ARIT-CHQ-RA-0235-2018 Resolución Sancionatoria sin efecto debido a vicios de nulidad por la contravención “No emisión de factura”

ARIT-CHQ-RA-0235-2018

AIT 

Autoridad regional de 

Impugnación Tributaria 

Estado Plurinacional de Solivia 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0235/2018 

Recurrente Asociación de Auto Transporte Mixto “Tupiza 1″, representada legalmente por 

Ricardo Oscar Arlas Ramos. 

Administración recurrida Gerencia Distrital Potosí de! Servicio de Impuestos Nacionales, representada 

legalmente por Zenobio Vilamani Atanacío. 

Acto impugnado Resolución N”181850000493. 

Sanclonatoria 

ARIT-PTS-0072/2018. 

Sucre, 10 de diciembre de 2018. 

VISTOS: 

Expediente FECHA 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CHQ/ITJ 0235/2018 de 6 de diciembre de 2018, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. 

La Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, por Resolución Sancionatoria 181850000493 de 20 de junio de 2018, sancionó a! contribuyente Asociación de Auto Transporte Mixto “Tupiza 1″, titular del NIT 178570025, con la clausura de cuarenta y ocho (48) días continuos del establecimiento comercial donde sarrolla su actividad gravada, por incurrir en la séptima contravención de no emisión 

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glC/NetS NB/ISO 

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de factura, en aplicación del art. 164. 1! del CTB. 1 de 16 

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Justicia tributaria para vivir bien 

Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

mbaerepi Vae (coaranQ Calle Junín, Esq. Ayacucho N” 699 (Ex Edificio ECOBOL) Telfs. (4) 6462299 6454573 www.ait.gob.bo Chuquisaca, Bolivia

Resolución notificada el 15 de agosto de 2018, mediante cédula a Ricardo Oscar Arias Ramos, en calidad de representante legal de la Asociación de Auto Transporte Mixto “Tupiza 1″, e Impugnada el 4 de septiembre de 2018; dentro del plazo legal de veinte días establecido en el art. 143 del CTB. 

  1. TRAiVIlTACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. 

11.1. Argumentos del Recurrente. 

La Asociación de Auto Transporte Mixto “Tupiza T, representada legalmente por Ricardo Oscar Arlas Ramos, de acuerdo a Testimonio Poder 880/2017 (el recurrente), explicó que el 28 de octubre de 2014, un servidor público del SIN se apersonó a sus oficinas ubicadas en la Terminal de Buses de la ciudad de Sucre, para verificar el cumplimiento de la obligación de emitir factura; y al constatar que el nombre: Jherson Balcera no se encontraba en el talonario supuso directamente que no se emitió la factura correspondiente, labrando el Acta de Infracción 117019 de 28 de octubre de 2014, por la contravención tributarla de no emisión de factura, por la compra de un pasaje a la ciudad de Santa Cruz (asiento 4), por el Importe de Bs40.-. AI respecto, aclaró que Jherson Balcera, compró un pasaje a la ciudad de Santa Cruz, solicitando que el boleto y la factura sean emitidos a nombre de Basilio Daza -situación bastante normal en la actividad de transporte- por lo que la dependiente emitió la factura 16470 con los datos solicitados. 

Señaló, que la Resolución Sanclonatoria carece de una debida fundamentación, pues toda la prueba presentada que acreditaría la emisión oportuna de la factura, no fue valorada por la Administración Tributarla, declarándola insuficiente sin explicación. Respecto a la prueba testifical, manifestó que al Impedir la participación de su abogado en la Audiencia Testifical, se vulneró su derecho a la defensa y contar con asistencia técnica, más cuando su persona y los testigos fueron interrogados por siete funcionarios de! SIN, entre ellos el que realizó el operativo, no pudiendo ser a la vez juez y parte. Agregó que la Resolución Sanclonatoria tampoco indica por qué la prueba testifical sería Insuficiente, remitiéndose únicamente a señalar que su abogado no participó porque no fue tomado como testigo. Por lo que, la Administración Tributarla incurrió en omisión probatoria, vulnerando su derecho a la defensa y al debido proceso. 

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AITlChuQui 

Autoridad regional de 

Impugnación Tributaria 

Estado Plurínacional de Bolivia 

Agregó, que la Resolución Sancionatoria Impugnada señala que la factura 16470 carece de legalidad por estar sobrescrita, sin citar normativa alguna o considerar que en el periodo correspondiente se pagó el IVA e IT por dicha factura; pues si bien la RND 10-0021-16, establece aspectos formales para la emisión y validez de las facturas, dicha disposición está por debajo de Decretos Supremos, Leyes y la CPE. 

Aclaró que la factura 16470 correspondiente al asiento 4 a nombre de Basilio Daza, no fue anulada, sino el boleto, a efectos de presentar a Tránsito la nómina de pasajeros que efectivamente viajaron, listado en el que no figuran los nombres de Basilio Daza ni de Jherson Balcera, pues no podía venderse dos pasajes por el asiento 4 al mismo tiempo. Reclamó que la Administración Tributaria le otorgó todo el valor probatorio a un Acta de Infracción alegando su legalidad y legitimidad, presumiendo que no se emitió factura a Jherson Balcera, cuando en ninguna parte del Acta señala que él adquirió el pasaje para mismo, vulnerando de esta forma el derecho a la inocencia y a ser tratado con e! debido respeto y consideración por funcionarios del SIN. 

Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución de Sancionatoria 181850000493 de 20 de junio de 2018. Adjuntó fotocopias simples de las facturas. Nros. 16470 y 16481, lista de pasajeros sellado por el tránsito y planilla de liquidación; asimismo, solicitó al SIN remita el Libro de Ventas IVA Módulo Da Vinci del período octubre de 2014. 

  1. 2. Auto de Admisión. 

Inicialmente el Recurso de Alzada fue observado mediante Auto de 7 de septiembre de 2018, por incumplimiento del art. 198 inciso b) del CTB; una vez subsanada la observación se admitió el Recurso mediante Auto de 21 de septiembre de 2018, y se dispuso notificar a la Administración Tributaria para que en el plazo de quince días, conteste y remita todos los antecedentes administrativos asi como los elementos 

probatorios relacionados con la Resolución impugnada, todo en aplicación del art. 

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218.C) del CTB. Auto notificado a la entidad recurrida el 25 de septiembre de 2018, 

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conforme a la diligencia de fs. 35 de obrados. 3 de 16 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kannani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mbumvísa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (cuarano 

Calle Junín, Esq. Ayacücho 699 (Ex Edificio ECOBOL) Telfs. (4) 6462299 6454573 www.ait.gob.bo Chuquisaca, Bolivia

[|. 3. Respuesta de la Administración Tributaría. 

El 10 de octubre de 2018, dentro del término establecido en el art. 218. c) del CTB, se apersonó Zenobio Vilamani Atanacio, acreditando su condición de Gerente Distrital del SIN Potosí, mediante copia legalizada de la Resolución Administrativa de Presidencia 03-0457-12 de 10 de octubre de 2012; quien respondió en forma negativa al Recurso formulado, manifestando que medíante Memorándum con Cite: SIN/GDCH/DF/MEM/00376/2014 de 1 de octubre de 2014, se autorizó al servidor público Jhon Mihael Calvimontes Durán, realizar operativos coercitivos para verificar la obligación tributaria de emisión de factura, por lo que en ejercido de sus funciones -por verificación medíante observación directa- advirtió que el 28 de octubre de 2014, el contribuyente Asociación de Auto Transporte Mixto “Tupiza 1″, no emitió factura a Jherson Balcera, por la venta de un pasaje a la ciudad de Santa Cruz (asiento 4), por lo que labró el Acta de Infracción 117019, que conforme al art. 77.111 del CTB es prueba de los hechos que la Administración Tributaria en su función físcallzadora recogió, verificó y comprobó. 

En relación a la aseveración del contribuyente que emitió la factura a nombre de Basilio Daza, señaló que el funcionario del SIN al margen de solicitar el talonario de facturas, solicitó la planilla de pasajeros, constatando que en el asiento 4 figuraba como pasajero Jherson Balcera, por lo que debió emitirse la factura correspondiente, conforme el inc. b) del art. 4 de! CTB y art. 40 de la RND 10-0021-16, ya que el hecho generador del IVA, se perfeccionó a momento del pago por el servicio de transporte, aclarando que la no presencia del pasajero para el viaje, no puede considerarse eximente de la obligación tributaria de emitir factura, y que la factura no podía anularse salvo justificación legal valedera. 

Sobre la validez y pertinencia de la factura 16470, observó que se sobrescribió datos de la fecha, precio y número de asiento; es decir, se corrigieren datos a efecto de confundir a la Administración Tributaría y sustentar los justificativos expuestos por el recurrente, citó el art. 41.1 numeral 8 de la RND 10-0016-07, que establece que las facturas para su validez no deben presentar enmiendas, tachaduras, borrones e interlineaciones, por lo que conforme el art. 81.1 del CTB, la misma carecería de legalidad y resultaría inconducente, ya que no se pudo verificar que el detalle del servicio prestado y facturado, corresponda a la venta del boleto 4. 

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Autoridad regidmal de 

Impugnación Tributaria 

Estado Plurinactonal de Bolivia 

Respecto a la prueba testifical, señaló que en obrados cursa el Acta de Audiencia de Prueba Testifical de Adán Llanos García -chofer de la Asociación- y de Claudia Daysi Daza Calvimotes -pasajera del asiento N” 3- atestaciones que no proporcionaron Indicio alguno sobre la emisión de la factura por la venta del boleto 4 a Jherson Balacera, cuyo testimonio-hubiese sido relevante y pertinente al ser parte interviniente de la transacción comercial. En relación al Acta de Infracción 117019, indicó que en dicho acto se recogieron los hechos que dieron lugar al ¡nido del proceso sancionador. Respecto a las facturas Nros. 16470 y 16480, señaló que al no corresponder a la verificación de la transacción comercial correspondiente a la venta del boleto 4 a favor de Jherson Balcera, resultan impertinentes; en cuanto a la planilla de pasajeros, afirmó que se evidenció que en el campo asiento 4, figura el nombre de Jherson Balcera, pasajero y titular de boleto. 

Por último, manifestó que la Administración Tributaria respetó el derecho constitucional del sujeto pasivo para asumir defensa, prevista en el art. 115 del CPE, es asi que en plazo probatorio presentó descargos al Acta de infracción 117019. 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria 181850000493 de 20 de junio de 2018. También adjuntó el Cuademillo de Antecedentes 1 (SIN) con fs. 79. 

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba. 

Mediante Auto de 11 de octubre de 2018, cursante a fs. 49 de obrados, se aperturó el plazo probatorio de veinte días comunes y perentorios, conforme establece el art. 218. d) del CTB. Las partes fueron notificadas eM7 de octubre de 2018, conforme consta a fs. 50 de obrados; consiguientemente el plazo probatorio concluyó el 6 de noviembre de 2018. 

En esta fase, por memorial presentado el 6 de noviembre de 2018, el recurrente ofreció como prueba documental: Declaraciones Juradas IVA e IT (Forms. 200 y 400) de octubre 2014; constancia de presentación de Libros de Compras y Ventas IVA y reporte del Libro de Ventas IVA de octubre de 2014; y talonario de copias de facturas de ventas del 16451 al 16500. Por su parte, la Administración Tributarla por memorial de 6 de noviembre de 2018, se ratificó en los antecedentes remitidos

fundamentos expuestos en la respuesta al Recurso de Alzada. 

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Mana tasaq kuraq kamachiq (quechua) 

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Calle Junín, Esq. Ayacucho 699 (Ex Edificio ECOBOL) Telfs. (4) 6462299- 6454573 www.aitgob.bo Chuquisaca, Solivia

II 

Concluido el plazo probatorio, el expediente fue remitido por la Responsable Departamental de Recursos de Alzada Potosí y radicado por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, mediante Auto de 8 de noviembre de 2018, conforme se tiene a fs. 123 de obrados. 

  1. 5. Alegatos. 

Conforme establece el art. 210.11 del CTB, las partes tenían la oportunidad de presentar alegatos en conclusiones en los veinte días siguientes a la conclusión del término probatorio; es decir, hasta el 26 de noviembre de 2018. 

En el último día de plazo, el representante legal de la Asociación de Auto Transporte Mixto “Tupiza 1″, formuló alegato escrito, “reiterando los argumentos expuestos en su memorial de Recurso de Alzada; además señaló que el día de la intervención, emitió oportunamente la factura por la venta de un pasaje a la ciudad de Santa Cruz (asiento 4) a nombre de Basiiio Daza a solicitud del comprador Jherson Balcera, quien no retiró la factura original, quedándose en poder de la Asociación, y por negligencia la dependiente anuló la factura porque el pasajero no realizó el viaje, a efectos de que coincidan los datos de las facturas con la lista de pasajeros. 

También en el último día de plazo la Administración Tributaria formuló alegato escrito reiterando los argumentos de su memorial de respuesta. 

Ili. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. 

De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes 1(SIN) se tiene la siguiente relación de hechos: 

El 28 de octubre de 2018, a horas 17:15, Jhon Mihael Calvimontes, servidor público de la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN labró el Acta de Infracción 117019, contra el contribuyente Asociación de Auto Transporte Mixto “Tupiza 1″, titular del NIT 178570025, en el domicilio fiscai ubicado en Av. Ostria Gutiérrez s/n. Edificio Terminal de Buses, Piso 1, Zona Terminal de Buses de la ciudad de Sucre, indicando que constató el incumplimiento de emisión de factura por el servicio de “pasaje ciudad de Santa Cruz” por Bs40.-, por lo que intervino la factura 16481 siguiente a la última extendida y solicitó se emita la factura 16482, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la obligación; 

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Autoridad regional de 

Impugnación Tributaria 

Estado Plurinacional de Bolívia 

calificando la conducta en base al numeral 2 del art. 160 del CTB, cuya sanción correspondería a 48 días continuos de clausura, por tratarse de la séptima vez, según el numeral 2 del art. 161 y parágrafo I! del art. 164 del CTB; asimismo, otorgó el plazo de veinte días para la presentación de descargos, computadles a partir de la fecha del Acta. Finalmente consignó en Observaciones, que: “Se hace notar que es la 7ma. Vez en la reincidencia, evidenciándose la no emisión de factura por la venta de pasaje a la ciudad de Santa Cruz, ai pasajero Jherson Balsera del asiento A/® 4, ios dependientes de la empresa se negaron a firmar e identificarse” {fs.7).. 

El 17 de noviembre de 2014, Ricardo Oscar Arias Ramos, Representante Legal de la Asociación de Auto Transporte Mixto “Tupiza 1″, presentó descargos al Acta de Infracción 117019, señalando que el 28 de octubre de 2014, Jherson Baicera, compró un pasaje a la ciudad de Santa Cruz (asiento N*” 4), además habría soíícitado que el boleto y la factura sean emitidos a nombre de Bacilio Daza; por lo que la dependiente emitió ía factura respectiva con los datos solicitados, y al no presentarse el señor Daza, la encargada anuló el boleto, por lo que el nombre de dicho pasajero no fue considerado en la lista que se presentó a Tránsito; sin embargo, funcionarios del SIN, omitiendo aplicar el principio de objetividad que debe regir en sus actos, restó credibilidad a las explicaciones de la dependiente, procediendo a labrar el Acta de Infracción 117019 por la supuesta no emisión de factura, situación que le ocasionó grave perjuicio económico. Oportunidad en la que adjuntó copia del boleto correspondiente al asiento N” 4, planilla de ubicación de pasajeros, lista de pasajeros, copia de boletos registrados y el Acta de Infracción 117019 y ofreció como prueba testifical, las atestaciones de Claudia Daysi Daza Calvimontes, Adán Llanos García, Noemí Zulema Arias Vidaurre y Francisca Vásquez (fs. 18 a 38). 

El 20 de noviembre de 2014, el representante legal de la Asociación de Auto Transporte Mixto “Tupiza 1″, ofreció ante la Administración Tributaria, prueba testifica! (Claudia Daysi Daza Calvimontes y Adán Llanos García), conforme se tiene de las Actas de Audiencia de Declaración Testifical del 21 de noviembre de 2014 (fs. 40 a 47). 

El 24 de noviembre de 2014, el representante legal del sujeto pasivo, presentó memorial denunciando la vulneración de derechos constitucionales, entre ellos el de la 

defensa, toda vez que en la Audiencia de Declaración Testifical, de 21 de noviembre de CIau 

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, se impidió la participación de su abogado; por lo que se le restringió el derecho de ser Coi 

asistido con una defensa técnica de su abogado. Asimismo, denunció que fue sometido a OER 

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Justicia tributaria para vivir bien 

Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

Mana tasaq kuraq kamachrq (quechua) 

Mburuvísa tendodegua mbaeti onomíta 

mbaerepi Vae (Guaraní) Calle Junín, Esq. Ayacucho 699 (Ex Edificio ECOBOL) Telfs. (4) 6462299-6454573 www.alt.gob.bo Chuquísaca, Solivia

un contrainterrogatorio ilegal por siete funcionarios, incluido el funcionario que labró el Acta de Infracción (fs. 50 a 51). 

El 25 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria, emitió el Auto N” 25-000607- 14, señalando que no corresponde dar curso a las observaciones a la Audiencia Testifical realizadas por el sujeto pasivo, pues la intervención del abogado del contribuyente no fue como testigo de los hechos controvertidos, por lo que sus aseveraciones serían inconducentes a efectos de demostrar la existencia o inexistencia del hecho generador (fs. 52 a 54). 

El 20 de junio de 2018, la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Sancionatoria 181850000493, sancionando al contribuyente Asociación de Auto Transporte Mixto “Tupiza 1″, titular del NIT 178570025, con la clausura de cuarenta y ocho (48) días continuos del establecimiento comercial donde desarrolla su actividad gravada, por incurrir en la séptima contravención de no emisión de factura, en aplicación del art. 164. II del CTB. Resolución notificada por cédula a Ricardo Oscar Arias Ramos, en calidad de representante legal de la Asociación de Auto Transporte Mixto “Tupiza 1″ el 15 de agosto de 2018 (fs. 71 a 78). 

  1. FUNDAWIENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. 

El recurrente formuló Recurso de Alzada, denunciando: 1. Falta de fundamentaclón y valoración de la prueba presentada; y 2. Inexistencia de la contravención tributaria de no emisión de factura. 

Se debe precisar que si bien el recurrente peticionó la revocatoria del acto Impugnado; sin embargo, del contenido del meniorial de Recurso de Alzada se advierte que el mismo versa sobre aspectos de forma y de fondo. En ese entendido, esta instancia con la finalidad de evitar nulidades posteriores procederá a la revisión y verificación de la existencia del vicio de forma denunciado, consistente en la falta de valoración de la prueba presentada; y sólo en caso de que no sea evidente, se procederá a la revisión y análisis del aspecto de fondo planteado, consistente en la inexistencia de la contravención tributaria de no emisión de factura. Por lo que, a continuación corresponde efectuar el siguiente análisis. 

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IV.1. Con relación a la falta de fundamentaclón y valoración de la prueba presentada. 

El recurrente señaló que la Resolución Sancionatoria carece de una debida fundamentaclón, pues toda la prueba presentada que acreditaría la emisión oportuna de ia factura, no fue valorada por la Administración Tributaria, declarándola insuficiente sin explicación. Respecto a la prueba testifical, manifestó que al impedir la participación de su abogado en la audiencia testifical, se vulneró su derecho a la defensa y a contar con asistencia técnica, más cuando su persona y los testigos fueron interrogados por siete funcionarios del SIN, entre ellos el que realizó el operativo, no pudiendo ser a la vez juez y parte; agregó que la Resolución Sancionatoria tampoco indica por qué la prueba testifical sería insuficiente, remitiéndose únicamente a señalar que su abogado no participó porque no fue tomado como testigo. Por lo que, la Administración Tributaria incurrió en omisión probatoria, hecho que vulneró su derecho a la defensa y al debido proceso. 

Asimismo, la Resolución Sancionatoria impugnada señala que la factura 16470 carece de legalidad por estar sobrescrita, empero, sin citar normativa alguna o considerar que en el periodo correspondiente el recurrente pagó IVA e IT por dicha factura; pues si bien la RND 10-0021-16, establece aspectos formales para la emisión y validez de las facturas, dicha disposición está por debajo de Decretos Supremos, Leyes y la CPE. 

Por su parte la Administración Tributaria, respecto a la prueba testifical, señaló que en obrados cursa el Acta de Audiencia de Prueba Testifical de Adán Llanos García -chofer de la Asociación- y de Claudia Daysi Daza Calvimotes -pasajera del asiento 3- atestaciones que no proporcionaron indicio alguno sobre la emisión de la factura por la venta del boleto 4 a Jherson Balacera, testimonio que hubiese resultado de mayor relevancia y pertinencia al ser parte interviniente de la transacción comercial. En 

relación al Acta de Infracción 117019, indicó que se recogieron los hechos que dieron lugar al inicio del proceso sancionador. Respecto a las facturas Nros. 16470 y 16480, al no corresponder a la verificación de la transacción comercial correspondiente a la venta del boleto 4 a favor de Jherson Balcera, resultan impertinentes; en cuanto a la planilla de pasajeros, afirmó que se evidenció que en el campo asiento 4, figura 

el nombre de Jherson Balcera, pasajero y titular de boleto. Asimismo, manifestó que la Cía 

inistraclón Tributaria respetó el derecho constitucional del sujeto pasivo para oer 

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asumir defensa, prevista en el art. 115 del CPE, es así que en plazo probatorio presentó descargos al Acta de Infracción N” 117019. 

De lo expuesto por las partes, la controversia a dilucidar consiste en establecer si la Resolución Determinativa contiene la fundamentaclón respecto a la valoración de la prueba de descargo y vicio de nulidad denunciados por el recurrente. 

Inicialmente, es necesario considerar que el art 115.11 de la Constitución Política del Estado, establece: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; asi también, el art. 117.1 también de la norma fundamental, dispone: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y Juzgada previamente en un debido proceso 

Al respecto, la SO 0788/2010-R de 2 de agosto, estableció que: “(…) el debido proceso, es entendido como el derecho de toda persona a un proceso justo, oportuno, gratuito, sin dilaciones y equitativo, en el que entre otros aspectos, se garantice al justiciable el conocimiento o notificación oportuna de la sindicación para que pueda estructurar eficazmente su defensa, el derecho a ser escuchado, presentar pruebas, impugnar, el derecho a la doble instancia, en suma, se le la posibilidad de defenderse adecuadamente de cualquier tipo de acto emanado del Estado, donde se encuentren en riesgo sus derechos, por cuanto esta garantía no sólo es aplicable en el ámbito judicial, sino también administrativo”. 

Por su parte, la SO 2227/2010-R, precisó que: “(…) toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contenerlos siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) 

Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma Jurídica aplicabie al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio especifico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre ias denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma 

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Chuqul 

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Impugnación Tributaria 

Estado Plurinacional de Bolivia 

aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señaiado” (Negrillas nuestras). 

Ahora bien, es importante considerar en el análisis del caso que, la doctrina define la prueba como el: “Conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar, ia verdad o la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas”. (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 26- Edición Actualizada, Corregida y Aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Buenos Aires Argentina: Editorial “Heiiasta”, 1999. Págs. 625-626). 

Al respecto, los numerales 6 y 7 del art. 68 del CTB, establecen como derechos del sujeto pasivo, el derecho al debido proceso y a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este código, todo tipo de pruebas y alegatos a ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución; en la misma línea el art. 81 de la citada ley, dispone que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, 

siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo, pudiendo ser presentadas con juramento de reciente obtención, aquellas respecto a las cuales el sujeto pasivo, pruebe que la omisión no fue por causa propia, debiendo rechazarse las siguientes: 2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa. 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. En los casos señalados en ios numerales 2 y 3, cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia, podrá presentarlas con juramento de reciente obtención. 

La Autoridad General de Impugnación Tributaria en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0205/2015 de 13 de febrero de 2015, precisó que: “(…) debe hacerse mención a que la fundamentación, en relación a la valoración de la prueba, no puede limitarse a la repetición de fórmulas generales que no Impliquen una explicación propia de las causales para desestimarla, debiendo al respecto tornar en cuenta las situaciones en las 

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que se produce “motivación arbitraria”, es decir, los casos que: “una decisión coincide o deviene de ia valoración arbitraria, irrazonable de ia prueba o, en su caso, de la omisión en 

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Justicia tributaría para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvísa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Calle Junín, Esq. Ayacucho 699 (Ex Edificio ECOBOL) Telfs. (4)6462299-6454573 www.ait.gob.bo Chuquísaca, Bolivia

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la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/200&’R de 2 de octubre), que influye, en ambos casos, en la confíabilldad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión”, debiendo existir “dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión (SC 0466/2013)”. 

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se tiene que el 28 de octubre de 2018, a horas 17:15, un funcionario del SIN Chuquisaca, labró el Acta de Infracción 117019, contra el contribuyente Asociación de Auto Transporte Mixto “Tupiza 1″, titular del NIT 178570025, por incumplimiento de emisión de factura por el servicio de “pasaje ciudad de Santa Cruz” por Bs40.-, calificando su conducta según el numeral 2 del art. 160 del CTB y estableciendo preliminarmente la sanción de 48 días continuos de clausura, por tratarse de la séptima vez, según el numeral 2 del art. 161 y parágrafo II del art. 164 del CTB, además otorgó el plazo de veinte días para la presentación de descargos, computadles a partir de la fecha del Acta. 

Dentro del plazo otorgado -el 17 de noviembre de 2018- el contribuyente presentó descargos manifestando que el 28 de octubre de 2014, Jherson Balcera, compró un pasaje a la ciudad de Santa Cruz -asiento 4- solicitando que el boleto y la factura sean emitidos a nombre de Bacilio Daza, procediendo a la emisión de la factura respectiva con los datos solicitados y que al no presentarse el señor Daza, anuló el boleto, por lo que el nombre de dicho pasajero no fue considerado en la lista que se presentó a Tránsito, argumentos a los que se restó credibilidad omitiendo aplicar el principio de objetividad que debe regir en sus actos. Adjuntó, copia del boleto correspondiente ai asiento N” 4, planilla de ubicación de pasajeros, lista de pasajeros, copia de boletos registrados y el Acta de Infracción 117019 y ofreció como prueba testifical, las atestaciones de Claudia Daysi Daza Calvimontes, Adán Llanos García, Nohemí Zulema Arias Vidaurre y Francisca Vásquez, conforme se tiene de las Actas de Audiencia de Declaración Testifical del 21 de noviembre de 2014. 

El 24 de noviembre de 2014, la entidad ahora recurrente, denunció la vulneración de derechos constitucionales, toda vez que en la Audiencia de Declaración Testifical, se impidió la participación de su abogado, restringiendo su derecho a ser asistido con una defensa técnica, además denunció que fue sometido a un contrainterrogatorio por siete funcionarios, y que de forma ¡legal sus testigos fueron interrogados por el funcionario que 

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Autoridad regional de 

Impugnación Tributaria 

Estado Plurinacional de Bolívía 

labró el Acta de Infracción. En respuesta, el 25 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria, emitió el Auto 25-000607-14, resolviendo que no corresponde dar curso a las observaciones realizadas por el sujeto pasivo, en el entendido de que la intervención del abogado del contribuyente no fue como testigo de los hechos controvertidos, por lo que sus aseveraciones serían inconducentes a efectos de demostrar la existencia o inexistencia del hecho generador. 

Ahora bien, en la Resolución Sancionatoria 181850000493 de 20 de junio de 2018, la Administración Tributaria detalló la documentación presentada por el sujeto pasivo y transcribió los argumentos de descargo formulados por él, señalando que de acuerdo al Informe remitido por el Departamento de Fiscalización con CITE:SIN/GDCH/DF/INF/04086/2014 de 11 de diciembre de 2014, tales descargos serían insuficientes para desvirtuar la contravención atribuida, ya que de acuerdo a un análisis técnico jurídico de los documentos presentados, el contribuyente admitió que no emitió la factura, ai señalar que el boleto adquirido por Jherson Balcera fue emitido a nombre de Basilio Daza, por el asiento número 4, anulado porque el pasajero no se presentó para el viaje, consecuentemente no fue consignado en la lista Ingresada a tránsito. Asimismo, señaló que tomando en cuenta las pruebas presentadas por el contribuyente se evidenció que la factura emitida supuestamente a nombre de Basilio Daza fue sobrescrita en datos anteriores, por lo que carece de legalidad; además que el hecho generador del impuesto se perfeccionó en el momento de la cancelación por el servicio de transporte, por lo que la no presencia del pasajero no exime la obligación de emitir factura, es decir no anula el hecho generador del IVA, conforme establece en el art. 16 del CTB, inc. b) del art. 4 de la Ley 843; y que de acuerdo al art. 4 de la Ley 2341 las actuaciones de los controladores fiscales se presumen legítimas y sus declaraciones en ios respectivos informes gozan de credibilidad. 

Respecto a la prueba testifical, en la Resolución impugnada se señaló que el 24 de noviembre de 2014, el contribuyente hizo la representación de la Audiencia de Prueba Testifical, argumentando la vulnerabilidad de los derechos fundamentales a la defensa, porque en la Audiencia no participó su abogado. El Departamento Jurídico del SIN a través de Auto 25-000607-14, manifestó que las observaciones hechas por el contribuyente no corresponden ya que el abogado de ia Asociación no fue tomado como testigo en la insuficiente y no desvirtúa el Acta de Infracción N’ 117019 de 28 de octubre de 2014. (&

Audiencia Testifical, por cuanto la justificación realizada por el contribuyente sería Cía 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (quechua) Mburuvisa tendodegua mbaetí oñomita 

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De lo expuesto precedentemente, se evidencia que en la Resolución impugnada se efectuó una valoración y compulsa parcial de los argumentos expuestos y prueba aportada por el ahora recurrente, contenido que no cuenta con un análisis valorativo de toda la prueba presentada por el sujeto pasivo, pues simplemente se limitó a hacer énfasis en la invalidez de la factura adjunta como descargo, en razón a la sobrescritura; sin embargo, no expuso la normativa en la que apoyó su observación; es decir no explicó fundadamente las razones por las que considera que la factura 16470 no sería válida, a efectos de demostrar que no se trata de un criterio aislado y discrecional del SIN, sino que por el contrario, la invalidez aludida contiene el necesario respaldo normativo que impide que sea tomada en cuenta. 

Por otra parte, sostuvo que la no presencia del pasajero no era causal para que no se configure el hecho generador; empero, no emitió criterio alguno respecto a la demás prueba consistente en: fotocopias de facturas 16471 al 16480; fotocopia de la planilla de pasajeros presentada a Tránsito, planilla de liquidación, fotocopia de la factura 16481 y atestaciones de los ciudadanos Claudia Daysi Daza Calvimontes, Adán Llanos García, Noemí Zulema Arias Vidaurre y Francisca Vásquez; pues si bien, se menciona el Auto 25-000607-14, afirmando que el abogado del representante legal no fue tomado como testigo en la Audiencia Testifical; en realidad no existe evidencia de la apreciación y valoración de las atestaciones producidas en el marco de las previsiones del CTB. 

De acuerdo a lo señalado, es evidente que la Resolución impugnada solo expuso conclusiones, omitiendo el análisis objetivo e individualizado de la prueba aportada así como de todos los argumentos de defensa del ahora recurrente, poniendo de manifiesto la falta de valoración objetiva y completa de la prueba, cuando la Administración Tributaria debió pronunciarse sobre cada uno de los elementos probatorios aportados, relacionando sus conclusiones con el análisis de cada uno de ellos, explicando en cada caso la razón de su invalidez o ineficacia probatoria en relación a la omisión que dio lugar a la imputación de la contravención, a fin de demostrar cómo fueron considerados o evaluados. 

Adicionalmente, en la Resolución Sancionatoria impugnada, la Administración Tributaria se limitó a señalar que de acuerdo al Informe de Fiscalización CITE;SIN/GDCH/DF/INF/04086/2014 de 11 de diciembre de 2014, los descargos serían insuficientes para desvirtuar la contravención que se le atribuye. Al respecto, debe considerarse que la simple mención del informe citado, no puede asumirse como fundamentación del acto, sirviéndose para ello de la simple cita o referencia; toda vez que la Resolución Sancionatoria debe contener de forma propia inmanente a ella, la valoración de 

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Autoridad regional de Impugnación Tributaria Estado Plurinacional de Bolivia 

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la prueba presentada por el sujeto pasivo, a fin de respaldar fundadamente ia decisión a concluir, por lo que los argumentos y razonamientos expuestos en el citado informe necesariamente debieron estar plasmados en la Resolución, pues los requisitos esenciales, de todo acto administrativo, como una Resolución Sancionatoria, no pueden remitirse al contenido de otros documentos, máxime cuando inclusive en memorial de respuesta, la Administración Tributaria intentó suplir tal falencia, situación que denota precisamente la falta de fundamento del acto impugnado. 

Siendo evidente los vicios de forma denunciados, queda claro que esta instancia recursiva se ve imposibilitada de ingresar al análisis y resolución del aspecto de fondo del presente caso, pues eso significaría subsanar las deficiencias advertidas en la Resolución que al presente es objeto de Recurso, validando las omisiones de la Administración Tributaria en 

cuanto a la motivación y fundamentación, cuando es a dicha entidad a quien corresponde primero motivar y fundamentar su decisión, a fin de que el sujeto pasivo tenga certeza de las razones de la decisión asumida y pueda ejercer efectivamente su derecho a la impugnación, si acaso la decisión de ia Administración Tributaria fuera contraria a sus intereses; situación que desde luego impone ia necesidad de sanear el procedimiento en resguardo de la garantía del debido proceso. 

Por todo lo expuesto, y toda vez que el derecho a una Resolución fundamentada y motivada como componente del debido proceso, constituye derecho inviolable del individuo, al haberse identificado los vicios de nulidad descritos en la Resolución Sancionatoria impugnada, se establece que en el presente caso la Administración Tributaria, vulneró el art. 115.11 de la Constitución Política del Estado, así como los derechos reconocidos en el art. 68 numerales 6 y 7 del CTB; por lo que, conforme con el art. 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por mandato del art. 74 del CTB, corresponde anular la Resolución Sancionatoria 181850000493 de 20 de junio de 2018, debiendo la Administración Tributaria emitir una nueva Resolución, que contenga la valoración y pronunciamiento respecto de todas las pruebas presentadas por la Asociación del Auto Transporte Mixto “Tupiza 1″, en resguardo del derecho a la garantía del debido proceso consagrada en los arts. 115 y 117 de la CPE. 

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mbaerepiVae (cuaranQ Calle Junín, Esq. Ayacucho N” 699 (Ex Edificio ECOBOL) Telfs. (4) 6462299 6454573 vvww.aít.gob.bo Chuquisaca, Bolivía

POR TANTO 

La suscrita Directora Ejecutiva a.l. de la Autoridad Regional de impugnación Tributaria Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y art. 141 del DS 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- ANULAR, la Resolución la Resolución Sanclonatoria 181850000493 de 20 de junio de 2018, emitida por la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, con reposición de obrados hasta que la Administración Tributaria, emita nueva Resolución, según los criterios de legitimidad expuestos en la presente. Todo conforme establece el art. 212.1.c) del Código Tributario Boliviano. 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, ^ ^ J1 conforme establece el artículo 199 de la Ley 2492 será de cumplimiento obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

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General de Impugnación Tributaria, de conformidad al art. 140. Inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

CUARTO.- Conforme prevé el art. 144 de la Ley 2492, e! plazo para la interposición del Recurso Jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada, es de veinte días computables a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

Direcíofa Ejefcutiva f^glonai a.¡. 

Direccióii ejecutiva Regional 

Autoridad Re^onal da Impugnaciífi Tiíiitória Chupsaca 

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