ARIT-LPZ-RA-0310-2019 Auto Administrativo revocado totalmente. El contribuyente solicita prescripción de cobranza coactiva a la Administración Tributaria, en aplicación del Código Tributario vigente a la fecha del hecho generador, es decir, la Ley 1340. Si bien la Administración Tributaria ejerció su facultad para la materialización de la cobranza coactiva, enviando notas tendientes al cobro de la deuda tributaria, el nuevo cómputo se inició cuando dejo de realizar medidas para ejercer su facultad de cobranza coactiva.

ARIT-LPZ-RA-0310-2019

AIT 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0310/2019 

Recurrente: 

Max Gonzalo Anavi Jiménez 

Administración Recurrida: ” Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, representada legalmente ws. por Iván Arancibia Zegarra

Acto Impugnado: 

Auto Administrativo N° 391820000049 (SIN/GDLPZ-1/DJCCICCIAUTA/00037/2018)

Expediente: 

ARIT-LPZ-1942/2018 

  1. EL NOM Y

Lugar y Fecha:

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La Paz, 26 de febrero de 2019 

Y vt 

WIN!

VISTOS: El Recurso de Alzadà, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de Apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo; el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 0310/2019 de 21 de febrero de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributația Regional; y todo củanto se tuvo presente.

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  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO El Auto Administrativo N° 391820000049 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/CCIAUTA/00037/2018) de 9 de julio de 2018, emitido por la Gerencia Distrital La Paz | del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió rechazar la solicitud de prescripción respecto al cobro de la deuda tributaria y la sanción.contenida en la Resolución Determinativa N° 00065, planteada por el contribuyente Max Gonzalo Anavi Jiménez; manteniéndose firme yatag subsistente el Pliego de Cargo N° 0103/04 de 4 de junio de 2004 y las medidas Am coactivas emergentes de éste, conforme lo establecido en los artículos 52 y siguientes PATATE de la Ley 1340, 1497 y 1498 del Código Civil.

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 11.1 Argumentos del Recurrente Max Gonzalo Anavi Jiménez, mediante nota presentada el 28 de noviembre de 2018, cursante a fojas 13-16 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

La Administración Tributaria dispuso la ejecución de las medidas coactivas, toda vez

que solicitó la retención de fondos de su cuenta de ahorros, en la que actualmente se abonan sus salarios, sin considerar que conforme el artículo 48, parágrafo IV de la Constitución Política del Estado, los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, aspecto concordante con el artículo 318 de la Ley 439.

La Resolución Determinativa No 065 de 27 de enero de 2004, fue notificada por edicto, en base a una representación, que establecía que el contribuyente no pudo ser habido en su domicilio legal y que una vez realizada las averiguaciones y preguntando a los vecinos, éstos indicaron no tener referencias del actual domicilio del sujeto pasivo; situación similar ocurrió con la notificación del Pliego de Cargo No 0103/04, actuaciones que vulneran los artículos 32, numerales 1), 2) y 3), así como el 159, incisos a) y c) de la Ley 1340, el derecho a la defensa y al debido proceso, dejándolo en indefensión al no haber conocido la existencia del presente proceso. 

Añade que los funcionarios del Ente Fiscal debieron realizar las notificaciones de manera personal o por cédula en su domicilio fiscal, así como ocurrió con la vista de Cargo que le fue notificada personalmente el 2 de octubre de 2003, en la Calle Mururata, N° 1368 de la Zona Villa Fátima, domicilio registrado en el padrón de contribuyentes y que coincide con la información de su cédula de identidad; por tanto, se vulneró sus derechos y principios fundamentales. No tuvo la oportunidad de defenderse ni impugnar la Resolución Determinativa con un Recurso de Alzada o una Demanda Contenciosa Tributaria, dado que las notificaciones por edictos no cumplieron su objetivo o propósito; es decir, no alcanzaron su fin.

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EI DS 27310 en su Disposición Transitoria señala que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubiesen acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 se sujetaran a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340; la prescripción tiene como propósito otorgārseguridad jurídica a los sujetos pasivos, a fin de que estos no se encuentren sometidos a una persecución eterna por parte del Estado, lo contrario vulneraría la seguridad jurídica; bajo ese contexto, al tratarse de los impuestos IVA e IT del periodo fiscal enero de 2000, en relación a la prescripción corresponde se aplique la Ley 1340.

***…

Conforme el numeral 5 del artículo 41 y artículo 52 de la Ley 1340, la prescripción es una de las causales de extinción de la obligación tributaria, en ese entendido; la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones. o ajustes,-asi-como exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los 5 años; asimismo, conʻrelación al cómputo y causales, de interrupción cita los artículos 53 y 54 de la citada norma y señala al: realizarse’la notificación con la Resolución Determinativa fųe el 2004, el computo de la ; prescripción se inició el 1 de diciembre de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2009; sin que las medidas coactivas interrumpan el curso de la prescripción; al efecto, menciona la Sentencia Constitucional N° 031/2018

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular o revocar totalmente el Auto .. : Administrativo N° 391820000049 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/CC/AUTA/00037/2018) de 9 de julio de 2018

II.2 Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Max Gonzalo Anavi Jiménez, fue admitido mediante Auto de 5 de diciembre de 2018, notificado personalmente al recurrente y por cédula a la Administración Tributaria 7 y 11 de diciembre del 2018, respectivamente; afao cursante a fojas 17-22 de obrados.

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11.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital La Paz l del Servicio de Impuestos Nacionales representada legalmente por Iván Arancibia Zegarra, conforme se acredita de la Resolución Administrativa de Presidencia No 031700001413 de 29 de septiembre de 2017, por

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IIIIII111 TIL

1

memorial presentado el 26 de diciembre de 2018, cursante a fojas 25-34 de obrados,

respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

Una vez que el contribuyente tuvo conocimiento de la etapa de ejecución tributaria, que fue efectivizada con la retención de fondos de su caja de Ahorro, solicitó de manera verbal en sede administrativa la liquidación de su deuda tributaria, razón por la que el funcionario del SIN emitió la respectiva liquidación, entregándole dicha constancia al sujeto pasivo, así lo afirma el propio contribuyente a través de su Recurso de Alzada; aspecto que demuestra que reconoció y consintió tácitamente la obligación

y el accionar de la Administración Tributaria con la notificación practicada mediante edicto de la Resolución Determinativa N° 00065; al efecto, cita la Sentencia N° 239/2013.

La Administración Tributaria prosiguió con la emisión del Pliego de Cargo y las medidas coactivas; no obstante, el contribuyente denoto pasividad ante estas actuaciones, escenario que se consideró como un reconocimiento tácito de la deuda tributaria; en ese entendido, se dan por bien hechos las acciones del Ente Fiscal antes, durante y después de la solicitud de liquidación de la deuda tributaria, por lo que no existe obices atribuibles a nulidades o anulabilidades de las acciones efectuadas por la Administración Tributaria.

.

El contribuyente solicitó por escrito ante la Administración Tributaria, el 21 de marzo de 2018, la prescripción de los adeudos tributarios correspondiente al periodo de enero de 2000, al amparo del artículo 53 de la Ley 1340; en respuesta, el Ente Fiscal emitió el Auto Administrativo N° 391820000049 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/CC/AUTA/00037/2018) de 9 de julio de 2018, resolviendo rechazar la solicitud del sujeto pasivo, auto que fue notificado el 8 de noviembre de 2018 de manera personal.

Señala que también debe considerarse a efectos de establecer las nulidades o anulabilidades de los actos el principio de convalidación; asimismo, la Ley 2341 en su artículo 36, concordante con el DS 27113 en su artículo 55, establecen que será procedente la revocatoria de un acto anulable por vicios de procedimiento únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público; además de mencionar la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0536/2014.

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El contribuyente no se encontró en estado de indefensión, toda vez que en el proceso efectuó distintas acciones, relacionadas a la solicitud de la liquidación de su adeudo tributario, petición que fue atendida a través de la correspondiente Reliquidación; asimismo, de forma escrita solicitó prescripción, que fue respondida mediante el Auto Administrativo, y con esta última petición, convalido todas las acciones anteriores efectuadas por la Administración Tributaria, así como las notificaciones practicadas por edicto con la Orden de Verificación, la Resolución Determinativa y el Pliego de Cargo.

El ahora recurrente debió haber planteado las supuestas nulidades desde un inicio, al no hacerlo dejó precluir su derecho en base al principio de convalidación y preclusión del proceso; por tanto, corresponde desestimar sus pretensiones y dar por bien hecho las actuaciones realizadas por el SIN.

Respecto a la prescripción invocada por el recurrente, señala que corresponde su : análisis verificación y aplicación en base a la Ley 1340, toda vez que el hecho, generador se originó, en vigencia de esta Ley; conforme lo establece là Disposición Transitoria Primera del DS 27310. El artículo 52 de la citada Ley 1340, únicamente se refiere al cómputo de la prescripción para la obligación tributaria antes de su determinación, empero no establece nada respecto a la prescripción de la obligación— tributária después de quedar determinada y firme, como ocurre en el presente caso, al existir una deuda tributaria liquida, exigible y que a la fechá se encuentra plenamente ejecutoriada; al efecto, cita lo establecido en el artículo 307 de la Ley 1340 y la Sentencia Constitucional N° 992/2005-R, y afirma que la facultad que tiene la Administración Tributaria para ejercer el cobro coactivo de la deuda tributaria contenida en el Pliego de Cargo N° 0103/04 no se encuentra prescrita.

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Cita la Resolución de. Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0089/2010, las Sentencias Constitucionales Nos. 992/2005-R y 1606/2002-R, así como los artículos 6 y 7 de la afao Ley 1340, en ese contexto, la prescripción en materia tributaria puede solicitarse hasta en etapa de ejecución de sentencia, además, que de manera supletoria puede aplicarse el Código Civil, cuando existan vacíos legales en la Ley 1340; por otra parte IQNet refiere que conforme el artículo 1492 de la citada Ley y el DS 27310, en su Disposición Transitoria Primera establece que la prescripción de la cobranza coactiva opera cuando se demuestra la inactividad del sujeto activo durante el término de 5 años; bajo

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ese entendido, las facultades de la Administración Tributaria de ejecutar el cobro no operaron; al efecto, cita las Sentencias Nos. 495/2013, 010/2014, 97/2014 y 78/2015, todas emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia.

La notificación practicada por edicto con el Pliego de Cargo No 0103/04, el 21 de octubre de 2004, interrumpió el curso de la prescripción, dando inicio al nuevo cómputo de la referida prescripción para la etapa de ejecución tributaria, el 1 de enero de 2005, de conformidad al último párrafo del artículo 54 de la Ley 1340.

Posteriormente, el Ente Fiscal realizó distintas acciones tendientes al cobro de la deuda tributaria, que fueron ejercidas de forma efectiva a través de distintas notas enviadas al Superintendente de Bancos y Entidades Financieras, al Sub Contralor de Asuntos Legales de la Contraloría General de la República, al Juez Registrador de Derechos Reales, al Gerente General de la Cooperativa de Teléfonos La Paz y al Director Departamental de Organismo Operativo de Transito; reiterando las mismas a fin de contar con mayor información acerca del patrimonio del contribuyente a través de las notas dirigidas a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, al Director Departamental de Organismo Operativo de Transito, al Juez Registrador de Derechos Reales, al Servicio de Información Crediticia-Bureau, a la Directora Ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y al Sub Contralor de Servicios Legales de la Contraloría General de Estado; estas medidas coactivas se constituyen en causales de interrupción de la prescripción, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo II del artículo 1503 del Código Civil; además, demuestran que la Gerencia Distrital La Paz I en ningún momento renunció al cobro de la deuda.

Teniendo claro que las actuaciones citadas anteriormente interrumpieron el curso de la prescripción, el cómputo se reinició el 1 de enero de 2018 y concluirá el 31 de diciembre de 2022, tomando en cuenta el plazo de 5 años establecido en el artículo 52 de la ley 1340. Posteriormente, con la nota de solicitud de prescripción de 21 de marzo de 2018 presentada por el sujeto pasivo, la cual se constituyó en un hecho voluntario de reconocimiento expreso de la obligación tributaria, se volvió a interrumpir el curso de la prescripción; en tal sentido, se produjo una nueva causal de interrupción, reiniciando el cómputo nuevamente el 1 de enero de 2019, con concluyendo el 31 de

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diciembre de 2023, conforme a lo expuesto en el Auto Administrativo N° 391820000049 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/CC/AUTA/00037/2018) de 9 de julio de 2018.

Por lo expuesto, añade que como acreedor de la deuda tributaria en ningún momento se mostró inactivo por más de 5 años para que opere la prescripción, toda vez que realizó ácciones tendientes al cobro debidamente concretadas, no permitiendo de esa mianera que opere la tan mencionada prescripción. Si bien no todas las medidas coactivas fueron materializadas, esto no obedece a hechos que depèndan de la Administración Tributaria sino a otras instituciones autónomas, autárquicas o descentralizadas; sin embargo, el Ente Fiscal con la adopción constante de medidas coactivas efectivizó la Retención de Fondos. Finalmente, solicita que en cumplimiento a los artículos 198, inciso e) y 211 de la Ley 2492, se respete el principio de congruencia.-

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LA 

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Confore a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Auto Administrativo N° : 391820000049 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/CC/AUTAJOOO37/2018) de 9 de julio de 2018.

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11.4 / Apertura de término probatorio y producción de pruebas . Mediante. Auto de 27 de diciembre de 2018, se declaró la apertura del término de —–> prueba de veinte (20) dias comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d), artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada en secretaría el 2 de .. enero de 2019, tanto al recurrente como a la Administración Tributaria; fojas 35-36 de obrados.

La Administración Tributaria por memorial presentado el 16 de enero de 2018, ofreció, propuso, reprodujo y ratificó en calidad de prueba pre constituida la documentación adjunta al memorial de respuesta negativa al Recurso de Alzada, consistente en los antecedentes administrativos de 1 cuerpo con 134 fojas; al efecto, el Proveido de 17 afao de enero de 2019, dio por ratificada la prueba documental; actuación notificada a las calidad partes en secretaría el 23 de enero de 2019; fojas 37-39 de obrados.

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III 

i111 ILIT 

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I

11.5 Alegatos Max Gonzalo Anavi mediante nota presentada el 12 de febrero de 2019, formuló sus alegatos, ratificando los argumentos expuestos en su Recurso de Alzada consistentes en la nulidad de los actos administrativos y la prescripción en fase de ejecución tributaria; al efecto, el Proveído de 13 de febrero de 2019, dio por formulados los alegatos; fojas 41-45 de obrados.

La Administración Tributaria, no formuló alegatos de conformidad al artículo 210, parágrafo II del Código Tributario.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA Mediante Formulario 7520 de 2 de agosto de 2002, se comunicó a Max Gonzalo Anavi Jiménez diferencias detectadas en sus Declaraciones Juradas del impuesto IVA, solicitándole que en el plazo de 5 días presente: declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado – IVA de los periodos observados, libros de compras y ventas IVA Y talonario de facturas emitidas por los periodos observados, fojas 1 de antecedentes administrativos.

La Vista de Cargo N° 20-OP 67777036/2003 de 22 de septiembre de 2003, señala que como resultado del proceso de fiscalización, se observan diferencias entre las compras informadas y sus ventas correspondientes al periodo fiscal 01/2000, de las liquidaciones practicadas surge un saldo a favor del fisco de Bs8.796,96.- en ese entendido, la conducta tributaria del contribuyente se encuentra inicialmente tipificada dentro las previsiones de los artículos 98, 99 y 101 del Código Tributario; asimismo, concede el plazo de 20 días para la presentación de descargos, acto notificado en forma personal el 2 de octubre de 2003, fojas 6-7 y 10 de antecedentes administrativos.

..

La Resolución Determinativa LP-200 N 00065 de 27 de enero de 2004, resolvió determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente Max Gonzalo Anavi Jiménez en la suma de Bs 18.271,-, correspondiente al IVA, IT y los accesorios de Ley por el periodo fiscal de enero 2000; asimismo, sancionó al sujeto pasivo con la multa del 100% sobre el gravamen omitido, en aplicación del artículo 101 del Código Tributario; acto notificado por edicto el 26 de

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febrero, 12 y 17 de marzo de 2004; fojas 17-19 y 48-50 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria emitió el Pliego-de.Cargo No 0103/04 y Auto Intimatorio ambos del 4-de junio de 2004, por concepto del impuesto. omitido y multa calificada (IVĄ, IT 01/00), estableciendo un monto total adeudado de Bs30.957.-; actuación nótificada por edicto el 11, 16 y 21 de octubre de 2004; fojas 51 y 54-56 de antecedentes administrativos.

saan · a.

Por nota presentada ante la Administración tributaria, el 21 de marzo de 2018, Max Gonzalo Anavi Jiménez, solicitó prescripción de los, adeudos tributarios correspondiente al IVA e IT del periodo fiscal de enero 2000; fojas 112-114 de antecedentes-administrativos ——– , — — –;

El Auto.Administrativo N° 391820000049 (SIN GDLPZ-1/DJCC/CCIAUTĄ/00037/2018) de 9 de julio de 2018, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió rechazar la solicitud de prescripción respecto al cobro de la deuda tributaria y sanción contenida en la Resolución Determinativa N° 00065 de la gestión 2004, planteada por el contribuyente Max’ Gonzalo- Anavi – Jiménez; manteniéndose firme y subsistente el Pliego de Cargo No 0103/04 de 4 de junio de 2004 y las medidas coactivas emergentes de éste, conforme lo establecido en los artículos 52 y siguientes de la Ley 1340, 1497 y 1498 del Código Civil; acto notificado de forma personal al contribuyente el 8 de noviembre de 2018, fojas 123-128 de antecedentes administrativos.

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  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos

143 y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, afao compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada toda la calidad documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-11l del referido Código Tributario, se tiene:

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III 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por el contribuyente Max Gonzalo Anavi Jiménez; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.

Corresponde aclarar que el recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada solicitó revocar el acto impugnado; sin embargo, de su lectura se advierten argumentos tanto de forma como de fondo; en ese entendido, esta Autoridad Regional de Impugnación

taria ingresará primero analizar los aspectos de forma con el fin de establecer la

existencia o no de vicios procedimentales y posteriormente de ser inexistentes se ingresará al análisis del fondo del recurso.

IV.1. Vicios denunciados en fase de ejecución El recurrente en los argumentos de su Recurso de Alzada y en alegatos señala que la Resolución Determinativa No 065 de 27 de enero de 2004, fue notificada por edicto, en base a una representación, que establecía que el contribuyente no pudo ser habido en su domicilio legal; situación similar ocurrió con la notificación del Pliego de Cargo No 0103/04, actuaciones que vulneran los artículos 32, numerales 1), 2) y 3), así como el 159, incisos a) y c) de la Ley 1340, el derecho a la defensa y al debido proceso, dejándolo en indefensión al no haber conocido la existencia del presente proceso. 

Los funcionarios del Ente Fiscal debieron realizar las notificaciones de manera personal o por cédula en su domicilio fiscal, así como ocurrió con la vista de Cargo que le fue notificada personalmente el 2 de octubre de 2003, en la Calle Mururata, No 1368 de la Zona Villa Fátima, domicilio registrado en el padrón de contribuyentes y que coincide con la información de su cédula de identidad; por lo tanto, se vulneró sus derechos y principios fundamentales. No tuvo la oportunidad de defenderse ni impugnar la Resolución Determinativa con un Recurso de Alzada o una Demanda Contenciosa Tributaria, dado que las notificaciones por edictos no cumplieron su objetivo o propósito; es decir, no alcanzaron su fin.

La Administración Tributaria en su memorial de respuesta señala que el contribuyente no se encontró en estado de indefensión, toda vez que en el proceso efectuó distintas

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acciones, relacionadas a la solicitud de la liquidación de su adeudo tributario, petición que fue atendida a través de la correspondiente Reliquidación; asimismo, de forma escrita solicitó prescripción, que fue respondida mediante Auto Administrativo; y con ésta última petición, convalidó todas las acciones anteriores efectuadas por la

Administración Tributaria, así como las notificaciones Practicadas por edicto con la

  • Orden de Verificación, la Resolución Determinativa y el Pliego de Cargo.

El contribuyente debió haber planteado las supuestas nulidades desde un inicio, al no hacerlo dejó precluir su derecho en base al principio de convalidación y preclusión del proceso; por tanto, corresponde desestimar sus pretensiones y dar por bien hecho las actuaciones realizadas por el SIN; al respecto, corresponde el siguiente análisis: :

El artículo..-306-de la Ley 1340 dispone:-Ser-titulo suficiente para iniciar la acción coactivalel Pliego de Cargo, el que acompañara del respectivo Auto Intimatorio que librar el ente administrativo a través de su máxima autoridad en cada jurisdicción. Conforme al mismo, se emplazar al deudor para que dentro del plazo de tres (3) das i de la notificación cancele la suma correspondiente al tributo adeudado, su actualización, interesės, multas, bajo conmiņatoria de aplicarse las medidas precautorias pertinentes. Tales medidas podrán ser dispuestas por la Administración:- antes del libramiento del Pliego de cargo y Auto Intimatorio cuando exista fundado , riesgo para la percepción de créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles.... .

?

El artículo 307 del referido cuerpo legal, señala: La ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario, ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla salvo las siguientes excepciones: a) Pago total documentado. b) Nulidad de título por falta de jurisdicción y competencia de quien lo emitió, que únicamente podrá demandarse mediante el Recurso Directo de Nulidad ante la Corte Suprema de Justicia. Los funcionarios de la Administración Tributaria y/o afao de los órganos jurisdiccionales que contravinieren esta disposición dando curso a otras calidad excepciones incurrirán en responsabilidad, con la siguiente interposición de las acciones correspondientes a cargo del órgano ejecutor. Las excepciones deberán ser lNet planteadas en el plazo a que se refiere el Artículo anterior, acompañadas de todas las pruebas pertinentes, y serán resueltas dentro de los diez (10) das, no siendo recurribles. 

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Inicialmente corresponde aclarar que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 306 de la Ley 1340, el Pliego de Cargo se constituye en titulo suficiente para iniciar la acción de cobro coactivo de la deuda tributaria una vez que la misma quedó firme y exigible de acuerdo al artículo 304 del precitado cuerpo normativo, es decir, una vez notificado el Pliego de Cargo la Administración Tributaria se encuentra facultada al cobro coactivo de los créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles, iniciándose de esta manera la etapa coactiva. En el presente caso, el Pliego de Cargo No 0103/04 y Auto Intimatorio ambos del 4 de junio de 2004 y notificados por edicto el 11, 16 y 21 de octubre de 2004, cursantes a fojas 51 de antecedentes administrativos se constituyen en los actos administrativos a través de los cuales el Ente Fiscal inició el cobro coactivo de la Resolución Determinativa LP-200 N° 00065 de 27 de enero de 2004, que resolvió determinar de oficio las obligaciones impositivas de Max Gonzalo Anavi Jiménez en la suma de Bs 18.271.-, correspondiente al IVA, IT y los accesorios de Ley por el periodo fiscal de enero 2000; acto administrativo que al no haber sido impugnado dentro de los plazos previstos por Ley, adquirió la calidad de firmeza, cuyo adeudo se constituye en líquido y exigible.

Se debe enfatizar que el Auto Intimatorio de 4 de junio de 2004, es el acto que conmina al contribuyente para que en el término de tres (3) días desde su notificación proceda al pago de sus obligaciones tributarias, lo que implica, que la Administración Tributaria, inició el cobro coactivo que tiende a buscar la efectivización del adeudo tributario y como consecuencia, el sujeto pasivo tiene como única alternativa la posibilidad de promover y accionar un Recurso de Alzada invocando las causales previstas en el artículo 307 de la ley 1340, desechando toda otra posibilidad de impugnar otras cuestiones que no sean las referidas a las excepciones consignadas en la precitada disposición normativa.

Al efecto, corresponde traer a colación el razonamiento plasmado en la Sentencia Constitucional SSCC 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, la cual expresa “..que el art. 307 del CTB, establecía que la ejecución coactiva no podía suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso directo de nulidad; en ese orden la SSCC 1606/2002-R, de 20 de diciembre, estableció la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del Código Civil (CC), para oponer en cualquier 

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estado de la causa, la prescripción; ... Ello implica que este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los derechos de las personas, estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del CTB, cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa-juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de ejecución a cargo de las autoridades tributarias

En este sentido, corresponde señalar que la línea jurisprudencial constitucional que vela por los derechos y garantías de los ciudadanos estableció mediante la Sentencia Constitucional 1606/2002-R de 20 de diciembre de 2002; que pese a lo dispuesto en el artículo 307 de la Ley 1340, cuando el contribuyente que está siendo conminado, al pago de la deuda tributaria con calidad de cosa juzgada y considere que el. adeudo tributario o-la-acción para su cobro-prescribió-puede-interponer esta acción, en razón. a lo dispuesto en la Sentencia Constitucional 1648/2010-R de 25 de octubre de 2010, que en su, Fundamento Jurídico III.4.2, estableció de manera expresa que los actos administrativos emitidos por la Administración Tributaria en ejecución tributaria no son susceptibles de impugnación, en cuya parte pertinente ilustró: …toda vez que el Código Tributario, establece como únicas causales de oposición a la ejecución fiscal, las establecidas en el art. 109./1 comenzando con: 1. Cualquier forma de extinción-de— la deuda tributaria prevista por el CTB (pago, compensación, confusión, condonación, prescripción); 2. Resolución ‘firme_o sentencia con autoridad de: cosa juzgada que.. declare la inexistencia de la deuda; 3. Dacn en pago, conforme se disponga reglamentariamente. Además, establece que estas causales, solo serán válidas si se 

presentan antes de la conclusión de la fase de ejecución tributaria, cerrando de esta manera la posibilidad de impugnación a los títulos que adquirieron firmeza“. De la lectura a dicho. precedente constitucional, se establece que las únicas causales de oposición a la ejecución fiscal, son establecidas en el artículo 109, parágrafo II del Código Tributario, citando a las formas de extinción de la deuda tributaria, entre las afaq que se encuentra la prescripción, razón que impide a esta instancia la revisión de los colod vicios de nulidad planteados, así como el argumento de la Administración Tributaria respecto a la improcedencia de las nulidade principio de convalidación.

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A lo expuesto, corresponde añadir que la Resolución Determinativa LP-200 No 00065 de 27 de enero de 2004, al adquirir firmeza, dió paso a la apertura de la fase de cobro

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coactivo, la cual conforme lo previsto en el artículo 307 del citado cuerpo normativo no podrá ser suspendida por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla, bajo pena de responsabilidad funcionaria, en caso de dar curso a otras excepciones; en ese contexto, el argumento vertido por el ahora recurrente en relación a las supuestas

nulidades por las notificaciones efectuadas que le impidieron presentar alguna

impugnación, no corresponden ser analizadas, toda vez que ésta instancia no tiene la competencia legal de efectuar una revisión de procesos que se encuentran en plena etapa de ejecución y/o cobro coactivo, siendo la única alternativa o salvedad para

promover y accionar un Recurso de Alzada en la referida fase la interposición de la prescripción como forma de extinción de la deuda tributaria.

IV.2. Prescripción Max Gonzalo Anavi Jiménez señala en su Recurso de Alzada que el DS 27310 en su Disposición Transitoria establece que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubiesen acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 se sujetaran a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340; la prescripción tiene como propósito otorgar seguridad jurídica a los sujetos pasivos, a fin de que estos no se encuentren sometidos a una persecución eterna por parte del Estado, lo contrario vulneraría la seguridad jurídica; bajo ese contexto, al tratarse de los impuestos IVA e IT del periodo enero de 2000, en relación a la prescripción corresponde se aplique la Ley 1340.

Conforme el numeral 5 del artículo 41 y artículo 52 de la Ley 1340, la prescripción es una de las causales de extinción de la obligación tributaria, en ese entendido, la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, así como exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los 5 años; asimismo, con relación al cómputo y causales de interrupción cita los artículos 53 y 54 de la citada norma y señala al realizarse la notificación con la Resolución Determinativa fue el 2004, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de diciembre de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2009; sin que las medidas coactivas interrumpan el curso de la prescripción; al efecto, cita la Sentencia Constitucional No 031/2018.

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La Administración Tributaria en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada manifiesta que corresponde que se aplique la Ley 1340, aclara que el artículo 52 de la citada Ley, únicamente se refiere al cómputo de la prescripción para la obligación tributaria antes de su determinación, empero no establece nada respecto a la prescripción de la obligación tributaria después de quedar-determinada y firme, como ocurre en el presente caso, al existir una deuda tributaria liquida, exigible y que a la fecha se encuentra plenamente ejecutoriada; al efecto, cita lo establecido en el artículo 307 de la Ley 1340 y la Sentencia Constitucional N° 992/2005-R; asimismo afirma que se realizaron distintas acciones tendientes al cobro de la deuda tributaria, que fueron ejercidas de forma efectiva, sin que exista inactividad por parte del sùjeto activo, en ese entendido, la facultad que tiene la Administración Tributaria para ejercer el cobro coactivo de la deuda tributaria contenida en el Pliego de Cargo No 0103/04 no se encuentra prescrita; al respecto, corresponde el siguiente análisis:?i

El artículo 6 de la Ley 1340, establece:La analogia será admitida para llenar los vacíos : legales pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, ‘exenciones, ni modificarse normás preexistentes. 

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El árticulo 41 de la Ley 1340, indica: La obligación tributaria se extingue por:-1)-Pago 2;’Compensación, 3) Confusion, 4) Condonación o remisión y 5) Prescripción. 

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El artículo 52 de la citada Ley establece: La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. El término precedente se extenderá: A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el 

nerador o de presentar las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la Administración no tuvo conocimiento del afao hecho. A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del calidad contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículos en 98, 101 y 115. 

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El artículo 53 de la referida Ley, dispone que: El término de la prescripción se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho 

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generador. Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago: respectivo. 

El artículo 54 de la Ley 1340, establece que: El curso de la prescripción se interrumpe: 1) Por la determinación del tributo sea esta efectuada por la Administración Tributaria 

ente, tomándose como fecha la de la notificación o de la presentación 

de la liquidación respectiva. 2) Por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por parte del deudor. 3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un nuevo período a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un nuevo periodo a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

El artículo 55 de la citada Ley, dispone: El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución definitiva de la Administración sobre los mismos. 

El artículo 305 de la Ley 1340, señala: Ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar o anular las sentencias o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada, ejecutoriadas o que causen estado. Toda resolución o acto contrario al presente Articulo será nulo de pleno derecho y sus responsables obligados a reparar los daños causados al Estado. 

El artículo 306 de la Ley 1340, establece: Será título suficiente para iniciar la acción coactiva el Pliego de Cargo, el que acompañara del respectivo Auto Intimatorio que librará el ente administrativo a través de su máxima autoridad en cada jurisdicción. Conforme al mismo, se emplazará al deudor para que dentro del plazo de tres (3) días de la notificación cancele la suma correspondiente al tributo adeudado, su actualización, intereses, multas, bajo conmiņatoria de aplicarse las medidas precautorias pertinentes. Tales medidas podrán ser dispuestas por la Administración 

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antes del libramiento del Pliego de Cargo y Auto Intimatorio cuando exista fundado riesgo para la percepción de créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles. 

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Tratándose del adeudo tributario emergente de la Resolución Determinativa LP-200 No 00065 de 27 de enero de 2004 .acto administrativo que determinó los adeudos tributarios correspondientes al IVA e IT por el periodo fiscal enerò/2000, relacionado al Pliego de Cargo No 0103/04 y Auto Intimatorio ambos del 4 de junio de 2004, se tiene que la ley aplicable en la parte material del tributo, perfeccionamiento.del hecho generador, nacimiento, plazo de pago, formas de extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos tributarios es la Ley 1340, en aplicación de la Disposición Transitoria Primera último párrafo del DS 27310, que de manera taxativa señala que: Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de–la-Ley N° 2492-se-sujetarán–alas-disposiciones-sobre prescripción contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 iy la Ley N° 1990 de 28 de : julio de 1999; razón por la cual el presente análisis se circùnscribirá dentro del marco de la norma señalada.

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De inicio corresponde señalar que la doctrina impositiva establece que la prescripción es un modo de liberar al administrado de una carga u obligación por el transcurso-del tiempo. En la legislación tributária nacional, la prescripción constituye un medio legal por el cưal el sujeto pasivo adquiere un derecho; es la dispensa de la carga tributaria por el transcurrir del tiempo, castigando de este modo la inacción de la Administración

Tributaria con la pérdida de sus facultades de comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, determinar adeudos e incluso imponer sanciones.

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Así también es pertinente, aclarar que a pesar de la disposición del artículo 307 de la Ley 1340, en sentido a que la ejecución coactiva no puede suspenderse por ningún afao recurso ordinario o extraordinario, el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Constitucional 1606/2002-R, de 20 de diciembre de 2002, dispuso que la figura jurídica de prescripción puede ser opuesta en cualquier estado de la causa, hasta en ejecución IQNet de sentencia, por lo que corresponde realizar el análisis de la procedencia o no de esta figura jurídica.

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Bajo el contexto anterior y de la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 20-OP 67-777-036/2003 de 22 de septiembre de 2003, detectando diferencias entre las compras informadas y las ventas correspondientes al periodo fiscal enero/2000; una vez concluida dicha etapa se pronunció la Resolución Determinativa LP-200 No 00065 de 27 de enero de 2004, resolvió determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente Max Gonzalo Anavi Jiménez en la suma de Bs18.271.-, correspondiente al IVA, IT y los accesorios de Ley por el periodo fiscal de enero 2000; asimismo, sancionó al sujeto pasivo con la multa del 100% sobre el gravamen omitido, en aplicación del artículo 101 del Código Tributario; acto notificado por edicto el 26 de febrero, 12 y 17 de marzo de 2004.

Posteriormente, al no ser cuestionada la determinación de los adeudos tributarios, el Ente Fiscal emitió el Pliego de Cargo No 0103/04 y Auto Intimatorio ambos del 4 de junio de 2004, notificados por edicto el 11, 16 y 21 de octubre de 2004, comunicando al contribuyente que en el término perentorio de tres días a partir de su legal notificación, debe pagar la suma de Bs30.957.- por concepto de IVA e IT del periodo fiscal enero/2000, más intereses, actualizaciones de valor y multas, bajo conminatoria de aplicarse las medidas precautorias que dispone la Ley en su contra.

En conocimiento de las medidas de cobranza coactiva, Max Gonzalo Anavi Jiménez, mediante nota presentada ante la Administración Tributaria el 21 de marzo de 2018,

solicitó prescripción; al efecto, el Ente Fiscal emitió el Auto Administrativo No 391820000049 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/CC/AUTA/00037/2018) de 9 de julio de 2018, que resolvió rechazar la solicitud de prescripción respecto al cobro de la deuda tributaria y sanción contenida en la Resolución Determinativa N° 00065 de la gestión 2004, planteada por el contribuyente Max Gonzalo Anavi Jiménez; manteniéndose firme y subsistente el Pliego de Cargo No 0103/04 de 4 de junio de 2004 y las medidas coactivas emergentes de éste, conforme lo establecido en los artículos 52 y siguientes de la Ley 1340, 1497 y 1498 del Código Civil; acto administrativo que hoy es objeto de impugnación en vía administrativa.

Ahora bien, toda vez que la impugnación del recurrente versa esencialmente sobre el rechazo a la prescripción relacionada a la etapa de ejecución tributaria (cobranza

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coactiva) solicitada a la Administración Tributaria; corresponde, indicar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 306 de la Ley 1340, el Pliego de Cargo es título suficiente para iniciar la acción coactiva, documento que cursa a fojas 51 de antecedentes administrativos, es decir, que en el presente caso, conforme se indicó previamente, corresponde el análisis del término para el cobro coactivo de la deuda tributaria, una vez que esta quedó firme y exigible de acuerdo al artículo 304 de la Ley „.1340, norma legal que dispone que el Ente Fiscal se encuentra facultada al cobro

coactivo de los créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles, iniciándose de esta manera la etapa de cobranza coactiva.

En ese contexto, cabe señalar que la Ley 1340, tiene un vacío jurídico con relación al cómputo del plazo de prescripción para la etapa de cobranza coactiva, norma legal que únicamente–refiere al cómputo-del-término -de la-prescripción para la obligación tributaria previa a su determinación, estableciendo causäles’ de suspensión e interrupción aplicables a la determinación trißutaria; sin embargo, l.no establece : expresamente nada sobre la prescripción del derecho al cobro de la obligación i tributária después de que queda determinada y firme.

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..

Ante esā inconsistencia legal.y en virtud a la analogía y subsidiariedad previstas en los—– artículos 6 y 7 de la Ley 1340, es conveniente la aplicabilidad de las previsiones contenidas por los artículos : 1492 y_1493 del Código Civil así como la Sentencia Constitucional 1606/2002 R, que expresamente señala lo siguiente: “...el art. 41 CTB, señala las causas de extinción de la obligación tributaria refiriéndose en su inc. 5) a la prescripción, la que se opera a los cinco años término que se extiende conforme lo dispone el art. 52 del mismo cuerpo de leyes, sin señalar el procedimiento a seguir para su declaratoria. Sin embargo en caso de presentarse un vacío legal, el citado Código Tributario, ha previsto la analogía y supletoriedad de otras ramas jurídicas al establecer en su art. 6 que: “La analogia será admitida para llenar los vacíos legales afao pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas calidad preexistentes. Asimismo, el art. 7 de la Ley 1340 (CTB) determina que: ” Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de este Código o de las Leyes IQNet expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del SAINS Derecho Tributario y en su defecto los de las otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular”. 

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De la misma forma, la Sentencia Constitucional 0992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, expresa”...que el art. 307 del CTB, establecía que la ejecución coactiva no podía suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso directo de nulidad; en ese orden la SSCC 1606/2002-R, de 20 de diciembre, estableció la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del Código Civil (CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; ...Ello implica que este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los derechos de las personas, estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del CTB, cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de ejecución a cargo de las autoridades tributarias”. 

En ese sentido el artículo 1493 del Código Civil, aplicable acorde a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 1340, señala que los derechos se extinguen por prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece; asimismo, el artículo 1493 de la misma Ley establece que “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo“, bajo el contexto anterior, corresponde dejar establecido que la prescripción de la cobranza coactiva tributaria, opera cuando se demuestra inactividad del acreedor durante el término de cinco (5) años consecutivos; es decir, que el sujeto activo hubiera dejado de ejercer su derecho por negligencia o desinterés conforme los artículos citados precedentemente.

Corresponde señalar que la línea jurisprudencial constitucional que vela por los derechos y garantías de los ciudadanos estableció mediante la Sentencia Constitucional 1606/2002-R de 20 de diciembre de 2002, que pese a lo dispuesto por el artículo 307 del Código Tributario, cuando el contribuyente que está siendo conminado al pago de la deuda tributaria con calidad de cosa juzgada y considere que el adeudo tributario.o la acción para su cobro prescribió, puede interponer ésta acción, en razón a lo dispuesto en la Sentencia Constitucional 1648/2010-R de 25 de octubre de 2010, que hace referencia a las únicas causales de oposición a la ejecució las que son establecidas en el artículo 109-11 del Código Tributario, citando a las formas: de extinción de la deuda tributaria, entre las que se encuentra la prescripción;

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asimismo, se debe considerar que el artículo 8 de la Ley 027, del Tribunal Constitucional Plurinacional señala respecto a la obligatoriedad y vinculatoriedad, que las decisiones y sentencias emitidas por dicho Tribunal son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio-y-contra ellas ño cabe recurso ordinario ulterior alguno, así también lo establecía el artículo 44 de la Ley 1836, Ley del Tribunal Constitucional, vigente’ aún, hasta el primer día hábil del año 2011; consiguientemente, la Sentencia Constitucional 1606/2002-R de 20 de diciembre de 2002, tiene carácter obligatorio, otorgando la posibilidad a cualquier persona a solicitar la prescripción de los componentes de la deuda tributaria, siendo evidente que esta pretensión, no se encuentra limitada sólo al tributo omitido, sanciones y/o la deuda tributaria en general, solicitud que puede ser interpuesta aún en ejecución de sentencia, según lo refiere la jurisprudencia constitucional señalada anteriormente.

—–

——- – ———– — De acuerdo al análisis señalado precedentemente, se advierte que el cómputo de la prescripción de la facultad de exigir el pago de la deuda tributaria se inició’ desde que el derecho ņa podido hacerse valer o desde que el titular dejo de ejercerlo; en ese sentido, se observa que el Pliego de Cargo No 0103/04, fue notificado por edictos el 11, 16 .y 21 de octubre de 2004, iniciándose del cómputo de la prescripción, en el entendido que a partir de ese momento la Administración Tributaria podía hacer-valer- sựs derechos y proceder con las acciones de cobro. :

Dentro de ese contexto se evidencia que la Administración Tributaria para efectivizar el cobro del importe de la deuda tributaria contaba con el término de cinco (5) años consecutivos, es decir, el cómputo de la prescripción de la facultad de cobro se inició desde que el titular podía hacer valer sus derechos, esto es desde el 21 de octubre de – 2004 (fecha de notificación con el Pliego de Cargo No 0103/04), iniciando el cómputo el 22 de octubre de 2004 y concluyendo el 22 de octubre de 2009; en ese entendido, se verifica que posteriormente la Administración Tributaria realizó entre otros las afag siguientes medidas coactivas:

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RETENCIÓN DE FONDOSIASFI 

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GDLP/DJTCC/UCC/12

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10/08/2004

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TITIL 

GDLP/DJTCC/UCC/20

SOLICITUD DE INFORMACIÓN/COTEL

23/09/2005

17/05 

RETENCIÓN DE FONDOSIASFI 

GDLP/DJTCC/UCC/33

36/06 

09/06/2006

SOLICITUD DE HIPOTECA LEGALI ORGANISMO OPERATIVO DE TRANSITO 

SIN/GDLP/DJCC/UCC

NOT/1392/2011

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Del cuadro precedente se advierte que la Administración Tributaria ejerció medidas coactivas durante las gestiones 2004 a 2011; medidas que interrumpieron el curso de la prescripción, en ese entendido, el nuevo cómputo se encuentra comprendido desde 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2016, periodo en el cual no se evidencia que el Ente Fiscal hubiera accionado su facultad de cobro coactivo mediante la adopción y ejecución de medidas coactivas; esto implica, que no existe en antecedentes administrativos el elemento esencial que establezca o corrobore la procedencia de una nueva interrupción del cómputo de la prescripción y que además sea parte del accionar del SIN; por esta razón, procedió inevitablemente el instituto jurídico de la prescripción invocada por el ahora recurrente, es decir, que la facultad de cobranza coactiva (ejecución tributaria) emergente del Pliego de Cargo No 010304, se encuentra completamente prescrita, conforme al siguiente cuadro que de manera gráfica expresa lo siguiente:

CÓMPUTO DE LA PRESCRIPCIÓN 

…. 

1:

Inicio del 

Pliego de Cargo N 

0103/04 (Notificación 21/10/2004)

Tiempo de Prescripción 

Fecha de Prescripción 

Medidas Coactivas 

nuevo 

Fecha de Medidas Prescripción: Coactivas 

WIR :

computo 

200

2005 

01-ene 

22-oct-2004 

5 años 

22-oct-2009 

31-dic-2016 

201

2012 

2006 2011 

Lo anterior demuestra que la Administración Tributaria en el plazo legal otorgado para la materialización de la cobranza coactiva, si bien en las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2011 ejerció dicha facultad a través del envio de notas tendientes al cobro de la deuda tributaria, lo que produjo la interrupción del curso de la prescripción, el nuevo cómputo se inicio el 1 de enero de 2012 y concluyó el 31 de diciembre de 2016; periodo en

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AIT 

AUTORIDAD, DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia

el cual no se advierte ninguna medida por parte del sujeto activo, es más, recién durante la gestión 2017, retomó la realización de las medidas coactivas; en ese entendido, se verifica que el Ente Fiscal intento ejercer su facultad de cobranza coactiva cuando dicha facultad se encontraba-prescrita, debido a que el cómputo de prescripción de la facultad de cobro finalizó, como se tiene dicho, el 31 de diciembre de 2016

En relación a la cita que realiza el recurrente de la Sentencia Constitucional No 031/2018 de 10 de abril de 2018, corresponde señalar que la revisión de la página del Tribunal Constitucional no se evidencia la existencia de dicha Sentencia; correspondiendo la transcripción que se realiza en el Recurso de Alzada a la Sentencia 031/2018 de 10 de abril de 2018 emitida por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda adoptada por el Tribunal de Justicia, que obedecen a un ámbito estrictamente jurisdiccional ordinario, lo que implica que las : determinaciones asumidas rigen para las partes intervinientes en cada caso en particular que decidieron someter su asunto en el ámbito judicial, debiendo como: consecuencia sujetarse a las determinaciones asumidas en los respectivos fallos judiciales; lo propio ocurre en el ámbito administrativo, toda vez que obedeciendo a la libre determinación de las personas de acudir al ámbito del derecho administrativo,-las—– decisiones asumidas por otro ámbito, obligan al cumplimiento de las partes en conflicto respecto a las decisiones asumidas en la esfera administrativa; bajo la lógica señalada, no es permisible la aplicación de ciertos precedentes del ámbito judicial al ámbito administrativo como pretende el recurrente a través de la cita de la referida Sentencia; razón por la cual no corresponde lo afirmado.

iso 900

De acuerdo a los argumentos de hecho y derecho antes expuestos, se establece que la facultad de cobranza coactiva (ejecución tributaria) de la Administración Tributaria respecto al IVA e IT del periodo fiscal enero/2000, se encuentra prescrita, toda vez afag que no se consolidó el cobro coactivo dentro del plazo previsto por ley; calidad consecuentemente, corresponde revocar totalmente el Auto Administrativo No 391820000049 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/CCIAUTA/00037/2018) de 9 de julio de 2018, QNet emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales.

AFNOR CODICATO

ZA

  1. ST

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1:14

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INC 

NB/ISO 

9001 IBNORCA Sistema de Gestión 

de la Calidad CertificadoN771/14 

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Justicia routaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)

Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (5912) 2412613-2411973 • www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE el Auto Administrativo N° 391820000049 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/CC/AUTA/00037/2018) de 9 de julio de 2018, emitido por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales contra Max Gonzalo Anavi Jiménez; consecuentemente, se declara prescrita la facultad de cobro en relación al IVA e IT del periodo fiscal enero/2000, contenido en la Resolución Determinativa LP-200 No 00065 de 27 de enero de 2004, relacionada al Pliego de Cargo No 0103/04 de 4 de junio de 2004.

Picos

A

bi

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento

obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recur

និងរាប់អាន

vabo

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código Tributario y sea con nota de atención.

Vendoza So

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del Recurso Jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su notificación.

.

Regístrese, hágase saber y cumplase:

MANUAAN 

W

RCVD/avv/rms/vqr/msrv/mhgc

Alejandra

Wavrindo 

Lic. Cecilia Velez Dorado 

Directora Ejecutiva Regional Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Poz 

JUNI 

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