ARIT-CHQ-RA-0227-2018 Resolución Administrativa anulada por falta de fundamentación de los periodos de prescripción y solicitud de compensación por parte del contribuyente

ARIT-CHQ-RA-0227-2018

AT 

Autoridad regional de 

Impugnación Tributaria 

Estado Plurinacíonal de Bolivia 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0227/2018 

Recurrente Centro de Investigación Técnico Económico Regional Limitada CITER Ltda., 

representado legaimente por Luis Marcelo 

Pareja Rosseils. 

Administración recurrida Gerencia Distritai Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionaies, representada 

iega|mente por Jhonny Padilla Palacios. 

Acto impugnado Resolución Administrativa 

ARIT-CHQ-0048/2018. 

Sucre, 26 de noviembre de 2018. 

VISTOS: 

Expediente N*’ FECHA 

El Recurso de Alzada, ei Auto de Admisión, ia contestación de ia Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CHQ/ITJ 0227/2018 de 23 de noviembre de 2018, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. 

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de impuestos Nacionales, por Resolución Administrativa 231810000195 de 12 de junio de 2018, rechazó ia solicitud de prescripción presentada por ei Centro de Investigación Técnico Económico Regional 

Limitada CITER Ltda., titular del NiT 1000041027, representado por Luís Marcelo Pareja día 

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Rosseils, respecto a deudas tributarias contenidas en Proveídos de Inicio de Ejecución OE 

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IBMORCA CMüia^N’77177 

Justicia tributaria para vivir bien 

Jan mit’ayir jach’a kamani (Ay mara) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mbüruvisa tendodegua mbaeti oñomita 

mbaerepi Vae (cuaranf) Calle Junín, Esq^ Ayacucho 699.(Ex Edificio ECOBOL) Telfs. (4) 6462299-6454573 vvw.w.ait.gcb.bo Chuquisaca,-Bplivia

Tributaria Nros. 103300007315, 103300007415 y 103300007515, todos de 29 de mayo de 2015. 

Resolución notificada personaimente a Luís Marceio Pareja Rosseils, representante del Centro de Investigación Técnico Económico Regionai Limitada CITER Ltda., ei 25 de julio de 2018 e impugnada ei 14 de agosto de 2018; dentro dei piazo de veinte días establecido en el art. 143 dei CTB. 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. 

11.1. Argumentos del Recurrente. 

El Centro de investigación Técnico Económico Regional Limitada CITER Ltda. (CiTER Ltda.), representado legalmente por Luís Marcelo Pareja Rosseils, en virtud al . Testimonio 867/2013 de 14 de agosto de 2013 (el recurrente), manifestó que mediante memorial de 30 de enero de 2017, solicitó a ia Administración Tributaria unificación de trámites, extinción por prescripción y compensación, respecto a las deudas tributarias contenidas en ios Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nros. 103300007315, 103300007415 y 103300007515, todos de 29 de mayo de 2015, que fueron objeto de solicitud de facilidades de pago, emitiendo en consecuencia ia Administración Tributaria las Resoluciones Administrativas de Aceptación Nros. 102000002216 de 28 de enero de 2016, 102000002316 de 3 de febrero de 2016 y 1020000003016 de 18 de febrero de 2016. 

Añadió, que en ia Resolución Administrativa impugnada ia Administración Tributaria incurrió en incongruencia (citra petita), pues no resolvió ios puntos referidos a la unificación de trámites y compensación, además indicó que respecto a ia prescripción, que fue el único punto abordado, se pronunció de manera errada y sin resolver ios motivos de su solicitud, vulnerando de esa manera su derecho ai debido proceso en sus elementos de fundamentación, defensa y congruencia, previstos en ios arts. 115.il y 119.11 de ia CPE. 

Señaló, que respecto a ia extinción de los tributos por prescripción correspondientes a las gestiones 2004 a 2010, la Administración Tributaria realizó una errónea interpretación y aplicación de ios arts. 59, 60, 61 y 62 del CTB, ya que debió aplicar el plazo de cuatro años contenido en el texto original dei citado art. 59 dei CTB. Por lo que, las acciones de ia Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar. 

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Autorídad regional de 

Impugnación Tributaria 

Estado Plurinacional de Boüvia 

comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, ya se encontraban prescritas el año 2014, es decir, antes de ia notificación con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nros. 1103300007215, 103300007315. 103300007415 y 103300007515 de 22 de junio de 2015. Acotó que este aspecto, no se habría resuelto en ei acto impugnado. 

Agregó, que en ei acto Impugnado ia Administración Tributaria de manera errada aseveró que la facultad para ejercer la ejecución tributaria no se encontraría prescrita, pues el plazo de prescripción recién se computaría desde ia notificación con ios Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria. En este sentido, aclaró que su solicitud de prescripción de las facultades previstas en ei art. 59 numerales 1. 2 y 3, estaba referida a actos administrativos anteriores a ia ejecución tributaria y no así respecto ai numeral 4, como mal interpretó ia Administración Tributaria. Portal motivo, el acto impugnado, no solo incurre en errónea interpretación de ia normativa sino, transgrede el principio de congruencia, previsto en ios arts. 115.11 y 117.1 de ia CPE. Respecto a ios alcances del principio de congruencia y el debido proceso, glosó partes pertinentes de las Sentencias Constitucionales Nros. 595/2016-33 y 1160/2014. 

Por otra parte, manifestó que si bien tramitó planes de facilidades de pago respecto a los Proveídos de inicio de Ejecución Tributaria, lo hizo cuando las deudas tributarias ya se encontraban prescritas, razón por ia que solicitó que ios pagos realizados que se imputan a las deudas más antiguas -al ser Indebidos- sean compensados con deudas vigentes de ia empresa CiTER Ltda., aspecto que tampoco fue considerado por la Administración Tributarla. 

Finalmente, señaló que CiTER Ltda., no fue notificada con los actos administrativos que se encontrarían comprendidos en el art. 59.1.1.2 y 3 del CTB, sino directamente con los PiET’s Nros. 1103300007215, 103300007315, 103300007415 y 103300007515, io que daba lugar a solicitar ia nulidad de obrados por violación del debido proceso; empero, ai haberse extinguido las deudas tributarias respectivas, por economía procesal, se optó por solicitar directamente la extinción de las deudas por prescripción. 

Por io expuesto, solicitó ia anulación de la Resolución Administrativa 231810000195 12 de junio de 2018, por falta de pronunciamiento respecto a todos ios argumentos expuestos en su solicitud presentada ante ei SIN Chuquisaca. Para dicho efecto adjuntó: DE 

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Mana tasaq kuraq kamachiq (quechua) 

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Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (cuaranQ 

Calle Junín, Esq: Ayacucho 699 (Ex Edificio ECOBOL) Telfs. (4)6462299-6454573 www;ait,gob.bo Chuquisaca, Bolivia

  1. Fotocopia de memorial de solicitud de prescripción presentado el 30 de enero de 2017 al SIN Chuquisaca y 2. Fotocopias de los PIET’s Nros. 103300007315, 10300007415 y 10300007515, todos de 29 de mayo de 2015 (fs. 7 a 12 de obrados). 

11.2. Auto de Admisión. 

Iniclalmente el Recurso de Alzada planteado fue observado por Incumplimiento del art. 198 Incisos a) y e), del CTB; una vez subsanadas las observaciones, mediante Auto de 4 de septiembre de 2018, se admitió el Recurso y se dispuso notificar a la Administración Tributarla para que en el plazo de quince días, conteste y remita todos los antecedentes administrativos así como los elementos probatorios relacionados con 

la Resolución Impugnada, todo en aplicación del art. 218.c) del CTB. Auto notificado a la entidad recurrida el 4 de septiembre de 2018, conforme diligencia de fs. 26 de obrados. 

  1. 3. Respuesta de la Administración Tributaria. 

El 29 de agosto de 2018, dentro del término establecido en el art. 218.c) del CTB, se apersonó Jhonny Padilla Palacios, acreditando su condición de Gerente Distrital del SIN Chuquisaca, mediante copia legalizada de la Resolución Administrativa de Presidencia 031800000463 de 25 de junio de 2018, quien respondió en forma negativa al recurso planteado, manifestando que el sujeto pasivo no cuestionó el PIET Nro. 103300007215 de 29 de mayo de 2015, Incluyéndolo recién en el Recurso de Alzada como nuevo argumento. De igual manera, aclaró que se Invocó la prescripción únicamente respecto a las gestiones 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 contenidas en los PIET’s Nros. 103300007315, 103300007415 y 103300007515, abocándose solamente al Tributo Omitido. 

Señaló, que de los argumentos expuestos por el recurrente denota distorsión respecto al cómputo del término de la prescripción, pues pretende que en el caso concreto se aplique el parágrafo I del art. 60 del CTB, cuando correspondería se aplique el parágrafo II del citado artículo, circunstancia que se analizará con y sin las modificaciones realizadas por las Leyes 291 y 317 al régimen de la prescripción tributarla. En ese sentido, sostuvo que el sujeto pasivo pretende se aplique el tratamiento previsto para un procedimiento de fiscalización y determinación de tributos, lo cual es Incorrecto, pues el presente caso versa estrictamente sobre la 

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facultad de ejecución tributaria, pues emerge de declaraciones juradas presentadas por el sujeto pasivo y no pagadas, que se constituyen directamente en títulos de ejecución tributaria; de tal manera, no puede hablarse de fiscalización, determinación o imposición de sanciones, como pretende el ahora recurrente. 

Añadió, que el 22 de junio de 2005, la Administración Tributaria notificó con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nros. 103300007315, 103300007415 y 103300007515 de 29 de mayo de 2015, dando cumplimiento al art. 108.1.6 del CTB, que establece que la ejecución tributaria se realizará con la notificación de las declaraciones juradas presentadas por el sujeto pasivo, cuando éstas no hubieran sido pagadas o hayan sido pagadas parcialmente, por el saldo deudor. En este sentido, conforme el art. 60.11 del CTB el cómputo de la prescripción inició con la notificación de los PlET’s respectivos, pues como se indicó anteriormente se produjo el 22 de junio de 2015. En el caso del PIET Nro. 103300007415, el curso de la prescripción se interrumpió con la solicitud de facilidades de pago de 28 de enero de 2016, reiniciándose el 1 de febrero de 2016 y hasta la fecha en la que solicitó la prescripción no transcurrió ni un año. Para el PIET Nro. 103300007515 el contribuyente se acogió a facilidades de pago el 18 de febrero de 2016, por tanto el cómputo reinició el “19 de febrero de 2016″, y hasta la fecha de solicitud de prescripción tampoco transcurrió ni siquiera un año. En el caso del PIET Nro. 103300007315, el contribuyente no.se acogió a plan de facilidades de pago, por tanto el cómputo de la prescripción inició con su notificación; es decir, el 22 de junio de 2015, sin embargo hasta el 30 de enero de 2017, cuando solicitó la prescripción solo transcurrió un año y siete meses. 

Aseveró, que con las modificaciones efectuadas al art. 59 del Código Tributario, la facultad de ejecución tributaria es imprescriptible, aspecto que es de conocimiento del sujeto pasivo; no obstante, pretende que en el cómputo del plazo de la prescripción se aplique el art. 60.1, lo cual no corresponde pues el caso versa sobre declaraciones juradas no pagadas, que constituyen títulos de ejecución tributaria. En este sentido, no existe duda de que correspondería aplicar el art. 59.IV modificado por la Ley 291. 

Por otra parte aclaró, que la Resolución Administrativa 102000002316 de 16 de febrero de 2016, mencionada por el recurrente, corresponde a la Resolución 

Determinativa N” 17-000600-14 de 20 de octubre de 2014, que adquirió firmeza al no Cía 

Co 

haber sido impugnada en su momento, constituyendo título de ejecución tributaria, por Oe 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayirjach’a kamaní (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (cuaranO 

Calle Jünín, Esq. AyacucHo N- 699 (Ex Edificio ECOBOL) Telfs. (4) 6462299 6454573 www.ait.gob.bo Chuquisaca, Bolivia

lo cual, efectuó el cómputo de la prescripción de la facultad de ejecución tributarla, indicando que el plazo de cuatro años, previsto en el texto original del art. 59 del CTB, se computa a partir del primer día hábil siguiente a los veinte días de la notificación con la Resolución Determinativa, pues sería ése el momento en que adquirió la calidad de título de ejecución tributaria, conforme el art. 60 del CTB. Asimismo, indicó que el cómputo de la prescripción se interrumpió por la solicitud de acogimiento a facilidades de pago presentada por el contribuyente el 3 de febrero de 2016, por tanto, el plazo debe computarse a partir del primer día hábil del mes siguiente ai de la interrupción, que en este caso correspondería al 1 de marzo de 2016, y hasta el 30 de 

enero de 2017, cuando se solicitó la prescripción , no transcurrió ni un año, por lo que la facultad de ejecución se encuentra vigente. 

Agregó, que con las modificaciones efectuadas al art. 59 del CTB por la Ley 291 de 22 de noviembre de 2012, la facultad de ejecución de la administración tributaria es imprescriptible, no existiendo duda, de que en el caso concreto correspondería la aplicación dicho artículo modificado, motivo por el cual, no se vulneró el debido proceso y la seguridad jurídica, previstos en los arts. 115.11 y 119.11 de la CPE. 

Finalmente, indicó que no corresponde la anulación solicitada en relación a que no se hubiera dado respuesta a la solicitud de unificación de procedimientos, ya que la acumulación de documentos constituye un tema de mero trámite, regido por la Ley 2341, en consecuencia, se trata de un asunto interno que se concretará como tal, no existiendo motivo para mencionarlo en la resolución que resuelve la solicitud de prescripción. 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa 231810000195 de 12 de junio de 2018. Para dicho efecto adjuntó el Cuadernillo de Antecedentes 1 (SIN) con 62 fojas. 

  1. 4. Apertura de término probatorio y producción de prueba. 

Mediante Auto de 20 de septiembre de 2018, que cursa a fs. 37 de obrados, se aperturó el plazo probatorio de veinte días comunes y perentorios, conforme establece el art. 218. d) del CTB. Las partes fueron notificadas el 26 de septiembre de 2018, conforme consta a fs. 38 de obrados; consiguientemente, el plazo probatorio concluyó el 16 de octubre de 2018. 

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En esta fase, la Administración Tributaria por memorial presentado el 4 de octubre de 2018, se ratificó en los antecedentes remitidos y fundamentos expuestos con la respuesta al Recurso de Alzada, señalando que dicha prueba demuestra que süs actuaciones se adecuaron a normativa vigente, respetando en todo momento los derechos del sujeto pasivo. Por su parte, el recurrente por memorial de 16 de octubre de 2016, ratificó la prueba adjunta a su Recurso de Alzada. 

II.5. Alegatos. 

Conforme establece el art. 210. II del CTB, las partes tenían la oportunidad de presentar alegatos en,conclusiones en los veinte días siguientes a la conclusión del término probatorio; es decir, hasta el 5 de noviembre de 2018; sin embargo, no hicieron uso de este derecho en el plazo otorgado por ley. 

III. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS. 

■De la revisión del Cuademillp de Antecedentes 1 (SIN) se tiene la siguiente relación de hechos: 

El 30 de enero de 2017, Luis Marcelo Pareja Rossells, representante Legal de CÍTER Ltda.. en virtud a Testimonio de Poder Notarial 867/2013 de 14 de agosto de 2013, solicitó extinción por prescripción de las facultades de la Administración Tributaria previstas en el art. 59 numerales 1, 2 y 3 del CTB respecto a deudas tributarias contenidas en los Proveídos de inicio de Ejecución Tributaria Nros. 103300007315, 103300007415 y 103300007515, todos de 29 de mayo de 2015; la unificación de trámites; y la compensación de los pagos efectuados por períodos prescritos (fs. 1 a 6). 

El 12 de junio de 2018, la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa N” 231810000195, que resolvió rechazar la solicitud de prescripción presentada por Luis Marcelo Pareja Rossells, representante legal del contribuyente Centro de Investigación Técnico Económico Regional Limitadas CITER Ltda. Resolución notificada personalmente a CITER Ltda., el 25 de julio de 2018 (fs. 57 a 62). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. 

El recurrente formuló Recurso de Alzada exponiendo los siguientes agravios: 1. Falta Cía 

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de respuesta de la Administración Tributaria a los puntos planteados; y 2. Prescripción 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaetí oñomita mbaerepi Vae (cuaranf) 

Calle Junín, Esq. Ayacucho N >699 (Ex Edificio EOOBOL) Telfs. (4) 6462299-6454573 www.á¡t.gob.bo Chuquísaca, Bolívía

de las facultades de controlar, investigar, verificar, comprobar, y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e Imponer sanciones administrativas. 

En ese entendido, con la finalidad de evitar nulidades posteriores corresponde la revisión y verificación de la existencia del vicio de forma denunciado en el desarrollo del proceso; y, solo en caso de que no sea evidente, se procederá a la revisión y análisis del aspecto de fondo referido a la prescripción de las facultades de controlar, investigar, verificar, comprobar, y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributarla e imponer sanciones administrativas. 

IV.1. Falta de respuesta de la Administración Tributaria a los puntos planteados por ei sujeto pasivo. 

El recurrente, manifestó que la Administración Tributaria no resolvió los puntos referidos a la unificación de trámites y compensación. Respecto a la prescripción, que fue el único punto resuelto, se pronunció de manera errada y sin resolver los motivos de su oposición, ya que, su solicitud de prescripción estaba referida a las facultades previstas en el art. 59 numerales 1, 2 y 3, y no así al numeral 4 sobre la ejecución tributaria, 

como mal* interpretó la entidad recurrida. También señaló que se omitió pronunciamiento respecto a la solicitud de unificación de trámites y compensación de pagos indebidos de deudas prescritas, vulnerando de esta manera su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, defensa y congruencia previstos en los arts. 115.11 y 119.11 de la CPE. 

La Administración Tributaria respondió que el sujeto pasivo pretende se aplique el tratamiento previsto para un procedimiento de fiscalización y determinación de tributos, lo cual es incorrecto, pues, el presente caso versa estrictamente sobre la facultad de ejecución tributaria, pues emerge de declaraciones juradas presentadas por el sujeto pasivo y no pagadas, que se constituyen directamente en títulos de ejecución tributaria, de tal manera, no puede hablarse de fiscalización, determinación o imposición de sanciones, como pretende el contribuyente. 

En principio cabe considerar, que el art. 115.1! de la Constitución Política del Estado, establece: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a ia defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin diiaciones”; asi también, el art. 117.1 también de la norma fundamental, dispone: “Ninguna persona puede ser condenada sin 

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Impugnación Tributaria

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haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso Por otra parte, el numeral 6 del art. 68 del CTB, establece que dentro de los derechos del sujeto pasivo, se encuentra el derecho al debido proceso y acceso a las actuaciones y documentación que respaide los cargos que se le formulen. 

De igual forma, la Sentencia Constitucional Plurinacíonal 2016/2010-R de 9 de noviembre, refiere: “En este contexto, debe señalarse que uno de /os elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o administrativa, en su fallo, debe asegurarla estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes; en ese contexto, es Imperante además precisar que la vulneración al debido proceso en su elemento congruencia puede derivar de dos causales concretas a saber: aj Por incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también el derecho a la defensa: y, b) por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridadjurisdiccional o administrativa, falla adicionando o incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las partes en el curso de la causa”{NegñWas y subrayado nuestros). 

Precisado como se tiene el alcance de la garantía del debido proceso y su componente de congruencia a ser cumplida por toda autoridad judicial o administrativa, corresponde analizar si la Administración Tributaria en sus actuaciones preservó tal garantía: 

  1. a) En relación a la prescripción En el presente caso, según consta en antecedentes remitidos por la Administración Tributaria se advierte que habiendo verificado la existencia declaraciones juradas en las que el sujeto pasivo determinó deudas tributarias que no pagó, por concepto de IVA, IT y RC-IVA de periodos comprendidos desde el 2004 a 2013 e lUE de las gestiones 2005, 2007, 2010, 2011 y 2012, emitió los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nros. 103300007315, 103300007415 y 103300007515, todos de 29 de mayo de 2015; respecto a los cuales el contribuyente solicitó planes de facilidades de pago que fueron aceptados mediante Resoluciones Administrativas Nros. 102000002216 de 16 de febrero de 2016, 102000002316 de 16 de febrero de 2016 y 102000003016 de 29 de febrero de 2016, respectivamente. 

Posteriormente, el 30 de enero de 2017, el contribuyente opuso prescripción respecto al ‘, RC-IVA e lUE comprendidos desde las gestiones 2004 a 2010, aduciendo que C/su 

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cuando fue notificado con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria indicados, dichas 9 de 15 

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Mana tasaq kuraq kamachíq (quechua) 

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mbaerepi Vae (cuarano Calle Junín, Esq. Ayacucho 699 (Ex Edificio ECOBOL) Telfs. (4) 6462299 6454573 www.ait.gob.bo Chuquisaca, Bolivia

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obligaciones ya estaban prescritas, agregando que las solicitudes de facilidades de pago al ser posteriores a su notificación -se entiende con los proveídos- no tendrían efecto Interruptivo de la prescripción. En dicha solicitud el contribuyente precisó expresamente los numerales 1, 2 y 3 del art. 59 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003,los cuales indican las facultades de controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e Imponer sanciones administrativas; señalando además que a efectos del art. 60.1 del CTB, el plazo de 4 años debía computarse desde el 1 de enero del año siguiente en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo, de manera que respecto a los periodos indicados la prescripción se perfeccionó el 31 de diciembre 2008, 31 

de diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2011, 31 de diciembre de 2012, 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2014, respectivamente; es decir, antes de la notificación con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria. 

En relación a la prescripción opuesta, la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa Nro. 231810000195 de 12 de junio de 2018, en cuyo tercer considerando, después de la cita del marco jurídico aplicable, asumió la solicitud del suleto pasivo como una solicitud de prescripción de la facultad de elocución tributaria, procediendo directamente al análisis de tai facultad conforme al numeral 4 del parágrafo I del art. 59 del CTB. Agregó, que el CTB vigente al momento del hecho generador señalaba que; “…el término de la prescripción se computará desde ¡a notificación con los títulos de ejecución tributaria…”. Así también manifestó que; “El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago interrrumoe la prescripción… la cual comenzará a computarse nuevamente a partir del primer día hábil siguiente en que se produjo la interrupción”. (Negrilla y subrayado corresponde al original). Añadió que: “(…) ai tener calidad de firmes las Declaraciones Juradas referente a ios períodos: PIET.103300007315 de fecha 29/05/2015: (…) PIET.103300007415 de fecha 29/05/2015: (…) PIET.103300007515 de fecha 29/05/2015: se constituyen como títulos de ejecución tributaria declarados por el contribuyente CENTRO DE INVESTIGACION TECNICO ECONOMICO REGIONAL LIMITADA CITER LTDA., (…) documentos que se notificaron ai contribuyente en fecha 22J0&2015, momento desde el cual comenzó el cómputo de la prescripción de la ejecución tributaria”. Indico que; “el computo de inicio de la ejecución tributaria de ios Proveídos de inicio de Ejecución Tributaria PIETs. Números 103300007315; 103300007415 y 103300007515, inició a partir del día 23/06/2015 y prescribirá en fecha 23/06/2019″; en base a tales argumentos, rechazó la solicitud de prescripción invocada. 

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Impugnación Tributaria 

Estado Plurinacional de Bolívia 

Más adelante reiteró, que el curso de la prescripción, de acuerdo al art. 61 .b) del CTB se interrumpió por solicitudes de facilidades de pago, aceptadas por la Administración Tributaria mediante Resoluciones Administrativas Nros. 102000002216, 1020000002316 y 102000003016 correspondiendo un nuevo cómputo a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la Interrupción que para el caso particular sería el 18 de febrero y 5 de marzo de 2016, concluyendo que su facultad para ejecutar las deudas tributarias, no se encontraba prescrita. 

Así expuestos los hechos, es evidente que el ahora recurrente en su solicitud de prescripción opuesta ante la Administración Tributaria, precisó las facultades previstas en el art. 59 núm. 1, 2 y 3 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, es decir, las facultades de: control, investigación, verificación, comprobación y fiscalización de tributos, determinación de la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas. En ninguna parte del texto de su solicitud mencionó la facultad de eiecución o el numeral 4 del 

artículo citado. 

Sin embargo, la Administración Tributaria en la Resolución Administrativa ahora impugnada, sin percatarse de las facultades enumeradas en la oposición planteada por el contribuyente, de plano asumió que este pidió la prescripción de los títulos de ejecución tributaria, decidiendo analizar la prescripción de la facultad de ejecución tributaria, 

realizando el cómputo desde la notificación de los PIETs lo que ocurrió el 29/5/2015, y computando cuatro años desde el 23/06/2015 al 23/06/2019, su facultad de ejecución no estaría prescrita, además de afirmar que las solicitudes de facilidades de pago tuvieron efecto interruptivo de la prescripción, por lo que el nuevo cómputo de la prescripción debería hacerse desde el siguiente día de la notificación de las Resoluciones que concedieron las facilidades de pago, en este caso, desde el 18/02/2016 y 05/03/2016. En base a ello afirmó categóricamente que la facultad de ejecución tributaria no se encontraba prescrita. 

Contrastada la oposición del contribuyente y la respuesta de la Administración Tributaria, no hay duda que la Administración Tributaria incurrió en incongruencia tanto omisiva como aditiva, al no considerar las facultades por las cuales se opuso la prescripción y los argumentos aducidos por el contribuyente; y resolver respecto a una facultad que ni siquiera fue mencionada por el recurrente o que se infiera de sus argumentos. 

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Administración Tributaria a momento de responder al Recurso de Alzada afirmó que e! 

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contribuyente realizó una distorsión, como si el caso se trataría de una fiscalización o 11 de 15 

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determinación; cuando en realidad versa sobre la facultad de ejecución tributaria de la deuda determinada en las declaraciones juradas presentadas por el propio sujeto pasivo, que constituyen títulos de ejecución tributaria, por los que emitió Proveídos de Inicio de Ejecución tributaria cuyo conocimiento fue admitido por el recurrente, por lo que no correspondería “hablar” de fiscalizar, determinar o imponer sanciones como pretende el contribuyente en base a un cómputo erróneo que no corresponde, pues los numerales 1,

y 3 del art. 59 de la Ley 2492, no son aplicables al presente caso; y, que el sentido de la norma no puede modificarse a conveniencia del recurrente. Finalmente, en base al numeral 4 del art. 59, art. 60.11 y 61.b) de la Ley 2492, realizó un nuevo cómputo considerando la notificación de los PIETs y solicitudes de facilidades de pago afirmando que su facultad de ejecución tributaria se encuentra vigente, es más, que con las modificaciones al CTB, su facultad de ejecución es imprescriptible. 

Al respecto, corresponde aclarar a la Administración, que en el marco de la normativa que rige el instituto de la prescripción, no hay duda que en el régimen jurídico tributario boliviano lo que prescriben son las facultades de la Administración, no así la deuda tributaria que por efecto de la prescripción deja de ser exigióle únicamente; en esa línea, también es indiscutible que la prescripción no puede ser declara de oficio, sino que el pronunciamiento de la Administración Tributaria está delimitado a la facultad respecto a la cual el sujeto pasivo opone la prescripción. En este caso, se opuso respecto a las facultades enumeradas en los numerales 1, 2 y 3 del art. 59 de la Ley 2492, en cambio la Administración Tributaria resolvió respecto a la facultad indicada en el numeral 4 de la citada disposición legal, y así su decisión haya sido negando la prescripción, es claro que ese pronunciamiento resulta ser de oficio. 

Es más, si la Administración Tributaria consideraba que las facultades señaladas por el contribuyente no se relacionaban con las declaraciones juradas en las que autodeterminó su deuda no pagada, y que posteriormente originó el inicio de la ejecución tributaria; debía pronunciarse en ese sentido de forma motivada y fundamentada, explicando, respecto a las declaraciones juradas comprendidas en la oposición de prescripción, qué facultad de las indicadas en ios numerales 1, 2 y 3 del art. 59 de la Ley 2492, fueron o no ejercidas, a efectos de establecer sin lugar a dudas la pertinencia o no de la oposición planteada, a fin de establecer si correspondía efectuar algún cómputo de prescripción. Es decir, si emergieron de la presentación de declaraciones juradas no pagadas, debió precisar si las facultades de control, investigación, verificación, comprobación, fiscalización y determinación mencionadas por el sujeto pasivo, se vinculaban al documento origen y la 

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Autoridad regional de Impugnación Tributaria Estado Plurinacional de Bolivia 

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naturaleza de los procedimientos que originaron las deudas que se pretenden cobrar en el presente caso. 

Adicionalmente, si consideraba que la prescripción opuesta, tampoco tenía relación con la fase de ejecución en la que se encontraban las obligaciones impagas, también debía emitir un pronunciamiento claro, expreso y motivado sobre el punto, a efectos de que el contribuyente conozca las razones tácticas y jurídicas por las cuales la Administración Tributaria tenga que pronunciarse respecto a la fase administrativa en curso y no respecto a las anteriores. En base a todo ello, también correspondía a la Administración Tributaria pronunciarse expresamente sobre los argumentos expuestos por el recurrente en sentido que fue notificado con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria cuando ya se había producido la prescripción y que las solicitudes de facilidades de pago al ser posteriores, no tendrían efecto interruptivo; que no fueron refutados en el acto impugnado, ya que la Administración Tributaria únicamente se limitó a señalar que el cómputo inició con la notificación de los PIETs y que luego se dio la interrupción con las solicitudes de facilidades de pago, sin explicar por qué no era válido el planteamiento y cómputo efectuado por el contribuyente. 

De acuerdo a lo señalado precedentemente es evidente que el acto impugnado está viciado, porque la Administración Tributaria resolvió la prescripción respecto a una facultad que no fue opuesta, sustituyendo la voluntad del contribuyente y emitiendo un pronunciamiento de oficio, quebrantando el principio de congruencia componente de la garantía del debido proceso; y, al mismo tiempo vulnerando el derecho a la defensa al no explicar las razones por las cuales los argumentos de la oposición planteada no eran válidos, impidiendo que el sujeto pasivo refute los mismos. Consecuentemente, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 36.11 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) aplicable supletoriamente en el presente caso en función al art. 201 del CTB, corresponde anular obrados a efectos de que la Administración Tributaria emita un pronunciamiento debidamente fundamentado y congruente con relación a lo pedido por el contribuyente. 

  1. b) En relación a la unificación. Por otra parte, en cuanto a la supuesta falta de pronunciamiento sobre la solicitud de unificación de trámites, resulta claro que lo pretendido por el sujeto pasivo al solicitar la “unificación de trámites”, era que su oposición de prescripción vinculada a parte de las obligaciones contenidas en los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 103300007315; 103300007415 y 103300007515, se resuelva en un solo acto, tal como ocurrió en los hechos pues la 

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Administración Tributaria, si bien no se pronunció expresamente sobre tal petición, obró según lo pedido emitiendo una sola Resolución considerando las deudas contenidas en los tres trámites de ejecución tributaria, por lo que no se advierte vulneración alguna al respecto. 

  1. c) En relación a la compensación. De la revisión del contenido del Considerando IV del acto impugnado, se advierte que la Administración Tributaria señaló de manera escueta que: “no es posible dar curso en esta instancia debido a que los Títulos de Ejecución Tributaria (Facilidades de pago 102000002216 de 28/01/2016; 

102000002316 de 03/02/2016 y 102000003016 de 18/02/2016), ya se encuentran en etapa de ejecución para su respectivo cobro”; de acuerdo a lo Indicado, es evidente que la Administración Tributaria habiendo concluido que no había prescrito su facultad de ejecución, rechazó la compensación, consecuentemente, no se advierte omisión de pronunciamiento al respecto. 

Finalmente, corresponde aclarar que el recurrente en su Recurso de Alzada además de citar de los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributarla Nros. 103300007315, 103300007415 y 103300007515, también mencionó el Proveído de Inicio de Ejecución Tributarla 103300007215, originado en una Resolución Determinativa, pidiendo que la Administración Tributaria también remita los antecedentes de dicho PIET. Sin embargo, de la revisión del memorial de oposición de prescripción de 30 de enero de 2017, se tiene que el Proveído de Inicio de Ejecución Tributarla 103300007215, no fue considerado en esa petición y desde luego tampoco en la Resolución Administrativa 231810000195, por lo que no corresponde a esta Instancia emitir pronunciamiento alguno en relación al mismo al ser ajeno al procedimiento y acto administrativo impugnado. 

Por los fundamentos técnico jurídicos expuestos corresponde anular la Resolución Administrativa 231810000195 de 12 de junio de 2018, a objeto de que la Administración Tributaria, emita nueva Resolución en la que de manera fundamentada y motivada establezca Inequívocamente el criterio aplicado respecto a la prescripción opuesta, considerando los criterios de legitimidad expuestos precedentemente, en observancia del art. 28.d) y f) de la LPA aplicable por disposición del art. 74 del CTB y en resguardo de la garantía del debido proceso y estricta . aplicación del principio de congruencia. 

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La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y art. 141 del DS 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- ANULAR, la Resolución Administrativa 231810000195 de 12 de junio de 2018, a objeto de que la Administración Tributaria emita nueva Resolución en la que de manera fundamentada y motivada establezca de manera inequívoca el criterio aplicado respecto a la prescripción opuesta, y respuesta suficiente respecto a la solicitud de compensación planteada por el sujeto pasivo, en observancia del art. 28. e) y f) de la LPA en estricta aplicación del principio de congruencia. Todo, en sujeción al art. 212. I. c) del Código Tributario Boliviano. 

SEGUNDO.” La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley 2492 será de cumplimiento obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al art. 140. Inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

CUARTO.- Conforme prevé el art. 144 de la Ley 2492, el plazo para la interposición del Recurso Jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada, es de veinte días computadles a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

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Directora Ejeciitiva Regional a.i. 

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