ARIT-CHQ-RA-0248-2014 El SIN no pudo probar, que el contribuyente es reincidente por cuarta vez, dejando sin efecto la sanción impuesta (clausura de 48 días continuos), la ARIT anula la resolución sancionatoria para que el SIN presente la documentación que respalda la reincidencia.

ARIT-CHQ-RA-0248-2014

RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT / CHQ / RA 0248/2014 

RECURRENTE: THELMA ISELA ESCALANTE VARGAS 

RECURRIDO: GERENCIA DISTRITAL CHUQUISACA DEL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES (SIN),  

representada por GROVER CASTELO MIRANDA.  

  

EXPEDIENTE: ARIT-CHQ-0144/2014. 

LUGAR Y FECHA: Sucre, 9 de diciembre de 2014. 

VISTOS.- 

El Recurso de Alzada interpuesto por Thelma Isela Escalante Vargas, contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-000967-14, de 4 de julio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales; Auto de Admisión; antecedentes administrativos del acto impugnado; prueba; autos, decretos y proveídos dictados en la tramitación del recurso; Informe Técnico Jurídico ARIT / CHQ / STJR / SDT / Nº 0248/2014; y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 

CONSIDERANDO: 

Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto impugnado, trámite procesal, análisis del recurso de alzada y fundamentos de la resolución impugnada, se tiene lo siguiente: 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES. 

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, por Resolución Sancionatoria Nº 18-000967-14, de 4 de julio de 2014, sancionó a la contribuyente 

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Thelma Isela Escalante Vargas, titular del NIT 4087822011, con la clausura de cuarenta y ocho (48) días continuos del establecimiento comercial donde desarrolla su actividad, por tratarse de la cuarta contravención de no emisión de factura, en aplicación del art. 164. II del CTB. 

Resolución notificada por cédula el 1 de agosto de 2014, e impugnada el 21 del mismo mes y año, dentro del plazo establecido legal en el art. 143 del CTB. 

  1. CONTENIDO DEL RECURSO. 

Thelma Isela Escalante Vargas (la recurrente) manifestó que la Resolución impugnada  pretende sancionarla sin señalar las Resoluciones y/o Actas, con las que se le  sancionó en anteriores oportunidades con clausura del establecimiento; es decir, sin  explicar el origen de las supuestas reincidencias. Asimismo, señaló que la Resolución  impugnada, más allá de no fundamentar el tipo de operativo empleado, tampoco  menciona los números de Actas y fechas de las presuntas anteriores reincidencias. 

También, señaló que la agravante de reincidencia prevista en el art. 164.II del CTB,  solo puede ser aplicable a partir de la SCP 100/2014, de 10 de enero de 2014, por lo  que, toda sanción por no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente,  verificada en operativos de control tributario, con anterioridad al Acta de Infracción N°  22064, vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso; y que consiguientemente,  la supuesta contravención tributaria de no emisión de factura sería la primera. 

Refirió que el Acta de Infracción N° 22064, no refleja los datos y elementos que sucedieron al momento de la intervención, dado que se trataba de la venta de una  Coca Cola, la cual fue facturada mediante factura N° 3187, por Bs8,50 sin nombre; y  no así, la venta de una soda Simba que supuestamente no fue facturada; agregó, que  el acta no lleva el número de SIF, y que fue labrada por la testigo de actuación y no por  el funcionario actuante, fuera del establecimiento comercial, sin cumplir lo previsto en  el art. 4 de la RND N° 10.0020.05, referida al procedimiento de control bajo la  modalidad de observación Directa. 

Por otra parte, señaló que mediante la oficina virtual pasó su condición de  contribuyente en “Estado Inactivo” conforme establece la RND 10.0013.03, el cual 

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lleva respaldo de la certificación de inactivación; por lo que corresponde dejar sin  efecto la sanción, por la imposibilidad de su ejecución.  

Por lo expuesto, la recurrente solicitó se emita Resolución de Recurso de Alzada,  revocando la Resolución Sancionatoria Nº 18-000967-14, de 4 de julio de 2014. 

III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  

Inicialmente, el recurso planteado fue observado mediante Auto de 28 de agosto de 2014,  por incumplimiento del art. 198. a) del CTB; por lo que, la recurrente subsanó la  observación mediante memorial presentado el 10 de septiembre de 2014. Posteriormente,  el Recurso de Alzada fue admitido mediante Auto de 17 de septiembre de 2014, y se  dispuso notificar a la Administración Tributaria para que en el plazo de quince días,  conteste y remita todos los antecedentes administrativos y los elementos probatorios  relacionados con la resolución impugnada, todo en aplicación del art. 218. c) del CTB.  Auto notificado a la entidad recurrida el 24 de septiembre de 2014, conforme diligencia  de notificación cursante a foja 20 de obrados. 

  1. RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA. 

Dentro del término establecido en el art. 218.c) del CTB, el 9 de octubre de 2014, Grover  Castelo Miranda, se apersonó acreditando su condición de Gerente Distrital Chuquisaca del  SIN, con la copia legalizada de la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0471-14,  de 25 de septiembre de 2014, quién respondió negativamente el recurso formulado,  señalando que el hecho de que la contribuyente haya emitido la factura N° 3190,  confirma el extremo de que en su momento no emitió la factura que correspondía. Indicó  que en el presente caso se cumplió con el debido proceso, toda vez que se cumplió con el  art. 168 del CTB, y descartó el argumento de que la sanción se aplicó sin un procedimiento  sancionatorio previo. 

Respecto a la observación al acta de intervención, señaló que funcionarios del SIN  constataron la no emisión de factura, por la venta de una soda Simba cuyo valor ascendía a  Bs8.-, por lo que en uso de sus atribuciones procedieron a la intervención, en aplicación al  método de observación directa, tal como señala las RND Nros. 10.0020.05 y 10.0009.13.

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Mencionó que la recurrente, sobre la base del mismo fundamento erróneo, señaló que  la actual sanción fue impuesta en base a una norma inconstitucional (facultad de  realización de operativos de control); empero, aclaró que las actuaciones del SIN,  antes de la Sentencia Constitucional son válidas, más cuando toda norma tiene  vigencia y es de cumplimiento obligatorio, en tanto no sea declarada inconstitucional. 

Con relación al cómputo de las reincidencias, manifestó que se realizó de acuerdo a la  consulta realizada en el sistema de datos PROSINDET de la Administración Tributaria  y de la revisión de la documentación y cómputo de los casos de reincidencia, registros  que tienen toda la validez probatoria de acuerdo al art. 7 del DS N° 27310. 

Finalmente, respecto a lo señalado por la recurrente que pasó a estado inactivo y que  cuenta con la certificación correspondiente, manifestó que la recurrente no presentó  ningún documento que demuestre el mencionado trámite. 

Por estos argumentos, solicitó se emita Resolución de Recurso de Alzada, confirmando la  resolución impugnada. 

  1. FASE PROBATORIA.  

En aplicación de lo previsto en el inc. d) del artículo 218 del CTB, mediante Auto de 10  de octubre de 2014, que cursa a foja 25 de obrados, se dispuso la apertura del plazo  probatorio común y perentorio a las partes de 20 días, procediéndose a su notificación  el 15 de octubre de 2014, conforme consta por las diligencias de fs. 26 y 27 de  obrados.  

En esta fase, el 4 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria presentó  memorial de ratificación de prueba documental adjunta a su respuesta, así como en los  fundamentos legales expuestos en ella; también señaló que dicha prueba demuestra el  incumplimiento incurrido por la contribuyente, y que la resolución impugnada se encuentra  enmarcada en la normativa vigente, además de respetar los derechos de la ahora  recurrente. Por su parte, la recurrente no aportó más prueba.

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  1. ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN  TRIBUTARIA DE CHUQUISACA. 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, en mérito a lo  dispuesto en el art. 141 del DS Nº 29894, con vigencia a partir del 1 de abril de 2009,  tiene la facultad y competencia para conocer y resolver el presente Recurso de Alzada,  de acuerdo a la Disposición Transitoria Segunda del CTB.  

Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de  Cámara de esta instancia administrativa, cursante de fs. 32 a 33 de obrados, se tiene  que el plazo de los cuarenta (40) días, para la emisión de la Resolución del Recurso de  Alzada, conforme dispone el art. 210.III del CTB, vence el 15 de diciembre de 2014. 

VII. RELACIÓN DE HECHOS. 

De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(SIN) se tiene la siguiente relación  de hechos: 

El 30 de mayo de 2014, a horas 10:45 a.m. el servidor público de la Gerencia Distrital  Chuquisaca del SIN, labró el Acta de Infracción Nº 22064, contra la contribuyente  Thelma Isela Escalante Vargas, titular del NIT 4087822011, en el domicilio fiscal  ubicado en la avenida Hernando Siles N° 941 (de esta ciudad) constatando el  incumplimiento en la emisión de factura por la venta de una soda Simba, por un valor  de Bs8.-, por lo que se intervino la factura N° 3189 y se solicitó la emisión de la factura  N° 3190, siguiente a la intervenida, para formalizar el cumplimiento de la obligación  tributaria; infringiendo los arts. 164.I, II y 170 del CTB, art. 4 inc. a) de la Ley 843 y 6.I  de la RND 10.0016.07, hecho sancionado con 48 días continuos de clausura, al  tratarse de la cuarta contravención, en aplicación del art. 164.II del CTB; otorgando el  plazo de 20 días para que formule sus descargos, computables a partir de la fecha del  Acta (foja 5). 

El 23 de junio de 2014, Thelma Isela Escalante Vargas presentó memorial con  descargos, señalando que el Acta de Infracción, no refleja los datos y elementos que  sucedieron al momento de la intervención, que no lleva el número de SIF, y que fue  labrada por la testigo de actuación y no por el funcionario actuante; agregó, que pasó 

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su condición a “Estado Inactivo”, por lo que correspondería al SIN dejar sin efecto la  consecución de la sanción, por la imposibilidad ejecutar la misma (fs. 11 a 12). 

El, 4 de julio de 2014, la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos  Nacionales, por Resolución Sancionatoria Nº 18-000967-14 -luego de analizados los  descargos- sancionó a la contribuyente Thelma Isela Escalante Vargas, titular del NIT  4087822011, con la clausura de cuarenta y ocho (48) días continuos del  establecimiento comercial donde desarrolla su actividad, por tratarse de la tercera  contravención de no emisión de factura, en aplicación del art. 164. II del CTB. Esta  resolución, fue notificada por cédula el 1 de agosto de 2014 (fs. 25 a 28). 

VIII. MARCO LEGAL.  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

Artículo 115.- II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a  una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

Artículo 117.- I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada  previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido  impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada (…). 

Artículo 410.- I. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos  públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente  Constitución. 

  1. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de  primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad  está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos  Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación  de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las  competencias de las entidades territoriales: 

1.- Constitución Política del Estado. 

2.- Los tratados internacionales. 

3.- Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de  legislación departamental, municipal e indígena.

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4.- Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos  ejecutivos correspondientes. 

LEY N° 254, CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL

Artículo 14.- (Sentencias con calidad de cosa juzgada). La sentencia que declare la  inconstitucionalidad de una norma del ordenamiento jurídico, no dará lugar a la revisión  de sentencias que tengan la calidad de cosa juzgada, ni a la revisión de los actos  realizados con la norma cuando se presumía constitucional.  

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO

Artículo 5.- (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). I. Con carácter  limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación normativa: 1. La Constitución Política del Estado.  

  1. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.  3. El presente Código Tributario.  
  2. Las Leyes  
  3. Los Decretos Supremos. 
  4. Resoluciones Supremas. 
  5. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos  administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación  establecidos en este Código. 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de  tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su  jurisdicción y competencia. 

  1. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los  principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas  que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

Artículo 6.- (Principio de Legalidad o Reserva de Ley). I. Sólo la Ley puede: 1. Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación  tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma; y  designar al sujeto pasivo. 

  1. Excluir hechos económicos gravables del objeto de un tributo.

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  1. Otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios. 
  2. Condonar total o parcialmente el pago de tributos, intereses y sanciones. 5. Establecer los procedimientos jurisdiccionales. 
  3. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 7. Establecer privilegios y preferencias para el cobro de las obligaciones tributarias. 8. Establecer regímenes suspensivos en materia aduanera.  

  

Artículo 66.- (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes  facultades específicas: 

  1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; (…) 9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; (…) 

Artículo 68.- (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: (…) 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los  que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que  respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros  autorizados, en los términos del presente Código (…) 

Artículo 74.- (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos  tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con  arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la  naturaleza y fines de la materia tributaria: 

  1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del  Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas  contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán  supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás  normas en materia administrativa (…). 

Artículo 103.- (Verificación del Cumplimiento de Deberes Formales y de la  Obligación de Emitir Factura). La Administración Tributaria podrá verificar el  cumplimiento de los deberes formales de los sujetos pasivos y de su obligación de  emitir factura, sin que se requiera para ello otro trámite que el de la identificación de los  funcionarios actuantes y en caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento se  levantará un acta que será firmada por los funcionarios y por el titular del 

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establecimiento o quien en ese momento se hallara a cargo del mismo. Si éste no  supiera o se negara a firmar, se hará constar el hecho con testigo de actuación.  Se presume, sin admitir prueba en contrario, que quien realiza tareas en un  establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, responsabilizando sus  actos y omisiones inexcusablemente a este último. 

Artículo 155.- (Agravantes). Constituyen agravantes de ilícitos tributarios, las  siguientes circunstancias: 

  1. La reincidencia, cuando el autor hubiere sido sancionado por resolución  administrativa firme o sentencia ejecutoriada por la comisión de un ilícito tributario del  mismo tipo en un periodo de cinco (5) años. 

Artículo 160.- (Clasificación). Son Contravenciones Tributarias: (…) 2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; (…) 

Artículo 164.- (No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente). I. Quien en virtud de lo establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la  emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será  sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad gravada,  

sin perjuicio de la fiscalización y determinación de la deuda tributaria.  II. La sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho (48)  días atendiendo el grado de reincidencia del contraventor. La primera contravención  será penada con el mínimo de la sanción y por cada reincidencia será agravada en el  doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este máximo se sancionará cualquier  reincidencia posterior. 

Artículo 168.- (Sumario Contravencional). I. Siempre que la conducta contraventora  no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento  administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario,  cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria  mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye  al responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá  disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a quince  (15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la contravención, a quien 

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se concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y  ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. 

  1. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan  aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá  pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes.  Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de  este Código. 

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de  sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar  descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

Artículo 170.- (Procedimiento de Control Tributario). (Modificado por la Disposición  Adicional Quinta de la Ley 317 de 12/12/2012 y SCP 100/2014 de 10/01/2014).  La Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la  obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente mediante  operativos de control. Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria, los  funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde  se identifique la misma, se especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero  responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán  firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta  actuación. 

El sujeto pasivo podrá convertir la sanción de clausura por el pago inmediato de una  multa equivalente a diez (10) veces el monto de lo no facturado, siempre que sea la  primera vez. En adelante no se aplicará la convertibilidad. Tratándose de servicios de  salud, educación y hotelería la convertibilidad podrá aplicarse más de una vez. Ante la  imposibilidad física de aplicar la sanción de clausura se procederá al decomiso  temporal de las mercancías por los plazos previstos para dicha sanción, debiendo el  sujeto pasivo o tercero responsable cubrir los gastos.  

LEY Nº 2341, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Artículo 27.- (Acto Administrativo). Se considera acto administrativo, toda  declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o  particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional,  cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que 

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produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se  presume legítimo. 

Artículo 28.- (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son elementos  esenciales del acto administrativo los siguientes: 

  1. a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; 
  2. b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el  derecho aplicable; 
  3. c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.; 
  4. d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y  sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones  que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b)  del presente artículo; y, 
  5. f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

Artículo 36.- (Anulabilidad del Acto). I. Serán anulables los actos administrativos que  incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el  artículo anterior.  

  1. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la  anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar  su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

DECRETO SUPREMO Nº 28247, 14 DE JULIO DE 2005. 

Artículo 3.- (Verificación) Además de las modalidades de verificación establecidas por el  SIN, a efecto de lo dispuesto en el Artículo 170 del Código Tributario Boliviano, se utilizarán  las siguientes modalidades:  

  1. a) Observación Directa: Procedimiento mediante el cual los servidores públicos del  Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) expresamente autorizados, observan el proceso de  compra de bienes y/o contratación de servicios realizado por un tercero y verifican si el  vendedor emite la factura, nota fiscal o documento equivalente.  

La observación se llevará a cabo en el interior del establecimiento o fuera del mismo, de  acuerdo a las condiciones o características de éste.

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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0037-07, DE 14 DE DICIEMBRE  DE 2007. 

Artículo 17. (Imposición de Sanciones no vinculadas al procedimiento de  determinación). 

2.2. Cuando la posible contravención se encuentre respaldada por un Acta de Infracción  emergente de un operativo, su emisión y notificación se efectuara simultáneamente. 

El Acta de Infracción contendrá, como mínimo: 

  1. Numero de Acta de Infracción. 
  2. Lugar y fecha de emisión. 
  3. Nombre o razón social del presunto contraventor. 
  4. Número de Identificación tributaria (cuando se encuentre inscrito). 
  5. Acto u omisión que origina la contravención y norma específica infringida. f. Sanción aplicable, señalando la norma legal o administrativa donde se encuentra establecida. 
  6. Plazo y lugar donde pueden presentarse descargos. 
  7. Nombre y firma del titular del establecimiento o de quien, en ese momento, se hallara a  cargo del mismo. Si se rehusara a firmar, nombre, numero de documento de identificación y  firma del testigo de actuación. 
  8. Nombre, firma y número de documento de identificación del funcionario actuante. 

RND Nº 10-0020-05, PROCEDIMIENTO DE CONTROL TRIBUTARIO EN LAS  MODALIDADES E OBSERVACIÓN DIRECTA Y COMPRAS DE CONTROL

Artículo 3.- (Testigo de Actuación). Se habilita a los Servidores Públicos del Servicio de  Impuestos Nacionales para fungir como Testigos de Actuación en el Procedimiento de  Control Tributario. 

  1. FUNDAMENTOS TÉCNICO JURÍDICOS. 

La recurrente, formuló Recurso de Alzada en base a la siguientes observaciones: 1.- Que el  Acta no describe adecuadamente los hechos ocurridos; 2. Cómputo ilegal de la  reincidencia, posterior a la SSCC 100/2014; y 3. La falta de explicación de la reincidencia  como agravante para fundamentar la sanción de clausura. Por otra parte, como argumento 

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de fondo, señalo que mediante la oficina virtual pasó su condición de contribuyente a  “Estado Inactivo” conforme establece la RND 10.0013.03, el cual lleva respaldo de la  certificación de inactivación; por lo que correspondería dejar sin efecto la sanción de  clausura. 

En ese entendido, corresponde inicialmente revisar los vicios de forma denunciados, y sólo  en el caso de que estos sean inexistentes se procederá a la revisión y análisis del  argumento de fondo, consistente en Estado Inactivo del contribuyente. 

9.1. Respecto a que el Acta no describe adecuadamente los hechos ocurridos. 

La recurrente, señaló que el Acta de Infracción N° 22064, no refleja los datos y  elementos que sucedieron al momento de la intervención, dado que se trataba de la  venta de una Coca Cola, por la cual emitió factura N° 3187, por Bs8,50 sin nombre; y  no así, la venta de una soda Simba que supuestamente no fue facturada; agregó, que  el acta no lleva el número de SIF, y que fue labrada por la testigo de actuación y no por  el funcionario actuante, fuera del establecimiento comercial, sin cumplir lo previsto en  el art. 4 de la RND N° 10.0020.05, referida al procedimiento de control bajo la  modalidad de observación Directa. 

Por su parte, la Administración Tributaria señaló que funcionarios del SIN, constataron la no  emisión de factura, por la venta de una soda Simba cuyo valor ascendía a Bs8.-, por lo que  en uso de sus atribuciones procedieron a la intervención, en aplicación al método de  observación directa, tal como señala las RND’s Nros. 10.0020.05 y 10.0009.13. 

Al respecto, la doctrina enseña que para establecer qué actos administrativos son inválidos,  debe conocerse previamente cuáles son los requisitos de validez de dicho acto, de modo  que de su comparación puedan quedar expuestos los posibles vicios; el acto será nulo o  anulable en función de la mayor gravedad del vicio (Osvaldo H. Soler, Derecho Tributario,  Pág. 569, Ed. 2005). 

Así, el art. 103 del CTB, dispone que la Administración Tributaria, podrá verificar el  cumplimiento de los deberes formales de los sujetos pasivos, sin que se requiera para ello  otro trámite que el de la identificación de los funcionarios actuantes y que, en caso de  verificarse cualquier tipo de incumplimiento, se levantará un acta que será firmada por los 

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mismos y por el titular del establecimiento o quien en ese momento se hallara a cargo de  éste.  

Asimismo, el art. 168 del CTB, establece que: I. Siempre que la conducta contraventora  no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento  administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario,  cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria  mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye  al responsable de la contravención (…). III. Cuando la contravención sea establecida  en acta, ésta suplirá al auto inicial de sumario contravencional, en la misma deberá  indicarse el plazo para presentar descargos y vencido éste, se emitirá la resolución  final del sumario”

En cuanto a la emisión de actas en procedimientos de control tributario, el art. 170 del  CTB, establece: “(…) Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria,  los funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta  donde se identifique la misma, se especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero  responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán  firmar el acta, caso contrario se dejara expresa constancia de la negativa a esta  actuación” (Negrillas nuestras).  

  

Por otra parte, el art. 3 del DS N° 28247, de 14 de julio de 2005, que reglamenta “El  Control de Oficio de la obligación de emitir facturas” a efecto de lo dispuesto en el art.  170 del CTB, establece dos modalidades de Verificación: a) Observación Directa:  Procedimiento mediante el cual los servidores públicos del Servicio de Impuestos  Nacionales (SIN) expresamente autorizados, observan el proceso de compra de  bienes y/o contratación de servicios realizado por un tercero y verifican si el vendedor  emite la factura, nota fiscal o documento equivalente. La observación se llevará a cabo  en el interior del establecimiento o fuera del mismo, de acuerdo a las condiciones o  características de este. b) Compras de Control: Procedimiento por el cual, servidores  públicos del SIN u otras personas contratadas por el SIN en el marco de lo dispuesto  por el artículo 6 de la Ley N° 2027, del Estatuto del Funcionario Público, expresamente  autorizadas al efecto, efectúan la compra de bienes y/o contratación de servicios, con  la finalidad de verificar la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente.

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En ese contexto, el numeral 2.2 del art. 17 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10- 0037-07, dispone que cuando la posible contravención se encuentre respaldada por un  Acta de Infracción emergente de un operativo, la misma señalará como mínimo: a) Numero  de Acta de Infracción, b) Lugar y fecha de emisión, c) Nombre o razón social del presunto  contraventor, d) Número de Identificación tributaria (cuando se encuentre inscrito), e) Acto u  omisión que origina la contravención y norma específica infringida, f) Sanción aplicable,  señalando la norma legal o administrativa donde se encuentra establecida, g) Plazo y lugar  donde pueden presentarse descargos, h) Nombre y firma del titular del establecimiento o de  quien, en ese momento, se hallara a cargo del mismo. Si se rehusara a firmar, nombre,  numero de documento de identificación y firma del testigo de actuación, i) Nombre, firma y  número de documento de identificación del funcionario actuante. 

De la revisión de antecedentes administrativos, se observa, que de acuerdo al  Memorándum CITE: SIN/GDCH/DF/MEM/00196/2014, de 2 de mayo de 2014, que cursa a  foja 7 de Cuadernillo de Antecedentes N° 1(SIN), la Gerencia Distrital Chuquisaca del  Servicio de Impuestos Nacionales, instruyó a sus funcionarios, la realización de Operativos  de Control Tributario Coercitivo, con el objetivo de verificar la facturación de los  contribuyentes; todo esto, en el mes de mayo de la gestión 2014, con la habilitación de  horas extraordinarias.  

Respecto a la observación referida a que el Acta de Infracción no reflejaría los datos y  elementos que sucedieron al momento de la intervención; corresponde señalar que los  controladores fiscales, estaban facultados mediante memorándum 00196/2014, para  verificar el cumplimiento de las obligaciones formales respecto a la emisión de factura, de la 

contribuyente Thelma Isela Escalante Vargas, bajo el mecanismo de control coercitivo, modalidad de observación directa, de acuerdo al art. 3 del DS 28247 y art. 170 del CTB; es  así, que el servidor público observó la venta de una soda Simba, por un valor de Bs8.-, sin  que se haya emitido la factura correspondiente, motivo por el cual, intervino la factura N°  3189 y labró el Acta de Infracción N° 22064. 

Del análisis de la citada Acta, se evidencia que el 30 de mayo de 2014, a horas 10:45  a.m. el servidor público de la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, se constituyó en el  domicilio fiscal de la contribuyente Thelma Isela Escalante Vargas, titular del NIT  4087822011, ubicado en la Avenida Hernando Siles N° 941 (de esta ciudad) donde  constató el incumplimiento de la obligación formal de emisión de factura, por la venta 

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de una soda Simba, con un valor de Bs8.-, por lo que intervino la factura N° 3189 y  solicitó la emisión de la factura N° 3190, para formalizar el cumplimiento de la  obligación tributaria; registrando la infracción de los arts. 164.I, II y 170 del CTB, art. 4  inc. a) de la Ley 843 y 6.I de la RND 10.0016.07, sancionado con 48 días continuos de  clausura, al tratarse de la cuarta contravención, en aplicación del art. 164.II del CTB;  otorgando el plazo de 20 días para que formule por escrito sus descargos y ofrezca  todas las pruebas que hagan a su derecho, debiendo apersonarse para tal efecto en oficinas del SIN Chuquisaca ubicada en calle Bolívar N° 358, consignando en la parte  inferior del acta la firma, nombre y C.I., del funcionario actuante (foja 5 del cuadernillo  de antecedentes). 

De lo descrito precedentemente, se tiene que la Administración Tributaria, desarrolló  un procedimiento sancionatorio, iniciado mediante Acta de Infracción, en el que  consigna los requisitos mínimos señalados en el numeral 2.2 del art. 17 de la RND Nº 10- 0037-07; como son: número de Acta de Infracción, Lugar y fecha de emisión, Nombre o  razón social del presunto contraventor; Número de Identificación tributaria; acto u omisión  que origina la contravención y norma específica infringida; sanción aplicable, señalando la  norma legal o administrativa donde se encuentra establecida; plazo y lugar donde pueden  presentarse descargos; nombre y firma del titular del establecimiento o de quien en ese  momento se hallara a cargo del mismo; en el presente caso se rehusó a firmar; asimismo, 

lleva nombre, numero de documento de identificación y firma del testigo de actuación,  además nombre, firma y número de documento de identificación del funcionario actuante,  no siendo evidente que se haya labrado solo por el testigo de actuación y carezca de la  firma de funcionario actuante. 

En consecuencia, los actos de la Administración Tributaria se enmarcaron a Ley,  conteniendo el Acta de Infracción N° 22064, los requisitos señalados en el art. 17 de la RND  N° 10.0037.07; y el número SIF en el Acta no es un requisito mínimo en la normativa que  ocasione nulidad del acto; y, al no existir prueba de descargo aportada por la recurrente,  que desvirtué la afirmación de la Administración Tributaria, se concluye que los agravios aducido por la recurrente, no son evidentes. 

Por otro lado, respecto al lugar donde supuestamente fue labrada el Acta y la persona que  lo hizo; corresponde puntualizar que -en cuanto a si la verificación fue realizada fuera y no  dentro de su establecimiento comercial- el art 3 inc. a) del Decreto Supremo N° 28247, 

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señala que el Control de Oficio de la obligación de emitir factura los servidores públicos del  SIN expresamente autorizados verificaran si el vendedor emite la factura “la observación se  llevará a cabo en el interior del establecimiento o fuera del mismo, de acuerdo a las  condiciones o características de éste”; por lo que, conforme prevé la normativa, no existió 

vulneración alguna al procedimiento; que además, la recurrente, no respaldó o sustentó de  qué manera la causó agravio ese hecho, no siendo evidente el agravio referido por la  recurrente. 

Consecuentemente, el Acta de Infracción N° 116424, contiene la información necesaria  exigida por la normativa tributaria, contenida en el art. 168 y 170 del CTB, evidenciándose en ella, circunstancias propias a la venta observada, producto, precio, y la constatación de  la no emisión de la factura correspondiente a la actuación adecuada al Procedimiento de  Control Tributario, dentro de la modalidad de observación directa y enmarcadas dentro los  requisitos que prevé la RND Nº 10-0037-07, para la elaboración del acta de infracción que  devenga de un operativo conforme prevé el art. 103 del CTB, además que la recurrente no  produjo prueba que respalde sus aseveraciones. 

9.2. Con relación al cómputo de la reincidencia, posterior a la SSCC 100/2014.  

La recurrente manifestó que la agravante de reincidencia prevista en el art. 164.II del  CTB, solo puede ser aplicable a partir de la SCP 100/2014, de 10 de enero de 2014,  por lo que, toda sanción por no emisión de factura, nota fiscal o documento  equivalente, verificada en operativos de control tributario, con anterioridad al Acta de  Infracción N° 22064, vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso; y que  consiguientemente, la supuesta contravención tributaria de no emisión de factura sería  la primera. 

Al respecto corresponde señalar que la Disposición Adicional Quinta de la Ley Nº 317, de  Presupuesto General del Estado Gestión 2013, modificó el primer párrafo del art. 170 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, con el siguiente texto: “La  Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la obligación  de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente mediante operativos de control.  Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de la  Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la misma,  se especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero responsable, los funcionarios 

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actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán firmar el acta, caso contrario se dejará  expresa constancia de la negativa a esta actuación. Concluida la misma, procederá la  clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones establecidas en el Parágrafo II  del Artículo 164 de este Código. En caso de reincidencia, después de la máxima aplicada,  se procederá a la clausura definitiva del local intervenido”

Ahora bien, el referido art. 164 del CTB tipifica la contravención de no emisión de factura,  nota fiscal o documento equivalente, como sigue: “I. Quien en virtud de lo establecido en  disposiciones normativas, esté obligado a la emisión de facturas, notas fiscales o  documentos equivalentes y omita hacerlo, será sancionado con la clausura del  establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, sin perjuicio de la fiscalización y  determinación de la deuda tributaria. II. La sanción será de seis (6) días hasta un máximo  de cuarenta y ocho (48) días atendiendo la reincidencia del contraventor. La primera  contravención será penada con el mínimo de la sanción y por cada reincidencia será  agravada en el doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este máximo se sancionará  cualquier reincidencia posterior (…)”. 

En ese entendido cabe mencionar que la SCP 100/2014, invocada por la recurrente, en su  primer numeral (1) declaró la inconstitucionalidad de la frase de la Disposición Adicional  Quinta de la Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2013, que señala: “Concluida  la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones  establecidas en el Parágrafo II del Artículo 164 de este Código. En caso de reincidencia,  después de la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva del local intervenido”  (Negrillas nuestras). Sin embargo también corresponde puntualizar que la misma SCP  100/2014, a continuación aclara expresamente que la declaratoria de inconstitucionalidad  de la frase señalada, no implica la declaratoria de inconstitucionalidad del párrafo II del art.  164 del Código Tributario Boliviano, por no haber sido sometido a control de  constitucionalidad.  

Por lo que, en el marco de lo estrictamente resuelto por el Tribunal Constitucional  Plurinacional, la aplicación del párrafo II del art. 164 del CTB, es totalmente válida, lo que  significa que en la verificación de la no emisión de factura en un procedimiento de control  tributario, no corresponde aplicar la sanción anterior de tres días, como inicialmente  establecía el art. 170 del CTB, sino considerar la reincidencia de la contravención, la cual se  mantiene incólume y al margen de los efectos de la inconstitucionalidad, conforme al criterio 

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del propio Tribunal Constitucional Plurinacional, que debe calificarse conforme el art. 164  del CTB, entre 6 a 48 días.  

9.3. Con relación a la falta de explicación de la reincidencia como agravante para  fundamentar la sanción de clausura.  

La recurrente, manifestó que la Resolución impugnada pretende sancionarla sin  señalar las Resoluciones y/o Actas, con las que se le sancionó en anteriores  oportunidades con la clausura del establecimiento; es decir, sin explicar el origen de las  supuestas reincidencias. Asimismo, señaló que la Resolución impugnada, más allá de  no fundamentar el tipo de operativo empleado, tampoco menciona los números de  Actas y fechas de las presuntas anteriores reincidencias

En cuanto al cómputo de las reincidencias, la Administración Tributaria manifestó que  se realizó de acuerdo a la consulta realizada en el sistema de datos PROSINDET de la  Administración Tributaria y de la revisión de la documentación y computo de los casos  de reincidencia, registros que tienen toda la validez probatoria de acuerdo al art. 7 del  DS N° 27310. 

En ese entendido, tomando en cuenta que el reclamo de la recurrente, se orienta a la falta  de fundamentación de la resolución impugnada, por no establecer cuáles son las anteriores  sanciones impuestas, y la base de la documentación y cómputos de reincidencia en la  que fundamento la Resolución impugnada, y no en resoluciones administrativas  ejecutoriadas que demuestren la reincidencia, corresponde a esta instancia  administrativa, en estricto apego del principio de congruencia, pronunciarse sobre este  argumento de la siguiente forma. 

  

De la jurisprudencia constitucional, corresponde señalar que de acuerdo a la Sentencia  Constitucional (SC) 1365/2005-R, de 31 de octubre: “(…) la garantía del debido proceso,  comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo  que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una  resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que  sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos  establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de  conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una 

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resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al  caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos  rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al  administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos  juzgados sino de la forma en que se decidió”

De igual forma la SC 2227/2010-R, establece: “Es imperante además precisar que toda  resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el  derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los  siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las  partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos  pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la  norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos  los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera  concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles  un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el  nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el  supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y  la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad  antes señalado”

Por su parte, la doctrina precisa que: “el acto debe estar razonablemente fundado, o sea,  debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales  arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de los hechos y  antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se considera ajustada a  derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los hechos  objetivamente ciertos” (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, II-36 y 37, T.  IV). 

Ahora bien, tomando en cuenta que la Resolución Sancionatoria impugnada, Acto  Administrativo previsto en el art. 27 de la LPA, debe contener los elementos  esenciales, que conforme a lo estipulado por el art. 28 del mismo cuerpo legal,  imprescindiblemente: b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes  que le sirvan de causa y en el derecho aplicable” y “e) Fundamento: Deberá ser 

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fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el  acto, consignado, además, los recaudos indicando en el inciso b) del presente artículo.  Todo esto en función al art. 74.I del CTB que posibilita la aplicación supletoria de las  normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás normas en materia  administrativa. 

En cuanto a la reincidencia, corresponde señalar de forma general, que de acuerdo, al art.  155.1 del CTB, una de las causales que constituye agravante de ilícitos tributarios es la  reincidencia, que es descrita de la siguiente forma: (…) cuando el autor hubiere sido  sancionado por resolución administrativa firme o sentencia ejecutoriada por la comisión  de un ilícito tributario del mismo tipo en un periodo de cinco (5) años”

Por otra parte, de forma específica y puntual, el art. 164 del CTB, en su parágrafo I,  tipifica y sanciona la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente. En el  parágrafo siguiente, establece la aplicación de la sanción, en razón a la reincidencia,  de la siguiente manera: “II. La sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo  de cuarenta y ocho (48) días atendiendo el grado de reincidencia del contraventor.  La primera contravención será penada con el mínimo de la sanción y por cada  reincidencia será agravada en el doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este  máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior”

Corresponde precisar que la consideración de la “reincidencia” para la aplicación de  sanciones por la contravención tributaria de no emisión de factura, debe basarse  siempre en actos administrativos definitivos, que hayan adquirido firmeza, vale decir,  que no tengan la posibilidad de recurso ulterior -así se entiende de los mandatos  contenidos en el CTB vigente- mismos que deben ser especificados con claridad y  precisión en la resolución que tome en cuenta la reincidencia. Lo contrario, significaría  que la Administración Tributaria imponga sanciones, por el incumplimiento al deber  formal de emisión de factura, sobre hechos que aún se encuentren en procesamiento  para la aplicación de sanciones o bien que se encuentren en instancia de impugnación,  es decir sujetos a situaciones inciertas o pendientes de una decisión final.  

De allí radica la importancia de la fundamentación de la reincidencia en toda resolución  que pretenda sancionar el incumplimiento al deber formal de emisión de factura,  conforme establece el art. 164.I y II del CTB, ya que a través de ella se garantiza 

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seguridad y certeza no solo al sujeto pasivo, sino también a la propia Administración  Tributaria, al momento de efectivizar la sanción de clausura correspondiente, ya que  tendrá el conocimiento exacto del periodo en que se aplique la sanción a ejecutar, sin  incertidumbre en cuanto al resultados de posibles impugnaciones o procedimientos  sancionatorios inconclusos; todo esto producto de la correcta fundamentación de la  reincidencia, cuyos efectos –conforme prevé el art. 164.II del CTB- dan lugar a la  agravación de la sanción en el doble por cada “reincidencia” que supone una sanción  firme anterior a la que se aplica por una nueva contravención, término que no se  asimila o tiene los mismos efectos que la “reiteración” en la comisión de la misma  contravención sin que exista una sanción firme; situación que podría derivar en el  extremo de la aplicación agravada de una sanción posterior cuando la anterior tenga el  riesgo de quedar sin efecto como resultado de su impugnación, sea judicial o  administrativa, lo que desde luego afecta la certeza de los actos.  

En suma, atribuir un significado y alcance diferente al término “reincidencia” contenido  en el art. 164.II del CTB, y al término “reincidencia” contenido y definido en el art.  155.1 del mismo CTB, resulta contrario a la interpretación integral de un mismo cuerpo  normativo, más cuando en el ámbito del derecho punitivo en general la “reincidencia”  afirma el alcance dado a esta figura en el CTB, que exige actos firmes anteriores para  la agravación de una sanción –sea pecuniaria o administrativa- y no solo la simple  “reiteración” en la comisión de una contravención, término que no está mencionado en  el art. 164 del CTB.  

En el caso analizado, la Resolución Sancionatoria N° 18-000967-14, respecto a la  reincidencia de la contravención de no emisión de factura, menciona que: “el (la) contribuyente incurrió por cuarta vez en la contravención tributaria por no emisión de  factura (nota fiscal o documento equivalente),conforme se evidencia de la revisión de la  documentación y cómputo de los casos de reincidencia, por la Administración  Tributaria, donde se pudo constatar que el (la) contribuyente es reincidente (…)”; sin  embargo, no demuestra tal reincidencia, mediante los actos sancionatorios firmes, por  las que anteriormente hubiere impuesto la sanción de no emisión de factura, conforme  los condicionamientos contenidos en el art. 155.I del CTB, disposición legal del mismo  cuerpo normativo tributario, a la cual corresponde acudir a efectos de entender el  alcance del término “reincidencia” contenido en el art. 164.II, del ya mencionado CTB, a  pesar de la aplicación de la agravación de sanciones dispuestas en este último artículo.

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Corresponde precisar que la fundamentación de la decisión, es una obligación que  debe cumplir el órgano administrativo que emite el acto administrativo, en el caso  particular de la reincidencia, es la Administración Tributaria, quien debe justificar de  forma expresa y documentada la existencia de sanciones firmes anteriores a la que  pretende imponer nuevamente respecto a un mismo ilícito, esto con el objetivo de que  el infractor, pueda contradecir tal situación a momento de formular su impugnación, es  decir, que se permita un efectivo ejercicio del derecho a la defensa. En este entendido,  la Resolución impugnada, no especifica con claridad los antecedentes, ni las sanciones  firmes impuestas con anterioridad; siendo totalmente contradictorio a este  razonamiento que se fundamenta en el análisis de la normativa y jurisprudencia  constitucional, que la Administración Tributaria pretenda suplir la carencia de  fundamentación de la resolución impugnada mediante documentos ajenos a esta, que  en ningún momento forman parte de su contenido, como sucede con el reporte de  consulta cursante a foja 6 de antecedentes administrativos; el cual de ningún modo  explica o fundamenta la existencia de firmeza de las sanciones que anteriormente se  habrían impuesto, conforme la exigencia del art. 155 del CTB, más cuando ni siquiera  fue mencionado en la Resolución Sancionatoria impugnada; además que dicho reporte  de convertibilidad del Sistema Prosindet, carece de información respecto a las fechas  en las cuales se labró actas de clausura anteriores, es decir que la Administración  Tributaria no acreditó que anteriormente haya sancionado por este mismo ilícito  tributario, conforme prevé el art. 155 del CTB.  

Consiguientemente, cabe señalar que respecto a este punto de reclamo, resulta  evidente lo argumentado por la recurrente en sentido de que la Administración  Tributaria, no demostró en el proceso y en la Resolución impugnada, la reincidencia  que se le atribuye, por la comisión de anteriores contravenciones tributarias por no  emisión de factura. Sin embargo, corresponde precisar que esto no acarrea la  revocatoria de la resolución impugnada, sino que es un vicio de forma, que  conlleva a la anulabilidad del acto administrativo definitivo impugnado, a efectos  de su saneamiento procesal, de acuerdo a lo previsto por el art. 36.II de la LPA, toda  vez que se colocó a la recurrente en una situación de incertidumbre e indefensión  respecto a la falta de explicación de la reincidencia en la contravención, a través de  resolución firme; entendimiento que fue reconocido por la Resolución de Recurso  Jerárquico AGIT-RJ 1595/2014 de 24 de noviembre de 2014, que en uno de sus  fundamentos señala: “Asimismo, de la lectura de la Resolución Sancionatoria N° 

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18-000143-14 de 11 de abril de 2014, se advierte que tampoco detalla las Actas de  Infracción y/o documento que demuestren que el Sujeto Pasivo incurrió en  incumplimiento de no emisión de factura en dos ocasiones anteriores y por tanto  sustenten la sanción de 24 días de clausura; lo que determina que la citada  Resolución no contiene una debida fundamentación en cuanto a la reincidencia  que rige la aplicación de 24 días de clausura del establecimiento comercial del  Sujeto Pasivo; vulnerando el debido proceso y el derecho a la defensa que le  asisten, puesto que la Resolución Sancionatoria debe contener todos los  elementos que permitan al Sujeto Pasivo tomar conocimiento cierto del  incumplimiento y sanción que se le atribuye (…)” 

Por todo lo expuesto, se establece que la Resolución Sancionatoria N° 18-000967-14, de 4  de julio de 2014, no contiene los fundamentos de hecho o sustento fáctico, respecto a la  reincidencia de la contravención de no emisión de la factura que justifique la imposición de  la sanción de clausura por 48 días, agravante que no fue demostrada con documentación  idónea por la Administración Tributaria, omisión que afecta la motivación del acto, requisito  esencial que debe contener todo acto administrativo, conforme dispone el art. 28 incisos b) y e)  de la LPA; además de contener referencia a petición no realizada por la ahora recurrente.  Aspectos que dan lugar a la anulabilidad del acto, conforme la previsión del art. 36 de la LPA,  aplicable en materia tributaria en virtud del art. 74.1 del CTB. 

POR TANTO 

La suscrita Directora Ejecutiva de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de  Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los  artículos 132 y 140 inciso a) del Código Tributario Boliviano; artículo 193, numerales I y II de la  Ley Nº 3092 y artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894, 

RESUELVE: 

Primero.- ANULAR, la Resolución Sancionatoria N° 18-000967-14, de 4 de julio de 2014,  emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales,  debiendo la Administración Tributaria emitir nueva Resolución que contemple los fundamentos  de hecho y derecho que justifiquen la decisión que adopte en relación al sumario 

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contravencional seguido contra la recurrente, conforme a los criterios de legalidad expuestos en el fundamento 9.3 de la presente Resolución. Todo, conforme establece el art. 212.Ic) del Código Tributario Boliviano. 

Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente Resolución a conocimiento del Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c) del referido Código Tributario Boliviano . 

Conforme discutir el art. 144 del CTB, el Recurso Jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada debe presentarse dentro del plazo de 20 días computables a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

LIPR 

CALN 

EALP

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