ARIT-CHQ-RA-0257-2014 El contribuyente no tiene respaldo de presentación de declaraciones juradas del IUE, el SIN señala la interpretación errónea y desviada de los alcances de la Ley 291 y la Ley 317, confirmando su omisión.

ARIT-CHQ-RA-0257-2014

RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0257/2014 

RECURRENTE: CARLOS MARTÍN MONRROY RODRIGUEZ. 

RECURRIDO: GERENCIA DISTRITAL DEL SIN CHUQUISACA,  representada legalmente por GROVER CASTELO  

MIRANDA. 

EXPEDIENTE: ARIT-CHQ-0153/2014. 

LUGAR Y FECHA: Sucre, 18 de diciembre de 2014. 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Carlos Martín Monrroy Rodríguez, contra la  Resolución Administrativa Nº 23-000353-14 de 26 de agosto de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales; Auto de admisión de  1 de octubre de 2014; notificación a la Administración Tributaria, para que en sujeción  al procedimiento conteste y remita a la ARIT-CHQ los antecedentes administrativos del  acto impugnado; la prueba producida por las partes; autos, decretos y proveídos  dictados en la tramitación del recurso; Informe Técnico Jurídico  ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 0257/2014 y todo cuanto ver convino y se tuvo presente.  

CONSIDERANDO: 

Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto impugnado,  trámite procesal, análisis del recurso de alzada y fundamentos de la resolución impugnada,  se tiene lo siguiente: 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES. 

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, por Resolución  Administrativa Nº 23-000353-14 de 26 de agosto de 2014, resolvió rechazar la solicitud de  prescripción efectuada por el contribuyente Carlos Martín Monrroy Rodríguez, del pago del  Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de las gestiones 2007 y 2008 y las multas  generadas por falta de presentación de las Declaraciones Juradas Formularios 510 (IUE). 

Resolución notificada de forma personal a Carlos Martín Monrroy Rodríguez el 3 de  septiembre de 2014 e impugnada el 5 de septiembre de 2014, dentro del plazo legal  establecido en el art. 143 del CTB. 

  1. CONTENIDO DEL RECURSO. 

Carlos Martín Monrroy Rodríguez (el recurrente) señaló, que el 18 de julio de 2014 fue  notificado con el aviso de Omisión a la presentación de Declaraciones Juradas, por el  que se le dio a conocer que no existe constancia de la presentación de declaraciones  juradas del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (F- 510) de los periodos  12/2007 y 12/2008. Por este motivo, el 25 de julio de 2014 presentó memorial 

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solicitando la prescripción del IUE de las gestiones 2007 y 2008, argumentando que de  conformidad con el art. 60 del CTB, el término de la prescripción para la gestión  diciembre 2007 con fecha de vencimiento el 2 de mayo de 2008, se computa desde el  primero de enero de 2009 y para la gestión 2008 con fecha de vencimiento el 30 de  abril de 2009, desde el primero de enero de 2010; transcurriendo al 18 de julio de  2014, 5 años y 6 meses, desde el primero de enero de 2009 y 4 años y 6 meses,  desde el primero de enero de 2010; tiempo en el que operó la prescripción del pago del  IUE de las gestiones 2007 y 2008, según el art. 50.I-II, concordante con los arts. 150,  159.c), 160 y 162 del CTB, más las multas y recargos que pudieran haberse generado  hasta la fecha por la omisión de presentación de las declaraciones correspondientes.  

Por otra parte, señaló que las declaraciones juradas datan del año 2008 y 2009, antes  de que se promulgue y entre en vigencia la Ley 291 de septiembre de 2012 y que de  acuerdo al art. 123 de la CPE y art. 150 del CTB, la ley dispone sólo para lo venidero y  no tiene efecto retroactivo. 

Por todo lo expuesto, solicitó la revocatoria de la Resolución Administrativa Nº 23- 000353-14, de 26 de agosto de 2014. 

III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  

El recurso inicialmente fue observado por incumplimiento del art. 198. Incisos a), e) y f) del  CTB; subsanadas las observaciones, mediante Auto de 1 de octubre de 2014, se admitió el  recurso y se dispuso notificar a la Administración Tributaria para que en el plazo de quince  días, conteste y remita todos los antecedentes administrativos y los elementos probatorios  relacionados con la resolución impugnada, todo en aplicación del art. 218. c) del CTB. Auto  notificado a la entidad recurrida, el 9 de octubre de 2014, conforme a la diligencia de  notificación cursante a foja 22 de obrados. 

  1. RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA. 

Dentro del término establecido en el art. 218. c) del CTB, la Administración Tributaria  respondió en forma negativa al recurso interpuesto, apersonándose para el efecto el Lic.  Grover Castelo Miranda, quién acreditó su condición de Gerente Distrital del SIN  Chuquisaca, con la copia legalizada de la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03- 

0471-14, de 25 de septiembre de 2014; señalando que el recurrente no presentó las  declaraciones juradas del IUE de los periodos 2007 y 2008, cuyas fechas de vencimiento  para el IUE de la gestión 2007, venció el 30 de abril de 2008, existiendo una prórroga de  ampliación hasta el 2 de mayo de 2008 de acuerdo a la RND 10.0016.08 y para la gestión  2008, el 30 de abril de 2009, por lo que para el cómputo de la prescripción se debe calcular  desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención Tributaria,  o sea tomando en cuenta los vencimientos de presentación de las declaraciones juradas,  en este sentido recién se computaría desde enero de 2009 y 2010 respectivamente y  tomando en cuenta que la Ley 291 Disposición Adicional Quinta y Ley 317 Disposición  Adicional Décima Segunda, que modifica la Ley 2492, en sus arts. 59 referente a la  prescripción, establece que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los  seis (6) años en la gestión 2014, estas gestiones, todavía no están prescritas. 

Por último, manifestó que el recurso de alzada presentado por el contribuyente denota, una  errónea y desviada interpretación de los alcances de la Ley 291 de 22/09/2012 y de la Ley  317 de 11/12/2012.

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Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa Nº 23-000353-14 de 26 de agosto de 2014. 

  1. FASE PROBATORIA.  

En aplicación de lo previsto en el inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, mediante  Auto de 27 de octubre de 2014, se dispuso la apertura del término probatorio de 20 días  comunes y perentorios a las partes, procediéndose a su notificación conforme consta por  las diligencias de fs. 27 y 28 de obrados.  

Durante el término probatorio aperturado al efecto, la Administración Tributaria, mediante  memorial de 17 de noviembre de 2014, ratificó los términos de su impugnación  expresados en el Recurso de Alzada y se ratificó en la prueba documental adjuntada.  Por su parte, el recurrente no ofreció mayor prueba. 

  1. ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN  TRIBUTARIA DE CHUQUISACA. 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, en mérito a lo dispuesto  en el art. 141 del DS Nº 29894 -con vigencia a partir del 1 de abril de 2009- tiene la facultad  y competencia para conocer y resolver el presente Recurso de Alzada, de acuerdo a la  Disposición Transitoria Segunda del CTB, debido a que el procedimiento administrativo de  impugnación contra la Resolución Administrativa Nº 23-000353-14 de 26 de agosto de  2014, se inició el 5 de septiembre de 2014, conforme consta por el cargo de recepción,  cursante a foja 10 de obrados.  

Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de Cámara de  esta instancia administrativa, cursante de fs. 33 a 34 de obrados, se tiene que el plazo de  los cuarenta (40) días para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, conforme  dispone el art. 210.III del CTB, vence el 29 de diciembre de 2014.  

VII. RELACIÓN DE HECHOS. 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de  hechos: 

El 25 de julio de 2014, el recurrente solicitó a la Administración Tributaria, la prescripción del  Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de las gestiones 2007 y 2008, así  como las multas que pudieran haberse generado por la omisión de presentación de las  declaraciones correspondientes (foja 5 del Cuadernillo de Antecedentes 1 SIN). 

El 7 de agosto de 2014, la Administración Tributaria, mediante Auto CITE:  SIN/GDCH/DJCC/UTJ/AUTO/PRES/0010/2014, requirió al contribuyente documentación  respaldatoria, para el análisis de su solicitud, concediendo el plazo de 5 días, a partir de la  notificación con el presente Auto, a efecto de que subsane la observación efectuada (foja 7 

del Cuadernillo de Antecedentes 1 SIN). 

El 18 de agosto de 2014, mediante nota el contribuyente presentó la impresión de un  “Aviso Omisión a la presentación de declaraciones juradas”, que el contribuyente indica que  obtuvo al ingresar a la Oficina Virtual de la página Web de la Administración Tributaria, en el  que se da cuenta que no existe constancia de presentación de las declaraciones juradas del 

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IUE (F-510) de los periodos 12/2007 y 12/2008 (fs. 2 a 3 del Cuadernillo de Antecedentes 1  SIN). 

Finalmente, el 26 de agosto de 2014, la Administración Tributaria, emitió la Resolución  Administrativa Nº 23-000353-14, que resolvió rechazar la solicitud de prescripción  efectuada por el contribuyente Carlos Martín Monrroy Rodríguez, del pago del impuesto  sobre las Utilidades de las Empresas de las gestiones 2007 y 2008 y las multas generadas  por falta de presentación de las Declaraciones Juradas Formularios 510 (IUE). Resolución  notificada de forma personal el 3 de septiembre de 2014. 

VIII. MARCO LEGAL.  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

Artículo 115.- II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a  una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

Artículo 117. I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada  previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido  impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

  1. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La  rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su  condena. 

Artículo 119. I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para  ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía  ordinaria o por la indígena originaria campesina. 

  1. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las  personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos  en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO

Artículo 59. (Prescripción). I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la  Administración Tributaria para: 

  1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 
  2. Determinar la deuda tributaria. 
  3. Imponer sanciones administrativas. 

Artículo 60. (Cómputo). I. Excepto en el numeral 4 del Parágrafo I del Artículo  anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año  calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago  respectivo. 

  1. En el supuesto 4 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde  la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

III. En el supuesto del Parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde  el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.

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LEY Nº 291 LEY DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO. 

Disposiciones Adicionales. 

QUINTA. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código  Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 59. (Prescripción). I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán  a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en  la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve  (9) arios en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 

  1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 
  2. Determinar la deuda tributaria. 
  3. Imponer sanciones administrativas. 

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será  respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones  tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

  1. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales  cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse  en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le  corresponde. 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los  cinco (5) años. 

  1. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible.” 

SEXTA. Se modifican los parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley N° 2492 de 2 de  agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactados de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 60. (Cómputo). I. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I, del Artículo  anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a  aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. II. En el supuesto 3, del Parágrafo I. del Artículo anterior, el término se computará desde el  primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria.” 

LEY Nº 317. LEY FINANCIAL – PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO – GESTIÓN 2013. 

Disposiciones Adicionales. 

Artículo 12.- Se modifica los Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley 2492 de 2 de agosto  de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la Disposición Adicional Sexta de la  Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: 

Artículo 60. (CÓMPUTO). 

  1. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la  prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se  produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 
  2. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde  el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria.”

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DS Nº 27113, REGLAMENTO A LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Artículo 55.- (Nulidad de Procedimientos). “…La autoridad Administrativa, para  evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a  petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de  obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para  corregir los defectos u omisiones observadas.”  

  1. FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS. 

9.1. Sobre la naturaleza jurídica de la prescripción como medio de defensa a las acciones  de la Administración Tributaria 

El recurrente, señaló que el 18 de julio de 2014, fue notificado con el Aviso de Omisión  a la presentación de Declaraciones Juradas del Impuesto sobre las Utilidades de las  Empresas (F- 510) de los periodos 12/2007 y 12/2008; motivo por el cual el 25 de julio  de 2014, solicitó la prescripción del IUE de las gestiones 2007 y 2008, según cómputo  del plazo de 4 años desde el 1 de enero de 2009 y 1 de enero de 2010,  respectivamente, señalando que al 18 de julio de 2014, habían transcurrido 5 años y 6  meses y 4 años y 6 meses, por lo que habría operado la prescripción del pago del IUE  de las gestiones 2007 y 2008, según el art. 50.I-II, concordante con los arts. 150,  159.c), 160 y 162 del CTB, más las multas y recargos que pudieran haberse generado  hasta la fecha por la omisión de presentación de las declaraciones correspondientes.  Por otra parte, señaló que las declaraciones juradas del IUE datan del año 2008 y  2009, antes de que se promulgue y entre en vigencia la Ley 291 de septiembre de  2012 y que de acuerdo al art. 123 de la CPE y art. 150 del CTB, la ley dispone sólo  para lo venidero y no tiene efecto retroactivo. 

Por su parte, la Administración Tributaria, respondió que el recurrente no presentó las  declaraciones juradas del IUE de los periodos 2007 y 2008. Que para el cómputo de la  prescripción se debe tomar en cuenta los vencimientos de presentación de las  declaraciones juradas, desde enero de 2009 y 2010, por lo que respectivamente y tomando  en cuenta que la Ley 291 Disposición Adicional Quinta y Ley 317 Disposición Adicional  Décima Segunda, que modifica la Ley 2492, en sus arts. 59 referente a la prescripción,  establece que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los seis (6) años  en la gestión 2014, estas gestiones, todavía no están prescritas. 

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el sujeto pasivo, el 25 de julio  de 2014, solicitó a la Administración Tributaria, la prescripción del Impuesto sobre las  Utilidades de las Empresas (IUE) de las gestiones 2007 y 2008, así como las multas que  pudieran haberse generado por la omisión de presentación de las declaraciones juradas de  ese impuesto. 

La Administración Tributaria el 7 de agosto de 2014, mediante Auto CITE:  SIN/GDCH/DJCC/UTJ/AUTO/PRES/0010/2014, requirió al contribuyente documentación  respaldatoria, para el análisis de la solicitud, concediendo el plazo de 5 días, a partir de la  notificación con el presente Auto, a efecto de que subsane la observación efectuada (fs. 5 y 

7 del Cuadernillo de Antecedentes 1 SIN). 

  

El 18 de agosto de 2014, el contribuyente presentó un aviso impreso, “Omisión a la  presentación de declaraciones juradas”, obtenido al ingresar a la Oficina Virtual, por el 

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que se le comunica la falta de constancia de presentación de las declaraciones juradas del  IUE (F-510) de los periodos 12/2007 y 12/2008, oportunidad en que ratificó su solicitud de  prescripción del IUE de las gestiones 2007 y 2008 y de las multas por la omisión de la  presentación de los formularios 510 (IUE) de las gestiones correspondientes (fs. 2 a 3 del  Cuadernillo de Antecedentes 1 SIN). 

En base a esos antecedentes la Administración Tributaria emitió la Resolución  Administrativa Nº 23-000353-14, en su considerando primero, señala: “Que, de la  revisión y análisis de la documentación presentada, consulta de padrón y solicitudes  efectuadas se evidencia que el contribuyente no declara el Impuesto a las Utilidades de  las Empresas (IUE) correspondientes a la gestión 2007 y 2008”, antecedente sobre el  que resolvió rechazar la solicitud de prescripción efectuada por el contribuyente Carlos  Martín Monrroy Rodríguez, del pago del impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de  las gestiones 2007 y 2008 y las multas generadas por falta de presentación de las  Declaraciones Juradas Formularios 510 (IUE) correspondientes. 

En el análisis del caso expuesto es necesario analizar las disposiciones sobre  prescripción de la obligación tributaria aplicables al presente caso. Así el art. 59.I de la  Ley 2492, estableció que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los  cuatro (4) años para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar  tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3 Imponer sanciones administrativas y  4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. Concordante, el art. 60 del citado  cuerpo legal, dispuso que el término de la prescripción se compute desde el 1 de enero  del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de  pago respectivo. Negativa que motivó la interposición del presente Recurso de Alzada,  a fin de que se declare la prescripción del pago de ambos impuestos, así como las  multas y recargos que se hubieren generado. 

Ahora bien, en la resolución del caso expuesto es necesario analizar las disposiciones  sobre prescripción de la obligación tributaria, establecidas por el legislador boliviano.  

Así el art. 59.I de la Ley 2492, estableció que las acciones de la Administración  Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, investigar, verificar,  comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer  sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.  Concordante, el art. 60 del citado cuerpo legal, dispuso que el término de la  prescripción se compute desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en  que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo.  

Por su parte, la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, que en su Disposición Adicional  Quinta, se refiere a la modificación del art. 59 de la Ley 2492, estableciendo en el  Parágrafo I que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los 4 años  en la gestión 2012, cinco años en la gestión 2013, seis años en la gestión 2014, siete  años en la gestión 2015, ocho años en la gestión 2016, nueve años en la gestión 2017  y 10 años a partir de la gestión 2018, tanto para: 1. Controlar, investigar, verificar,  comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda Tributaria; 3. Imponer  sanciones administrativas. En el último párrafo de dicho parágrafo I, se prevé  expresamente que el periodo de prescripción para cada año, sea respecto a  obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias  hubiese ocurrido en dicho año. 

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Luego, mediante Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, se derogó el último párrafo del  art. 59.I de la Ley 2492, modificada por la Ley 291, y dispuso que las acciones de la  Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5)  años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión  2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10)  años a partir de la gestión 2018, para controlar, investigar, verificar, comprobar y  fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones  administrativas; es decir estableció un nuevo régimen en cuanto al plazo y cómputo  de prescripción, conforme dispone el Parágrafo I del art. 59 del CTB con la  modificación establecida en la disposición adicional Quinta de la Ley N° 291 y la  derogatoria prevista en la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la Ley N°  317 y según el cómputo establecido en el art. 60 de la misma Ley. 

Respecto a la prescripción en el ámbito tributario, la doctrina señala que: “La prescripción es  generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria.  Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue  la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor  tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe  al objeto de aquélla” “MARTÍN José María, Derecho Tributario General, 2ª edición, Pág.189”  (resaltado propio). 

Por su parte, la Autoridad de Impugnación Tributaria en la Resolución de Recurso  Jerárquico AGIT-RJ 0439/2012, de 25 de junio de 2012, sentó el siguiente entendimiento en  relación a la naturaleza de la prescripción tributaria: “(…) vi. En función a lo manifestado por  la doctrina y la normativa tributaria, es pertinente resaltar que la prescripción no extingue la  obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la acción del acreedor en este caso del  Sujeto Activo, para hacer valer su derecho al cobro, lo que es entendido como un  castigo al acreedor que no ha ejercido sus acciones de cobro por un determinado tiempo;  es así que el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), prevé que prescriben a los cuatro (4)  años las acciones de la Administración Tributaria, entre ellas la acción para imponer  sanciones administrativas. Si bien el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB),  establece que el sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en  sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria, es decir  que el instituto de la prescripción puede ser opuesto en cualquier etapa del proceso; en el  presente caso se observa que la prescripción opuesta por el contribuyente fue sin que la  Administración Tributaria haya iniciado alguna acción en el que pretender imponer la  sanción menos cobrarla.  

vii. En ese entendido corresponde remitirnos en virtud de la analogía y subsidiariedad  prevista en los Artículos 5 Parágrafo II y 8 Parágrafo III de la citada Ley, a lo previsto en el  Código Civil y Procedimiento Civil, ante un vacío jurídico en la Ley Nº 2492 (CTB) respecto  a la naturaleza de este instituto, es así que el Numeral 9, Artículo 336 del Código de  Procedimiento Civil (Excepciones previas), determina que “Las excepciones previas  serán: 9) Prescripción, cuando pudiere resolverse como de puro derecho”. De  acuerdo a la naturaleza de las excepciones algunos autores como Couture define a la  excepción: “En su más amplio significado, la excepción es el poder jurídico de que se halla  revestido el demandado que le habilita para oponerse a la acción promovida contra él”  (Villarroel Ferrer Carlos Jaime, Derecho Procesal Orgánico, Pág. 103) (las negrillas son  nuestras). 

viii. Ahora bien, de lo señalado se puede inferir que la prescripción debe ser opuesta ante  una acción o acto de la Administración Tributaria, sin perjuicio de que la misma pueda 

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oponerse en el cualquier estado de la causa o proceso; es decir que debe existir un acto  en el que se manifieste la intención de la Administración Tributaria para sancionar,  determinar, cobrar etc. la obligación tributaria, a efecto de que el sujeto pasivo como un  medio de defensa pueda interponer la prescripción a efectos de hacer ineficaz la acción  de la Administración Tributaria para imponer la sanción, como debió hacer en el presente  caso.”. 

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se tiene que el  contribuyente Carlos Martín Monrroy, cuando accedió a la Oficina Virtual de la  página Web del Servicio de Impuestos Nacionales, obtuvo un “Aviso Omisión a la  presentación de declaraciones juradas”, por el cual se le comunica que no existe constancia  de presentación de las declaraciones juradas del IUE (F-510) de los periodos 12/2007 y  12/2008, instándole a presentar dichas declaraciones juradas o presentarse a la  dependencia operativa de su jurisdicción para exhibir la copia de las mismas como  constancia de su presentación o documentos de descargo que demuestren la presentación  de las mismas, resaltando que en caso de presentación espontánea de dichas  declaraciones antes de cualquier actuación del SIN, se extinguiría la sanción por omisión de  pago, con excepción de la multa por incumplimiento a deberes formales por presentación  fuera de plazo. En dicha impresión se consigna el 18 de julio de 2014, como fecha de  emisión de dicho aviso. 

Por su parte, la Administración Tributaria en la Resolución Administrativa Nº 23-000353-14  de 26 de agosto de 2014, luego de realizar el cómputo de la prescripción de seis años en  aplicación de las modificaciones introducidas mediante Ley 291, resolvió rechazar la  solicitud de prescripción “del pago del impuesto sobre las Utilidades de las Empresas  de las gestiones 2007 y 2008 y las multas generadas por falta de presentación de  Declaraciones Juradas formularios 510 (IUE) correspondientes.”. 

Conforme se tiene de los antecedentes administrativos y lo anotado respecto al  contenido de la solicitud del contribuyente y decisión de la Administración Tributaria, se  observa que en el presente caso, no existe antecedente de alguna actuación o acto  administrativo, que denote la intención de la Administración Tributaria de sancionar,  determinar, cobrar o ejecutar una deuda tributaria u otra obligación formal incumplida, respecto a la cual el sujeto pasivo pueda interponer u oponer prescripción como un medio  de defensa a la pretensión de la Administración Tributaria; vale decir, ante la emisión y  notificación de un acto o inicio de un proceso a tal efecto.  

En consecuencia, al no existir un acto o actuación previos de la Administración Tributaria  respecto a los cuales el sujeto pasivo pueda interponer u oponer la prescripción de  obligaciones por falta de cumplimiento formal de la presentación de las declaraciones  juradas que indica, la solicitud de prescripción interpuesta por el sujeto pasivo no es  procedente, máxime cuando en obrados ni siquiera existe constancia de un detalle de  sanciones de imposición directa por falta de presentación de declaraciones juradas por el  impuesto y gestiones indicadas, pues conforme se indica en el Aviso presentado por el  contribuyente, la Administración Tributaria aún se encuentra en una fase indagación, previa  al establecimiento del incumplimiento de las obligaciones formales del contribuyente.  

Por lo expuesto, con fundamento propio, corresponde confirmar la Resolución Administrativa Nº 23-000353-14 de 26 de agosto de 2014.

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POR TANTO 

La Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria  Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los  artículos 132 y 140 inciso a) y artículo 193, numerales I y II del CTB y artículo 141 del Decreto  Supremo Nº 29894, 

RESUELVE: 

Primero.- CONFIRMAR la Resolución Administrativa Nº 23-000353-14 de 26 de agosto de  2014 emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, en  consecuencia se mantiene firme y subsistente el rechazo de la prescripción solicitada por el  recurrente. Todo conforme establece el art. 212.I.b) del Código Tributario Boliviano.  

Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente  Resolución a conocimiento del Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación  Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c) del Código Tributario  Boliviano. 

Conforme prevé el art.144 del CTB, el Recurso Jerárquico contra la presente  Resolución de Recurso de Alzada, debe presentarse dentro del plazo de 20 días  computables a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

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