ARIT-CHQ-RA-0253-2014 El SIN se constituyó al domicilio legal del contribuyente, evidenció que no se emitió factura, sancionando con 12 días de clausura por ser reincidente.

ARIT-CHQ-RA-0253-2014

RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0253/2014 

RECURRENTE: MÓNICA ELVIRA PATZY AVILÉS DE CORTEZ. 

RECURRIDO: GERENCIA DISTRITAL CHUQUISACA DEL  SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES (SIN),  

representada por GROVER CASTELO MIRANDA.  

  

EXPEDIENTE: ARIT-CHQ-0161/2014. 

LUGAR Y FECHA: Sucre, 16 de diciembre de 2014. 

VISTOS.- 

El Recurso de Alzada interpuesto por Mónica Elvira Patzy Avilés de Cortez, contra la  Resolución Sancionatoria Nº 18-001235-14, de 25 de agosto de 2014, emitida por la  Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales; Auto de Admisión;  antecedentes administrativos del acto impugnado; prueba; autos, decretos y proveídos  dictados en la tramitación del recurso; Informe Técnico Jurídico  ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 0253/2014; y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 

CONSIDERANDO: 

Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto impugnado,  trámite procesal, análisis del recurso de alzada y fundamentos de la resolución impugnada,  se tiene lo siguiente: 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES. 

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, por Resolución  Sancionatoria Nº 18-001235-14, de 25 de agosto de 2014, sancionó a la contribuyente 

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Mónica Elvira Patzy Avilés de Cortez, titular del NIT 1148506011, con la clausura del  establecimiento ubicado en calle Colón Nro. 672, de esta ciudad, por doce (12) días  continuos, al incurrir por segunda vez en el ilícito tributario de no emisión de factura,  establecido en el art. 164.II del CTB. 

Esta resolución fue notificada de forma personal el 12 de septiembre de 2014, e  impugnada el 24 de septiembre de 2014, dentro del plazo determinado en el art. 143  del CTB. 

  1. CONTENIDO DEL RECURSO. 

Mónica Elvira Patzy Avilés de Cortez (la recurrente) señaló que toda persona se  encuentra protegida por el Estado, que debe garantizar que sus actos administrativos  reflejen efectivamente certeza, certidumbre y seguridad jurídica, no solo a los  interesados, sino también al sistema jurídico; en ese entendido, acusó vulneración a la  garantía del debido proceso en su componente derecho a la defensa, toda vez que el  funcionario interventor, actuó con arbitrariedad y soberbia, al no aceptar ninguna  explicación, ni que se le haya escuchado previamente, ni otorgado una respuesta legal  a efectos de ejercer su derecho a la defensa, mediante una estrategia para desvirtuar  la sanción impuesta en su contra. 

  

Continuó manifestando que lo observado, también produce afectación al principio de  seguridad jurídica, que si bien corresponde ser tutelado vía Acción de Amparo  Constitucional, sin embargo también debe ser considerado por autoridades  administrativas en la resolución de un caso concreto, de acuerdo al criterio expuesto en  la SC 1665/2011-R, de 21 de octubre de 2011. 

Por otra parte, mencionó que la dependiente de su negoció, al momento de labrarse el  Acta de Infracción, fue inducida y forzada por los funcionarios actuantes del SIN, a  declarar la no emisión de factura; hecho que consideró absolutamente ilegal e irregular,  que denota un abuso en el ejercicio del poder. 

Finalmente, señaló que la Resolución impugnada, carece de fundamentación y  motivación en razón de que no contiene la descripción clara de hechos atribuidos, ya  que solo se señala que se evidenció la no emisión de la factura pero no se especifica 

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de qué forma y cómo se evidenció, si se interceptó al ciudadano a momento de realizar  el pago por concepto de jugo de durazno, cuál fue la pregunta realizada, y que fue que esta respondió; de igual forma, señaló que no se describió de forma individualizada los  medios probatorios que son base de la sanción, sino de forma generalizada, con la  simple cita de normas, sin que exista una relación de causalidad entre las pruebas, los  hechos y las normas aplicables. 

En base a estos argumentos, solicitó la anulación de la Resolución Sancionatoria N°  18-0001235-14, de 25 de agosto de 2014; para este efecto, adjuntó los siguientes  documentos en fotocopias simples: 1. Cédula de Identidad N° 1148506 Ch.; 2.  Diligencia de notificación personal con la Resolución Sancionatoria N° 18-0001235-14;  3. Certificado de Inscripción correspondiente al NIT 1148506011; 4 Acta de Infracción  N° 116707; y 5. Resolución Sancionatoria N° 18-001235-14. 

III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  

Mediante Auto de 1 de octubre de 2014, se admitió el Recurso de Alzada y se dispuso  notificar a la Administración Tributaria para que en el plazo de quince días, conteste y  remita todos los antecedentes administrativos y los elementos probatorios relacionados  con la resolución impugnada, todo en aplicación del art. 218.c) del CTB. Este Auto fue  notificado a la entidad recurrida el 8 de octubre de 2014, conforme diligencia de  notificación cursante a foja 18 de obrados. 

  1. RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA. 

Dentro del término establecido en el art. 218.c) del CTB, el 23 de octubre de 2014, Grover  Castelo Miranda, se apersonó acreditando su condición de Gerente Distrital Chuquisaca del  SIN, con la copia legalizada de la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0471-14,  de 25 de septiembre de 2014, y respondió negativamente el recurso formulado,  manifestando que el hecho de que la contribuyente haya emitido la factura N° 1906, 

confirma el extremo de que en su momento, no emitió la factura que correspondía.  

Por otra parte, manifestó que la Administración Tributaria, en uso de sus atribuciones  procedió a la intervención en aplicación al método de observación directa, y que los  controladores fiscales, están bajo un mecanismo de control coercitivo; por lo que, la 

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Administración Tributaria, enmarcó sus actos en la normativa vigente, que gozan de  presunción de legitimidad. 

También señaló, que no es evidente que se haya forzado a la emisión de factura, ni mucho  menos a prestar declaración contra su voluntad; que la ley no contempla interrogatorios a  los contribuyentes o clientes, y que el deber del contribuyente es emitir la factura en el  momento de haber realizado la transacción ya sea sin nombre o sin NIT, y tanto el cliente  se lo pida o no. 

En cuanto al contenido de la resolución impugnada, manifestó que cumple con todos los  requisitos exigidos por ley; y que la recurrente vierte aseveraciones incongruentes, que no  merecen que se ingrese a detalle alguno. 

Refirió que el Recurso de Alzada, denota una errónea y desviada interpretación de los  alcances de la SSCC 100/2014; que, dispuso la inaplicabilidad de operativos de control de  deberes formales. Por otra parte señaló que la inconstitucionalidad del art. 162.II.2 del CTB,  se encuentra referido a la aplicación directa de sanciones tributarias y no así a la facultad  que tiene la Administración de efectuar o no operativos de control fiscal. 

Refutando los argumentos de la parte contraria, señaló que en el presente caso, se cumplió  con el debido proceso, toda vez que se aplicó estrictamente las previsiones del art. 168 del  CTB, no siendo evidente que la sanción se aplicó sin un procedimiento sancionatorio previo.  En cuanto a la resolución impugnada, señaló que dispuso plazo correspondiente para poder  ejercer el derecho a la defensa, y que tanto el Acta de Infracción, como la Resolución  Sancionatoria contienen la cita de las normas específicas que fueron utilizadas como base  legal para la aplicación de la sanción correspondiente. 

Respecto a la acusada vulneración al principio de legalidad, señaló que este principio se  encuentra materializado en el art. 6 del CTB; ya que en el presente caso no se crearon  tributos o nuevos tipos contravencionales o sanciones. 

Finalmente, en cuanto a las agravantes para la aplicación de la sanción, manifestó que se  realizó la consulta en el sistema de datos PROSINDET de la Administración Tributaria, en el  que se encuentra el reporte de consulta de Convertibilidad y Clausura de la revisión de la  documentación y cómputo de reincidencia, donde se verifica que es la segunda infracción 

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de la recurrente, por lo que le corresponde la sanción de 12 días; documento que tiene  validez de acuerdo al art. 7 del DS N° 27310. 

Por los argumentos expuestos, solicitó se emita Resolución confirmando la Resolución  Sancionatoria Nº 18-001235-14, de 25 de agosto de 2014. En calidad de prueba, adjuntó  la documentación que cursa en el Cuadernillo de Antecedentes N° 1(SIN).  

  1. FASE PROBATORIA.  

En aplicación de lo previsto en el inc. d) del artículo 218 del CTB, mediante Auto de 24 de octubre de 2014, que cursa a foja 24 de obrados, se dispuso la apertura del plazo  probatorio común y perentorio a las partes de 20 días, procediéndose a su notificación  el 29 de octubre de 2014, conforme consta por las diligencias de fs. 25 y 26 de  obrados.  

En esta fase, el 17 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria, presentó  memorial de ratificación de la prueba documental adjuntada a su respuesta, así como en los  fundamentos legales expuestos en ella, señalando que dicha prueba demuestra el  incumplimiento que incurrió la contribuyente, y que la resolución impugnada se encuentra  enmarcada en la normativa vigente, además de que se respetó los derechos de la ahora  recurrente. Por su parte, la recurrente, no presentó más prueba en esta fase. 

  1. ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN  TRIBUTARIA DE CHUQUISACA. 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, en mérito a lo  dispuesto en el art. 141 del DS Nº 29894, con vigencia a partir del 1 de abril de 2009,  tiene la facultad y competencia para conocer y resolver el presente Recurso de Alzada,  de acuerdo a la Disposición Transitoria Segunda del CTB.  

Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de  Cámara de esta instancia administrativa, cursante de fs. 31 a 32 de obrados, se tiene  que el plazo de los cuarenta (40) días, para la emisión de la Resolución del Recurso de  Alzada, conforme dispone el art. 210.III del CTB, vence el 29 de diciembre de 2014.

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VII. RELACIÓN DE HECHOS. 

De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(SIN) se tiene la siguiente relación  de hechos: 

  

El 25 de julio de 2014, a horas 12:05 p.m., el servidor público de la Gerencia Distrital  Chuquisaca del SIN, labró el Acta de Infracción Nº 116707, contra la contribuyente  Mónica Elvira Patzy Avilés de Cortez, con NIT 1148506011, en el domicilio fiscal  ubicado en la calle Colón N° 672 (de esta ciudad) por el incumplimiento de emisión de  factura por la venta de jugo de durazno, por Bs7.-; interviniéndose la factura N° 1905 y  solicitando la emisión de la factura N° 1906, para formalizar el cumplimiento de la  obligación tributaria. En dicha Acta, también se establece que el hecho evidenciado se  encuentra tipificado como contravención tributaria y por tratarse de la segunda  contravención tributaria, se estableció que la sanción que corresponde imponer es de  doce días de clausura. En base al art. 168 del CTB, se otorgó el plazo de veinte días  para la presentación de descargos, computables a partir de la fecha del Acta (foja 5). 

El 25 de agosto de 2014, la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, por Resolución  Sancionatoria Nº 18-001235-14, sancionó a la contribuyente Mónica Elvira Patzy Avilés  de Cortez, con NIT 1148506011, con la clausura del establecimiento ubicado en la  calle Colón Nro. 672, de esta ciudad, por doce (12) días continuos, al incurrir por  segunda vez en el ilícito tributario de no emisión de factura, establecido en el art. 164.II  del CTB. Esta resolución fue notificada de forma personal el 12 de septiembre de 2014 

(fs. 17 a 19). 

VIII. MARCO LEGAL.  

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO

Artículo 21.- (Sujeto activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa,  fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este Código son  ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y municipal dispuestas por  Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al Estado.

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Artículo 65.- (Presunción de legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa  declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código establece. 

Artículo 66.- (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes  facultades específicas: 

  1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; (…) 

Artículo 68.- (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: (…) 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los  que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que  respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros  autorizados, en los términos del presente Código (…) 

Artículo 76.- (Carga de la prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos  constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el  sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se  encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

Artículo 77.- (Medios de prueba). 

  1. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. 

Artículo 100.- (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá  indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e  investigación (…). 

Artículo 170.- (Procedimiento de Control Tributario). (Modificado por la Disposición  Adicional Quinta de la Ley 317 de 12/12/2012 y SCP 100/2014 de 10/01/2014).  

La Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la  obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente mediante  operativos de control. Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria, los  funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde 

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se identifique la misma, se especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero  responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán  firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta  actuación. 

El sujeto pasivo podrá convertir la sanción de clausura por el pago inmediato de una  multa equivalente a diez (10) veces el monto de lo no facturado, siempre que sea la  primera vez. En adelante no se aplicará la convertibilidad. Tratándose de servicios de  salud, educación y hotelería la convertibilidad podrá aplicarse más de una vez. Ante la  imposibilidad física de aplicar la sanción de clausura se procederá al decomiso  temporal de las mercancías por los plazos previstos para dicha sanción, debiendo el  sujeto pasivo o tercero responsable cubrir los gastos.  

LEY Nº 2341, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Artículo 27.- (Acto Administrativo). Se considera acto administrativo, toda  declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o  particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional,  cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que  produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se  presume legítimo. 

Artículo 28.- (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son elementos esenciales  del acto administrativo los siguientes: 

  1. a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; 
  2. b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el  derecho aplicable; 
  3. c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.; 
  4. d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y  sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones  que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del  presente artículo; y, 
  5. f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico.

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Artículo 36.- (Anulabilidad del Acto). I. Serán anulables los actos administrativos que  incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el  artículo anterior.  

  1. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la  anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar  su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 
  2. FUNDAMENTOS TÉCNICO JURÍDICOS. 

De la revisión del Recurso de Alzada, se tiene los siguientes aspectos planteados: 1. Respecto a la observación a la intervención realizada; y 2. Falta de fundamentación y  motivación en la resolución impugnada, respecto a los cuales corresponde emitir  pronunciamiento, de la siguiente forma: 

9.1. Con relación a la observación a la intervención realizada. 

La recurrente, señaló que el funcionario del SIN, actuó con arbitrariedad y soberbia al  no aceptar ninguna explicación al momento de la intervención, y que no se le otorgó  respuesta legal que le permita ejercer defensa a través de una estrategia coherente  para desvirtuar la sanción impuesta en su contra; por lo que, acusó vulneración a la  garantía al debido proceso, en su componente del derecho a la defensa, y afectación a  la seguridad jurídica. También mencionó que la dependiente de su negoció en el  labrado del Acta de Infracción fue inducida y forzada por los funcionarios actuantes del  SIN, a declarar la no emisión de factura, hecho que consideró absolutamente ilegal e  irregular, que denota un abuso en el ejercicio del poder. 

Respecto a dichos argumentos, corresponde señalar que de acuerdo al art. 76 del  CTB: “En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien  pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los  mismos. Para este efecto, el art. 77.I del mismo cuerpo legal, establece que: “Podrán  invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho” (Negrillas nuestras).  

Complementariamente, la doctrina entiende por prueba: “al conjunto de actuaciones  que dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad 

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o la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus  respectivas pretensiones litigiosas” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y  Sociales de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817).  

Por otra parte, también cabe considerar que de acuerdo al art. 65 del CTB: “Los actos  de la Administración Tributaria por ser sometidos a la Ley se presumen legítimos (…)  salvo expresa declaración judicial en contrario emergente de los procesos que  este Código establece; aspecto concordante con el principio de legalidad y  presunción de legitimidad, reconocido en el art. 4. g) de la Ley de Procedimiento  Administrativo, que establece: “Las actuaciones de la Administración Pública por estar  sometidas plenamente a la Ley, se presumen legítimas, salvo expresa declaración  judicial en contrario(Negrillas nuestras). 

Ahora bien, el Acta de Infracción Nº 116707, cursante a foja 5 del Cuadernillo de  Antecedentes N° 1 (SIN), establece que el 25 de julio de 2014, a horas 12:05 p.m., el  servidor público de la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, se constituyó en el  domicilio fiscal de la calle Colón N° 672 (de esta ciudad) de la contribuyente Mónica  Elvira Patzy Avilés de Cortez, con NIT 1148506011, en el que se verificó el  incumplimiento de emisión de factura, por la venta de jugo de durazno, por Bs7.-; luego  de intervenir la factura N° 1905, solicitó la emisión de la factura N° 1906, para  formalizar el cumplimiento de la obligación tributaria. En dicha Acta, también se  establece que el hecho evidenciado se encuentra tipificado como contravención  tributaria y por tratarse de la segunda oportunidad en la que se incurre en este ilícito,  se estableció que la sanción que corresponde imponer es de doce días de clausura. En  la parte final del Acta, se especifica que la dependiente, admitió no haber emitido  factura por descuido y por falta de solicitud del cliente. En la parte final del Acta, se  consigna: “Nombre: Mónica Oliva T.”, con cédula de identidad: “7521135-Ch.”. 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que la ahora recurrente, no  presentó descargo alguno ante la Administración Tributaria; de igual forma, en el  presente procedimiento de impugnación, la recurrente, no hizo uso de su derecho a la  presentación de prueba dentro del plazo legal, para probar sus acusaciones. La única  documentación es la adjuntada al Recurso de Alzada, consistente en las siguientes  fotocopias: 1. Cédula de Identidad N° 1148506 Ch.; 2. Diligencia de notificación  personal con la Resolución Sancionatoria N° 18-0001235-14; 3. Certificado de 

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Inscripción correspondiente al NIT 1148506011; 4 Acta de Infracción N° 116707; y 5.  Resolución Sancionatoria N° 18-001235-14. 

En ese entendido, de la compulsa de los antecedentes y la normativa tributaria,  corresponde señalar que la recurrente, no probó la negativa del funcionario del SIN a  escuchar explicaciones, menos que haya presentado algún tipo de descargo o  efectuado solicitud dentro del procedimiento sancionatorio, que se encuentre pendiente  de respuesta de la Administración Tributaria. Por lo que, no es lógico que se exija  respuesta, de un aspecto jamás solicitado. 

Respecto a que la dependiente fue coaccionada para reconocer la no emisión de  factura, corresponde señalar, que si bien en el Acta de Infracción, se establece tal  reconocimiento en cuanto a la emisión de factura, esta instancia administrativa, no  posee la mínima convicción de las supuestas presiones atribuidas al funcionario de la  Administración Tributaria, toda vez que la contribuyente, no demostró tal extremo  mediante los medios legales que la ley le faculta. Por lo que, se concluye que la  recurrente, incumplió con la carga de la prueba establecida en el art. 76 del CTB, para  demostrar sus argumentos. Consiguientemente las alegaciones de la recurrente, son  simples acusaciones sin fundamento, como también inexistente la vulneración al  debido proceso en su componente derecho a la defensa, y afectación a la seguridad  jurídica. 

9.2. Con relación a la falta de fundamentación y motivación de la resolución  impugnada. 

La recurrente, acusó falta de fundamentación y motivación de la resolución impugnada,  en razón de que no contiene la descripción clara de hechos atribuidos, ya que solo se  señala que se evidenció la no emisión de la factura pero no se especifica la forma en  que se constató, si se interceptó al ciudadano a momento de realizar el pago por  concepto de jugo de durazno, cuál fue la pregunta realizada, y cómo fue respondida;  continuó señalando, que no se describe de forma individualizada los medios  probatorios que son base de la sanción, sino de forma generalizada, con la simple cita  de normas, sin que exista una relación de causalidad entre las pruebas, los hechos y  las normas aplicables. 

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Al respecto la doctrina precisa que: “el acto debe estar razonablemente fundado, o sea,  debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos por los  cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de los hechos  y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se considera ajustada a  derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los hechos  objetivamente ciertos” (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, II-36 y 37,  T. IV).  

De igual manera, tomando en cuenta que la resolución sancionatoria impugnada se  constituye en un Acto Administrativo de acuerdo a lo previsto en el art. 27 de la LPA,  debe contener los elementos esenciales, que conforme a lo estipulado por el art. 28 del  mismo cuerpo legal, imprescindiblemente son: “b) Causa: Deberá sustentarse en los  hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable” y “e)  Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones  que inducen a emitir el acto, consignado, además, los recaudos indicando en el inciso  b) del presente artículo”. Todo esto en función al art. 74.I del CTB que posibilita la  aplicación supletoria de las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás  normas en materia administrativa. 

Ahora bien, la Resolución Sancionatoria N° 18-001235-14, de 25 de agosto de 2014,  que cursa a fs. 17 y 18 del Cuadernillo de Antecedentes N° 1 (SIN) contiene como  relación de hechos, la referencia que el funcionario de la Gerencia Distrital Chuquisaca,  identificado con Memorandum CITE:SIN/GDCH/DF/MEM/00225/2014, se constituyó: 

“en el domicilio fiscal ubicado en CALLE COLÓN Nro. 672 Zona/Barrio: SAN  CRISTÓBAL; del (la) contribuyente PATZY AVILES DE CORTEZ MÓNICA ELVIRA,  titular del NIT 1148506011, oportunidad en la que se evidenció la no emisión de  factura, por venta de 1 jugo de durazno, cuyo importe asciende a Bs7.- (SIETE 00/100  BOLIVIANOS), transacción por la cual no se hizo la entrega de la factura  correspondiente, procediéndose a intervenir la factura N° 1905 siguiente a la obligación  tributaria, se solicitó que posterior a la factura intervenida, se emitiera la factura N°  1906, por la transacción realizada, dejándose copia del Acta de Infracción”.  

Seguidamente, se menciona que el hecho descrito, constituye “Incumplimiento a Deber  Formal, relacionado con el deber de emisión de factura, nota fiscal o documento  equivalente, de acuerdo a lo establecido en el art. 4 de la ley 843 y el art. 6° parágrafo I 

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de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07 de fecha 18/05/2007”; continúa señalando que se procedió a “labrar el Acta de Infracción N° 00116707 (Form.  7544) de fecha 25/07/2014, a través de la cual se le informó al sujeto pasivo de la  clausura del establecimiento por Doce (12) días al haber incurrido en la contravención  por Segunda Vez”. De forma posterior, y una vez reconocida la inexistencia de  descargos, se resolvió sancionar a la ahora recurrente por la no emisión de factura,  con la clausura de doce días continuos de su establecimiento comercial, en atención a  ser la segunda vez que incurre en dicha contravención tributaria. 

De la compulsa entre el argumento de reclamo y los antecedentes administrativos, se  concluye, que la Administración Tributaria, desarrolló un procedimiento de control  tributario en base a lo dispuesto por el art. 170 del CTB, que tiene la finalidad de  revisar el correcto cumplimiento del deber formal de emisión de factura; facultad de  control que se encuentra reconocida a la Administración Tributaria, mediante los arts.  21, 66. 1, y 100 del mismo cuerpo legal. Así también se tiene que la Administración  Tributaria, mediante su funcionario actuante afirma la constatación o verificación del  ilícito tributario de no emisión de factura, respecto a la venta del producto, constituido  por un jugo de duraznos, por Bs7.-, descripción de hechos, contenida en el Acta de  Infracción N° 116707, documento que goza de presunción de legitimidad, de acuerdo a  lo dispuesto por el art. 65 del CTB, que establece: “los actos de la Administración  Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos (…) salvo expresa  declaración judicial (…)”

En cuanto a esto último, corresponde señalar que la recurrente, no desvirtuó el ilícito  atribuido por la Administración Tributaria, respecto a la venta de jugo de durazno por  Bs7.-, vale decir, no demostró por medios probatorios, la inexistencia de la  contravención tributaria de no emisión de factura; sino simplemente, se remitió a  acusar la falta de especificación del comprador, la pregunta realizada a este, así como  su respuesta. En ese entendido, corresponde señalar que las observaciones realizadas  por la recurrente -por una parte- no desvirtúan la presunción de legitimidad de los actos  de la Administración Tributaria, y por otra parte, son simples alegaciones no probadas,  que no demuestran de qué forma o modo le causan agravio, ni cual la disposición que  considera infringida o que hubiera sido incumplida por la Administración Tributaria.

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En relación a la carencia de medios probatorios, corresponde señalar que a foja 4 del  Cuadernillo de Antecedentes N° 1 (SIN) cursa la factura original N° 1905, que fue  intervenida por el funcionario del SIN, y que respalda la actuación efectuada, ante la  verificación de la contravención tributaria de no emisión de factura, respecto a la cual, 

como ya se señaló anteriormente, la recurrente no produjo prueba en contrario, que  desvirtúe la comisión del ilícito.  

Complementariamente, del análisis de la Resolución impugnada, se tiene que la  relación de causalidad extrañada por la recurrente, se encuentra plasmada de forma  clara y comprensible en el referido acto, en razón de que luego de descrito el hecho  correspondiente a la venta observada por un precio determinado, del que no se tiene 

constancia de la emisión de factura correspondiente, se concluye en la existencia del  incumplimiento al deber formal de no emisión de factura, que vulneró el art. 4 de la Ley  N° 843, además del art. 6.I de la RND 10-0016-07; y detallando que el incumplimiento  a tal obligación, reporta contravención tributaria, de acuerdo a los arts. 164.I y II, y 170  del CTB, disposiciones que también contienen la sanción a aplicarse en el caso  concreto, cual es, la de clausura de su establecimiento comercial. Consiguientemente, 

en la resolución impugnada, existe concordancia entre los hechos descritos, la  normativa y sanción pertinente; por lo que, lo argumentado por la recurrente, resulta  también infundado.  

Por los fundamentos técnicos jurídicos expuestos precedentemente, se concluye que las  observaciones formales realizadas por la recurrente, no constituyen fundamento para la  anulación de la resolución impugnada; consecuentemente corresponde confirmar la  Resolución Sancionatoria N° 18-001235-14, de 25 de agosto de 2014, que impuso la  sanción de doce días continuos del establecimiento comercial de la recurrente. 

POR TANTO 

La suscrita Directora Ejecutiva de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de  Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los arts.  132, 140. a), y 193. I y II de la Ley N° 2492; y art. 141 del Decreto Supremo Nº 29894,

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RESUELVE: 

Primero.- CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria N° 18-001235-14, de 25 de agosto de  2014, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales,  quedando subsistente la sanción de clausura de su establecimiento comercial por doce (12) días  continuos, de acuerdo al art. 164.II del CTB. Todo, en sujeción al art. 212. I. b) del Código  Tributario Boliviano. 

Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente  Resolución a conocimiento del Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación  Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c) del referido Código Tributario  Boliviano. 

Conforme prevé el art. 144 del CTB, el Recurso Jerárquico contra la presente  Resolución de Recurso de Alzada debe presentarse dentro del plazo de 20 días  computables a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

LIPR 

CALN

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