ARIT-CHQ-RA-0228-2016 Resolución determinativa, que revoca parcialmente la deuda tributaria por la contravención de tributos omitidos de los meses de marzo, mayo y septiembre 2012

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Autoridad de 

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Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0228/2016 

Recurrente Agripina Huata Choque

Administración recurrida Gerencia Distrital Potosí del Servicio de  Impuestos Nacionales, representada

Legalmente por Zenobio Vilamani Atanacio

Acto Impugnado Resolución Determinativa N‘  17-0000211-16

ARIT-PTS-0122/2016.

Sucre, 27 de diciembre de 2016.

VISTOS: 

Expediente Lugar y fecha 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración  Tributaria Recurrida, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el  expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CHQ/ITJ N° 0228/2016 de  27 de diciembre de 2016, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo  cuanto se tuvo presente.

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. 

La Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución  Determinativa N° 17-0000211-16 de 19 de julio de 2016, determinando contra la  contribuyente Agripina Huata Choque, deuda tributaria de UFV’s 72.812 (Setenta y dos  mil ochocientas doce Unidades de Fomento a la Vivienda) por concepto de IVA  (Crédito Fiscal), por los periodos marzo, mayo y septiembre de 2012; monto que  comprende tributo omitido, interés y sanción por omisión de pago equivalente al 100%

del tributo omitido.

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Resolución notificada por cédula a Agripina Huata Choque, el 9 de septiembre de 2016  e impugnada el 3 de octubre de 2016, dentro del plazo previsto en el art. 143 del CTB.

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. 

11.1. Argumentos de la Recurrente. 

Agripina Huata Choque (la recurrente), manifestó que la factura N° 61753, fue  depurada por la Administración Tributaria, por no consignar nombre y/o razón social del  comprador; sin embargo, contiene su NIT como mecanismo de identificación y el  nombre comercial de la empresa, que incluso figura en las facturas que emite; por lo  que resulta contradictorio que el SIN observe facturas emitidas a su nombre comercial;  aspecto que en todo caso constituiría un incumplimiento a deber formal y no así el  desconocimiento del crédito fiscal.

También señaló, que la factura N° 25578, fue depurada parcialmente por la  Administración Tributaria, sin especificar qué aspectos a criterio de los fiscalizadores  no corresponderían a su actividad gravada, por lo que el acto administrativo carecería  de fundamentación, ausencia que vulnera el derecho a la defensa y debido proceso  consagrado en el art. 115 de la CPE.

Indicó que la factura N° 664, fue depurada por el SIN porque no consignaría su número  de NIT; sin embargo, contiene ese dato, por lo que no corresponde la observación de  la Administración Tributaria.

Asimismo, señaló que la Administración Tributaria observó la factura N° 897 sin valorar  la verdad material de los hechos, ya que no revisó el extracto bancario que presentó;  documento que demuestra que no se trata de un retiro en efectivo, sino el pago a su  proveedora Felipa Huata mediante transferencia bancaria a la cuenta de ésta,  información que fue desconocida por la Administración Tributaria vulnerando el  derecho a la defensa consagrado en la CPE y en el art. 68.7 del CTB.

También, manifestó que el método de determinación de la base imponible es sobre  Base Cierta, cuando se cuenta con documentos e información que permita conocer de  manera directa los hechos generadores del tributo, según lo previsto en el art. 43.1 del

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CTB, por lo que en el presente caso, la Administración Tributaria debió solicitar  información a las entidades financieras a fin de corroborar la información contenida en  los extractos bancarios presentados por su persona que demuestran los pagos  efectuados a su proveedora Felipa Huata.

Por último, señaló que la carga de la prueba recae en la Administración Tributaria, y  que existe amplia doctrina de la AIT en la que se insta al sujeto activo demostrar las  observaciones que efectúa.

Por los argumentos expuestos, solicitó la Revocatoria Total de la Resolución  Determinativa N° 17-0000211-16 de 19 de julio de 2016.

11.2. Auto de Admisión. 

Inicialmente, el Recurso fue observado por Auto de 5 de octubre de 2016, por  incumplimiento del art. 198 incisos b), d) y e) del CTB; subsanada la observación, se  admitió el Recurso de Alzada por Auto de 17 de octubre de 2016, y se dispuso notificar  a la Administración Tributaria para que en el plazo de quince días, conteste y remita  todos los antecedentes administrativos, así como los elementos probatorios  relacionados con la Resolución impugnada; todo en aplicación del art. 218. c) del CTB.  Auto de admisión notificado personalmente al representante de la entidad recurrida el  19 de octubre de 2016, conforme diligencia de notificación personal cursante a fs. 19  de obrados.

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria. 

Dentro del término establecido en el art. 218. c) del CTB, se apersonó Zenobio Vilamani  Atanacio, acreditando su condición de Gerente Distrital Potosí del SIN, con la copia  legalizada de la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0457-12, de 10 de  octubre de 2012, y respondió negativamente al recurso formulado, manifestando que el

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taxativamente que la factura debe consignar -en el caso de personas naturales mínimamente el nombre o apellido de la compradora, dato que no consigna la factura  N° 61753, solo el nombre comercia! “Librería Milenium”, que no fue comunicado al

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Señaló que la factura N° 25578, fue observada parcialmente por el valor de Bs1.506.-  por consignar en su detalle productos que no cumplen con la condición de vinculación  con la actividad gravada de la recurrente, conforme prevén los arts. 8 inc. a) de ta Ley  843 y 8 del DS N° 21530; además, que no demostró el destino y uso de los bienes  observados. Asimismo, manifestó que la recurrente no puede alegar que el acto  administrativo carece de fundamentación, ya que en etapa de descargos a la Vista de  Cargo no efectuó reclamo alguno respecto a dicha factura.

Aseveró que la factura N° 664, fue observada por la administración Tributaria por  consignar el NIT 5899034017 que no pertenece a la recurrente; incumpliendo con la  carga de la prueba “ortus probando” establecido en los arts. 70.5 y 96 del CTB.

En relación a que no se valoró adecuadamente las facturas emitidas por la proveedora  Felipa Huata Choque (hermana de la recurrente) como prueba, señaló que confunde  sus obligaciones tributarias previstas en el art. 70.5 del CTB con las facultades que  posee la Administración Tributaria, establecidas en el art. 66.11 del citado código, art.  37 del DS N° 27310 y la RND 10.0011.11, que establecen la obligación de respaldar  con un documento emitido por una entidad de intermediación financiera regulada por la  ASFI o el BCB las transacciones iguales o mayores a Bs50.000.- como obligación  propia de la contribuyente y no así de la Administración Tributaria.

Sobre la depuración de la factura N° 897, señaló que la contribuyente no cumplió con  la carga de la prueba establecida en el art. 81 del CTB, ya que presentó un contrato  privado de una supuesta venta, por Bs106.000.- y no por el monto de la factura  Bs106.050.- y que si bien hizo un pago parcial mediante transferencia de su cuenta N°  501-50453325-3-39 de Bs70.000.- a favor de su hermana Felipa Huata Choque el 15  de septiembre de 2014, no existe prueba fehaciente de que el número de cuenta 501-  50831924-3 pertenezca a la vendedora, además que la fechas no son coincidentes.  Con referencia a la constancia de presentación de bancarización, señaló que no  cumple el requisito de pertinencia, ya que fue presentado fuera de plazo y no  corresponde al periodo verificado (mayo 2012) o al de la supuesta fecha de pago (15  de septiembre de 2014), tampoco a la fecha de suscripción del contrato (16 de mayo  de 2012).

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Respecto a las facturas Nros. 901 y 397532, señaló que la recurrente no formuló

reclamo alguno sobre las mismas, confirmando por tanto su depuración.

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa 17-0000211-16 de 19

de julio de 2016.

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba. 

Mediante Auto de 4 de noviembre de 2016, cursante a fs.34 de obrados, se aperturó el

plazo probatorio de veinte días comunes y perentorios, conforme establece el art. 218.

  1. d) del CTB. Las partes fueron notificadas el 9 de noviembre de 2016, conforme consta

a fs. 35 de obrados.

En esta fase, la recurrente mediante memorial de 30 de noviembre de 2016, presentó

nueva prueba, consistente en una certificación bancaria emitida por el Banco de

Crédito de Bolivia S.A, de 25 de noviembre de 2016 con número de CITE:CERT

S50519-20161121-103806, para acreditar que su persona realizó transferencias a

favor de su proveedora Felipa Huata Choque. Asimismo, adjuntó documentación que  ya fue presentada a la Administración Tributaria para desvirtuar la depuración arbitraria  de notas fiscales. Por su parte, la Administración Tributaria, no presentó más prueba.

Siguiendo la secuencia procesal, se remitió obrados a conocimiento de la Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, radicándose el recurso, por Auto de 1

de diciembre de 2016, conforme consta a fs. 40 de obrados.

II.5. Alegatos. 

Conforme establece el art. 210. II del CTB, las partes tenían la oportunidad de

presentar alegatos en conclusiones en los veinte días siguientes a la conclusión del

término probatorio; es decir, hasta el 20 de diciembre de 2016. En dicho plazo, la  recurrente por memorial de 16 de diciembre de 2016, formuló alegatos escritos

reiterando los argumentos expuestos en el memorial de alzada. Por su parte la

dministración Tributaria no presentó alegatos.

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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. 

Efectuada la revisión del Cuadernillo de Antecedentes N° 1 (SIN) se establece la  siguiente relación de hechos:

El 17 de noviembre de 2015, la Gerencia Distrital Potosí del SIN, notificó mediante  cédula a Agripina Huata Choque, con la Orden de Verificación Nro. 00150VI08961  (Form. 7520) de 6 de noviembre de 2015, para verificar los hechos y elementos  relacionados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos marzo, mayo y  septiembre de 2012, derivado del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas  por la contribuyente, detalladas en anexo a la orden de verificación; asimismo, requirió  a la contribuyente la presentación de la siguiente documentación: declaraciones  juradas Forms. 200 (IVA), libros de compras IVA, facturas de compras originales  detalladas en anexo, documentos que respalden el pago realizado, así como otra  documentación a ser solicitada durante el proceso, para verificar las transacciones de  respaldo a las facturas observadas (fs. 2, 4, 7 a 9 del CA N° 1 del SIN).

El 24 de noviembre de 2015, a través de nota s/n, la contribuyente solicitó plazo  adicional para la presentación de la documentación requerida, que fue aceptada por la  Administración Tributaria mediante proveído N° 24-00000423-15, concediendo plazo  hasta el 4 de diciembre de 2015 (fs. 11 y 16 dei CA N° 1 del SIN).

EJ 3 de diciembre de 2015, dentro del plazo ampliado, la contribuyente, presentó la  documentación requerida por la Administración Tributaria, según consta en Acta de  Recepción y Devolución de Documentos (fs. 18 a 21 del CA N° 1 del SIN).

El 22 de abril de 2016, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a la  contribuyente con la Vista de Cargo N° SIN/GDPTS/DFA/C/00058/2016 de 15 de abril  de 2016, liquidando preliminarmente una deuda tributaria de UFV’s 47.680 (Cuarenta  y siete mil seiscientas ochenta Unidades de Fomento a la Vivienda), correspondiente  al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos marzo, mayo y septiembre de  2012, monto que comprende tributo omitido e intereses; adicionalmente, calificó  preliminarmente ia conducta como omisión de pago correspondiendo una sanción de  UVF’s 33.420 (Treinta y tres mil cuatrocientas veinte Unidades de Fomento a la

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Vivienda); y, otorgando a la contribuyente el plazo de 30 días para la presentación de  descargos, conforme al art. 98 del CTB (fs. 85 a 92 del CA N° 1 del SIN).

El 3 de junio de 2016, fuera del término probatorio otorgado en la Vista de Cargo  58/2016, la recurrente presentó descargos, consistentes en: Documento Privado de  Compra – Venta de mercadería al crédito, Constancia de Presentación de información  de bancarización y extracto bancario del Banco de Crédito del mes de septiembre de  2014, a efectos de demostrar la bancarización de la factura N° 897, emitida por la  proveedora Felipa Huata Choque, el 30 de mayo de 2012, por Bs106.050.- (fs.123 a  128 del CA N° 1 del SIN)

El 9 de septiembre de 2016, la Administración Tributaria, notificó de mediante cédula a  la contribuyente con la Resolución Determinativa N° 17-0000211-16 de 19 de julio de  2016, por la que determinó de oficio y sobre base cierta una deuda tributaria de UFV’s  39.392 (Treinta y nueve mil trescientas noventa y dos Unidades de Fomento a la  Vivienda) por concepto de IVA (Crédito Fiscal), por los periodos marzo, mayo y  septiembre de 2012; monto que comprende tributo omitido e interés. Adicionalmente,  sancionó la conducta por Omisión de Pago con una multa igual al 100% del tributo  omitido cuyo importe asciende a UFV’s 33.420 (Treinta y tres mil cuatrocientas veinte  Unidades de Fomento a la Vivienda) (fs. 102 a 112 del CA N° 1 del SIN).

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. 

En el Recurso de Alzada se observó la depuración del crédito fiscal de las siguientes  facturas: 1. N° 61753 observada por no consignar el nombre y/o razón social de la  compradora; 2. N° 25578 observada por no estar vinculada a la actividad gravada; 3. N° 664 observada por no consignar el NIT del sujeto pasivo 4. N° 897 por no presentar  documentos de pago.

0 í \» IV.1 Sobre la depuración del crédito fiscal. 

IV.1.1 Factura N° 61753 observada por no consignar el nombre del sujeto pasivo. 

La recurrente, manifestó que la factura N° 61753, fue depurada por la Administración  Tributaria, por no consignar el nombre y/o razón social de la compradora; sin

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embargo, contiene su NIT como mecanismo de identificación y el nombre comercial de  la empresa, que incluso figura en las facturas que emite; por lo que resulta  contradictorio que el SIN observe facturas que son emitidas a su nombre comercial;  aspecto que en todo caso constituiría un incumplimiento a deber formal y no así el  desconocimiento dei crédito fiscal.

Por su parte la Administración Tributaria manifestó que el art. 10 de la RND  10.0019.10, regula la validez del crédito fiscal IVA y exige taxativamente que la factura  debe consignar -en el caso de personas naturales- mínimamente el nombre o apellido  de la compradora, dato que no consigna la factura N° 61753, solo el nombre comercial  “Librería Mileniurí’, que no fue comunicado al SIN.

En mérito a lo señalado, corresponde a esta instancia determinar si la factura  observada por consignar en el campo destinado a la Razón Social y/o nombre del  comprador el rótulo comercial “Librería MILENiUN” en lugar de Agripina Huata Choque  es válida para el cómputo de crédito fiscal.

El art. 8 inc. a) de Ley 843 señala que del impuesto determinado, los responsables  restarán; “El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el artículo 15 sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, 

en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen”. 

Por su parte, el art. 13 de la Ley 843, prevé que: “El reglamento dispondrá las normas a que se deberá ajustar la forma de emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, así como los registros que deberán llevar los responsables”. En  concordancia la RND 10.0016.07, “Nuevo Sistema de Facturación”, en su art. 41.1  inciso 4), modificado por el art. 10 de la RND 10.0019.10 establece que “A efectos 

que el titular acredite la compra, las facturas o notas fiscales deberán consignar el Número de Identificación Tributaria del comprador y para personas naturales 

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el nombre (mínimamente ei apellido), no debiendo invalidarse ef crédito fiscal en 

caso de existir errores ortográficos 

Al respecto el tratadista Ricardo Fenochietto refiere que “Existen otros requisitos 

formales, además de la discriminación del impuesto, que deben respetar las Facturas o 

los documentos equivalentes para que proceda la inclusión del crédito fiscal de los 

mismos en la liquidación del gravamen y no sean susceptibles de impugnación por 

parte del Organismo Recaudador,…”. Explica también que “Aceptar el cómputo del 

crédito fiscal cuando (…) dicho crédito no está discriminado, no son los únicos 

supuestos en los que los tribunales han dado preeminencia a la realidad económica, 

sino que existen otros, como el supuesto de computar el crédito fiscal cuando la factura 

no está emitida a nombre de quién pretende la acreencia (…). Sin embargo será 

necesario analizar cada caso en particular y en el supuesto excepcional de pretender el 

cómputo en tal extremo, demostrar que la operación existió y que quién intervino en 

ella es en definitiva quien pretende computar el crédito fiscaf’. El Impuesto al Valor

Agregado, Editorial La Ley, Edición 2a, 2007, págs. 608 y 654 respectivamente.

Del contexto doctrinal y normativo descrito precedentemente, se tiene que el

cumplimiento de deberes formales -en el caso del IVA- sobre emisión de notas fiscales,

adquiere relevancia debido a que el art. 4 de la Ley 843, señala que el

perfeccionamiento del hecho imponible debe hallarse de acuerdo con la emisión de

este documento, relacionándose el mismo directamente con un débito o crédito fiscal,

por lo que para el cómputo del crédito fiscal en los términos del art. 8, inc. a) de la Ley

843, no es suficiente la tenencia de la factura original, sino que este documento debe

cumplir con ciertos requisitos formales que a manera de reglamentación establece la

propia Administración Tributaria para su validez, tales como el registro correcto del

nombre o razón social y del NIT del comprador al momento de la emisión de las 

notas fiscales, toda vez que estos datos permiten individualizar al sujeto pasivo

respecto al cual se verifica el hecho imponible y evitar que terceros ajenos a dicha

operación, sean favorecidos con el crédito fiscal generado.

Respecto al rótulo comercial o nombre comercial que las personas naturales o jurídicas

adoptan a libre criterio, para dar a conocer su empresa o emprendimiento y darle un

ácter distintivo. Por lo mencionado, está claro que el rótulo comercial lo puedenNB/ISO 9001 

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adoptar tanto las personas naturales como jurídicas, pero no debe ser confundido con  el nombre del primero, ni con la denominación legal del segundo.

Ahora bien, de la consulta al Padrón de Contribuyentes del SIN, se tiene que la  contribuyente se encuentra inscrita como persona natural (empresa unipersonal) cuya  actividad principal es la “Venta al por menor de equipo de oficina, libros, periódicos y papelería y equipo fotográfico”, con número de NIT 5099034017 (fs. 5 del CA N° 1  SIN). Asimismo, de la revisión de la factura N° 61753, emitida por “Ediciones Central Arévalo S.R.L.” se evidencia que en los datos de nombre del comprador consigna  “Librería MILENIUN” con NIT 5099034017 (fs. 32 del CA N° 1 SIN).

En el presente caso, si bien la factura observada consigna el NIT de la compradora; sin  embargo, también lleva un nombre comercial “Librería MiLENIUN” en lugar del  nombre y apellido de la misma, situación que pone en duda la titularidad de la  compradora a efectos de beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal, porque no  demostró documentalmente a la Administración Tributaria ni a esta instancia que et  denominativo Librería MILENIUN’ sea el nombre comercial de su empresa  unipersonal, que bien pudo hacerlo presentando el talonario de copias de las facturas  de ventas que emite o la Matrícula de Comercio, que le correspondía presentar  conforme lo establece el art. 76 del CTB. Consecuentemente, corresponde mantener  firme la depuración del crédito fiscal de la factura N° 61753, por un importe de Bs499.-

  1. 1.2 Factura N° 25578 observada por falta de vinculación con la actividad gravada. 

La recurrente, señaló que la factura N° 25578, fue depurada parcialmente por la

Administración Tributaria, sin especificar qué aspectos a criterio de los fiscalizadores  no corresponderían a su actividad gravada, por lo que el acto administrativo carece de  fundamentación, lo que vulneraría el derecho a la defensa y debido proceso  consagrado en el art. 115 de la CPE.

Por su parte, la Administración Tributaria, señaló que la factura N° 25578, por el valor  de Bs1.506.- fue observada parcialmente por la Administración Tributaria por consignar  en su detalle productos que no cumplen con la condición de vinculación con la  actividad gravada de la recurrente, conforme lo prevé los arts. 8 inc. a) de la Ley 843 y  8 del DS N° 21530; además que no demostró el destino y uso de los bienes

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observados. Asimismo, manifestó que la recurrente no puede alegar que el acto  administrativo carezca de fundamentación, ya que respecto a la factura observada no  efectuó reclamo alguno en la etapa de descargos a la Vista de Cargo.

Así expuesta la controversia, corresponde precisar que en el tema de vinculación, el  tratadista Ricardo Fenochietto, señala que e! objetivo perseguido “ha sido evitar que una determinada cantidad de operaciones consumidas particularmente por ios dueños de las empresas, sus directivos, su personal o terceros, sean deducidas en la liquidación por la misma, por el sólo hecho de haber sido facturada a su nombre. De ser así, el órgano fiscalizador debería analizar una por una esa operaciones, para determinar si se encuentran vinculadas a operaciones gravadas, o si en realidad fueron hechas por un consumidor finaf’ (FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al Valor

Agregado, 2a. Edición. Buenos Aires, Editorial “La Ley”, 2007, Págs. 631).

La legislación tributaria nacional, en cuanto al IVA, en el art. 8 inc.a) de la Ley N° 843,  señala: “(…) Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras,  adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra  prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a ia actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen” 

De acuerdo a la normativa glosada precedentemente, se considera crédito fiscal al  monto a favor del contribuyente, que a la hora de determinar la obligación tributaria,  puede deducirlo del débito fiscal (deuda) para calcular el monto que debe abonar por  concepto de impuesto. Por consiguiente, la apropiación del crédito fiscal depende del  cumplimiento de requisitos sustanciales y formales, que permitan establecer la  existencia del hecho imponible y que la Administración Tributaria pueda considerarlos  como válidos para fines fiscales. Asimismo, en reiteradas resoluciones emitidas por la  Autoridad de Impugnación Tributaria-entre ellas las Resoluciones Jerárquicas AGIT RJ 0007/2011, AGIT-RJ 0198/2013 y AGIT 0930/2015, – en aplicación de los arts. 4 y 8  de la Ley 843 (TO) y art. 8 del DS 21530, se precisan tres requisitos a ser cumplidos  por el contribuyente para beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal producto de las  transacciones que declara: 1) Estar respaldado con la factura original; 2) Que se 

encuentre vinculado a la actividad gravada y 3) Que la transacción se haya  realizado efectivamente.

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Por otra parte, el art. 76 del CTB, referido a la carga de la prueba, dispone que en los  procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer  sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, por tanto, le  correspondía al recurrente, presentar pruebas que demuestren que estos bienes fueron  adquiridos y/o utilizados en sus actividades u operaciones gravadas, más aún cuando  ello esté en duda y sea requerido de manera fundada por la Administración Tributaria.

De lo mencionado, está claro que el tema en discusión en el presente caso es “la vinculación de la compra con la operación gravada”, segundo requisito necesario para  el cómputo del crédito fiscal, dispuesto en al art. 8 de la Ley N° 843; por tanto, a  continuación se procederá al análisis de este requisito.

De antecedentes se tiene que la Administración Tributaria en Papel de Trabajo  “Verificación de las facturas observadas adquiridas por el contribuyente”, observó  parcialmente la factura N° 25578, autorización 2001002756884, emitida por  BOLIVIAMAR S.A., con NIT 1001235023, por un importe de Bs1.506.-, por la  adquisición de productos no vinculados a la actividad gravada, de acuerdo a lo  dispuesto en el art. 8 inciso a) de la Ley 843 y 8 del DS 21530, según el siguiente  detalle:

DETALLE CANTIDAD PRECIO UNITARIO

IMPORTE TOTAL

IMPORTE VÁLIDO

IMPORTE

OBSERVADO

Papel de regalo genérico 600 0,70 420,00 420,00 Papel de regalo licenciado Disney 400 0,75 300,00 300,00 Bloque lógico en plancha 6 14,50 87,00 87,00 Rasty pingüino 6 27,00 162,00 162,00 Cuentos bilingüe Ensueño 60 7,50 450,00 450,00 Alfombra cuadrada varios modelos 6 20,00 120,00 120,00 Monopolio clásico 2 en 1 6 27,00 162,00 162,00 Escarbar 3 45,00 135,00 135,00 Ajedres de madera con empaque mini 12 7,50 90,00 90,00 Pizarra magnética 300499 y domino 6 50,00 300,00 300,00 TOTAL 2.226,00 720,00 1.506,00

Al respecto, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0196/2012, señala que si  bien la normativa vigente no contempla la figura que respalda la observación parcial de  una factura, en cumplimiento del art. 63.ll de la Ley 2341 (LPA), en ningún caso podrá  agravarse la situación inicial del recurrente; en ese entendido, esta instancia recursiva

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solamente se referirá a las pretensiones que fueron formuladas por la Administración  Tributaria.

Previamente a ingresar al análisis sobre si las compras realizadas corresponden a la  actividad comercial del recurrente, resulta necesario definir cuál es la actividad gravada  por la que la contribuyente es responsable del IVA, y de esa manera establecer si las  compras tienen o no vinculación, tal como lo disponen los arts. 8, Inciso a) de la Ley N°  843 y 8 del DS N° 21530.

En el presente caso, del reporte “Consulta de Padrón” del SIN (fs. 5 y 6 del CA N° 1 del  SIN) se constata que la actividad de Agripina Huata Choque, en los periodos sujetos a  revisión era el Comercio Minorista Venta al por menor de equipo de oficina, libros, periódicos y papelería y equipo fo to g rá fic o en ese entendido, para efectos  del cómputo del Crédito Fiscal, las compras deberán estar vinculadas directa o  indirectamente con la actividad señalada, de tal manera que le permitan cumplir con la  finalidad por la que fue constituida la unidad económica.

Ahora bien, en antecedentes se tiene que la Administración Tributaria observó  parcialmente la factura N° 25578, por el importe correspondiente a la compra de bloque  lógico en plancha (6 unidades), rasti pingüino (6 unidades), monopolio (6 unidades),  escarbar (3 unidades), ajedrez de madera (12 unidades), pizarra magnética (6  unidades), alfombras cuadradas varios modelos (6 unidades) y cuentos bilingües (60  unidades), por no estar vinculados a su actividad gravada, y no demostrar el destino y  uso de los bienes, sin considerar que esos productos son juegos didácticos y cuentos bilingües, directamente vinculados a la actividad gravada de la librería y  adquiridos para ser comercializados y no para uso personal como presume la  Administración Tributaria.

Consecuentemente, estos productos al estar vinculados a la actividad gravada,  permiten beneficiarse del cómputo del crédito fiscal en aplicación de los arts. 4 y 8 de  la Ley 843 (T.O.) y 8 del DS 21530 y conforme precisan las reiteradas resoluciones  emitidas por la Autoridad de Impugnación Tributaria, que solo darán lugar al cómputo  del crédito fiscal las compras, en la medida en que se vinculen con las operaciones

gravadas. Por tanto, corresponde dejar sin efecto la depuración de crédito fiscal de  196.-

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IV.1.3 Factura N° 664 observada por no consignar el NIT del sujeto pasivo. 

La recurrente, señaló que la factura N° 664, fue depurada por el SIN porque no  consignaría su número de NIT; pese a que cuenta con ese dato, por lo que no  corresponde la observación de la Administración Tributaria.

Por su parte, la Administración Tributaria, manifestó que la factura N° 664, fue  observada por la administración Tributaria por consignar el NIT 5899034017 que no  pertenece a la recurrente.

En mérito a lo señalado, corresponde a esta instancia determinar si la nota fiscal  observada por el número de NIT es válida para el cómputo de crédito fiscal.

En la legislación nacional, el art. 13 de la Ley 843, prevé que: “El reglamento dispondrá las normas a que se deberá ajustar la forma de emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, así como los registros que deberán llevar los responsables Concordante el art. 10 de la RND 10.0019.10, sustituye el primer párrafo, numeral 4)  del parágrafo I del Artículo 41 de la RND 10.0016.07, por el siguiente texto: “A efectos que el titular acredite la compra, las facturas o notas fiscales deberán consignar ei Número de Identificación Tributaria del comprador o el Número de Documento de Identificación de éste, cuando no se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes; para personas naturales el nombre (minimamente el apellido) y para personas jurídicas la razón social, no debiendo invalidarse el crédito fiscal en caso de existir errores ortográficos”.

El art. 10 de la RND 10.0019.10, prevé que la nominatividad se considera cumplida  cuando se registra en la factura mínimamente el primer apellido y el NIT como registro  tributario del comprador para que este se beneficie con el cómputo del crédito fiscal.  Por otra parte, el art. 25 del DS 27149, creó el Número de Identificación Tributaria (NIT)  sobre la base del otorgamiento de una clave única de identificación tributaria que  sustituye al número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) y que  inequívocamente individualiza a los contribuyentes alcanzados por los impuestos.

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Igualmente, el art. 1 de la RND 10-0013-03, el NIT constituye una clave única que  permite identificar a los contribuyentes y que para el caso de personas naturales está  compuesto por la Cédula de Identidad y códigos de control otorgados por la  Administración Tributaria, por lo que para efectos de identificar al beneficiario del  crédito fiscal, conforme el art. 10 de la RND 10.0019.10, debe ser incluido en la factura,  siendo que sólo su total omisión impide la identificación del contribuyente que 

intervino en la transacción, surgiendo en ese caso incertidumbre respecto a la  titularidad de la compra u operación comercial, situación que lógicamente conlleva a la  pérdida del crédito fiscal, tal como señala la normativa antes referida.

De la normativa glosada se entiende que el cumplimiento de deberes formales para el  caso del IVA en lo que respecta a la emisión de las notas fiscales, tiene relevancia  cuando conforme el art. 4 de la Ley 843, el perfeccionamiento del hecho imponible  debe hallarse de acuerdo con la emisión de este documento, relacionándose el mismo  directamente con un débito o crédito fiscal, por lo que para el cómputo del crédito fiscal  en los términos del art. 8, inc. a) de la Ley 843, no es suficiente la tenencia de la  factura original, sino que este documento debe cumplir con ciertos requisitos formales  que a manera de reglamentación establece la propia Administración Tributaria para su  validez, tales como el registro correcto del NIT del comprador al momento de la  emisión de las notas fiscales, toda vez que este dato permite individualizar al sujeto  pasivo respecto al cual se verifica el hecho imponible y evitar que terceros ajenos a  dicha operación sean favorecidos con el crédito fiscal generado.

Adicionalmente a lo anotado se debe tener en cuenta que el deber de consignar  correctamente los datos del cliente en la factura a momento de su emisión, son  atribuibles al proveedor como emisor de dicho documento; sin embargo, no es menos  cierto que quien la recibe, vale decir el comprador, tiene la obligación de verificar que el  documento cumpla con los requisitos mínimos señalados en la RND 10.0019.10, a  efectos de que el documento que recibe sea idóneo para el cómputo de crédito fiscal.

Ahora bien, de la compulsa de antecedentes, se observa que de acuerdo a la Consulta  Padrón de Contribuyentes, Agripina Huata Choque se encuentra registrada ante la  Administración Tributaria con el NIT 5099034017; asimismo, se tiene que la factura N°  664, autorización N° 7004002384908, emitida por Rosario Elizabeth Akamine de Dick  el 9 de mayo de 2012, por un importe de Bs820.-, a nombre de la contribuyente, se

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consignó con el N° de NIT 5899034017 y registrada igualmente en el Libro de Ventas  del proveedor (fs. 52 del CA N° 1 del SIN). Es decir, que la observación a la factura N°  664 emerge de error en un dígito del número de NIT, y no se trata de otro número de  NIT que no corresponda a la contribuyente, como señaló la Administración Tributaria,  además, la factura consigna correctamente el nombre de la contribuyente -Agripina  Huata Choque- en cumplimiento del art. 10 de la RND 10.0019.10; por lo que, de  ninguna manera tal error en el NIT genera duda respecto a la identificación del  contribuyente que intervino en la transacción; más aún, cuando se verificó que la  factura se encuentra registrada en el Libro de Ventas del vendedor, que demuestra que  el débito fiscal generado por esta operación fue debidamente declarado por el mismo,  por lo que no existe perjuicio al Fisco, consiguientemente, corresponde dejar sin efecto  la depuración del crédito fiscal de Bs106.-

  1. 1.4 Factura N° 897 observada por no presentar documentos de pago. 

La recurrente, manifestó que la Administración Tributaria observó la factura N° 897, sin  valorar la verdad material de los hechos, ya que no revisó el extracto bancario que  presentó; documento que demuestra que no se trata de un retiro en efectivo, sino del  pago a su proveedora Felipa Huata mediante transferencia bancaria y que la  Administración Tributaria debió solicitar información a las entidades financieras a fin de  corroborar la contenida en los extractos bancarios. Asimismo, señaló que la  Administración Tributaria al desconocer la información contenida en el documento  bancario vulneró el derecho a la defensa^ consagrado en la CPE y en el art. 68.7 del  CTB.

Por su parte, la Administración Tributaria, respecto a lo aseverado por la recurrente de  que no valoró adecuadamente las facturas emitidas por la proveedora Felipa Huata  Choque (hermana de la recurrente), señaló que la recurrente confunde sus  obligaciones tributarias previstas en el art. 70.5 del CTB con las facultades que posee  la Administración Tributaria, en concordancia con el art. 66.11 del citado Código; art. 37  del DS N° 27310 y RND 10.0011.11, disposiciones que establecen la obligación de  respaldar con un documento emitido por una entidad de intermediación financiera  regulada por la ASFI o el BCB transacciones iguales o mayores a BsSO.OOO.- como

obligación propia de la contribuyente y no así de la Administración Tributaria. Pág.16 de 25

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Sobre la depuración de la factura N° 897, la Administración Tributaria señaló que la  contribuyente no cumplió con la carga de la prueba según el art. 81 del CTB, ya que  presentó un contrato privado de una supuesta venta, por Bs106.000.- y no por el  monto de la factura Bs106.050.- y si bien hizo un pago parcial mediante transferencia  de su cuenta N° 501-50453325-3-39 por Bs70.000.- a favor de su hermana Felipa  Huata Choque el 15 de septiembre de 2014, no existe prueba fehaciente de que el  número de cuenta 501-50831924-3 pertenezca a la vendedora, además de no ser  coincidentes las fechas. Con referencia a la constancia de presentación de  bancarización, señaló que no cumple el requisito de pertinencia, ya que fue  presentada fuera de plazo y no corresponde al periodo verificado (mayo 2012) o al de  la supuesta fecha de pago (15 de septiembre de 2014), tampoco a la fecha de  suscripción del contrato (16 de mayo de 2012).

Sobre este punto es pertinente citar a Ricardo Fenochietto quien sobre la efectiva  realización de las transacciones, enseña que: “Las disposiciones vigentes y los  principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de  un gasto en el Impuesto a las Ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el IVA  esfá condicionado a ia existencia real de una operación que en principio se encuentre respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo 

al responsable que pretende hacer valer los mismos, la prueba de dicha existencia cuando ello esté en duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco. Para ello no alcanza con cumplir con las formalidades que requieren las normas, requisito necesario pero no suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá probarse que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba procesal (libros contables, inventario de la firma, testigos, pericias, que la operación se ha pagado y a quién, particularmente si se utilizan medios de pago requeridos, como cheque propio o transferencia bancaria de los que queda constancia en registros de terceros” (El Impuesto al

Valor Agregado, 2da. Edición, 2007, Pág. 630-631) (el resaltado es nuestro).

Respecto a la validez del crédito fiscal, en reiteradas resoluciones emitidas por la  Autoridad de Impugnación Tributaria -entre ellas las Resoluciones Jerárquicas AGIT RJ 0007/2011, AGIT-RJ 0198/2013 y AGIT 0930/2015 en aplicación de los arts. 4 y 8  de la Ley 843 y art. 8 del DS 21530, ha establecido como precedente que existen tres  isitos a ser cumplidos por el contribuyente para beneficiarse con el cómputo del

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crédito fiscal producto de las transacciones que declara: 1) Estar respaldado con la  factura original; 2) Que la compra se encuentre vinculada a la actividad gravada y 3)  Que la transacción se haya realizado efectivamente. En tal sentido, en el presente  caso dada la naturaleza de la observación de la administración tributaria, el análisis de  los requisitos señalados se limitará al tercer requisito referido a que la transacción  haya sido efectivamente realizada, asimismo se verificará la existencia de medios  fehacientes de pago, conforme lo establece la norma tributaria vigente.

El art 20 de la Ley N° 062 de 28 de noviembre de 2010, que modifica el art. 66 num. 11  del CTB señala: “ 11. Aplicarlos montos mínimos establecidos mediante Decreto Supremo a partir de los cuales los pagos por la adquisición y venta de bienes y servicios deban ser respaldados por los contribuyentes y/o responsables a través de documentos reconocidos por el sistema bancario y de intermediación financiera regulada por la Autoridad de Supervisión Financiera (ASFI). La falta de respaldo mediante la documentación emitida por las referidas entidades, hará presumir la inexistencia de la transacción para Fines de liquidación de impuestos e implicará que el comprador no tendrá derecho al cómputo del crédito fiscal, así como la obligación del vendedor de liquidar el impuesto sin deducción de crédito fiscal alguno.” 

La Disposición Final Cuarta del DS N° 772 de 19 de enero de 2011, señala: “De conformidad al Artículo 20 de la Ley N° 062, que modifica el numeral 11 del Artículo 66 de la Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, se reemplaza el Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310, de 9 enero de 2004, modificado por el Parágrafo III del Artículo 12 deí Decreto Supremo N° 27874, de 26 de noviembre de 2004, con el siguiente texto: “Se establece el monto mínimo de BsSO.OOO(Cincuenta mil 00/100 Bolivianos) a partir del cual todo pago por operaciones de compra y venta de bienes y servicios, debe estar respaldado con documento emitido por una entidad de intermediación financiera regulada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI. La obligación de respaldar el pago con la documentación emitida por entidades de intermediación financiera, debe ser por el valor total de cada transacción, independientemente a que sea al contado, al crédito o se realice mediante pagos parciales, de acuerdo al reglamento que establezca el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional, en el ámbito de sus atribuciones. ”

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En este contexto, y en virtud de su facultad normativa establecida en el art. 64 del CTB,  la Administración Tributaria emitió la RND N° 10-0011-11 de 20 de mayo de 2011 que  en el art. 7 señala: “Se aclara el tratamiento tributario para las transacciones por montos iguales o mayores a BsSO.000.- (Cincuenta mil 00/100 Bolivianos) no respaldadas con 

documentos de pago y la presunción de su inexistencia, de acuerdo a lo siguiente: 1. (Transacciones inexistentes para el IVA) Todas las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestación de servicios y toda otra prestación o insumos de cualquier naturaleza alcanzados por el Impuesto al Valor Agregado, no respaldados con documentos de pago, aun cuando cuenten con la respectiva factura, nota fiscal o documento equivalente, serán considerados como inexistentes para la liquidación de este impuesto, no correspondiendo el cómputo del crédito fiscal para el comprador..”. Asimismo, el art. 3 inciso b) define que son medios fehacientes de pago los Cheques de cualquier naturaleza, Ordenes de Transferencia Electrónica de Fondos, Transacciones por Débitos directos, Transacciones con Tarjetas de Débito, Transacciones con Tarjetas de Crédito, Transacciones con Tarjetas Pre-pagadas, Cartas de Crédito, Depósitos en Cuentas, Transferencia de Fondos, nominación enunciativa y no limitativa.

Conforme la normativa señalada, los contribuyentes tienen la obligación de respaldar

las transacciones comerciales, a efectos impositivos, a través de documentos de pago \>como cheques, tarjetas de crédito y cualquier otro medio fehaciente de pago

stablecidos legalmente, que respalden que existió la transferencia efectiva de dominio  de los productos vendidos o comprados. En este sentido, el presupuesto legal  señalado precedentemente, limita el cómputo del crédito fiscal para las compras  mayores a BsSO.OOO.-, a la existencia de un medio fehaciente de pago, que aporte  certeza respecto a la transferencia de dinero entre comprador y vendedor. La 

ausencia de respaldo hará presumir la inexistencia de la transacción, según  establece el art. 66.11 del CTB.

De la revisión de la Vista de Cargo N° SIN/GDPTS/DF//VC/00058/2016, de 15 de abril  de 2016, se tiene que la Administración Tributaria, observó la validez del crédito fiscal  IVA de la factura N° 897 autorización 500100386676, emitida por Felipa Huata Choque,  el 30 de mayo de 2012, por Bs106.050.-; por no presentar documento de pago, 

que respalde ta existencia de la transacción, en aplicación del art. 7.I de la RND  10.0011.11 y art. 7.I de la RND 10.0017.15. El 3 de junio de 2016, fuera del término

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probatorio otorgado en la Vista de Cargo 58/2016, la recurrente presentó descargos,  consistente en: Documento Privado de Compra – Venta de mercadería al crédito,  Constancia de Presentación de información de bancarización y extracto bancario del  Banco de Crédito del mes de septiembre de 2014, a efectos de demostrar la  bancarización de la factura N° 897, emitida por la proveedora Felipa Huata Choque, el  30 de mayo de 2012, por Bs106.050.- (fs.123 a 128 del CA N° 1 del SIN).

Posteriormente, el 19 de julio de 2016 la Administración tributaria emitió la Resolución  Determinativa N° 17-0000211-16, de 19 de julio de 2016, respecto a la prueba  presentada indica: “(…) que en dicho contrato se señala que los señores Gary Janfranco Valencia Bourguer y Agripina Huata Choque se declaran recibir una mercancía en calidad de compra al crédito y asimismo se declaran deudores, señalando suma de Bs106.000,00 (deuda) estableciendo que el pago se realizará de la siguiente manera: 1o pago 30 de agosto de 2014 la suma de Bs70.000, 2o pago el 30 de agosto de 2015 la suma de Bs36.000,00 (…) De lo mencionado se hace la siguiente valoración primero que en dicho contrato se habla de dos pagos por separado mencionando dos montos, respecto al primer monto de Bs70.000,00 la contribuyente presenta como respaldo un extracto bancario donde hay un retiro realizado por la contribuyente en fecha 15 de septiembre de 2014 por el monto de Bs70.000,00, coincidiendo el monto señalado en el contrato, pero no así con la fecha de pago, y no demuestra la contribuyente que dicho retiro de Bs70.000,00 haya sido depositado a nombre de la acreedora Felipa Huata Choque; segundo que la fecha señalada para la realización del pago debió terminar el año 2015 y en la actualidad dichos pagos debieron pagarse en su totalidad, no existiendo aporte de elementos que demuestren que se hayan realizado dichos pagos en las fechas convenidas y no demostrándose la realización de la transacción” 

Ahora bien, la recurrente presentó a esta instancia nueva prueba, consistente en una  certificación bancaria, emitida por el Banco de Crédito de Bolivia S.A., en la que se  certifica que el 28 de enero de 2014 Agripina Huata Choque transfirió la suma de  BsS.OOO.- a la cuenta N° 501-50831924-3-62 a nombre de Felipa Huata Choque y el  15 de septiembre de 2014 la suma de Bs70.000.- a la misma cuenta.

Respecto a la prueba, Guillermo Cabanellas, considera que es: “Demostración de la ve ‘ ‘ na afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho”; 

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en este sentido, la doctrina ha distinguido dos sistemas de valoración de pruebas, el de  la tarifa legal probatoria y la libre valoración de la prueba o de la sana crítica que  consiste en una operación mental donde el operador jurídico, basado en su  conocimiento, experiencia y especialidad, valora de manera libre y objetiva cada uno  de tos medios de prueba allegados al proceso y mediante un análisis lógico establece  la mayor o menor credibilidad que ellos ofrecen; analiza, la congruencia de las pruebas  frente a los hechos objeto de comprobación, o tema de la prueba; las circunstancias de  tiempo, modo y lugar que incidieron en la ocurrencia de los hechos o que hacen parte  de ellos, según la norma aplicable; y a través de dicho análisis, llega al convencimiento  de la realidad de los hechos, según la capacidad demostrativa que pueda asignarse a  cada prueba. En este método son admisibles todos los medios de prueba y su eficacia  depende de la mayor o menor conexión que tengan con el hecho que debe probarse  (CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, págs. 497);  (Elizabeth Whittingham García, Las Pruebas en el Proceso Tributario, págs. 37 y 41).

Conforme al marco de la valoración de las pruebas, el principio de verdad material es  considerado en la doctrina tributaria, como el “Título que recibe la regla por la cual el magistrado debe descubrir la verdad objetiva de ios hechos investigados, independientemente de lo alegado y probado por las partes” (MARTÍN José María y  RODRÍGUEZ USÉ Guillermo F., Derecho Tributario Procesal, Pág.13). Al respecto, el  art. 200.1 del CTB, dispone que la finalidad de los recursos administrativos es el  establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma de tutelar el legítimo  derecho del sujeto activo a percibir la deuda, así como el del sujeto pasivo a que se  presuma el cumplimiento de sus obligaciones, hasta que en debido proceso se pruebe  lo contrario. Así también, el principio de verdad material, está previsto en el artículo 4  de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por mandato del art. 200 del  citado CTB; de cuya virtud toda autoridad administrativa debe investigar la verdad  material, en oposición a la verdad formal.

Al respecto, el art. 218.d) del CTB, pone a las partes en condiciones de igualdad para  hacer prevalecer sus derechos; en ese orden, el art. 215 del CTB, establece que podrá  hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en derecho, siendo aplicables en  los Recursos Administrativos todas las disposiciones establecidas en los artículos 76

del CTB. Debe tenerse en cuenta que las disposiciones del art. 81 del referido

CTB, en cuanto a la oportunidad de la prueba, no limitan la posibilidad de

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presentación de toda la prueba que el recurrente considere pertinente en ejercicio de  su derecho a la defensa en instancia de alzada. Razonamiento concordante, con el art  217 inciso a) del mismo cuerpo normativo, que expresamente dispone que se admitirá  como prueba documental, cualquier documento presentado por las partes en respaldo  de sus posiciones, siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad  competente. La citada norma legal en la parte final, señala que la prueba documental  hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados falsos por fallo judicial  firme.

En ese contexto, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, tiene la ineludible  obligación de ingresar al análisis de todos los fundamentos del recurso y valorar la  prueba presentada en dicha instancia, debiendo hacerlo en el marco de la sana crítica  y verdad material antes señaladas, máxime si esta se considera fundamental para  demostrar la inexistencia de la deuda tributaria. En ese sentido, de la compulsa de la  documentación presentada por la recurrente durante el transcurso de la verificación y  la presentada en esta instancia se advirtió las siguientes inconsistencias:

  1. El Documento Privado de Compra y Venta de mercadería al crédito suscrito entre la  proveedora Felipa Huata Choque y la ahora recurrente el 16 de mayo de 2012,  establece el importe de Bs106.000.-, a ser cancelados en dos cuotas, el primero el 30  de agosto de 2014 por Bs70.000.- y el saldo Bs36.000 el 30 de agosto de 2015;  importe total del contrato que no coincide con el monto de la factura de Bs106.050.~. 
  2. El pago de la primera cuota de Bs70.000.-, de acuerdo a la Certificación emitida por  el Banco de Crédito de Bolivia se realizó el 15 de septiembre de 2014, la cual no  coincide con la fecha del contrato (30 de agosto de 2014).
  3. El contribuyente, no demostró el pago de la segunda cuota de Bs36.000.-, es decir a  través de un medio fehaciente de pago que aporte certeza respecto a la transferencia  de dinero entre comprador y vendedor, que según contrato debió, efectuarse el 30 de  agosto de 2015.
  4. La Constancia de Bancarización del periodo mayo de 2012, consigna como fecha  de envío el 2 de junio de 2016, es decir, información enviada con posterioridad a las formuladas por la Administración Tributaria.

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Autoridad de 

Impugnación T ributaria Estado Plurinacional de Bolivia

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Consecuentemente, estos documentos no son suficientes para respaldar la compra de  materiales por Bs106.050.-, porque no demuestran la efectivización del pago y la  transacción, ya que independientemente que la transacción sea acordada al contado,  al crédito o se realice mediante pagos parciales, los medios fehacientes de pago 

deben respaldar el valor total de la compra, conforme dispone la Disposición Final cuarta del DS N° 772, de 19 de enero de 2011; requisito que debió ser cumplido  por la contribuyente para beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal producto de las  transacciones que declaró, conforme el art. 20 de la Ley N° 062 de 28 de noviembre de  2010, que modifica el numeral 11 del art. 66 del CTB.

Por tanto, el crédito fiscal de Bs13.787.- de la factura N° 897, fue observado  correctamente por la Administración Tributaria; más aún cuando la proveedora Felipa  Huata Choque, en el periodo mayo de 2016, declaró ventas por un importe de  Bs111.402.-, que es menor a las compras declaradas por la recurrente respecto a esta  proveedora en el mismo periodo de Bs406.050.-, según se evidencia en las DD.JJs  obtenidas del sistema informático del SIN y facturas Nros 897 y 901 que cursan a fs. 55  a 58 del CA N° 1 del SIN.

Por otra parte, se aclara que si bien la recurrente en su recurso de alzada impugnó el  total de la deuda tributaria, no formuló argumento alguno respecto a la depuración de  factura N°901, emitida por Felipa Huata Choque, el 31 de mayo de 2012, por  Bs300.000.-, que fue observada por no presentar medio fehaciente de pago y la factura  N° 397532 emitida por Miyuki SRL el 10 de septiembre de 2012, por Bs40.887.-,  observada por no estar autorizada o dosificada por la Administración Tributaria, por lo  que respecto a dichas facturas no corresponde pronunciamiento alguno,  confirmándose el importe de la depuración del crédito fiscal IVA de Bs39.000.- y  Bs5.315.- respectivamente.

‘”r Finalmente, con relación a que la Administración Tributaria no cumplió con su deber de  requerir documentación específica que demuestre que el CF-IVA cumple con los  presupuestos necesarios para su validez, cabe recordar que a través de la notificación  de la Orden de Verificación se requirió a la ahora recurrente documentación que  respalde los pagos realizados y otra documentación para verificar las transacciones

de respaldo a las facturas observadas, que conforme a normativa citada  precedentemente, estaba obligada a presentarla para aclarar las diferencias

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Justicia tributaria para vivir bien

Jan mit’ayir jach’a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita  mbaerepi Vae

Calle Serrano N° 112 • entre Bolívar y J. J. Pérez

Telfs./Fax: (4) 6913643 – 6454573 • w w w .ait.gob.bo • Sucre – Bolivia

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preliminares detectadas por el SIN y en su caso demostrar la validez del crédito fiscal  correspondiente, pero no lo hizo; por tanto, no existe agravio alguno contra sus  derechos, aspecto distinto es que la recurrente no haya demostrado efectivamente la  validez del crédito fiscal declarado.

En síntesis, por lo señalado en el desarrollo de la presente fundamentación  corresponde dejar claramente establecido, cuales son los conceptos revocados y los  confirmados respecto a la depuración de las facturas de compras, cuyo detalle se  refleja a continuación:

DETALLE DE NTAS FISCALES

N« PROVEEDOR FECHA FACTURA IMPORTE CF-IVA CONFIRMADO REVOCADO 1 AREVALO S.R.L 20/03/2012 61753 3,840 499 499 2 B0LIV1AMAR S.A. 26/05/2012 25578 1,506 196 196 3 ROCIO ELIZABETH KAMINE DE DICK 14/05/2012 664 820 106 106 4 FEUPA HUATA DE CHOQUE 30/05/2012 897 106,050 13,787 13,787 5 FELIPA HUATA DE CHOQUE 31/05/2012 901 300,000 39,000 39,000 6 MIYUKI LTDA 10/09/2012 397532 40,887 5,315 5,315 TOTALES 453,103 58,903 58,601 302

De acuerdo al análisis precedente, la composición de la deuda tributaria por IVA es la siguiente:

^ *1  » <1%

REPAROS EN UFVs SEGÚN SIN DEUDA 

DEUDA TRIBUTARIA UFV s 

PERIODOS 

TRIBUTO 

INTERESSEGÚN ARIT TRIBUTARIA 

OMITIDO 

UFVs 

REVOCADO CONFIRMADO 

m ar-12 285 54 339 339

m ay-12 30.159 5.429 35.589 203 35.386 sep-12 2.976 487 3.464 3.464 TOTAL 33.420 5.970 39.392 203 39.189 

SANCION POR OMISION DE PAGO AL 100% T.O. 172 33.248 TOTAL DEUDA TRIB. Y SANCIÓN POR OMISION DE PAGO 375 72.437 

Que, en base a los fundamentos de orden técnico jurídico señalados precedentemente,  se establece que la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, en  relación a la depuración de facturas realizadas por la Administración Tributaria, efectuó  una incorrecta aplicación de la normativa tributaria; consecuentemente, corresponde  revocar parcialmente la deuda tributaria determinada por depuración de crédito fiscal

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aitI

Rm.io w i

Autoridad de 

I mpugnación T ributaria Chuquisaca 

D6E17B05F0BCBFDAEF4CFC841C7EPOR TANTO 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria  Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los  artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del DS N° 29894 de 7 de  febrero de 2009.

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE, la Resolución Determinativa N° 17-0000211-  16, de 19 de julio de 2016, emitida por la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de  Impuestos Nacionales, manteniendo firme y subsistente la deuda tributaria de UFV’s  39.189 y su correspondiente sanción por omisión de pago por un equivalente a UFV’s  33.248, por IVA de los periodos marzo, mayo y septiembre de 2012; y dejar sin efecto  la deuda tributaria por IVA de UFV’s 203 y su correspondiente sanción por omisión de  pago equivalente a UFV’s 172 del periodo mayo de 2012. Todo, de conformidad a la  fundamentación técnico jurídico realizada y conforme lo previsto por el artículo 212.1.a)  del Código Tributario Boliviano.

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115  de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme  establece el artículo 199 de la Ley N° 2492 será de cumplimiento obligatorio para la  Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad  General de Impugnación Tributaria, de conformidad ai art. 140. Inciso c) de la Ley N° 2492 y  sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 de la Ley N° 2492, el plazo para la interposición  del Recurso Jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada, es de  veinte días computables a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

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Directora Ejecutiva Regional a.i. 

N B /ISO 9001 

1BN0RCA

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Justicia trib u ta ria para vivir bien

Jan m it’ayir jach’a kam ani (Aymara)

Mana tasaq kuraq kam acbiq (Quechua)

M buruvisa tendode gua m baeti

oñom ita m baerepi Vae (Guaraní)

Dirección Ejecutiva Regional AiteritM Regional & lmocc¡«á¿n Trisóle (