ARIT-CHQ-RA-0244-2018 Resolución Administrativa denegando la solicitud de rectificación del Form. 200 que pretendía incrementar el saldo a Favor de Contribuyente

ARIT-CHQ-RA-0244-2018

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Autoridad regional de Impugnación Tributaria Estado Plurinacíonal de Bolivia 

III 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0244/2018 

Recurrente Glovanna Jessi Gutiérrez Arandía. 

Administración recurrida Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, representada 

por Jhonny Padilla Palacios. 

Acto impugnado Resolución Administrativa 231810000397. 

ARIT-CHQ-0055/2018. 

Sucre, 17 de diciembre de 2018. 

VISTOS: 

Expediente FECHA 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CHQ/ITJ 0244/2018 de 14 de diciembre de 2018, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. 

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, por Resolución Administrativa 231810000397 de 25 de septiembre de 2018, resolvió rechazar la solicitud de rectificatoria del formulario 200 (IVA) del periodo marzo de 2007, con número de orden 1076536151, presentada por la contribuyente Glovanna Jessi Gutiérrez Arandía, titulardeINIT 1873025017. 

Resolución notificada personalmente a Glovanna Jessi Gutiérrez Arandia, el 28 de 5SU9M 

-septiembre de 2018 e impugnada el 16 de octubre de 2018; dentro del plazo legal de veinte 

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días establecido por el art. 143 del CTB. 1 de

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. 

11.1. Argumentos de la Recurrente. 

Giovanna Jessi Gutiérrez Arandia (la recurrente) denunció que la Resolución Administrativa impugnada no analizó el fondo de su solicitud, aduciendo que su rectifícatoria incumplió lo dispuesto por el art. 28.IV del DS 27310, modificado por DS 2993 de 23/11/2016, que establece que la solicitud podrá presentarse hasta antes de que concluya el periodo de prescripción, conforme el art. 59 de! CTB o hasta antes del Inicio de la fiscalización o verificación, lo que ocurra primero; sin tomar en cuenta que fue la propia Administración Tributaria, que requirió documentación (facturas de compras, documentos fehacientes de pago y otra documentación que respalde la transacción económica, inventarios y kárdex de mercancías) a través de Auto 251810000133, por io que, según lo previsto en el art. 81 del CTB, tenía el deber legal de apreciar cada uno de los elementos probatorios aportados, para luego establecer con base probatoria, la verdad material de los hechos, conforme a las reglas de la sana crítica, y determinar si era evidente que existió error material en la declaración jurada que amerite su rectificación o establecer que el periodo marzo 2007 estaba prescrito. Consiguientemente, indicó que la Resolución Administrativa, ahora impugnada está viciada con la nulidad por falta de fundamentación y motivación. 

Agregó que en la Resolución Administrativa impugnada, la Administración Tributaria estableció que el periodo marzo de 2007 estaría prescrito, por lo que correspondía emitir Resolución Administrativa de Aceptación de Prescripción y no así de Aceptación de la Solicitud de Rectifícatoria. 

Por otra parte, señaló que conforme los arts. 123 de la CPE y 150 del CTB, en el presente caso corresponde aplicar el art. 59 del CTB sin modificaciones, que prevé que las acciones de la Administración Tributaria, prescriben a los 4 años, computables de acuerdo ai art. 94.11 del CTB, que refiere que la deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo y comunicada a la Administración Tributaria en la correspondiente declaración jurada, podrá ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni determinación administrativa previa, cuando la Administración Tributaria compruebe la inexistencia de pago o su pago parcial, por ser preferente y disposición de carácter especial, frente a la prevista en el art. 60.11 del CTB, que regula varios tipos de títulos de ejecución tributaria; por consiguiente, indicó que el término de la prescripción, se 

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computa a partir del día siguiente en que el contribuyente presentó sus declaraciones juradas pendientes de pago, conforme al art. 59 del CTB; por tanto, respecto ai IVA del periodo marzo 20.07, el cómputo de la prescripción inició el 22/04/2007 -considerando que la fecha de vencimiento era el 20/04/2007- y prescribió el 22 de abril de 2011. Como precedente citó la SO 35/2007 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia. 

Finalmente, por todos los argumentos expuestos solicitó la anulación de la Resolución Administrativa 231810000397 de 25 de septiembre de 2018, a efectos de que la Administración Tributaria emita una nueva Resolución Administrativa de aceptación de la declaración jurada rectificatoria o en su caso una Resolución Administrativa de aceptación de la prescripción del periodo marzo de 2007. 

  1. 2. Auto de Admisión. 

Mediante Auto de 22 de octubre de 2018, se admitió el recurso y dispuso notificar a la Administración Tributaria para que en el plazo de quince días, conteste y remita todos los antecedentes administrativos así como los elementos probatorios relacionados con el acto impugnado, todo en aplicación del art. 218.c) del CTB. Auto notificado a la entidad recurrida el 25 de octubre de 2018, conforme diligencia de fs. 16 de obrados. 

  1. 3. Respuesta de la Administración Tributaria. 

El 9 de noviembre de 2018, dentro del término establecido en el art. 218. c) del CTB, se apersonó Jhonny Padilla Palacios, acreditando su condición de Gerente Distrital del SIN Chuquisaca, mediante copia legalizada de la Resolución Administrativa de Presidencia 031800000750 de 03 de septiembre de 2018, quien respondió allanándose al recurso planteado, manifestando que: [De los antecedentes administrativos existentes, se hace visible que la Resolución Administrativa se pronuncia por ei rechazo a ia solicitud de rectificatoria del periodo marzo de 2007, omitiendo la fundamentaclón y motivación al no explicar de manera ciara respecto al rechazo de la rectificatoria, evidenciándose que si bien señala como normativa al Decreto Supremo A/® 27310 de 09 de enero de 2004 modificado por Decreto Supremo N” 2992 de 23 de noviembre de 2016 (…) 

sin embargo no explica de manera ciara y precisa las circunstancias que sirven de sustento de la decisión del rechazo, dando lugar a que el acto administrativo ingrese en vicios de forma susceptibles de anulación para su subsanación. De io que se concluye que rrespondía a esta Administración Tributaria fundamentar y explicar en la Resolución 

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Administrativa 231810000397 de 25 de septiembre de 2018, que resolvió rechazar la rectificatoria, los motivos que sustentan el rechazo, debiendo considerar inclusive en sentido de expresar criterio de hecho y de derecho en base a normativa vigente, con ei fin de emitir una decisión fundamentada que no afecte el debido proceso (…)]. 

En mérito a lo expresado, solicitó la anulación de la Resolución Administrativa 231810000397 de 25 de septiembre de 2018, para que se emita una nueva respuesta de manera fundamentada y motivada. 

  1. 4. Apertura de término probatorio y producción de prueba. 

Conforme establece el art. 218. d) del CTB, y considerando que la Administración Tributaria recurrida se allanó a los términos del Recurso de Alzada, no correspondía la apertura del término probatorio, sino la emisión de la Resolución resolviendo la impugnación conforme el allanamiento de la Administración Tributaria. 

III. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. 

La recurrente formuló Recurso de Alzada precisando los siguientes puntos de reclamo: 1. Falta de fundamentación de la Resolución Administrativa; y 2. Prescripción de las facultades de la Administración Tributaria respecto al periodo marzo 2007. 

III.1 Falta de fundamentación de la Resolución Administrativa. 

La recurrente denunció la falta de motivación y fundamentación de la Resolución Administrativa impugnada aduciendo que no se analizó el fondo de su solicitud, pues no tomó en cuenta que por Auto 251810000133, fue la propia Administración Tributaria, que le requirió documentación, como ser: facturas de compras, documentos fehacientes de pago y otra documentación que respalde la transacción económica, inventarios y kárdex de mercancías, por lo que, según lo previsto en el art. 81 del CTB, tenía el deber legal de apreciar cada uno de los elementos probatorios aportados, y determinar si existió error material en la declaración jurada del periodo marzo 2007 o que estaba prescrita. 

Por su parte, la Administración Tributaria manifestó que la Resolución Administrativa no explicó de manera clara y precisa las circunstancias y motivos que sirvieron de sustento a la 

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decisión de rechazo de la solicitud de rectificatoria; por lo que, dicho acto administrativo efectivamente no está fundamentado ni motivado. 

Así expuestos los argumentos de la recurrente y respuesta de la Administración Tributaria, corresponde proceder a la compulsa que el caso amerita. 

Inicialmente, es necesario considerar que el art 115.11 de la Constitución Política del Estado, establece: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; así también, el art. 117.1 también de la norma fundamental, dispone: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y Juzgada previamente en un debido proceso 

Al respecto, los numerales 6 y 7 del art. 68 de! CTB, establecen como derechos del sujeto pasivo, el derecho al debido proceso y a formular y aportar, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. De forma concordante, el art. 81 de la citada ley, establece que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo; pudiendo ser presentadas con juramento de reciente obtención, aquellas respecto a las cuales el sujeto pasivo, pruebe que la omisión no fue por causa propia, debiendo rechazarse las siguientes: 2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa. 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. En ios casos señalados en los numerales 2 y 3, cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia, podrá presentarlas con juramento de reciente obtención. 

También, corresponde señalar que el art. 28 de la Ley 2341, establece como elementos esenciales del acto administrativo -entre otros- Fundamento, pues deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del Jvuflnae/íf;; 

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La se 2227/2010-R, precisó que: “(…) toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos tácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma Jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia Jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado” (Negrillas nuestras). 

Asimismo, la Sentencia Constitucional 1461/2011-R de 10 de octubre de 2011, sobre la fundamentación de las Resoluciones indica: “el derecho a la fundamentación de las Resoluciones forma parte del debido proceso, empero ello no quiere decir que la sola mención de falta de fundamentación conlleve efectivamente a dicha ausencia, así la SC 0758/2010’R, precisa que la motivación no implica que deba efectuarse una amplia argumentación considerativa más bien supone la existencia de una estructura y de fondo, concreta clara y que satisfaga todos los puntos demandados, debiendo expresar las razones que Justifican su decisión (…)” 

Ahora bien, de la revisión de antecedentes administrativos se tiene que el 27 de marzo de 2018, Diva Arandia de Gutiérrez, apoderada de la ahora recurrente, conforme Testimonio Poder 763/2006, solicitó ante la Administración Tributaria la rectificación de las Declaraciones Juradas del IVA (Fonm. 200) correspondientes a los periodos marzo de 2007 y abril de 2008, explicando que por un error se consignó el importe en la casilla 909 “Diferencia a favor del Fisco o Impuesto Determinado”, cuando debió consignarse en la casilla 693 “Diferencia a favor del contribuyente”, pues en realidad tenía un saldo definitivo a favor del contribuyente. 

El 4 de junio de 2018, la Administración Tributaria mediante Auto 251810000133, requirió a la contribuyente documentación consistente en: facturas de compras que respaldan el crédito fiscal IVA a incrementar, documentos fehacientes que respalden las 

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compras (comprobantes contables, mayores, medios fehacientes de pago y/o cualquier otro documento que respalde la transacción económica, Inventarios y kárdex de mercaderías del periodo marzo de 2007) y Poder Notarial actualizado, otorgando el plazo de 5 días hábiles para su presentación. Tal documentación fue presentada por la recurrente el 14 de junio de 2018. 

Continuando con la revisión, se tiene que el 25 de septiembre de 2018, la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa ahora impugnada, aduciendo que la solicitud de rectificatoria no era procedente, considerando lo establecido en el art. 28. IV del DS 27310 (Rectificatorias a favor de! Contribuyente), modificado mediante DS 2993 de 23/11/2016, que establece que la solicitud de rectificatoria podrá presentarse hasta antes que concluya el periodo de prescripción. 

Revisado el texto de la Resolución impugnada es evidente que no contiene un análisis valorativo de la prueba requerida y presentada por el sujeto pasivo, y tampoco explica las circunstancias tácticas y temporales por las cuales consideraba que correspondía rechazar la solicitud de rectificación impetrada; limitándose a señalar que la misma estaba “fuera de las exigencias descritas en norma tributaria”, sin explicar de qué manera o por qué razón se asumía que dicha solicitud “no cumplía los requisitos legalmente exigidos para su aceptación. 

En ese contexto, resulta evidente que la Resolución Administrativa 231810000397, carece de fundamentación y motivación, además de falta de valoración de la prueba aportada, omisión que vulnera la garantía del debido proceso, por lo que conforme al art. 36 

parágrafo II de la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por mandato del art. 74 del CTB, por lo que corresponde anular obrados para que la Administración Tributaria resuelva fundamentadamente la solicitud de rectificación. 

Finalmente en cuanto al reclamo de la recurrente, respecto a que la Resolución Administrativa debió declarar la prescripción del periodo marzo de 2007; cabe aclarar que la recurrente únicamente formuló solicitud de rectificatoria, ante la Administración Tributaria; razón por la cual, no corresponde que la citada Administración tenga que formular declaración expresa de prescripción respecto a alguna de sus facultades vinculada a alguna obligación pendiente de cumplimiento; sino específicamente en cuanto a la solicitud de rectificatoria presentada, en el marco de las previsiones antes señaladas. Lo que no impide 

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el sujeto pasivo oponga prescripción que considere corresponde. 7 de

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POR TANTO 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de impugnación Tributaria Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y art. 141 del DS 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- ANULAR, la Resolución la Resolución Administrativa 231810000397 de 25 de septiembre de 2018, debiendo la Administración Tributaria emitir una nueva Resolución en la que previa valoración de todos los antecedentes y documentos aportados, resuelva fundamentadamente la solicitud de rectificación conforme la normativa tributaria aplicable. Todo, conforme establece el art. 212.1.c) del referido Código Tributario Boliviano. 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del articulo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el articulo 199 de la Ley 2492 será de cumplimiento obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al art. 140. Inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

CUARTO.- Conforme prevé el art. 144 de la Ley 2492, el plazo para la interposición del Recurso Jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada, es de veinte días computables a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase 

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Directora Ejecutiva Regional a.i. 

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