ARIT-CHQ-RA-0286-2015 Resolución Determinativa por deuda tributaria y omisión de pago.

ARIT-CHQ-RA-0286-2015

REGIONAL AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARI

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Chuquisaca 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQIRA 0286/2015 

Recurrente 

: IRENE ELBA ARCE TAPIA. 

Recurrido 

: GERENCIA DISTRITAL CHUQUISACA DEL 

SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES, representada por GROVER CASTELO MIRANDA. 

Expediente 

: ARIT-CHQ-0028/2015. 

Lugar y fecha 

: Sucre, 3 de noviembre de 2015. 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada de fs. 10 a 14 vta.; el Auto de Admisión de fs. 15; la contestación de la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales de fs. 23 a 25; el Auto de apertura de plazo probatorio de fs. 26; las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo; el Informe cnico Jurídico ARIT/CHQ/ITJ 0286/2015 de 3 de noviembre de 2015, emitido por la 

Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

CONSIDERANDO I: 

Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto impugnado, trámite procesal, análisis del Recurso de Alzada y fundamentos de la Resolución impugnada, se tiene lo siguiente: 

  1. ANTECEDENTES 1.1. Datos del Recurso de Alzada 

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Recurrente NIT Recurrido 

: Irene Elba Arce Tapia : 2898826010 : Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN 

: Grover Castelo Miranda 

VO.B

Representante legal 

RIT 

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Calle Serrano N 112 entre Bolivar y J.J. Pérez Telts. Fax: (1) 6913643.645:1573 • www.ait.gob.bo . Sucre, Bolivia 

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: 3053365 Or. Acto Definitivo Recurrido : Resolución Determinativa N° 17-000043-15 Expediente No 

: ARIT-CHQ-0028/2015 

1.2. Acto Administrativo Impugnado 

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, por Resolución Determinativa N° 17-000043-15 de 20 de enero de 2015, determinó contra Irene Elba Arce Tapia, deuda tributaria de UFV’s 1.016 (Un mil dieciséis 00/100 Unidades de 

Fomento a la Vivienda) por concepto de IVA (Crédito Fiscal) del periodo junio de 2011; 

monto que comprende tributo omitido, interés y sanción por omisión de pago. Resolución, notificada mediante cédula a Irene Elba Arce Tapia, el 26 de enero de 2015, e impugnada el 13 de febrero de 2015, dentro del plazo previsto en el art. 143 del cТВ. 

CONSIDERANDO II: 

  1. 2. ASPECTOS FORMALES 1. Auto de Admisión 

El recurso fue admitido mediante Auto de 24 de febrero de 2015, disponiendo se notifique a la Administración Tributaria para que en el plazo de quince días, conteste y remita todos los antecedentes administrativos, así como los elementos probatorios relacionados con la resolución impugnada; todo en aplicación del art. 218. c) del CTB. El Auto de admisión fue notificado a la entidad recurrida el 2 de marzo de 2015, conforme foja 16 del expediente. 

2.2. Apertura de término probatorio 

En aplicación de lo previsto en el inc. d) del artículo 218 del CTB, mediante Auto de 18 

de marzo de 2015, que cursa a foja 26 de obrados, se dispuso la apertura del plazo 

probatorio común y perentorio a las partes de 20 dias, procediéndose a su notificación el mismo día, conforme consta por las diligencias de fs. 27 y 28 de obrados

En esta fase, el 23 de marzo de 2015, la Administración Tributaria, presentó memorial de ratificación de prueba documental adjuntada a la respuesta, así como en los 

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Chuquisaca 

fundamentos legales expuestos en ella; también señaló, que dicha prueba demuestra el incumplimiento las obligaciones de la contribuyente, y que la resolución impugnada se encuentra enmarcada en la normativa vigente, además de respetar los derechos de la ahora recurrente. Por su parte, el 7 de abril de 2015, la recurrente también se ratificó en todas las pruebas presentada, inclusive la producida en instancia administrativa, especialmente en la etapa de descargos ante la Administración Tributaria. 

2.3. Alegatos 

El 15 de octubre de 2015, la recurrente presento memorial de alegatos escritos, posteriormente el 30 de octubre de 2015, presentó memorial por el cual pretendió hacer notar lo resuelto por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1565/2015 de 28 de agosto de 2015; sin embargo por proveidos de 16 de octubre de 2015 y 3 de noviembre del mismo año, respectivamente, se rechazó la referida presentación por ser extemporáneos, conforme establece el art. 210.1l del CTB. 

CONSIDERANDO III: 

  1. 3. ARGUMENTOS DE LAS PARTES 3.1. Argumentos del sujeto pasivo 

Irene Elba Arce Tapia (la recurrente) señaló que la Administración Tributaria observó la 

Factura N° 3967 correspondiente a junio de 2011, considerándola no válida para 

crédito fiscal, por falta de presentación del ejemplar original, en base al numeral 1 del art. 41 de la Resolución Normativa de Directorio (RND) N° 10-0016-07, pese a que dicha norma es inconstitucional por violentar el principio de capacidad contributiva y otros principios constitucionales tributarios; acotó, que dicha exigencia no se encuentra prevista en el art. 8 del Decreto Supremo N° 21530. 

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Continuó manifestando, que de la prueba presentada en la etapa administrativa – –consistente en la Fotocopia legalizada No 3967, contrato con YPFB, publicaciones de extravío y Libro de Compras y Ventas IVA notariados- se evidencia la realidad material 

de la imposibilidad de contar con el original de la factura observada. Por otra parte, indicó que la denuncia ante la FELCC del extravío de la (referida) factura, su contabilización en el periodo correspondiente, y el medio de pago al proveedor 

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evidencian la materialización de las transacciones de compras. Consiguientemente, la Resolución impugnada vulnera el principio de verdad material reconocido por el art. 4.d) de la Ley N° 2341. 

Agregó que, en cuanto a los requisitos establecidos para la validez de las factura, en base a la Ley N° 843, Decreto Supremo N° 21530, Ley N° 62, Decreto Supremo No 772, que modificó el art. 37 del Decreto Supremo N° 27310, y Resoluciones Normativas de Directorio, emitidas por el SIN, manifestó que los requisitos formales de emisión y registro de las facturas, exigidos en normas administrativas (RND’s) no debe 

ser entendido con inflexibilidad, pues de lo contrario se generan cargas impositivas injustas, perdiéndose la objetividad y fines de tales requisitos. 

En respaldo a su reclamo, manifestó que en otras legislaciones es permisible la extensión de una fotocopia legalizada de la factura, o la emisión de una factura duplicada, como es el caso de la legislación española que admite este extremo en caso de pérdida del original (por cualquier causa) y bajo la condición de que el nuevo documento lleve la leyenda “duplicado” y se encuentre oportuna y debidamente contabilizada y declarada por el emisor. También, argumento que el profesor Rodolfo Spisso señala: [La razonabilidad exige que exista una adecuada proporción y aptitud entre el medio escogido por la Ley y la finalidad que persigue que debe preservar el valor “justicia”, a cuyos efectos la norma jurídica debe conformarse (estructurarse) con los principios filosóficos, politicos, sociales y religiosos a los cuales se considera ligada la existencia de la sociedad). Por otra parte, manifestó que en el Auto Supremo N° 812 de 15 de noviembre de 2007, se resolvió la validez de facturas que eran observadas haber sido llenadas de manera diferente a otras: por lo que concluyó que los errore formales no conllevan a la invalidez de la factura, aspecto que es aplicable al presente caso. 

Finalmente, toda vez que disiente con la observación efectuada por la Administración Tributaria, a la factura N° 3967 y deuda tributaria determinada, manifestó su rechazo por la imposición de la sanción de omisión de pago, establecida en la Resolución 

impugnada. 

Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Determinativa N° 17-000043-15 de 20 de enero de 2015. Para este efecto, adjuntó las siguientes fotocopias simples: 1. 

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Diligencia de notificación por cédula con la Resolución impugnada; 2. Resolución Determinativa N° 17-000043-15; y 3. Cédula de identidad N° 2898826 Cbba

3.2. Respuesta de la Administración Tributaria 

Dentro del término establecido en el art. 218.c) del CTB, el 17 de marzo de 2015, Grover Castelo Miranda, se apersonó acreditando su condición de Gerente Distrital Chuquisaca del SIN, con la copia legalizada de la Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0609-14, de 31 de diciembre de 2014, y respondió negativamente al recurso formulado, señalando que la depuración fue realizada precisamente con el objetivo de descubrir la verdad material de los hechos, y que si un documento no se ajusta a las condiciones exigidas no puede ser tenido como prueba plena, ni ser considerado válido si no se acomoda a 

lo previsto en normativa o si no reúne otros elementos que lleven a tal apreciación, para ser tomados en cuenta. 

Continuó manifestando, que al no existir una factura original, no se puede decir que haya existido una efectiva facturación; por tanto, no es posible reconocer un crédito fiscal que no cumpla con uno de sus elementos básicos como lo es, la facturación efectiva. También, refirió que la Administración Tributaria en apego a la legalidad no puede tomar como documentos, aquellos que no lo son, y que no se demostró la transacción efectiva que le dé validez, ni los elementos considerados como indispensables para el reconocimiento del crédito fiscal depurado. 

Finalmente, manifestó que la Autoridad General de Impugnación Tributaria (anterior Superintendencia Tributaria General) adoptó una posición expresa mediante Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ-0184/2008 de 18 de marzo de 2008, por el cual concluyó que no existe la posibilidad legal que la Administración Tributaria avale notas fiscales que no cumplen con requisitos que le permitan nacer a la vida jurídica. 

Por estos argumentos solicitó se confirme la Resolución Determinativa N° 17-000043-15 de 

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20 de enero de 2015, para dicho efecto adjunto el Cuadernillo de Antecedentes Administrativos No 1 (SIN) con 117 fojas. 

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CONSIDERANDO IV: 

  1. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS 4.1. Antecedentes de hecho 

De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes No 1(SIN) se tiene la siguiente relación 

de hechos: 

El 18 de septiembre de 2014, la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, notificó a personalmente a Gualberto Zenteno Espinoza, apoderado de Irene Elba Arce Tapia, con la Orden de Verificación Nro. 0014OVE00957 de 8 de agosto de 2014, para revisar el Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en 

las facturas declaradas por la contribuyente (detalladas en cuadro adjunto) respecto a los periodos abril, junio y julio de 2011. Para dicho efecto, requirió la presentación de la siguiente documentación: 1. Declaraciones juradas de los periodos observados; 2. Libro de compras de los periodos observados; 3. Facturas de compras originales detalladas en el presente anexo; 4. Documento que respalde el pago realizado; 5. Otra documentación solicitada durante el proceso, para verificar las transacciones de respaldo a las facturas observadas. Para el efecto, se concedió el plazo de cinco días (fs. 4 y 5). 

El 20 de octubre de 2014, la Administración Tributaria, emitió la Vista de Cargo No SIN/GDCH/DF/0014OVE00957NC100557/2014 de 20 de octubre de 2014, que liquido preliminarmente una deuda tributaria de UFV’s 437 (Cuatrocientos treinta y siete 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) correspondiente al Impuesto al Valor Agregado del periodo junio de 2011, monto que comprende el tributo omitido e intereses; UFV’s 500 (Quinientas 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) por el incumplimiento al deber formal de habilitación de Libros de Compras IVA’, de acuerdo a lo establecido en el art. 12 de la RND 10-0019-10; también, se calificó preliminarmente la conducta como omisión de pago con una sanción de UVF’s 437 (Cuatrocientos treinta y siete 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) otorgando a la contribuyente el plazo de 30 días para la presentación de descargos, conforme al art. 98 del CTB. Vista de Cargo notificada personalmente a Irene Elba Arce Tapia, el 28 de octubre de 2014 (fs. 75 a 79). 

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El 25 de noviembre de 2014, Irene Elba Arce Tapia presentó descargos a los reparos determinados, señalando que la factura observada No 3967, se encuentra presentada 

en fotocopia legalizada, por lo que tiene el mismo valor del original, por tanto corresponde constatar y verificar la existencia real de la operación, requiriendo para tal efecto información a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB. Por otra parte, 

mencionó que la notariación de Libros de Compras y Ventas IVA, es aquella realizada una vez finalizado el semestre, teniendo como objetivo el evitar que se añadan más folios a los libros impresos. Como documentación adjunta, presentó: 1. Memorial de Extravío de Factura; 2. Certificado de Denuncia de Extravío o Robo; 3. Factura No 8320; 4. Contrato Publicitario N° 10-110305 del periódico Correo del Sur; 5. Publicaciones de prensa del 13 y 14 de noviembre de 2014; 6. Depósito N° 32016096 del Banco Unión; y 7. Contrato de compra venta de GLP No 030/2014 (fs. 84 a 96). 

El 20 de enero de 2015, la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos 

Nacionales, por Resolución Determinativa N° 17-000043-15 de 20 de enero de 2015, determinó contra Irene Elba Arce Tapia, una deuda tributaria de UFV’s 1.016 (Un mil 

dieciséis 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) por concepto de IVA (Crédito 

Fiscal) del periodo junio de 2011; monto que comprende tributo omitido, interés y sanción por omisión de pago al 100% del tributo omitido. Resolución notificada mediante cédula a Irene Elba Arce Tapia, el 26 de enero de 2015 (fs. 106 a 115). 

CONSIDERANDO V; 

  1. 5. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 

En principio corresponde señalar que a través de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA/0153/2015, de 18 de mayo de 2015, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca resolvió confirmar la Resolución Determinativa No 17-000043-15 de 20 de enero de 2015, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del 

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Servicio de Impuestos Nacionales, contra Irene Elba Arce Tapia, manteniendo firme y 

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subsistente la deuda tributaria de UFV‘S 1.016 (Un mil dieciséis 00/100 Unidades de 

Fomento a la Vivienda) por concepto de IVA (Crédito Fiscal) correspondiente al periodo junio de 2011, monto que comprende tributo omitido, interés y sanción por omisión de pago al 100% del tributo omitido. 

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Posteriormente, Irene Elba Arce Tapia interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0116/2015, por lo que. la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 1565/2015 de 28 de agosto de 2015, resolviendo anular el fallo de Alzada con el objetivo de que se emita nueva Resolución que contenga pronunciamiento expreso sobre las cuestiones planteadas en el Recurso de Alzada; identificando estas como: “1) La ilegal depuración del Crédito Fiscal por motivos estrictamente formales (extravío de la factura original) incluyendo entre sus argumentos que la legislación española permite la expedición de ejemplares duplicados de los originales de las facturas en el caso de pérdida del original, cita además al autor Rodolfo Spisso, así también cita el Auto Supremo N° 812; 2) Impugnación de la calificación de la conducta de Omisión de Pago, en la que se afirma que su conducta no se subsume a la tipificación expresa del 

Código Tributario Boliviano, y que la Administración Tributaria no dejó de percibir ingresos tributarios, por lo que considera que se efectuó una calificación automática, inadmisible en derecho” 

Es necesario señalar que esta instancia administrativa al momento de la emisión de la Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0116/2015, consideró que el reclamo planteado por la recurrente, se oriento a la determinación de la deuda tributaria realizada por la Administración Tributaria, así como por la imposición de la sanción por el ilícito tributario de omisión de pago, bajo el único argumento de que la factura observada No 3967, a pesar de no haberse presentado en original es válida para el crédito fiscal. Por consiguiente, desarrollado el punto 9.1 de la Resolución de Alzada se concluyó que el argumento utilizado por la recurrente para considerar a la factura observada N° 3967 como válida para crédito fiscal, no es correcto; por lo que, se resolvió confirmar la Resolución impugnada, respecto a la deuda tributaria determinada

consecuentemente en relación a la sanción de omisión de pago

Sin embargo, en cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad General de Impugnación Tributaria en la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 1565/2015 de 28 de agosto de 2015, a continuación se resolverá en función a los puntos de agravio identificados por la instancia jerárquica

5.1. Con relación a la ilegal depuración del Crédito Fiscal por motivos estrictamente 

formales (extravío de la factura original)

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La recurrente, manifestó su disconformidad con la determinación de la deuda tributaria efectuada por la Administración Tributaria, así como de la imposición de la sanción por el ilícito tributario de omisión de pago; argumentando que la Factura N° 3967 observada, es válida para crédito fiscal a pesar que no la presentó en ejemplar original, como exige el numeral 1 del art. 41 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10 0016-07; empero, lo hizo en fotocopia legalizada, acusando de inconstitucional dicha normativa al exigir un requisito no establecido en el art. 8 del Decreto Supremo No 21530. 

Continuó manifestando, que de la prueba presentada debe tomarse en cuenta la realidad material y la materialización de las transacciones, ya que lo contrario significaría la vulneración al principio de verdad material reconocido por el art. 4.d) de la Ley N° 2341. Complemento señalando, que los requisitos formales de emisión y registro de las facturas, exigidos en normas administrativas (RND’s) no deben ser entendidos con inflexibilidad, pues de lo contrario se generarían cargas impositivas 

injustas, perdiéndose la objetividad y fines de tales requisitos; como apoyo de este criterio refirió el Auto Supremo N° 812 de 15 de noviembre de 2007. 

Por su parte, la Administración Tributaria señaló que la depuración fue realizada para ver 

y/o descubrir la verdad material de los hechos, pues su documento que no se ajuste a las condiciones exigidas no puede ser tenido como prueba plena, ni ser considerado válido si no se acomoda a lo previsto en normativa o si no reúne otros elementos que 

lleven a tal apreciación para ser tomados en cuenta. 

Más adelante señaló que al no existir una factura original, no se puede decir que haya existido una efectiva facturación, por tanto no es posible reconocer un crédito fiscal que no cumpla con uno de sus elementos básicos como lo es, la facturación efectiva. También refirió, que la Administración Tributaria, en apego a la legalidad no puede 

  • tomar como documentos, aquellos que no lo son, y que no se demostró la transacción 

efectiva que le dé validez, ni los elementos considerados como indispensables para el reconocimiento del crédito fiscal depurado. 

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En respaldo de su reclamo manifestó que, en otras legislaciones es permisible la extensión de una fotocopia legalizada de la factura, o la emisión de una factura duplicada, como es el caso de la legislación española que admite este extremo en cas

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de pérdida del original (por cualquier causa) y bajo la condición de que el nuevo documento lleve la leyenda duplicado” y se encuentre oportuna y debidamente contabilizada y declarada por el emisor. También argumento que el profesor Rodolfo 

Spisso señala: [La razonabilidad exige que exista una adecuada proporción y aptitud 

entre el medio escogido por la Ley y la finalidad que persigue que debe preservar el valor “justicia”, a cuyos efectos la norma jurídica debe conformarse (estructurarse) con 

los principios filosóficos, políticos, sociales y religiosos a los cuales se considera ligada la existencia de la sociedad). Por otra parte, manifestó que en el Auto Supremo N° 812 de 15 de noviembre de 2007, se resolvió la validez de facturas que eran observadas por haber sido llenadas de manera diferente a otras; por lo que, concluyó que los errores formales no conllevan a la invalidez de la factura, aspecto que es aplicable al presente caso. 

Al respecto, la doctrina tributaria señala que: “las disposiciones vigentes y los principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de un gasto en el impuestos a las ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el IVA está condicionado a la existencia real de una operación que en principio se encuentre respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable que pretende hacer valer los mismos la prueba de dicha existencia cuando ello esté en duda y sea requerido de manera fundada por el fisco” (el resaltado es nuestro) (FENOCKIETTO, Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado, págs. 629-630). 

En la normativa tributaria nacional, el art. 4 de la Ley N° 843, establece que el hecho imponible debe hallarse respaldado con la emisión de la respectiva factura, nota fiscal o documento equivalente, en tanto que el inc. a), del art. 8 de la Ley N° 843, dispone que el Crédito Fiscal IVA, resulta de aplicar la alicuota correspondiente “sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente en el periodo fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo de crédito fiscal, las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza (...)“. Concordante el art. 13 de la citada ley, prevé que: “El reglamento dispondrá las normas a que se deberá ajustar la forma de emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, así como los registros que deberán llevar los responsables“. Igualmente el art. 13 del Decreto Supremo N° 21530, prevé que las normas 

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a que se debe ajustar la forma de emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, así como los registros que deberá llevar el contribuyente, serán las contenidas en la norma administrativa que dicte la Dirección General de Impuestos Internos, ahora Servicio de Impuestos Nacionales. 

Es así que el Servicio de Impuestos Nacionales en ejercicio de su facultad normativa señalada en el art. 64 del CTB, emitió la RND 10-0016-07, con el objetivo de reglamentar los requisitos y condiciones para la utilización del Crédito Fiscal contenido en las facturas; en ese sentido, el art. 41.1 num. 1) aclara que las facturas generaran crédito fiscal para los sujetos pasivos del IVA, siempre que cumplan, entre otros, el requisito que: “Sea el original del documento” (Negrillas nuestras)

Sobre la base del marco legal expuesto precedentemente, la Autoridad de Impugnación Tributaria adoptó en las Resoluciones Jerárquicas STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/0156/2007 Y AGIT-RJ 0341/2009 entre otras-, una línea decisoria, en sentido que el contribuyente para beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal producto de las transacciones que declara, debe cumplir con tres requisitos: 1) Estar respaldado con la factura original; 2) Que se encuentre vinculado con la actividad gravada; y 3) Que la transacción se haya realizado efectivamente. 

De la normativa y precedentes glosados, es necesario afirmar que en el marco de las disposiciones contenidas en la Ley N° 843, se considera crédito fiscal al valor que la Ley reconoce a favor del contribuyente, que a la hora de determinar el importe de IVA a pagar, puede deducirlo del débito fiscal (deuda) y así obtener el monto que debe abonar al Estado. Por consiguiente, la apropiación del crédito fiscal depende del cumplimiento de requisitos sustanciales y formales, que permitan establecer la existencia del hecho imponible y que la Administración Tributaria pueda considerarlo como válido para fines fiscales. 

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Ahora bien, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que en la Resolución impugnada, se estableció que la factura No 3967, correspondiente al periodo junio de 2011, no fue considerada válida para crédito fiscal debido a la falta de su presentación del original, en sujeción al art. 41.1.1) de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, Por contraparte, la recurrente presentó como prueba ante esta instancia administrativa: 1. Factura N° 52632144; 2. Comprobante del Banco Unión N° 52632144; 3. Comprobante Diario (15/06/2011); 4. Cuenta Mayor; 5. Balance General; 6. Estado de Pérdidas y 

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Ganancias; 7. Estado de Costos de Comercialización; y 8. Resumen de Contabilidad de Egresos. Documentación mediante la cual la recurrente afirmó se demuestra la efectiva transacción realizada. 

Por otra parte, se tiene que la prueba de descargos presentada por la ahora recurrente ante la Administración Tributaria consta: 1. Memorial de Extravío de Factura; 2. Certificado de Denuncia de Extravío o Robo; 3. Factura No 8320; 4. Contrato Publicitario N° 10 110305 del periódico Correo del Sur; 5. Publicaciones de prensa del 13 y 14 de noviembre de 2014; 6. Depósito N° 32016096 del Banco Unión; y 7. Contrato de compra venta de GLP N° 030/2014. 

En este punto del análisis es pertinente considerar que efectivamente en el Recurso Alzada se invocó el principio de la verdad material, el cual se esta instancia administrativa, en virtud 

del art. 200 del CTB, que establece que la finalidad de los recursos administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos; vale decir que esta instancia administrativa debe realizar las acciones necesarias, para obtener convicción al emitir su pronunciamiento, aun cuando los hechos o pruebas no hayan sido propuestos por los administrados, que no significa sustituir el deber probatorio que a éstos les corresponde, ya que si un administrado formula una petición, debe acompañar las pruebas que sustenten los hechos alegados, ello en función de lo previsto en el art. 76 del CTB. Es preciso aclarar, que la controversia de este caso no radica en la averiguación de un hecho, cuál sería la venta y consiguiente emisión de una factura, sino en una circunstancia referida al cumplimiento de un requisito para la apropiación de un crédito fiscal, en este caso, establecer si de acuerdo a la normativa tributaria en vigencia, la fotocopia legalizada de una factura puede surtir los mismos efectos reconocidos al documento original para la validación del crédito fiscal. Conforme esa precisión, es claro que el principio de verdad material invocado por la recurrente no es aplicable al presente caso, debido a que la controversia debe resolverse a partir del análisis del principio de legalidad que debe observase en la aplicación de la normativa que rige la generación, apropiación y respaldo del crédito fiscal. 

Asi definido el problema, cabe recordar que de acuerdo con los arts. 4 y 8 de la Ley N° 843, la emisión obligatoria de la factura permite en principio verificar el perfeccionamiento del hecho imponible, situación que hace surgir para el comprador el derecho al crédito fiscal; vale decir, que en principio la tenencia de la factura original da derecho al cómputo del crédito fiscal, sin perjuicio de que posteriormente también puedan verificarse la vinculación 

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de la compra y su efectiva realización; esto, porque la factura original es un documento que intrínsecamente y de forma excluyente es el único que contiene crédito fiscal, lo que significa que si bien la transacción comercial en sí, pudo haberse efectuado, según documentación presentada como prueba por la recurrente, para efectos netamente tributarios, con alcance al IVA, dichos documentos no sustituyen a la factura original como medio para acreditar y respaldar el crédito fiscal, en forma similar a lo que ocurre por ejemplo respecto a otros instrumentos comerciales (cheque, pagaré, letra de cambio, etc.) en los que es el original del documento el que contiene el valor pecuniario y no una copia, sea simple o legalizada

Es más, el carácter único de la factura, se reafirma incluso en el momento de su emisión – sea manual, electrónica, en línea, computarizada u otras- en el que el vendedor emite un 

solo ejemplar original para su entrega al comprador, conforme dispone el art. 6. ll de la RND 10.0016.07, que además establece la forma de resguardo -físico o archivo computarizado de las copias que respaldan las operaciones de venta, normativa que no autoriza la reimpresión o emisión de duplicados de la factura con el mismo valor de crédito fiscal, sólo reconocido al documento original, pues como bien se aclara en el art. 3 inc. g) de la misma RND, la copia de la factura únicamente tiene valor de comprobante de la operación, no así con contenido de crédito fiscal. 

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Por lo señalado, en el presente caso, a la falta de presentación de la factura original No 3967, no corresponde el cómputo del crédito fiscal y su correspondiente compensación, conforme a los arts. 8 y 13 de la Ley N° 843 y el art. 41.1, numeral 1) de la RND 10-0016-07; máxime si conforme el art. 70, núm. 8 del CTB, el sujeto pasivo, está obligado a conservar la documentación tributaria de respaldo a sus actividades, en tanto el tributo no prescriba; de la misma forma, la denuncia de robo de la nota fiscal de respaldo al crédito fiscal 

presentada ante la instancia pertinente, no es suficiente para demostrar el derecho pretendido. Análisis que es concordante con la Sentencia No 105/2011 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, que si bien inicialmente reconoció que en el conocimiento y Resolución de Recursos de Alzada y Jerárquicos, ante la Autoridad de Impugnación Tributaria busca establecer la verdad material, empero también reconoció que la 

Administración Tributaria en ejercicio de su facultad reglamentaria estableció que solo el original de las notas fiscales otorga el derecho al cómputo del crédito fiscal; aspecto que complemento salando: a determinación de ignorar dicha disposición con el 

argumento de que sería contraria a las normas de jerarquía superior, se opone a la 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan init’ayir ach’a kamani Mana tasac kuraq kanachq Mburuvisa tendodega inboeti ononita itibaerepi Vae 

Calle Serrano N 112 entre Bolivar y 1. J. Perez Telts./Fax: (+)6913643.6454573 • www.ait.gob.bo. Sucre, Bolivia 

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disposición contenida en el artículo 2 de la Ley del Tribunal Constitucional, que presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los Organos del Estado hasta tanto el Tribunal Constitucional resuelva y declare su inconstitucionalidad”. 

Por lo que, esta instancia recursiva, en estricta sujeción al principio de legalidad y en concordancia con los precedentes emitidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria y el Tribunal Supremo de Justicia, concluye que independientemente de la documentación de respaldo que demuestre la efectiva realización de una transacción 

comercial, el único documento que contiene en sí mismo el crédito fiscal y que da lugar a su computo es la factura original, tal cual exige el art. 41. num. 1) de la RND 10-0016 07, en concordancia con lo establecido por los arts. 4, 8.a) y 13 de la Ley N° 843, que establecen lo relativo al hecho generador del IVA, y la facturación; esta última conforme a lo que la Administración Tributaria disponga reglamentariamente, vale decir, respaldando la exigencia de la factura original según la exigencia normativa, del art. 41. num. 1) de la RND 10-0016-07 

Adicionalmente, sobre lo manifestado por la recurrente, respecto a la normativa extranjera, 

específicamente la legislación española, corresponde señalar que de acuerdo al art. 5. I del CTB: “Con carácter limitativo, son fuente del derecho tributario con la siguiente prelación normativa: 1. La Constitución Política del Estado. 2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo. 3. El presente Código Tributario. 4. Las Leyes. 5. Los Decretos Supremos. 6. Resoluciones Supremas. 7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación establecidos en este Código“, finalmente, también se reconoce como fuente del Derecho Tributario a: “las Ordenanzas Municipales de taşas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su jurisdicción y competencia”. Por lo que, en materia tributaria el ordenamiento jurídico del Estado Plurinacional de Bolivia, no reconoce la aplicación o siquiera la consideración de legislación tributaria extranjera, como es el caso de la española; por lo que, realizar un análisis de la normativa extranjera con respecto a la nacional devendría en transgresión e incumplimiento 

de la fuente de derecho tributario establecida en el art. 5 del CTB. 

De igual forma, es necesario señalar que en cuanto a la doctrina citada en relación a que: [La razonabilidad exige que exista una adecuada proporción y aptitud entre el medio escogido por la Ley y la finalidad que persigue que debe preservar el valor “justicia”, a 

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cuyos efectos la norma juridica debe conformarse (estructurarse) con los principios filosóficos, politicos, sociales y religiosos a los cuales se considera ligada la existencia de la sociedad] (Rodolfo Spisso), cabe señalar, que la misma se dirige a establecer las directrices a las cuales se orienta la norma jurídica, de lo que se concluye -ya que la recurrente no planteó con claridad respecto a que aspecto puntual plantea su reclamo que la normativa tributaria aludida es el art. 41. num. 1) de la RND 10-0016-07, por el cual se tiene que incumplió con el requisito de la presentación de factura original para validar crédito fiscal; empero, en cuanto a dicha disposición, no es atribución de esta instancia administrativa resolver respecto a su aplicabilidad o no, sino considerar que al presente se encuentra vigente y que no pesa en su contra, declaración de inconstitucionalidad emitida por la instancia contralora de la Constitución Política del Estado. 

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Finalmente, en cuanto a la referencia efectuada por la recurrente al Auto Supremo No 812 de 15 de noviembre de 2007, que resolvió la validez de facturas que eran observadas por ser llenadas de manera diferente a otras, corresponde señalar que el 

caso de autos no se refiere a llenado de factura, sino a la inexistencia del original de factura, por el cual se encuentra afectado el crédito fiscal; en ese entendido, se tiene que la pretensión de la recurrente en relación a considerar este aspecto como un simple aspecto formal, es incorrecto, toda vez que de acuerdo al razonamiento de la presente resolución, resulta un aspecto totalmente sustancial y no formal, que el 

crédito fiscal se encuentre únicamente contenido en la factura original. 

5.2. Con relación a la calificación de la conducta de Omisión de Pago. 

La recurrente, manifestó que: “a calificación de nuestra conducta como Omisión de 

Pago es Incorrecta, toda vez que mi persona, como se ha demostrado ampliamente NO se verifica ningún pago de menos del tributo, ya que las observaciones son improcedentes”. Además agregó que: “esta calificación constituye un agravio a mi 

persona ya que no subsume mi conducta a la tipificación expresa del Código Tributario, 

ya que la misma no ocurrió nunca“(Negrillas nuestras). 

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Con relación a la contravención tributaria de Omisión de Pago, el art. 165 del CTB, establece que el que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria u obtenga indebidamente beneficios, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani . Mana taşaq kuraqkaniachia Mburuvisa lerdadegua tibaeti ononita ibaerepi Vae 

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En el presente caso, tomando en cuenta todo lo analizado en el punto 9.1 de la presente Resolución, y siendo que se tiene como un hecho verificado, que la contribuyente no presentó la factura original N° 3967, incumpliendo lo establecido por los arts. 8 y 13 de la Ley N° 843 y el art. 41.1, numeral 1) de la RND 10-0016-07, consiguientemente, resulta evidente que se benefició indebidamente con Crédito Fiscal 

que no tiene respaldo en una factura original; aspecto que cabe aclarar la recurrente no 

demostró lo contrario de ninguna forma, y menos ampliamente –como erróneamente 

sostiene- o que en su caso no haya cometido dicha conducta, puesto que la misma se genera del incumplimiento a la normativa detallada anteriormente, en relación a la no presentación de la factura original No 3967

Por lo que se concluye que con dicho antecedente, la recurrente efectivamente adecuo 

su conducta al ilícito tributario de omisión de pago establecido en el art. 165 del CTB; 

motivo por cual, corresponde a esta instancia administrativa de impugnación confirmar la Resolución impugnada, no solo respecto a la utilización indebida del crédito fiscal de la factura N° 3967, por el incumplimiento a la normativa tributaria antes señalada, sino también de forma lógica y consiguiente, también respecto a la imposición de la sanción por Omisión de Pago. 

Por los fundamentos y normativa señalados precedentemente, se concluye que la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, en la sustanciación del procedimiento determinativo seguido contra Irene Elba Arce Tapia, efectuó una correcta aplicación de la normativa en vigencia; por lo que corresponde confirmar la Resolución impugnada. 

POR TANTO 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del DS N° 29894 de 7 de febrero de 2009. 

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PRIMERO- CONFIRMAR, la Resolución Determinativa N° 17-000043-15 de 20 de enero de 2015, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio Impuestos Nacionales en contra de Irene Elba Arce Tapia; manteniéndose firma y subsistente la deuda tributaria de UFV‘s 1.016 (Un mil dieciséis 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) por concepto de IVA 

(Crédito Fiscal) del periodo junio de 2011, monto que comprende tributo omitido, interés y 

sanción por omisión de pago al 100% del tributo omitido. Todo en sujeción al art. 212. 1. b) del Código Tributario Boliviano. 

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SEGUNDO.– La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la 

Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley No 3092 (Título V del CTB) será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al articulo 140 inciso c) de la Ley N° 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

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Conforme preel art. 144 del CTB, el Recurso Jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada, debe presentarse dentro del plazo de 20 dias computables a partir de su notificación. 

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Regístrese, notifiquese y cúmplase. 

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