ARIT-CHQ-RA-0294-2015 Resolución Sancionatoria de Clausura por tercera contravención de no emisión de factura.

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Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0294/2015 

Recurrente 

: Mery Alegre Arnez. 

Recurrido 

: Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de impuestos Nacionales, representada por Grover Castelo Miranda. 

Acto Impugnado 

: Resolución Sancionatoria de Clausura N° 18-000715-15 

Expediente 

: ARIT-CHQ-0114/2015 

Lugar y fecha 

: Sucre, 10 de noviembre de 2015. 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada de fş. 6 a 8; el Auto de Admisión de fş. 13; la contestación de la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio 

de Impuestos Nacionales de fs. 21 a 25; el Auto de apertura de plazo probatorio de fs. 26; las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo; el Informe Técnico Jurídico ARIT/CHO N° 0294/2015 de 10 de noviembre de 2015, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto impugnado, trámite procesal, análisis del Recurso de Alzada y fundamentos de la Resolución impugnada, se tiene to siguiente: 

  1. Acto Administrativo Impugnado 

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La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, por Resolución Sancionatoria Clausura N° 18-000715-15 de 18 de junio de 2015, sancionó a la contribuyente Mery Alegre Arnez, con NIT 7468634011, con la clausura dei establecimiento comercial donde desarrolla su actividad por veinticuatro (24) días continuos al incurrir en la tercera contravención de no emisión de factura, en aplicación del art. 164.11 del CTB. Resolución notificada de forma personal el 7 de julio de 2015 e 

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impugnada el 27 de julio de 2015, dentro del plazo legal establecido en el art. 143 del 

CTB. 

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ASPECTOS FORMALES 

2.1. Auto de Admisión 

Inicialmente, el recurso planteado fue observado por incumplimiento del art. 198 inc. e) del CTB; subsanada la observación, mediante Auto de 19 de agosto de 2015, se admitió el recurso y se dispuso notificar a la Administración Tributaria para que en el plazo de quince días, conteste y remita todos los antecedentes administrativos así como los elementos probatorios relacionados con la Resolución impugnada, todo en aplicación del art. 218.c) del CTB. Auto notificado a la entidad recurrida el 26 de agosto de 2015, conforme a la diligencia de foja 19 de obrados

2.2. Apertura de término probatorio 

En aplicación de lo previsto en el inc. d) del artículo 218 del CTB, mediante Auto de 10 de septiembre de 2015, que cursa a foja 26 de obrados, se dispuso la apertura del piazo probatorio común y perentorio a las partes de 20 días, procediéndose a su notificación conforme consta por las diligencias de fs. 27 y 28 de obrados. 

Durante el periodo probatorio, la Administración Tributaria, por memorial de 21 de septiembre de 2015, presentó memorial de ratificación de la prueba documental adjuntada en la respuesta, así como los fundamentos legales expuestos en ella. Señaló que dicha prueba, demuestra el incumplimiento incurrido por la contribuyente, y que la resolución impugnada se encuentra enmarcada en la normativa vigente, y se respeto los derechos de la ahora recurrente. Por su parte, la recurrente no ofreció más prueba. 

  1. 3. ARGUMENTOS DE LAS PARTES 

3.1. Argumentos del sujeto pasivo 

Mery Alegre Amez (la recurrente) señaló que el art. 162.11 inc. 2) del CTB, fue declarado inconstitucional mediante la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 100/2014, de 10 de enero de 2014, disponiendo que toda sanción por no emisión de factura, nota fiscal 

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o documento equivalente verificada en operativos de control tributario, es inconstitucional. En ese entendido, afirmó que la Resolución que impugna impone una sanción emergente de un operativo de control realizado por funcionarios del SIN, 

consecuentemente, tal Resolución vulnera el principio de legalidad, al desconocer la 

SCP 100/2014, por lo que la sanción impuesta, es inconstitucional. 

Por otra parte señaló que la Resolución impugnada, vulnera el principio Jerarquía normativa constitucional, prelación normativa, además el de legalidad, previstos en el art. 410 de la CPE y arts. 5 y 6 del CTB, porque sólo la Ley puede tipificar los ilícitos tributarios y establecer sus respectivas sanciones, pues desconoce la declaratoria de inconstitucionalidad del art. 162.11.2) del CTB y exhortación al órgano legislativo para la regulación del procedimiento administrativo sancionador por contravenciones verificadas en operativos de control tributario. 

En el segundo y tercer motivo de su recurso, aludió la supuesta vulneración de los principios de jerarquía constitucional, prelación normativa y principio de legalidad” reconocidos en el art. 410 de la CPE y arts. 5 y 6 del CTB, argumentando que el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 100/2014, estableció que toda sanción que se aplique en el ámbito administrativo debe ser en el marco del debido proceso; empero que en su caso las anteriores sanciones fueron impuestas en aplicación de una norma inconstitucional, por lo que la sanción de clausura impuesta en la Resolución que 

impugna carecería de validez formal y material. 

Señaló también, que la Administración Tributaria, se basó en “documentación y cómputos de reincidencia” y que no cuenta con resoluciones administrativas ejecutoriadas, que demuestren la reincidencia en la contravención de no emisión de 

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factura, por lo que consideró que la resolución impugnada viola el principio de 

mocencia. 

C.B.C.R

Por lo expuesto, solicitó que se anule la Resolución Sancionatoria de Clausura No 18 000715-15 de 18 de junio de 2015 y como efecto de ello, se anule también la sanción impuesta. 

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3.2. Respuesta de la Administración Tributaria 

Dentro del término establecido en el art. 218.c) del CTB, el Lic. Grover Castelo Miranda, se apersonó acreditando su condición de Gerente Distrital Chuquisaca del SIN, con la copia legalizada de la Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0319-15, de 26 de junio de 2015, y respondió negativamente el recurso formulado, señalando que la recurrente, interpretó erróneamente la Sentencia Constitucional Plurinacional No 100/2014 de 10 de enero de 2014, ya que las facultades de la Administración Tributaria siguen vigentes y no son inconstitucionales, excepto la clausura inmediata del establecimiento una vez realizada la intervención por no emişión de factura; asimismo, dejó de existir la clausura definitiva. 

Asimismo señaló que sobre sus argumentos de los puntos segundo y tercero, que la facultad sancionatoria de la Administración Tributaria, sobre este tipo de contravenciones, se realiza mediante el art. 166 del CTB, aplicando el art. 168 del mismo cuerpo legal y en cumplimiento de la SCP 100/2014. Añadió que en el presente caso, el grado de reincidencia en la contravención de no emisión de factura se evidencia en las Actas de Infracción Nros. 28539 y 125687 cursantes a fs. 12 y 13 de antecedentes, registradas en la base de datos de la Administración Tributaria (PROSINDET) cursante a fs. 8 de antecedentes, documento válido conforme el art. 7 del D.S. 27310. 

Por otra parte, señaló que el contribuyente luego de presentar descargos, estos fueron considerados no válidos para desvirtuar la sanción impuesta, por lo que dicha sanción fue dictada conforme el art. 164 del CTB y normas reglamentarias. 

Seguidamente, manifestó que la Administración Tributaria, cumplió con lo dispuesto en la SC 100/2014 y el debido proceso, toda vez que no se procedió con la clausura inmediata y se aplicó estrictamente las previsiones del art. 168 del CTB, prueba de ello es que el Acta de Infracción sólo señala los días de clausura que le corresponden por la contravención de no emisión de factura, sanción sujeta a descargo, estableciendo su 

firmeza mediante Resolución Sancionatoria. 

Asimismo, manifestó que del análisis precedente, no resulta evidente la vulneración del principio de jerarquia normativa y prelación normativa alegados por la recurrente y en 

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cuanto al principio de reserva de ley, aclaró que tal principio se encuentra materializado en el art. 6 del CTB, referido a que sólo la ley puede crear, modificar y suprimir tributos y tipificar los ilícitos tributarios y establecer sus sanciones, y como no se crearon tributos o nuevos tipos contravencionales, menos aún se previeron sanciones, no existe vulneración de tal principio. 

Finalmente, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria de Clausura N° 18 000715-15 de 18 de junio de 2015. 

  1. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS. 

4.1. Antecedentes de hecho. 

De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes N° 1(SIN) se tiene la siguiente relación de hechos: 

El 11 de mayo de 2015, la servidora pública autorizada de la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, labró el Acta de Infracción No 00125784, que señala que constituida en el 

domicilio de la contribuyente Mery Alegre Arnez, con NIT 7468634011, ubicado en la Avenida Hernando Siles N° 678 de esta ciudad, constató el incumplimiento en la emisión de factura, por la venta de dos paquetes, por un importe de B$74.-, por lo que intervino la factura N° 2360 con N° de Autorización 1001001692311 y solicitó la emisión de la factura siguiente, sin embargo, tomando en cuenta dos ventas posteriores que se encuentran respaldadas por facturas Nros. 2361 y 2362, la factura que se emitió a exigencia de la Administración Tributaria fue al N° 2363; infringiendo los arts. 164.Il y 170 del CTB y la RND 10-0002-15 del 31 de enero de 2015, incumplimiento sancionado con 24 días continuos de 

clausura, al incurrir en la tercera contravención de no emisión de factura, en aplicación del art. 164. Il del CTB; consiguientemente, de acuerdo al art. 168 del CTB, se otorgó el plazo de veinte días para la presentación de descargos, computables a partir de la fecha del Acta (foja 5) 

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El 29 de mayo de 2015, Mery Alegre Arnez, presentó memorial, solicitando la nulidad del Acta de Infracción, porque no existe una relación precisa sobre la omisión al deber de emitir factura, aspecto insoslayable para establecer la existencia de la culpabilidad del sujeto pasivo; asimismo, señaló que el Acta de Infracción debió cumplir con las 

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mismas exigencias que un Auto Inicial de Sumario Contravencional, establecido así en la SCP 483/2010, por tanto el Acta de Infracción vulnera la garantía del debido proceso y su elemento de la motivación, como el derecho a la defensa. Por otra parte, saló que los funcionarios del SIN en su labor de fiscalización no deben poner la sanción al sujeto pasivo y que conforme al art. 168 del CTB, solo debe constar en el Acta de Infracción, el acto u omisión que se atribuye al contribuyente, no asi con la intimación de pago como contiene el Acta de Infracción; por ultimo refirió que las anteriores sanciones fueron impuestas en aplicación de una norma inconstitucional, por lo que la sanción de clausura impuesta en la Resolución que impugna carecería de validez formal y material, por todo lo expuesto solicitó la nulidad del Acta de Infracción No 00125784 (fs. 16 a 18) 

El 7 de julio de 2015, la Administración Tributaria, notificó de forma personal a Mery Alegre Arnez, con la Resolución Sancionatoria de Clausura N° 18-000715-15 de 18 de junio de 2015, que le sancionó con la clausura del establecimiento comercial por 24 días continuos, por la contravención tributaria de no emisión de factura, al incurrir en la tercera infracción, en aplicación del art. 164.1l del CTB (fs. 35 a 38). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 

El Recurso de Alzada fue formulado con los siguientes reclamos: 1. La Inaplicabilidad del procedimiento de control tributario. 2. La reincidencia calificada por la Administración Tributaria; y 3. La falta de fundamentación de la reincidencia para la agravación de la sanción de clausura. 

5.1. La Inaplicabilidad del procedimiento de control tributario 

La recurrente, señaló que el art. 162.11.inc. 2) del CTB, fue declarado inconstitucional mediante Sentencia Constitucional Plurinacional 0100/2014, en base a lo cual concluye que toda sanción por no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente verificada en operativos de control tributario, es inconstitucional. En ese entendido, afirmó que la Resolución que impugna, impone una sanción emergente de un operativo de control realizado por funcionarios del SIN, consecuentemente tal Resolución, vulnera el principio de legalidad al desconocer la SCP 100/2014, por lo que la sanción impuesta es inconstitucional. Adicionalmente, manifestó que la Resolución impugnada también vulnera 

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el principio de prelación normativa y de legalidad previstos en el art. 410 de la CPE y arts. 5 y 6 del CTB, específicamente en cuanto se refiere a que sólo la Ley puede tipificar los ilícitos tributarios y establecer sus respectivas sanciones, pues desconoce la declaratoria de inconstitucionalidad del art. 162.11.2) del CTB y exhortación al órgano legislativo para la regulación del procedimiento administrativo sancionador por contravenciones verificadas en operativos de control tributario. 

Por su parte la Administración Tributaria manifestó que la recurrente, interpreto erróneamente la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 100/2014 de 10 de enero de 2014, ya que las facultades de la Administración Tributaria siguen vigentes y no son inconstitucionales, excepto la clausura inmediata del establecimiento una vez realizada la intervención por no emisión de factura; asimismo, dejó de existir la clausura definitiva. 

Conforme se tiene indicado, la recurrente, basó su denuncia de vulneración de los principios de legalidad y prelación normativa reconocidos en la CPE y CTB, en que habiéndose declarado la inconstitucionalidad del art. 162.11.2) del CTB, mediante SCP 100/2014, la sanción aplicada por la contravención de no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, verificada en operativo de control tributario es inconstitucional. Así planteado el problema, corresponde señalar lo siguiente: 

La Disposición Adicional Quinta de la Ley 317, de Presupuesto General del Estado Gestión 2013, modificó el primer párrafo del Artículo 170 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, con el siguiente texto: “La Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente mediante operativos de control. Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la misma, se especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta actuación. Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones 

establecidas en el Parágrafo II del Artículo 164 de este Código. En caso de & reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva del 

local intervenido.” 

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Calle Serrano N 112 entre Bolivar y J. J. Pérez Telfs./Fax: (4) 69136436454573 • www.ait.gob.bo . Sucre, Bolivia 

La SCP 100/2014, invocada por la recurrente, en su primer numeral (1) declaró la inconstitucionalidad de la frase de la Disposición Adicional Quinta de la Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2013, que señala: “Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones establecidas en el Parágrafo II del Artículo 164 de este Código. En caso de reincidencia, desps de la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva del local intervenido. A continuación, la SCP 100/2014, aclara expresamente que la declaratoria de inconstitucionalidad de la frase señalada, no implica la declaratoria de inconstitucionalidad del párrafo II del art. 164 del Código Tributario Boliviano, por no haber sido sometido a control de constitucionalidad. Adicionalmente, la SCP en su numeral 3 también declaró la inconstitucionalidad por conexitud de la frase, “a no emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y del art. 162.11.2) del CTB. Finalmente, la exhortación contenida en el numeral 4 de la indicada sentencia, aclara expresamente que en tanto se regule el procedimiento sancionador y en el marco de una interpretación previsora, “se aplicará el procedimiento contravencional establecido en el art. 168 del Código Tributario

Conforme se tiene de las disposiciones contenidas en la SCP glosada, los arts. 162.11.2), 164 y 170 del CTB, quedaron redactados como sigue: “Artículo 162° (Incumplimiento de Deberes Formales). / (...). II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del procedimiento sancionador previsto por este Código, las siguientes contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la Administración Tributaria; 2) en la omisión de inscripción en los registros tributarios verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones aduaneras previstas con sanción especial”. 

El artículo 164 del CTB tipifica la contravención de no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, como sigue: “. quien en virtud de lo establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, sin perjuicio de la fiscalización y determinación de la deuda tributaria. Il. La sanción será de seis (6) dias hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) días atendiendo la reincidencia del contraventor. La primera contravención será penada con el mínimo de la sanción y por cada 

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reincidencia será agravada en el doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior (…)”. 

Finalmente, el art. 170 del CTB, referido al procedimiento de control tributario, quedó 

con el siguiente texto: “La Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente mediante operativos de control. Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de la Administración Tributaria actuante 

deberán elaborar un acta donde se identifique la misma, se especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta actuación.”. 

Del marco normativo transcrito precedentemente y conforme los alcances de la SCP 100/2014, indubitablemente las facultades de verificación del correcto cumplimiento de 

la obligación de emitir factura, otorgadas a la Administración Tributaria, se encuentran plenamente reconocidas, igualmente, la tipificación de la contravención de no emisión de factura y las sanciones aplicables desde un mínimo de 6 días de clausura y un máximo de 48 dias, también se encuentran previstas en la normativa tributaria; sin embargo de ello, corresponde aclarar, que luego de la SCP 100/2014, verificada la contravención en operativos de control tributario, los funcionarios de la Administración Tributaria ya no están facultados a proceder con la clausura inmediata del establecimiento del infractor, sino que deben labrar un acta que da inicio al procedimiento sancionatorio, conforme las previsiones del art. 168 del CTB, que prevé el inicio de procedimiento sancionatorio mediante cargo comunicado al presunto contraventor o acta que suple al auto inicial de sumario contravencional, otorgando el plazo de 20 días para que presente descargos, a cuya finalización, la Administración Tributaria debe emitir la Resolución final de sumario, también en un plazo de 20 días. Y en caso de aplicarse la sanción de clausura, ésta deberá ser graduada entre 6 a 48 días como máximo, según los casos de reincidencia del contraventor. 

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Conforme ese entendimiento, el argumento de la recurrente, en sentido que toda sanción por no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente verificada en operativos de control tributario, es inconstitucional y vulnera los principios de legalidad y prelación normativa, es incorrecto; pues conforme se tiene aclarado y en estricta 

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aplicación de los alcances de la SCP 100/2014, invocada por la recurrente, en el presente caso, la Administración Tributaria, ejerció sus facultades de verificación y control del correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, en el marco 

de lo establecido en el art. 170 del CTB, y habiendo seguido el procedimiento previsto el art. 168 del CTB para la aplicación de la sanción, igualmente ha cumplido con el procedimiento indicado de forma expresa en la SCP 100/2014, es más, tomado en 

cuenta que la sanción aplicada en el presente caso fue graduada en el marco de la sanción mínima y máxima prevista en el art. 164.11 del CTB, tampoco se advierte que la Administración Tributaria haya aplicado una sanción no prevista en la Ley. Consecuentemente, las supuestas vulneraciones al principio de legalidad y prelación normativa aducido por la recurrente, no son evidentes. 

5.2. La reincidencia calificada por la Administración Tributaria. 

La recurrente, en el segundo y tercer motivo de su recurso de alzada, aludió la supuesta vulneración de los principios de “jerarquia constitucional, prelación normativa y principio de legalidad” reconocidos en el art. 410 de la CPE y arts. 5 y 6 del CTB, a propósito de la transcripción que hace de la Resolución Sancionatoria impugnada en la parte de la aplicación de la sanción de 24 días de clausura por supuesta reincidencia, argumentando que el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 100/2014, estableció que toda sanción que se aplique en el ámbito administrativo debe ser en el marco del debido proceso; empero que en su caso las anteriores sanciones fueron impuestas en aplicación de una norma inconstitucional, por lo que la sanción de clausura impuesta en la Resolución que impugna, carecería de validez formal y material. 

Sobre dichos argumentos, la Administración Tributaria señaló que su facultad sancionatoria sobre este tipo de contravenciones, se realiza mediante el art. 166 del CTB, aplicando el art. 168 del mismo cuerpo legal y en cumplimiento de la SCP 100/2014 

En suma, del planteamiento antes indicado, se entendería que la recurrente observa en relación a la reincidencia calificada en la Resolución Sancionatoria, que sería vulneratoria de los principios que indica porque las anteriores sanciones que le sirven 

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de antecedente fueron impuestas en base a una norma declarada inconstitucional mediante SCP 100/2014, por lo que no deberían ser consideradas como antecedente. 

Al respecto, corresponde aclarar que la inconstitucionalidad de la frase contenida en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 317 -y que dice: “Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones establecidas en el Parágrafo ll del Artículo 164 de este Código. En caso de reincidencia, después de la 

máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva del local intervenido”. evidentemente se fundamenta en el análisis de los alcances de la garantía del debido 

proceso en su elemento del derecho a la defensa, por cuanto la sanción de clausura se aplicaba de forma inmediata y directa por los funcionarios actuantes de la Administración Tributaria, sin la posibilidad de que el sujeto pasivo pueda argumentar en su favor o presentar pruebas de descargo, pues no se tenia un término al efecto. Con el agravante que la clausura definitiva del local en caso de verificarse la contravención por quinta vez, igualmente se aplicaba sin previo proceso. 

No obstante lo señalado, la recurrente debe tener en cuenta que la norma antes indicada fue sometida a control de constitucionalidad, cuyos efectos están plenamente definidos en el art. 14 de la 254 de Código Procesal Constitucional, que dispone: “La sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma del ordenamiento juridico, 

no dará lugar a la revisión de sentencias que tengan calidad de cosa juzgada, ni a la revisión de los actos realizados con la norma cuando se presumía constitucional”. En ese sentido, las sanciones que la Administración Tributaria hubiese impuesto en aplicación del art. 170 del CTB modificado mediante Ley 317, con anterioridad a la declaratoria de inconstitucionalidad contenida en la SCP 100/2014, que hubieran cobrado firmeza, son plenamente válidas manteniendo sus efectos incluso para la calificación de la reincidencia, por cuanto el control de constitucionalidad aplicado sobre dicha disposición, no implica modificación del ilícito tributario tipificado y sancionado en el art. 164 del CTB, sino la exigencia del cumplimiento de la garantía del 

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debido proceso y sustanciación de un sumario contravencional, como presupuesto 

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procesal para la imposición de la sanción de clausura. 

Consecuentemente, el hecho que la Administración Tributaria, a efectos de la calificación de la agravante por reincidencia, considere las sanciones firmes de clausura, aplicadas conforme el art. 164 del CTB y antes de la declaratoria d

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inconstitucionalidad de la Disposición Adicional Quinta de la Ley 317, no vulnera las disposiciones contenidas en el art. 410 de la CPE y arts. 5 y 6 del CTB, como erróneamente entiende la recurrente. Conclusión que sin embargo, no implica que la calificación de la reincidencia en el presente caso, haya sido correctamente efectuada o fundamentada por la Administración Tributaria, aspecto que será analizado en el siguiente fundamento de la presente Resolución. 

5.3 Sobre la falta de fundamentación de la reincidencia para la agravación de la 

sanción de clausura. 

La recurrente, afirmó que la Administración Tributaria, se basó en “documentación y cómputos de reincidencia” y no cuenta con resoluciones administrativas ejecutoriadas, que tengan valor de cosa juzgada y que demuestren la reincidencia en la contravención de no emisión de factura; por lo que consideró que la resolución impugnada viola el principio de inocencia. 

Por su parte, la Administración Tributaria, señaló que el grado de reincidencia en la contravención de no emisión de factura se evidencia en el Acta de Infracción N° 28539 y No 125687 cursantes a fs. 12 y 13 de antecedentes, registradas en la base de datos de la Administración Tributaria (PROSINDET) cursante a fs. 8 de antecedentes, documento válido conforme el art. 7 del D.S. 27310. 

En ese entendido, tomando en cuenta que el reclamo de la recurrente, se orienta a la falta de fundamentación por inexistencia de actos sancionatorios firmes que demuestren la reincidencia, corresponde a esta instancia administrativa, en estricto apego del principio de congruencia, pronunciarse sobre este argumento de la siguiente forma. 

Por otra parte, el art. 164 del CTB, en su parágrafo I, tipifica y sanciona la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; y en el parágrafo siguiente, establece. la aplicación de la sanción, en razón a la reincidencia, de la siguiente manera: “II. La sanción será de seis (6) dias continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) dias atendiendo el grado de reincidencia del contraventor. La primera contravención será penada con el minimo de la sanción y por cada reincidencia será agravada en el 

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doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior” (Negrillas nuestras). 

En el presente caso, la Resolución Sancionatoria ahora impugnada, señala textualmente: Que, del análisis y valoración de los antecedente administrativos, corresponde ratificar la sanción señalada en el Acta de infracción por no Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente No 00125784 de fecha 11/05/2015, habiéndose verificado que el (la) contribuyente incurrió por Tercera Vez en la contravención Tributaria por no emisión de factura conforme se evidencia de la revisión de la documentación y cómputo de los casos de reincidencia, habiendo sido sancionado(a) a través de Resoluciones Sancionatorias en aplicación de la SCP No 100/2014 por medio de Sumario Contravencional conforme el art. 168o de la Ley N° 2492, expuestos en el siguiente cuadro: 

FECHA DE LABRADO 

Y/O EMISION 

N° DE ACTA DE VERIFICACIÓN Y CLAUSURA Y/O RESOLUCIÓN 

SANCIONATORIA 

REINCIDENCIA 

SANCION 

ACTA N° 28539 

06/06/2014 

Primera Vez 

R.S. N° 18-000921-15 (CITE:SIN/GDCH/DJCC/UTJ/RS

100816/2014) 

Canceló la multa equivalente a diez (10) veces el monto de lo no facturado mediante Boleta de 

Pago Fom. 1000 

09/07/2014 

ACTA No 125687 

10/12/2014 

Segunda Vez 

Clausura de doce (12) dias 

continuos 

R.S. N° 18-000187-15 (CITE:SINGDCH/DJCC/UTJ/RS/ 

100012/2015) 

06/01/2015 

En el Cuadernillo de Antecedentes No 1 (SIN), a fojas 12 y 13, cursa las Actas Nos. 28539 de 6 de junio de 2014 y 125687 de 10 de diciembre de 2014 respectivamente, que describen dos oportunidades anteriores en las que la Administración Tributaria a través de sus funcionarios autorizados, verificó la comisión de la contravención tributaria de no emisión de factura. 

C.B.C.R

vent.co

En la primera contravención descrita en el Acta No 28539 de 6 de junio de 2014, se advierte que la contribuyente se acogió a la convertibilidad de la sanción por ser la 

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justicia tributaria para vivir bien 12711 out’ayir ach’a kamiani 13:12 asupraq kamuhiq YOUTHS Pridodexu ubaet: oriomita 

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IIIIIIIII 

primera vez, conforme estableció la Resolución Sancionatoria N° 18-000921-14 de 9 de julio de 2014 cursante a fs. 30. 

En la segunda contravención, señalada en el Acta de infracción No 125687 de 10 de diciembre de 2014, se verificó la contravención tributaria de no emisión de factura, por Bs268.-; asimismo, de dicha Acta emerge la Resolución Sancionatoria N° 18-000187 

15 de 6 de enero de 2015, que cursa a fs. 32 a 33 de antecedentes administrativos, por lo que tratándose de la segunda oportunidad, se estableció que la sanción que correspondía aplicar era de doce días. 

De lo precedentemente expuesto, se tiene que en la primera contravención de no emisión de factura, la ahora recurrente, decidió acogerse a la convertibilidad de la 

sanción en el marco de lo establecido por ley, pues al realizar el pago voluntario de la 

multa, la contravención tributaria de no emisión de factura y la sanción emergente, 

constituyen hecho cierto y firme, respectivamente; a mayor abundamiento, la opción de convertir la sanción de clausura por la multa establecida en el art. 170 del CTB, no extingue la infracción cometida ni constituye causal de exclusión de responsabilidad, que no deba considerarse como antecedente para la imposición de sanciones agravadas de clausura, en caso de posteriores reincidencias. 

Por otra parte, en cuanto a la segunda contravención tributaria, se tiene la Resolución Sancionatoria N° 18-000187-15 de 6 de enero de 2015, cuya falta de firmeza no fue demostrada por la recurrente, conforme le correspondía por disposición del art. 76 del CTB, quien solo se limitó a denunciar la falta de Resoluciones administrativas ejecutoriadas, sin demostrar o sustentar su argumento. Consecuentemente, en el presente caso, la Administración Tributaria demostró fehacientemente que la 

te incurrió por tercera vez en la contravención tributaria de no emisión de factura y aplicó correctamente el cómputo de los días de sanción de clausura de 24 

días, atendiendo al grado de reincidencia, conforme establece el art. 164.11 del 

Consiguientemente, de los fundamentos técnicos jurídicos expuestos precedentemente, se concluye que la Administración Tributaria, efectuó una correcta 

aplicación de la normativa tributaria, en relación a la imposición de la sanción de clausura del establecimiento comercial de la recurrente; toda vez que ésta no negó la comisión de la infracción ni formuló otros argumentos sobre el fondo del asunto, qu

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REGIONAL AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

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Chuquisaca 

desvirtúen la contravención atribuida, por lo que corresponde confirmar la sanción de 24 dias de clausura aplicada en la Resolución Sancionatoria de Clausura N° 18-000715 15 de 18 de junio de 2015. 

POR TANTO 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132 y 140. a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del DS N° 29894, de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE

PRIMERO.- CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria de Clausura N° 18-000715-15 de 18 de junio de 2015, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, contra Mery Alegre Arnez, quedando subsistente la sanción de clausura de su establecimiento comercial por veinticuatro (24) días continuos, al incurrir por tercera vez en el 

ilícito tributario de no emisión de factura, de acuerdo al art. 164.1l del CTB. Todo, en sujeción al art. 212.1.b) del Código Tributario Boliviano. 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del art. 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el art. 199 del CTB será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al art. 140. c) del CTB y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del CTB, el plazo para la interposición del Recurso Jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada, es de veinte (20) dias 

computables a partir de su notificación. 

E MOLTO 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

Eldud B. CorsRejdos. DIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL 

INTERINA Autoridad Ragional de Impugnación 

Tributeri Chuccisacs 

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Tributaria para vivir bien 12 ont’avir ach’a kamani Mald lasac kurag kamachiq 

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