ARIT-CHQ-RA-0285-2015 Resolución Determinativa por deuda tributaria e incumplimiento a deberes formales.

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Chuquisaca 

RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0285/2015 

RECURRENTE

ALFREDO GAMÓN OÑA. 

RECURRIDO

GERENCIA DISTRITAL CHUQUISACA DEL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES, representada legalmente por GROVER CASTELO MIRANDA. 

EXPEDIENTE: 

ARIT-CHQ0081/2015. 

LUGAR Y FECHA: 

Sucre, 26 de octubre de 2015. 

VISTOS. 

El Recurso de Alzada interpuesto por Alfredo Gamon Oña, contra la Resolución Determinativa N° 17-000231-15, de 5 de mayo de 2015, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales; Auto de admisión; la notificación a la Administración Tributaria, para que en sujeción al procedimiento conteste y remita a la ARIT-CHQ los antecedentes administrativos del acto impugnado; la prueba producida por las partes; autos, decretos y proveidos dictados en la tramitación del recurso; Informe Técnico Jurídico ARIT/CHQ/STJR/SDT/N° 0285/2015 y todo cuanto ver convino y se tuv

presente. 

CONSIDERANDO: 

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DADOS 

Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto impugnado, trámite procesal, análisis del recurso de alzada y fundamentos de la resolución impugnada, sé tiene lo siguiente: 

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  1. I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. 

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La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN Chuquisaca), emitió la Resolución Determinativa, N° 17-00023115 de 5 de mayo de 2015, que determinó de oficio y sobre base cierta las obligaciones impositivas del contribuyente Alfredo Gamon 

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Oña, titular del NIT 1051182015, estableciendo deuda tributaria por Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IVE) de UFV’s 23.036 (Veintitrés mil treinta y seis Unidades de Fomento a la Vivienda) por los gestiones fiscales 2010, 2011 y 2012, correspondiente a tributo omitido e intereses; adicionalmente sancionó su conducta por Omisión de Pago con una multa igual al 100% del tributo omitido cuyo importe asciende a UFV’s 18.050 (Dieciocho mil cincuenta Unidades de Fomento a la Vivienda) en aplicación del art. 165 del CTB; de igual modo sancionó con una multa de UFV’s 2.500 (Dos mil quinientas Unidades de Fomento a la Vivienda) por incumplimientos a deberes formales, establecidos en Actas de Contravenciones Tributarias Nros. 114213 y 114214. 

Resolución Determinativa notificada por cédula a Alfredo Gamón Oña el 8 de mayo de 2015 e impugnada el 28 de mayo de 2015, dentro del plazo previsto en el art. 143 del CTB. 

  1. CONTENIDO DEL RECURSO. 

Alfredo Gamón Oña (el recurrente) señaló que solicitó a la Administración Tributaria los papeles de trabajo de la Vista de Cargo SIN GDCH/DF/13100200003/C/00004/2015, para preparar sus descargos y hacer valer sus derechos; sin embargo, la Administración Tributaria le entregó la documentación después de 10 dias, contraviniendo lo establecido en el art. 24 de la Ley N° 2341 (LPA); situación, que le ocasionó indefensión porque no tuvo el tiempo necesario para preparar sus descargos. 

Por otra parte, señaló que el trabajo realizado por el SIN, adolece de objetividad para demostrar los reparos de manera clara y precisa, conforme lo dispuesto en el art. 95 

CTB, porque el “Cuadro Impuesto/Tributo Omitido, MIDFs y Fundamentos Legales del Cargo” no especifica correctamente el valor del tributo omitido por error en la UFV del vencimiento del periodo diciembre 2010, ya que tomó la cotización del 18/01/2010; asimismo, señaló que el IVA supuestamente omitido, no puede obtenerse sobre la base de la “sumatoria de las diferencias de los ingresos y compras”, por mucho que no sea válido para el cómputo del crédito fiscal, por lo que la vista de Cargo, al crear una nueva figura de base imponible distinta a la establecida en la ley, vulnera los arts. 122 de la CPE, 6 y 8.III) del CTB:y 35 de la Ley N° 2341. 

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Explicó también, que varias facturas de material de construcción adquiridas por la refacción y mantenimiento de ambientes donde desarrolla su actividad de hospedaje fueron considerados por la Administración Tributaria como gasto no deducible, por no estar vinculados a su actividad, sin tomar en cuenta lo previsto en los arts. 47 de la Ley N° 843 y art. 7 del DS N° 24051, que establecen que son admisibles todos los gastos que cumplan con la condición de ser necesarios para la obtención de la utilidad gravada y la conservación de la fuente, por lo que se contravino el art. 16 inciso m) de la Ley N° 2341. 

En la subsanación del recurso de alzada, señaló que la Administración Tributaria, no consideró que ante el incumplimiento del contrato de refacción, construcción y remodelación de su hostal bajo la modalidad de obra vendida, contrató albañiles y personal independiente para la conclusión de las obras, gastando en mano de obra y en la compra de materiales de construcción, por lo que presentó facturas válidas como descargo, hecho no considerado por el SIN, por el sólo argumento de que el contrato señala la modalidad de “obra vendida“; asimismo, saló, que no consideró el proceso judicial contra las personas que incumplieron el contrato, vulnerando de esta forma el principio de verdad material. 

Por otra parte, en la subsanación del recurso de alzada, manifestó que el SIN depuro facturas con el sólo argumento de que tienen domicilio inexistente, sin considerar el hecho de que los proveedores pudieron cambiar de domicilio, además de que las facturas presentadas en su descargo son originales y no falsas o clonadas, vulnerando el principio de verdad material por un aspecto formal. 

Por lo expuesto, solicitó revocar totalmente la Resolución Determinativa N° 17-000231-15 de 5 de mayo de 2015 

III. AUTO DE ADMISIÓN. 

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Inicialmente el recurso planteado fue observado por incumplimiento del art. 198 inc. e) del CTB. Subsanada la observación, mediante Auto de 23 de junio de 2015, se admitió el recurso y se dispuso notificar a la Administración Tributaria para que en el plazo de quince días, conteste y remita todos los antecedentes administrativos y los elementos probatorios relacionados con la resolución impugnada, todo en aplicación del art. 218. c) del CTB. Auto notificado a la entidad recurrida el 26 de junio de 2015, conforme diligencia de notificación cursante a foja 26 de obrados. 

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  1. RESPUESTA. 

Dentro del término establecido en el art. 218.c) del CTB, el 13 de julio de 2015, el Lic. Grover Castelo Miranda, se apersonó acreditando su condición de Gerente Distrital Chuquisaca del SIN, con la copia legalizada de la Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0319-15 de 26 de junio de 2015, quien respondió negativamente al recurso formulado, señalando qu 

endió con diligencia la solicitud, entregándose fotocopias de los papeles de trabajo dentro de los 5 días hábiles, según lo establecido en el art. 4.2 del CTB, que señala como días hábiles administrativos los que no exceden de 10 dias, por lo que no corresponde la aplicación del art. 24 de la Ley N° 2341, citado por el recurrente, toda vez que el plazo establecido en éste refiere al desglose de documentos. Asimismo, señaló que no se advierte de que forma se perjudicó al recurrente, ya que dentro del plazo de los 30 días que establece la Vista de Cargo, presentó descargos, no existiendo por lo tanto vulneración a su derecho a la defensa. 

También, indicó, que se corrigió el error en el cálculo de la actualización, aplicando los tipos de cambio de las UFV’s a la fecha de los hechos generadores, de acuerdo al art. 31 de la Ley N° 2341, no existiendo por tanto causal de nulidad como señala el recurrente. Asimismo, señaló que se respetó los arts. 6 y 8.III del CTB y 122 de la CPE, citados por el recurrente, por lo que no se advierte de que forma se habrían vulnerado los mismos, ya que en ningún momento se crearon nuevos tributos o nuevos tipos contravencionales, y que la determinación de la deuda tributaria es correcta basada en la Ley, por lo que no corresponde la aplicación del art. 16 de la Ley 2341. 

Por otra parte, manifestó que de la documentación presentada por el contribuyente, revisión de facturas de compras, cruces de información con terceros y reportes remitidos por proveedores, se establecieron gastos no deducibles para la determinación del UE por no estar vinculadas con la actividad gravada ni ser gastos necesarios para la obtención y conservación de la fuente; por inexistencia de hecho generador una vez verificados proveedores con domicilio ylo actividad inexistente y por gastos de mantenimiento y refacción, cuyo inmueble no se encuentra registrado a nombre del contribuyente, ni figura en sus Estados Financieros. 

En relación a los gastos de refrigerio y alimentación, señaló que no se encuentran vinculados con la actividad gravada, ya que los productos no fueron puestos a la venta,

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además que el contribuyente tampoco demostró que ofrece ese tipo de servicios a sus huéspedes; asimismo, señaló que los proveedores “Importadora y Exportadora COIMEX”, no tuvieron actividad en los periodos fiscalizados. 

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Sobre los gastos de comunicaciones, señaló que no son computables para el IUE, porque 

las líneas telefónicas y móviles, no se encuentran registradas en sus Estados Financieros. 

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En cuanto a los gastos de “refacción y mantenimiento”, señaló que no son computables para el IUE porque el inmueble . utilizado no se encuentra registrado en los Estados Financieros ni a nombre del contribuyente, y por no contar con respaldo de notas fiscales o la retención correspondiente, conforme señalan los arts. 3 inc. c), 15 y 26 inc. a) del D.S. No 24051 y 39 de la Ley 843. Respecto a las compras de materiales de construcción de los proveedores “Importadora TORRES” y “SIMETRÍA IMPORT EXPORT, señaló que los 

se realizaron porque los proveedores nunca tuvieron actividad económica Igualmente, refirió que el recurrente mediante nota manifestó que inicialmente se hizo cargo de la construcción, bajo la modalidad de “obra vendida” Bruno Huarita Llanos, quién según documentación que cursa en expediente no cumplió el contrato, ejecutando sólo una parte durante el mes de marzo hasta principios de julio de 2010, por lo que todos los gastos, incluidos el material corrió por cuenta de éste. 

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También, señaló que los gastos por “Combustibles y Lubricantes”, “Refacción y Mantenimiento de Vehículos”, “Seguros” y “Depreciación Vehiculos” son no deducibles para el cómputo del IVE, porque el vehículo señalado en el Balance General no se encuentra registrado a nombre del contribuyente como propietario, según el RUA presentado. 

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Asimismo, señaló que se verificaron pasajes a nombre de terceras personas y no a nombre del contribuyente. Respecto al “Botiquín”, señaló que esos gastos están relacionados con órdenes de servicio de atención en hospital a nombre de una tercera persona, además que existen fármacos que no forman parte del botiquín, y sobre los gastos administrativos, señaló que se verificó facturas por emisión de certificados de nacimiento; considerándose gastos no deducibles para el IVE, por no encontrarse vinculados con la actividad gravada. 

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En cuanto a los gastos de depreciación de “Muebles y Enseres” relacionados con la adquisición de activos según facturas N° 198 y 200 de enero de 2011 del proveedor IMPORTADORA SEMPERTEQUI, señaló que son gastos no deducibles para IUE y en 

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relación a los Activos Fijos “Muebles Enseres y Equipos de Computación”, registrados en el periodo enero 2012, refirió que no cuentan con documentación suficiente para demostrar su adquisición y/o incorporación, determinándose como gasto no deducible para el IVE sus respectivas depreciaciones. 

Manifesto, que el recurrente no demostró que los gastos sean necesarios para la obtención de la utilidad gravada, al contrario involucró gastos personales, incumpliendo el art. 47 de la Ley N° 843; asimismo, señaló que de acuerdo al art. 232 de la CPE -que establece que la administración pública se rige por los principios de legalidad, interés social, transparencia, responsabilidad y resultado- todo gasto calificado como no deducible se encuentra ampliamente explicado y respaldado con normativa tributaria vigente y de cumplimiento 

obligatorio 

Por último, señaló que las pruebas presentadas por el recurrente en el proceso de fiscalización, demuestran que los gastos observados por la Administración Tributaria, no se encuentran vinculadas a su la actividad gravada. Al respecto, citó los Recursos Jerárquicos AGIT-RJ-127/2006, AGIT-RJ-814/2012 Y AGIT-RJ-0234/2015. También señaló que para el labrado de las Actas Contravencionales, se procedió de acuerdo a lo establecido en los arts. 6 y 35 del DS 24051. 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa N° 17-000231-15 de 5 de mayo de 2015. 

  1. V. FASE PROBATORIA. 

En aplicación de lo previsto en el inc. d) del artículo 218 del CTB, mediante Auto de 14 de julio de 2015, que cursa a foja 34 de obrados, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de 20 días, procediéndose a su notificación el 15 de julio de 2015, conforme consta por las diligencias de fs. 35 y 36 de obrados. 

Durante el término probatorio, el 27 de julio de 2015, la Administración Tributaria presentó memorial de ratificación de la prueba documental adjuntada en la respuesta, así como los fundamentos legales expuestos en ella. Señaló que dicha prueba, demuestra el incumplimiento por parte del contribuyente a sus obligaciones provocando la emisión de la Resolución Determinativa N° 17-000231-15 de 5 de mayo de 2015 y que dicha resolución se encuentra enmarcada en la normativa vigente, respetándose los 

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derechos del ahora recurrente. Por su parte, mediante memorial de 4 agosto de 2015, el recurrente presentó memorial ratificándose en toda la prueba cursante en el expediente del que emerge la resolución ahora impugnada. 

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ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA DE CHUQUISACA. 

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La Autoridad Regional de impugnación Tributaria de Chuquisaca, en mérito a lo dispuesto en el art. 141 del DS N° 29894 -con vigencia a partir del 1 de abril de 2009- tiene la facultad 

y competencia para conocer y resolver el presente Recurso de Alzada, de acuerdo a la Disposición Transitoria Segunda del CTB, debido a que el procedimiento administrativo de impugnación contra la Resolución Determinativa N° 17-000231-15 de 5 de mayo de 2015, fue iniciado el 28 de mayo de 2015, conforme consta por el cargo de recepción, cursante a foja 18 de obrados. 

Por Proveído de 9 de septiembre de 2015, esta instancia recursiva, de conformidad a las facultades conferidas en el art. 140.a) del CTB y Principio de Oficialidad o de Impulso de Oficio, reconocido por el art. 200.1 del mismo cuerpo legal, requirió al contribuyente la presentación del documento público que acredite la propiedad o alquiler del inmueble, así como los documentos de remodelación aprobados por la dependencia técnica del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre donde funciona su actividad comercial. Solicitud que no fue atendida por el recurrente, quien mediante memorial de 16 de septiembre de 2015, únicamente adjuntó fotocopia simple de un Documento Privado de Constitución de Usufructo (foja 51 de obrados). 

Realizado el cómputo de plazos, se tiene que el término de los cuarenta (40) días para la emişión de la Resolución del Recurso de Alzada, conforme dispone el art. 210.III del CTB, vencía el 14 de septiembre de 2015; sin embargo, conforme al Auto de 10 de septiembre de 2015, el referido plazo fue ampliado por 40 días adicionales en aplicación de lo previsto por el art. 210.0|1 del CTB, por lo que, el nuevo plazo de vencimiento para la emisión de la Resolución de Recurso de Alzada, vence el 26 de octubre de 2015 (foja 48 de obrados). 

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VII. RELACIÓN DE HECHOS. 

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De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes, se tiene la siguiente relación d

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El 30 de enero de 2014, la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, notificó de forma personal a Alfredo Gamón Oña, Titular del NIT 1051182015, con la Orden de Verificación N° 13100200003 de 10 de diciembre de 2013, a objeto de verificar los hechos y elementos correspondientes al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas por las gestiones fiscales 2010, 2011 y 2012. Asimismo, mediante Requerimiento de Documentación F-4003 N° 14100900001 de 29 de enero de 2014, requirió al contribuyente la siguiente documentación: . Declaraciones Juradas del UE, extractos bancarios, comprobantes de ingresos, comprobantes de egreso, inventarios, Estados Financieros, Libros Diarios y Libros Mayores de Contabilidad (fs. 4 a 6 del CA N° 1 del SIN). 

El 3 de febrero de 2014, el contribuyente solicitó plazo adicional para la presentación de la documentación requerida, que fue aceptada por el SIN, mediante Proveido No 1014TA00004 de 5 de febrero de 2014. Documentación requerida que fue presentada en el plazo, según consta en Acta de Recepción y Devolución de documentos de 10 de febrero de 2014, señalando mediante nota que su empresa unipersonal pertenecía al rubro de servicios y no al comercial, por lo que no disponía de inventarios, ni de cuentas bancarias a su nombre (fs. 13 a 16 y 19 del CA N° 1 del SIN). 

El 18 de junio de 2014, la Administración Tributaria, a través de nota CITE:SIN/GDCH/DF/NOT/00661/2014, solicitó al contribuyente, documentación complementaria: Facturas de compras IVA, talonario de facturas de ventas IVA, libros de compras y ventas IVA, contratos de obras de construcción, reparación y mantenimiento, contratos de alquileres, reportes diarios de servicios prestados de hospedaje, planillas de ingresos y salidas de clientes y documentos que respalden los importes declarados como ingresos en las gestiones revisadas (foja 55 del CA No 1 del 

SIN). 

El 24 de junio de 2014, el contribuyente solicitó plazo adicional para la presentación de 

la documentación requerida, aceptada por el SIN, mediante Proveido N° 1014TA00135 de 25 de junio de 2014. A fs. 61 a 138 del CA No 1 del SIN, por nota de 1 de julio de 2014, el contribuyente presentó la documentación requerida. 

El 28 de octubre de 2014, la Administración Tributaria, a través de nota CITE:SIN/GDCH/DF/NOT/01243/2014, requirió a Bruno Huarita Llanos, información relacionada con la emisión de la factura No 1, emitida a nombre de Alfredo Gamón. Documentación presentada el 31 de octubre de 2014 (fs. 139 a 146 del CA N° 1 del SIN). 

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El 28 de enero de 2015, la Administración Tributaria labró Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nros. 114212 y 114213, por incumplimiento al deber formal de elaboración de Estados Financieros, en la forma establecida en norma específica (Los Estados Financieros de la gestión 2011 y 2012 no se elaboraron de forma comparativa con la gestión 2010 y 2011 respectivamente), contraviniendo el art. 6 del D.S. N° 24051 y Norma de Contabilidad N° 11; sancionado con una multa de UFV’s 1.250 según numeral 3, subnumeral 3.9 del Anexo A), del art. 4 de la RND 10-003707 (fs. 17 y 18 del CA N° 1 del SIN). 

El 5 de febrero de 2015, la Administración Tributaria, notificó de forma personal al contribuyente, con la vista de Cargo N° SIN/GDCH/DF/13100200003/VC/00004/2015, de 29 de enero de 2015, que liquido preliminarmente una deuda tributaria de UFV’s 24.616 (Veinticuatro mil seiscientas dieciséis Unidades de Fomento a la Vivienda), correspondiente al Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) de las gestiones 2010, 2011 y 2012, monto que comprende el tributo omitido, interés e incumplimientos a Deberes Formales; calificando su conducta preliminarmente como omisión de pago con una sanción de UVF’s 18.050 (Dieciocho mil cincuenta Unidades de Fomento a la Vivienda) y otorgando al contribuyente el plazo de 30 días para la presentación de descargos, conforme al art. 98 del CTB (fs. 1884 a 1898 del CA N° 10 del SIN). 

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El 5 de febrero de 2015, el contribuyente, solicitó a la Administración Tributaria los Papeles de Trabajo de respaldo a la vista de Cargo No 004/2015. Solicitud atendida por la Administración Tributaria el 12 de febrero de 2015, mediante nota CITE:SIN/GDCH/DF/NOT/00148/2015 (fs. 1909 y 1910 del CA No 10 del SIN). 

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El 9 de marzo de 2015, durante el término probatorio otorgado en la vista de Cargo 004/2015, Alfredo Gamón Oña, formuló descargos a los reparos determinados, señalando que la Administración Tributaria utilizó incorrectamente la cotización de las UFV’s en la reexpresión de ingresos, por lo que la determinación del UE, contendría errores materiales de consideración. Por otra parte, manifestó que varias facturas descargadas por su persona, entre ellas por gastos de refacción y mantenimiento de ambientes donde desarrolla su actividad fueron consideradas por la Administración Tributaria como gastos no deducibles por no estar vinculadas a la actividad gravada, ni ser gastos necesarios para la obtención y conservación de la fuente, sin considerar lo dispuesto en el art. 47 de la Ley 843. Señaló, que también se le depuro facturas bajo el 

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argumento de que el domicilio del proveedor de los materiales para la refacción y mantenimiento del hostal sería inexistente; sin embargo, esas facturas serían válidas, ya que cumplen lo dispuesto en parágrafo 1 del art. 41 de la RND 10.0016, por lo que la Administración Tributaria no consideró los principios de verdad material y buena fe, establecidos en el art. 4 de la de la Ley 2341, vulnerando sus derechos contemplados en el art. 16 inc. m) de la citada ley. También, indicó que se le labró dos actas contravencionales porque los Estados Financieros de las gestiones 2011 y 2012, no se elaboraron de forma comparativa, situación totalmente falsa. Finalmente, señaló, que recién el 12 de febrero de 2015, la Administración Tributaria le entregó los Papeles de Trabajo solicitados el 5 de febrero de 2015; es decir, siete días después de su solicitud, contraviniendo los arts. 16.k), 18.1 y 24 de la Ley N° 2341. 

Descargos aceptados parcialmente por la Administración Tributaria, respecto al cálculo de la reexpresión de ingresos y comunicados al contribuyente mediante nota CITE:SIN/GDCH/DJCC/UTJ/NOT/00832/2015 de 21 de abril de 2015 (fs. 1913 a 1995 del CA N° 10 SIN). 

El 8 de mayo de 2015, la Administración Tributaria notificó de forma cedularia a Alfredo Gamón Oña, con la Resolución Determinativa N° 17-000231-15 de 5 de mayo de 2015, que determinó de oficio y sobre base cierta, deuda tributaria por concepto de Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), por los gestiones fiscales 2010, 2011 y 2012 de UFV’s 25.536, monto que comprende tributo omitido, intereses e incumplimientos a deberes formales; adicionalmente sancionó su conducta por Omisión de Pago con una multa equivalente al 100% del tributo omitido cuyo importe asciende a UFV’s 18.050 en aplicación del art. 165 del CTB. (fs. 2031 a 2049 del CA No 10 del SIN). 

VIII. MARCO LEGAL. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. 

Artículo 24.– Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario 

Artículo 115.- II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

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CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO

Artículo 66.- (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

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1.- Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 2. Determinación de tributos; 3. Recaudación; 4. Cálculo de la Deuda Tributaria (…

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Artículo 68.- (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en 

los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al re correspondiente Resolución, 

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Artículo 70.- (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: (…

  1. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas (…) 

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  1. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas tributarias que oportunamente no las hubiera determinado y cobrado. Artículo 76.- (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

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sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 98.- (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los descargos que estime conveniente. 

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Artículo 217.- (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

LEY No 2341, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 

Artículo 16.- (Derechos de las personas). En su relación con la Administración Pública personas tienen los siguientes derechos: 

  1. a) A formular peticiones ante la Administración Pública, individual o colectivamente; b) A iniciar el procedimiento como titular de derechos subjetivos e intereses legítimos; c) A participar en un procedimiento ya iniciado cuando afecte sus derechos subjetivos e intereses legítimos; d) A conocer el estado del procedimiento en que sea parte; e) A formular alegaciones y presentar pruebas; f) A no presentar documentos que estuviesen en poder de la entidad pública actuante; g) A que se rectifiquen los errores que obren en registros o documentos públicos, mediante la aportación de los elementos que correspondan; h) A obtener una respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes que formulen; i) A exigir que las actuaciones se realicen dentro de los términos y plazos del procedimiento; j) A obtener certificados y copias de los documentos que estén en poder de la Administración Pública, con las excepciones que se establezcan expresamente por ley o disposiciones reglamentarias especiales; k) A acceder a registros y archivos administrativos en la forma establecida por ley; 1) A ser tratados con dignidad, respeto, igualdad y sin discriminación; y, m) A exigir que la autoridad y servidores públicos actúen con responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. 

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Chuquisaca 

Artículo 24.- (Desglose). El desglose de documentos deberá ser solicitado por escrito, debiendo la autoridad administrativa o el servidor público proceder al mismo en el plazo máximo de tres (3) dias, dejando copia de ellos en el expediente. 

LEY No 843 (TEXTO ORDENADO. 

Artículo 47.- La utilidad neta imponible será la resultante de deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios para su obtención y conservación de la fuente. De tal modo, a los fines de la determinación de la utilidad neta sujeta a impuesto, como principio general, se admitirán como deducibles todos aquellos gastos que cumplan la condición de ser necesarios para la obtención de utilidad gravada y la conservación de la fuente que la genera, incluyendo los aportes obligatorios a organismos reguladores – supervisores, las previsiones para beneficios sociales y los tributos nacionales y municipales que el reglamento disponga como pertinentes (…) 

CODIGO CIVIL. 

DEL DOCUMENTO PRIVADO 

Artículo 1297.- (Eficacia del documento privado reconocido). El documento privado reconocido por la persona a quien se opone o declarado por la ley como reconocido, hace entre los otorgantes y sus herederos y causa-habientes, la misma fe que un documento público respecto a la verdad de sus declaraciones. 

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DS No 24051, REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS 

EMPRESAS. 

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Artículo 8.- (Regla General). Dentro del concepto de gastos necesarios definido por la Ley como principio general y ratificado en el artículo precedente, se consideran comprendidos todos aquellos gastos realizados, tanto en el país como en el exterior, a condición de que estén vinculados con la actividad gravada y respaldados con documentos originales. 

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REGISTROS Y OPERACIONES CONTABLES. Artículo 35.- (Normas Generales). Los sujetos obligados a llevar registros contables, definidos en el inciso a) del Artículo 3o del presente reglamento, deberán llevarlos cumpliendo, en cuanto a su número y a los requisitos que deben observarse para su llenado, las disposiciones contenidas sobre la materia en el Código de Comercio para determinar los resultados de su movimiento financiero-contable imputables al año fiscal. Los estados financieros deben ser elaborados de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y convalidados para efectos tributarios de acuerdo a lo establecido en el Artículo 48° de este reglamento (…) 

  1. IX

FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS. 

La Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, por Resolución Determinativa N° 17-000231-15 de 5 de mayo de 2015, determinó en contra de Alfredo Gamón Oña, una deuda tributaria por Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de UFV’S 25.536 (Veinticinco mil quinientas treinta y seis Unidades de Fomento a la Vivienda) por las gestiones fiscales 2010, 2011 y 2012, monto que comprende tributo omitido, interés e incumplimientos a deberes formales; adicionalmente estableció sanción por omisión de pago de 18.050 (Dieciocho mil cincuenta Unidades de Fomento a la Vivienda) en aplicación del art. 165 del CTB. 

El recurrente, en su recurso de alzada planteó los siguientes argumentos: 1. Vulneración del derecho a la defensa, por entrega tardía de papeles de trabajo solicitados; 2. Errores en la determinación del Tributo Omitido; y, 3. Costos y gastos considerados no deducibles para el IUE: a) Gastos por compra de materiales e insumos de construcción y b) Por supuesta actividad inexistente del proveedor, por lo que, en principio se revisaran aspectos de forma, con el fin de establecer la existencia o no de vicios y, sólo en caso de no ser evidentes se procederá a la revisión y análisis correspondiente de los argumentos de fondo. 

9.1. Respecto a la Vulneración del derecho a la defensa por entrega tardía de papeles de 

trabajo. 

El recurrente, señaló que solicitó a la Administración Tributaria los papeles de trabajo de la Vista de Cargo SIN/GDCH/DF/13100200003/C/00004/2015, para preparar sus descargos y hacer valer sus derechos; sin embargo, la Administración Tributaria le entregó la 

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documentación después de 10 días, contraviniendo lo establecido en el art. 24 de la Ley N° 2341 (LPA); situación, que le ocasionó indefensión por que no tuvo el tiempo necesario para preparar sus descargos. 

Por su parte, la Administración Tributaria, señaló que atendió con diligencia la solicitud ya que entregó los papeles de trabajo dentro de los 5 días hábiles, según lo establecido en el art. 4.2 del CTB, que señala como dias hábiles administrativos los que no exceden de 10 dias, por lo que no corresponde la aplicación del art. 24 de la Ley N° 2341, cita recurrente, toda vez que el plazo establecido en este refiere al desglose de documentos. Asimismo, señaló que no se advierte de que forma se perjudicó al recurrente, ya que dentro del plazo de los 30 días que establece la Vista de Cargo, presentó descargos, no existiendo por lo tanto, vulneración a su derecho a la defensa. 

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En el análisis del caso, es necesario tomar en cuenta que la doctrina administrativa considera, que toda persona individual o colectiva tiene derecho a la petición, puesto que la libertad de petición es esencial en el Estado democrático y consiste en el reconocimiento de las facultades de todos los habitantes de un país para dirigirse a la autoridades públicas, a fin de reclamar u observar alguna cosa incumbente a ellas, además de ser un derecho constitucionalmente reconocido “Manuel Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”. 

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Por su parte, el Tribunal Constitucional, estableció que el derecho de petición es lesionado por falta de respuesta fundamentada de parte de la autoridad a la que se realizó dicha petición, por lo que en la SC 0176/2003-R, de 17 de febrero de 2003, entre otras, expresa que: “…ese derecho se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita ni la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones por las suales no se la acepta, o dando curso a la misma, con motivos sustentados legalmente o de manera razonable, sin que pueda tenerse por violado el derecho de petición, al darse una respuesta negativa en forma motivada, pues el derecho de petición en su sentido esencial no implica necesariamente una respuesta positiva, sino una respuesta oportuna y emitida en el término legal, además de motivada. Así lo ha reconocido la uniforme jurisprudencia constitucional...” (las negrillas son nuestras). 

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El art. 24 de la CPE, establece que “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral y escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta”. Dentro del mismo cuerpo legal, el art. 115.11, garantiza el derecho al debido proceso. Por otra parte, el art. 68 numerales 2, 6 y 7 del CTB, establece como derechos del sujeto pasivo, a que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos de esta Ley y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos, el derecho al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen. En concordancia a la normativa referida, los arts. 16.a) de la Ley N° 2341 y 4 del DS No 27113, aplicables por disposición del art. 201 del CTB, señalan que la petición es un derecho de los ciudadanos y compromete a la administración pública a dar una respuesta oportuna y pertinente. 

En virtud a lo referido, es necesario precisar que el vicio denunciado por el que se solicita nulidad del acto impugnado, debe encontrarse previsto en un texto legal vigente, que el vicio sea actual, y que el mismo cause una real y efectiva vulneración del derecho de defensa; caso contrario, si la finalidad del acto fue alcanzada, es decir, si no se hubiese ocasionado indefensión y si la nulidad no es trascendente”, no procede la nulidad. 

Por otra parte, el art. 98 del CTB, dispone que una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30 días) para formular y presentar los descargos que estime conveniente. 

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 5 de febrero de 2015, la Administración Tributaria, notificó de forma personal a Alfredo Gamón Oña, con la vista de Cargo N° SIN/GDCH/DF/13100200003/VC/00004/2015, otorgando el plazo de 30 días para la presentación de descargos, conforme al art. 98 del CTB. Luego, el contribuyente, en la misma fecha (5 de febrero de 2015), apoyado en los arts, 16.k); 18.1 y 24 de la Ley N° 2341, solicitó a la Administración Tributaria fotocopias de Papeles de Trabajo y la documentación que respaldaba el trabajo realizado por el fiscalizador (foja 1909 del CA No 10 del SIN). Solicitud atendida por la Administración Tributaria, el 12 de febrero de 2015, mediante nota 

CITE:SIN/GDCH/DF/NOT/00148/2015, que cursa a foja 1910 del referido Cuadernillo. 

De lo expuesto se evidencia que la solicitud efectuada por el contribuyente se referia a fotocopias de papeles de trabajo y demás documentos que respaldan la Vista de Cargo No 

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REGIONAL AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA | st: 1170 Plurinat lung: de Bolivia Chuquisaca 

04/2015. En ese sentido, no correspondía desglose alguno, por cuanto no se trataba de documentos que hubiesen sido presentados por él. Consiguientemente, la invocación del art. 24 de la Ley N° 2341, es impertinente. 

Por otra parte, se evidencia que la Administración Tributaria atendió la solicitud del recurrente dentro de los cinco días hábiles de recibida la misma, entregando copia de los papeles de trabajo que respaldan la vista de Cargo; no siendo evidente la demora aducida por el recurrente: por lo que no se lesionó el derecho a la defens 

este, tuvo tiempo suficiente para formular descargos o presentar observaciones a la Vista de Cargo en base a la documental que le fue entregada. Tal es así que el 9 de marzo de 2015, presentó descargos respecto a la observación de facturas no vinculadas a la actividad gravada por domicilio inexistente de los proveedores y sobre la existencia de errores en la determinación del tributo omitido por incorrecta aplicación de las cotizaciones de las UFV’s; que fueron considerados parcialmente válidos por la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa ahora impugnada; 

consecuentemente, no es evidente la aducida indefensión, 

9.2. Errores en la determinación del Tributo Omitido. 

… 

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El recurrente, señaló que el trabajo realizado por el SIN, adolece de objetividad para demostrar los reparos de manera clara y precisa, conforme lo dispuesto en el art. 95 del CTB, porque el “Cuadro Impuesto/Tributo Omitido, MIDFs y Fundamentos Legales del Cargo” no especifica correctamente el valor del tributo omitido por error en la UFV del vencimiento del periodo diciembre 2010, ya que tomó la cotización del 18/01/2010. 

Por su parte, la Administración Tributaria, señaló que en aplicación del art. 31 de la Ley N° 2341 corrigió el error en el cálculo de la actualización, aplicando los tipos de cambio de las UFV’s a la fecha de los hechos generadores, no existiendo por tanto, causal de nulidad como señala el recurrente. 

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De la revisión y compulsa de antecedentes, se evidencia que en la Vista de Cargo No SIN/GDCH/DF/13100200003NC/00004/2015, de 29 de enero de 2015, la Administración Tributaria en el “Cuadro de Impuesto/Tributo Omitido y Fundamentos Legales de Cargo”, expone el importe de Tributo Omitido, por el impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 2010, de UFV 2.528.- calculado a la fecha d

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vencimiento (03/05/2011), utilizando la cotización de la UFV 1,60997, como se muestra a continuación: 

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Vencimiento (Bs.) 4,069.201 03/05/2011 

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De igual forma la Resolución Determinativa N° 17-000231-15, establece un nuevo “Estado de Resultados” según fiscalización de la gestión 2010, después de descargos a la Vista de Cargo, determinando Utilidad Imponible y un impuesto omitido a favor del Fisco de Bs4.069,20, equivalente a UFV’s 2.528, de acuerdo a la cotización de la UFV’s 1,60997 a la fecha de vencimiento del impuesto (03/05/2011). 

En este sentido la Resolución Determinativa impugnada, expone correctamente el valor del Tributo Omitido de la gestión 2010, actualizado a la cotización de la UFV de 03/05/2011; no siendo evidente que se haya utilizado al valor de la cotización de la UFV del 18/01/2010, como erróneamente reclama el recurrente. 

9.3 Costos y gastos considerados no deducibles para el IVE. 

La Resolución Determinativa N° 17-000232-15 de 5 de mayo de 2015, determinó la base imponible del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) de las gestiones fiscales 2010, 2011 y 2012, por los siguientes conceptos: Gastos por refrigerio y alimentación; gastos por comunicaciones gastos por refacción y mantenimiento inmuebles; combustibles y lubricantes; refacción y mantenimiento vehiculos; seguros; depreciación vehículos; pasajes; botiquín; gastos administrativos; impuesto a las transacciones; depreciación muebles y enseres. El recurrente, planteó su recurso de alzada observando las diferencias determinadas por el concepto Gastos de Refacción y Mantenimiento de 

Inmuebles. 

9.3.1 Gastos de refacción y mantenimiento de inmuebles. El recurrente, señaló que varias facturas de material de construcción adquirido para la refacción y mantenimiento de ambientes donde desarrolla su actividad de hospedaje fueron considerados por la Administración Tributaria como gasto no deducible, por no estar vinculados a su actividad, sin tomar en cuenta lo previsto en los arts. 47 de la Ley N° 843 y art. 7 del DS No 24051, que establecen que son admisibles todos los gastos que cumplan 

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  • REGIONAL AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA titudo Plurinaconul de Bolivia Chuquisaca 

con la condición de ser necesarios para la obtención de la utilidad gravada y la conservación de la fuente, por lo que se contravino el art. 16 inciso m) de la Ley N° 2341. En la subsanación del recurso de alzada, saló que la Administración Tributaria, no consideró que ante el incumplimiento del contrato de refacción, construcción y remodelación de su hostal bajo la modalidad de obra vendida, contrató albañiles y personal independiente para la conclusión de las obras, gastando en mano de obra y en la compra de materiales de construcción, por lo que presentó facturas válidas como descargo, hecho no considerado por el SIN, por el sólo argumento de que el contrato señala la modalidad de “obra vendida”; asimismo, señaló, que no consideró el proceso judicial contra las personas 

que incumplieron el contrato, vulnerando de esta forma el principio de verdad material. 

Por su parte, la Administración Tributaria señaló que los gastos de “refacción y mantenimiento”, no son computables para el IUE porque el inmueble utilizado no se encuentra registrado en los Estados Financieros ni a nombre del contribuyente, y por no contar con respaldo de notas fiscales o la retención correspondiente, conforme señalan los arts. 3 inc. c), 15 y 26 inc. a) del D.S. N° 24051 y 39 de la Ley 843. 

Al respecto, Ricardo Fenochietto, señala que “… los principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de un gasto en el impuesto a las ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el IVA está condicionado a la existencia real de una operación que en principio se encuentre respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable que pretende hacer valer los mismos la prueba de dicha existencia cuando ello esté en duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco… Para ello no alcanza con cumplir con las formalidades que requieren las normas, requisito necesario pero no suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá probar que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba procesal (libros contables, inventarios, que la operación se ha pagado y a quién, particularmente si se utilizan medios de pago requeridos, como cheque propio transferencias bancarias de los que queda constancia en registros de terceros)… En definitiva demostrar la veracidad de la operación”. (FENOCHIETTO Ricardo, El Impuesto al Valor Agregado, Edición 2, Editorial La Ley, Buenos Aires – Argentina, 2007, Págs. 629-630). 

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En relación al tema, el art. 47 de la Ley 843 (TO) señala que “La utilidad neta imponible será la resultante de deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos d

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venta) los gastos necesarios para su obtención y conservación de la fuente. De tal modo, a los fines de la determinación de la utilidad neta sujeta a impuesto, como principio general, se admitirán como deducibles todos aquellos gastos que cumplan la condición de ser necesarios para la obtención de utilidad gravada y la conservación de la fuente que la genera, (...)”as negrillas son nuestras). 

Asimismo, el art. 8 y 35 del DS No 24051 reglamentan que son considerados “Gastos Necesarios“, aquellos que han sido realizados, a condición de estar vinculados con la actividad gravada y respaldados con documentos originales; y que los registros contables de las empresas deben ser elaborados de acuerdo a las normas contenidas en el Código de Comercio y los Estados Financieros deben ser elaborados de acuerdo a Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

Por otra parte el art. 26 del DS 24051, referido a la depreciación de inmuebles, sala: * a) Los documentos de compra o transferencia de inmuebles, además de estar debidamente contabilizados, deberán estar a nombre de la empresa, caso contrario no serán deducibles las depreciaciones pertinentes ni tampoco serán computables los gastos de mantenimiento”. 

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De igual manera debe tenerse en cuenta que conforme la normativa tributaria, se ha establecido tres condiciones generales que deben cumplir los costos y gastos para ser considerados necesarios para la conservación de la fuente y por tanto deducibles de la base imponible del QUE, la primera es que los gastos hayan sido “realizados”; la segunda, que los gastos se encuentren “vinculados” con la actividad gravada; y la tercera, que se encuentren respaldados con “documentos originales”; condiciones cuyo cumplimiento debe demostrarse a través de documentación original que acredite la realización de las transacciones. 

De lo mencionado, está claro que el tema en discusión en el presente caso es establecer si los gastos por refacción y mantenimiento cumplen con los requisitos señalados precedentemente, a efectos de ser considerados gastos deducibles en la determinación del 

IUE. 

..… 

De la revisión de la Vista de Cargo 0004/2015 de 29 de enero de 2015, se tiene que los gastos por “Refacción y Mantenimiento” en la gestión 2010 eran de Bs69.512.33; en la 

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gestión 2011 Bs 105.914,50 y en la gestión 2012 B$28.667,81, considerados gastos no deducibles, debido a que los inmuebles utilizados no se encuentran registrados en los Estados Financieros ni se encuentran registrados a nombre del contribuyente, de acuerdo a lo establecido en el art. 26 inc. a) del DS No 24051 “Depreciación de Inmuebles)... además de estar debidamente contabilizados, deben estar a nombre de la empresa, caso contrario no serán deducibles las depreciaciones pertinentesini tampoco serán computables los gastos de mantenimiento, asimismo, porque no cuentan con la retención correspondiente de acuerdo lo establecido por los arts. 3 inc.c) y 15 del citado decreto. 

De antecedentes, se evidencia que el contribuyente, en respuesta al requerimiento de la Administración Tributaria contenido en nota 661/2014 de aclaración del uso y destino de los materiales de construcción, presentó, adjunto a la carta de 1 de julio de 2014, un Documento Privado de Contrato de Obra Vendida, suscrito con el contratista Bruno Huarita Llanos y Viviana Emilia Zeballos Saavedra, para realizar trabajos de construcción en el segundo y tercer patio del inmueble ubicado en la calle Loa No 449, especificando que la construcción sería en el segundo patio, habitaciones en planta baja, primer y segundo piso y en el tercer patio la construcción de dos departamentos pequeños para uso personal y 

miliar; y que los ambientes objeto de restauración, remodelación y en parte construcción fue en el primer patio del inmueble; asimismo, explicó que debido al incumplimiento del contrato y ejecución de las obras inició un proceso judicial por ejercicio ilegal de la profesión, estafa y falsedad ideológica, procediendo a contratar los servicios de Jorge Ovando Choque, para la refacción y restauración de los ambientes del primer patio, quien tampoco concluyó el trabajo, razón por la que después de un año y medio contrató albañiles independientes y electricistas para que concluyan las obras de construcción y remodelación de los ambientes citados precedentemente (fs. 61 y 77 a 79 del Cuadernillo N° 1 SIN). 

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Al respecto, la Resolución Determinativa N° 17-000231-2015, señala en relación a los gastos de mantenimiento y reparación en el inmueble ubicado en la calle Loa No 449, que el contribuyente dijo que incurrió en estos gastos; sin embargo, no se tiene ningún documento que acredite la propiedad, arrendamiento o alquiler del inmueble a nombre del contribuyente. Asimismo, que el contribuyente indicó en nota presentada el 1/07/2014 que se hizo cargo de la construcción en primera instancia Bruno Huarita Llanos, en calidad de obra vendida, quién no concluyó el trabajo, pero sí ejecutó una parte en los periodos marzo, mayo y principios de julio de 2010, contratando posteriormente a Jorge Ovando Choque, para que continúe con la obra, también en calidad de obra vendida; en base a ello concluyó 

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que todos los gastos incluidos el material corrían por cuenta del contratista, por lo que no correspondía la compra de ningún material de construcción por cuenta del contribuyente. 

Finalmente, la Administración Tributaria, el 28 de octubre de 2014, mediante nota CITE: SIN/GDCH/DF/NOT/01243/2014, solicitó a Bruno Huarita Llanos, información respecto al citado contrato; quien, por nota s/n de 31 de octubre de 2014, saló que el 26 de febrero de 2010, suscribió contrato de obra vendida para la construcción de ambientes, colocado de pisos, construcción de zapatas, columnas, vigas de encadenado y otros en el inmueble de la calle Loa No 449, por lo que la compra de todos los materiales de construcción utilizados 

fueron facturados a su nombre, iniciando los trabajos de la obra el 1 de marzo de 2010, hasta el 30 del mismo mes; y, desde el mes de mayo hasta principios del mes de julio de 2010, paralizando la obra por problemas de desembolsos de items no establecidos en el contrato. 

Ahora bien, del análisis del contrato de Obra Vendida, de 26 de febrero de 2010, se tiene que Alfredo Gamón Oña, contrató los servicios de Bruno Huarita Llanos, para la construcción, refacción y mantenimiento de ambientes en el segundo y tercer patio del inmueble ubicado en la calle Loa No 449; contrato que establecia que la ejecución de la obra se iniciaría el 1 de marzo de 2010 y concluiría el 31 de mayo de 2010; empero, de la denuncia formulada por el contribuyente ante la Fiscalía (fs.68 a 75 del CA N° 1 SIN) y la nota presentada por Bruno Huarita Llanos (fs. 140 a 141 del CA N° del SIN), se evidencia que el trabajo sólo se ejecutó en parte, todo el mes de marzo y desde mayo hasta principios de julio de 2010, periodo en el que los gastos por compras de material de construcción se entiende que corrían a cargo del contratista, aspecto conforme a los términos del contrato de obra vendida, suscrito entre partes

Asimismo, si bien el recurrente señala en la nota de 1 de julio de 2014, que ante el incumplimiento del contrato por Bruno Huarita Llanos, contrató los servicios de Jorge Ovando Choque; sin embargo, en antecedentes se evidencia que este solo efectuó la presentación de una Cotización de 8 de junio de 2010, para la Refacción, Adecuación y 

Terminación de vivienda en la Calle Loa en calidad de obra vendida; pero no consta un 

contrato que haya sido suscrito u otra documentación que evidencie las condiciones 

contractuales y el tiempo de ejecución de la supuesta obra, es decir que no existe documentación alguna que respalde la realización de alguna obra o refacción por cuenta de dicho contratista y menos una factura emitida por el mismo en constancia de la realización 

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REGIONAL AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

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de tales trabajos en la modalidad de “obra vendida” como al parecer era la intensión de contratación, es decir que no existe respaldo de la realización de una obra y peor aún que la provisión de materiales haya estado a cargo del contribuyente (foja 84 del CA No 1 del SIN). 

Por otra parte, a fs. 81 a 82 y 85 a 132, cursa el Contrato de Trabajo de Mano de Obra suscrito el 19 de mayo de 2011, por Alfredo Gamón Oña y Martha Gómez, con el contratista Esteban Flores, para la construcción de obras en el segundo y tercer patio del inmueble ubicado en la calle Loa No 449 (con una duración de 4 meses y medio, computables a partir del 19 de mayo de 2011, hasta el 5 de octubre de 2011), estableciendo que los contratantes proporcionarían los materiales de acuerdo a requerimiento del contratista y recibos de pago por anticipos semanales por el trabajo realizado; así también, se adjunta recibos de pago por el colocado de baños, trabajos de plomeria, instalación eléctrica, elaboración de barandas para gradas, cajonería para cocina en ambientes del segundo y tercer patio del inmueble. 

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De acuerdo a la cronologia emergente de la información de contratos proporcionada por el ahora recurrente, se establece que Bruno Huarita Llanos, quien resulta ser el contratista en la modalidad de obra vendida, dejó la obra en julio de 2010, facturando el servicio de obra vendida” el 5 de agosto de 2010, conforme se evidencia de la factura No 1 por el importe de 

Bs58.210. Entonces, desde julio/2010 hasta el 19 de mayo de 2011, fecha en la que se suscribió un nuevo contrato con Esteban Flores -ya no de obra vendida, sino, de mano de obra- no se demostró que se hayan ejecutado otras obras de construcción, refacción y mantenimiento del inmueble de calle Loa No 449, por lo que las supuestas compras correspondientes a materiales de construcción en los periodos agosto, noviembre y diciembre de 2010 y enero, febrero y parte de julio del 2011, carecen de respaldo respecto a la realización de alguna obra de refacción o construcción, por lo que las facturas 

correspondiente a estas compras fueron correctamente observadas por la Administración 

Tributaria, pues efectivamente no se cuenta con información fehaciente que respaide la vinculación de dichas compras a la actividad del recurrente. 

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Por otra parte, si bien el recurrente presentó el contrato de trabajo de mano de obra suscrito con Esteban Flores, por el que corria a su cargo la adquisición del material de construcción 

este por sí solo, no demuestra la realización de trabajos de construcción en el inmueble (residencial) en el que el recurrente desarrolla su actividad económica, ya que debió presentar además otros medios fehacientes de prueba, como documentos de 

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Calle Serrano N 112 entre Bolivar y 1.J. Pérez Telfs./Fax: (4)6913643 6454573. www.cit.gob.bo . Sucre, Bolivia 

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propiedad, planos de construcción o remodelación autorizados por el GAMS, que acrediten la titularidad del inmueble, o documentos que demuestren que el inmueble se le otorgó en calidad de arrendamiento, así como medios de pago (cheques, transferencias bancarias), facturas por los servicios del contratista

Adicionalmente, el art. 26 inc. a) del DS 24051 señala que los documentos de compra o transferencia de inmuebles, además de estar debidamente contabilizados, deberán estar a nombre de la empresa, caso contrario no serán deducibles las depreciaciones pertinentes ni tampoco serán computables los gastos de mantenimiento. 

Conforme esa disposición, es claro que la posibilidad de considerar gastos deducibles por mantenimiento está condicionado a que los inmuebles sobre los que se aplicarían esos gastos deben estar a nombre de la empresa, lo que supone que sean de propiedad del recurrente. 

En el presente caso, la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa, en relación al tema de la propiedad del inmueble, señala que los gastos de “Refacción y Mantenimientono son computables para el UE debido a que el inmueble utilizado no se encuentra registrado en los Estados Financieros ni se encuentran registrados a nombre del contribuyente; asimismo, a foja 181 del CA No 1 del SIN, cursa la nota CITE:SIN/GDCH/DJCC/COA/NOT/01908/2014, de 26 de agosto de 2014, en la que el Departamento Jurídico del Servicio de Impuestos Nacionales, informa al Departamento de Recaudaciones, que revisado el Sistema de Derechos Reales, el contribuyente Alfredo Gamón Oña, titular del NIT 1051182015, no tiene registrado a su nombre inmuebles (lotes, casas)

Ahora bien, esta instancia administrativa, a fin de vincular los gastos observados por la Administración Tributaria con la actividad gravada, requirió al recurrente, la presentación del documento público que acredite la propiedad o alquiler del inmueble, así como los documentos de remodelación aprobados por la dependencia técnica del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre donde funciona su actividad comercial; sin embargo éste sólo presentó en fotocopia simple Documento Privado de Constitución de Usufructo (foja 51 de obrados de obrados), suscrito entre Martha Gómez (única propietaria) y Alfredo Gamón Oña (usufructuario); documento que no reviste la exigencia prevista en el art. 1540 del Código Civil Boliviano, que establece: “(Titulos a Inscribirse) Se inscribirán en el 

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registro: 2) Los actos que constituyen, transfieren, modifican o extinguen el derecho de usufructo, y los derechos a construir y de superficie“. Consiguientemente, previo a su Registro en Derechos Reales, el usufructo imprescindiblemente debió instituirse por documento público otorgado ante Notario de Fe Pública, formalidad que hace a la validez de dicho acuerdo y que no fue acreditada ante esta instancia, por lo que no es posible vincular los gastos de “Refacción y Mantenimiento” con la actividad gravada del recurrente. Al margen de lo anteriormente señalado, el documento presentado en fotocopia simple, carece de valor probatorio por contravenir el art. 217 del CTB, que señala: “(Prueba Documental) Se admitirá como prueba documentat: a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, siempre que sea original o copia de este legalizada por autoridad competente“. 

Adicionalmente, llama la atención que las obras incluían la construcción de dos 

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departamentos de uso personal y familiar, cuando no está acreditada su condición de propietario del inmueble, no obstante tales construcciones al estar destinadas a uso ajeno al de su actividad gravada, tampoco podrían considerarse como gastos deducibles a efectos de la determinación del IVE. Consecuentemente, la presentación de los contratos suscritos y recibos de pago sin las retenciones de ley, no son prueba suficiente para demostrar la realización del gasto y su vinculación con la actividad gravada, máxime cuando de acuerdo al art. 76 del CTB, referido a la carga de la prueba, que dispone que en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, le correspondía al recurrente, presentar 

pruebas que demuestren la titularidad del inmueble y la vinculación de los gastos efectuados por refacción y mantenimiento con sus actividades u operaciones gravadas, por lo que no demostró el cumplimiento de las condiciones establecidas en los arts. 47 de la Ley 843, 8 y 26 inc. a) del DS 24051; siendo correcta la observación de la Administración Tributaria de considerar como gastos no deducibles los gastos por refacción y mantenimiento” en las gestiones 2010, 2011 y 2012. 

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UTORO 

Corresponde aclarar, que a esta instancia, en aplicación del art. 197 del CTB, no le compete pronunciarse respecto a la denuncia presentada a la Administración Tributaria por Martha Gómez y Alfredo Gamón Oña, contra Bruno Huarita Llanos y Viviana Emilia Zeballos Saavedra, por estafa y falsedad ideológica y ejercicio ilegal de la profesión, menos respecto a otras situaciones de indole civil o penal emergentes de las relaciones comerciales del recurrente. 

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9.3.2 Facturas observadas por actividad inexistente del proveedor. ‘ 

El recurrente, manifestó que el SIN depuró facturas de sus proveedores de materiales de construcción, adquiridos para la refacción y remodelación de su residencial, sólo con el argumento de que tienen domicilio inexistente, sin considerar el hecho de que los proveedores pudieron cambiar de domicilio, además de que las facturas presentadas en su descargo son originales y no falsas ni clonadas, vulnerando el principio de verdad material 

por un aspecto formal 

Por su parte, la Administración Tributaria, respecto a las compras de materiales de construcción de los proveedores “Importadora TORRES” y “SIMETRÍA IMPORT EXPORT, señaló que los gastos no se realizaron porque los proveedores nunca tuvieron actividad 

económica. 

Así establecida la controversia, en su análisis corresponde tomar en cuenta que en la legislación nacional, el art. 70.4 del CTB establece que una de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo es respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezcan en las normativas respectivas; complementando el art. 70.5 del CTB, señala: “Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le corresponden…

De antecedentes, de la revisión de Papel de Trabajo Detalle de Facturas de Respaldo a Gastos(fs. 27 a 37 del CA N° 1 del SIN), se tiene que las facturas declaradas por el recurrente en los periodos febrero, mayo y diciembre de 2011 y julio de 2012, Nros. 104, 135, 137, 139, 141 y 143, por la “Importadora Torres” con NIT 6655115019; y 13, 16, 36 y 45, por la empresa “Simetría Import-Export” con NIT 4631362016, por la compra de materiales de construcción (cerámicas, azulejos, pinturas, juegos de baño, calaminas, clavos, sellador, fierro corrugado, tubos, cañerias, pegamentos); fueron observadas por la Administración Tributaria por “A) gastos no deducibles, materiales utilizados en Inmuebles que no se encuentran registrados a nombre del contribuyente según verificacióny “B) Por actividad y/o domicilio inexistente del proveedor, no perfeccionándose el nacimiento del hecho imponible (no se realizaron los gastos)en aplicación del art. 26 del DS 24051 y art. 38 numeral 3 del CTB y art. 8 del DS 24051, gastos que forman parte de la cuenta “Refacción y Mantenimiento en las gestiones 2011 y 2012, según el siguiente detalle: 

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16/02/2011 03/05/2011 07/05/2011 11/05/2017 27/05/2011 21/05/2011 10/12/2011 19/12/2011 02/07/2012 07/07/2012 

104 imp. Torres – Javier Torres 135 Imp Torres Javier Torres 137 Imp. Torres – Javier Torres 139 Imp. Torres. Javier Torres 141 Imp Torres – Javier Torres 143 Imp Torres – Javier Torres 

13 Simetia Import-Export . Juan José Rodriguez 16 Simetia Import Export – Juan José Rodriguez 36 Simetria Import-Export – Juan José Rodriguez 45 Simetria Import Export – Juan José Rodriguez 

TOTA

IMPORTE FAÇ TURADO 

12 580.00 5 540,00 6 600,00 6.300,00 7.080,00 5.070,00 16 970.00 13 470.00 13 750.00 

16 790.00 104, 150,00 

1

Es así que las facturas de compras mencionadas, que corresponden a materiales de construcción fueron observadas por la Administración Tributaria como gastos no deducibles, porque el inmueble no se encuentra registrado a nombre del recurrente, por lo que al incluir las obras la construcción dos departamentos de uso personal y familiar, cuando no está acreditada su condición de propietario del inmueble -no obstante tales 

construcciones al estar destinadas a uso ajeno al de su actividad gravada- tampoco podrían 

considerarse como gastos deducibles a efectos de la determinación del IUE; asimismo fueron también observadas debido a la imposibilidad de establecer la legitimidad de las mismas por la inexistencia de los domicilios de los proveedores, toda vez que la Administración Tributaria en uso de las facultades previstas en el art. 66 CTB, verificó que en los domicilios declarados por los proveedores en el Padrón de Contribuyentes, no se desarrolló ninguna actividad declarada, ni se conoce a los titulares del NIT, reflejando, en su 

comportamiento tributario la entrega de facturas, sin la efectiva transacción económica, ni la transferencia de bienes y servicios, como se advierte de las Actas de Verificación de Domicilio y Actas Circunstanciales elaboradas por la Administración tributaria que cursan a fs. 128 a 130; 131 a 136, 137 y 138 del Cuadernillo de Antecedentes N° 1 del SIN); aspecto que no fue desvirtuado por el recurrente quien pudo acreditar la realización de las transacciones con medios fehacientes de pago (cheques, contratos, etc.), que respalden sus actividades y operaciones gravadas, conforme al art. 70.4 y 76 del CTB, ante la duda de la validez de las mismas. Consecuentemente, las facturas citadas precedentemente, fueron observadas correctamente por la Administración Tributaria. 

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Por otra parte, respecto a lo aseverado por el recurrente de que el IVA supuestamente omitido, no puede obtenerse sobre la base de la “sumatoria de las diferencias de los ingresos y compras”, por mucho que no sea válido para el cómputo del crédito fiscal, por lo que la vista de Cargo al crear una nueva figura de base imponible distinta a la establecida en la ley, vulnera los arts. 122 de la CPE, 6 y 8.111) del CTB y 35 de la Ley N° 2341; se debe aclarar que el alcance de la verificación comprende el impuesto IUE 

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y no así el impuesto IVA, consecuentemente el reclamo del contribuyente está fuera de contexto, al referirse a otro impuesto fuera del alcance de la presente verificación. Asimismo, se debe aclarar que el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) se aplica sobre la utilidad resultante de los Estados Financieros de las empresas al cierre de cada gestión fiscal y que la utilidad neta imponible será la resultante de deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios para su obtención y conservación de la fuente, admitiéndose como deducibles los gastos que cumplan la condición de ser necesarios para la obtención de la utilidad gravada; en este sentido, es obligatorio llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la situación del negocio y una justificación de sus actos sujetos a contabilización; conforme ese entendimiento el contribuyente no llevó una contabilidad que refleje fielmente los gastos de refacción y mantenimiento en sus Estados 

Financieros, ya que no cuentan con los debidos respaldos documentarios que permitan establecer que estos gastos están vinculados a su actividad gravada y son necesarios para la conservación de la fuente. 

Finalmente, corresponde aclarar que el recurrente no formuló observación alguna respecto a la multa por incumplimiento a deberes formales, ni por la sanción por omisión de pago, por lo que corresponde confirmar dichos conceptos. 

POR TANTO 

La Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a); artículo 193, numerales I y Il del CTB y artículo 141 del Decreto Supremo N° 29894, 

RESUELVE: 

Primero.- CONFIRMAR, la Resolución Determinativa N° 17-000231-15 de 5 de mayo de 2015, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio Impuestos Nacionales, manteniendo firme la deuda tributaria determinada por IUE en un importe de UFV’s 25.536 (Veinticinco mil quinientas treinta y seis Unidades de Fomento a la Vivienda), correspondiente a tributo omitido, interés e incumplimiento a deberes formales de las gestiones fiscales diciembre 2010, diciembre 

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2011 y diciembre 2012, así como la correspondiente sanción por omisión de pago de UFV’S 18.050 (Dieciocho mil cincuenta Unidades de Fomento a la vivienda); conforme establece el Inciso b), Parágrafo I del Artículo 212, del CTB. 

Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente Resolución a conocimiento del Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c) del Código Tributario Boliviano. 

Conforme prevé el art. 144 del CTB, el Recurso Jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada debe presentarse dentro del plazo de 20 días computables a partir de su notificación 

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Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

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