ARIT-CHQ-RA-0311-2015 Resolución Sancionatoria de clausura por incurrir por segunda vez en la contravención de no emisión de factura.

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Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQIRA 0311/2015 

Recurrente 

: Juan Pablo Lagrava Sandoval. 

Recurrido 

Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Grover Castelo Miranda. 

Acto Impugnado 

: Resolución Sancionatoria de Clausura N° 18-000637-15. 

Expediente 

: ARIT-CHQ-0122/2015. 

Lugar y fecha 

: Sucre, 01 de diciembre de 2015. 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada de fs. 6 a 11 vta.; el Auto de Admisión de fs. 16; la contestación de la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales de fs. 20 a 29; el Auto de apertura de plazo probatorio de fs. 30; las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo; el informe Técnico Jurídico ARIT-CHQ No 0311/2015 de 01 de diciembre de 2015, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

CONSIDERANDO: Que, en base a una relación completa de los antecedentes, 

contenido del acto impugnado, trámite procesal, análisis del Recurso de Alzada y fundamentos de la Resolución impugnada, se tiene lo 

siguiente: 

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C.B.C.R.S

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ACTO IMPUGNADO 

RIO 

LECTOR 

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) por Resolución Sancionatoria de Clausura No 18-000637-15, de 25 de junio de 2015, sancionó al contribuyente Juan Pablo Lagrava Sandoval, con NIT 4088426017, con la 

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clausura de doce (12) días continuos del establecimiento comercial donde desarrolla su actividad, por incurrir por segunda vez en la contravención de no emisión de factura, en aplicación del art. 164.11 del Código Tributario Boliviano (CTB). Resolución notificada por cédula el 31 de julio de 2015 e impugnada el 20 de agosto de 2015, dentro del plazo legal establecido en el art. 143 del CTB. 

  1. ASPECTOS FORMALES 

2.1. Auto de Admisión 

Inicialmente el recurso planteado, fue observado por incumplimiento del art. 198 inc. f) del CTB; subsanada la observación, mediante Auto de 9 de septiembre de 2015, se admitió el recurso y se dispuso notificar a la Administración Tributaria para que en el plazo de quince días, conteste y remita todos los antecedentes administrativos así como los elementos probatorios relacionados con la Resolución impugnada, todo en aplicación del art. 218.c) del CTB. Auto notificado a la entidad recurrida el 15 de septiembre de 2015, conforme a la diligencia de foja 17 de obrados. 

2.2. Apertura de término probatorio 

En aplicación de lo previsto en el inc. d) del artículo 218 del CTB, mediante Auto de 1 de octubre de 2015, que cursa a foja 30 de obrados, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de 20 días, procediéndose a su notificación 

el 7 de octubre de 2015, conforme consta por las diligencias de fs. 31 y 32 de obrados. 

Durante el periodo probatorio, por memorial de 12 de octubre de 2015, la 

Administración Tributaria presentó memorial de ratificación de la prueba documental 

adjuntada a su respuesta, así como en los fundamentos legales expuestos en ella; también señaló que dicha prueba demuestra el incumplimiento en el cual incurrió el contribuyente, y que la Resolución impugnada se encuentra enmarcada en la normativa vigente, además de respetar los derechos del ahora recurrente. 

Por su parte el recurrente, el 27 de octubre de 2015, presentó memorial de ratificación, de la prueba documental consistente en: expediente o Cuadernillo de Antecedentes de la Administración Tributaria, Actas de Declaraciones Juradas Notariales de Consuelo Gabriela Ortega Chungara y María de los Ángeles Ortega Chungara del 26 de octubre de 2015, adjuntando notas fiscales de venta, como respaldo a listados de precios; 

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indicando que fehacientemente demuestra que no es evidente lo consignado en el Acta Infracción 

Posteriormente, el 3 de noviembre de 2015, a través de nota el recurrente presentó el interrogatorio con nueve preguntas y para el efecto solicitó se señale fecha y hora para la recepción de las declaraciones de los testigos: Limber Zabala Miranda y Nelly Norah Rios. Declaraciones que cursan en las Actas de fs. 54 a 56 de obrados, cuya Audiencia Pública de recepción de prueba testifical se llevó a cabo el 8 de noviembre de 2015. 

2.3. Alegatos 

Mediante memorial de 16 de noviembre de 2015, la Administración Tributaria presentó alegatos escritos, manifestando que los controladores fiscales, aplicando el mecanismo de control coercitivo, verificaron que el contribuyente Juan Pablo Lagrava Sandoval, no cumplió con sus obligaciones tributarias de emisión de nota fiscal a la Sra. Consuelo Ortega, quién habría cancelado Bs52.- por concepto de dos pizzas, por lo que procedieron a la intervención del talonario de notas fiscales. 

Continuó salando, que deben tomarse en cuenta los principios de buena fe y legitimidad, y que de acuerdo al art. 65 del CTB, las actuaciones de fiscalización y control de los funcionarios del SIN, durante el procedimiento de intervención de facturas, no puede ser arbitrario, ni puede mediar coacción por estar sometidos a los 

procedimientos establecidos por la normativa tributaria. 

También aclaró que el recurrente hizo una errónea interpretación de la SC 100/2014, que declara inconstitucional la frase de la disposición adicional quinta de la Ley N° 317, quedando vigente la sanción establecida en el art. 170 del CTB, aclarando que la reincidencia se establece en función al deber formal incumplido, no así en cuanto a la 

sanción. 

Por otra parte, afirmó que el Acta de Infracción N° 21905 de 24 de abril, que suple el Auto Inicial de Sumario Contravencional establecido en el art. 168 Parágrafo III del CTB, indica que le corresponden 12 días de clausura por tratarse de la segunda 

intervención, requisito señalado en el art. 17 N° 2.2 Inc. 2 y f) de la RND 10-003707 ARIE-CHQ) PROSINDET. 

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De igual forma, manifestó que en aplicación al art. 4 Inc. d) de la Ley N° 2341, se estableció que el contribuyente incurrió por segunda vez en el incumplimiento a deber formal de emisión de la nota fiscal, y de acuerdo a la Ley N° 317 se verifica la reincidencia a través del Acta de Verificación y Clausura No 11922 de 21/02/2013, en la cual realizó la cancelación de 10 (diez) veces el monto no facturado. 

Así también, señaló que se respetan las garantías constitucionales del contribuyente ya que durante el proceso sancionador, los descargos y pruebas presentados en ejercicio de su derecho a la defensa, fueron valorados antes de imponer la sanción correspondiente, en cumplimiento del derecho a la presunción de inocencia, por lo que 

eración de las garantías constitucionales invocadas por el contribuyente, 

Finalmente, indicó que el operativo de control se realizó bajo la modalidad del método 

de observación directa, a través de la cual si se evidencia el incumplimiento en la emisión de nota fiscal y se procede a la sancionar el citado incumplimiento; manifestó que considera incongruente la afirmación del contribuyente acerca de que se habría realizado la venta a otra persona, Consuelo Ortega. 

  1. 3. ARGUMENTOS DE LAS PARTES 

3.1. Argumentos del sujeto pasivo 

Juan Pablo Lagrava Sandoval (el recurrente) señaló que el Acta de Infracción Form. 7521 labrada en su contra, no está diseñada para la contravención de no emisión de factura, sino para otro tipo de contravención tributaria; por lo que resulta arbitraria su 

utilización que va en contra de los principios de formalidad y legalidad. 

También señaló, que de acuerdo al art. 168 del CTB, la presunta contravención que se le atribuye, debió procesarse mediante un sumario infraccional que le permita presentar pruebas, previo a la sanción, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa, conforme a la Sentencia Constitucional SC 100/2014 de 10 de enero de 2014, que declaró inconstitucional la Disposición Adicional Sexta de la Ley del Presupuesto General del Estado o Ley Financial y por conexitud la frase “la no emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes”, del art 162.11, inc. 2) del CTB. 

Indicó que la nueva Resolución Sancionatoria de Clausura No 18-000637-15, emitida, carece de fundamentación y sustento legal del ilícito que se le atribuye, en cuanto a la 

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Chuquisaca 

reincidencia que rige la aplicación de la sanción de 12 días, incumpliendo lo dispuesto por el art. 28 incs. b) y e) de la Ley 2341 (LPA) y 29 d) del D.S: 27113 (RLPA) vulnerándose el debido proceso y derecho a la defensa. La sanción de clausura debe aplicarse en casos debidamente justificados y no en suposiciones, sin medios de prueba fehacientes, ya que con ello se vulnera el derecho al trabajo y a la propiedad 

privada. 

Por otra parte, consideró que con la SC 100/2014, está plenamente vigente el art. 170 del CTB, que sanciona con tres días de clausura la no emisión de factura, por lo que la sanción que se le impuso en la Resolución Sancionatoria, es injusta e irracional. 

Señaló que la Administración Tributaria vulneró su derecho al debido proceso consagrado en los arts. 115 par II), 117 par I) y 119.1 de la CPE, por cuanto no aplicó el principio de verdad material en la investigación de los hechos datos y documentación para pronunciarse sobre el fondo en cuestión, ya que los funcionarios del SIN obligaron a María de los Ángeles Ortega Chungara, a sacar una factura sin averiguar si hubo una transacción real, que es lo que se compró o regaló, el precio, para quién era la factura y cuál era el NIT O cédula al que debía emitirse la factura. De igual forma, arguyó que de acuerdo a la prueba presentada, las dos pizzas no suman la cantidad de Bs52.-, y que los funcionarios confundieron la casa matriz Delivery Fast Food y la sucursal Delivery Coffe

Indicó, que por el pedido que realizó la Sra. Ortega, para el día de la madre le obsequio dos pizzas sin costo alguno por lo que no se materializo ninguna transacción comercial y que por tanto, no correspondía emitir factura alguna

Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total o alternativamente la nulidad de los actuados administrativos de la Resolución Sancionatoria de Clausura N° 18-00637-15 de 25 de junio de 2015. 

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3.2. Respuesta de la Administración Tributaria 

C.B.C

Dentro del término establecido en el art. 218.c) del CTB, el Lic. Grover Castelo Miranda, se apersonó acreditando su condición de Gerente Distrital Chuquisaca del SIN, con la copia legalizada de la Resolución Administrativa de Presidencia No 03 0663-15, de 25 de septiembre de 2015, quién respondió negativamente el recurso 

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formulado, señalando que los controladores fiscales, bajo un mecanismo de control coercitivo, se constituyeron en el lugar donde el contribuyente desarrolla su actividad económica, en el cual aplicando el método de observación directa verificaron el proceso de la venta del bien, sin la respectiva emisión de la factura en el momento de la entrega del mismo; posteriormente, labraron el Acta de Infracción N° 21905, firmada por el contribuyente titular del NIT, aceptando su contenido. Asimismo, señaló que el Acta de Infracción N° 00021905, cumple con todas las exigencias legales para su validez, conforme señala el art. 170 de la Ley N° 2492 – modificada por la Ley 317 de 11 de diciembre de 2013 y Sentencia Constitucional Plurinacional No 100/2014 y cuya finalidad es hacer constar un hecho que no se ajuste al cumplimiento de obligaciones tributarias, que en el caso presente es la no emisión de factura por la venta de dos 

pizzas. 

Señaló, que el Acta de Infracción presenta datos que coinciden con el local intervenido y que fue el mismo contribuyente quién realizó la entrega del talonario para su intervención. También señaló, que el recurrente entiende erróneamente la Sentencia Constitucional Plurinacional No 100/2014 de 10 de enero de 2014, que establece la inconstitucionalidad del art. 162.Il del CTB, ya que el citado artículo en su inc. 2), se refiere a la aplicación directa de las sanciones tributarias, y no así la facultad que tiene la Administración de efectuar los operativos de control fiscal, que se encuentran vigentes. 

Aclaró, que la reincidencia se establece en función al deber formal incumplido y no así en cuanto a la sanción, y que la SC 100/2014, en ningún momento dejó sin efecto la reincidencia; además, que el contribuyente incurrió en la omisión de emisión de factura, realizando la cancelación de la multa equivalente a diez (10) veces el monto no facturado en Boleta de pago Form. 1000, hecho que ratifica que ya fue sancionado en una primera oportunidad. Continuó señalando, que la Ley N° 317 en su Disposición Final Quinta modificó el art. 170 del Código Tributario determinando que en operativos de control, se aplicarán las sanciones establecidas por el art. 164 del CTB que 

establece la clausura del establecimiento por seis días doblándose la sanción por cada 

reincidencia. 

Manifesto, que la Sentencia Constitucional 100/2014, no implica la declaratoria de inconstitucionalidad del parágrafo II del artículo 164 del Código Tributario, por no 

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haberse sometido al control de constitucionalidad, por lo cual su aplicación no es inconstitucional, conllevando que la Resolución Sancionatoria que impone sanción por 12 días de clausura al ser la segunda vez que incurre en la no emisión de factura, no contraviene a la SCP 100/2014, o derechos consagrados en la CPE, por lo que no se lesiona el derecho a trabajo ni los derechos y garantías previstas en los arts. 115, 117 y 119 de la CPE. 

Respecto al reclamo del recurrente, que el proceso debió realizarse mediante sumario infraccional y no mediante acta, explicó, que conforme al art. 168.Ill del CTB, cuando la contravención se establece en Acta, esta suple el Auto Inicial de Sumario Contravencional y en la misma debe indicarse el plazo para presentar descargos, y una vez vencido éste, se emitirá la Resolución Final de Sumario, por lo que en el presente caso se respetó el debido proceso. 

Finalmente, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria de Clausura N° 18 000637-15, de 25 de junio de 2015. 

  1. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS 

4.1. Antecedentes de hecho 

De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes N° 1(SIN) se tiene la siguiente relación de hechos; 

El 24 de abril de 2014, funcionarios de la Administración Tributaria, labraron el Acta de Infracción No 000021905, en el domicilio del contribuyente Juan Pablo Lagrava S., con NIT 4088426017, ubicado en la Av. de las Américas, No 402, sucursal – 1, y constataron el incumplimiento de emisión de factura por la venta de dos pizzas por Bs52.-, infringiendo los arts. 164.1 y ll y 170 del CTB; hecho sancionado con 12 dias continuos de clausura en aplicación del art. 164.Il del CTB; otorgando el plazo de 20 dias para que formule sus descargos (foja 5). 

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El 9 de mayo de 2014, Juan Pablo Lagrava Sandoval, presentó descargo 

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argumentando que no realizó ninguna transacción económica, y que la entrega de dos pizzas y un café a la Sra. María de los Ángeles Ortega Chungara, fue una gentileza de su parte por hacer un pedido para el 27 de mayo de 2014; descargos considerados no válidos para la Administración Tributaria. (fs. 11 a fs. 17). 

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El 9 de junio de 2014, la Administración Tributaria, notificó por cédula a Juan Pablo Lagrava Sandoval, con la Resolución Sancionatoria N° 18-000449-14, de 20 de mayo de 2014, que resolvió clausurar el establecimiento comercial por 12 días continuos, por la contravención tributaria de no emisión de factura, tratándose de una segunda infracción cometida, en aplicación del art. 164.II del CTB (fs, 23 a 29). 

El 15 de octubre de 2014, se notificó Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0170/2014 de 13 de octubre de 2014, (fs 47 a 58), que resolvió anular la Resolución Sancionatoria No 18-000449-14 de 20 de mayo de 2014, con reposición de obrados hasta que la Administración Tributaria emita nueva Resolución que contemple los fundamentos de hecho y de derecho que justifiquen la decisión que adopte en relación al sumario contravencional seguido contra el recurrente (fs 47 a 58). 

El 5 de enero de 2015, fue emitida Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0043/2015 que resolvió confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0170/2014 de 13 de octubre de 2014, en consecuencia, se anulan obrados con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, la Resolución Sancionatoria N° 18 000449-14 de 20 de mayo de 2014 que contemple los fundamentos de hecho y de derecho (fs 77 a 87). 

El 25 de junio de 2015, la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) por Resolución Sancionatoria de Clausura N° 18-000637-15, sancionó al contribuyente Juan Pablo Lagrava Sandoval, con NIT 4088426017, con la clausura de doce (12) días continuos del establecimiento comercial donde desarrolla su 

actividad, por incurrir por segunda vez en la contravención de no emisión de factura, en aplicación del art. 164.Jl del Código Tributario Boliviano (CTB). Resolución notificada por cédula, el 31 de julio de 2015 (fs 96 a 102). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 

Se formuló Recurso de Alzada denunciando los siguientes agravios: 1. Nulidad del procedimiento sancionador por la SCP 100/2014; 2. Aplicación de la clausura por tres dias; 3. Invalidez del Acta de Infracción; 4. Falta de fundamentación de la reincidencia; 5. Vulneración al debido proceso, por no aplicación del principio de verdad material; 6. La inexistencia de la contravención tributaria. Por lo que, a continuación corresponde el 

análisis de cada uno de los puntos antes detallados. 

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5.1 Sobre la nulidad del procedimiento sancionador por la SCP 100/2014. 

El recurrente, señaló que de acuerdo al art. 168 del CTB, la presunta contravención 

uye debió procesarse mediante un Sumario Infraccional, que le permita presentar pruebas, previo a la sanción, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa, conforme a la Sentencia Constitucional SC 100/2014 de 10 de enero de 2014, que declaró inconstitucional ta Disposición Adicional Sexta de la Ley del Presupuesto General del Estado o Ley Financial y por conexitud la frase “la no emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes” del art 162.II, inc. 2) del CTB. 

Por su parte, la Administración Tributaria señaque el recurrente, entiende erróneamente la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 100/2014 de 10 de enero de 2014, que establece la inconstitucionalidad del art. 162.1l del CTB, entendiendo que se dejó sin efecto los operativos de control de deberes formales; sin embargo el citado artículo en su inc. 2), se refiere a la aplicación directa de las sanciones tributarias, y no 

así la facultad que tiene la Administración de efectuar los operativos de control fiscal, que se encuentran vigentes. 

La Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 317, de Presupuesto General del Estado Gestión 2013, modificó el primer párrafo del Artículo 170 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, con el siguiente texto: “La Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión 

de factura, nota fiscal o documento equivalente mediante operativos de control. 

Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de la 

Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la misma, se especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta actuación. Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones establecidas en el Parágrafo || del Artículo 164 de este Código. En caso de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva del o cal intervenido”. 

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La SCP 100/2014, invocada por el recurrente, en su primer numeral (1) declaró la inconstitucionalidad de la frase de la Disposición Adicional Quinta de la Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2013, que señala: “Concluida la misma, 

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procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones establecidas en el Parágrafo II del Artículo 164 de este Código. En caso de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva del local intervenido”. A continuación, la SCP 100/2014, actara expresamente que la declaratoria de inconstitucionalidad de la frase señalada, no implica la declaratoria de inconstitucionalidad del párrafo II del art. 164 del Código Tributario Boliviano, por no haber sido sometido a control de constitucionalidad. Adicionalmente, la SCP en su numeral 3 también declaró la inconstitucionalidad por conexitud de la frase, “a no emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes” y del art. 162.11.2) del CTB. Finalmente, la exhortación contenida en el numeral 4 de la indicada sentencia, aclara expresamente que en tanto se regule el procedimiento sancionador y en el marco de una interpretación previsora, “se aplicará el procedimiento contravencional 

establecido en el art. 168 del Código Tributario”. 

Conforme se tiene de las disposiciones contenidas en la SCP glosada, los arts. 162.11.2). 164 y 170 del CTB, quedaron redactados como sigue: “Articulo 162° (Incumplimiento de Deberes Formales). I (...). II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del procedimiento sancionador previsto por este Código, las siguientes contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la Administración Tributaria; 2) 

en la omisión de inscripción en los registros tributarios verificada en operativos de 

control tributario; y, 3) Las contravenciones aduaneras previstas con sanción especial”. 

El artículo 164 del CTB tipifica la contravención de no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, como sigue: “I. quien en virtud de lo establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, sin perjuicio de la fiscalización y determinación de la deuda tributaria. II. La sanción será de seis (6) días hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) días atendiendo la reincidencia del contraventor. La primera contravención será penada con el mínimo de la sanción y por cada reincidencia será agravada en el doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior (…)”. 

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Finalmente, el art. 170 del CTB, referido al procedimiento de control tributario, quedó con el siguiente texto: “La Administración Tributaria, podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente mediante operativos de control. Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la misma, se especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia 

de la negativa a esta actuación”. 

Del marco normativo transcrito precedentemente y, conforme los alcances de la SCP 100/2014, indubitablemente las facultades de verificación del correcto cumplimiento de la obligación de emitir factura, otorgadas a la Administración Tributaria, se encuentran plenamente reconocidas, igualmente la tipificación de la contravención de no emisión de factura y la sanciones aplicables desde el minimo de 6 días de clausura al máximo 

de 48 días, se encuentran plenamente ratificadas. Lo que sí corresponde aclarar, en el 

marco de lo dispuesto mediante SCP 100/2014, es que verificada la contravención en 

operativos de control tributario, los funcionarios de la Administración Tributaria ya no están facultados a proceder con la clausura inmediata del establecimiento del infractor. sino que deben labrar un acta que da inicio al procedimiento sancionatorio, conforme las previsiones del art. 168 del CTB, que prevé el inicio de procedimiento sancionatorio 

mediante cargo comunicado al presunto contraventor o acta que suple al auto inicial de sumario contravencional, otorgando el plazo de 20 días para que presente descargos, a cuya finalización debe emitir la Resolución final de sumario, también en un plazo de 20 días. Y en caso de aplicarse la sanción de clausura, esta deberá se graduada entre 6 a 48 dias como máximo, según la reincidencia del contraventor. 

Conforme a ese entendimiento, la Administración Tributaria, ejerció sus facultades de verificación y control del correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, en el marco de lo establecido en el art. 170 del CTB, y habiendo seguido el procedimiento previsto el art. 168 del CTB para la aplicación de la sanción; igualmente, 

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cumplió con el procedimiento indicado de forma expresa en la SCP 100/2014, es más, 

tomando en cuenta que la sanción aplicada en el presente caso fue graduada en el 

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marco de la sanción mínima y máxima prevista en el art. 164.1l del CTB, tampoco se advierte que la Administración Tributaria haya aplicado una sanción no prevista en la 

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Ley. Consecuentemente, las supuestas vulneraciones a los principios de formalidad, debido proceso, presunción de inocencia y el derecho a un proceso previo aducidos por el recurrente, no son evidentes. 

5.2 De la aplicación de la clausura por tres días. 

El recurrente, manifestó que con la SC 100/2014, está plenamente vigente el art. 170 del CTB, que sanciona con tres días clausura la no emisión de factura, por lo que la sanción que se le impuso en la Resolución Sancionatoria es injusta e irracional. 

Al respecto, corresponde aclarar que el art. 170, originalmente contenido en la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, que establecía la aplicación directa de la sanción de tres (3) dias de clausura, si acaso dicha contravención era verificada en operativos de control tributario, fue modificada por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, que también estableció la clausura inmediata del negocio, pero con la modificación de la sanción, de seis (6) dias continuos (primera vez), hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) dias atendiendo el grado de reincidencia del contraventor de acuerdo al art. 164.1l del CTB. 

Ahora bien, conforme se tiene ampliamente explicado en el fundamento 9.1 de la presente Resolución, la inconstitucionalidad dispuesta en la SCP 100/2014 respecto al art. 170 del CTB modificado por la Ley 317, únicamente abarca la imposición directa de la sanción y la clausura definitiva, manteniendo inalterable la sanción mínima de seis días hasta la máxima de cuarenta y ocho dias de clausura, según la previsión del art. 164 del CTB, que no fue objeto de control de constitucionalidad. Consecuentemente, la pretensión del recurrente en sentido que la sanción que correspondería sería de tres dias de clausura no se sustenta en ninguna disposición legal en vigencia. 

5.3 Sobre la validez del Acta de Infracción. 

El recurrente, señaló que el Acta de Infracción labrada en su contra, no está diseñada i para la contravención de no emisión de factura, sino para otro tipo de contravención. tributaria, por lo que resulta arbitraria su utilización en contra de los principios de formalidad y legalidad, solicitando dejar sin efecto la misma

Por su parte, la Administración Tributaria en referencia a lo señalado por el recurrente arguyó que el Acta de Infracción N° 00021905 cumple con todas las exigencias legales 

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AITL 

REGIONAL AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 7 $1000 Plu?!”ocionoi de Bolivia 

Chuquisaca 

para su validez conforme al art. 170 de la Ley N° 2492 – modificada por la Ley 317 de 11 de diciembre de 2013 y Sentencia Constitucional N° 100/2014 y cuya finalidad es hacer constar un hecho que no se ajuste al cumplimiento de obligaciones tributarias, que en el caso presente es la no emisión de factura por la venta de dos pizzas

El art. 168 del CTB, señala en su parágrafo 1 “Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento 

administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se le atribuye al responsable de la contravención (…); III Cuando la contravención sea 

establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar descargos y vencido éste, se emitirá la Resolución final del sumario” (…)”

Conforme el art. 170 del CTB, “La Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente mediante operativos de control. Cuando advierta la comisión de esta 

contravención tributaria, los funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la misma, se especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de 

actuación, quienes deberán firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta actuación”. 

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ORI

Conforme la normativa anteriormente desarrollada y respecto al argumento del recurrente en sentido que el Acta de Infracción no está diseñada para la contravención de no emisión de factura sino para otro tipo de contravención tributaria, cabe señalar, que el Acta de Infracción es en un formato pre impreso Form. No 7521, qu

cumple como Acta de Verificación y Clausura y que además contiene la identificación del sujeto pasivo, lugar fecha hora de emisión, número de identificación tributaria, dirección del domicilio fiscal visitado, descripción de los artículos o servicios vendidos y la sanción a ser aplicable; conforme a lo señalado en los arts. 168 parágrafos I, Illy 170 del CTB y RND 10-0037-07 art. 26 parágrafo II. 

EC.B.C 

RECTOR 

10.BO. 

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OR

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11 

TI NIIN III 

ITF 

Además, el recurrente a más de observar el formato del Acta, no expuso agravio en relación a que aspecto, información o texto del Acta causaría vulneración a alguno de sus derechos, como tampoco explicó de qué manera tal situación sería lesiva a sus derechos y menos justificó normativa que resulte infringida con el formato y texto del Acta que observa. 

5.4 Sobre la falta fundamentación de la reincidencia para la sanción de clausura 

agravada. 

El recurrente, refirió que la resolución impugnada, le sancionó con 12 días presumiendo que incurrió en la no emisión de factura, por segunda vez, sin mención de los antecedentes de reincidencia y evidencia de que es segunda infracción. Asimismo, 

saló que la CPE en su art. 117.JI, establece la rehabilitación de los derechos 

restringidos solo con el cumplimiento de la sanción, y al haber cumplido con la sanción de clausura de su establecimiento una primera vez, no es aplicable la reincidencia. 

Por su parte, la entidad recurrida manifestó que la reincidencia, se establece en función al deber formal incumplido y no así en cuanto a la sanción y que la SC 100/2014, en ningún momento dejó sin efecto la reincidencia; además que el contribuyente incurrió 

en la omisión de emisión de factura, realizando la cancelación de la multa equivalente a diez (10) veces el monto no facturado en Boleta de pago Form. 1000, hecho que ratifica que ya fue sancionado en una primera oportunidad. Continuo señalando, que la Ley N° 317 en su Disposición Final Quinta modificó el art. 170 del Código Tributario, determinando que en operativos de control se aplicaran las sanciones establecidas por

el art. 164 del CTB el cual establece la clausura del establecimiento por seis dias doblándose la sanción por cada reincidencia. 

Al respecto, el art. 164.1-11 del CTB, que tipifica y sanciona la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente dispone: “1. Quien en virtud de lo establecido en disposiciones normativas, este obligado a la emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, sin perjuicio de la fiscalización y determinación de la deuda tributaria. II. La sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) días atendiendo el grado de reincidencia del contraventor. La primera contravención será penada con el mínimo de la sanción y por 

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REGIONAL AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

F! 

PUROK:10Rol delsolivo 

Chuquisaca 

cada reincidencia será agravada en el doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior” 

Por su parte, el art. 155.1 del CTB, sala que constituyen agravantes de ilícitos tributarios, la reincidencia, cuando el autor hubiere sido sancionado por Resolución Administrativa firme o sentencia ejecutoriada por la comisión de un ilícito tributario del mismo tipo en un periodo de cinco (5) años. 

El art. 166 del CTB dispone que: “es competente para calificar la conducta, imponer

ejecutar las sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria acreedora de la deuda tributaria. Las sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa o Resolución Sancionatoria, salvando las sanciones que se impuşieren en forma directa”. 

Así también, se debe tener en cuenta, que en el marco del art. 74.1 del CTB, que posibilita la aplicación supletoria de las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás normas en materia administrativa, la Resolución Sancionatoria como Acto Administrativo de acuerdo a las previsiones del art. 27 de la LPA, debe cumplir los elementos esenciales de todo acto administrativo, conforme a lo estipulado por el art. 28 del mismo cuerpo legal, determinándose imprescindiblemente en su contenido: “b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable” y “e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignado, además, los recaudos indicando en el inciso b) del presente articulo”. 

Por su parte, la doctrina precisa que: “el acto debe estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos “Agustin Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, Il 

36 y 37, T. IV

WPUO 

C.B.C.R. 

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HECTOS 

Vo.BO. 

Asimismo, la SC N° 0871/2010, de 10 de agosto de 2010, señala que: “Es imperante además precisar que toda Resolución ya sea jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del 

CARIT-CA

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CH 

IIIIIII 

AT 

debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita 

todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor 

probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) debe determinarse el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el 

supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado”. 

En el caso analizado, se entiende que el sentido de sus expresiones son tendientes a observar la falta de fundamentación de la reincidencia atribuida en su contra; en mérito a ello se procederá al análisis de la reincidencia calificada en contra del ahora 

recurrente. 

Al respecto, corresponde precisar que la Resolución Sancionatoria impugnada señala textualmente: (…) Que, del análisis y valoración de los antecedentes administrativos, corresponde ratificar la sanción señalada en el Acta de Infracción por no Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente N° 00021905 de fecha 24/04/2014, habiéndose verificado que el (la) contribuyente incurrió por segunda vez en la Contravención Tributaria por no emisión de factura, conforme se evidencia de la revisión de la documentación y cómputo de los casos de reincidencia, siendo sancionado(a) a través de Acta(s) de verificación y Clausura en virtud de la Ley 317, expuesta(s) en el siguiente cuadro: 

No Acta de Verificación 

y Clausura 

Fecha del labrado 

ylo emisión 

REINCIDENCIA 

SANCIÓN 

Acta de verificación y Clausura No 11922 

21/02/2013 

Primera Vez 

Canceló la Multa equivalente a 

diez (10) veces el monto no facturado a través de Boleta de 

Pago Form, 1000 

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REGIONAL AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

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: 19:41:11 

Chuquisaca 

Conforme se tiene glosado en dicha Resolución impugnada, se observa que a foja 90 cursa copia legalizada del Acta de Verificación y Clausura No 11922 de 21/02/2013, por la primera contravención de no emisión de factura de Bs26.-, que de acuerdo al reporte de Consulta de Convertibilidad y Clausura, cursante a foja 6 y la Boleta 1000 No 3009398 de 22/02/2013 que cursa a foja 91 de antecedentes, el contribuyente se acogió a la conversión de la sanción de clausura pagando una sanción de Bs260. 

Por lo expuesto, se concluye que existe un antecedente que fundamenta la sanción por reincidencia en el presente caso, toda vez que en la primera contravención de no emisión de factura, el ahora recurrente, decidió voluntariamente acogerse a la convertibilidad de la sanción en el marco de lo establecido por Ley. Pues al momento de realizar dicho pago voluntario de la multa, la contravención tributaria de no emisión de factura y la sanción emergente, constituyen hechos ciertos y firmes, ante la aceptación objetivamente demostrada con el referido pago de la multa equivalente a diez veces el monto no facturado entonces. A mayor abundamiento, se reitera que la opción de convertir la sanción de clausura por la multa establecida en el art. 170 del CTB, no extingue la infracción cometida ni constituye causal de exclusión de responsabilidad, por las cuales no tenga que considerarse como antecedente para la imposición de sanciones agravadas de clausura, en caso de posteriores reincidencias, 

No obstante lo anterior, se advierte que el Acta No 11922 de 21 de febrero de 2013, es anterior a la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 100/2014, de 10 de enero de 2014; cuando la sanción de clausura era aplicada de forma inmediata al verificativo de control sin necesidad de emisión de una Resolución Sancionatoria, pues el acto sancionatorio concluía con la emisión del Acta de Infracción. De lo que se concluye, que es incoherente exigir la emisión de Resolución alguna, cuando por las características propias del procedimiento aplicado con anterioridad a la SCP 100/2014, la imposición de la sanción no era mediante una Resolución Sancionatoria, sino 

mediante Acta. 

Puo

UTORO 

De lo expuesto, se concluye que, la Resolución impugnada contiene el fundamento necesario de la reincidencia, pues detalla la anterior circunstancia en la que el recurrente incurrió en no emisión de factura; máxime que en dicho antecedente no se necesita Resolución que demuestre el establecimiento de la sanción, toda vez que se evidencia el cumplimiento de la sanción, que fue convertida al pago de un monto 

MOTOR TRIS 

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istiria tributaria para vivir bien 311:!it ‘avir jach’a karriani Mana tasaq kuraq kamachia Albururisa tendodegua mibaeti onomita mbuerepi Vae 

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II 

correspondiente a diez veces el monto no facturado, conforme establece el art. 170 del CTB. 

5.5 Sobre la inexistencia de la contravención tributaria. 

El recurrente, señaló que en el Acta de Infracción N°21905, los funcionarios del SIN mencionaron a la Sra. Consuelo Ortega como la persona a la que supuestamente no se hubiese emitido la factura, cuando la persona que estuvo presente en el establecimiento era la Sra. María de los Ángeles Ortega Chungara, quién realizó el pedido de pizzas para el día de la Madre, y a quien en realidad le obsequio dos pizzas, además de dos cafés, por lo que no se materializó ninguna transacción comercial y por tanto no correspondía emitir factura alguna. Asimismo, que la factura fue emitida a nombre de Consuelo Ortega madre de María de los Ángeles Ortega. De igual forma, alegó que de acuerdo a la prueba presentada, las dos pizzas no suman la cantidad de Bs52.-, y que el pedido también incluía dos cafés, por lo que el contenido del acta sería inexacto. 

Finalmente reclamó que los funcionarios confundieron la casa matriz Delivery Fast Food y la sucursal Delivery Coffe, ya que se intervino el talonario de facturas de la casa matriz por error, cuando el contrato fue efectuado en la sucursal Delivery Coffe

Por su parte la Administración Tributaria señaló, que aplicando el método de observación directa los funcionarios del SIN verificaron el proceso de la venta del bien, sin la respectiva emisión de la factura en el momento de la entrega del mismo; 

posteriormente, labraron el Acta de Infracción N° 21905, firmada por el contribuyente 

titular del NIT, aceptando su contenido; asimismo, que el Acta de Infracción presenta datos que coinciden con el local intervenido y que fue el mismo contribuyente quién realizó la entrega del talonario para su intervención. 

En relación al sujeto pasivo del IVA y oportunidad en que debe emitirse la factura el art. 3 de la Ley N° 843 (T.O.) establece que son sujetos pasivos del impuesto, quienes en forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles y el art. 4 inc. a) de la misma Ley, dispone que el hecho imponible se perfeccionará en el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente. Igualmente el art. 8 

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REGIONAL AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA oid.med. ing dak..17..] 

Chuquisaca 

de la referida ley señala que del impuesto determinado, los responsables restarán: “El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el artículo 15 sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente en el periodo fiscal que se liquida. Sóto darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen”. 

Asimismo, el art. 8 del D.S. 21530 señala: “Si un contribuyente inscrito destinase bienes, obras, locaciones o prestaciones gravadas para donaciones o entregas a titulo gratuito, dado que las operaciones no ocasionan débito fiscal el contribuyente deberá reintegrar en el periodo fiscal en el que tal hecho ocurra los créditos fiscales que hubiera computado por los bienes, servicios, locaciones o prestaciones, empleados en la obtención de los bienes, obras, locaciones o prestaciones donadas o cedidas a titulo gratuito”. 

Respecto a los deberes formales, el tratadista Dino Jarach, en su texto Finanzas Públicas y Derecho Tributario, p. 430, explica que “Se denominan deberes formales las obligaciones que la ley o las disposiciones reglamentarias y, aún las autoridades de aplicación de las normas fiscales, por delegación de la ley impongan a contribuyentes, responsables o terceros para colaborar con la administración en el desempeño de sus 

cometidos”. Asimismo se considera que las infracciones formales son aquellas provenientes del incumplimiento de los deberes formales por parte de los contribuyentes o responsables (Martín José María y Guillermo F. Rodríguez Usé, Derecho Tributario Procesal, Pág. 91). 

En la legislación, el art. 148 del CTB, establece que: “Constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos”. Concordante con el art. 160.2 del mismo cuerpo legal que establece como una contravención tributaria la “No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente”. 

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III 

Por su parte el art. 164 del mismo cuerpo legal, dispone: “J. Quien en virtud de lo establecido en disposiciones normativas, este obligado a la emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, sin perjuicio de la fiscalización y determinación de la deuda tributaria, en cuanto a las sanciones a aplicarse, se establece: “La sanción será de seis (6) dias continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) dias atendiendo el grado de reincidencia del contraventor. La primera contravención será penada con el mínimo de la sanción y por cada reincidencia será agravada en el doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior”. 

También corresponde señalar, que el art. 76 del CTB en relación a la carga de la prueba, establece que: “En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos“. Para este efecto, el siguiente art. 77.1 del mismo cuerpo legal, establece que: “Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho”. 

Asimismo, la doctrina entiende por Prueba: “al conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea su indole, se encaminan a demostrar la verdad o la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817)

En relación al procedimiento de Control Tributario el art. 170 del CTB, señala que la Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente mediante operativos de control. Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de la Administración Tributaria actuante, deberán elaborar un acta donde se identifique la misma, se especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta actuación. 

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AIT. 

REGIONAL AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 1. PIForupsi “grill , 

Chuquisaca 

Cabe considerar que de acuerdo al art. 65 del CTB: “Los actos de la Administración Tributaria por estar sometidos a Ley se presumen legítimos (...) salvo expresa declaración judicial en contrario (…)“. Concordante, el art. 77. ||1 del mismo código, 

respecto a las actas, señala: “Las actas extendidas por la Administración Tributaria en 

su función fiscalizadora, donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto 

pasivo que hubieren sido verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que se acredite lo contrario”. 

Por otra parte, el art. 3 del DS. N° 28247 de 14 de julio de 2005, que reglamenta “el Control de Oficio de la obligación de emitir facturas” a efecto de lo dispuesto en el art. 170 del CTB, establece dos modalidades de verificación: “a) Observación Directa: Procedimiento mediante el cual los servidores públicos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) expresamente autorizados, observan el proceso de compra de bienes y lo contratación de servicios realizado por un tercero y verifican si el vendedor emite la factura, nota fiscal o documento equivalente. La observación se llevará a cabo en el interior del establecimiento o fuera del mismo, de acuerdo a las condiciones o características de este (…)”. 

Conforme al marco de la valoración de las pruebas, el principio de verdad material es 

considerado en la doctrina tributaria, como el “Título que recibe la regla por la cual el magistrado debe descubrir la verdad objetiva de los hechos investigados, independientemente de lo alegado y probado por las partes” (MARTIN José María y RODRÍGUEZ USÉ Guillermo F., Derecho Tributario Procesal, Pág. 13). Al respecto, el art. 200.1 del CTB, dispone que la finalidad de los recursos administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma de tutelar el legítimo derecho del sujeto activo a percibir la deuda, así como el del sujeto pasivo a que se presuma el cumplimiento de sus obligaciones, hasta que en debido proceso se pruebe lo contrario. Así también, el principio de verdad material, está previsto en el artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por mandato del art. 200 del citado CTB; de cuya virtud toda autoridad administrativa debe investigar la verdad material, en oposición a la verdad formai. 

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En ese marco, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, tiene la ineludible obligación de ingresar al análisis de todos los fundamentos del recurso y valorar la prueba presentada en dicha instancia, debiendo hacerlo en el marco de la sana crítica 

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Mburuvisa tendodegua mbaeti oñonvita ribuerepi Vae 

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y verdad material antes señaladas, máxime si esta se considera fundamental para demostrar la inexistencia del ilícito. 

En el presente caso, el Acta de Infracción No 21905 que sustenta la Resolución Sancionatoria de Clausura N° 18000637-15; describe que el 24 de abril de 2014, funcionarios del SIN se constituyeron en el domicilio fiscal del contribuyente Juan Pablo Lagrava Sandoval, ubicado en Av. de las Américas No 402 Sucursal 1, donde constataron el incumplimiento de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente por la venta de dos pizzas, por un valor de Bs52.-, por lo que procedió a la intervención de la factura N° 5480, solicitando la emisión de la factura N° 5481, 

siguiente a la intervenida para formalizar la transacción realizada; omisión tipificada 

como contravención tributaria de no emisión de factura, conforme a los arts. 164.1, Il y 170 del CTB, art. 4 inc. a) de la Ley 843 y 6.1 de la RND 10.0016.07, sancionada con 12 días continuos de clausura, al tratarse de la segunda contravención, en aplicación del art. 164.Il del CTB; otorgando el plazo de 20 dias para que formule por escrito sus descargos y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. Asimismo, en observaciones indica que el contribuyente admitió la no emisión de la factura a la compradora Consuelo Ortega, siendo firmada por Juan Pablo Lagrava Sandoval, en calidad de titular del NIT

De la revisión del expediente el recurrente presentó como prueba las Actas de Declaraciones Juradas Notariales voluntarias de Consuelo Gabriela Ortega Chungara y María de los Ángeles Ortega Chungara de 26 de octubre de 2015; en las que Consuelo Ortega Chungara manifestó que el dia de la intervención ella no estuvo presente en el 

local de comidas Delivery Fast Food y que desconoce el hecho de que se hayan 

adquirido productos por Bs52.-, a nombre suyo, asimismo María de los Ángeles Ortega Chungara declaró que el día de la intervención se presentó en el local de comidas Delivery fast Food & Coffe para realizar un pedido para el día de la Madre y que Juan Pablo Lagrava como gentileza le obsequió tres pizzas y dos cafés capuchinos; a tiempo de salir del local indicó- que dos personas que no se identificaron preguntaron por su factura e ingresaron junto a ella al local exigiendo al propietario la emisión de factura por B$52.-, sin razón alguna. Señaló también que como no puede realizar et descargo de ese tipo de productos solicitó que se emitiera la factura a nombre de su hermana Consuelo Ortega. Conjuntamente a las referidas Actas, el recurrente presentó Acta de verificación de 26 de octubre de 2015, fotografia del listado de precios vigentes 

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REGIONAL AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

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Chuquisaca 

en abril 2014 estableciendo como precio de la pizza cono tradicional Bs 12.- y del 

Capuchino Bs8.-; adjunta copia del listado de precios y copias de notas fiscales de venta en las cuales figuran los precios de los productos citados. 

Así también, el recurrente ofreció como descargo, pruebas testificales consistentes en las declaraciones de los dependientes del negocio del recurrente: Limber Zabala 

Miranda y Nelly Norah Ríos, que cursan a fs. 54 a 56 de obrados. En la declaración de Nelly Norah Ríos los funcionarios del SIN exigieron se emita la factura por nada, ya que a “María de los Ángeles”, no se le vendió ni consumió nada; y que el precio de la pizza y café en el momento de la intervención costaban Bs12.- y Bs4. respectivamente, en la actualidad Bs 13.- y Bs5.-. 

Ahora bien, el recurrente en su memorial de alzada argumentó que María de los Ángeles Ortega Chungara es la persona que se encontraba en el establecimiento en el momento de la intervención y a la que se obsequió las pizzas y no así la Sra. Consuelo Ortega que figura en el acta de infracción labrada; no obstante también refiere que se emitió la factura a nombre de esta última debido al pedido de Maria de Los Ángeles Ortega Chungara, que además sería la madre de la misma. 

Al respecto cabe señalar que el Acta de Infracción N°21905 refiere que “el contribuyente admitió la venta de dos pizzas a la Sra. Consuelo Ortega”, a quien se emitió la factura N° 5481 para formalizar el cumplimiento de la obligación por la transacción. Si bien es evidente que Consuelo Ortega no es la compradora; sin embargo es la persona a quien se emitió la factura justamente a pedido de María de Los Angeles Ortega Chungara (la compradora), motivo por el que se consignó en observaciones del Acta de infracción que la venta de dos pizzas fue a Consuelo Ortega; se entiende precisamente a raíz de la información proporcionada por la compradora María de los Ángeles Ortega. 

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Sobre lo alegado por el recurrente que de acuerdo a la prueba presentada, las dos pizzas no suman la cantidad de Bs52.-, y que también incluía dos “cafés“, por lo que el contenido del acta seria inexacto; sin embargo, el monto de Bs52.- coincide con el monto que refiere la Sra. María de los Ángeles Ortega Chungara (compradora) en la citada Acta de Declaración Jurada, por la recepción de tres pizzas a Bs 12.- y dos cafés capuchinos a Bs8.- que totalizan Bs52.- que coincide con el monto consignado en el 

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Acta, dato que también se entiende fue aportado por la compradora a momento del operativo y por el que recabó su factura con la intervención de los funcionarios del SIN. De igual forma, si bien el acta de infracción y la factura emitidas en el momento de la intervención no coinciden en el detalle, porque no consignarían la totalidad de pizzas y cafés; sin embargo tal incongruencia no es atribuible a los funcionarios de la Administración Tributaria, ya que se entiende que fue la compradora la que proporcionó los datos a los funcionarios de la Administración Tributaria y que indujo a error en cuanto al detalle de la venta. 

En relación al reclamo que los funcionarios confundieron la casa matriz Delivery Fast Food y la sucursal Delivery Coffe, ya que se intervino el talonario de facturas de la casa matriz por error, cuando el contrato fue efectuado en la sucursal Delivery Coffe. All respecto el recurrente reconoció en nota de descargo de 8 de mayo de 2014, que por error entregó el talonario equivocado a los funcionarios del SIN para la intervención de la factura no emitida, por lo que los fiscalizadores no eligieron el talonario intervenido sino les fue entregado; confusión ocasionada por el propio recurrente, quién debió hacer entrega del talonario correcto teniendo conocimiento que la venta correspondía a la sucursal 1; reconociendo con ello también que la infracción de no emisión de factura fue verificada en la Sucursal 1 Delivery Coffe, como refiere correctamente el Acta de 

Infracción N° 00021905. 

Finalmente, respecto a si la entrega de las pizzas se hubiera tratado de un

transferencia a título gratuito como refiere el recurrente, por tal liberalidad debió dar cumplimiento a la previsión de los arts. 8 de la Ley 843 y 8 del DS 21530, Reglamento del IVA, realizando el reintegro del crédito fiscal, en la declaración del periodo fiscal abril 2014; empero tal situación no fue probada por el ahora recurrente en demostración de sus afirmaciones, así como tampoco argumento aquello en su defensa, en el momento de la intervención y antes del labrado del Acta de infracción, más al contrario firmó la misma sin que se consigne tal hecho, que no fue probado tanto en instancia administrativa, ni de impugnación. 

Por lo expuesto se reconoce como válido el contenido del Acta de Infracción N° 00021905, que constituye prueba del ilícito imputado y sustento de la sanción aplicable, conforme dispone el art. 77. ||| del CTB, reconociéndose la presunción de 

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REGIONAL AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

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legitimidad a favor de la Administración Tributaria, según establece el art. 65 del CTB, calidad que no fue desvirtuada por el recurrente. 

Adicionalmente, corresponde indicar que las Actas de Declaraciones Juradas (26/10/2015) así como el listado de precios (26/10/2015) aportado por el recurrente, además de ser unilaterales, datan de fechas posteriores a la intervención del establecimiento comercial (24/04/2014) y presentación del Recurso de Alzada (20/08/2015) por lo que, no constituyen prueba suficiente que desvirtúe la contravención tributaria; declaraciones juradas que fueron elaboradas después de más de un año de labrada el Acta de Infracción de 24 de abril de 2014. Así también, en el caso de las pruebas testificales la relación de dependencia de los testigos con e

que las mismas no sean consideradas como fehacientes; al margen de ello se tiene que la prueba testifical resulta ser mero indicio, conforme establece el art. 77. I del CTB. No obstante lo anterior, corresponde precisar que ellas, se evidencia contradicciones respecto a lo argumentado por el recurrente; ya que de la declaración de María de los Ángeles Ortega Chungara se tiene -congruentemente con la posición del recurrente- que le fueron obsequiadas, empero tres pizzas y dos cafés, situación igualmente sostenida por el testigo Limber Zabala Miranda; en el caso de la testificación de Nelly Norah Rios, extraña que no mencione el obsequio realizado, sólo descarta la venta o consumo alguno; de igual forma es contradictoria la atestación en cuanto al precio del café, que se reconoce en Bs4.- y Bs5.- (2014-2015) cuando el recurrente afirma, inclusive por los precios aportados como prueba que el precio es de Bs8.-. Por otra parte, se observa que el recurrente a tiempo de fundar su reclamo, refiere que Consuelo Ortega, resulta ser la madre de María de los Angeles Ortega Chungara, cuando esta última refirió en su declaración que Consuelo Ortega, es su hermana; situación intrascendente, pues es claro que la consignación de ese nombre en el acta y factura emitida en el momento del operativo fue a requerimiento de la 

compradora. 

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Consecuentemente, se establece que el recurrente no desvirtuó el ilícito de no emisión de factura, verificado por los funcionarios de la Administración Tributaria, y sancionado mediante la Resolución impugnada, incumpliéndose de esta manera con el art. 76 del CTB, en cuanto a la carga probatoria que obliga a quien pretende hacer valer sus derechos, demostrar los hechos constitutivos de los mismos; máxime cuando el supuesto pedido de 27 de mayo de 2014, realizado por María de los Ángeles Ortega 

ACTO 

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Chungara – alegado por el recurrente e identificado en la declaración testifical de Limber Zabala Miranda como más o menos 500 pizzas– no fue demostrado mediante la presentación de la factura que respalde este extremo. 

Por los fundamentos técnicos jurídicos expuestos precedentemente, se concluye que la Administración Tributaria, efectuó una correcta aplicación de la normativa tributaria, en relación a la imposición de la sanción de clausura del establecimiento comercial del recurrente, quien por su parte no desvirtuó la contravención que dio lugar a la aplicación de la sanción de clausura dispuesta en su contra; consecuentemente corresponde confirmar la sanción de 12 días de clausura, impuesta mediante la Resolución Sancionatoria de Clausura N° 18-000063715 de 25 de junio de 2015

POR TANTO 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140. a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del DS N° 29894, de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria de Clausura N° 18-00063715, de 25 de junio de 2015, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, contra Juan Pablo Lagrava Sandoval, quedando subsistente la sanción de clausura de su establecimiento comercial por doce (12) dias continuos, de acuerdo al art. 164.Il del CTB. Todo, en sujeción al art. 212. I. b) del Código Tributario Boliviano. 

SEGUNDO.– La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del art. 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el art. 199 del CTB será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurtida y la parte recurrente. 

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REGIONAL AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 16:10 PIUTTON: 0:1.7: Rilk.de 

Chuquisaca 

TERCERO.– Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al art. 140. C) de la Ley N° 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

CUARTO.– Conforme prevé el art. 144 del CTB, el Recurso Jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada, debe presentarse dentro del plazo de 20 días computables a partir de su notificación. 

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VO.B

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Auto/Registrese, notifiquese y cumplase. 

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Claudia B. CON Rejas DIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL 

INTERINA Autoridad Regłonal de impugnación 

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