ARIT-CHQ-RA-0328-2015 Recurso de alzada por Resolución sancionatoria de clausura

ARIT-CHQ-RA-0328-2015

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**REGIONAL AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Chuquisaca 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0328/2015 

Recurrente 

: Martina Apaza Barrientos. 

Recurrido 

: Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales, representada legalmente por Grover Castelo Miranda. 

Acto Impugnado 

: Resolución Sancionatoria de Clausura N° 18-001111-15. 

Expediente 

: ARIT-CHQ-0137/2015 

Lugar y fecha 

: Sucre, 23 de diciembre de 2015. 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada de fs. 6 a 8; el Auto de Admisión de fs. 9; la contestación de la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales de fs. 13 a 17; el Auto de apertura de plazo probatorio de fş. 18; las pruebas ofrecidas y producidas por 

las partes cursantes en el expediente administrativo; el Informe Técnico Juridico ARIT-CHQ No 0328/2015 de 23 de diciembre de 2015, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

CONSIDERANDO: 

Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto impugnado, trámite procesal, análisis del Recurso de Alzada y fundamentos de la Resolución impugnada, se tiene lo siguiente: 

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ACION

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EC.B.C. 

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TRIBUNAL 

  1. ACTO IMPUGNADO 

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, por Resolución Sancionatoria de Clausura N° 18-001111-15, de 2 de septiembre de 2015, sancionó a la contribuyente Martina Apaza Barrientos, titular del NIT 5497940016, con 

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PARIT-CHQ 

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la clausura de veinticuatro (24) dias continuos del establecimiento comercial donde desarrolla su actividad, al incurrir por tercera oportunidad en el ilícito tributario de no emisión de factura, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 164. Il del CTB. 

Resolución notificada de forma personal a Martina Apaza Barrientos el 5 de octubre de 2015, e impugnada el 12 de octubre de 2015, dentro del plazo legal establecido en 

el art. 143 del CTB

  1. 2. ASPECTOS FORMALES 

2.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 13 de octubre de 2015, cursante a foja 9 de obrados, se admitió el recurso y se dispuso notificar a la Administración Tributaria para que en el plazo de quince días, conteste y remita todos los antecedentes administrativos así como los elementos probatorios relacionados con la resolución impugnada, todo en aplicación del art. 218. c) del CTB. Auto notificado a la entidad recurrida el 15 de octubre de 2015, conforme a la diligencia de foja 10 de obrados. 

2.2 Apertura de término probatorio 

Mediante Auto de 3 de noviembre de 2015, cursante a foja 18 de obrados, se aperturó 

el plazo probatorio de veinte días comunes y perentorios, conforme establece el art. 218. d) del CTB. Las partes fueron notificadas el 4 de noviembre de 2015, conforme consta a fs. 19 y 20 de obrados. 

En esta fase, la Administración Tributaria, por memorial de 6 de noviembre de 2015, se ratificó en toda la prueba presentada a momento de responder al Recurso de Alzada, reiterando solicitud de confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-001111 15, de 2 de septiembre de 2015. Por su parte, la recurrente, mediante nota de 9 de noviembre de 2015, se ratificó en el contenido del Recurso de Alzada interpuesto. 

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Chuquisaca 

  1. 3. ARGUMENTOS DE LAS PARTES 

3.1 Argumentos del sujeto pasivo 

Martina Apaza Barrientos (la recurrente) señaló que el art. 162.11.inc. 2) del CTB, fue declarado inconstitucional mediante Sentencia Constitucional Plurinacional 0100/2014, en base a lo cual concluyó que toda sanción por no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente verificada en operativos de control tributario, es inconstitucional. En ese entendido, afirmó que la Resolución que impugna, impone una sanción emergente de un operativo de control realizado por funcionarios del SIN, consecuentemente tal Resolución, vulnera el principio de legalidad al desconocer la SCP 100/2014, por lo que la sanción impuesta es inconstitucional. Adicionalmente, manifestó que la Resolución impugnada también vulnera el principio de prelación 

normativa y de legalidad previstos en el art. 410 de la CPE y arts. 5 y 6 del CTB. 

específicamente en cuanto se refiere a que sólo la Ley puede tipificar los ilícitos 

tributarios y establecer sus respectivas sanciones, pues desconoce la declaratoria de inconstitucionalidad del art. 162.11.2) del CTB y exhortación al órgano legislativo para la regulación del procedimiento administrativo sancionador por contravenciones 

verificadas en operativos de control tributario. 

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La recurrente, en el segundo y tercer motivo de su recurso, aludió la supuesta vulneración de los principios de “jerarquia constitucional, prelación normativa y principio de legalidad” reconocidos en el art. 410 de la CPE y arts. 5 y 6 del CTB, a propósito de la transcripción que hace de la Resolución Sancionatoria impugnada en la parte de aplicación de la sanción de 24 días de clausura, por supuesta reincidencia, argumentando que el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 100/2014, estableció que toda sanción que se aplique en el ámbito administrativo debe ser en el marco del debido proceso; empero, que en su caso las anteriores sanciones fueron impuestas en aplicación de una norma inconstitucional, por lo que la sanción de clausura impuesta en la Resolución que impugna, carecería de validez formal y 

s sanciones que sirven de cómputo como agravante para la presente sanción, no cuentan con una Resolución Administra ejecutoriada que tenga valor de cosa juzgada, que pueda afirmar la reincidencia en la contravención de 

no emisión de factura. 

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Asimismo, afirmó que la Administración Tributaria, se basó en: “documentación y cómputos de reincidencia” y no cuenta con resoluciones administrativas ejecutoriadas, que tengan valor de cosa juzgada y que demuestren la reincidencia en la contravención de no emisión de factura; por lo que consideró que la resolución impugnada viola el principio de inocencia. 

Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria N° 18 001111-15, de 2 de septiembre de 2015. 

3.2 Respuesta de la Administración Tributaria 

Dentro del término establecido en el art. 218.c) del CTB, el Lic. Grover Castelo Miranda, se apersonó acreditando su condición de Gerente Distrital Chuquisaca del SIN, con la copia legalizada de la Resolución Administrativa de Presidencia No 03 0663-15, de 25 de septiembre de 2015 y respondió negativamente el recurso formulado, señalando que la recurrente, interpretó erróneamente la Sentencia Constitucional Plurinacional No 100/2014 de 10 de enero de 2014, ya que las facultades de la Administración Tributaria siguen vigentes y no son inconstitucionales, excepto la clausura inmediata del establecimiento y la clausura definitiva. 

Asimismo, precisó que la Resolución Sancionatoria de forma expresa señala que la contribuyente presentó descargos, que cursan de fs. 16 a 19 de antecedentes, y que conforme a procedimiento, estos fueron analizados y valorados en dicha Resolución en 

cuanto a su resultado. Agregó, que los descargos, fueron considerados no válidos para desvirtuar la sanción impuesta, por lo que dicha sanción fue dictada conforme el art. 164 del CTB y normas reglamentarias. 

Por otra parte, refirió sobre los argumentos de los puntos segundo y tercero, que la facultad sancionatoria de la Administración Tributaria, sobre este tipo de contravenciones, se realiza mediante el art. 166 del CTB, aplicando el art. 168 del mismo cuerpo legal y en cumplimiento de la SCP 100/2014. Añadió, que en el presente caso, el grado de reincidencia en la contravención de no emisión de factura se evidencia en las Actas de Infracción Nos. 0001609, de 28/06/2013 y 00077748, de 18/09/2013 cursantes a fs. 11 y 13 de antecedentes, registradas en la base de datos de la Administración Tributaria 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

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Chuquisaca 

(PROSINDET) cursante a fs. 10 de antecedentes, documento válido conforme el art. 7 del D.S. 27310. 

Seguidamente, manifestó que la Administración Tributaria, cumplió con lo dispuesto en la SC 100/2014 y el debido proceso, toda vez que no se procedió con la clausura inmediata y se aplicó estrictamente las previsiones del art. 168 del CTB, prueba de ello es que el Acta de Infracción sólo señala los días de clausura que le corresponden por la contravención de no emisión de factura, sanción sujeta a descargo, estableciendo su firmeza mediante Resolución Sancionatoria. 

En cuanto a la reincidencia, señaló que la recurrente no reclamó que su conducta no haya incumplido con la obligación de emisión de factura, sino el hecho de que la sanción se estableció con una norma inconstitucional, reconociendo de esta forma su responsabilidad por la contravención efectuada. Asimismo, señaló que la sanción aplicada, por tratarse de la tercera vez, cuenta con el respaldo normativo del caso; además, que la aplicación del parágrafo II del art. 164 del CTB, no contraviene 

ninguna Sentencia Constitucional. 

Finalmente, manifestó que del análisis precedente, no resulta evidente la vulneración del principio de jerarquia normativa y prelación normativa alegados por la recurrente y en cuanto al principio de reserva de ley, aclaró que tal principio se encuentra materializado en el art. 6 del CTB, referido a que sólo la ley puede crear, modificar y suprimir tributos y tipificar los ilícitos tributarios y establecer sus sanciones, y como no se crearon tributos o nuevos tipos contravencionales, menos aún se previeron sanciones, no existe vulneración de tal principio. 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria de Clausura No 18 001111-15, de 2 de septiembre de 2015. 

IGNACIO 

MEMPUGN 

C.B.C.R

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  1. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS 

4.1 Antecedentes de hecho. 

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De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes No 1(SIN) se tiene la siguiente relación de hechos: 

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11 III 

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El 27 de junio de 2015, a horas 19:30, Juan Carlos Almendras, servidor público de la 

Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, autorizado por memorandum 219/2015, labró el 

Acta de Infracción No 00038164, contra la contribuyente Martina Apaza Barrientos, titular del NIT 5497940016; en el domicilio fiscal ubicado en la avenida Jaime Mendoza 

N° 1916, zona Obrero (de esta ciudad) donde constató el incumplimiento de emisión de factura por la venta de dos pollos a la Broaster, por Bs36.-, interviniendo la factura No 3159, solicitando la emisión de la factura No 3160, siguiente a la intervenida, para formalizar el cumplimiento de la obligación tributaria; al incurrir en la tercera oportunidad que se comete la contravención de no emisión de factura, se consigno que la sanción que correspondía aplicar era veinticuatro días continuos de clausura, e

aplicación del art. 164. Il del CTB. Finalmente, otorgó el plazo de veinte dias para que formule sus descargos, computables a partir de la fecha del Acta (foja 5). 

El 1 de julio de 2015, Martina Apaza Barrientos, presentó memorial de descargos solicitando se tenga presente el carácter vinculante de la SCP 100/2014 al momento de imponer la sanción y se considere los siguiente puntos: 1. Según el Acta de Infracción, se 

estaría considerando las anteriores sanciones enmarcadas dentro de la Disposición 

Adicional Quinta de la Ley de Presupuesto de 2013; 2. Declaratoria de inconstitucionalidad de la Disposición Adicional Quinta de la Ley de Presupuesto de 2013; 3. Violación del derecho a la defensa, por ser producto de un proceso sancionador las anteriores reincidencias; 4. Incompatibilidad de la norma con la Constitución Política del Estado; y 5. Sanción impuesta tomando como agravante de reincidencia infracciones declaradas inconstitucionales. (fs. 16 a 17). 

El 2 de septiembre de 2015, la Gerencia Distrital Chuquisaca dei Servicio de impuestos Nacionales, por Resolución Sancionatoria N° 18-001111-15, luego de analizados los descargos y considerando su insuficiencia para desvirtuar el ilícito, sancionó a la contribuyente Martina Apaza Barrientos, titular del NIT 5497940016, con la clausura del establecimiento comercial ubicado en la avenida Jaime Mendoza N° 1916, zona Obrero, de esta ciudad, por veinticuatro (24) días continuos, al incurrir por tercera oportunidad en el ilícito tributario de no emisión de factura, establecido en el art. 164. Il del CTB. Esta resolución, fue notificada de forma personal el 5 de octubre de 2015 (fs. 30 a 33 y 37). 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacionoi de Bolivia 

Chuquisaca 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. 

La recurrente, formuló Recurso de Alzada denunciando los siguientes agravios: 1. Vulneración del principio de legalidad y prelación normativa por el desconocimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0100/2014, en cuanto al procedimi 

control tributario; 2.- Vulneración del principio de legalidad y prelación normativa en relación a la reincidencia calificada por la Administración Tributaria; y 3. La falta de fundamentación de la reincidencia para la agravación de la sanción de clausura. 

5.1. Sobre la vulneración del principio de legalidad y prelación normativa por e

desconocimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0100/2014. 

La recurrente, señaló que el art. 162.11.inc. 2) del CTB, fue declarado inconstitucional mediante Sentencia Constitucional Plurinacional 0100/2014, en base a lo cual concluye que toda sanción por no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente verificada en operativos de control tributario, es inconstitucional. En ese entendido, afirmó que la Resolución que impugna, impone una sanción emergente de un operativo de control realizado por funcionarios del SIN, consecuentemente tal Resolución, vulnera el principio de legalidad al desconocer la SCP 100/2014, por lo que la sanción impuesta es inconstitucional. Adicionalmente, manifestó que la Resolución impugnada también vulnera el principio de prelación normativa y de legalidad previstos en el art. 410 de la CPE y arts. 5 y 6 del CTB, específicamente en cuanto se refiere a que sólo la Ley puede tipificar los ilícitos tributarios y establecer sus respectivas sanciones, pues desconoce la declaratoria de inconstitucionalidad del art. 162.11.2) del CTB y exhortación al órgano legislativo para la regulación del procedimiento administrativo sancionador por contravenciones verificadas en operativos de control tributario. 

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Por su parte, la Administración Tributaria, señaló que la inconstitucionalidad declarada, del art. 162.11. inc.2) del CTB, se refiere a la aplicación directa de sanciones y no así a 

-Ha ejecución de operativos de control, y que tales operativos se encuentran vigentes por disposición del art. 66 del CTB; que por el mismo razonamiento, las actuaciones realizadas antes de la SCP 100/2014, también se encuentran vigentes 

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En ese entendido, la recurrente basó su denuncia de vulneración de los principios de legalidad y prelación normativa reconocidos en la CPE y CTB, en que habiéndose 

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Calle Serrano N 112 entre Bolivar y J. J. Pérez Telfs.Fax: (0) 69136436454573 • www.ait.gob.bo . Sucre, Bolivia 

declarado la inconstitucionalidad del art. 162.11.2) del CTB, mediante SCP 100/2014, la sanción aplicada por la contravención de no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, verificada en operativo de control tributario es inconstitucional. Asi planteado el problema, corresponde señalar lo siguiente: 

La Disposición Adicional Quinta de la Ley 317, de Presupuesto General del Estado Gestión 2013, modificó el primer párrafo del Artículo 170 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, con el siguiente texto: “La Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente mediante operativos de control. Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la misma, se especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta actuación. Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las san establecidas en el Parágrafo II del Artículo 164 de este Código. En caso de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva del local intervenido.” 

La SCP 100/2014, invocada por la recurrente, en su primer numeral (1) declaró la inconstitucionalidad de la frase de la Disposición Adicional Quinta de la Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2013, que sala: “Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones establecidas en el Parágrafo II del Artículo 164 de este Código. En caso de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva del local intervenido”. A continuación, la SCP 100/2014, aclara expresamente que la declaratoria de inconstitucionalidad de la frase señalada, no implica la declaratoria de inconstitucionalidad del párrafo ll del art. 164 del Código Tributario Boliviano, por no haber sido sometido a control de constitucionalidad. Adicionalmente, la SCP en su numeral 3 también declaró la inconstitucionalidad por conexitud de la frase, “la no 

emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes” y del art. 162.11.2) del CTB. Finalmente, la exhortación contenida en el numeral 4 de la indicada sentencia, aclara expresamente que en tanto se regule el procedimiento sancionador y en el 

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marco de una interpretación previsora, “se aplicará el procedimiento contravencional 

establecido en el art. 168 del Código Tributario”. 

Conforme se tiene de las disposiciones contenidas en la SCP glosada, los arts. 162.11.2), 164 y 170 del CTB, quedaron redactados como sigue: “Artículo 16(Incumplimiento de Deberes Formales). 1 (...). Il. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del procedimiento sancionador previsto por este Código, las siguientes contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la Administración Tributaria; 2) en la omisión de inscripción en los registros tributarios verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones aduaneras previstas con sanción especial”. 

El artículo 164 del CTB tipifica la contravención de no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente, como sigue: “9. quien en virtud de lo establecido en 

disposiciones normativas, este obligado a la emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, sin perjuicio de la fiscalización y 

determinación de la deuda tributaria. ll. La sanción será de seis (6) días hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) dias atendiendo la reincidencia del contraventor. La primera contravención será penada con el mínimo de la sanción y por cada reincidencia será agravada en el doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior (…)”

Finalmente, el art. 170 del CTB, referido al procedimiento de control tributario, quedó 

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DE IMPU

con el siguiente texto: “La Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente mediante operativos de control. Cuando advierta la comişn de esta contravención tributaria, los funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la misma, se especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta actuación.”. 

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Del marco normativo transcrito precedentemente y conforme los alcances de la SCP 100/2014, indubitablemente las facultades de verificación del correcto cumplimiento de 

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la obligación de emitir factura, otorgadas a la Administración Tributaria, se encuentran plenamente reconocidas, igualmente, la tipificación de la contravención de no emisión de factura y las sanciones aplicables desde un mínimo de 6 días de clausura y un máximo de 48 días, se encuentran plenamente ratificadas. Lo que sí corresponde aclarar, en el marco de lo dispuesto mediante SCP 100/2014, es que verificada la contravención en operativos de control tributario, los funcionarios de la Administración Tributaria ya no están facultados a proceder con la clausura inmediata del establecimiento del infractor, sino que deben labrar un acta que da inicio al procedimiento sancionatorio, conforme las previsiones del art. 168 del CTB, que preel inicio de procedimiento sancionatorio mediante cargo comunicado al presunto contraventor o acta que suple al auto inicial de sumario contravencional, otorgando el plazo de 20 dias para que presente descargos, a cuya finalización debe emitir la Resolución final de sumario, también en un plazo de 20 días. Y en caso de aplicarse la sanción de clausura, esta deberá se graduada entre 6 a 48 días como máximo, según la reincidencia del contraventor. 

Conforme ese entendimiento, el argumento de la recurrente, en sentido que toda sanción por no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente verificada en operativos de control tributario, es inconstitucional y vulnera los principios de legalidad y prelación normativa, es incorrecto, pues conforme se tiene aclarado y en estricta aplicación de los alcances de la SCP 100/2014, invocada por la recurrente, en el presente caso, la Administración Tributaria, ejerció sus facultades de verificación y control del correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, en el marco de lo establecido en el art. 170 del CTB, y habiendo seguido el procedimiento previsto el art. 168 del CTB para la aplicación de la sanción, igualmente ha cumplido con el procedimiento indicado de forma expresa en la SCP 100/2014, es más, tomado en cuenta que la sanción aplicada en el presente caso fue graduada en el marco de la sanción mínima y máxima prevista en el art. 164.1l del CTB, tampoco se advierte que la Administración Tributaria haya aplicado una sanción no prevista en la Ley. Consecuentemente, las supuestas vulneraciones al principio de legalidad y prelación normativa aducidos por la recurrente, no son evidentes. 

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Chuquisaca 

5.2. Respecto a la vulneración del principio de legalidad y prelación normativa en relación 

a la reincidencia calificada por la Administración Tributaria. 

La recurrente, en el segundo y tercer motivo de su recurso de alzada, aludió la supuesta vulneración de los principios de “jerarquía constitucional, prelación normativa y principio de legalidad” reconocidos en el art. 410 de la CPE y arts. 5 y 6 del CTB, a propósito de la transcripción que hace de la Resolución Sancionatoria impugnada en la parte de la aplicación de la sanción de 24 días de clausura por supuesta reincidencia, argumentando que el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 100/2014, estableció que toda sanción que se aplique en el ámbito administrativo debe ser en el marco del debido proceso; empero que en su caso las anteriores sanciones fueron 

impuestas en aplicación de una norma inconstitucional, por lo que la sanción de 

clausura impuesta en la Resolución que impugna, carecería de validez formal y material. 

En suma, del planteamiento antes indicado, se entendería que la recurrente, observa en relación a la reincidencia calificada en la Resolución Sancionatoria, que seria 

vulneratoria de los principios que indica, porque las anteriores sanciones que le sirven de antecedente fueron impuestas en base a una norma declarada inconstitucional mediante SCP 100/2014, por lo que no deberían ser consideradas como antecedente. 

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Al respecto, corresponde aclarar que la inconstitucionalidad de la frase contenida en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 317 -y que dice: “Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones establecidas en el Parágrafo II del Artículo 164 de este Código. En caso de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva del local intervenido” evidentemente se fundamenta en el análisis de los alcances de la garantía del debido proceso en su elemento del derecho a la defensa, por cuanto la sanción de clausura se aplicaba de forma inmediata y directa por los funcionarios actuantes de la Administración Tributaria, sin la posibilidad de que el sujeto pasivo pueda argumentar en su favor o presentar pruebas de descargo, pues no se tenia un término al efecto. Con el agravante que la clausura definitiva del local en caso de verificarse la 

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contravención por quinta vez, igualmente se aplicaba sin previo proceso

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No obstante lo señalado, la recurrente debe tener en cuenta que la norma antes indicada fue sometida a control de constitucionalidad, cuyos efectos están plenamente definidos en el art. 14 de la 254 de Código Procesal Constitucional, que dispone: “La 

sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma del ordenamiento jurídico, 

no dará lugar a la revisión de sentencias que tengan calidad de cosa juzgada, ni a la revisión de los actos realizados con la norma cuando se presumía constitucional”. En ese sentido, las sanciones que la Administración Tributaria hubiese impuesto e

aplicación del art. 170 del CTB modificado mediante Ley 317, con anterioridad a la 

declaratoria de inconstitucionalidad contenida en la SCP 100/2014, que hubieran 

cobrado firmeza, son plenamente válidas manteniendo sus efectos incluso para la calificación de la reincidencia, por cuanto el control de constitucionalidad aplicado 

sobre dicha disposición, no implica modificación del ilícito tributario tipificado y sancionado en el art. 164 del CTB, sino la exigencia del cumplimiento de la garantía del debido proceso y sustanciación de un sumario contravencional, como presupuesto procesal para la imposición de la sanción de clausura. 

Consecuentemente, el hecho que la Administración Tributaria, a efectos de la calificación de la agravante por reincidencia, considere las sanciones firmes de clausura aplicadas conforme el art. 164 del CTB y antes de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 317, no vulnera las disposiciones contenidas en el art. 410 de la CPE y arts. 5 y 6 del CTB, como erróneamente entiende la recurrente; conclusión que sin embargo, no implica que la calificación de la reincidencia en el presente caso, haya sido correctamente efectuada 

por la Administración Tributaria, aspecto que será analizado en el siguiente 

fundamento de la presente Resolución. 

5.3. Con relación a la falta de fundamentación de la reincidencia para la sanción de 

clausura agravada. 

La recurrente, manifestó que la Administración Tributaria, se basó en “documentación y cómputos de reincidencia” y no cuenta con resoluciones administrativas ejecutoriadas, 

que tengan valor de cosa juzgada y que demuestren la reincidencia en la contravención de no emisión de factura; por lo que consideró que la Resolución impugnada viola el principio de inocencia. 

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Por su parte, la Administración Tributaria, señaló que sobre sus argumentos de los puntos segundo y tercero, que la facultad sancionatoria de la Administración 

Tributaria, sobre este tipo de contravenciones, se realiza mediante el art. 166 del CTB, aplicando el art. 168 del mismo cuerpo legal y en cumplimiento de la SCP 100/2014. Añadió que en el presente caso, el grado de reincidencia en la contravención de no emisión de factura se evidencia en las Actas de infracción Nos. 0001609, de 28/06/2013 y 00077748, de 18/09/2013 cursantes a fs. 11 y 13 de antecedentes, registradas en la base de datos de la Administración Tributaria (PROSINDET) cursante a fş. 10 de antecedentes, documento válido conforme el art. 7 del D.S. 27310. 

En ese entendido, tomando en cuenta que el reclamo de la recurrente, se orienta a la falta de fundamentación de la Resolución impugnada, por inexistencia de actos sancionatorios firmes que demuestren la reincidencia, corresponde a esta instancia administrativa, en estricto apego del principio de congruencia, pronunciarse sobre este argumento de la siguiente forma. 

De acuerdo a lo dispuesto en el art. 65 del CTB:” Los actos de la Administración 

Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen legitimos (…) salvo expresa declaración judicial en contrario (...)”; disposición que se encuentra en perfecta 

concordancia con el principio de legalidad y presunción de legitimidad, reconocido en 

materia administrativa, en el art. 4.g) de la Ley N° 2341, por el cual: “Las actuaciones 

de la Administración Pública por estar sometidas plenamente a la Ley, se presumen 

legitimas, salvo expresa declaración judicial en contrario”. 

Por otra parte, el art. 164 del CTB, en su parágrafo I, tipifica y sanciona la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; y en el parágrafo siguiente, establece la aplicación de la sanción, en razón a la reincidencia, de la siguiente manera: II. La sanción será de seis (6) dias continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) días atendiendo el grado de reincidencia del contraventor. La primera contravención 

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será penada con el mínimo de la sanción y por cada reincidencia será agravada en el doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este máximo se sancionará cualquier 

reincidencia posterior”. 

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En el presente caso, la Resolución Sancionatoria ahora impugnada, señala textualmente: “Que, del análisis y valoración de los antecedente administrativos, 

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corresponde ratificar la sanción señalada en el Acta de Infracción por no Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente No 00038164 de fecha 27/06/2015, habiéndose verificado que el (la) contribuyente incurrió por Tercera Vez en la contravención Tributaria por no emisión de factura conforme se evidencia de la revisión de la documentación y cómputo de los casos de reincidencia, siendo sancionado(a) a través de Acta(s) de Verificación y Clausura en virtud de la Ley 317, expuesto(s) en el siguiente cuadro: 

FECHA DE LABRADO Y/

EMISION 

N° DE ACTA DE INFRACCIÓN 

Y/O RESOLUCIÓN SANCIONATORIA 

REINCIDENCIA 

SANCION 

ACTA N° 16019 

28/06/2013 

Primera Vez 

Canceló la multa equivalente a diez (10) veces el monto no facturado a través de Boleta de Pago Form. 1000, al hacer uso del derecho a la convertibilidad por tratarse de la primera vez en aplicación del Art. 170o de la Ley 2492 

Clausura de doce (12) dias 

Continuos 

ACTA N° 77748 

18/09/2013 

Segunda Ve

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que de fs. 11 y 13, cursan las Actas de Verificación y Clausura Nros. 00016019, de 28/06/2013 y 00077748, de 18/09/2013, que describen las dos oportunidades anteriores en las que la Administración Tributaria, a través de sus funcionarios autorizados, verificó la comisión de la contravención tributaria de no emisión de factura, incurrida por Martina Apaza Barrientos. 

En cuanto al Acta No 0001609 de 28 de junio de 2013, se observa que al tratarse de la 

primera vez que se incurrió en la contravención tributaria de no emisión de factura, según 

reporte de consulta convertibilidad y clausura, la contribuyente se acogió a la convertibilidad según Acta Convertibilidad Nro. 9015, cancelando Bs320.- en formulario 1000 No. Orden 1039761783 de 29/06/2013; en ese entendido, se tiene que la ahora recurrente decidió voluntariamente acogerse a la convertibilidad de la sanción en el marco de lo establecido por ley, pues al realizar el pago voluntario de la multa, la contravención tributaria de no emisión de factura y la sanción emergente, constituyen hechos ciertos y firmes, ante la aceptación objetivamente demostrada con el referido pago de la multa equivalente a diez veces el monto no facturado entonces. A mayor abundamiento, se reitera que la opción de 

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convertir la sanción de clausura por la multa establecida en el art. 170 del CTB, no extingue la infracción cometida ni constituye causal de exclusión de responsabilidad, por las cuales 

no tenga que considerarse como antecedente para la imposición de sanciones agravadas de clausura, en caso de posteriores reincidencias. 

Por otra parte, cabe considerar que las Actas de Verificación y Clausura Nros. 00016019, de 28/06/2013 y 00077748, de 18/09/2013, que corresponden a la primera y segunda contravención tributaria de no emisión de factura, fueron labradas en fecha anterior a la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 100/2014, de 10 de enero de 2014, cuando la sanción de clausura era aplicada de forma inmediata al verificativo de control sin necesidad 

de emisión de una Resolución Sancionatoria, pues el acto sancionatorio concluía con la emisión del Acta de Verificación y Clausura; es decir que el acto sancionatorio entonces era el acta de infracción, que goza de presunción de legitimidad de acuerdo al art. 65 del CTB; por contraparte, se tiene que la recurrente no planteó observación o alusión alguna contra las referidas Actas, es decir, que no negó la existencia de las mismas, ni 

rebatió su validez, sino se limitó simplemente a denunciar la falta de demostración de la 

reincidencia, no obstante que tal situación se encuentra documentada en antecedentes, Consiguientemente, el reclamo planteado resulta insustancial para desvirtuar la contravención tributaria actualmente analizada. 

Consiguientemente, de los fundamentos técnicos jurídicos expuestos precedentemente, se concluye que la Administración Tributaria, efectuó una correcta 

aplicación de la normativa tributaria, en relación a la imposición de la sanción de clausura del establecimiento comercial de la recurrente; toda vez que ésta no negó la comisión de la infracción ni formuló otros argumentos sobre el fondo del asunto, que desvirtúen la contravención atribuida, por lo que corresponde confirmar la sanción de 24 dias aplicada en la Resolución Sancionatoria N° 18-001111-15, de 2 de septiembre de 2015. 

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POR TANTO 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del DS N° 29894 de 7 de febrero de 2009. 

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LU III) 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria de Clausura No 18-001111-15, de 2 de septiembre de 2015, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, contra Martina Apaza Barrientos, quedando subsistente la sanción de clausura de su establecimiento comercial por veinticuatro (24) dias continuos, de acuerdo al art. 164.11 del CTB. Todo, en sujeción al art. 212. I. b) del Código Tributario Boliviano. 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del art. 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el art. 199 del CTB será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria 

recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al art. 140. c) del CTB y sea con nota de 

atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del CTB, el plazo para la interposición del Recurso Jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada, es de veinte (20) días computables a partir de su notificación. 

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Registrese, notifiquese y cumplase. 

DIRECTORA EJECUTNA REGIONA

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