artículo 208 del Código Tributario, acto notificado a ambas partes por secretaría el 13 de febrero de 2013, fojas 66-78 de obrados.

La Administración Tributaria no formuló alegatos de conformidad a los términos del artículo 210 parágrafo II del Código Tributario…

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA Mediante notá presentada el 29 de junio de 2004 ante la Administración Tributaria, el contribuyente Rodolfo Balboa Valdez, se acogió al Programa Transitorio Voluntario y Excepcional aprobado mediante Ley 2626, presentando fotocopias de los depósitos realizados en el Banco, correspondiente al RUC 7007914; fojas 7 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria emitió el Informe de Verificación de Adeudos DFIGVE/PTVE 165/2004 el 30 de agosto de 2004, informando la existencia de Deudas Originadas en Procesos de Fiscalización y/o Vista de Cargo – Rubro 2. respecto al IVA, IT e IÙE por la gestión 1999; fojas 2 y 12 de antecedentes administrativos.

El ente fiscal emitió el Informe Final de Consolidación de Adeudos DER/COF/PTVE – 1533/2004 de 24 de diciembre de 2004, por medio del cual señaló que se encontraron diferencias por errores de cálculo, toda vez que se declaró de menos el Mantenimiento de Valor por un importe de Bs2.780.-; asimismo, indica que se comunicó al contribuyente vía teléfono, que existe un saldo por pagar en la cuota inicial, fojas 30-31 de antecedentes administrativos.

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El Informe 044 de 29 de marzo de 2005 emitido por el Departamento Jurídico de la Gerencia

Distrital La Paz I, concluye y recomienda remitir los antecedentes al Departamento de

  • Recaudaciones, para que este proyecte el informe consolidado para la posterior emisión de la Resolución Administrativa, además señala que, el Departamento de Recaudaciones debe cumplir con los Procedimientos Operativos sobre el Programa Transitorio Voluntario y Excepcional; fojas 45-46 de antecedentes administrativos.

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La Resolución Determinativa LP-200N° 00074 de 8 de diciembre de 2003, resuelve determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones

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de la Calidad Certificado 771/14 – 

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impositivas de Rodolfo Balboa Valdez en la suma de Bs237.100.-, de los cuales el contribuyente cancela Bs60.945.-, por la gestión 1999; fojas 47-49 de antecedentes administrativos.

La Resolución Determinativa N° 00065 de 29 de octubre de 2003, resuelve determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas de Rodolfo Balboa Valdez en la suma de Bs882.874.- por concepto de impuestos omitidos del IVA, IT e IUE e incumplimiento a deberes formales actas de infracción F-444 N° 076909 y 07693 de los periodos comprendidos entre enero 1997 a diciembre de 1998; fojas 50-53 de antecedentes administrativos

La Resolución Administrativa GDLP No. 00091 de 3 de junio de 2005, resuelve autorizar al contribuyente Balboa Valdez Rodolfo con RUC N° 7007914, el Plan de Pagos respecto al monto total adeudado de Bs 1.028.814.- en sesenta cuotas mensuales iguales y consecutivas de 18.299 UFV’s, las cuales deberán ser canceladas hasta el último día hábil de cada mes, acto administrativo notificado en secretaría el 15 de junio de 2005; fojas 59 60 de antecedentes administrativos.

El Informe GDLP/DJTCC/UJT No. 216/05 de 15 de julio de 2005, concluye que el contribuyente Balboa Valdez Rodolfo, se acogió al Programa Transitorio Voluntario y Excepcional en vigencia de la Ley 2626 de 22 de diciembre de 2003, Decreto Supremo 27369 y ampliada por la Ley 2647 de 1 de abril de 2004 y no así a la regularización de adeudos determinada por el decreto Supremo N° 28085 y RND 10-0013-05, por lo que la Resolución Administrativa N° 00091 de 6 de junio de 2005 debe proyectarse considerando la normativa vigente a momento del acogimiento del contribuyente; fojas 63-64 de antecedentes administrativos.

Mediante Resolución Administrativa GDLP/UJT No. 0011/06 de 26 de enero 2006, se resuelve enmendar la Resolución Administrativa N° 00091 de 3 de junio de 2005, en cuanto se refiere al cuadro de liquidación expuesto en el segundo considerando, acto notificado por Secretaría a Balboa Valdez Rodolfo el 1 de febrero de 2006; fojas 76 de antecedentes administrativos.

De conformidad al artículo 108 de la Ley 2492, la Administración Tributaria mediante el Título de Ejecución Tributaria GDLP-DJTCC-UCC-PITET N° 20-1024-06 de 22 de ..

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diciembre de 2006, comunica al contribuyente Balboa Valdez Rodolfo que se dará inicio a la ejecución tributaria de la Resolución Administrativa N° 0011/06 de 26 de enero de 2006, acto notificado por edictos publicados el 17 y 21 de mayo de 2007; fojas 90-94 de

antecedentes administrativos.

Por notas Nos. 9642-06 y 9644-06 de 22 de marzo de 2007, dirigidas al Organismo Operativo de Tránsito y a la Cooperativa de Teléfonos de La Paz, la Administración Tributaria solicitó la anotación preventiva de los vehículos y las líneas telefónicas respectivamente, del contribuyente Balboa Valdez Rodolfo; fojas 95 y.98 de antecedentes administrativos.

Mediante notas Nos. 6964 y 6963 de 29 de diciembre de 2008, dirigidas a la Contraloría General de la República y a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, el ente fiscal solicitó se proceda a registrar la no solvencia fiscal y retención de fondos del contribuyente respectivamente; fojas 100 y 102 de antecedentes administrativos.

Por notas Nos. 1658 de 5 de noviembre de 2009 y 2235 de 10 de diciembre de 2009, solicitó a Derechos Reales información sobre los números de partidas computarizadas y/o matrículas de los bienes inmuebles del contribuyente; así como solicitó la hipoteca legal de los bienes con Partidas computarizadas Nos. 01252458 y 01252469; fojas 104-105 de antecedentes administrativos.

Posteriormente por notas Nos. 4651, 4649 y 4648 de 9 de noviembre de 2010, enviadas al Organismo Operativo de Tránsito, a la Contraloría General de la República y a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiera, reiteró la anotación preventiva de los vehículos, registro de no solvencia fiscal y retención de fondos a nombre del contribuyente; fojas 117 119 de antecedentes administrativos.

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  1. 12112

A través de las notas Nos. 1675, 1676, 1677 y 1678 de 25 de octubre de 2011, enviadas a ataq la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Organismo Operativo de Tránsito, Derechos Reales y INFOCRÉD-BIC, reiteró retención de fondos, solicitó hipoteca legal y solicitó información respectivamente del contribuyente Rodolfo Balboa Valdez; fojas 121

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124 de antecedentes administrativos.

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Mediante notas Nos. 4609 y 4610 de 20 de diciembre de 2012, enviadas al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, solicitando Avalúo Catastral y Plano de Ubicación y certificado impositivo y adeudos pendientes de los bienes inmuebles con Matrículas Computarizadas 2013010030797 y 2013010030798; fojas 131 y 135 de antecedentes administrativos.

Por notas Nos. 1650 de 18 de junio de 2013, 1951 de 9 de julio de 2013 y 1965 de 10 de julio de 2013, remitidas a Derechos Reales, al Gobierno Municipal de Achocalla y DELAPAZ, solicitó la hipoteca legal de los bienes inmuebles inscritos con los Nos. de Matrículas 2013010030798 y 2013010030797, avalúo catastral y plano de ubicación del bien inmueble con matrícula 2013010030797 e informe Número de cliente y/o número de medidor de energía eléctrica, además de la ubicación exacta del bien inmueble del contribuyente respectivamente, fojas 139, 143 y 147 de antecedentes administrativos.

Mediante Auto Administrativo N° 391720000195 (SIN/GDLPZ 1/DJCC/UCCIAA/00149/2015) de 28 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria hizo conocer a todos los herederos a título universal del contribuyente Adolfo Balboa Valdez con RUC 7007914, la continuidad a la ejecución de la Resolución Administrativa N° 091 de 3 de junio de 2005 y Resolución Administrativa N° 011 de 26 de enero de 2006, debidamente ejecutoriada, acto notificado personalmente a Luz Gabriela Balboa Rubin de Celis el 13 de abril de 2018; fojas 159-160 y 164.

Por nota de 2 de mayo de 2018, Luz Gabriela Balboa Rubín de Celis solicitó a la Administración Tributaria se declare la prescripción de las obligaciones tributarias de Rodolfo Balboa Valdez, argumentando vicios de nulidad en el procedimiento de acogimiento al Programa transitorio, Voluntario y Excepcional – Plan de Pagos; asimismo, solicitó la prescripción de la obligación tributaria y del proceso de ejecución tributaria, fojas 170-197 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria mediante el Auto Administrativo N° 391820000097 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/CCIAUTA/00078/2018) de 13 de septiembre de 2018, resolvió rechazar la solicitud de nulidad y de prescripción planteada por Luz Gabriela Balboa de Bolívar en calidad de heredera universal del contribuyente Rodolfo Balboa Valdez con RUC 7007914, debiendo proseguirse con la ejecución tributaria iniciada mediante Proveido de Inicio de ejecución Tributaria N° 20-1024-06 de 22 de diciembre de 2006, de conformidad

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

con lo establecido en los artículos 52 y siguientes de la Ley 1340 y artículos 1497 y 1498 del Código Civil, acto notificado personalmente a Luz Gabriela Balboa, el 22 de octubre de 2018; fojas 202-209 de antecedentes administrativos.

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211, parágrafo Ill del referido Código Tributario, se tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Luz Gabriela Balboa de Bolívar en el Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.

IV.1. Vicios denunciados en fase de ejecución El recurrente en los argumentos de su Recurso de Alzada señala que el Auto Administrativo N° 391820000097 de 13 de septiembre de 2018, no consideró que Rodolfo Balboa Valdez el 29 de junio de 2004, solicitó acogerse al Plan de Pagos establecido en la Ley 2626 y que dicho trámite no mereció pronunciamiento dentro de los 90 días que señala la Ley, siendo que la Resolución Administrativa GDLP No 0011 de 26 de enero de 2006, que enmienda la Resolución Administrativa GDLP N° 00091 que autoriza el Plan de Pagos, fue emitida después de más de 2 años, además señala que, el formulario de acogimiento al Programa Transitorio, es nulo de pleno derecho porque contiene borrones y correcciones que no corresponden al sujeto pasivo, sin percatarse que por esa gestión ya existía una Resolución ataq Determinativa de las obligaciones por los impuestos IVA, IT e UE, aspectos que no se ha analizan por tanto el auto impugnado.

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La Administración Tributaria en su memorial de respuesta señala que el Título de Ejecución Tributaria N° GDLP-DJTCC-UCC-P/TET N° 20-1024-06 se constituye en la base para dar inicio al cobro coactivo, puesto que la Resolución Administrativa N° 00091 de 3 de junio de

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2005 notificada en secretaría el 15 de junio de 2005 y la Resolución Administrativa No . 0011/2006 notificada de la misma forma el 1 de febrero de 2006, al no ser impugnadas

adquirieron la calidad de firmeza según lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 108 de la. Ley 2492 y el artículo 9 de la RND N° 10-0008-04; en ese entendido, estando firme la Resolución Administrativa N° 00091 de 3 de junio de 2005, no corresponde verificar si el procedimiento para obtener el Auto Administrativo N° 391820000097 contiene vicios de nulidad; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 307 del referido, cuerpo legal, señala: La ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario, ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla salvo las siguientes excepciones: a) Pago total documentado. b) Nulidad de título por falta de jurisdicción y competencia de quien lo emitió, que únicamente podrá demandarse mediante el Recurso Directo de Nulidad ante la Corte Suprema de Justicia. Los funcionarios de la Administración Tributaria y/o de los órganos jurisdiccionales que contravinieren esta disposición dando curso a otras excepciones incurrirán en responsabilidad, con la siguiente interposición de las acciones 

correspondientes a cargo del órgano ejecutor. Las excepciones deberán ser planteadas en 

el plazo a que se refiere el Artículo anterior, acompañadas de todas las pruebas pertinentes, 

y serán resueltas dentro de los diez (10) das, no siendo recurribles. 

Inicialmente corresponde aclarar que de conformidad al razonamiento plasmado en la Sentencia Constitucional SSCC 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, la cual expresa

…que el art. 307 del CTB, establecía que la ejecución coactiva no podía suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total documentado; yb) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso directo de nulidad; en ese orden la SSCC 1606/2002-R, de 20 de diciembre, estableció la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del Código Civil (CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; …Ello implica que este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los derechos de las personas, estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del CTB, cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de ejecución a cargo de las autoridades tributarias”. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

En este sentido, corresponde señalar que la línea jurisprudencial constitucional que vela por los derechos y garantías de los ciudadanos estableció mediante la Sentencia Constitucional 1606/2002-R de 20 de diciembre de 2002, que pese a lo dispuesto en el artículo 307 de la Ley 1340, cuando el contribuyente que está siendo conminado al pago de la deuda tributaria con calidad de cosa juzgada y considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro prescribió puede interponer ésta acción, en razón a lo dispuesto en la Sentencia Constitucional 1648/2010-R de 25 de octubre de 2010, que en su Fundamento Jurídico 111.4.2, estableció de manera expresa que los actos administrativos emitidos por la Administración Tributaria en ejecución tributaria no son susceptibles de impugnación, en cuya parte pertinente ilustró: “...toda vez que el Código Tributario, establece como únicas causales de oposición a la ejecución fiscal, las establecidas en el art. 109.Il comenzando con: 1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por el CTB (pago, compensación, confusión, condonación, prescripción); 2. Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la inexistencia de la deuda; 3. Dación en pago, conforme se disponga reglamentariamente. Además, establece que estas causales, solo serán válidas si se presentan antes de la conclusión de la fase de ejecución tributaria, cerrando de esta manera la posibilidad de impugnación a los títulos que adquirieron 

firmeza“. De la lectura a dicho precedente constitucional, se establece que la causales de oposición a la ejecución fiscal, son establecidas en el artículo 109, parágrafo || del Código Tributario, citando a las formas de extinción de la deuda tributaria, entre las que se encuentra la prescripción.

Conforme el marco normativo y la jurisprudencia citada ut supra, se establece que una vez aperturada la fase de cobranza coactiva, en el presente caso se materializó al día siguiente hábil del incumplimiento al plan de facilidades de pago otorgado mediante Resolución Administrativa GDLP No. 00091 de 3 de junio de 2005 respecto al IVA, IT e IUE de los periodos fiscales enero/1997 a diciembre/1998 y enero a diciembre/1999, es decir, desde el 1 de julio de 2005, considerando que conforme lo establecido en la referida Resolución Administrativa la contribuyente tenía como fecha límite para efectuar el pago de la primera cuota del plan de pagos hasta el 30 de junio de 2005, dicha fase conforme lo previsto en el artículo 307 del citado cuerpo normativo no podrá ser suspendida por ninguna solicitud que pretenda dilatar o impedir, bajo pena de responsabilidad funcionaria; en ese contexto, el argumento de la ahora recurrente en relación a la nulidad del procedimiento vinculado al referido plan de facilidades de pago no corresponden ser analizadas, toda vez que ésta instancia no tiene la competencia legal de efectuar una revisión de procesos que se

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encuentran en plena etapa de ejecución y/o cobro coactivo como es el presente caso, donde la Administración Tributaria inició la fase de cobro coactivo precisamente al verificar

el incumplimiento al plan de facilidades de pago solicitado por el propio sujeto pasivo,

siendo la única salvedad para promover y accionar un Recurso de Alzada en la referida fase la interposición de la prescripción como forma de extinción de la deuda tributaria.

No obstante lo señalado, corresponde aclarar respecto al argumento expuesto por la ahora recurrente en sentido de que el trámite de acogimiento a planes de pago no mereció pronunciamiento dentro de los 90 días que señala la Ley, toda vez que después de más de dos años, se emitió la Resolución Administrativa GDLP N° 0011 de 26 de enero de 2006, que autoriza el referido Plan de Pagos, que legalmente no está contemplada la nulidad de obrados por incumplimiento de plazos, menos la pérdida de las facultades de la Administración Tributaria, más aún cuando la normativa tributaria no recoge en su texto, un término perentorio que justifique la aplicación de la nulidad, lo que dicho de otro modo, en materia de procedimiento administrativo tributario la nulidad sólo opera en tanto sea sancionada expresamente con la nulidad, motivo por el que no corresponde emitir mayor criterio al respecto.

Respecto al argumento expuesto por la recurrente en razón a que el Formulario de Declaración presenta correcciones con lápices efectuada por funcionarios de la Administración Tributaria que lo vician de nulidad, corresponde señalar que una vez notificada con la Resolución Administrativa GDLP N° 0011 de 26 de enero de 2006 por medio del cual el ente fiscal acepta el Plan de Facilidades de Pago, la ahora recurrente tuvo la oportunidad de observar tal aspecto, siendo que al no haberlo hecho en su debida oportunidad las supuestas nulidades ahora reclamadas se convalidaron, tomando en cuenta que en la actualidad el proceso se encuentra en fase de ejecución tributaria.

Asimismo, respecto al argumento de la recurrente en sentido de que cuando el contribuyente se acoja a un Plan de Pagos, la Administración Tributaria no podrá ejercer sus facultades de fiscalización, determinación, recaudación y ejecución tributaria, corresponde señalar que efectivamente la solicitud de acogimiento a un plan de facilidades

de pago efectuado por el sujeto pasivo implica el reconocimiento expreso de la

tributaria, siendo innecesaria efectuar una determinación por parte del ente fiscal, al existir una determinación de la deuda tributaria en cuyo caso participa tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo, éste último reconociendo de manera expresa la obligación tributaria y

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

comprometiéndose a cumplir con el pago correspondiente, siendo que en el presente caso dicho compromiso de pago fue incumplido por el ahora recurrente, dando paso a la fase de cobro coactivo, al existir obligaciones impositivas pendientes de pago por las cuales la recurrente solicitó planes de pago.

Con relación al argumento de la recurrente en sentido de que el Auto Administrativo No 391720000195 de 28 de diciembre de 2017, vulnera el derecho al debido proceso y el

  1. a la defensa además que no se encuentra debidamente fundamentado, corresponde señalar que de la revisión de antecedentes administrativos el Auto Administrativo N° 391720000195 de 28 de diciembre de 2017, fue debidamente notificado a la ahora recurrente de forma personal el 13 de abril de 2018, momento a partir del cual tenía la posibilidad de hacer uso de los mecanismos de impugnación conferidos por Ley a efectos de reclamar las irregularidades advertidas en dicho acto administrativo; sin embargo, al no haber hecho efectivo impugnación alguna contra dicho acto administrativo este adquirió plena firmeza, motivo por el que no corresponde emitir ninguna valoración legal a los agravios manifestados por la ahora recurrente respecto al referido Auto Administrativo 391720000195 de 28 de diciembre de 2017.

IV.2. Prescripción El recurrente en los argumentos de su Recurso de Alzada señala que en el presente caso al tratarse de la facultad de cobro del IVA, IT e UE de la gestión 1999, corresponde aplicar la Ley 1340, en materia de prescripción como causa de extinción de la obligación tributaria, : al efecto cita lo señalado en el artículo 53 de la Ley 1340, el cual señala el plazo de cinco años dentro de los cuales subsistía las facultades de cobro de tributos, multas, intereses y recargos por consiguiente al haber transcurrido más de cinco años, la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de estos tributos y accesorios prescribió.

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La Administración Tributaria en su memorial de respuesta señala que si el contribuyente solicita facilidades de pago durante los cinco años establecidos para la prescripción, pese a la aplicación de medidas y acciones para el cobro de las deudas por parte de la Administración Tributaria, estas se encontrarían prescritas; en consecuencia, si la prescripción dependiera de la voluntad de pago del deudor, no se lograría recuperar las deudas por insolvencia del contribuyente, sin que el Ente Fiscal pueda tomar alguna acción, hecho que demuestra claramente un vacío legal en cuanto a la prescripción en etapa de ejecución tributaria, correspondiendo aplicar supletoriamente el parágrafo I del artículo

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1492 y parágrafo II del artículo 153 del Código Civil, en ese sentido la Administración Tributaria ejerció su acción de cobro con la emisión del Pliego de Cargo GDLP-DJTCC UCC-P/TET N° 20-1024-06 de 2 de diciembre de 2006, acto notificado mediante edictos publicados el 14 y 21 de mayo de 2007, actuado con el cual se inició el plazo de prescripción de 5 años establecidos en el artículo 52 de la Ley 1340, empezando el cómputo de la prescripción desde el 1 de enero de 2008; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 6 de la Ley 1340, establece: La analogía será admitida para llenar los vacíos 

legales pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes. 

El artículo 41 inciso 5) de la Ley 1340, establece que: La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 5) Prescripción. 

El artículo 52 de la citada Ley establece que: La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. El término precedente se extenderá: A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho. A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículos 98, 101 y 115. 

El artículo 53 de la referida Ley, dispone que: El término de la prescripción se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador. Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el hecho 

generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo. 

El artículo 54 de la Ley 1340, establece que: El curso de la prescripción se interrumpe: 1) Por la determinación del tributo sea esta efectuada por la Administración Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la presentación de la liquidación respectiva. 2) Por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por parte del deudor. 3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la 

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AUTORIDAD DE . IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un nuevo período a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

El artículo 306 de la Ley 1340 establece que: Será título suficiente para iniciar la acción coactiva el Pliego de Cargo, el que acompañara del respectivo Auto Intimatorio que librará el ente administrativo a través de su máxima autoridad en cada jurisdicción. Conforme al mismo, se emplazará al deudor para que dentro del plazo de trés (3) días de la notificación cancele la suma correspondiente al tributo adeudado, su actualización, intereses, multas, bajo conminatoria de aplicarse las medidas precautorias pertinentes. Tales medidas podrán ser dispuestas por la Administración antes del libramiento del Pliego de Cargo y Auto Intimatorio cuando exista fundado riesgo para la percepción de créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles. 

El artículo 307 del referido cuerpo legal, señala: La ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario, ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla salvo las siguientes excepciones: a) Pago total documentado. b) Nulidad de título por falta de jurisdicción y competencia de quien lo emitió, que únicamente podrá demandarse mediante el Recurso Directo de Nulidad ante la Corte Suprema de Justicia. Los funcionarios de la Administración Tributaria y/o de los órganos jurisdiccionales que contravinieren esta disposición dando curso a otras excepciones incurrirán en responsabilidad, con la siguiente interposición de las acciones correspondientes a cargo del órgano ejecutor. Las excepciones deberán ser planteadas en el plazo a que se refiere el Artículo anterior, acompañadas de todas las pruebas pertinentes, y serán resueltas dentro de los diez (10) das, no siendo recurribles. 

El artículo 1492 del Código Civil establece: 1. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece. II. Se exceptúan los derechos indisponibles y los que la ley señala en casos particulares. El artículo 1493 del Código Civil establece. La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido ataq hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo 

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Inicialmente corresponde señalar que ante la notificación de las Resoluciones Determinativas N° 74 de 6 de diciembre de 2003 y 65 de 29 de octubre de 2003, el ahora recurrente tuvo la oportunidad de impugnar dichos actos administrativos vinculados a la fase de determinación; sin embargo, al no haberlo hecho efectivo ninguna impugnación

Juan Carlos Guzmán Ruiz

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dentro del plazo de 15 días previstos por el artículo 174 de la Ley 1340, este acto administrativo adquirió firmeza, dando paso a la apertura del cobro coactivo, fase que conforme lo previsto en el artículo 307 del citado cuerpo normativo no podrá ser suspendida por ninguna solicitud que dilate o impida el cobro compulsivo bajo responsabilidad funcionaria; no obstante, existe la única salvedad para promover y accionar un Recurso de Alzada y está referida a las formas de extinción.

En ese contexto el contribuyente se acogió a un Plan de Facilidades de Pago por las referidas Resoluciones Determinativas Nos. 74 de 6 de diciembre de 2003 y 65 de 29 de octubre de 2003, conforme lo previsto en la Ley 2626 de 22 de diciembre de 2003, petición que fue aceptada por la Administración Tributaria mediante la Resolución Adr

GDLP N° 00091 de 3 de junio de 2005, autorizando al contribuyente Rodolfo Balboa Valdez con RUC N° 7007914, el Plan de Pagos respecto al monto total adeudado de Bs 1.028.814.

en sesenta cuotas mensuales iguales y consecutivas de 18.299 UFV’s, las cuales debían ser canceladas hasta el último día hábil de cada mes, acto administrativo notificado en secretaría el 15 de junio de 2005, conforme se evidencia a fojas 60 de antecedentes

administrativos.

Posteriormente la Administración Tributaria verificó que el contribuyente incumplió el

referido Plan de Facilidades de Pago, hecho que generó que la Resolución Administrativa GDLP No 00091 de 3 de junio de 2005, se convierta en título de ejecución tributaria,

conforme lo previsto en el artículo 108, parágrafo I numeral 8 de la Ley 2492, normativa aplicable al presente caso, tomando en cuenta que la Resolución Administrativa GDLP No. 00091 de 3 de junio de 2005, que autoriza en plan de pagos solicitado por la ahora recurrente fue emitida precisamente en vigencia de dicha Ley siendo que al estar incumplida el compromiso de pago solicitado por el sujeto pasivo, la Administración Tributaria se encontraba plenamente facultada para efectuar el cobro de la deuda tributaria a partir del día siguiente hábil de su incumplimiento, es decir, a partir del día siguiente del último día del mes para efectivizar el pago de la primera cuota del plan de pagos, lo que implica que el cómputo se inicia el 1 de julio de 2005.

Habrá que enfatizar que la Resolución Administrativa GDLP No. 00091 de 3 de junio de 2005, que otorga el Plan de Pagos, suscrita el 3 de junio de 2005, cursante a fojas 59 de antecedentes administrativos, se constituye en un reconocimiento expreso de la obligación tributaria respecto a los periodos fiscales enero/1997 a diciembre/1998 y enero a

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diciembre/1999; en ese contexto, al incumplir las facilidades de pago, el acto administrativo que concedió este beneficio se constituye en Título de Ejecución Tributaria conforme al artículo 108 numeral 8 de la Ley 2492.

Efectuada la consideración precedente respecto a la impugnación presentada contra el Auto Administrativo N° 391820000097 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/CC/AUTA/00078/2018) de 13 de septiembre de 2018, la ahora recurrente manifestó textualmente que: “No procede el cobro por parte de la Administración Tributaria debido a la falta de respaldo legal siendo que en aplicación de los artículos 54 y 55 de la Ley 1340, se evidencia que desde la notificación el 21 de mayo de 2007 con el Título de Ejecución Tributaria N° 20-50-1024-06 de 22 de diciembre de 2006 a la fecha de su solicitud de prescripción extintiva, la misma no se interrumpió ni se suspendió, toda vez que dentro del periodo 2007 a 2018 no interpuso ningún recurso administrativo, lo que demuestra que procede la prescripción extintiva de la facultad de cobro de la Administración Tributaria por haber transcurrido más de los cinco años establecidos en la Ley 1340″, de lo que se concluye que es la misma recurrente quien solicitó la prescripción de la facultad de cobro de la deuda tributaria, fase en la que se realizan los cobros por parte del Ente Fiscal, esto en relación al Plan de Pagos incumplido, que conforme lo expuesto ut supra, se constituye Título de Ejecución.

En ese entendido, al tratarse del adeudo tributario correspondiente al IVA, IT e UE de los periodos fiscales enero/1997 a diciembre/1998 y enéro a diciembre/1999 por los cuales la contribuyente se acogió a planes de pago, se tiene que la ley aplicable en la parte material del tributo, perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento, plazo de pago, formas de extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos tributarios es la Ley 1340, en aplicación de la Disposición Transitoria Primera último párrafo del DS 27310, que de manera taxativa señala que: Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de julio de 1999; razón por la cual el análisis de la prescripción se circunscribirá dentro del marco de la norma señalada.

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Para efectos de contextualizar el contexto anterior, corresponde señalar que la doctrina impositiva establece que la prescripción es un modo de liberar al administrado de una carga u obligación por el transcurso del tiempo. En la legislación tributaria nacional, la prescripción constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere un derecho; es la dispensa

Juan Cattos

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.

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LII

INDI

de la carga tributaria por el transcurrir del tiempo, castigando de este modo la inacción de la Administración Tributaria con la pérdida de sus facultades de comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, determinar adeudos e incluso

imponer sanciones. Así también es pertinente aclarar que a pesar de la disposición del artículo 307 de la Ley 1340, en sentido a que la ejecución coactiva no puede suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario, el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Constitucional 1606/2002-R, de 20 de diciembre de 2002, dispuso que la figura jurídica de prescripción puede ser opuesta en cualquier estado de la causa, hasta en

ejecución de sentencia, por lo que corresponde realizar el análisis de la procedencia o no de esta figura jurídica. .

En este punto de análisis se debe considerar que la Ley 1340, tiene un vacío jurídico con relación al cómputo del plazo, interrupción y suspensión, norma legal que únicamente refiere al cómputo del término de la prescripción para la obligación tributaria previa a su determinación; ante este vacío legal y en virtud a la analogía y subsidiariedad previstas en los artículos 6 y 7 de la Ley 1340, es conveniente la aplicabilidad de las previsiones contenidas por los artículos 1492 y 1493 del Código Civil así como la Sentencia Constitucional 1606/2002 R, que expresamente establece lo siguiente: “el art. 41 CTB, señala las causas de extinción de la obligación tributaria refiriéndose en su inc. 5) a la prescripción, la que se opera a los cinco años término que se extiende conforme lo dispone el art. 52 del mismo cuerpo de leyes, sin señalar el procedimiento a seguir para su declaratoria. Sin embargo en caso de presentarse un vacío legal, el citado Código Tributario, ha previsto la analogía y supletoriedad de otras ramas jurídicas al establecer en su art. 6 que: “La analogía será admitida para llenar los vacíos legales pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes“. Asimismo, el art. 7 de la Ley 1340 (CTB) determina que: “Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de este Código o de las Leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de las otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular”. 

De la misma forma, la Sentencia Constitucional 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, expresa: “…que el art. 307 del CTB, establecía que la ejecución coactiva no podía suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso directo de nulidad; en ese orden la SSCC 1606/2002-R, de 20 de diciembre, estableció la 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del Código Civil (CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; ... Ello implica que este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los derechos de las personas, estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del CTB, cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de ejecución a cargo de las autoridades tributarias”. 

En ese sentido el artículo 1493 del Código Civil, aplicable acorde a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 1340, señala que los derechos se extinguen por prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece; asimismo, el artículo 1493 de la misma Ley, establece que “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”, bajo el contexto anterior, corresponde dejar establecido que la prescripción de la cobranza coactiva tributaria, opera cuando se demuestra inactividad del acreedor durante el término de cinco (5) años consecutivos; es decir, que el sujeto activo hubiera dejado de ejercer su derecho por

o desinterés conforme los artículos citados precedentemente.

En este sentido, corresponde señalar que la línea jurisprudencial constitucional que vela por los derechos y garantías de los ciudadanos estableció mediante la Sentencia Constitucional 1606/2002-R de 20 de diciembre de 2002, que pese a lo dispuesto por el *** artículo 307 del Código Tributario, cuando el contribuyente que está siendo conminado al pago de la deuda tributaria con calidad de cosa juzgada y considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro prescribió, puede interponer ésta acción, en razón a lo dispuesto en la Sentencia Constitucional 1648/2010-R de 25 de octubre de 2010, que hace referencia a las únicas causales de oposición a la ejecución fiscal, las que son establecidas en el artículo 109-11 del Código Tributario, citando a las formas de extinción de la deuda tributaria, entre las que se encuentra la prescripción; asimismo, se debe considerar que el artículo 8 de la Ley 027, del Tribunal Constitucional Plurinacional señala respecto a la obligatoriedad

afaq y vinculatoriedad, que las decisiones y sentencias emitidas por dicho Tribunal son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno, así también lo establecía el artículo 44 de la Ley 1836, Ley del Tribunal Constitucional, vigente aún, hasta el primer día hábil del año 2011; consiguientemente, la Sentencia Constitucional 1606/2002-R de 20 de diciembre de 2002, tiene carácter obligatorio, otorgando la posibilidad a cualquier persona a solicitar la prescripción de los

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1

componentes de la deuda tributaria, siendo evidente que esta pretensión no se encuentra limitada sólo al tributo omitido, sanciones y/o la deuda tributaria en general, solicitud que puede ser interpuesta aún en ejecución de sentencia, según lo refiere la jurisprudencia constitucional señalada anteriormente.

De acuerdo al análisis señalado precedentemente, se advierte que el cómputo de la prescripción de la facultad de ejecutar la deuda tributaria se inició a partir del día siguiente hábil de su incumplimiento, es decir, desde el 1 de julio de 2005, considerando que, conforme lo establecido en la Resolución Administrativa GDLP No. 00091 de 3 de junio de 2005, la contribuyente tenía como plazo límite para efectuar el pago de la primera cuota del plan de facilidades de pago hasta el 30 de junio de 2005; en ese entendido, el inicio del cómputo de la prescripción es desde el 1 de julio de 2005, en el entendido que a partir de ese momento la Administración Tributaria podía hacer valer sus derechos y proceder con las acciones de cobro.

Dentro de ese contexto se evidencia que la Administración Tributaria para efectivizar el cobro del importe de la deuda tributaria contaba con el término de cinco (5) años consecutivos, es decir, el cómputo de la prescripción de la facultad de cobro se inició desde que el titular podía hacer valer sus derechos, esto es desde el 1 de julio de 2005 (primer día hábil de verificado el incumplimiento al plan de pagos), concluyendo el 1 de julio de 2010, conforme lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 1340; no obstante, en este lapso de tiempo se observa que el Ente Fiscal realizó entre otras, medidas coactivas que interrumpieron el curso de la prescripción conforme se detallan a continuación:

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: DESTINATARIO ; .

. CITE DE LA MEDIDA

COACTIVA

| FECHA DE LA

MEDIDA COACTIVA

.

1

SOLICITUD DE ANOTACIÓN PREVENTIV

DE LOS VEHÍCULOS DEL DEUDOR

9642/06

22/03/2007

MEDIDA INTERRUPTIVA DE LA

PRESCRIPCIÓN

SOLICITUD DE RETENCIÓN DE FONDOS DIRIGIDA A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

(FOJAS 102)

6963/08

29/12/2008

MEDIDA INTERRUPTIVA DE LA

PRESCRIPCIÓN

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42 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

.

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TIPO DE MEDIDA COACTIVA

DESTINATARIO 

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SOLICITUD DE HIPOTECA LEGAL DE LOS BIENES DEL CONTRIBUYENTE DIRIGIDA

DERECHOS REALES

(FOJAS 105)

2235/09

10/12/2009

MEDIDA INTERRUPTIVA DE LA

PRESCRIPCIÓN

REITERA ANOTACIÓN PREVENTIVA DE LOS VEHÍCULOS DEL CONTRIBUYENTE DIRIGIDA AL ORGANISMO OPERATIVO DE

TRANSITO (FOJAS 117)

4651/10

09/11/2010

MEDIDA INTERRUPTIVA DE LA

. PRESCRIPCIÓN

REITERA RETENCIÓN DE FONDOS DEL CONTRIBUYENTE, NOTA DIRIGIDA A LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA

FINANCIERO ; (FOJAS 121)

1675/11

25/10/2011

MEDIDA INTERRUPTIVA DE LA 

PRESCRIPCIÓN

SOLICITUD DE AVALUO CATASTRAL Y PLANO DE UBICACIÓN DEL BIEN

INMUEBLE CON MATRICULA 2013010030797 Y 2013010030798, NOTA DIRIGIDA AL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA

4609/12

20/12/2012

MEDIDA INTERRUPTIVA DE LA

PRESCRIPCIÓN

PA

1650/13

18/06/2013 

MEDIDA INTERRUPTIVA DE LA

PRESCRIPCIÓN

; (FOJAS 131) SOLICITUD DE HIPOTECA LEGAL DEL : INMUEBLE CON MATRICULA 2013010030798 Y 2013010030797 DIRIGIDA

A DERECHOS REALES

(FOJAS 139) – . SOLICITA HIPOTECA LEGAL DE LOS VEHICULOS DEL CONTRIBUYENTE, NOTA REMITIDA AL ORGANISMO OPERATIVO DE

TRANSITO (FOJAS 201)

8774/18

24/09/2018 

MEDIDA INTERRUPTIVA DE LA

PRESCRIPCIÓN

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Calidad 

AFNOR CERTIFICATION 

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Del cuadro precedente se advierte que la Administración Tributaria ejerció medidas coactivas durante las gestiones 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2018, interrumpiendo el término de prescripción inicialmente con la solicitud de anotación preventiva de los vehículos del deudor ante el Organismo Operativo de Tránsito por nota 9642-06 de 22 de marzo de 2007, conforme consta a fojas 95 de antecedentes administrativos, siendo la última medida ejecutada la solicitud de hipoteca legal de los vehículos de la contribuyente por nota 8774/18 remitida al Organismo Operativo de Tránsito, iniciando un nuevo cómputo de prescripción el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2023, conforme se detalla de forma gráfica en el siguiente cuadro:

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II 

CÓMPUTO DE LA PRESCRIPCIÓN

.

.

Inicio del * * nuevo 

** Fecha de 7. Medidas 

Prescripción. Coactivas 

Tiempo de incumplimiento 

Prescripción al Plan de Pagos *

1″ Fecha de 

Prescripción

2007 

2008 

01-jul-2005

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5 años

01-jul-2010

01-ene-2019

31-dic-2023

2009 2010 2011 2012 2013 2018

Lo descrito precedentemente hace evidente que la Administración Tributaria ejercito su

derecho de cobranza coactiva dentro de los términos de prescripción previamente

expuestos; en consecuencia, se tiene que la facultad de cobro del Ente Fiscal del adeudo

tributario por el cual Rodolfo Balboa Valdez solicitó Plan de Pagos y que surge de Vistas

de Cargo o Resoluciones Determinativas pendientes de pago, respecto al IVA, IT e UE de los periodos fiscales enero/1997 a diciembre/1998 y enero a diciembre/1999, mismas que a la fecha no se encuentran prescritas.

Respecto a la cita de las Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia Nros. 495/2013, 010/2014, 97/2014,78/2015 y 565/2015 efectuadas por la Administración Tributaria, corresponde señalar que las decisiones adoptadas por este máximo Tribunal Supremo de

Justicia de la Nación, obedecen a un ámbito jurisdiccional ordinario, lo que implica que las

determinaciones asumidas rigen para las partes en conflicto que decidieron someter su asunto al ámbito judicial, debiendo estas sujetarse a las determinaciones asumidas en los respectivos fallos judiciales; lo propio ocurre en el ámbito administrativo, toda vez que

obedeciendo a la libre determinación de las personas de acudir al ámbito del derecho

administrativo disciplinario, las decisiones asumidas en este ámbito, constriñen al

cumplimiento de las partes en conflicto, respecto a las decisiones asumidas en la esfera administrativa, lo que implica que la libre decisión de la persona de acudir a la vía

administrativa, separa la posibilidad de acudir a otra jurisdicción; en ese sentido, al

resolverse algún asunto en el ámbito administrativo, dicha resolución no solamente que

obliga al cumplimiento de las partes en conflicto, sino que no puede abarcar a otra. jurisdicción y competencia, lo resuelto en al ámbito enteramente administrativo.

En la lógica señalada, no es permisible la aplicación de ciertos precedentes del ámbito judicial al ámbito administrativo, como erróneamente pretende la Administración Tributaria

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U

III 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

a través de la cita de las Sentencias Nros. 495/2013, 010/2014, 97/2014,78/2015 y 565/2015, emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, por las razones anotadas precedentemente, correspondiendo en consecuencia, desechar el argumento sobre este

punto.

Con relación a la cita de la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0004/2005 de 10 de enero de 2005 que da cuenta la recurrente, corresponde señalar que la decisión adoptada en dicho precedente administrativo, se adecuó a las especificidades, argumentos, antecedentes administrativos del respectivo Recurso jerárquico, por lo que la decisión adoptada no puede basarse en dicho razonamiento, toda vez que las circunstancias de cada caso difieren unas de las otras, debiendo al efecto considerar que en nuestra legislación tributaria vigente, especificamente, el artículo 5 de la Ley 2492, establece taxativamente cuales son las fuentes del Derecho Tributario, previsión que la realiza con. carácter limitativo y dentro de las que no se encuentra el precedente administrativo, constituyéndose el mismo en un modo de actuar de la Administración Pública que si bien se reitera en el tiempo y se consolida como tal; empero, no es vinculante ni para la Administración Tributar en el caso, ni para el administrado debido a que en un momento determinado, se puede separar del mismo de manera fundada.

: :

Respecto a la cita de la Sentencia Constitucional N° 0107/2006-R de 25 de enero de 2006 efectuada por la recurrente, corresponde señalar que dicho precedente judicial se circunscribe al análisis de la ilegalidad en cuanto a la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el sujeto pasivo quien no acompañó la documentación que acredite su personería. Asimismo en dicho precedente judicial se analizó que no correspondía interpretar la legalidad de los artículos 6 y 7 de la Ley 1340, así como el artículo 1493 del Código Civil, toda vez que tal hecho corresponde a la jurisdicción ordinaria al tratarse de una mera interpretación de legalidad que no puede ser tramitada a través de una acción de Amparo Constitucional, aspectos que difieren diametralmente de los supuestos fácticos analizados en el presente caso, por lo que al no existir analogía jurídica y fáctica, no corresponde su aplicación.

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Bajo las circunstancias descritas anteriormente, se tiene que la recurrente no demostró la inactividad de la Administración Tributaria durante el término de cinco (5) años para efectivizar el cobro de la deuda tributaria; por el contrario, debido a la actividad del Ente Fiscal que ejerció su derecho de cobro de la obligación tributaria a través de distintas

Juez Carlos

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medidas coactivas, se establece que no operó la prescripción; consecuentemente, conforme prevén los artículos 1492 y 1493 del Código Civil, la deuda tributaria atribuida a Rodolfo Balboa Valdez no prescribió, quedando incólume la facultad de la Administración Tributaria para exigir su pago; bajo esas circunstancias de orden legal, corresponde confirmar el. Auto Administrativo N° 391820000097 (SIN/GDLPZ I/DJCC/CCIAUTA/00078/2018) de 13 de septiembre de 2018, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales.

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR el Auto Administrativo N° 391820000097 (SIN/GDLPZ I/DJCC/CC/AUTA/00078/2018) de 13 de septiembre de 2018, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales contra Rodolfo Balboa Valdez; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la facultad de cobro coactivo de la Administración Tributaria respecto a las obligaciones tributarias por las que se acogió al Plan de pagos por los periodos fiscales enero/1997 a diciembre/1998 y enero a diciembre/1999.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código

Tributario y sea con nota de atención.

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CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del Recurso Jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación.

2014

Regístrese, hágase saber y cúmplase

BOLE 

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  1. Cecilia Velez borado 

Directora Ejecutiva Regional Direccion Ejecutiva Regional … Autorldad Regional de Impugnación 

Tributarla. La Paz 

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